Hace dos semanas nos enteramos que Eco Oro renunció a la Concesión Minera 3452 por considerar que ciertas medidas adoptadas por el Estado colombiano han hecho inviable su proyecto Angostura.

Por un tuit triunfalista, parte de la opinión pública percibió que se había alcanzado una gran victoria contra la megaminería en Santurbán, cuando en realidad la actuación de Eco Oro se enmarca dentro de su estrategia de demanda contra el Estado colombiano por 764 millones de dólares (unos 2,45 billones de pesos), dejando entrever el argumento de la inseguridad jurídica para las empresas que invierten en nuestro país a la luz de los tratados de libre comercio suscritos, entre ellos con Canadá.

Para comprender el contexto actual es indispensable recordar cuando Eco Oro era la otrora Greystar.

En 2010, el gobierno Santos afirmaba que el proyecto Angostura, cuando este contemplaba la explotación a cielo abierto en Santurbán, se haría a como diera lugar, en un ambiente de injusta estigmatización contra grupos que se oponían al proyecto, entre ellos sindicatos, ONG, estudiantes universitarios y militantes de izquierda.

Sólo con la llegada de Fenalco Santander, por voluntad propia, quien convirtió un debate regional en nacional, acompañado de otras organizaciones consideradas también parte del llamado establecimiento como la Sociedad Santandereana de Ingenieros, el Colegio San Pedro Claver, la Universidad Santo Tomás y la Sociedad de Mejoras Públicas, despegó nuestra causa y logramos detener la explotación a cielo abierto en Santurbán, lo cual celebramos como histórico al sentarse un precedente nacional reconocido por importantes investigaciones académicas y periodísticas, y desde ese momento todos los segmentos de la sociedad santandereana nos unimos en defensa del agua y Santurbán.

Tras su derrota, Greystar cambió su nombre a Eco Oro, con el anuncio de un proyecto de minería subterránea sin futuro, solicitud que de hecho jamás radicó.

No podemos ser triunfalistas, en el contexto actual, sin que el Gobierno haya expedido una nueva delimitación de Santurbán garantista para nuestra agua, y con ocho mineras con pretensiones extractivistas en la zona.

Columna de Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana publicada en Vanguardia.Com, jueves 11 de julio de 2019.-

Fuente:http://concienciaciudadana.org/renuncia-de-eco-oro-a-concesion-no-es-para-celebrar/?fbclid=IwAR0_kgrDJp4howOofXH_BNQMkEFlTCOk826CYX3Fz6Bku3lu0KzN42qMW1c

Glencore presentó esta semana una nueva demanda contra Colombia. Alega que el Estado colombiano lo debe indemnizar porque el canal de acceso al puerto de Santa Marta debió ser financiado por ser de uso público.

Los litigios internacionales tienen en apuros al Estado colombiano y uno de los más relevantes es el de Glencore, que tiene que ver con un contrato de minería cuya pretensión es de más de US$600 millones.

En noviembre de 2018, la multinacional minera presentó la carta de intención de arbitraje por un litigio relacionado con el canal de acceso al puerto de Santa Marta, en un proceso que perdió ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

El tribunal de arbitramento se lleva a cabo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa de Inversiones (Ciadi) y se esperaba que el fallo saliera en abril de este año, pero tras las demoras se espera que salga máximo en dos meses. Aun así, para el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Camilo Gómez, “este caso ha avanzado mucho. Va a ser el primero que Colombia tenga fallado”.

Ahora bien, Glencore había anunciado en febrero una segunda demanda, la cual presentó el 9 de julio de este año y en la que alega que el Estado colombiano le debe indemnizar porque el canal de acceso debió ser financiado por ser un puerto de uso público.

Para Gómez, esta es una discusión técnica sobre la cual aún no se puede referir, debido a que la primera parte de una demanda de inversiones tiene un periodo de 6 meses, en los que se intentan buscar soluciones concertadas.

¿En qué van las otras demandas internacionales?

El director de la Andje sostuvo que los litigios internacionales que están en proceso van “bien” y está optimista en varios de ellos: Gas Natural, Claro y Meritage.

En el primero, Colombia recibió una réplica por US$1.600 millones de retenciones por la intervención y liquidación de Electricaribe por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Colombia debe presentar una respuesta, la multinacional española hace una réplica y el Estado colombiano vuelve a hacer una duplica. Se espera que la audiencia sea en diciembre de 2019.

