El comité de ministros encabezado por el titular del Medio Ambiente, Marcelo Mena, en conjunto con las carteras de Economía, Minería y Energía revisó hoy el proyecto “Optimización Proyecto Minero Cerro Casale”.

Esto tras la determinación del Tribunal Ambiental de Santiago que ordenó en junio pasado dictar al comité una nueva resolución al respecto que justifique de manera más óptima la operación del proyecto y su impacto en el acuífero Piedra Pómez.

En la reunión, los asistentes al comité de ministros acordaron complementar la fundamentación de la aplicación de la regla de operación. Además aclararon que la actualización del modelo hidrogeológico deberá considerar, entre otras cosas, la recarga, consideraciones hidrogeológicas y volumen almacenado.

Lo anteriormente mencionado, podrá dar lugar a un nuevo modelo conceptual y numérico que deberá cumplir los requerimientos establecidos en la Ley de Bases del Medio Ambiente.

El proyecto minero Cerro Casale fue aprobado el año 2013 por la Comisión de Evaluación de la Región de Atacama, mientras que en 2015 el Comité de Ministros determinó su aprobación con condiciones tras revisar siete recursos de reclamación de particulares y organizaciones de la zona donde se ubica el proyecto.

Las condiciones exigidas por el Comité fueron reclamadas frente al Tribunal Ambiental de Santiago, lo que motivó el pronunciamiento de este.

Fuente:http://www.t13.cl/noticia/negocios/comite-ministros-incorpora-aspectos-medioambientales-al-proyecto-minero-cerro-casale

El sector minero fue pionero en Chile en establecer un sistema de evaluación ambiental de sus proyectos. En 1992, dos años antes de la promulgación de la ley de bases del medio ambiente y cinco años antes de la publicación del primer reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), el Sector Minero, en acuerdo con el Ministerio de Minería, decidió someter a todos sus nuevos proyectos a un proceso de Evaluación Ambiental, motivado por la necesidad de presentar garantías de viabilidad ambiental y social de estos proyectos para obtener el financiamiento por parte de instituciones financieras adscritas al International Financial Council (IFC).

La sociedad ha tomado el rol de un actor cada vez más activo en el proceso de toma de decisión respecto a la aprobación y ejecución de proyectos de desarrollo productivo en general y minero en particular. El avance de las comunicaciones y las redes sociales hacen que sea ahora más fácil organizarse y coordinar acciones que permitan manifestar inquietud y/o rechazo por parte de la comunidad. Al menos en este ámbito, la sociedad es políticamente activa y esa actividad, lejos de disminuir, se incrementa día a día. Hoy, con el rechazo del Proyecto Dominga, precedido por el rechazo a varios otros proyectos mineros por parte de las instituciones a cargo del SEIA, cabe preguntarse si la institucionalidad asociada a la aprobación de proyectos está preparada para este nuevo escenario en que ya no basta con cumplir con una lista de requerimientos técnicos en el contexto de la normativa legal para que un proyecto llegue a ser ejecutado, o si es necesario revisar dicha normativa a fin de incorporar apropiadamente el componente social (activo),

además de las exigencias ambientales y políticas. ¿O se trata acaso de dificultades que surgen como consecuencia de proyectos mal diseñados, no sustentables o mal presentados?

El Sistema de Evaluación Ambiental pretende asegurar y garantizar la sustentabilidad ambiental y social de los proyectos, previo a su desarrollo. Para ello, el titular del proyecto debe presentar los estudios pertinentes que permitan asegurar o demostrar que el proyecto va a cumplir con todas las normas y exigencias ambientales vigentes. Los titulares de los proyectos confían en que un estudio bien hecho es garantía de una resolución ambiental favorable. Pero, en la práctica, esto no está ocurriendo. El SEIA no es un instrumento de optimización que busque la mejor solución desde un punto de vista ambiental y social, ni menos un instrumento de ordenamiento territorial. Este último punto es importante en el contexto actual de Chile donde existen importantes vacíos que salen a la luz durante el proceso de evaluación ambiental. Muchos consideran que diversas actividades son inaceptables e incompatibles con recursos ambientales, culturales y sociales en algunas zonas del país, sin que exista una declaración explícita de ello, respaldada por estudios multidisciplinarios y por un consenso político y social. Una definición y delimitación muy clara de zonas de exclusión y de las actividades consideradas compatibles en las diferentes regiones del territorio nacional sería de gran ayuda.Eso es el objeto del ordenamiento territorial, respaldada por la Evaluación Ambiental Estratégica, hoy en mano de los municipios y de las regiones pero que sin lugar a dudas está en déficit y muy atrasada. Al final de los años 90, SERNAGEOMIN impulsó un interesante programa piloto de cartografía temática, con registros de las zonas de riesgos geológicos y ambientales

y que derivó en la publicación de mapas que deberían servir de base a la planificación territorial pero que, lamentablemente, son desconocidos para muchos de los actores. Es fundamental avanzar en este proceso de planificación estratégica para sentar las bases de un modelo o sistema de ordenamiento territorial que efectivamente sirvan de pauta y de marco para la evaluación ambiental de cada proyecto específico, y no forzar el SEIA a cumplir un papel que no le corresponde.

