Salamanca es un hervidero: la municipalidad está en quiebra con un hoyo financiero de más de $5 mil millones. En el centro de las acusaciones: Gerardo Rojas (PPD), alcalde por 12 años hasta 2016. CIPER descubrió que el forado se tapó por años con millonarios aportes de Minera Los Pelambres, la que carga con un prontuario ambiental en la zona. Contraloría cuestiona este tipo de aportes por conflicto de interés. CIPER estableció que entre 2010 y 2016 la empresa del Grupo Luksic traspasó al municipio más de $7 mil millones. Al menos $2 mil millones fueron desviados al pago de sueldos y gastos corrientes.

En mayo pasado las sirenas de peligro en la faena de Minera Los Pelambres volvieron a sonar. Esta vez no se trataba de derrames de desechos, ni tampoco de cortes de caminos provocados por opositores a la mega faena de cobre y molibdeno del Grupo Luksic. A principios de ese mes, los ejecutivos de la minera fueron notificados por la nueva administración de la Municipalidad de Salamanca, comuna ubicada a 45 kilómetros de Los Pelambres (Región de Coquimbo), que un monto significativo de los más de $5.200 millones que transfirió a las arcas de la entidad entre 2015 y 2016 se habían esfumado.

La búsqueda de esos dineros –que hoy ha dado paso a una exhaustiva investigación en Los Pelambres, la Municipalidad de Salamanca y la Contraloría– es solo la superficie de una caja que esconde el destino de otros millonarios traspasos desde la minera al municipio. La indagación de CIPER arroja que entre 2010 y 2016 Minera Los Pelambres inyectó a la Municipalidad de Salamanca $7.200 millones en donaciones. Para graficar el impacto de ese monto en las finanzas municipales, basta citar un ejemplo: los $3.255 millones que Los Pelambres traspasó a la administración edilicia en 2016 representaron más del 16% del presupuesto municipal, superando en $1.200 millones el monto disponible para la gestión de salud en toda la comuna.

El protagonista central de los más de $2 mil millones investigados es uno de los históricos aliados de Minera Los Pelambres: Gerardo Rojas Escudero (PPD), quien fue desde 2004 y hasta 2016 alcalde de Salamanca. Rojas, con estudios de Derecho, también ocupó el sillón edilicio entre 1992 y 1994. Versiones recogidas para este reportaje indican que entre ambos periodos el ex alcalde trabajó algunos años para la propia minera como asesor jurídico.

Pese a la danza de millones que recibió el gobierno local bajo el mandato de Gerardo Rojas, hoy la Municipalidad de Salamanca arrastra un hoyo financiero que sobrepasa los $5 mil millones. Eso no es todo. El arqueo que hizo la nueva administración edilicia arroja que, del total de dineros que Los Pelambres depositó en las arcas municipales entre 2015 y 2016 –y que debían ir en beneficio de los vecinos–, hay al menos $2 mil millones que fueron desviados al pago de remuneraciones de funcionarios y a cubrir la operación del municipio.

En otras palabras: la gestión del ex alcalde Gerardo Rojas ha dependido en buena medida de los recursos de Los Pelambres. Los traspasos también le han permitido a la minera obtener beneficios tributarios en virtud de la Ley de Donaciones.

No solo beneficios tributarios ha conseguido Los Pelambres con sus aportes millonarios a Salamanca. Los traspasos de dinero están estrechamente ligados a los sucesivos problemas medioambientales protagonizados por la minera y que han sacudido a sus más de 25 mil habitantes.

PRONTUARIO MEDIOAMBIENTAL

El año 2008 fue fatídico para los habitantes de Salamanca. El 28 de noviembre, la rotura de un ducto de Minera Los Pelambres originó el derrame de 12 mil litros de petróleo. No era el primer episodio de contaminación de la mega operación controlada por Antofagasta Minerals (AMSA), el brazo minero del Grupo Luksic. En agosto de ese mismo año, aguas residuales de la faena minera habían escurrido al río Cuncumén y al estero Las Camisas. Un año después, 13 mil litros de concentrado de cobre cayeron al río Choapa.

Por esos eventos Los Pelambres fue multada por la autoridad ambiental en 2009 con $82,5 millones, el 0,02% de sus utilidades de ese año que, en el atardecer del “superciclo” del cobre, sobrepasaron los $480 mil millones.

El prontuario socio ambiental de Los Pelambres incluye la remoción de glaciares rocosos, estrés hídrico, polvo en suspensión y la construcción de El Mauro, uno de los tranques de relaves más grandes de Sudamérica, a pocos kilómetros del pueblo de Caimanes. La lista se engrosó con nuevos episodios de derrame en 2012, 2015 y con los cargos que presentó en su contra la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2016 por varias infracciones calificadas como graves.

Lo anterior no ha sido obstáculo para que la minera se haya granjeado el férreo apoyo de autoridades de Salamanca y de la región, entre ellas el del ex alcalde Gerardo Rojas, cuya gestión municipal está hoy bajo la lupa de la Contraloría General de la República.

El default del municipio es vox populi en Salamanca y hace algunos meses la noticia llegó a las oficinas de la minera que, en mayo pasado, encargó una auditoría a Pricewaterhouse Coopers (PWC) para conocer el destino de las platas entregadas al municipio en los dos últimos años de gobierno del ex alcalde. El informe ya está terminado y será presentado a las autoridades de Salamanca en el transcurso de esta semana.

Alertas anteriores por el mal uso de los aportes de la minera por parte de la administración de Rojas eran conocidas. En 2009, por ejemplo, la Contraloría advirtió que desde al menos 2007 la municipalidad había destinado fondos de la minera al pago de remuneraciones y cuentas del municipio. Esos hechos “podrían revestir carácter de delito”, concluyó la investigación.

Pese a lo lapidario del informe, los dineros remesados por Los Pelambres a las arcas municipales aumentaron vertiginosamente año a año. En 2016, cayó una nueva advertencia de Contraloría sobre el desvío de fondos de la administración del ex alcalde PPD.

“Pelambres ayudaba a la Municipalidad de Salamanca con recursos porque el alcalde le paraba los conflictos, gestionaba con los vecinos que no se le opusieran, entonces por ahí partieron esos proyectos”, señaló una autoridad de la región que pidió reserva de su identidad.

Históricamente, Gerardo Rojas ha jugado un rol clave como mediador entre la comunidad de Salamanca y la minera. “Si se cierra Minera Los Pelambres los indicadores económicos se van a las pailas”, señaló a la prensa en marzo de 2015 tras el fallo de primera instancia que ordenó la demolición de El Mauro, el gigantesco contenedor donde la minera deposita sus relaves. Las últimas estimaciones indican que el índice de pobreza en la comuna de Salamanca alcanza 19%, casi cinco puntos arriba de la media nacional.

Bajo el mandato de Rojas la alcaldía ha tenido que pronunciarse formalmente sobre los planes de expansión de la faena del Grupo Luksic. Así ocurrió en 2012, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le pidió a ese municipio analizar la compatibilidad territorial de un proyecto para aumentar la capacidad productiva de Los Pelambres. La entidad edilicia se manifestó “conforme” (ver documento). No debió hacerlo.

Un dictamen de Contraloría del 5 de marzo de 2010 instruye que las municipalidades tienen la obligación de no suscribir convenios o recibir aportes de empresas o personas que “tengan o puedan tener interés en asuntos que deban ser analizados, conocidos o resueltos por la entidad edilicia”. Ese dictamen se hizo para efectos de impugnar las donaciones a municipios de Aysén realizadas por empresas que controlaban dos proyectos hidroeléctricos en esa región que en ese momento eran evaluados por el SEA (ver documento).

Desde Antofagasta Minerals negaron que Minera Los Pelambres haya vulnerado alguna vez ese dictamen de Contraloría y agregaron que están avanzando en un modelo de gestión en el que quienes reciban los aportes no sean los municipios, sino terceros expertos en ejecución de proyectos.

DERRAME DE PLATA

CIPER pudo rastrear parte importante de los montos traspasados por la minera a la cuenta del municipio desde 2010 en adelante: son al menos $7.200 millones en los últimos siete años. Aunque no se pudo conocer con exactitud la cifra total de aportes anteriores a esa fecha, hay evidencias de traspasos de dineros desde al menos 2007.

Más de la mitad de los $7.200 millones inyectados desde 2010 por Los Pelambres fueron transferidos en los dos últimos años de la gestión de Gerardo Rojas, quien después de 12 años en el cargo fue derrotado en las elecciones de octubre de 2016. A partir de abril de 2015, la mayoría de las donaciones comenzaron a ejecutarse al alero del programa “Vive Salamanca”. El acuerdo, firmado entre el municipio y la minera, debía formalizar y canalizar los cuantiosos aportes en proyectos que prometían “mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

“Vive Salamanca” es parte de un proyecto más amplio de Los Pelambres llamado “Somos Choapa”, a través del cual desde hace un par de años se gestionan las donaciones de la minera a todas las comunas de esa provincia. La metodología de “Somos Choapa” fue diseñada a la medida de Los Pelambres por la empresa de comunicaciones del sociólogo Eugenio Tironi.

El acuerdo que selló el programa “Viva Salamanca” en abril de 2015 es explícito en que los fondos de la minera debían ser usados “única y exclusivamente para los objetos mencionados (…) y, por ende, no pueden ser destinados para fines que no estén indicados en el presente convenio”.

Pero eso no ocurrió. Según los antecedentes que CIPER tuvo a la vista, de los $5.258 millones que entre 2015 y 2016 la administración edilicia recibió de la minera, al menos $2.103 millones no figuran en la cuenta corriente municipal y no cuentan con documentación de respaldo. Esos millonarios fondos no se han traducido en ninguna obra que vaya en beneficio de los salamanquinos.

POZO SIN FONDO

La investigación de CIPER arroja que una tajada considerable del dinero que históricamente ha fluido desde Los Pelambres a la alcaldía, ha ido a tapar los hoyos de la escuálida caja municipal. Con esos fondos se montó una bicicleta financiera que hace poco colapsó. Lo que sí está claro por ahora, es que por años ese flujo de dinero le permitió a  Gerardo Rojas solventar los gastos operacionales de su administración.

El edil electo de Salamanca, Fernando Gallardo (Independiente por Chile Vamos), reconoció a CIPER que la deuda municipal asciende actualmente a $5.080 millones.

El descalabro financiero que afecta a la alcaldía de Salamanca quedó registrado en el acta del Concejo Municipal del 12 de junio pasado. Allí, el jefe de Finanzas del municipio y quien fuera brazo derecho de Rojas,  Rodrigo Muñoz, reconoció ante los concejales que “durante largo tiempo la administración anterior funcionó con fondos del convenio Viva Salamanca” (ver acta).

Según expuso Muñoz, a medida que llegaban las platas de Minera Los Pelambres, estas se iban utilizando para cubrir otros gastos. Y entregó detalles: $654 millones para el pago de honorarios; $312 millones usados como “aporte a educación”; $599 millones en “gasto corriente”; $181 millones en actividades municipales, entre otros.

Esto continuó, relató Muñoz, hasta que “fue imposible revertir el saldo a estado positivo”. El jefe de Finanzas municipal no titubeó cuando una concejala consultó sobre el conocimiento de la administración anterior sobre la precaria situación de la entidad: “La unidad de Finanzas siempre mantuvo informado de este déficit de caja al ex alcalde Rojas (…) todos los días le entregábamos el estado de fondos para que tomara conocimiento”, dijo.

El alcalde Gallardo transparentó a CIPER que aún no ha sido posible determinar con exactitud el destino de parte de las donaciones de la minera: “Yo creo que aquí hay una malversación clarísima, porque los aportes de Los Pelambres eran para hacer proyectos, pero esos proyectos no se hicieron. Entonces, ¿dónde quedó la plata?”, se pregunta.

El alcalde se refiere a obras inexistentes, como la construcción de una plaza en el barrio Santa Rosa de la comuna; la pavimentación de caminos en el sector de Tranquilla; cuatro plazas en la localidad de Chillepín y la habilitación de un centro cultural.

