Antofagasta convive desde hace décadas con la actividad minera, donde el polvo y la presencia de metales pesados forman parte del paisaje cotidiano.
Nicole Donoso 23/06/2026
Mantos Copper S.A. presentó proyecto al SEA que amplia operaciones de la minera de cobre Mantos Blancos de Antofagasta.

Esta semana, la minera Mantos Copper S.A. presentó un millonario proyecto que amplia las operaciones de la faena minera de cobre Mantos Blancos de Antofagasta, advirtiendo algunos impactos significativos, como la emisión de material particulado, en una región marcada históricamente por la actividad minera y la exposición prolongada a polvo con metales pesados.
Se trata del proyecto «Mejoras y aumento de capacidad para la continuidad operacional de la Faena Minera de cobre Mantos Blancos», que ingresó a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el pasado lunes.

Con una inversión de US$500 millones, la minera Mantos Copper S.A. pretende ampliar las operaciones de Mantos Blancos, ubicada a 45 km de la ciudad de Antofagasta, extendiéndose a las comunas de Sierra Gorda y Mejillones —en cuánto a las rutas de traslado de cobre— para la extracción a cielo abierto de minerales y su posterior procesamiento.

La primera etapa del proyecto busca mantener estable la capacidad de procesamiento de mineral (sulfuros) en 7,3 millones de toneladas por año. La segunda apunta a ampliar su capacidad hasta llegar a 9,8 millones de toneladas anuales en 2031, que se mantendrá constante hasta 2041.

Riesgo ambiental: materia particulado y calidad de agua
El proyecto ingresó al SEIA a través de un EIA , es decir, reconoce impactos negativos para el medio ambiente y/o las comunidades. En particular, se detecta «riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos» sumado a «efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire».

Según el EIA, uno de los principales problemas será el aumento de la generación de relaves finos y gruesos —residuos del procesamiento de los minerales de la roca— que representan un riego para la salud humana debido a su toxicidad. Para abordar este punto, la empresa minera definirá lugares específicos y controlados para su depósito.

En cuanto a las fases de construcción y operación, el documento reconoce riesgos significativos en la salud de la población del sector de Baquedano por emisiones de materia particulado MP10, zona que se encuentra en condición de saturación desde antes del proyecto, lo que agrava este riesgo.

Para abordar este impacto, la empresa ofrecerá medidas de compensación, más no de mitigación. Es decir, como no pueden reducir emisiones, proponen estabilizar y pavimentar una calle, con el fin de eliminar otra fuente de local de polvo en Baquedano. Este punto deberá ser analizado por el SEA.

Respecto a la fase de operación y cierre, se detecta el aumento local del nivel piezométrico y la variación en la calidad del agua subterránea del acuífero de Sierra Gorda, producto de infiltraciones acumuladas desde las instalaciones mineras (relaves, botaderos, planta).

Para ambos puntos la empresa propone medidas de mitigación directa a través de barreras hidráulicas, que extraerán agua contaminada para evitar su expansión.

Finalmente, reconocen como riesgo significativo la alteración de atributos visuales del paisaje. En cuanto a impactos relevantes, se detecta pérdida de suelos, perturbación de fauna silvestre de baja movilidad (especialmente Liolaemus torresi, especie Casi Amenazada), alteración de patrimonio arqueológico y paleontológico, y afectación a la calidad de la infraestructura vial de la Ruta 5 Norte por disolución de sales.

Antofagasta: la ciudad que respira polvo
Antofagasta ha estado históricamente expuesta a la contaminación por polvo con metales pesados en distintas zonas urbanas, especialmente en sectores cercanos al puerto y a áreas ferroviarias. Investigaciones de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) han confirmado la presencia de elementos como plomo, cobre, zinc y arsénico en calles del centro de la ciudad, producto de la actividad portuaria y el transporte de concentrados minerales.

Esta situación ha significado la exposición de más de mil personas a riesgos directos para la salud, lo que ha derivado en sanciones económicas contra las empresas responsables. En particular, se ha alertado sobre la situación de niños y niñas que han presentado niveles elevados de metales en su organismo, lo que ha sido asociado a daños en el desarrollo neurológico y otras enfermedades graves.