Por otra lado, existe sin dudas errores en la forma como las empresas mineras siguen abordando el proceso de evaluación ambiental y social de sus proyectos. No se trata, una vez definido y diseñado el proyecto, de contratar a una empresa consultora y asesores especializados para tratar de demostrar que el proyecto es ambientalmente y socialmente aceptable, ni una ONG que les haga el «relacionamiento comunitario» o les sugiera acciones de «buena

vecindad». Es indispensable entender la evaluación ambiental y social como un instrumento preventivo e incorporar estas dos dimensiones en el diseño mismo del proyecto, desde una etapa muy inicial. Un proyecto sustentable, ambientalmente y socialmente exitoso, es un proyecto que busca optimizar todas sus componentes desde el punto vista ambiental y social, lo cual supone ir mucho más allá de las exigencias legales, y de las instancias formales de participación; supone incluso redefinir lo que hasta ahora se ha entendido como «negocio minero». Buscar con las comunidades locales las alternativas de ubicación y diseño de las instalaciones y selección de tecnologías que mejor se ajustan a lo que quieren y están dispuestas a aceptar estas comunidades, integrar al proyecto las necesidades y modalidades del desarrollo local, reconocer en forma temprana las componentes ambientales sensibles y vulnerables y adaptar el proyecto para garantizar su protección, otorgar a los habitantes del territorio la posibilidad de decidir sobre aspectos críticos del proyecto, son hoy las nuevas maneras de abordar el proceso de evaluación ambiental y social.

El futuro de la minería en Chile depende entonces de como avanzamos en forma exitosa en estas dos direcciones. Por un lado, mejorando nuestra política y nuestros instrumentos de planificación territorial y por otro lado, adoptando desde el sector minero una actitud mucho más proactiva, al igual como ocurrió a principios de los años noventa, y cambiando nuestra forma de desarrollar los proyectos hacía un diseño más consensuado.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/09/06/evaluacion-socioambiental-de-los-proyectos-mineros-el-desafio-que-viene/

La iniciativa de las compañías canadienses Barrick Gold y Kinross Gold explotará una mina de oro y cobre en la Región de Atacama.

Tras el polémico rechazo al proyecto minero portuario Dominga, el Comité de Ministros se reúne este miércoles para analizar el megaproyecto Cerro Casale de las compañías canadienses Barrick Gold y Kinross Gold, el cual explotará una mina de oro y cobre en la Región de Atacama.

El proyecto minero ya había sido analizado en 2015 y fue aprobado con algunas condiciones, pero la firma Barrick fue al Tribunal Ambiental que en junio pasado determinó que el Comité de Ministros reevaluara antes de 100 días.

La instancia está compuesta por los ministros de Agricultura, Carlos Furche; de Salud, Carmen Castillo; de Economía, Jorge Rodríguez Grossi; de Energía, Andrés Rebolledo; de Medio Ambiente, Marcelo Mena; y de Minería, Aurora Williams, pero ella se encuentra en China y llegó el subsecretario Erich Schnake.

La fecha original de la sesión era el 21 de agosto pasado, pero en ese instante se decidió revisar el proyecto Dominga que pretendía instalarse en la comuna de La Higuera.

Fuente:http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/medioambiente/contaminacion/tras-rechazo-a-dominga-comite-de-ministros-revisa-proyecto-minero-cerro/2017-09-06/093042.html

La cita tiene como objetivo renovar un acuerdo binacional firmado hace dos décadas
Jueves 31 de Agosto de 2017.- Los gobiernos de Chile y Argentina se reunirán en la primera semana de septiembre como parte de los esfuerzos de los dos países para renovar el acuerdo minero binacional de 20 años.

Según consignó BN Americas, el secretario de minería de Argentina, Daniel Meilán señaló que “Este documento cumple dos décadas el próximo año y ha demostrado ser un documento innovador, porque dos países llegaron a un acuerdo que cubre una frontera de 5.000 km”.