Uno de los mayores problemas que deberá resolver el alcalde Fernando Gallardo en los meses venideros es cómo pagarle a proveedores que fueron contratados por el municipio con platas de la minera:

-En el proyecto de soterramiento de cables en la Avenida Infante, una de las arterias principales de la ciudad, hay un avance de un 95%, pero le debemos a la empresa constructora unos $1.150 millones -señaló Gallardo a CIPER.

El nuevo alcalde espera que el municipio siga recibiendo aportes de Minera Los Pelambres. Consultado respecto del tratamiento que en adelante le dará la nueva administración a estas donaciones, el alcalde fue categórico: “Los aportes de la minera no me amarran”.

CIPER intentó comunicarse en reiteradas oportunidades, aunque sin éxito, con el ex alcalde Gerardo Rojas para conocer su versión. El jueves 17 de agosto se logró contactar a su esposa, la que señaló que Rojas devolvería el llamado. Al cierre de esta edición eso no ocurría.

OÍDOS SORDOS

Antes que se hiciera público el colapso financiero que hoy tiene a la Municipalidad de Salamanca sin fondos, hace ocho años la Contraloría ya había hecho reparos al uso que el municipio hacía de los recursos que le donaba Los Pelambres.

Un informe de la Contraloría de 2009 constató que casi la mitad de los $226 millones traspasados por la minera en 2007 para la compra de un terreno y el diseño de construcción de un liceo técnico profesional, habían sido ocupados por la alcaldía para el pago de remuneraciones de funcionarios. La situación se repitió en 2008 y 2009 (ver informe).

Fueron los años en que Los Pelambres protagonizó una decena de incidentes medioambientales: vertimientos de aguas de proceso, petróleo y hasta concentrado de cobre que en ocasiones escurrieron a esteros y al mismo río Choapa, la arteria de la economía agrícola de la zona. No solo las aguas del río se vieron afectadas por la extracción minera. En 2008 se dio a conocer un informe de la Universidad de Waterloo (Canadá) que denunció que Los Pelambres había removido glaciares rocosos cercanos a su operación, los que contenían reservas de agua de entre 1,89 y 2,84 millones de metros cúbicos. Esa cantidad equivale a entre 48 y 72 veces el total de agua potable facturada por la sanitaria Aguas del Valle en toda la Región de Coquimbo en 2015.

“Las intervenciones de glaciares rocosos no fueron anunciadas por Pelambres en ninguno de lo estudios ambientales presentados a la autoridad entre 1997 y 2004. Sin embargo, se conocía de su existencia (…) por causas que desconocemos se omitió esa información”, señalaron los expertos de Waterloo (ver documento).

En medio de la seguidilla de episodios de daño ambiental protagonizada por Los Pelambres, la preocupación del entonces alcalde Rojas estaba puesta en responder a los cuestionamientos de la Contraloría por los desvíos de dinero. Su argumento fue uno solo: el municipio arrastraba una deuda estructural. Y el mal uso de los recursos de la minera se debía a situaciones “urgentes” y que “una vez que se contaba con los fondos suficientes, estos se reponían”.

Para el organismo contralor la respuesta fue insuficiente: “Además de vulnerar la normativa sobre donaciones, constituye una falta a las obligaciones del alcalde (…) Considerando que los hechos podrían revestir carácter de delito, la Contraloría formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público”, consignó.

Por razones que se desconocen la vía penal fue desestimada. CIPER contactó a la Fiscalía de Coquimbo donde afirmaron no haber recibido antecedentes sobre esta situación, ni de Contraloría ni de ningún otro organismo público.

El terremoto que en 2015 remeció al norte del país originó un nuevo cuestionamiento. En noviembre de 2016 la Contraloría impugnó que el municipio utilizara $43,4 millones donados por la minera en la reparación de viviendas. El problema: el compromiso era hacerlo con 47 casas y solo “alcanzó” para 18.

Rojas explicó entonces que “al momento de la suscripción del convenio se entregó una propuesta estimativa del costo de las soluciones, sin un proyecto de respaldo que las justificara”.

El informe volvió a desnudar el caos en las arcas edilicias: el municipio llevaba siete meses sin hacer una conciliación de sus cuentas y había diferencias de más de $214 millones entre los registros contables vigentes. También se constató la inexistencia de documentación que respaldara algunas compras y servicios prestados al municipio (ver documento).

Llama la atención que las alertas de Contraloría sobre el mal uso de los millones aportados por Los Pelambres a Salamanca no tuvieran ningún efecto ni en el municipio ni en la minera. Y ello, porque  entre 2009 y 2016, años del primer y último informe del organismo, el flujo de recursos de la minera no hizo más que aumentar. Las cifras que CIPER pudo pesquisar indican que las donaciones alcanzaron $1.075 millones en 2013; $1.132 millones en 2014; $2.151 millones en 2015 y $3.255 millones en 2016. Dependiendo del año, los montos representan entre el 0,2% y el 2% de las utilidades de Los Pelambres.

–Nosotros no conocíamos el informe de Contraloría de 2009. No teníamos información respecto de su existencia. Si lo hubiésemos tenido a la vista, algo hubiéramos hecho en esa época –indicó a CIPER el gerente de Asuntos Públicos de Antofagasta Minerals, Andrés Morán.

Cristina Farías, presidenta de la Junta de Vecinos Arboleda Grande de Salamanca, ha sido crítica de los aportes de Los Pelambres y de la relación del ex alcalde Rojas con la minera:

–Gerardo Rojas jamás hizo un levantamiento del impacto de las operaciones de la minera. Cuando las comunidades tenían conflictos con Los Pelambres el municipio jamás estuvo a la cabeza apoyando.Tampoco se preocupó de exigirles el cumplimiento de la resolución de calificación ambiental ante los servicios competentes, para disminuir el impacto que produce su actividad extractiva en la población –dijo a CIPER.

Casi un mes antes del pronunciamiento de Contraloría sobre la gestión de recursos del municipio tras el terremoto, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) había emitido un lapidario informe. Su destinatario: Minera Los Pelambres.

En ese documento, fechado el 13 de octubre de 2016, la SMA formuló a la minera nueve cargos –cinco catalogados como “graves”– por diversas violaciones a las resoluciones de calificación ambiental que le dieron luz verde a su operación. Entre las infracciones se detectaron bombeos desde pozos donde la minera no contaba con derechos de agua establecidos, lo que podría “estar afectando los derechos de terceros” en la cuenca del estero Pupío, e incumplimientos de medidas de compensación asociadas a la reforestación de especies arbóreas (canelos, guayacanes y algarrobos), todas ellas diezmadas por la construcción del tranque de relaves El Mauro (ver documento).

La profesora Ana Leyton, directora del Centro Cultural del Choapa en Illapel, ha sido testigo de las transformaciones que introdujo en la década de los ’90 la actividad minera en toda la provincia. También es crítica respecto de los métodos que ha empleado Los Pelambres para implantar su faena e insertarse en la región:

–Nosotros somos sacrificados ambientales y esto fue decidido por las propias autoridades regionales de Coquimbo. Pelambres destruyó la vida agrícola en gran parte del valle. Dígame usted, ¿por qué tendría uno que estar agradeciéndole sus donaciones a una empresa extractivista que destruye el valle? –cuenta en conversación con CIPER.

MÁS ALLÁ DE SALAMANCA

Los históricos aportes de Minera Los Pelambres a la Municipalidad de Salamanca no son los únicos cuestionados por Contraloría. En mayo de 2015, el organismo emitió un informe que indagó en la relación entre la Gobernación de Choapa y la minera. En su investigación, el ente fiscalizador detectó que el gobernador, Álex Trigo Rocco (PS), había suscrito entre 2010 y 2014 diversos convenios de colaboración con la compañía sin tener las facultades legales para hacerlo, pues ese rol le corresponde al intendente.

En dos convenios se centraron los reparos del ente contralor: un programa de “seguridad pública” y otro de “seguridad ambiental”. Para ambos Los Pelambres allegó recursos a la gobernación con el propósito de que se contratara personal a honorarios para su funcionamiento, entre otros ítems. Entre las irregularidades detectadas por la Contraloría figura un abogado remunerado con dineros de la minera realizando labores distintas a las estipuladas en el convenio. También, obras de “ampliación y mejoramiento” del edificio de la gobernación. No hubo licitación para la ejecución de esas obras.

“Minera Los Pelambres busca coordinar sus acciones con los diversos organismos públicos y privados y comunitarios preocupados del desarrollo y crecimiento de la provincia del Choapa, motivo por el cual otorgó el financiamiento de las obras ejecutadas en el inmueble de la gobernación con el objeto que los recursos humanos contratados con cargo al convenio de colaboración, tuvieran los equipamientos y espacios físicos necesarios para la ejecución de las tareas propias del convenio”, fue la respuesta del gobernador consignada en el informe (ver documento).

Los aportes financieros y nexos con políticos en las zonas donde Antofagasta Minerals (AMSA) tiene sus inversiones, han sido motivo de cuestionamientos y polémicas. La más bullada fue la renuncia a su cargo que debió presentar en junio de 2015 el entonces ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza (PPD), tras conocerse que mientras era diputado le vendía a la minera del Grupo Luksic informes a cambio de un pago mensual de $2,2 millones. Insunza, quien presidió además la Comisión de Minería de la Cámara, reconoció que el trabajo que hacía para la minera a través de una consultora, venía desde antes de 2014, cuando asumió como diputado precisamente por el Distrito 9, correspondiente a las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos, entre otras.

La minera también se ha involucrado en el financiamiento de campañas políticas en la región. Así lo reconoció el ex gobernador de Choapa, Iván Cisternas (RN), a una radio de Salamanca a principios del año pasado. Cisternas acudió a las oficinas centrales de la minera en Santiago a pedir apoyo financiero, cuando se presentó en 2013 como candidato a diputado por el Distrito 9.

El gerente de Asuntos Públicos de AMSA, Andrés Morán, dijo a CIPER que la minera nunca ha recibido a candidatos en sus oficinas:

–Nosotros efectivamente hacíamos aportes a campañas políticas bajo la norma vigente en la época. Se hacían como aportes reservados de modo estrictamente legal. No me puedo hacer cargo de lo que dijo Iván Cisternas, porque no nos reunimos con candidatos para escuchar sus necesidades de financiamiento de campaña.

Pero Cisternas insistió en sus dichos en conversación con CIPER: “A mí me dieron $10 millones, por la vía legal a través del Servel”. Consultado respecto de cómo supo la identidad del donante de esos dineros si se trata de aportes reservados, afirmó:

-Cualquiera que te diga que no sabe de dónde vienen los millones te está mintiendo. Nadie los regala, llegan de algún lado de donde tú fuiste a pasar el sombrero. Yo fui a Pelambres, pedí plata, me dijeron ok, te vamos a depositar tanto, tal como le vamos a dar al resto”.

Iván Cisternas perdió la elección parlamentaria en 2013. Los dineros de la minera, esa vez, no bastaron.

Fuente:http://ciperchile.cl/2017/08/21/municipios-mineros-i-los-millones-de-la-minera-los-pelambres-que-se-esfumaron-en-salamanca/

Un intenso lobby desplegó Dominga en los últimos tres años. Pero una declaración de Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería, da cuenta de dos reuniones más que se hicieron en pleno gobierno de Piñera y mientras éste aún tenía intereses económicos en el proyecto. Correos de Iván Garrido y Nicolás Noguera también revelan que el precio de Dominga subió en $4.500 millones, mientras en paralelo se bajaba la central Barrancones. Ninguna de esas relaciones, de acuerdo al expediente del llamado caso Bancard, fueron indagadas a fondo por la fiscalía. La trenza política de la minera hoy se mezcla con la ambiental, luego que nueve de 14 servicios públicos convocados por el Comité de Ministros que dirimirá hoy el futuro del proyecto, pusieran el foco sobre las omisiones e inconsistencias que impedirían conocer a cabalidad el real impacto de Dominga sobre el medio ambiente y la vida de las comunidades.

