Brasil

Brasil desestima acuerdo con Estados Unidos en cumbre de minerales críticos

Kevin Hinostroza
Estados Unidos habría buscado firmar un acuerdo con el estado de Goiás, liderado por el gobernador Ronaldo Caiado, quien tendrían intenciones de postularse a la presidencia.

La Embajada de Estados Unidos organizó esta semana una cumbre sobre minerales críticos en São Paulo, con la intención de forjar una alianza con Brasil. Sin embargo, dicha cumbre se llevó a cabo sin la presencia de ningún alto cargo de la administración del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Discordia

El gobierno de Lula da Silva no ha logrado implementar un plan nacional de minería que inicialmente se propuso completar el año pasado, y un proyecto de ley que establece una política para los minerales críticos permanece estancado en el Congreso. Desde entonces, la administración Trump ha buscado acuerdos con otros socios brasileños, lo que ha provocado fricciones.

Es así que Estados Unidos planteó la firma de un memorando de entendimiento con el estado de Goiás, liderado por el gobernador Ronaldo Caiado, un conservador que ha considerado postularse a la presidencia contra Lula, según personas familiarizadas con la situación.

Mientras tanto, Brasil impidió que el funcionario del Departamento de Estado, Darren Beattie, viajara para asistir al evento, después de que planeara reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple una condena de 27 años de prisión por planear un golpe de Estado tras perder contra Lula en 2022.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos; y Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.

Bolsonaro, cuyo hijo Flavio también se postula contra Lula, es aliado de Donald Trump, quien el año pasado impuso aranceles punitivos al país en un intento por detener el juicio del expresidente.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, afirmó que la visita prevista de Beattie podría constituir una «injerencia indebida» en los asuntos brasileños, mientras que Lula declaró que no permitiría la entrada de Beattie hasta que Trump levantara las restricciones de visa impuestas al ministro de Salud de Brasil el año pasado.

Los funcionarios estadounidenses esperaban que el gobierno de Brasil participara en el evento y querían ver una señal clara de la administración de Lula de que está lista para avanzar hacia un acuerdo sustancial, dijo un portavoz de la embajada antes del evento.

Inicialmente se esperaba la asistencia del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, quien ha liderado las negociaciones comerciales con Estados Unidos, pero no pudo asistir debido a una apretada agenda, según informó su oficina. Otra ausencia notable fue la del ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, cuya oficina no respondió a la solicitud de comentarios.

Eso no augura nada bueno para un avance importante en las conversaciones que se intensificaron después de que Lula y Trump comenzaran a limar asperezas en septiembre.
https://www.rumbominero.com/brasil/brasil-acuerdo-estados-unidos-cumbre-minerales-criticos/

Argentina, Litio

El Gobierno busca sumar otros proyectos al RIGI por 10.000 millones de dólares

El Ejecutivo ya aprobó 13 proyectos que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo, pero busca ampliarlo. De qué de trata.
30/03/2026
#BorderPeriodismo
El ministro de Economía Luis Caputo anunció que un nuevo proyecto se sumará el RIGI que busca atraer inversiones para el desarrollo de diferentes zonas del país mediante la instalación de industrias y, de esa forma, que ingresen dólares y reactivar la economía.

En ese sentido, el funcionario adelantó que litio Fénix, de Rio Tinto, en la zona del Salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca y que contará con una inversión de 530 millones de dólares. Asimismo, este proyecto prevé aumentar la producción en 9.500 toneladas anuales de carbonato de litio y generar más de 1.100 empleos en construcción y 500 en operación.
Los otros proyectos que pueden sumarse al RIGI en los próximos meses

Uno de los proyectos más importantes lo quiere llevar a cabo la compañía Tecpetrol que pertenece al Grupo Techint y que tiene pensado desembolsar 2400 millones de dólares para desarrollar una zona ubicada en la zona de Vaca Muerta y que se denomina Los Toldos II Este. Esta obra busca desarrollar un área de 78 kilómetros cuadrados en un yacimiento no convencional de petróleo
Argentina se posiciona como proveedor clave de Gas Licuado de Petróleo para la India

En tanto, Pampa Energía también pidió la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar la zona de Rincón de Aranda, también en Vaca Muerta donde tiene pensado invertir 4500 millones de dólares y trabajar en el segmento de shale oil

Por último, la compañía colombiana GeoPark le compró a Pluspetrol los pozos de Puesto Silva Oeste y Loma Jarillosa por 115 millones de dólares. Con una inversión de hasta 1000 millones de dólares el principal objetivo es la búsqueda y explotación del denominado petróleo negro.