“Por supuesto que Chile ha avanzado más en el materia (minería), porque ese es su punto fuerte, así como la agricultura y la ganadería lo son para nosotros”

El funcionario señaló que la reunión, que se llevará a cabo durante la próxima semana, servirá para reactivar el acuerdo, así como también para evaluar la lista de empresas que tienen intereses y proyectos a ambos lados de los Andes.

“Creemos que ésta área (fronteriza) será un lugar de competitividad común y de desarrollo futuro conjunto, porque tenemos una columna vertebral llena de recursos minerales y naturales que ambos países necesitan cuidar, y eso significa trabajar juntos, no hay otro camino”.

En la actualidad, los proyecos situados a lo largo de la frontera incluyen el de oro y plata Pascua Lama de Barrick Gold, Constelación de NGEx Resources y Filo del Sol, propiedad de Filo Mining. Además está Los Pelambres, de Antofagasta Minerals y Glencore El Pachón.

Fuente:http://www.portalminero.com/pages/viewpage.action?pageId=144900792

La presidenta chilena Michelle Bachelet nombró este jueves al cuarto ministro de Hacienda de su mandato, tras la salida de Rodrigo Valdés, titular de esta cartera, que renunció junto al ministro de Economía y al subsecretario de Hacienda.

La fractura, a tres meses de las elecciones, se debe a un desacuerdo sobre un mega proyecto minero.

Hace diez días, un mayoría de ministros reunidos en un comité votaron en contra del proyecto ‘Dominga’ en la región de Coquimbo en el norte de Chile. Allí la empresa Andes Iron planeaba invertir 2.500 millones de dólares para la construcción de una minera a cielo abierto, de una planta desalinizadora y de un puerto, para la extracción y exportación de cientos de miles de toneladas de cobre y hierro.

Pero el gabinete de Michelle Bachelet consideró que la empresa no había presentado garantías suficientes en materia de protección del medio ambiente y vetó el proyecto.

Esto se iba a desarrollar «a 30 km de la reserva marina más importante de Chile», explicó a RFI Liesbeth Van der Meer, directora de la ONG ambientalista Oceana que combatía el proyecto minero portuario ‘Dominga’. «En este ecosistema vive el 80% de la población de pinguïnos de Humboldt, hay un transito muy importante de ballenas que vienen para alimentarse y descansar y hay también una población residente de delfines de botella», detalló.

La cancelación del proyecto minero Dominga en el norte de Chile causó la salida del ministro de Hacienda que lo defendía en nombre de la política de inversiones y del empleo. La presidenta Bachelet sin embargo zanjó a favor de su ministro de Medio ambiente que se opuso a la concesión minera.

La triple renuncia en el gobierno chileno sacude a la mayoria oficialista a tres meses de las elecciones presidenciales. En los últimos meses la presidenta Bachelet aceleró su calendario político con la legalización del aborto con tres condiciones y la puesta en marcha de emblemáticas reformas como la de las pensiones y más recientemente el proyecto de matrimonio igualitario.

Fuente:http://www.mendozapost.com/nota/70615-renuncia-el-equipo-economico-de-bachelet-por-diferendo-sobre-mineria/

Durante más de 20 años, Chile y su minería han sido envidiados por muchos países del continente, debido principalmente a un modelo económico que funcionaba con reglas claras para el inversionista y una política tributaria e institucionalidad que aseguraban y resguardaban la Inversión. Esto logró llevar a Chile a los primeros lugares como mejor plaza para invertir.

En el conocido ranking Fraser, ocupó el cuarto lugar en el mundo en el 2013, entre los países más atractivos para la inversión minera en el mundo, pero una estrepitosa caída de 28 puestos registró a Chile en el puesto número 39 de entre 104 zonas analizadas el 2016. Perú, en tanto, avanzó ocho lugares, ocupando la posición 28, superando a Chile por primera vez, transformándose en el mejor destino de la inversión minera en Latinoamérica.

Estas malas noticias se justifican por el inmovilismo de nuestras autoridades que no han sabido poner a la minería como prioridad, siendo la principal industria que Chile tiene de clase mundial.

En la última semana, el mundo de la industria minera miró con estupor el rechazo del proyecto Dominga. La decisión de rechazar este proyecto generó efectos negativos para la Región de Coquimbo, perdiendo aproximadamente una inversión local de US$2.500 millones, además de aproximadamente diez mil empleos, en una zona con una tasa de desocupación que ya bordea el 7,8 %.