Uno de los casos más recientes ratificados por el Tribunal Ambiental corresponde a una multa de alrededor de un millón de dólares a la empresa portuaria Antofagasta Terminal Internacional (ATI), tras comprobarse el incumplimiento de medidas de limpieza ordenadas por la autoridad ambiental.

A lo largo de los años, la contaminación no se ha limitado solo al entorno portuario, sino que también ha afectado a suelos ferroviarios de la ciudad, donde se han detectado nuevamente concentraciones de metales pesados incluso después de procesos de limpieza.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/millonaria-expansion-minera-mantos-copper-antofagasta-eleva-alertas-emision-material-particulado-n5459874

Vecinos de la comunidad denuncian que el proyecto de la minera Plata Carina contempla exploraciones en un cerro sagrado donde nacen las aguas del salar de Tara.
Barinia Montoya 23/06/2026
Salar de Tara, ecosistema amenazado por la minería.
Foto: Ramón Balcazar, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos.

El viento del altiplano ruge con una fuerza implacable por las faldas del Tata Poquis, un cerro sagrado que supera los 4500 metros sobre el nivel del mar, en la Región de Antofagasta, en el norte de Chile. En esta cumbre árida donde el oxígeno escasea, nacen las vertientes subterráneas que sostienen la existencia de la comunidad indígena lickanantay de Toconao.

Para ellos, esa agua pura que brota y se encauza de forma natural por los pliegues de la cordillera hasta transformarse en el río Jere es una arteria hídrica vital que no solo los abastece a ellos, sino que hace posible la ganadería de altura y un oasis frutícola único en medio del desierto más seco del mundo.

El 20 marzo de 2026 la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —el órgano central encargado de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) — decidió dar luz verde al proyecto “Prospecciones Aida” de Minera Plata Carina SpA. La decisión contradice la postura de la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta, que lo había rechazado originalmente en enero de 2025.

Con una inversión estimada de 1.1 millones de dólares, el proyecto consiste en la ejecución de ocho sondajes mineros de perforación diamantina para recolectar muestras de roca y evaluar el potencial de minerales de plata de alta ley o alta calidad en la zona. El expediente oficial del proyecto fue ingresado al SEIA en 2023 bajo una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un trámite simplificado donde la propia empresa declara que no generará daños graves. De acuerdo con ese documento, las faenas proyectan una duración de ocho meses y contemplan la apertura de caminos de acceso, un campamento temporal y piscinas de decantación.

Minera y el salar de Tara
La aprobación ambiental del SEA desató una batalla legal que escaló rápidamente hasta el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores de Toconao, junto a dos personas de la misma comunidad, presentaron dos reclamaciones en contra de la Dirección Ejecutiva del SEA. Solicitaron dejar sin efecto la resolución que calificó favorablemente al proyecto.

Para la comunidad de Toconao, la preocupación por el proyecto minero tiene que ver con la supervivencia. “Nosotros no frenamos el desarrollo, de hecho, hemos llegado a complejos acuerdos con entidades del Estado de Chile por la explotación del litio en el Salar de Atacama, pero nuestra línea roja de resistencia era que no nos tocaran las cabeceras de cuenca que utilizamos para vivir», dice Leticia González, ingeniera agrónoma e integrante de la comunidad de Toconao.

Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

La ofensiva legal tuvo un primer triunfo cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta paralizó provisionalmente las faenas en mayo. Sin embargo, el mismo tribunal levantó luego la medida cautelar en una votación dividida. Ante este revés, Toconao interpuso un recurso de reposición para exigir una audiencia pública.
La defensa de las aguas

“Realmente nos parece que hay un desconocimiento grande de las realidades territoriales [por parte] de los organismos que operan desde la capital del país. Ellos no saben cómo se vive y lo que uno elige vivir en estos territorios”, señala González.

Toconao está ubicado a 2400 metros de altitud, pero su existencia depende del sistema hídrico situado a 4500 metros sobre el nivel del mar, en pleno altiplano de la región de Antofagasta. A diferencia de los centros urbanos costeros o de las grandes operaciones mineras del norte chileno, la localidad no posee plantas desaladoras ni pozos de extracción profunda; el suministro proviene del agua que brota de la montaña, transformándose en el río Jere.