Las mencionadas empresas tienen hasta julio de 2027 para presentar sus proyectos y, además de la industria petrolera, el Gobierno aprobó el incentivo de nuevos proyectos de explotación de gas y petróleo, por lo que se espera que nuevas empresas presenten la documentación correspondiente y sus carpetas para adherir al régimen.

El Gobierno busca sumar otros proyectos al RIGI por 10.000 millones de dólares

Guatemala

Guatemala. Lo que revela la filtración de los ‘secretos mineros’ sobre la protesta cotidiana a la mina Fénix en El Estor


Conflicto Relacionado: El Estor- El fenix

29/03/2026
La molestia más común, desde la perspectiva de CGN, eran los bloqueos carreteros. Representaron alrededor del 60% de todos los incidentes. La mayoría eran pequeños—menos de veinte personas en tres de cada cuatro casos—y, en su mayoría, tenían como objetivo exigir empleo a la empresa.

Por Lázaro Konforti
La piedra en el Zapato

Una tarde de enero de 2019, un pequeño grupo de campesinos q’eqchi’ de una comunidad en las afueras de El Estor, Izabal, arrastró una rama y la colocó atravesado en la carretera, bloqueando el tránsito. Luego colocaron dos carteles de cartón escritos con marcador negro.

“Se necesita la presencia del Señor Lic. Zapeta. Necesitamos hablar con él. Ya se terminó el año 2018. Comenzamos el año 2019. Y no hay modo que nos den trabajo. Seguimos en lo mismo. Promesa tras promesa. Necesitamos la renuncia de Lic. Roberto [Zapeta].”

Era una protesta pequeña: apenas un puñado de vecinos, dos carteles improvisados y una rama. Pero su mensaje era claro: queremos ver a Roberto Zapeta y exigirle cuentas por la falta de empleo en la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), una empresa minera, subsidiaria del Solway Group International, registrada en Suiza, pero de capital ruso.

Lo curioso es que Zapeta no decide contrataciones ni despidos. No es presidente de la empresa, ni administrador, ni siquiera parte del departamento de Relaciones Comunitarias. El Capitán Roberto Zapeta es un exmilitar que dirige otra área muy distinta: la seguridad.

Y sin embargo, para los vecinos de El Estor, él es el rostro de la mina. Eso se debe a que la seguridad ha sido siempre el brazo más visible —y temido— de la empresa. Desde principios de los 2000, CGN ha enfrentado resistencia de comunidades campesinas y pescadoras q’eqchi’ que defienden el territorio frente a las amenazas del extractivismo.

A lo largo de los años, sus guardias, un pequeño ejército privado a veces reforzado por policía o militares, han ejecutado desalojos violentos, incendiado viviendas y cultivos, reprimido protestas, asesinado a un líder comunitario y, en un caso atroz, violado a 11 mujeres q’eqchi’. Para los habitantes de la zona, Zapeta simboliza esa relación de la mina con el territorio: que no es de cooperación sino de control.
El molde de la contrainsurgencia

Las tácticas de mano dura de la mina no eran improvisadas. En un artículo de 2023, Simon Granovsky-Larsen mostró que el término “contrainsurgencia corporativa” describe bien la estrategia de seguridad de CGN a finales de la década de 2000. El concepto se refiere al uso de tácticas contrainsurgentes al servicio del capital privado. Tiene cuatro componentes:

Influencia política en el ámbito nacional y local, incluyendo la cooptación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODEs);
Proyectos desarrollo económico usados como herramienta como pacificación, en la línea de la campaña de “frijoles y fusiles” del general Efraín Ríos Montt durante el conflicto interno armado;
Recopilación de inteligencia sobre comunidades locales, identificando líderes y buscando neutralizar amenazas percibidas;
Estrategias coactivas que reproducen tácticas de la contrainsurgencia real, como sobrevuelos de helicópteros, quemar viviendas y cultivos o “tierra arrasada” y violencia sexual.