Lo grave del rechazo a Dominga, es que se hace al final del proceso, después de 5 años, habiendo cumplido con lo que exige la institucionalidad, peor aún, es que una decisión política se superpuso por sobre una decisión técnica, que ya lo había aprobado.

Diversos candidatos a la presidencia se han referido a este rechazo como una aberración o un escándalo, entonces, conviene preguntarse qué paso en realidad. El país exige transparencia y mayor confianza, no se puede sacrificar el futuro de los habitantes de la Higuera y la región de Coquimbo por intereses mezquinos, con un gran proyecto bien concebido, y sobre el cual, la empresa presentó soluciones ambientales para las observaciones planteadas.

A través de una decisión política y no técnica, se sacrificó crecimiento y la posibilidad de más y mejores empleos, pues está demostrado que la minería, es la que mejores salarios de calidad paga. Esto fue un balde de agua fría para una alicaída minería chilena, que se encuentra estancada, habiendo perdido más del 48% de la inversión extranjera y descendiendo en el ranking mundial. Peor aún, existiendo una inercia inexcusable para un mayor crecimiento.

Esta decisión, es una pésima señal para los inversionistas, que ven a Chile y su minería caminar por el rumbo equivocado, nuestro país necesita de su minería para crecer, necesita nuevos proyectos mineros en regiones para descentralizar la riqueza.

Como lo dije hace un tiempo atrás, la política (esa con minúscula) y la minería, son mutuamente excluyentes.

“Uno de los grandes errores que comete la gente es tratar de forzar su interés. Tú no eliges tus pasiones; tus pasiones te eligen a ti”. Jeff Bezos. Presidente y CEO de Amazon.

En el 2007 Luis Jara se compró el 25% de las 111 mil hectáreas que tiene la Hacienda Cancosa, en pleno Desierto de Atacama. Cuando recorrió el territorio se encontró con una comunidad aymara y decenas de pozos y estanques de la Compañía Minera Cerro Colorado. Desde entonces lleva más de una década intentando expulsar a la empresa, pero no ha conseguido nada. La minera, propiedad de la multinacional BHP Billiton, ha argumentado que ellos le arriendan la servidumbre a la comunidad aymara, mediante un contrato extrajudicial firmado en el 2008 donde se comprometieron a transferir cerca de US$ 500 mil al año para el desarrollo de proyectos y becas de estudios. Por primera vez, sin embargo, las denuncias de Jara llegaron al Ministerio Público.

Luis Jara es un hombre tenaz. Es oriundo de Concepción, vive en Alto Hospicio, tiene 59 años, y los últimos diez se los ha pasado peleando contra la Compañía Minera Cerro Colorado (CMCC), de propiedad de la multinacional BHP Billiton. Su lucha es por el agua que la empresa utiliza para la producción del cobre, la que es extraída –según dice- desde un terreno que no le pertenece: “Yo soy dueño del 25% de la Hacienda Cancosa, donde la compañía tiene más de 40 pozos y solo 4 de ellos están autorizados”, explica.

Jara ha dado esta pelea desde el año 2007, luego de enterarse de la existencia de este territorio gracias a su nuera: “Ella es familiar de la sucesión Vilches Navarro, los herederos. Ubiqué a los dueños y los ayudé a regularizar el territorio, porque hasta ese momento no les habían reconocido sus títulos”, agrega.

Para lograr el reconocimiento, Jara se pasó una larga temporada buscando documentos que acreditaran la propiedad de la familia. Lo primero que halló fue un comprobante de contribuciones del año 1938, donde se establecía que el lugar quedaba exento del pago por la crisis del salitre. El documento tenía un rol asociado a la propiedad. Con ese número fue al Servicio de Impuestos Internos (SII) y se demoró cuatro años en el trámite, hasta que en el 2012 inscribió la propiedad en el conservador de bienes raíces de Pozo Almonte. En ese año le adquirió el 25% a Sergio Vilches Villanueva, uno de los herederos. Jara recuerda haber firmado más de ocho escrituras y pagar cerca de $70 millones por 27.500 hectáreas de desierto, en el límite con Bolivia.

Desde entonces se ha transformado en una molestia para la minera. Jara los acusa de realizar extracción de agua de su territorio y la compañía argumenta que su dominio es una superposición del territorio indígena, que pertenece a la comunidad aymara de Cancosa, con la cual han firmado dos acuerdos.