Gómez señala que la posición de Colombia es sólida en este caso, primero, porque contrademandó y argumentó los perjuicios que se han causado en razón de la intervención, pues el país pudo haber destinado los recursos que asumió –$2 billones en pensiones o los $700.000 millones anuales en inversiones– en otras necesidades de la Nación.

Con este título, considerado uno de los principales dentro de la zona de páramo, iba a desarrollarse el proyecto ‘Angostura’, el cual pretendía extraer el equivalente a 11 millones de onzas de oro a lo largo de 25 años. Queda en manos de la Agencia Nacional Minera.

Ambientalistas del país celebran la última decisión de la multinacional canadiense Eco-Oro. Esta empresa, que contaba con uno de los títulos principales para extraer minerales en el páramo de Santurbán, acaba de renunciar a su concesión porque «las medidas adoptadas por el Estado han hecho inviable» su apuesta en el país. Se refieren al proyecto ‘Angostura’, con el que se pretendía extraer el equivalente a 11 millones de onzas de oro a lo largo de 25 años.

La renuncia fue anunciada al Ministerio de Minas y Energía a través de una carta en la que explican los motivos por los que desisten de la Concesión 3452. La decisión, que estuvo motivada por las pérdidas de Eco-Oro, responde al tira y encoje que ha suscitado durante los últimos años la delimitación del páramo de Santurbán. Esa discusión los llevó a demandar al Estado colombiano por 764 millones de dólares para compensar los daños que han sufrido.

Los daños a los que se refieren se remontan al año 2014. Teniendo en cuenta que esta empresa, llamada antes Greystar, hace presencia en el país desde hace 20 años, valiéndose de licencia ambiental y licencia de explotación, se topó con barreras desde que el Gobierno delimitó por primera vez Santurbán. Esa delimitación incluía una parte de lo concesionado a Eco-Oro como zona de páramo, restringida a la extracción de minerales y/o actividades.

Desde ese momento, argumenta la empresa, «fueron privados de sus derechos para desarrollar actividades mineras en la mayoría del área de su concesión y acceder a los recursos minerales en dichas áreas, a pesar de haber invertido más de 250 millones de dólares en esto». En efecto, aseguran, el proyecto ‘Angostura’ se tornó economicamente inviable para la compañía. Así pues, la renuncia se erige como un triunfo para las comunidades y organizaciones que han luchado por la conservación de este valiosísimo ecosistema, que abastece con agua a más de 2 millones de personas.

Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/empresa-eco-oro-renuncio-su-concesion-minera-en-el-paramo-de-santurban-articulo-868089?fbclid=IwAR1GbMFJE_l1fmUZy7Ia7ySOeHao8xwLtC1cPTFOc9TapPgQAubjJnnCUXk

Voz de alerta se dio en varios municipios del Cauca ante las solicitudes que se han hecho para facilitar la explotación minera por multinacionales. Esas peticiones, según el concejal del municipio de Timbio, Andrés Obregón se han elevado ante la Agencia Nacional Minera.

Durante una sesión del Concejo municipal de Timbio con presencia del ing Fernando Ante, encargado de medio ambiente, se dio a conocer que hay 45 solicitudes para explotación minera en Timbio y otras en el municipio de Sotará.

Trascendió que la multinacional ANGLO GOLD, es una de las encargadas de solicitar esas autorizaciones que no han sido socializadas con las autoridades municipales ni con las comunidades de dichos sectores del Cauca. Esa voz de alerta se extiende a otros municipios del área del Macizo Colombiano.

Fuente:https://radio1040am.com/2019/06/05/multinacionales-se-tomaran-a-gran-escala-explotacion-minera-en-timbio-sotara-y-el-macizo-colombiano/?fbclid=IwAR0jb0WhDcHEY6c0B4U2wsLC7hYpEyEwSYuifCdozfMkDov0cfqMIeCgXX4

Solo en un año, 600 hectáreas de vegetación en zona rural de Nechí, Bajo Cauca antioqueño, quedaron destruidas por la minería ilegal.

Según expertos, esto deja en evidencia que la extracción ilícita de minerales se ha convertido en el ecocidio más grande que enfrentan los colombianos, como lo aseguró Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

“Es que si algo tiene como característica este crimen, es que es un crimen visible para muchos desde el aire, visible desde las carreteras, para los municipios, las corporaciones autónomas, pues entre muchos tenemos que advertir y combatir esto”, indicó Nariño.