Fue una movida casi de último minuto, porque hasta el miércoles pasado, lo de Minera Dominga ni siquiera estaba considerado para ser visto por el Comité de Ministros en su sesión de este lunes 21 de agosto. La cita fue programada a comienzos de mes, pero la tabla original contemplaba como tema único a tratar otra cosa que nada tenía que ver: la optimización del proyecto Cerro Casale, una faena en la Región de Atacama del gigante minero canadiense Barrick. Pero del polémico y millonario proyecto minero-portuario que la empresa Andes Iron aún pretende instalar en la comuna de La Higuera, al extremo norte de la IV Región, y que en marzo fue rechazado en una estrecha votación en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, la convocatoria no decía nada.

La omisión era extraña, pero al parecer premeditada. El plazo de 60 días hábiles para que los ministros resolvieran sobre la viabilidad de Dominga venció el 10 de agosto, por lo que la empresa ya estaba en condiciones de recurrir a los tribunales ambientales aduciendo silencio administrativo. Su presidente ejecutivo, el geólogo Iván Garrido, ya había anunciado en una entrevista que si el comité no revisaba el tema en agosto, seguiría esa vía. Fuentes que han conocido el proceso interno que lidera el ministro del Medioambiente, Marcelo Mena, señalaron a Radio Bío Bío que la omisión no fue casual y que como cualquier decisión que se tomara sobre la materia sería políticamente incómoda, la estrategia inicial del gobierno apuntaba a postergar lo más posible su revisión. Incluso aseguran que una opción real era dilatarla hasta que la resolución final pasara a ser responsabilidad de la siguiente administración.

Sin embargo, en los últimos días eso cambió y el pasado jueves 17, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) envió a los seis ministros miembros del comité un nuevo oficio donde incorporaba a Dominga en el programa de su siguiente reunión. Allí tendrán que analizar los argumentos que les enviaron los 14 organismos públicos que participaron en la evaluación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de los cuales al menos nueve insisten en que debe ser rechazado (ver expediente).

La decisión que deberán tomar igual no será fácil y mucho menos inocua. Si el comité compuesto por los ministros de Medio Ambiente, Agricultura, Economía, Energía, Minería y Salud decide mantener el rechazo a la calificación ambiental del proyecto, el gobierno tendrá que asumir el costo de paralizar una inversión estimada en US$ 2.500 millones y la promesa de casi 10.000 nuevos puestos de trabajo en una región donde, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se registra la cuarta mayor tasa de desocupación de Chile (7,7%).

En cambio, si lo revierte, daría luz verde a un proyecto ampliamente cuestionado por no aportar todos los antecedentes necesarios para medir correctamente su real nivel de impacto ambiental en una zona de alta sensibilidad ecológica, poniendo en riesgo, dicen los informes, los ecosistemas de dos importantes áreas bajo protección: la Reserva Marina Islas Choros-Damas y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. Y lo haría apenas un par de semanas antes de oficiar como anfitrión del 4º Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC4, por sus siglas en inglés), un evento que se realizará precisamente en La Serena y Coquimbo entre el 4 y 8 de septiembre.

Pero hay también otros factores en juego que van más allá de lo ambiental, y entremezclan intereses políticos con posibles delitos que investiga la justicia.

Cuando en 2014 se supo de los pagos irregulares por parte del Grupo Penta al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, el Ministerio Público de inmediato lo interpretó como un posible soborno para favorecer a Dominga. De hecho, una de las primeras gestiones que hicieron ejecutivos del proyecto ante alguna autoridad, fue con Wagner a mediados de 2010. Como aún no existía la Ley de Lobby, no quedaron actas ni registros de ese primer encuentro –como sí pasó con otras 23 reuniones con distintas autoridades entre mayo de 2015 y junio de este año–, pero sí ocurrió. Fue él mismo quien lo reconoció escuetamente en un interrogatorio ante la Policía de Investigaciones (PDI), no en la indagatoria aún abierta en su contra por el supuesto cohecho, sino que en otra que la fiscalía abrió para perseguir una eventual negociación incompatible del ex Presidente Sebastián Piñera cuando ese mismo año mandó a bajar arbitrariamente y por fuera de toda formalidad la Central Termoeléctrica Barrancones, al tiempo que su familia era la mayor accionista de la sociedad matriz de Dominga. Una relación que para entonces y por los siguientes siete años, se mantuvo completamente oculta.

En esa última investigación, y a pesar de las escasas diligencias ordenadas, el fiscal Manuel Guerra obtuvo datos importantísimos que permiten dimensionar cuánto realmente ganó la familia Piñera Morel con la venta de su participación en Dominga. La mayor parte de esas acciones las poseían a través de Andes Iron Ltd., una empresa creada en un paraíso fiscal especialmente para llevar a cabo esa millonaria operación.

Los nuevos antecedentes no sólo elevan al menos 11 veces el tamaño del negocio que se jugaba por esos días, sino que además podrían dar cuenta de que la decisión de eliminar Barrancones pudo eventualmente haber incidido a favor del precio final de venta de Dominga. Aun así el fiscal optó por omitir esos y otros antecedentes clave, anunciar por la prensa al menos tres veces que no tenía nada que comprometiera penalmente a Piñera y dar por cerrado todo el proceso sin formalizaciones.

Las omisiones de Guerra

Pudo haber sido una casualidad, pero el momento en que se bajó Barrancones por gestiones directas desde La Moneda, no fue cualquiera en la historia de Minera Dominga. Justo por esos días, a fines de agosto de 2010, los gestores del proyecto minero-portuario estaban en plena negociación para vender el 100% de la propiedad a la familia de Carlos Alberto Délano, uno de los controladores del Grupo Penta. Miles de millones de pesos estaban puestos sobre la mesa. Y quienes más tenían por ganar con la oferta eran los miembros de la familia del entonces Presidente, Sebastián Piñera.

Todo aparece ampliamente detallado en una serie de correos electrónicos que figuran en la investigación judicial que llevó a cabo el fiscal Guerra sobre las inversiones del hoy candidato presidencial de Chile Vamos en la pesquera peruana Exalmar y el proyecto Dominga, y que fue sobreseída el pasado jueves 3 de agosto por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Los mails no son de Piñera, de sus hijos ni de su esposa, porque ninguna de sus cuentas fue indagada: el fiscal consideró que “habría sido arbitrario” hacerlo, según dijo a La Tercera.

Los únicos mensajes que sí se incluyeron en la carpeta provienen de la cuenta institucional de Nicolás Noguera, gerente general del Grupo Bancard y representante de los intereses de los Piñera Morel en todas sus inversiones que no estaban sujetas a los fideicomisos ciegos, tanto en Chile como en el extranjero. Los entregó de forma voluntaria en abril pasado, casi cinco meses después de haberse abierto la investigación, en un disco duro que ese mismo mes analizó la Policía de Investigaciones (PDI). Allí aparecieron 1.158 archivos respecto a la compra de acciones en Exalmar y 625 sobre la participación del family office del ex mandatario en Dominga.

Es precisamente en esos últimos correos que aparecen datos clave para entender cómo se negoció y cuánto realmente ganó la familia Piñera al salirse del proyecto minero en diciembre de 2010. Las escrituras públicas que dieron cuenta de esa venta se referían a una transacción cercana a los $6.765 millones, una operación millonaria que se mantuvo oculta hasta que una investigación de Radio Bío Bío la reveló casi siete años después. Sin embargo, los mensajes de Noguera desnudan la real dimensión del negocio: las verdaderas cifras involucradas son al menos 11 veces más de lo que se sabía hasta ahora.

Pero hay otro dato que podría ser aún más importante, que se relaciona con los tiempos en que se dio la negociación, y que incluso podría poner en duda la aseveración que hizo el Grupo Bancard en un comunicado el 27 de febrero pasado, luego de que se hiciera pública su antigua inversión en Dominga: “El proyecto no tuvo relación alguna ni se vio afectado directamente por el proyecto de central termoeléctrica Barrancones. Es más, el hecho de que este proyecto no se llevase a cabo, de manera indirecta pudo haber perjudicado al proyecto Dominga, al privarlo de una fuente de energía cercana”.

Lo cierto es que la oferta inicial de la familia Délano para adquirir Dominga, con Barrancones aún en el horizonte y ad portas de ser aprobada por la institucionalidad de la época, era de US$ 130 millones. Pero una vez que el Presidente movió sus fichas para bajar la termoeléctrica, el precio que se negociaba no bajó, sino que al contrario, aumentó en otros US$ 20 millones. Y de todo ese dinero, a la familia Piñera le correspondía una tercera parte.

Los antecedentes, en todo caso, no fueron considerados por el Ministerio Público, que se negó a indagar y llevar a cabo más diligencias porque a juicio del fiscal Guerra “no se ve ninguna relación lógica entre Barrancones y Minera Dominga”. Pero son varios los hechos que entrelazan los intereses de ambos proyectos y que la fiscalía simplemente omitió en su investigación. Los nexos van mucho más allá de la mera coincidencia geográfica y del impacto ambiental sobre la misma área de preservación ecológica, en las inmediaciones de Punta de Choros. De hecho, otra investigación que publicó Radio Bío Bío el pasado 10 abril dio cuenta de que todos quienes participaron en la bajada de Barrancones tenían en ese momento negocios cruzados con Dominga. Y que el factor común en la mayoría de esos vínculos era precisamente el nombre de Sebastián Piñera.

Dicha investigación periodística da cuenta que el terreno donde se instalaría Dominga es en gran parte propiedad de una comunidad agrícola, denominada CALCH, donde forman parte un hermano de Piñera, un par de amigos, un socio y los dueños de una de las empresas que le manejaban sus fideicomisos ciegos. También que el empresario Juan Claro, el emisario que el mismo Presidente mandató personalmente para negociar informalmente la bajada de Barrancones, además de su amigo, es junto a su familia el principal poseedor de derechos en esa comunidad y, por lo tanto, el comunero más influyente. Y que ya en ese entonces tenían millonarios contratos firmados con Minera Andes Iron para preparar su instalación.

De todo eso no aparece ni una sola palabra entre las casi 6.000 páginas que componen la carpeta del fiscal.

Los correos de Noguera: “Para contar los billetitos…”

La cadena de correos electrónicos partió con un mensaje que escribió el geólogo y presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, el 11 de agosto de 2010. Era una convocatoria urgente a los directores de Minería Activa Uno SpA (MA1) para una sesión extraordinaria al día siguiente. Uno de los cuatro destinatarios era Nicolás Noguera, representante en el directorio de los principales accionistas de la sociedad, los Piñera Morel. Decía el asunto del correo: “Oferta Proyecto Santa Dominga”.

En el texto, Garrido se refería a la primera propuesta seria que hacía la familia de Carlos Alberto Délano (a través de Inmobiliaria Duero) para adquirir el 100% de Minera Andes Iron, la sociedad que el grupo de inversionistas reunidos en MA1 había creado unos meses antes para desarrollar el proyecto Dominga. Los Délano ofrecían US$ 130 millones, que por entonces equivalían a unos $66.747 millones, sujeto a un due dilligence de 90 días.

La propuesta era altamente conveniente: el capital que pusieron los 31 accionistas que dieron origen al proyecto se alzaba por esos días a poco más de $6.000 millones, y la oferta de los Délano equivalía a 11 veces esa cifra y más. Como los Piñera poseían un tercio del negocio a través de Mediterráneo Fondo de Inversión Privado (FIP), les correspondía la mayor parte de ese pozo. Pero la oferta sólo estaría vigente por tres semanas. De ahí la urgencia de la cita.

Sólo José Jiménez, gerente de Activa, la filial de LarrainVial que dio origen a todo el proyecto, no pudo ir a la reunión porque estaba fuera de Chile. Los otros directores de MA1, Aníbal Larraín, también vicepresidente de Watt’s, y el abogado Juan Paulo Bambach, confirmaron su asistencia. Noguera también lo hizo con un mensaje escueto y sarcástico frente a la oferta de los Délano: “Ok. Entre broma y broma…”, escribió.