La defensa de la minera, sin embargo, no ha sido suficiente para detener sus motivaciones. La última pelea comenzó el 12 de junio pasado, cuando los denunció por extracción ilegal de agua y usurpación de terrenos. Tras un patrullaje por el desierto, en el sector denominado Pampa Penjamo, se encontró con dos trabajadores que extraían agua. Dos días después, un grupo de carabineros llegó hasta el lugar. Según el parte policial, los trabajadores dijeron pertenecer a la empresa AVT Construcciones y Servicios, y uno de ellos reconoció que estaban sacando agua para la faena: “El 40% está destinado al bofedal y el 60% a Cerro Colorado”, aseguró a los policías.

El bofedal que mencionó el trabajador se llama Lagunillas, y es un humedal de altura que hasta el año 2002 era un oasis, pero repentinamente se secó. Un desastre ambiental por el cual Cerro Colorado recibió una multa de $40 millones, que no impidió que siguiera operando, y menos que a fines de 2015 recibiera la aprobación para extender la producción por siete años más.

Aunque Luis Jara participó de aquella discusión, sus argumentos no fueron tomados en cuenta. Desde entonces se la pasa deambulando todos los meses por el desierto en busca de pozos. Cada vez que encuentra uno nuevo denuncia a la compañía: “Yo no me opongo a que exploten el mineral, pero que lo hagan con agua de otro lado. Esto le pertenece a todos los chilenos. Es agua dulce en la zona más árida del mundo. Debería estar protegida, pero a nadie le importa”, se queja.

LA DISPUTA POR CANCOSA

Antes de la Guerra del Pacífico, Cancosa era una hacienda peruana. Desde el año 1877, sus dueños han sido la sucesión de la familia Vilches Navarro, pero por diversas circunstancias el territorio quedó sin reclamar luego de la guerra. Estuvo en esa situación por varias décadas, hasta que a mediados de los 80, la comunidad aymara de Cancosa lo inscribió.

Por entonces, Cancosa era una aldea cordillerana compuesta por aproximadamente 80 familias, y Cerro Colorado un proyecto minero de la empresa canadiense Río Algom, ubicado a poco más de 50 kilómetros y en reciente implementación.

La primera vinculación entre ambos lugares data desde el 15 de octubre de 1982, cuando la Dirección General de Aguas (DGA) autorizó a la compañía a extraer 300 litros por segundo desde el subsuelo de ese lugar. Tres años más tarde, el 9 de julio de 1985, Augusto Pinochet y René Peri, ministro de Bienes Nacionales de ese momento, firmaron el decreto 321 en el que se autorizó a Cerro Colorado a construir un acueducto de 50 kilómetros. El documento establecía que la propiedad por donde pasarían las cañerías era fiscal, pero un plano confeccionado por la seremi de Bienes Nacionales en el año 1989 lo declaró territorio privado, sin especificar a quien pertenecía.

Luis Jara muestra esos papeles para decir que la propiedad no es fiscal y exhibe otros para demostrar que pertenece a la sucesión Vilches Navarro. Dice tener más documentación histórica que la que posee la comunidad, a quienes acusa de haber autorizado a la minera a extraer agua con fines lucrativos a través de dos acuerdos. El primero de ellos realizado en 1991, por medio del cual le arrendaron la servidumbre del territorio para que pudieran instalar allí los pozos, a cambio de un pago de 6 mil dólares anuales por 30 años, dinero que debía ser utilizado en proyectos de desarrollo. El segundo se concretó el 13 de noviembre de 2008, cuando la minera recibió varias denuncias por haber secado la laguna del bofedal, luego de dos décadas de drenaje: “Cerro Colorado tenía varias denuncias y con ese convenio salieron del paso. BHP se comprometió a pagar mucho dinero a los indígenas a cambio de que les siguieran arrendando el desierto para sacar agua. De esta manera le dieron un maquillaje de legalidad a toda la extracción”, se lamenta Jara.

LA SEQUÍA DEL BOFEDAL

Los bofedales están protegidos por la legislación chilena desde el año 1997, mediante la resolución 909 de la DGA, que estableció la restricción para extraer agua de ellos. Eso no evitó, sin embargo, que Cerro Colorado siguiera extrayendo agua. Hasta que en el 2002 tuvo los primeros problemas ambientales, cuando los aymaras denunciaron que las cinco vertientes que tributaban al bofedal se habían secado. Un par de años más tarde, todo el ecosistema corrió la misma suerte. La sequía trajo consigo la migración de la comunidad, que no tardó en denunciar a la empresa.