Cuando estalló la filtración “Secretos Mineros” en 2023, esperaba encontrar y analizar los engranajes internos de esa maquinaria: planes de desalojos, reportes de inteligencia, tácticas de vigilancia. Aunque en la filtración sí aparecen documentos y correos electrónicos en ese sentido, que ya han sido examinados por este medio, lo que finalmente decidí destacar fue algo mucho menos llamativo, pero casi igual de interesante.: más de 400 informes de incidentes de seguridad, elaborados entre enero de 2018 y septiembre de 2021, que documentaban sobre todo acontecimientos sorprendentemente mundanos.

. A diferencia de los documentos filtrados que acapararon los titulares, estos 400 informes no hablaban de incendiar cultivos ni de la criminalizar líderes comunitarios. Registraban, más bien, lo que a primera vista parecían trivialidades: una breve protesta, un bloqueo carretero que se disipó, un vecino que recogía leña, un rumor de motosierra a lo lejos. Pero todos juntos, estos informes ofrecen una ventana poco común al dispositivo de seguridad de la mina, y a sus vulnerabilidades.
Los que vigilan y los que se movilizan

Cuando hablamos del “dispositivo de seguridad” en torno a la mina Fénix, no nos referimos solo a los guardias privados de la empresa. Es un conjunto de actores que trabaja para mantener la mina en funcionamiento.

El núcleo del departamento de “Seguridad General” de la empresa, con Zapeta al mando, está compuesto por apenas veinte empleados, varios de ellos exmilitares como él. La fuerza de choque la provee SECOVISA, una compañía privada de seguridad que suministra unos 140 guardias y una decena de supervisores. Este tipo de empresas proliferaron después de los Acuerdos de Paz de 1996 y, hoy en Guatemala, los guardias privados superan a los policías en una proporción de cinco a uno, según algunas estimaciones.

El trabajo de Seguridad General iba mucho más allá de vigilar portones. Entre sus funciones estaban: recolectar información a través de redes de informantes, escuchar radios comunitarias, desplegar patrullas, coordinar vuelos de drones y mantener contacto con transportistas de la empresa que servían como ojos en la carretera. También gestionaban la relación con la PNC cuando ocurría un conflicto en la vía pública y movilizaban a SECOVISA si el problema estaba dentro de las propiedades de la empresa.

Si Seguridad General era la amenaza, “Relaciones Comunitarias” era la persuasión. Las tareas principales de este departamento eran: vincularse con autoridades locales como la municipalidad y los COCODEs, gestionar conflictos con comunidades asentadas en propiedad de la empresa y llevar a cabo proyectos de desarrollo comunitario como parte de las iniciativas de “responsabilidad social empresarial”. Este último aspecto es clave en la contrainsurgencia corporativa: mitigar amenazas percibidas “ganando corazones y mentes” con promesas de beneficios para las comunidades locales. Conforme con la lógica de contrainsurgencia corporativa, el departamento de Relaciones Comunitarias estuvo dirigido, como era de esperar, por otro exmilitar, Maynor Álvarez Mai, hasta 2018.

Los reportes filtrados de seguridad también muestran que el departamento de Relaciones Comunitarias a veces era convocado por el equipo de seguridad. Sin embargo, su rol era secundario. A veces se invitaba a los manifestantes a reuniones en oficinas; pero el personal de Relaciones Comunitarias rara vez salían al campo para dialogar en el lugar de los hechos, para gran decepción del equipo de seguridad.

Mapas de calor mostrando los incidentes en los que se movilizó la PNC, SECOVISA (contratista de seguridad privada de CGN) y miembros del departamento de Relaciones Comunitarias. Obsérvese la división geográfica del trabajo: SECOVISA reacciona a incidentes en propiedad de la empresa mientras la PNC mayormente vigila carreteras públicas. El mapa de calor del departamento de Relaciones Comunitarias resalta por lo infrecuente que es su presencia en campo.