Al día siguiente se reunieron y al mismo tiempo la estructura de propiedad de Minera Andes Iron se modificó: pasó a ser controlada por Andes Iron Ltd., una sociedad creada poco antes en las Islas Vírgenes Británicas especialmente para concretar una eventual venta. No se trataba de nuevos dueños, sino sólo de una movida, posiblemente tributaria, de los mismos actores. Todos los derechos sobre esa sociedad offshore estaban en manos de MA1, y ahí el accionista mayoritario seguía siendo el FIP del family office de los Piñera.

Una semana antes de que venciera el plazo puesto por los Délano, Barrancones fue aprobado y en sólo un par de días, desahuciado. Días después, Garrido volvió a escribir a los directores y les pidió prolongar la vigencia de la oferta una semana más. Aunque no está explícito, de los correos se desprende que a esa altura los compradores ya habían recibido una contraoferta que Pedro Ducci, yerno de Carlos Alberto Délano, respondió positivamente en un correo que envió a los otros directores el 8 de septiembre de 2010. El monto sobre la mesa ya había aumentado a US$ 150 millones, es decir, más de $4.500 millones que cuando aún existía Barrancones. La respuesta de Noguera fue:

“Estimados,

¿Podríamos tener para el directorio de mañana una estimación de cómo se distribuyen los flujos de la oferta de Duero (en sus dos modalidades) para las diferentes de acciones de Minería Activa Uno (para contar los billetitos…)?

Saludos,

NN”

En los días siguientes todo se fue afinando para un trato que se cerró los primeros días de octubre, y que a pesar de la venta total, permitía que algunos inversionistas pudieran seguir siendo parte del proyecto. Noguera sería uno de los que aprovechó esa opción, a través de su empresa personal Átomo Ltda. La fecha de la venta sería el 10 de diciembre de ese año, y de los US$ 150 millones el 93,3% se debería pagar al contado. Los US$ 10 millones restantes se pagarían a MA1 un año después, siempre y cuando no se determine que el lugar donde se instalaría Dominga está “emplazado en una zona de exclusión, un parque nacional o reserva natural, impidiendo de forma insubsanable el desarrollo de la actividad minera o la instalación de un puerto a 50 kilómetros de las concesiones mineras”. Como eso no ocurrió, el acuerdo se concretó en la fecha estipulada. La familia Piñera se retiró de Dominga y se adjudicó en esa operación más de $21.683 millones.

Ese día, Iván Garrido los invitó a todos a un almuerzo para festejar.

Nueve oficios para un rechazo.

Aunque en lo formal poco y nada tuvo que ver en la decisión del Comité de Evaluación Ambiental de Coquimbo el negocio que hizo la familia Piñera con Dominga, Garrido ha asegurado que una vez que se supo de esas inversiones, el proceso se politizó y desde ahí poco importó el proceso de evaluación ambiental.

“El conflicto de interés está cuando él (Piñera) tenía algunos intereses económicos en el mismo territorio. Es evidente que hay un conflicto de interés, pero ¿de qué manera afecta eso al proyecto Dominga? Ahí hay una situación que desliga a Dominga, el problema es otro”, declaró en una entrevista a La Tercera.

Cuando en marzo se rechazó el proyecto, y aunque el SEA había recomendado aprobar y algunos servicios no manifestaban objeciones, la votación fue dividida: seis votos a favor, seis en contra. Quien dirimió fue el intendente de Coquimbo, Claudio Ibáñez. “Aunque se manifiesta la voluntad, no necesariamente se advierte un desempeño responsable y equilibrado, justo y armónico y terminamos sufriendo las consecuencias que empañan el gran desafío de lograr un desarrollo sustentable”, dijo tras votar y firmar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) negativa a Dominga.

Casi dos meses después, Andes Iron recurrió al Comité de Ministros argumentando que “ninguna de las causales de rechazo invocadas en la RCA guardan relación con el mérito del procedimiento de evaluación ambiental, siendo aquellas manifiestamente infundadas y arbitrarias”. El comité solicitó a los 14 servicios y organismos públicos que participaron en la evaluación un informe donde justifiquen su voto. Y a lo menos nueve vuelven a poner el foco sobre las omisiones e inconsistencias que impedirían conocer a cabalidad su real impacto sobre el medio ambiente y la vida de las comunidades.

El seremi de Energía, Marcelo Salazar, se había manifestado conforme en la previa a la votación, pero en último minuto votó en contra. Dijo que durante el proceso anterior siempre respondió desde una lógica sectorial, pero que recién al final, con el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) en sus manos y las consideraciones de todos los demás organismos del Estado involucrados, se dio cuenta de que quedaban dudas respecto a los efectos que Dominga produciría en su área de influencia y cómo los mitigaría para cumplir la ley.

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) respondieron con algo muy específico y breve: que los titulares del proyecto no consideraron el impacto de las pantallas eólicas sobre las aves de la zona. En el Servicio Nacional de Pesca enumeraron varias inconsistencias: que los muestreos para determinar la línea base del medio marino eran insuficientes; que no permitían evaluar impactos sobre las aves, mamíferos y recursos bentónicos; que la evaluación sobre la descarga de la planta desalinizadora de agua al mar era deficiente; y que lo mismo pasaba con los efectos de la salmuera que se depositaría en la bahía de Totoralillo Norte. También dicen que el estudio no contiene antecedentes claros que permitan descartar o reconocer impactos sobre áreas productivas pesqueras. Para todas esa observaciones, el servicio había propuesto medidas compensatorias o de mitigación, pero el SEA simplemente las omitió y en el informe final no estaban incluidas. Por eso decidieron rechazar.

Los otros servicios que insistieron en las causales de rechazo fueron las subsecretarías de Evaluación Social, de Medio Ambiente, de Salud y de Agricultura, además de la Conaf y la Intendencia de Coquimbo. La mayoría apelaba a falta de información que permitiera y evaluar correctamente los efectos adversos del proyecto sobre el ambiente, su flora y fauna, la calidad de vida de las comunidades que habitan la zona y la salud de la población. Uno de los más duros fue Ibáñez, quien adjudicó esas fallas a “la cadena de errores que emanan de las etapas iniciales del proceso de evaluación, al estar mal determinada el área de influencia y la línea base” y a la “arbitrariedad de la empresa” al excluir totalmente a las zonas de conservación y protección ecológica de su área de influencia, siendo que hay informes que ratifican su impacto sobre esas áreas.

Los informes, en todo caso, no son vinculantes y los ministros pueden decidir algo distinto de quienes ya votaron. Pero otro factor que podría influir es el fuerte lobby que ha implementado la empresa a cargo de Dominga desde que el proyecto se puso en carpeta, y que sólo en los últimos dos años ya registra 23 reuniones con diferentes autoridades. Tras el rechazo sólo figuran en los registros públicos dos reuniones para hacer lobby: una con el senador Jorge Pizarro (DC) en abril, y otra en junio con el director regional del Sernageomin. Lo extraño es que para su última ofensiva, Andes Iron contrató los servicios de Azerta, de Cristina Bitar, una de las mayores y más importantes empresas de lobby y comunicación estratégica del país. Desde entonces que no aparecen en ningún registro público.

Las reuniones que no aparecen en el registro de lobby

“A mediados del año 2010, los ejecutivos de Minera Activa me solicitaron una reunión para hablar de los diferentes mercados de capitales mineros”, dijo Pablo Wagner, el ex subsecretario de Minería de Piñera, al fiscal Guerra. La reunión se concretó, pero Wagner omitió en su declaración que el FIP Mediterráneo, de la familia Piñera Morel, todavía tenía intereses con Minera Activa, los cuales recién desaparecerían en diciembre de ese año, cuando se produjo la venta a Délano. Guerra, en todo caso, tampoco le preguntó sobre la relación de Piñera con esa sociedad.

“Con posterioridad, durante ese mismo año, los accionistas de la familia Délano, en una reunión muy escueta ya que esta era más bien de corte protocolar, me hablaron del interés de éstos por comprar a Minera Activa una proyecto minero de hierro en la IV Región, desconociendo mayores detalles al respecto. Con el pasar del tiempo y con las noticias que salían a la luz pública, pude asociar la denominación ‘Dominga’ al proyecto que habían mencionado los accionistas de la familia Délano”, agregó Wagner.

La declaración de Wagner es clave para entender los intereses cruzados en este proyecto minero mientras el FIP Mediterráneo aún tenía un tercio de las acciones de Dominga y Piñera se desempeñaba como Presidente. Esas dos reuniones no están bajo ningún registro de lobby y sólo se conocen porque Wagner se vio obligado a revelaras ante la fiscalía.

A fines de 2014 fue cuando el lobby comenzó a ser medido a propósito de la entrada en vigencia de la ley que regula esa actividad. Y fue en mayo de 2015 cuando Dominga comenzó su despliegue de relaciones públicas ante el gobierno y otras autoridades, el cual recién se detuvo el mes pasado y totalizó 23 reuniones privadas.

Todas esas citas han sido encabezadas por Iván Garrido, el ideólogo de Dominga. Pero no ha ido sólo. Junto a él han participado asesores comunicacionales y legales, como Gabriel Witt, Mauricio Campusano, Javier Vergara, Marcela Alday, Alejandro Contreras, Fernando Valenzuela, Patricio Leyton, Marcelo Olivares y Francisco Villalón, el ex asesor del gobierno y militante de la Democracia Cristiana (DC).

Garrido fue recibido tres veces por dos ministros y otras 19 por subsecretarios y jefes de servicio. La mayor parte de esas reuniones fueron catalogadas como presentación del proyecto Dominga, aunque en otras se habló sobre la tramitación ambiental. En ninguna de esas reuniones aparecen funcionarios de Azerta, pese a ser una agencia de lobby contratada por Dominga.

Fuente:http://www.biobiochile.cl/especial/noticias/reportajes/reportajes-reportajes/2017/08/21/minera-dominga-el-lobby-los-vacios-ambientales-y-los-nexos-con-pinera-sin-investigar.shtml

De acuerdo con el comité, el proyecto no contaba con suficientes medidas de mitigación. Ahora los reclamantes podrán recurrir al Tribunal Ambiental para apelar la decisión.

En una votación dividida el Comité de Ministros rechazó este lunes el proyecto minera Dominga, por no contar con suficientes medidas de mitigación.

El comité estaba confirmado por los ministros de Medio Ambiente, que lo encabezaba, Energía, Minería, Salud, Economía y Agricultura.

«Los antecedentes son bastantes claros en que habían vicios en cuanto a la línea base que permitían que este proyecto no pudiera ser aprobador», señaló el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

Ahora los reclamantes podrán recurrir al Tribunal Ambiental para apelar la decisión del comité.

En marzo pasado la iniciativa de Andes Iron fue rechazada por el Consejo de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo.

Esto, luego de que el intendente de la región, Claudio Ibáñez, rechazara el proyecto haciendo uso de su voto dirimente.

Luego de eso, en mayo pasado, la empresa presentó el recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, en busca de revertir el rechazo por parte del Consejo de Evaluación de Coquimbo.

El proyecto de la minera Dominga estaba planificado en la comuna de la Higuera y contempla una inversión que rodea los US$ 2.500 millones.

Fuente:http://www.t13.cl/noticia/negocios/comite-ministros-mantiene-rechazo-minera-dominga

Se ha ordenado la reparación de sitios afectados por minería, vertederos o personas que perjudican ecosistemas. En total, han resuelto 13 causas.

Luego de las duras protestas de los vecinos de Tiltil, en la Región Metropolitana, por la instalación de un relleno que recibirá desechos peligrosos, se abrió el debate sobre la judicialización de este tipo de conflictos. Para ello, quienes se oponen al proyecto deben, por norma, recurrir a los tribunales ambientales. Estos fueron creados, entre otros fines, para resolver demandas por el presunto daño a los ecosistemas.

Los tribunales de Valdivia y Santiago se constituyeron en 2013, mientras que los ministros de Antofagasta fueron designados recién este año, aunque la entidad aún no inicia sus operaciones formalmente.