Este caudal es el motor de un oasis agrícola en el desierto atacameño, donde la comunidad cultiva variedades de papas, porotos y maíz, además de mantener huertos de olivos, damascos, granadas, membrillos, peras y cítricos que se abastecen exclusivamente de los caudales del río Jere. La eventual alteración de este flujo hídrico afectaría tanto a estos cultivos de subsistencia en la zona media como a la ganadería camélida que las familias practican en las vegas altas, áreas adyacentes al proyecto de exploración.

La microbióloga y experta en salares Cristina Dorador coincide en la fragilidad extrema de este ecosistema y advierte —a través de sus redes sociales— que el Salar de Tara es uno de los pocos que no presenta intervención directa humana, por lo que sus condiciones han permanecido estables en el tiempo. Dorador detalla que en este entorno existen bofedales, ecosistemas donde la tierra se encuentra cubierta de agua dulce de manera permanente o temporal. Hacia el fondo de la cuenca, aquellos bofedales se van salinizando hasta formar la laguna hipersalina y el salar.

Este ecosistema, protegido como Sitio Ramsar y parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, es además un área crítica para la nidificación de las tres especies de flamencos que habitan en Chile: el chileno (Phoeniconaias chilensis), el James o parina chica (Phoenicoparrus jamesi) y el andino o parina grande (Phoenicoparrus andinus).

Sin embargo, la ejecución de las plataformas y los ocho sondajes de diamantina —el método de perforación para extraer muestras de roca del subsuelo— se proyecta justamente en las cabeceras de agua de este sistema hidrológico.
Patrimonio medicinal

Para la comunidad lickanantay, el impacto de estas obras no solo implica la pérdida de caudales, sino también la alteración de un patrimonio medicinal que crece de forma exclusiva en los pisos ecológicos de la puna y el tolar. Especies como la tola, la chachacoma y la chuquicandia —una planta de la familia de las asteráceas utilizada tradicionalmente para afecciones respiratorias— son recolectadas en la zona para ceremonias de pago a la tierra y al agua.

González enfatiza que estas especies dependen estrictamente de las condiciones de presión y suelo de la altura, por lo que su restauración o traslado a laboratorios e invernaderos es inviable si las plataformas mineras intervienen en su hábitat original.

“Es un tesoro patrimonial de la humanidad que tenemos que proteger”, concluye Dorador, sintetizando un diagnóstico donde la memoria comunitaria y la ciencia llegan a la misma conclusión.

Mongabay Latam se comunicó vía correo electrónico con Minera Plata Carina SpA para conocer su postura ante estos impactos señalados por la comunidad, pero hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.

Crónica de una pelea judicial
El conflicto por el proyecto de exploración minera se trasladó a los tribunales, abriendo un proceso legal en el norte de Chile. El pasado 13 de mayo, la comunidad de Toconao obtuvo una primera resolución a su favor cuando el Primer Tribunal Ambiental dictó una medida cautelar y ordenó la paralización del proyecto «Prospecciones Aida», tras considerar los antecedentes presentados sobre el riesgo hídrico en la cuenca.

Sin embargo, 13 días después la situación jurídica cambió. La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) —organismo público de carácter técnico encargado de unificar los criterios y administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile—, junto a los representantes de Minera Plata Carina SpA, solicitaron la revisión de la medida. El 26 de mayo, el tribunal levantó la paralización que mantenía frenadas las obras, dejando a la empresa habilitada legalmente para iniciar los sondajes de prospección.

La representación legal de la comunidad lickanantay respondió de forma inmediata para revertir la resolución.

El 1° de junio, el abogado de la comunidad, César Bravo, interpuso un recurso de reposición con el objetivo de congelar nuevamente las operaciones de exploración y cuestionó los procedimientos judiciales del dictamen.

“Nos tomó por sorpresa el levantamiento de la medida cautelar, la cual consideramos que fue resuelta entre cuatro paredes”, afirma Bravo.