En el 2004 recurrieron a la Corema de Tarapaca, que luego de dos años de investigación determinó que Cerro Colorado había incumplido la Resolución de Calificación Ambiental y aplicó una sanción de $40 millones. La resolución establecía que la compañía no había protegido el bofedal. La minera optó por mitigar el impacto a través de una extraña operación: reponer el agua de la laguna a través de un sistema de riego permanente. Para ello, traerían agua desde las napas, las mismas que habían sobreexplotado, para luego verterlas en la superficie.

La Corema consideró que eso era una buena idea y no envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. La medida no dejó conforme a la comunidad y en abril de 2006 sus miembros los demandaron por US$ 40 millones. Al año siguiente, pusieron otra querella, esta vez por daño ambiental. Argumentaban perjuicio moral, psicosocial, y patrimonial.

La arremetida judicial obligó a Cerro Colorado a buscar una salida alternativa, la que finalmente llegó en noviembre de 2008 mediante una “Transacción extrajudicial”. El nuevo acuerdo mejoraba sustancialmente las condiciones económicas para los aymaras y hacía hincapié en que las partes habían decidido “entrar en una nueva etapa de relaciones, poniendo término a las diferencias que habían mantenido en el pasado”.

El ‘nuevo trato’ obligaba a la comunidad a terminar anticipadamente los juicios, a reconocer que Cerro Colorado tenía el derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas por un caudal de 300 litros por segundo, y autorizaba a la minera a realizar cambios en los puntos de captación de agua las veces que fuese necesario. Todo esto a cambio de la creación de tres fondos que la compañía depositaría directamente a la cuenta de la comunidad durante 22 años: US$ 350 mil anuales para financiamiento de programas de desarrollo, US$ 150 mil para becas, y US$ 105 mil para un plan de cooperación. El acuerdo, además, incluía US$ 575 mil para implementar los apoyos económicos, fondos que en total sumaban más de US$ 11 millones hasta el 2030.

El trato fue firmado en la misma época en que Luis Jara comenzó el trámite para inscribir la Hacienda Cancosa a su nombre y al del resto de los herederos: “A los aymaras les pagaron para que se quedaran callados”, asegura.

LOS POZOS DE CERRO COLORADO

Desde que compró parte de la propiedad, Luis Jara ha recorrido la hacienda decenas de veces. La ha explorado con un GPS y ha registrado cada una de las instalaciones que en ese lugar ha construido Cerro Colorado. Dice haber encontrado cerca de 40 pozos y asegura que la mayoría son ilegales. En sus diez años de pelea contra la minera, Jara los ha denunciado ante cuanto organismo ha podido: cuatro veces en la DGA, una vez en el Segundo Tribunal Ambiental, una ante la Superintendencia del Medioambiente, y ahora último en el Ministerio Público de Pozo Almonte, donde acude cada vez que encuentra un nuevo pozo.

En la DGA sus reclamos han sido rechazados continuamente, pero en todas las otras instancias los procedimientos continúan abiertos. Hace dos años hizo sus descargos ante la comisión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que analizó la solicitud de la minera para extender sus faenas hasta el 2023. Allí presentó todas sus objeciones y argumentó que su lucha no era por dinero, sino que por la protección del medio ambiente. Sus reclamos, sin embargo, no fueron acogidos por las autoridades. A fines de 2015, los seremis de la región aprobaron la continuidad de Cerro Colorado.

Para compensar el daño ambiental, aceptaron que la minera continuara regando el bofedal hasta el 2100. Jara cree que eso es absurdo. El punto más cuestionable –agrega- es que Cerro Colorado riega la laguna con la misma agua que está debajo de ella, un proceso circular que no augura buenos resultados: “cuanto deje de hacerlo, todo nuevamente quedará seco”, explica.

Fue precisamente eso lo que denunció ante el Ministerio Público hace algunos meses, cuando descubrió un pozo cuyo 40% de agua se iba al bofedal y el resto a la faena minera. Desde la Compañía Minera Cerro Colorado dijeron estar al tanto de la denuncia y que ya se pusieron a disposición de la fiscalía para realizar las diligencias. Aclararon que “efectúan sus labores en el marco de la legalidad y que poseen todos los derechos y permisos ambientales necesarios para la extracción de agua y el monitoreo del acuífero”. Aseguraron que ninguna de las acciones interpuestas en su contra por Luis Jara ha tenido éxito, porque su dominio “se trata de una inscripción superpuesta sobre otras inscripciones de titulares que detentan la posesión de los terrenos”.