Un fenómeno depredador que está ligado a los grupos criminales, que sacan jugosas ganancias de extracciones ilegales como la del oro, que hoy está presente en 180 de los 340 municipios afectados por estas prácticas.

“Un kilo de cocaína cuesta dos mil dólares, mientras que un kilo de oro cuesta algo cercano a los 47 mil dólares en el mercado negro. Es un fenómeno de la mayor importancia económica para los grupos ilegales, criminales”, agregó Nariño.

Los departamentos más afectados por este mercado de la extracción ilegal de oro son Antioquia,  Chocó,  Bolívar, Cauca, Nariño, Putumayo, Valle y Caldas.

Fuente:https://cholilaonline.com/2019/05/mineria-ilegal-principal-depredador-del-ecosistema-en-colombia.html

Los ambientalistas en Quindío expresaron su preocupación tras conocer el fallo que invalida acuerdo que buscaba frenar la minería en el municipio de Salento.

Una sentencia del Tribunal Administrativo de Quindío invalidó el acuerdo 1 del 27 de febrero de 2019, aprobado por el Concejo Municipal de Salento y que buscaba impedir la minería en esta zona.

El Tribunal tomó la decisión acatando la demanda de la Gobernación de Quindío.

La sentencia indica que “el criterio jurisprudencial vigente adoptado por la Corte Constitucional es contundente en determinar que las entidades territoriales no tienen competencia absoluta para los fines que prevé el acuerdo cuestionado, pues ello debe ser decidido entre éstos y la nación, atendiendo los principios de coordinación y concurrencia entre tales entidades”.

Los ambientalistas expresaron su decepción ante esta sentencia y advirtieron que la decisión “abriría las puertas a la minería”.

Fuente:https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/sentencia-de-tribunal-abriria-puertas-a-megamineria-en-salento-quindio/20190604/nota/3911116.aspx?fbclid=IwAR0US7U6yoE6UmKgc3Nhxa9ZUvBcv-LL0j-7hjPmGYAx7r3F3oY-B9BE2Fo

Un juez  de Medellín consideró que no podía dar una medida cautelar de suspensión del acto administrativo del Concejo Municipal, con el que se establecieron unas prohibiciones en defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Jericó – Antioquia, según solicitó la empresa AngloGold.

El juez recordó decisiones judiciales en las que se ha advertido “la posibilidad constitucional que ostentan los Concejos Municipales para dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, como lo advirtió la máxima Corporación Contencioso Administrativa”

Por esta razón, el juez argumenta que la decisión de fondo debe ser resuelta en la determinación que ponga fin a este problema. “Lo anterior como quiera que es indispensable definir, si en realidad únicamente son las autoridades nacionales quienes tienen competencias predominantes en asuntos mineros, para con ello establecer que los municipios no pudieran prohibir ni suspender tales actividades mineras; o si por el contrario, ante la prevalencia del interés general, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio de Jericó, bien pudo el Concejo Municipal expedir el Acto Administrativo cuya nulidad se invoca”, argumentó el juez.

En conclusión, para el funcionario judicial, “en este momento procesal no es evidente la contradicción o violación de las disposiciones señaladas en el libelo introductor, que conlleve a acceder a la medida cautelar perseguida”.

¿Qué ha venido ocurriendo?

Jericó, el pueblo que queda a unas dos horas y media de Medellín, está en pleno debate a causa del proyecto minero de AngloGold. Hace  unos días el Diario La República se contactó con Jorge Pérez Hernández, alcalde del municipio, para saber cuál era su posición de cara a proyecto minero y dijo “no somos y no tenemos las características de un pueblo minero. En Jericó tenemos una cantidad de tributos asociados al turismo y al agro que nos están solucionando los temas socioeconómicos. Hay un acuerdo que prohíbe la realización de esta minería”.

Cabe mencionar que gracias al Acuerdo 010 del 20 de noviembre de 2018 la actividad minera en el municipio fue suspendida, aún así, AngloGold trabaja por la socialización del proyecto con las comunidades. La minera asegura que Quebradona está proyectada a ser la primera “empresa exportadora de Antioquia, la empresa número 36 más grande de Colombia y el tercer consumidor de energía en el país con una de las granjas solares más grandes”.

Fuente:https://www.larepublica.co/empresas/anglogold-pierde-otra-batalla-en-en-el-proyecto-minero-de-quebradona-2869412