Para el abogado, una resolución de tal impacto técnico y territorial no puede tomarse a puertas cerradas. “Solicitamos de manera urgente que esto se discuta en una audiencia pública donde se escuche a ambas partes”, exige Bravo. Asimismo, advierte que levantar la medida cautelar pasa por alto el principio preventivo: “La esencia de la normativa ambiental es precisamente prevenir daños y afectaciones, y eso es lo que buscamos resguardar a través de esta medida cautelar”.
Justicia ambiental

Leticia González, que también es coautora de una de las reclamaciones judiciales, detalla la preocupación de las familias al enterarse de la noticia por redes sociales. “Para los comuneros, que las decisiones se tomen en un edificio en la capital de Chile demuestra un desentendimiento total de la geografía humana del norte, donde un error técnico a 4500 metros de altura puede sepultar la supervivencia de un pueblo entero”.

En 2019, Minera Plata Carina SpA —filial de la corporación canadiense Endeavour Silver Corp— planificaba la ejecución del proyecto «Cerro Márquez» en la Región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de Chile. Este contemplaba 38 sondajes para buscar minerales de alta ley o alta calidad en un cerro considerado sagrado (Mallku) por las comunidades locales.

En septiembre de 2020, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por las comunidades aymaras de Timar, Cobija y Ticnamar, y determinó que, en virtud de los principios preventivo y precautorio, la envergadura de las faenas en tierras de ocupación ancestral implicaba un riesgo para los recursos hídricos y las comunidades afectadas.

Por lo mismo, la Corte Suprema ordenó a la empresa ingresar su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero tras el fallo, la empresa desistió del proyecto.

Mientras tanto, en las calles del pueblo de Toconao, los carteles de rechazo al proyecto “Prospecciones Aida” siguen colgados, recordando a los visitantes que los habitantes lickanantay están dispuestos a defender el origen de su agua hasta las últimas consecuencias.
(Esta es una nota original del medio Mongabay Latam)
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/comunidad-lickanantay-va-la-justicia-contra-minera-que-arriesga-fuentes-agua-del-salar-tara-n5459828

La ampliación minera de El Abra contempla intervenciones como un relave casi del doble del tamaño de Calama a 10 km de los geoglifos de Chug Chug.

María del Mar Parra
10/06/2026
Geoglifos de Chug Chug, en zona de expansión minera. 

Geoglifos de Chug Chug, en zona de expansión minera.
Foto: Fundación Desierto de Atacama.

Una empresa minera ingresó a evaluación ambiental un mega proyecto de US$ 7500 millones para ampliar la operación de la mina El Abra hacia el interior de la comuna de Antofagasta. Algunas de las intervenciones se ubicarán a pocos kilómetros de uno de los sitios con mayor concentración de geoglifos en el mundo: el Parque Arqueológico Geoglifos de Chug Chug.
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Algunas de las obras del proyecto más cercanas al parque son el tranque de relaves mineros de la faena, que abarcará una superficie de 5900 hectáreas, equivalentes a casi el doble de la ciudad de Calama, con muros de contención de la altura de edificios de 40 pisos.

El tranque de relaves se ubicaría a unos 10 kilómetros del parque y se verá desde los miradores, por lo que se admite un impacto en el paisaje. También se considera un acueducto que cruzará a metros del parque.
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Minería y geoglifos

Según el Estudio de Evaluación Ambiental presentado por la empresa, los impactos que se generarán en el parque de geoglifos no serán significativos, por lo que no requieren de grandes medidas de mitigación o reparación.

Esto es lo que están cuestionando las comunidades, que llaman a la comunidad a enviar observaciones al proyecto antes del 1 de julio para que la empresa evalúe el nivel de impacto que generarán las intervenciones dada su envergadura.

Según explica Andrea Vásquez, de la Coordinadora en Defensa del Río Loa, el proyecto es de los más grandes que se han presentado en la región en los últimos años, y no destina ni un 2% de su inversión en medidas para compensar el impacto.