 

Aun así, Relaciones Comunitarias cumplía una función clave: bajaba tensiones, aunque fuera con reuniones poco productivas (eran más bien una táctica dilatoria), y de paso recogía información. Tomaban nota de los nombres de quienes asistían a esos encuentros y transmitían rumores de ocupaciones de tierra escuchados a líderes comunitarios con quienes mantenían contacto.

La Policía Nacional Civil (PNC) figura con frecuencia en los reportes, aunque casi nunca como protagonista. Su intervención solía producirse a petición del departamento de Seguridad General, especialmente frente a bloqueos en carreteras públicas. “La gerencia de Seguridad General realizó las coordinaciones correspondientes para que las autoridades se presentaran al lugar a dialogar con los inconformes”, es una de las fórmulas que se repite una y otra vez en los documentos tras registrarse un bloqueo.

Se configuraba así una división del trabajo: la seguridad privada de CGN respondía a incidentes en propiedad de la empresa, mientras que llamaban a la PNC cuando detectaban incidentes en caminos públicos. Cabe destacar que la tarea de detección recaía en la seguridad privada.

En la práctica, la policía llegaba en pequeño número: una o dos patrullas de la subestación de El Estor, con entre dos y seis agentes. Una presencia modesta frente a las decenas de guardias que CGN podía movilizar.

Movilizaciones masivas de la PNC, y del ejército también, han ocurrido a lo largo de los años y han sido ampliamente documentadas en los medios de comunicación. Policía y militares respaldaron a los guardias privados durante la ola de desalojos de 2006-07, incluyendo el desalojo de Lote 8 donde 11 campesinas q’eqchi’ fueron violadas. La PNC también se movilizó en gran número durante las protestas de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor contra la contaminación del Lago de Izabal en 2017, cuando un policía abrió fuego contra manifestantes y mató al pescador Carlos Maaz.

El ejército también fue desplegado para hacer cumplir los tres estados de sitio declarados entre 2019 y 2021. Pero estos eventos son relativamente escasos y el ejército no aparece en los reportes rutinarios que revisé.
Un Catálogo de Incidentes

¿Qué registraban entonces los reportes? Cientos de “incidentes”, la mayoría resueltos sin violencia. Casi dos tercios terminaron con una retirada pacífica, generalmente después de un diálogo con seguridad o con la policía. Apenas el 8% involucró lo que en los reportes se llamaba una “intervención”, lo que podemos interpretar como desalojo forzado.

Un 20% de los casos concluyó en reuniones con Relaciones Comunitarias. Pero más de un tercio de esas veces, los pobladores regresaron al bloqueo poco después, insatisfechos. Solo en el 4% hubo acuerdos concretos, casi siempre menores: reparar un tendido eléctrico dañado por camiones de la empresa, agilizar el pago a extrabajadores, cumplir con protocolos ambientales ya establecidos.

El único incidente “mayor” en los reportes fue una ocupación de tierras en Livingston. La respuesta fue inmediata. Supervisores de seguridad viajaron a denunciarlo ante el Ministerio Público por la tarde del mismo día y, a la mañana del día siguiente, el gobernador de Izabal, Héctor Morales Alarcón, apareció en el lugar acompañado por 200 policías. Por la tarde, los agentes desalojaron la propiedad mientras un pequeño grupo de guardias de SECOVISA y directivos de seguridad observaban. La influencia política de la empresa—uno de los cuatro componentes de la contrainsurgencia corporativa—se hizo evidente con la reacción rápida y decisiva de las autoridades

Ese caso fue la excepción. Los demás incidentes no eran nada más que roces cotidianos. Y entre líneas, los reportes dejaban ver las principales vulnerabilidades de la mina.
Corredores frágiles

La molestia más común, desde la perspectiva de CGN, eran los bloqueos carreteros. Representaron alrededor del 60% de todos los incidentes. La mayoría eran pequeños—menos de veinte personas en tres de cada cuatro casos—y, en su mayoría, tenían como objetivo exigir empleo a la empresa. La recurrencia de este tipo de demandas evidencia, precisamente, la escasez de trabajo disponible. El desarrollo y la prosperidad que, según los defensores de la minería, la actividad extractiva traería a la región nunca se materializaron. En su lugar, algunas comunidades enfrentaron desalojos, mientras que otras recurrieron a bloqueos de carreteras en un intento por acceder a los pocos empleos existentes.