En cuatro años de funcionamiento, esta instancia ha dictado 13 resoluciones por daño ambiental. El balance indica que, a la fecha, cinco casos han tenido una sentencia en favor de los vecinos que se consideran afectados. El resto de las presentaciones ha sido rechazada. Estas instituciones también han tramitado un total de 37 demandas en la capital y otras 30 en Los Ríos. En tanto, las reclamaciones en análisis, que sirven para impugnar las decisiones de la autoridad en materia ambiental, alcanzan las 213.

De acuerdo al registro de los tribunales, las cinco causas acogidas fueron interpuestas por daños a la flora y fauna, por contaminación de metales o desechos en zonas cercanas a poblaciones. Los dictámenes emitidos contemplan la recuperación de los ecosistemas perjudicados, la restauración de la calidad de las aguas, suelo, aire o aguas, entre otros.

Los abogados que han participado en la tramitación de estas causas, junto a organizaciones ambientales, plantean que cuando han perdido las demandas se debe a lo complejo que resulta probar los daños al medioambiente en un juicio. Álvaro Toro, quien ha asesorado a comunidades que se han sentido afectadas, afirma que resulta “muy complejo o casi imposible ganar en causas como estas, pues se pide comprobar que la presentación tiene base”.

Es así como se deben entregar estudios científicos sobre las áreas afectadas, los que tienen un alto costo. En contraste, señala que las empresas aludidas poseen recursos para pagar diversos peritajes.

Sin embargo, para otros sectores, la creación de estas instituciones implica un avance en cuanto al acceso a la justicia en este ámbito. El ex subsecretario de Medio Ambiente Rodrigo Benítez señala que estas instancias son especializadas, por lo que “han permitido tecnificar la resolución de los conflictos ambientales. Si bien se ha reclamado respecto de los plazos que se toman en resolver, creo que eso poco a poco se ha ido ajustando de mejor manera, para lograr decisiones oportunas”.

Sin embargo, al igual que ocurre con los otros tribunales de primera instancia, los fallos de estos juzgados pueden ser apelados ante las instancias superiores. En caso de una resolución desfavorable para una de las partes, indica la normativa vigente, lo que corresponde es presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema.

Fuente:http://www.latercera.com/noticia/tribunales-ambientales-fallado-cinco-casos-favor-los-vecinos/

En nuestro país aún no existe una Ley de PAM (Pasivos Ambientales Mineros) ni norma de suelos. No obstante, Chile sigue mostrándose abierto a proyectos mineros de gran escala. Como éste! Río Tinto, uno de los principales grupos mineros del mundo, persiste en su deseo de operar una mina en Chile. Para ello, la compañía anglo-australiana solicitó permisos para iniciar una campaña de exploración con miras, si los estudios tienen “éxito”, a desarrollar una faena a gran escala.

Rio Tinto, uno de los principales grupos mineros del mundo, persiste en su deseo de operar una mina en Chile. Para ello, la compañía anglo-australiana solicitó permisos para iniciar una campaña de exploración con miras, si los estudios tienen éxito, a desarrollar una faena a gran escala.

La firma busca a nivel mundial yacimientos de tamaño relevante para poder explotarlos, y aunque en el pasado desarrolló programas de exploración sin mucho éxito, Rio Tinto continúa en su apuesta por nuestro país y espera recibir luz verde para un nuevo programa en Chile. Según una consulta al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la compañía espera realizar sondajes a 58 kilómetros de Arica, en un terreno ubicado a 2.100 metros de altura, en un proyecto denominado Palmani.

Se trata de un primer paso para limitar los privilegios de la minería sobre las “aguas halladas” en sus exploraciones y explotaciones, obligándoles a informar en 90 días sobre los afloramientos, pudiendo usar solo las que justificadamente requieran, pero sin afectar la sustentabilidad de los acuíferos o los derechos de terceros, entre otras medidas.

Un primer paso para limitar los privilegios del sector minero sobre los recursos hídricos aprobó la semana pasada la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, en el marco de la reforma al Código de Aguas que se encuentra en su segundo trámite constitucional. Los senadores acordaron restringir el alcance de las “aguas halladas”, figura que en la legislación vigente permite a las empresas utilizar de facto y sin supervisión todos los caudales que afloren en sus faenas de exploración y explotación.

El proyecto que salió de la Cámara de Diputados obligaba a los mineros a informar y solicitar autorización sobre las también así llamadas “aguas del minero”, condiciones que eran resistidas por el Ejecutivo, la Sociedad Nacional de Minería, el Consejo Minero y una mayoría de los cinco integrantes de la comisión.  Fue en este contexto que en las últimas semanas el suspendido senador DC Jorge Pizarro se abrió a una propuesta alternativa, junto a sus colegas Adriana Muñoz (PPD, quien preside la instancia) e Isabel Allende (PS).  En contra se mostraron los senadores Francisco Chahuan (RN) y Víctor Pérez (UDI).

De esta forma se aprobó la modificación al artículo 56 del Código de Aguas, estableciendo que las concesionarias mineras deberán “informar sobre las aguas halladas  para su registro, dentro de noventa días corridos desde su hallazgo, a la Dirección General de Aguas (DGA)” y podrán utilizar tales afloramientos “en la medida que sean necesarias para las faenas de explotación y no afecten la sustentabilidad de los acuiferos o los derechos de terceros”. Para ello deberán consignar ubicación, volumen y unidad de tiempo, además de las actividades que justificarían su uso. Adicionalmente, la utilización y goce se extinguirá por el cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la concesión, porque dejen de ser necesarias para la faena o porque se destinen a un uso distinto.

En particular, y al contrario de lo que ocurre hoy, se estableció que el uso de y goce las aguas “no podrá poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5ºbis, o los derechos de terceros.  La Dirección General de Aguas limitará dicho uso si hubiere grave afectación de los acuíferos o de derechos de terceros a consecuencia de estos aprovechamientos”.

Se determinó además que el servicio establecerá “un procedimiento simplificado para la minería artesanal o pequeña minería”.

Caudal Ecológico

El martes pasado, luego de aprobar los cambios al artículo 56, se comenzó el debate sobre la figura de caudal ecológico para derechos ya constituidos.

Hoy la disputa se centra en la presión que gremios energéticos como la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (APEMEC) están realizando sobre el Ejecutivo para ser eximidos (en sus centrales de hasta 20 megawatts) de la obligación de mantener caudales ecológicos, incluso en áreas protegidas.  Esta excepción, que ha sido apoyada por el gobierno, constituiría un factor de dumping ambiental que privilegiaría a empresas, en su mayoría extranjeras y con una capacidad de inversión de hasta unos  60 millones de dólares, (es decir unos 40 mil millones de pesos),  permitiéndoles en los hechos secar los ríos y sacrificar cuencas en pos de sus intereses económicos.

A esto se suma que en el artículo 129 bis 1 el Ejecutivo, mediante indicación, intenta eliminar la condición de caudal ecológico en los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en las áreas amenazadas y degradadas, manteniendo su existencia solo al interior de parques nacionales, santuarios, reservas y monumentos naturales, además de humedales protegidos por la Convención de Ramsar.

Producto de esta ofensiva, desde la sociedad civil se ha difundido un video que alerta a los parlamentarios  y a la ciudadanía sobre tales cambios.

La importancia del caudal ecológico es que permite evitar el desecamiento de los ríos, asegurar el mantenimiento y funciones de las cuencas hidrográficas y la integridad de los ecosistemas que estas sostienen. Esto entrega seguridad hídrica a todas las actividades que requieren de la mantención de cuencas y caudales, tales como el agua potable, la agricultura, la industria y la sostenibilidad de las ciudades, entre otras.

Fuente:http://www.elciudadano.cl/economia/senado-aprueba-cambio-del-uso-del-agua-en-proyectos-de-mineria/08/07/

La Argentina y Chile acordaron trabajar en la puesta al día de los protocolos comunes firmados hace 20 años en el marco del Tratado sobre Integración y Complementación Minera y en la confección de un cronograma de trabajo para el relanzamiento de esa herramienta jurídica.

Así se acordó en el encuentro del Grupo de Trabajo, liderado por las Secretarías Técnicas de Argentina y Chile, que se realizó en el Palacio San Martín -sede de la Cancillería-, donde los equipos técnicos de ambos países estuvieron encabezados por el secretario de Política Minera, Juan Biset, y por el integrante de la Comisión Chilena del Cobre Rodrigo de Urquiza.

«En este primer encuentro se resaltó la vocación común de potenciar y de relanzar un régimen jurídico único en el mundo que sobrevuela el territorio fronterizo de ambos países, y que toma a la Cordillera como un espacio de potencialidad minera», explicó Biset a Télam tras los encuentros que se concretaron tras cuatro años de inactividad del Grupo de Trabajo.

Si bien el Tratado bilateral se encuentra vigente, en la práctica cotidiana no está siendo aplicada. El objetivo es que esto ocurra cuando con la aparición de proyectos de exploración o explotación binacionales que puedan surgir en el futuro, de manera de activar los beneficios recíprocos de transnacionalidad que caracteriza a esta herramienta.

El Grupo de Trabajo que se reunió esta semana en Buenos Aires, la autoridad menor creada por el Tratado, volverá a encontrarse en Santiago de Chile los días 4, 5 y 6 de septiembre, en tanto que la Comisión Administradora que encabezan las Subsecretarías de Minería y de Relaciones Exteriores por Chile y sus símiles en Argentina, lo hará en fecha a

determinar.

Para el encuentro de septiembre, la Secretarías Ejecutivas invitarán a las empresas mineras a que actualicen el inventario de proyectos con potencial de desarrollo común y manifiesten cómo desde ambos estados se puede colaborar en el mejor desarrollo de los mismos, con las consecuentes propuestas de actualizaciones, modificaciones y ampliaciones normativas que requiere un instrumento firmado en 1997.

En principio el Tratado tiene dos sub-grupos de trabajo que serán reconformados y que están orientados a los temas tributarios y de medio ambiente, en los cuales se buscarán aggiornar, poner en valor y homogeneizar aspectos vinculados a la compatibilidad normativa que evite desequilibrios e inequidades.

En similar sentido, se acordó la puesta al día de los protocolos que acompañan al Tratado de Integración Minera y de los principios generales que se proponen lograr ambos gobiernos con el relanzamiento de un instrumento conocido internacionalmente inédito para países con fronteras mineras comunes.

Es que el tratado compromete a ambos países a la denominada facilitación fronteriza que, de modo de fomentar el desarrollo del negocio minero, habilita el acceso y salida de las áreas de operaciones desde ambos territorios y permite el uso de toda clase de recursos naturales, insumos e infraestructura sin discriminación de nacionalidad.

«Una vez aprobada la aplicación del tratado sobre un proyecto, se delimita un área que se considera territorio común para ambos países, lo que permite la entrada y salida hacia cualquiera de los dos países de acuerdo a las necesidades operativas», explicó Biset en referencia a la facilitación impositiva, aduanera, logística, laboral y de recursos energéticos.

Para el funcionario de la cartera energética a través de este mecanismo «hay mucho terreno para explorar de forma de presentar al Cono Sur como una gran región minera, con beneficios mutuos, para lo cual hay que encontrar un modo de trabajo que permita atraer a los grandes inversores globales».

En ese sentido, respecto de la complementariedad entre los dos países, Biset consideró que «el punto de partida encuentra a la Argentina como aportante de abundantes recursos sin explotar y ventajas comparativas vinculadas a las condiciones que requiere la actividad, como la disponibilidad de agua y energía, mientras que el vecino país cuenta con una enorme industria de producción de bienes y servicios».

Fuente:http://www.diariobae.com/article/details/189614/argentina-y-chile-relanzaron-el-tratado-sobre-integracion-y-complementacion-minera

A continuación, extendemos una crónica que da cuenta una grave situación que afecta a comuneros del Pueblo Colla que son objeto de una criminalización a causa del resguardo de su patrimonio arqueológico, en medio de un territorio sagrado afectado por la minería.

CRÓNICA DE CÓMO USAR LA LEY DE MONUMENTOS CONTRA LOS INDÍGENAS, O CÓMO EL LADRÓN PUEDE DEMANDAR AL DUEÑO Y METERLO EN LA CARCEL.