El proyecto también declara impactos sobre madrigueras de chinchillas y sobre yaretas; una de las plantas más longevas y de lento crecimiento del planeta, que se encuentra en estado vulnerable de conservación. A esto se suma el impacto de contaminación sobre zonas que ya sufren por la contaminación minera.
Geoglifos de Chug Chug

A lo largo de las laderas de los cerros en la zona de Chug Chug al norte de María Elena, se pueden ver cerca de 500 geoglifos de hasta el año 1000 a.c con formas antropomorfas, animales costeros como ballenas o albacoras, figuras como la chakana y otros dibujos que son memoria viva de las rutas caravaneras y de cómo los pueblos transitaban de cordillera a mar. Se trata de uno de los sitios de geoglifos más monumentales del mundo.

“Estas rutas caravaneras unen dos oasis fundamentales en este trayecto que son el de Calama y el de Quillagua. Los geoglifos evidencian distintas épocas de intercambio, comunicación y tránsito entre pueblos que aún no están estudiadas completamente. Intervenirlos sin medidas de mitigación vulneran ese principio de poder investigar y mantener viva la memoria de estos pueblos”, comenta Andrea.

El sitio está reconocido como Monumento Arqueológico y hoy es administrado por dos comunidades indígenas del desierto que también promueven el turismo y estudio científico en el lugar.
https://eldesconcierto.cl/medio-ambiente/vecinos-antofagasta-alertan-expansion-minera-al-lado-segundo-sitio-mas-geoglifos-el-mundo-n5459477

Lucio Cuenca
09/06/2026
La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) del Biobío aprobó de manera unánime este lunes el proyecto minero de tierras raras que la empresa canadiense Aclara Resources busca instalar en los cerros de Penco-Lirquén, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendara dar luz verde a la iniciativa.

La votación se realizó en medio de manifestaciones frente a la Delegación Presidencial Regional, en pleno centro de Concepción, donde organizaciones ambientales, comunidades mapuche, vecinos y vecinas del territorio expresaron su rechazo al proyecto extractivo y denunciaron sus impactos sobre el agua, los ecosistemas, la economía local y la vida comunitaria de la zona.

La instancia fue presidida por el delegado presidencial regional, Julio Anativia, María Eliana Vega, directora regional del SEA, y en la votación también participaron los Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis) de Transportes, Henry Campos; Vivienda, Luis Villagra; Obras Públicas, José Piña; Desarrollo Social, Daniel Manchileo; Energía, Javier Salamanca; Salud (subrogante), Ernesto Bravo, Jefe de Acción Sanitaria; Medio Ambiente, Mario Delannays; Minería, Daniel Escobar; Agricultura, Francisco Lagos; y Economía, Christian Cifuentes. Todas autoridades designadas por el gobierno de José Antonio Kast, administración que había manifestado respaldo público a la expansión de la minería de tierras raras.

La masiva marcha que antecedió la votación

La aprobación ambiental ocurrió apenas dos días después de una masiva marcha realizada desde Penco a Lirquén, donde cientos de personas recorrieron las calles bajo consignas contra la minería, el extractivismo y la instalación de industrias contaminantes en la Bahía de Concepción.

La movilización, convocada por organizaciones territoriales y ambientales, volvió a evidenciar el persistente rechazo ciudadano al proyecto impulsado por la transnacional Aclara Resources, cuya tramitación ambiental ya había enfrentado cuestionamientos. Diversas agrupaciones recordaron además que en una consulta ciudadana efectuada en 2022 la comunidad manifestó mayoritariamente su oposición a la iniciativa.

Comunidades anuncian ofensiva legal y territorial

Camila Arriagada, vocera de la campaña “Penco-Lirquén libre de mineras” —espacio conformado por organizaciones territoriales y ambientales, la Cámara de Comercio, el gremio gastronómico y turístico, juntas vecinales y asociaciones campesinas— señaló que las comunidades ya preparan una estrategia de oposición que combinará acciones legales, administrativas y movilización social sostenida en el territorio.

“La reclamación ante el director ejecutivo del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) y también las acciones ante el Tribunal Ambiental son las vías legales y administrativas que continúan después de esta aprobación, y nosotros vamos a avanzar en esos procesos”, afirmó.

La dirigenta sostuvo que las organizaciones también buscarán fortalecer la articulación territorial y aumentar la presión social contra el proyecto. “Vamos a agotar todas las instancias, no solamente legales y administrativas. También vamos a articularnos como movimiento para ejercer toda la presión social que se requiera”, señaló.