Ubicación de los bloqueos de carretera documentados en los informes filtrados.

 

Algunos bloqueos duraron menos de una hora. Uno se prolongó cinco días. En promedio, retrasaban los envíos por más de siete horas. Pero incluso un grupo reducido con un tronco podía interrumpir la línea de vida de la mina: el transporte de materiales procesados entre la planta de El Estor y la terminal de exportación en Puerto Barrios.

Curiosamente, las acciones que interrumpían operaciones directas—es decir, cuando comunitarios entraban al sitio de extracción a bloquear excavadoras y maquinaria—se resolvían más rápido, en unas dos horas en promedio. Allí la empresa podía movilizar decenas de guardias y obligar a la retirada por la sola fuerza de su número. En las carreteras, en cambio, dependían de la PNC, que respondía lentamente y con unos pocos agentes que, al parecer, no tenían prisa por escalar la situación.

Para una empresa que mueve materiales en plazos ajustados, incluso los bloqueos más pequeños eran siginficativos. Los reportes transmiten frustración ante cada retraso. Aun cuando los bloqueos no tenían como objetivo a CGN sino a las autoridades estatales, igualmente paralizaban los envíos de la empresa, causando molestia.
Tierras extensas imposibles de vigilar

CGN posee más de 9,000 hectáreas alrededor de El Estor—demasiadas para patrullar efectivamente. Apenas el 11% de los incidentes registrados correspondían a lo que llamo “intrusiones”: vecinos entrando para recolectar leña, sembrar milpa a escondidas entre los árboles, pescar o acarrear agua. Pero es casi seguro que la cifra real era mucho mayor.

Por su propia naturaleza, estas acciones eran discretas. No buscaban ser visibles, como los bloqueos, sino pasar inadvertidas. A veces se registraba el sonido de una motosierra, y se enviaba una patrulla. Pero un campesino cortando leña con machete difícilmente sería detectado. Los drones podían registrar un claro dejado por un árbol grande, pero no a una familia llevándose unas ramas.

Ubicación de las Intrusiones documentadas en los informes filtrados. Obsérvese la ausencia dudosa de intrusiones documentadas en las tierras más remotas al oeste, y eso a pesar de la presencia de numerosas comunidades en la zona.

 

Casi todas las intrusiones registradas ocurrieron cerca de la mina y la planta, donde la vigilancia era más fuerte. En cambio, en los terrenos al oeste, cercanos a las aldeas Cahaboncito y Chichipate, no aparece ni un solo caso. Sin embargo, sería inconcebible que no ocurrieran ahí dado el número de comunidades en la zona. La explicación más probable es que apenas se patrullaban esas áreas. Los reportes se quejaban seguido de lo difícil que era cubrir extensiones tan grandes, y pedían más drones para compensar. La frase “Nuestras propiedades son extensas y demasiado vulnerables a este tipo de acciones” se repite una y otra vez.

Para las comunidades, la tierra significa sustento e historia. Para la empresa, era un dolor de cabeza permanente: demasiado grande para asegurar, demasiado valiosa para abandonar.
Molestias que se acumulan y el fantasma del enemigo interno

A primera vista, estos “incidentes” podrían parecer triviales frente a los episodios de violencia que han acaparado titulares. Pero precisamente por eso son reveladores. Los bloqueos y las intrusiones no derivaban en golpes o detenciones. Eran demasiado pequeños, demasiado rutinarios. Pero generaban interrupciones persistentes y, seguramente, costos crecientes. Se retrasaban transportes. Se vulneraban linderos. Se movilizaban guardias y refuerzos.

En Guatemala, las élites empresariales suelen lamentar la supuesta ingobernabilidad del país, refiriéndose a ocupaciones masivas o paros nacionales. Pero la imagen desde El Estor sugiere algo más sutil: un goteo constante de pequeños actos de resistencia. Una piedra en el zapato que simplemente no se puede sacar.

La creciente frustración, e incluso enojo, de CGN es evidente. En los primeros reportes, de 2018, los propios redactores incluso mostraban cierta simpatía: “Estas manifestaciones debido a la situación actual del país y a que los comunitarios carecen de empleo formal para cubrir sus necesidades básicas”, escribían.