Aquellas otras inscripciones corresponden a las de la comunidad aymara con los cuales la minera aún mantiene vigente la “Transacción extrajudicial”. Antonio Mamani, exdirector regional de la Conadi y expresidente de la comunidad que firmó el trato, aseguró que la compañía ha ido cumpliendo con la reparación del daño y que los dineros recibidos se han ocupado en proyectos de desarrollo y fomento cultural. Actualmente –dice- en Cancosa hay cerca de 20 personas establecidas, la misma cantidad que determinó el Censo del año 2002, quienes hacen soberanía en el territorio pretendido por Jara: “Él no ha poseído nunca eso, ni conoce este lugar. Lo único que tiene es una escritura que dice que esto era herencia de la sucesión Vilches Navarro, pero sólo quiere sacar plata”.

Luis Jara desmiente que aquella sea su motivación. En el 2011 -cuenta- los ejecutivos de Cerro Colorado le ofrecieron dinero para que firmara un acuerdo por el uso de la servidumbre del acueducto, pero él se negó: “Me iban a pagar $120 millones al año y querían meter en ese acuerdo todos los pozos que tienen. Les dije que esas instalaciones eran ilegales y me mandaron a la cresta”. Jara asegura que su pelea hoy se ha vuelto personal: “Yo soy obsesivo compulsivo y jamás abandonaré esta causa. Este bofedal está destruido, mataron el medio ambiente, y aun así continúan dándole permisos a Cerro Colorado. Lo que ha ocurrido es que el Estado se ha prostituido por una transnacional”, concluye.

Fuente:http://www.theclinic.cl/2017/08/27/hombre-persigue-cerro-colorado/

Subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, desliza que se actuó de manera improvisada y dijo que “lamento que se hayan tomado algunas decisiones en forma apresurada». La postura del ministerio es un claro apoyo a las críticas del titular de Economía, Luis Felipe Céspedes. Los ministerios de Energía y Minería votaron a favor del proyecto minero, pero este fue rechazado con los votos de Salud, Medio Ambiente y Agricultura.

Esperó hasta el miércoles, pero finalmente el Ministerio de Hacienda entró de lleno en la polémica por el rechazo del comité de ministros al proyecto minero Dominga.

Ayer, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, salió a respaldar las críticas del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, en el sentido de que se actuó de manera improvisada y con premura.

En el marco del Encuentro Regional de Empresas, Micco dijo lamentar «que se hayan tomado algunas decisiones en forma apresurada. Sin duda alguna, el crecimiento del país es fundamental para satisfacer las necesidades de la población; sin duda alguna, la inversión es fundamental para la nueva realidad que está enfrentando Chile”.

Añadió que “en las últimas decisiones nos ha faltado tomarnos el tiempo necesario para ver el equilibrio que necesitamos tener entre la inversión y el mantener la sostenibilidad tanto medioambiental como en la relación con las comunidades”.

La intervención del subsecretario tiende a confirmar la grieta que se ha creado en el corazón del Gobierno por la decisión de rechazar un proyecto que involucra inversiones por US$ 2.500 millones.

La reunión donde se votó el proyecto habría vivido momentos de alta tensión, de acuerdo a un reportaje de La Tercera.

El ambiente ya estaba tensionado por la decisión del titular de Medio Ambiente, Marcelo Mena, de poner en tabla el proyecto para la sesión del comité de ministros del lunes pasado. Y, de acuerdo aLa Tercera, el ministro Céspedes pidió aplazar la votación por 72 horas. Luego, al no contar con el respaldo para esa medida, solicitó que la fiscal del ministerio se mantuviera en la sala y que, además, su petición quedara consignada en el acta correspondiente.

Aparentemente el diálogo entre los ministros habría sido áspero. Céspedes estaba molesto con los plazos en los que se realizaría la votación que decidiría el futuro del proyecto, tras considerar que no estaba toda la información disponible para tomar una decisión. Y fue ese su argumento para explicar su razón de no votar.

El rechazo a la iniciativa fue por 3 votos a 2 y 1 abstención. Los ministerios de Energía y Minería votaron a favor del proyecto minero, pero este fue rechazado con los votos de Salud, Medio Ambiente y Agricultura.

La Moneda ayer seguía forzada a defender el proceso. La vocera Paula Narváez salió a respaldar la institucionalidad y el actuar del ministro Mena, y agregó que «el Gobierno apoya la institucionalidad ambiental y que las decisiones se tomen bajo ese orden institucional, y eso es lo que ha ocurrido, él (Mena) ha actuado bajo sus atribuciones y, por lo tanto, lo que ha ocurrido es una decisión que está contemplada en nuestra institucionalidad ambiental, por lo que el Gobierno ha estimado que lo que de ahí ha resultado es legítimo».