El drama de los pueblos originarios dice relación con el robo de su patrimonio. Un robo actual e impune. Ese robo va aparejado con sanciones criminales que se aplican a los indígenas cuando quieren recuperar ese patrimonio, o simplemente por el hecho de vivir de acuerdo a sus costumbres. El caso que sigue es ejemplar y común:

Doña Ercilia Araya Altamirano, es presidenta de la Comunidad Indígena Colla, denominada “PAI-OTE”, cuyo territorio ancestral se ubica en el sector cordillerano de Copiapó, en la región de Atacama.

Es del caso que en el mes de Marzo del año 2014, doña Ercilia, a nombre de la comunidad, realizó una denuncia a la Policía de Investigaciones, relativos a la contaminación producida por relaves mineros perteneciente a la empresa Yámana  Gold.

Los funcionarios de la Policía de investigaciones, se contactaron con doña Ercilia, a efectos de realizar una visita al lugar de los hechos. Por desperfectos mecánicos del vehículo institucional, el grupo no pudo subir al lugar indicado, por lo que fueron recibidos en el rancho de propiedad de doña Ercilia, ubicada en el sector rural de Vega Redonda.

En este lugar, donde distintas familias de la comunidad Colla tienen residencia, la que utilizan para labores de pastoreo trashumancia y otras labores tradicionales, propias de los indígenas de la zona, se encuentra rancho de doña Ercilia, el cual se ubica a menos de 3 metros del cementerio indígena de la comunidad.

Es del caso que los funcionarios de la policía de investigaciones, denuncian a los indígenas Colla de haber encontrado en su domicilio artefactos arqueológicos y fósiles, que se encuentran protegidos por la ley de monumentos nacionales número 17.288

Es decir, la PDI, en vez de investigar la denuncia por daño ambiental presentada por los indígenas colla, denunció a los colla que viven al lado y protegen un cementerio indígena, por robo de patrimonio. No sólo eso, sino que detuvieron e interrogaron al hijo menor de edad de la Presidenta de la Comunidad, en violación expresa de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 31 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que señala que sólo el fiscal, en presencia de un defensor, puede interrogar a un menor de edad.

La comunidad de PAI-OTE, tal como lo han hecho muchas comunidades indígenas, se han encargado de custodiar el patrimonio arqueológico de sus ancestros, durante muchos años. Por ejemplo han denunciado a la gobernación de Atacama, particularmente al ex gobernador Antonino Prado, el año 2006, de los saqueos perpetrados por huaqueros, del patrimonio de la comunidad.

Asimismo, el 7 de marzo de 2013 la comunidad indígena, representada por doña Ercilia, han firmado junto a Guillermo Cortés, Director del Museo Regional de Atacama, un acta de visita e inspección patrimonial en el territorio de la comunidad, que debía ser base de un acuerdo de colaboración para resguardo patrimonial.

Para los comuneros colla, su territorio es sagrado, y quien viole las tumbas de sus ancestros, será severamente castigado por ellos y por sus deidades. Estas normas son parte de su derecho consuetudinario o derecho propio, el cual subsiste en organizaciones constituidas, estables, y que tienen permanente relación con el Estado, como ocurre con la comunidad indígena de PAI-OTE.

Es natural que los territorios  indígenas tengan gran valor arqueológico y paleontológico, pues esas son tierras “antiguas”, habitadas por sus ancestros. Es normal que los  indígenas conserven alfarería de sus abuelos, y piedras labradas o fósiles que verdaderamente abundan en sus tierras. No hay dolo o intención de “robo” en eso, pues ellos conviven y conservan esos elementos como parte de su historia. En definitiva, con estas denuncias desproporcionadas, se les persigue por ser indígenas, más que por hechos delictuales.

Por ejemplo, se ha acusado a miembros de la comunidad RapaNui, de daño patrimonial, por el hecho de utilizar, como siempre lo han hecho, de manera respetuosa, su patrimonio en ceremonias ancestrales que son vitales para la supervivencia de su cultura. Hay un caso paradigmático en que se encausó a Rapanui por robo de arqueología, al excavar un pozo de agua, vital elemento que hoy escasea en la isla. Asimismo se ha acusado de huaquerismo (robo de tumbas) a personas indígenas que han realizado el rescate urgente de artefactos patrimoniales, cuando se ven amenazados por verdaderos huaqueros o ladrones de tumbas, o incluso por desastres naturales como derrumbes o bajadas de agua.

La Ley de monumentos nacionales no sólo merece ser perfeccionada a la altura de los tiempos, sino que su aplicación debe ser realizada con criterio. Actuar sin criterio, resulta en la criminalización del inocente e impunidad de los verdaderos huaqueros o ladrones de patrimonio.

Si bien la legislación chilena dispone que el patrimonio arqueológico y paleontológico es de propiedad del Estado por el solo ministerio de la ley, en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, tales como el convenio 169 de la OIT, de la Declaración de Derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas del año 2007, y del Pacto de San José de Costa Rica, el patrimonio arqueológico, y aún paleontológico, ubicado en territorios indígenas, es propiedad ancestral de tales pueblos, que por lo demás son quienes los han custodiado, resguardado, y salvaguardado por eficacia durante cientos y aún miles de años.

La comunidad Colla de PAI-OTE ha hecho un trabajo de resguardo patrimonial absolutamente comprobable y nos parece un exceso que se los encause por violación de la ley de monumentos, respecto de un patrimonio propio.

Después de tres años de los hechos, los comuneros recibieron citación de la fiscalía local, en virtud de la denuncia realizada por la Brigada de delitos medioambientales de la Policía de Investigaciones. Se desarrolló el procedimiento correspondiente ante el Tribunal de Garantía, con un Defensor local a cargo.

Ante los abrumadores antecedentes en su favor, la comunidad recibió el apoyo de diversos sectores durante la investigación, de quienes suscriben, del Partido Comunista de Atacama, y del Senador Alejandro Navarro. Finalmente la Fiscalía entendió que no había ningún hecho que revistiera carácter de delito y aplicó el denominado “principio de oportunidad”, en virtud del cual cesó la persecución penal, decisión que fue aprobada judicialmente.

Estos hechos nos remecen profundamente, pues costó probar la inocencia de la comunidad, y revelan la vulnerabilidad de los pueblos originarios ante las leyes que protegen el patrimonio cultural y natural, usurpado por privados y por el mismo Estado, quienes promueven la aplicación del derecho penal contra población vulnerable, por el uso inocente y aún justificado de su propiedad ancestral, avalada por el derecho internacional.

Desde ya creemos que es necesario ajustar los criterios de aplicación de los delitos patrimoniales. En términos simples, ni la PDI ni las fiscalías, deberían perseguir tales delitos “a lo bestia”. Debe haber un criterio, el cual es materia de los instructivos generales de la Fiscalía Nacional. De lo contrario, nuevamente el ladrón (el Fisco) podrá denunciar al legítimo dueño (los indígenas) y llevarlo a la cárcel.

Fuente:http://www.mapuexpress.org/?p=19628

Poco se había escuchado hablar del Túnel de Agua Negra, hasta que la Presidenta Michelle Bachelet se refirió a él en su última cuenta pública como “el mayor proyecto de interconexión con Argentina” entre la IV Región de Coquimbo y la provincia de San Juan. El vínculo de esta iniciativa con proyectos minero-portuarios como Dominga, Puerto Cruz Grande y la “ampliación” del Puerto de Coquimbo, posicionan a Aguas Negras como piedra angular de grandes intereses económicos y políticos con redes en la UDI y la DC, y que amenaza con devastar el equilibrio medioambiental, ya que los tres puertos estarían ubicados en las zonas de influencia de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

El transcurso de la intensa noche del pasado 9 de marzo demostraba, quizás como nunca antes, lo que significó la llegada del proyecto Dominga a la comuna y al pueblo de La Higuera. Mientras algunos higuerinos se dirigían a hacer barricadas en la Ruta 5 Norte, otros protestaban en la plaza del pueblo justo frente a la Casona Dominga, el centro estratégico de la minera en la zona, desde el cual pretende acercarse amigablemente a los más de 4.000 habitantes que hoy componen la comuna. ¿La razón? La reñida votación de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental de Coquimbo, que terminó con el rechazo de Dominga gracias al voto decisivo del intendente de la región, Claudio Ibáñez.

Las manifestaciones en la plaza del pueblo enfrentaron a los simpatizantes de Dominga con sus detractores.

Hasta ahora, Minera Dominga ha sido el blanco de constantes críticas por parte del mundo medioambiental, dado el impacto que tendría su emplazamiento en esta zona costera que es bañada por las frías y nutritivas corrientes de Humboldt. Sin embargo, en la actualidad, Minera Dominga no es el único proyecto industrial que pretende instalarse en el lugar.

En la zona comprendida entre la localidad conocida como Barrancones y Totoralillo Norte, están contemplados otros dos grandes proyectos portuarios que han pasado prácticamente inadvertidos y que, sumados a Dominga, supondrían un impacto medioambiental sin precedentes, debido a su cercanía con la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH). Se trata de Puerto Cruz Grande, propiedad de la CAP Minería, y de un nuevo proyecto de la Empresa Portuaria de Coquimbo (EPCO), iniciativa industrial de propiedad del Estado, aún en carpeta, pero cuya construcción –según distintos actores– se encuentra rodeada de incertidumbre sobre si será un nuevo puerto o una “ampliación”, como se ha dicho públicamente.

Los tres proyectos están unidos entre sí por una gruesa trama de vinculaciones político-empresariales, que en su conjunto conforman un verdadero complejo de infraestructura portuaria, insólito en una zona de preservación marina.

¿Cómo Coquimbo pasó de caracterizarse como una región comprometida con la preservación del medioambiente a una con vocación industrial portuaria?

Más allá de los cuestionados procesos de calificación ambiental, fuentes aseguran que el instrumento de planificación urbana conocido como Plan Regulador Intercomunal (PRI) de la Provincia del Elqui fue vital para la consolidación de este tránsito entre los intereses de la región. La historia de dicho plan parece tan sospechosa como estratégica: se formuló en 2005, bajo otros parámetros, que permitían la protección de la biodiversidad, pero en el transcurso de 10 años se modificó de tal forma, que terminó consolidando un nuevo complejo portuario en la comuna de La Higuera.

El panorama coincide justo con la licitación y construcción de un meganegocio de infraestructura que asoma desde la cordillera: el Túnel de Agua Negra, un proyecto bioceánico que pretende mejorar la conectividad e integración entre Chile y Argentina, cuya construcción se estima aproximadamente en diez años. Para esa fecha, los proyectos portuarios de la región estarían ya completamente operativos. Se abren así nuevas y estratégicas conexiones.

¿Existe algún vínculo directo entre Agua Negra y los puertos que actualmente pretenden instalarse en el sector costero de Coquimbo?

Preparando la zona

Ubicado a 64 kilómetros al norte de La Serena, el pueblo de La Higuera se encuentra prácticamente en medio de la nada. Rodeados de numerosos cerros color marrón que componen un constante y agotador paisaje para quien no sea de la zona, algunos higuerinos ven hoy en Dominga una importante fuente de creación de empleos, no solo para sus habitantes sino también para una comuna donde el 23,25% de su población se encuentra en situación de pobreza, según datos de la encuesta CASEN 2011-2013.

Precisamente el que La Higuera sea considerada una zona con indicadores de pobreza ha sido uno de los principales argumentos por parte de los distintos defensores e impulsores de las iniciativas industriales- portuarias en la IV Región, quienes valoran sus oportunidades laborales y de desarrollo.

La Higuera forma parte del Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui, junto a las comunas de La Serena, Coquimbo, Vicuña, Paihuano y Andacollo. Este instrumento se trabajó durante años en la zona y fue aprobado el 28 de julio de 2014 por el Consejo Regional, pero que se encuentra objetado en la Contraloría General de la República.

Antes de asumir como intendente por la IV Región, Sergio Gahona –ex rector de Inacap por La Serena, Copiapó y Calama– decidió renunciar en 2009 para lanzar su candidatura a diputado por la UDI. Sin embargo, tras no ser electo, recibió la oferta del entonces Presidente Sebastián Piñera de asumir como máxima autoridad en Coquimbo, cargo que ocupó hasta el 12 de noviembre de 2012.