En esa línea, anunció que las comunidades impulsarán nuevas movilizaciones y evalúan avanzar hacia medidas de mayor alcance. “Vamos a convocar manifestaciones y todas las acciones que sigan expresando nuestro descontento frente a esta aprobación, incluso avanzar hacia un paro comunal e intercomunal para construir una oposición más firme y sostenida en el tiempo”, indicó.

OLCA: “La aprobación no garantiza que el proyecto se construya”

Para Javier Arroyo Olea, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la aprobación unánime del proyecto se enmarca en una política gubernamental orientada a acelerar inversiones extractivas impulsadas en distintos territorios.

“El escenario actual responde a una presión por acelerar proyectos cuestionados ambiental y socialmente, como parte de la agenda del gobierno y de los intereses de empresas extractivas transnacionales”, señaló.

Arroyo destacó que en Penco-Lirquén existe una resistencia territorial sostenida desde hace más de una década contra la iniciativa minera de Aclara Resources, impulsada por comunidades y organizaciones que han buscado fortalecer alternativas ligadas al comercio local, la defensa ambiental y la vocación productiva del territorio.

El investigador de OLCA afirmó además que la aprobación ambiental no garantiza la concreción del proyecto, recordando experiencias previas de resistencia territorial en la Bahía de Concepción.

“La decisión de los representantes regionales de Kast es un elemento importante, pero no significa que el proyecto vaya a construirse. Penco-Lirquén y la Bahía de Concepción tienen referencias históricas de defensa territorial, como ocurrió con GNL Talcahuano y GNL Penco, proyectos que, pese a contar con aprobación ambiental, no lograron instalarse debido a la persistencia de las comunidades”, indicó.

Asimismo, destacó que la reciente movilización entre Penco y Lirquén refleja solo una de las múltiples formas de organización que han desarrollado las comunidades para enfrentar el proyecto extractivo. “La marcha da cuenta de una de las expresiones que ha desarrollado el movimiento en defensa del territorio, pero no es la única. En esta nueva etapa, la intención es seguir abriendo caminos y estrategias que fortalezcan el rol comunitario y la oposición territorial al proyecto”, concluyó.

Cuestionamientos a la evaluación ambiental

Camila Arriagada afirmó que, aunque la aprobación era esperable debido a la postura de las autoridades regionales, persisten graves cuestionamientos sobre la evaluación ambiental del proyecto.

“No era sorpresa la votación de estas Seremis, pero aun así existen muchas inconsistencias en la evaluación ambiental. Las medidas de mitigación y compensación son insuficientes y el SEA no presentó los riesgos ni los impactos más significativos del proyecto, especialmente en aspectos críticos como los elementos radioactivos presentes en el estudio”, advirtió.

La vocera agregó que durante la exposición realizada en la sesión de la COEVA quedó en evidencia una defensa institucional de la inversión privada por sobre las comunidades afectadas. “Lo que vimos hoy es cómo estos organismos del Estado están más preocupados de defender los intereses de la inversión privada que los intereses de las comunidades”, cuestionó.

En la misma línea, Valeria Sepúlveda, integrante de la campaña “Penco-Lirquén libre de mineras”, criticó la decisión adoptada por la COEVA y la falta de respuesta a las observaciones realizadas por la ciudadanía y el municipio durante la evaluación ambiental.

“Es muy decepcionante que, por ejemplo, la Seremi de Salud califique este proyecto como solo molesto. No se dio respuesta a las observaciones ciudadanas ni a las de la municipalidad, y aun así se sostuvo que el proyecto cumple técnicamente con las disposiciones ambientales”, señaló.

Sepúlveda indicó además que las organizaciones continuarán desplegando acciones institucionales y jurídicas para impedir la instalación de la minera en el territorio.

“Vamos a seguir haciendo reclamaciones y utilizando todas las herramientas legales y jurídicas posibles. Que este proyecto haya sido aprobado no significa que nos vayamos a cruzar de brazos”, afirmó.

“Vamos a seguir luchando hasta el final”

Durante la marcha previa a la votación, María Flores Quilapán, mujer mapuche e integrante de la organización Koñintu Lafken Mapu, sostuvo que las comunidades seguirán movilizadas pese a la aprobación institucional del proyecto.