Andes Iron, la sociedad que controla la mina, estaría planeando acudir a los Tribunales Ambientales y eventualmente el caso podría arribar a la Corte Suprema.

Ayer miércoles seguían lloviendo las críticas de parte del ex Presidente Sebastían Piñera y del empresariado, que acusan que la decisión del tribunal es otro factor que posterga el repunte de las confianzas y la economía.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/mercados/2017/08/24/hacienda-entra-de-lleno-en-polemica-por-rechazo-a-dominga-y-confirma-grieta-en-el-corazon-del-gobierno/

Del total de la cartera de proyectos que maneja Cochilco, 18% presentó la documentación requerida, pero no cuenta todavía con la resolución. Minera Dominga representa el 24% de este grupo.

El rechazo que sufrió en el Comité de Ministros el proyecto de Dominga abrió el debate en torno a la tramitación ambiental de las iniciativas. Mientras que en el empresariado hubo llamados a simplificar los pasos (ver nota relacionada), desde el Gobierno insistieron en que el sistema actual funciona.

Al margen de esta discusión, la cartera de iniciativas que aún no cuenta con aprobación ambiental es cuantiosa. El catastro de proyectos de inversión minera publicada ayer por Cochilco, arrojó que existe una cartera por un total de US$64.855 para los próximos diez años. De éstos, 18% o US$11.782 millones presentó su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), pero todavía no cuenta con una resolución. Entre ellos se encuentra justamente minera Dominga, que con una inversión proyectada de US$2.888 millones según Cochilco, representa el 24% del grupo de proyectos de la cartera sin luz verde de la autoridad. La obra es la única de la minería no cobre que se planea realizar en la región de Coquimbo y representa el 4,5% del total del catastro.

Minera Dominga es propiedad de Andes Iron, firma ligada a las familias Délano y Garcés, entre otros. El proyecto busca emplazarse en la comuna de La Higuera y contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro. Según recogió Cochilco, se calcula que la iniciativa cree 9.800 empleos en su etapa de construcción y otros 1.450 durante su operación.

Aunque la iniciativa cuenta con su EIA aprobada, Dominga ha sido frenada en medio de los ruidos por una supuesta participación de Sebastián Piñera en la propiedad, cuestionamientos a los actuales accionistas por el caso Penta, la propiedad de los terrenos aledaños de parte de la hija de la Presidenta y manifestaciones de ambientalistas. La empresa ha desmentido lo primero, asegurando que la única relación con el ex mandatario ocurrió en 2009, cuando uno de los fondos ligados al candidato presidencial fue accionista de la minera.

En este escenario, la iniciativa fue rechazada en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, lo que llevó a Andes Iron a acudir al Comité de Ministros. Esta entidad rechazó Dominga con tres votos a favor y dos en contra, con la abstención del ministro de Economía Luis Felipe Céspedes. Así, la sociedad anunció que acudirá al Tribunal Ambiental y -de ser necesario- a la Corte Suprema.

Críticas y defensa

La resolución del Comité de Ministros ha provocado el rechazo del empresariado y de la oposición. Ayer, el candidato presidencial de este último bloque Sebastián Piñera se sumó a las críticas. “Chile tiene que compatibilizar el necesario desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Para eso necesitamos actuar de forma seria, responsable y no en la forma errática del actual Gobierno”, dijo el abanderado.

El Gobierno salió ayer a respaldar la decisión del Comité de Ministros. “Lo que ha pasado aquí es que ha funcionado nuestra institucionalidad, y lo que ha pasado aquí es que las decisiones se han tomado sobre base de consideraciones de carácter técnico y siempre ha sido así, no todos los sectores tienen las mismas visiones respecto de los mismos proyectos ni las mismas consideraciones porque evalúan dimensiones distintas de cada uno de los proyectos”, dijo la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez.

El ministro de Medio Ambiente, en tanto, se refirió a la polémica generada por la abstención de Céspedes, quien pidió postergar la reunión debido a que consideraba que no había existido tiempo suficiente para evaluar el proyecto. “Hay una diferencia de criterio de que él no tenía el tiempo disponible para poder analizar el proyecto,pero cinco de los seis ministros sí tuvieron disponibilidad y su posición no habría alterado necesariamente el resultado”, dijo Marcelo Mena en una escueta conversación con Radio Duna (la dio por terminada abruptamente).

Fuente:http://www.pulso.cl/empresas-mercados/proyectos-mineros-us11-782-mills-no-cuentan-aun-aprobacion-ambiental/