Durante ese período, el hoy ex intendente fue uno de los principales impulsores del Plan Regulador Intercomunal, que incluye la posibilidad de instalar tres puertos en las cercanías de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, lo que a la postre implica convertir a la Región de Coquimbo de una zona con vocación medioambiental a una zona netamente industrial. “Busqué darles posibilidad a los grandes motores o palancas del desarrollo de la zona: la minería, agricultura, turismo, los servicios y también la pesca y la acuicultura”, dice.

Múltiples fuentes apuntan, sin embargo, al actual diputado UDI como uno de los actores que tuvo injerencia directa en el PRI, patrocinando la vocación portuaria de la zona.

Pero no solo huellas de la UDI han estado presentes en la defensa del Plan Regulador que permite el emplazamiento de los proyectos portuarios en las zonas de preservación. La Democracia Cristiana también ha jugado un rol protagónico. Una de sus figuras clave y reconocida en la zona es el diputado Matías Walker, reconocido defensor de los proyectos portuarios en la IV Región, y también de un viejo camarada de la zona, Francisco Villalón, ex seremi de Economía en el primer Gobierno de Michelle Bachellet, ex gerente de la Empresa Portuaria de Coquimbo (de la que depende el tercer puerto en carpeta) y actual Gerente de Asuntos Corporativos de Andes Iron, propietaria de Minera Dominga.

Matías Walker, si bien considera que este es un buen plan regulador, no duda en trasladar la responsabilidad –sobre la destinación de espacios para la eventual construcción de tres puertos en el sector costero de La Higuera– al actual intendente y a quienes trabajaron en la zonificación. “Si el intendente propone que en la comuna de La Higuera existan tres puertos, obviamente que cualquier titular puede presentar un proyecto que proponga la habilitación de un puerto en la zona que está dibujado en la zonificación que necesita un puerto, por eso se aprobó el proyecto Cruz Grande”, afirma.

En los hechos, Cruz Grande se va a emplazar en el sector de Chungungo que, al igual que Totoralillo Norte, son zonas preferentemente de extracción de recursos bentónicos –aquellos organismos que habitan en los ecosistemas acuáticos– y de caletas pesqueras, según el documento “Zonificación de los usos del borde costero de la Región de Coquimbo”, elaborado en 2005 por el gobierno regional.

Si bien existen instrumentos de seguimiento y monitoreo promovidos por el señalado gobierno regional en torno al uso del borde costero, extraña que un documento tan relevante como este no sea considerado seriamente por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como primera instancia evaluativa de estos proyectos minero-portuarios.

Pese a que el Plan Regulador de la Provincia del Elqui fue aprobado por la Comisión Regional de Coquimbo a mediados de 2014, el documento ingresó a la Contraloría Regional el 22 de noviembre de 2016 y en abril de este año a Santiago, pues –de acuerdo a un oficio de Contraloría obtenido vía Transparencia– el organismo fiscalizador se abstuvo en 2015 por distintas consideraciones erróneas del documento, razón por la cual aún está siendo estudiado. Sin embargo, pese a las correcciones realizadas a dicho documento, fuentes aseguran que su aprobación está lejos de concretarse, debido a los errores aun mayores que presenta actualmente (ver documento de Contraloría).

La Higuera dividida

“¡Chupamedias!”, gritaban los simpatizantes de Dominga a sus detractores esa noche del pasado 9 de marzo en la plaza del pueblo de La Higuera. Personas que estaban allí afirman que, de un momento a otro, los insultos entre ambos bandos se incrementaron y que los simpatizantes de la minera comenzaron a tirar piedras provocando la dispersión de aquellos que se oponen tajantemente al proyecto.

En medio de la oscuridad del lugar, fuentes que piden reservar su identidad cuentan haber divisado a un hombre y a una mujer con cargos públicos en la comuna gritando consignas en contra de los detractores de Dominga: el concejal UDI Roquer González y la concejala Beatriz Hernández de la misma colectividad, ambos electos en 2016. Asimismo, aseveran que el alcalde UDI, Yerko Galleguillos, ha estado desde siempre a favor de Dominga y que, tal como si fuera su propia casa, ese día funcionarios de la Municipalidad de La Higuera izaron una bandera negra en señal de apoyo a la minera.

Su paso por las diferentes etapas de evaluación ambiental que aún mantienen a Dominga expectante respecto de la decisión del Comité de Ministros del próximo 10 de agosto, no ha sido impedimento para que la empresa organice estratégicas actividades que acerquen el proyecto a la gente de la comuna de La Higuera. Aliro Zarricueta, dirigente del gremio de pescadores de Los Choros y presidente de la federación de la comuna, cuenta que Dominga ha organizado onces en el restaurante Los Troncos, donde la gente puede disfrutar de “deliciosas churrascas y tortas”. Gente que, según Zarricueta, no es representativa de la comuna, al tratarse de aquellos “ancianitos que ya han vivido su vida, unos solterones también que están acá. Esa es la gente que los sigue”.

Además de la instalación de WiFi gratis en la plaza del pueblo, las fuentes también aseguran que Dominga actualmente fabrica chaquetas bordadas con el logo de la minera y que el trabajo en el colegio Pedro Pablo Muñoz ha sido “escalofriante”. Tanto así que a Karol Escobar Gómez, ex profesora del establecimiento que en una ocasión les informó a los niños sobre los beneficios y perjuicios de Dominga, terminó siendo inhabilitada para hacer clases por parte de las autoridades del colegio (lea aquí la denuncia).

Una de sus últimas polémicas actividades se realizó el pasado fin de semana en La Serena, donde la compañía organizó la feria laboral “Prepárate para Dominga”, como principal salida publicitaria de los 9.800 puestos de trabajo que pretende ofrecer de lograr su completa aprobación. El evento causó el rechazo total por parte de organizaciones medioambientales y vecinos del sector, quienes acusan una “falta de ética y moral” tremenda por parte de la empresa, al ser Dominga un proyecto que aún está en “veremos”.

Para lograr un vínculo entre la comunidad y Dominga se necesitaron de personas clave que impulsaran tanto la curiosidad como las ganas de la gente de asistir a las distintas actividades de la minera en la zona. Según publicó El Mostrador, durante el año 2013 el diputado DC asistió a una reunión para conversar de Dominga:  el lunes 18 de marzo de ese año, Walker se presentó en las oficinas de Andes Iron para conversar del proyecto junto a los empresarios Carlos Alberto Délano y Mario Livingstone.

Nancy Duman, representante de la organización medioambiental Sphenisco, cuenta que en enero de este año, en la Universidad Pedro de Valdivia, Matías Walker se reunió con los representantes de Dominga y con la gente que integra la mesa del Acuerdo Marco, instancia que “formaliza y regula la relación entre el proyecto Dominga y la comunidad de La Higuera”, según documentos de Andes Iron. Lo curioso es que, solo un mes después, Walker rechazó una reunión con dirigentes de pescadores y organizaciones medioambientales, antes de la sesión de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental de Coquimbo.

Duman asegura que, después de la reunión del Acuerdo Marco, Walker “invitó a la gente a asistir a la sesión especial de la Cámara y también les hizo sugerencias de cómo debían organizarse. Posteriormente, él fue muy explícito en su intervención del día 8 de abril, que tuvo lugar en la sesión especial en la Cámara de Diputados”, evidenciando una vez más su total apoyo al proyecto.

Además, la representante de Sphenisco explica que no solo han intentado reunirse con Walker sino también con Sergio Gahona y el senador democratacristiano Jorge Pizarro. Este último, convocado con Walker a la reunión de marzo para la cual excusó su asistencia. En relación con Gahona, Duman afirma que en diversas oportunidades se le ha solicitado una audiencia vía Ley de Lobby  y que no han recibido respuesta alguna.

Además del nulo interés de ambos diputados por las valoraciones medioambientales que sostienen organizaciones y trabajadores de la comuna, Gahona y Walker presentaron el pasado 4 de abril una propuesta de trabajo en Sala, respecto a las “medidas por la excesiva politización de las fases administrativas vinculadas a la evaluación ambiental de proyectos mineros como el denominado Dominga”, lo que para muchos es contradictorio.

Dominga no está sola

“A nosotros nos están dando como bombo en fiesta, pero nadie habla de Cruz Grande. Hay una inconsistencia. Pero eso no me lo tienes que preguntar a mí, tienes que ir a preguntarle a Oceana, a Modema, ¿por qué no alegan contra Cruz Grande? Si, en rigor, les interesan las especies protegidas”, dice Iván Garrido, gerente general de Andes Iron, con un dejo de risa, pero también de molestia.

Si bien organizaciones medioambientales como Oceana, Modema y Sphenisco han venido realizando un arduo trabajo en torno al Puerto Cruz Grande, desde que entró al SEA en 2012, es quizás la audaz estrategia comunicacional de bajo perfil de CAP Minería –empresa que desarrolla sus negocios a través de la CMP– la que ha hecho que este proyecto pase casi inadvertido tanto en los medios como en la misma zona.

Al igual que Dominga, Puerto Cruz Grande pretende ubicarse en la comuna de La Higuera, pero mucho más cerca de las zonas de preservación, específicamente en la localidad de Chungungo, a 10 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

A diferencia de Dominga, que plantea una circulación de entre 3 a 4 barcos mensuales de gran calado en las cercanías de la Reserva Pingüino de Humboldt, Cruz Grande proyecta atender anualmente 75 naves graneleras, vale decir, entre 6 y 7 buques mensuales, de hasta 300.000 DWT (siglas en inglés de tonelaje de peso muerto), con una capacidad promedio de 180.000 toneladas por buque.

Esta enorme circulación de buques por las zonas de preservación ecológica transforma a Cruz Grande en una amenaza potencial a la biodiversidad de la zona, de mayor envergadura que la representada por Dominga. Ahora, en el caso de que ambos proyectos se instalen en la zona, las consecuencias serían de proporciones.

El propósito inicial de Cruz Grande es “brindar los servicios de recepción, acopio y embarque de graneles minerales de hierro requeridos por el ‘Proyecto Tofo’” –también de CAP Minería– y, eventualmente, por otros proyectos mineros o de infraestructura, dentro de los cuales podría incluirse el Túnel Agua Negra. La instalación portuaria tendrá una vida útil de al menos 50 años, contará con una inversión de USD $250 millones y permitirá el embarque de 13,5 millones de toneladas de minerales a granel al año.

El silencio de Cruz Grande

A diferencia de Dominga, el proceso de evaluación ambiental de Cruz Grande ha sido silencioso, pero no menos polémico. En 2012, CAP Minería ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto Puerto Cruz Grande, mediante la presentación del Estudio de Impacto Ambiental. Luego de dos años y medio de tramitación, el 30 de enero de 2015, en el salón Prat de la Intendencia Regional, la comisión de evaluación de la época votó la resolución de calificación ambiental (RCA) del proyecto. El resultado fue 11 votos a favor y uno en contra, este último del entonces seremi de Agricultura, Francisco Rojas. Inmediatamente después de esta oposición, el seremi fue despedido de su cargo.

Fue la misma senadora PPD por Coquimbo Adriana Muñoz quien firmó una declaración pública expresando su “profundo malestar por una decisión que consideramos inadecuada y, fundamentalmente, inoportuna. Resulta imposible separar este repentino alejamiento,  de  la votación negativa de nuestro Compañero Francisco Rojas respecto de la reciente evaluación ambiental del proyecto Puerto Cruz Grande”.

Tras esta votación, distintos actores ingresaron reclamaciones en contra de la iniciativa, cuyos esfuerzos no lograron frenar que el Comité de Ministros –tercera instancia de evaluación– aprobara Puerto Cruz Grande. Por ello, el 17 de marzo de 2016, los mismos reclamantes acudieron a la siguiente instancia: el Tribunal Ambiental de Santiago. El documento emitido por este en relación con el caso, señala que la causa “queda en acuerdo”, es decir, con sentencia ya definida por los magistrados, pero sin que se haya aún redactado el fallo en poco más de un año.