“Como ciudadanía que habita el territorio de Penco, decimos no a la minera porque conocemos la contaminación y el impacto que genera esta megaempresa. No solo será impactada la comuna de Penco, también Tomé, Talcahuano, Santa Juana, Florida y las comunas vecinas”, señaló.

Asimismo, advirtió que “aunque el proyecto se apruebe, nosotros vamos a seguir luchando hasta el final para impedir que esta minera se instale en esta comuna histórica y turística, una comuna que todavía tiene agua limpia”.

30 días para presentar reclamaciones

Tras la aprobación ambiental, se abrió un plazo de 30 días para que las personas y organizaciones que participaron con observaciones ciudadanas presenten recursos de reclamación. En caso de interponerse reclamaciones, el Comité de Ministros tendrá 60 días para pronunciarse.

Las organizaciones sociales y ambientales anunciaron que continuarán desplegando movilizaciones, acciones legales y presión territorial para impedir la ejecución del proyecto, insistiendo en que la aprobación ambiental no garantiza viabilidad social en una zona marcada por conflictos socioambientales y resistencia comunitaria frente al extractivismo.

Comunicaciones OLCA www://olca.cl

Miguel Rifo 05/06/2026
Habitantes de Tierra Amarilla presentaron una demanda por daño ambiental contra el Fisco de Chile, Lundin Mining SpA, Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado. El tribunal acogió la acción a trámite, pero rechazó una medida cautelar.

El tribunal competente acogió a trámite una demanda por presunto daño ambiental en Tierra Amarilla, presentada por habitantes de la comuna en contra del Fisco de Chile, Lundin Mining SpA, Compañía Contractual Minera Candelaria y Compañía Contractual Minera Ojos del Salado.

La acción judicial sostiene que la existencia de botaderos, acopios y depósitos de residuos mineros ubicados tanto en las cercanías como dentro del radio urbano de la comuna habría generado afectaciones sobre distintos componentes ambientales y sobre la calidad de vida de la población local.
Demandantes atribuyen impactos a depósitos de residuos mineros

Según los antecedentes expuestos en la demanda, los reclamantes afirman que diversos depósitos asociados a operaciones mineras contienen material particulado fino y metales que podrían estar afectando componentes como el aire, el suelo, la flora, la fauna, los ecosistemas y el medio humano.

La presentación judicial sostiene que los efectos denunciados tendrían un carácter acumulativo, crónico y permanente, argumentando que existiría una afectación ambiental que continuaría expandiéndose debido a la persistencia de emisiones en sectores próximos a Villa Estadio, la Escuela Luis Uribe y el sector de Nantoco.
Solicitan medidas de remediación y monitoreo

Entre las medidas solicitadas al tribunal se incluyen la remoción, estabilización, confinamiento o cobertura definitiva de los depósitos de residuos mineros cuestionados.

Asimismo, los demandantes pidieron la prohibición del tránsito de camiones sin sistemas adecuados de contención de carga en zonas urbanas, la implementación de programas permanentes de monitoreo ambiental, la realización de estudios técnicos independientes sobre dispersión de material particulado y la ejecución de medidas de remediación y seguimiento ambiental. La demanda también solicita que los costos asociados a estas acciones sean asumidos por las entidades demandadas.
Tribunal rechazó medida cautelar solicitada

Junto con la acción principal, los demandantes solicitaron una medida cautelar innovativa destinada a ordenar la realización de análisis químicos y mineralógicos de materiales depositados en sectores cercanos a Villa Estadio y la Escuela Luis Uribe.

El objetivo de dicha solicitud era elaborar un informe técnico-científico que permitiera determinar la composición de los materiales y evaluar eventuales riesgos ambientales o para la salud de la población.

Tras revisar los antecedentes acompañados, el tribunal resolvió no acoger la medida cautelar, señalando que los documentos presentados no permiten configurar una presunción grave del derecho reclamado ni acreditar la existencia de un riesgo actual, concreto e inminente que justifique su adopción.
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2026/06/demanda-dano-ambiental-tierra-amarilla-mineras-estado