Sin embargo, el 31 de mayo de 2017, un día antes de la última cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet, donde a la vez se dio a conocer el Túnel de Agua Negra, el Tribunal Ambiental aprobó Puerto Cruz Grande, pese a los recursos de reclamación de Modema y a la presión de distintas organizaciones medioambientales.

“Cruz Grande no tiene proyecto minero, es un puerto sin flujo. No tienen ninguna mina ahí funcionando, ellos no tienen estudios de factibilidad ni nada”, afirma Garrido en la oficina de Andes Iron. Sin embargo, según el sitio web de Minería Chilena, CAP Minería presentó en 2014 una cartera de proyectos, dentro de los cuales destaca su iniciativa más costosa: Proyecto minero El Tofo, “una mina greenfield –desarrollada desde cero– ubicada en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, y que tiene potencial para producir 13,5 millones de toneladas de hierro por año. Costará, según las estimaciones actuales, US$2.900 millones”, detalla el portal minero. Aunque el mercado del hierro ha pasado de un boom en años anteriores a un equilibrio crítico entre costos y precio.

A diferencia de Andes Iron, CAP no quiso dar declaraciones tras ser consultado para este reportaje. Pese a que el argumento fue falta de vocería, ya es parte de su habitual estrategia comunicacional: el silencio total en prensa. La incertidumbre en torno a este gran proyecto minero portuario continúa en el cerrado círculo de una de las empresas mineras privadas más grandes de Chile.

Puerto de Coquimbo en carpeta

En términos de proyección, el Puerto de Coquimbo busca superar las 832.754 toneladas de carga transportadas durante 2016. Aspiración digna de la que se constituye como la principal salida marítima de la IV Región.

Actualmente el puerto es administrado por la Empresa Portuaria Coquimbo (EPC); una empresa del Estado de corte empresarial, con autonomía administrativa y financiera, constituida en 1998. Luego de concluir la licitación por el frente de atraque del puerto de Coquimbo, el 9 de marzo de 2012, EPCO firmó un contrato de concesión con Terminal Portuario Coquimbo (TPC), empresa perteneciente al holding Ultramar que, a partir del 1 de abril de 2012, comenzó a operar dicho frente de atraque por los siguientes 20 años, comprometiendo asimismo un programa de inversiones para la construcción de un tercer sitio de atraque (embarques de graneles) y de un terminal de pasajeros.

El 5 de enero de este año, el TPC nombró como directores para un nuevo periodo estatutario a los titulares Jan Vermeij, Fernando Reveco y Andrés Elgueta, y los suplentes Richard von Appen, Álvaro Brunet y Fernando Elgueta. Von Appen junto a Andrés y Fernando Elgueta son personajes conocidos en la zona.

El primero, por ser parte del linaje de los Von Appen, e integrante de la empresa familiar Ultramar, que actualmente controla la sociedad Inversiones Neltume Limitada, una de las grandes accionistas del TPC.

Los Elgueta, por su parte, han mantenido su presencia en la zona y a lo largo de Chile por sus negocios con la sociedad Inversiones y Construcciones Belfi Limitada, otra de las principales accionistas de TPC. Dicha sociedad está controlada actualmente por Enrique Elgueta Gálmez, Héctor Elgueta Gálmez, Andrés Elgueta Gálmez y Óscar Guillermo Cisternas Sánchez.

El vínculo de los Von Appen no se ha reducido al Puerto de Coquimbo sino que también han incursionado administrativamente en otra grande del rubro: CAP Minería. Sven Von Appen fue director de la compañía desde 2002 hasta 2009. Ese mismo año pasó a ser vicepresidente de la firma, hasta 2012, para en 2013 volver a ser director, según las actas de las memorias anuales de la CAP.

Sin embargo, su vínculo es tan administrativo como comercial, puesto que todo el mineral proveniente de las minas El Romeral –también propiedad de CAP Minería–  tienen su salida por el Puerto Guayacán que, a su vez, es propiedad de Ultramar.

Pero más allá de los proyectos en curso, Nancy Duman cuenta que la empresa contempla un nuevo puerto, que en términos técnicos le denominan “Proyecto de ampliación del Puerto de Coquimbo”, pero que en realidad se trataría de un nuevo complejo, que se instalaría en la zona de Barrancones.

Pese a señalar que es una iniciativa que actualmente “está en carpeta”, es decir, que no se encuentra en el sistema, sí ha sido discutida en algunas reuniones donde participan instituciones públicas como el MOP. Además, asegura que el proyecto ha estado en presentaciones de Sernapesca y Conaf.

En este punto, Walker sostiene que “está dibujado en el Plan Regulador Intercomunal, aprobado por el gobierno regional, cuáles son las zonas donde pueden permitirse puertos, y entiendo que en la comuna de La Higuera están aprobados tres lugares para emplazamientos portuarios; uno corresponde al proyecto Cruz Grande ya aprobado, otro al futuro puerto de Dominga y otro pensando precisamente en que el Puerto de Coquimbo no pueda quedar abajo, no pueda dar abasto y se necesite un puerto adicional”, explica.

Lo cierto es que, de ubicarse este nuevo proyecto en el sector de Barrancones, se convertiría en un amenaza igual o incluso peor que Dominga y Cruz Grande para la zona, y quedaría emplazado precisamente en el sector donde iba a construirse la Termoeléctrica Barrancones antes de que Sebastián Piñera interviniera en “favor de la naturaleza” el año 2010.

El Mostrador intentó contactar a Empresa Portuaria Coquimbo (EPCO), para consultarle sobre si esta nueva proyección del Puerto de Coquimbo al norte de Cruz Grande corresponde a una iniciativa de la compañía. Sin embargo, luego de constantes insistencias, no obtuvimos respuesta.

Todo conduce al Túnel de Agua Negra

Dos túneles de 7 kilómetros de diámetro y 13,9 de largo cada uno. Con esas medidas el Túnel de Agua Negra pretende atravesar la Cordillera de los Andes con el fin de mejorar la conectividad y el traspaso de mercancías entre Argentina y Chile, específicamente entre la provincia trasandina de San Juan y la Región de Coquimbo.

Este megaproyecto se enmarca dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), un foro de diálogo que desde 2010 reúne a los 12 estados que actualmente conforman la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y cuyo objetivo es “la planificación y desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones”.

El IIRSA establece diez Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs) a lo largo de Sudamérica, delimitando franjas transversales entre países donde se concentran espacios naturales, zonas productivas, asentamientos humanos y flujos comerciales. Sobre la base de dichos ejes, esta iniciativa plantea una serie de proyectos que van desde la construcción de carreteras, líneas férreas y aeropuertos, hasta túneles de gran envergadura, como Agua Negra, enmarcado dentro del área de influencia del eje Mercosur.

Además del apoyo de los diferentes gobiernos de turno, que desde 2009 vienen impulsando el túnel en ambos países, un megaproyecto como Agua Negra necesita de una entidad sólida capaz de sostener el diálogo y coordinación entre sus representantes. Para ello se creó la Entidad Binacional para el Proyecto de Túnel de Baja Altura del Paso de Agua Negra (EBITAN) en 2010, cuya última principal decisión fue la precalificación de los grandes consorcios que desean adjudicarse la licitación del túnel, muchos de ellos conformados por grandes empresas argentinas cuestionadas por su vínculo con personajes políticos del país trasandino, acusados de corrupción y lavado de dinero.

Para que un proyecto de la envergadura de Agua Negra funcione, la Región de Coquimbo debe contar con un nivel de desarrollo que permita el tránsito y exportación de los diferentes productos que llegarán desde Argentina.

Según el documento del PTI del Túnel de Agua Negra, su importancia radica en que “el área de influencia y los impactos tomados en consideración exceden a los que se incluyen en la evaluación estándar de este proyecto”, específicamente en su estudio de impacto ambiental.

Las etapas de elaboración del PTI incluyen planes, programas y proyectos que permitan su implementación, además de estratégicos ejes de acción en la Región de Coquimbo que van desde la conectividad física y actividades económico-productivas, hasta la identidad de la sociedad local y protección del patrimonio cultural.

El eje de la conectividad física abarca desde la mejora de la conectividad vial y ferroviaria donde, por ejemplo, se incluyen proyectos de pavimentación de rutas, hasta la mejora de la oferta portuaria de la Región de Coquimbo.

La página 58 del documento señala a Dominga, Cruz Grande y el proyecto de ampliación del Puerto de Coquimbo como parte de la mejora de dicha oferta portuaria.

En términos concretos, esto significa que la EBITAN considera como un elemento fundamental de su megaproyecto la construcción de los tres proyectos en la zona.

El presidente de la EBITAN por nuestro país y representante del Ministerio de Obras Públicas en esta materia, Enrique Álvarez, asegura que en ambos lados de la Cordillera –Región de Coquimbo y provincia de San Juan– están siendo preparados para lo que va a ocurrir después de la construcción de este túnel.

“Lo que se nos ha informado desde ambos estados son proyectos que están de la mano con la construcción del túnel por la implicancia que tiene. Tienen que ser los gobiernos regionales y los propios estados los que definan cuáles proyectos. Nosotros, es información que recibimos en cuanto a idea, en cuanto a proyección, pero como entidad binacional estamos a cargo de la construcción y fiscalización del Túnel de Agua Negra», dice Álvarez.

Sin embargo, no solo se incluyen los puertos sino también la aprobación del PRI del Elqui, específicamente en el eje estratégico “riesgos de origen natural y antrópico”. Esta tarea está asignada, según el propio documento, al gobierno regional de Coquimbo y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Una de los problemas que enfrentan los complejos portuarios con la vinculación a Agua Negra, es que cada uno ha presentado los estudios de impacto ambiental por separado, y no como parte de un gran complejo de infraestructura que tendrá un impacto sin igual en la región.

Pese a que el documento del Túnel reconoce a Dominga como parte de la finalidad que tendrá Agua Negra, Garrido, de Andes Iron, se desmarca del gran proyecto: “Nadie se nos ha acercado ni hemos tenido ninguna conversación respecto al Túnel de Agua Negra. Por lo tanto, nuestro estudio de impacto ambiental es solamente para sacar el mineral de Dominga, es decir, si fuéramos aprobados, habría que hacer otro estudio para ver si es posible usar ese puerto para otros fines. Por lo tanto, no tenemos ninguna relación formal con Agua Negra. Nunca nos han invitado, y es raro que nos nombren”.

“Lo encuentro notable… eso a mí me indigna. Y créeme, de buena fe, no tenemos idea, y te puedo dar pruebas de que nunca se ha acercado una autoridad a hablarnos sobre esto a nosotros. Yo no tenía idea (…). Pero lo que te quiero decir yo, como ciudadano, si eso está escrito, eso debería haber sido socializado en la región, discutido en miles de paneles, en los diarios, en editoriales, en opiniones, debería ser súper transparente, toda la gente de la Región de Coquimbo debería conocer eso”, sostiene Garrido.

En este contexto de contradicciones y desinformación entre las autoridades de Gobierno, de la región y empresarios en la zona, los trabajadores y vecinos de la comuna de La Higuera viven hoy en un escenario de desconfianza, divisiones e incertidumbre frente a lo que pasará en una de las zonas más importantes del centro-norte del país, cuyos terrenos se encuentran ya en manos de algunos empresarios.

El Túnel de Agua Negra y sus funcionales proyectos Dominga, Puerto Cruz Grande y la “ampliación” del Puerto de Coquimbo planean ser los pilares esenciales del que será el complejo portuario más grande de Chile. Si bien promete ser el corazón del desarrollo industrial que las autoridades pregonan, las implicaciones de su asentamiento impactarán no solo en las reservas marinas y zonas de biodiversidad que los distintos gobiernos de turno se han comprometido a defender, sino también en la calidad de vida de la que hoy es una de las comunas más pobres del país.

Fuente:http://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/07/27/tunel-de-agua-negra-el-meganegocio-de-infraestructura-y-su-desconocido-vinculo-con-los-proyectos-dominga-y-cruz-grande/