Con el tiempo, el tono cambió. Empezaron a atribuir motivos ocultos y siniestros a los campesinos, a líderes comunitarios, a ONGs, y otros actores que los respaldan:

“Estas manifestaciones se dan repetidamente debido a que diferentes detractores manipulan y utilizan a los pobladores de pequeños grupos del Estor para generar caos y obtener beneficios y justificar su trabajo.”

“Todas las comunidades aledañas a la mina, están pendiente de cualquier actividad que la compañía realiza por mínima que sea con el objeto de intervenir en su oportunidad y sacar provecho en su beneficio.”

“Dichas actividades se han incrementado en el área siendo manejadas por diferentes ONGS con el objeto de usurpar tierras.”

“Se aferran por ciertos grupos de presión, asociaciones y/o ONG para continuar con el proceso de legalidad, asimismo se muestran intereses estratégicos por el crimen organizado.”

Ese tipo de comentario recuerda a la lógica del “enemigo interno” predominante durante la contrainsurgencia. Algunos términos han cambiado, actualizando la paranoia de la Guerra Fría al siglo XXI: ya no se trata de infiltrados cubanos que incitan al pueblo, sino de ONGs; ya los campesinos no son “terroristas”, sino “pandilleros”, “delincuentes” o integrantes del crimen organizado.

Lo revelador es la frecuencia creciente de ese discurso. A inicios de 2018, solo un 15% de los informes usaba esa retórica. La mayoría atribuía los bloqueos a la falta de oportunidades económicas o a la ausencia de programas estatales. Para los informes más recientes, a mediados de 2021, la lógica contrainsurgente del enemigo interno aparece en el 70% de los casos. La escalada de señalamientos refleja algo más que un cambio de lenguaje: revela la frustración acumulada de una empresa incapaz de sacarse la piedra del zapato.
Conclusión

Los más de 400 informes de incidente de seguridad que analicé no traían planes secretos de represión ni estrategias de espionaje espectaculares, como sí ocurría con los documentos ya expuestos por periodistas en diversos medios. Lo que ofrecían era otra cosa: una radiografía de la rutina. Guardias persiguiendo el eco de una motosierra, camioneros avisando de un bloqueo, jefes de seguridad improvisando rutas para entrar y salir de instalaciones cerradas por manifestantes.

De estos fragmentos emerge una imagen clara de las vulnerabilidades de la mina: corredores de transporte frágiles y tierras extensas imposibles de vigilar. Por todos los guardias, drones y conexiones políticas que tenga una empresa minera, sigue siendo vulnerable a los actos más simples.

Tal vez esa sea la lección. La resistencia no siempre luce como un levantamiento masivo o a un fallo de la Corte de Constitucionalidad. A veces es una rama atravesada en el camino, una milpa sembrada a escondidas en tierras de la empresa o un bloqueo que se prolonga apenas lo suficiente para arruinar un calendario de envíos.

Si esos actos se repiten y se acumulan, pueden convertir un lugar como El Estor en lo que más temen las élites: un territorio ingobernable. Y en esa ingobernabilidad, frágil y desordenada, se esconde una forma de poder profundamente disruptiva.
Fuente: Prensa Comunitaria Km169

Guatemala. Lo que revela la filtración de los ‘secretos mineros’ sobre la protesta cotidiana a la mina Fénix en El Estor

Chile

IA para anticipar conflictos: lanzan en Chile plataforma que integra datos ambientales y sociales en tiempo real

20/03/2026
Accionet lanzó SIMCII, una plataforma chilena de inteligencia artificial que integra datos ambientales y sociales en tiempo real para anticipar conflictos y mejorar la gestión territorial.

En un contexto donde los proyectos productivos enfrentan crecientes exigencias en materia ambiental, social y territorial, la empresa Accionet presentó SIMCII, una plataforma chilena de inteligencia artificial territorial que integra datos ambientales y sociales en tiempo real para anticipar conflictos, optimizar la gestión y fortalecer la relación entre empresas y comunidades.

La solución tecnológica surge como respuesta a una brecha crítica en la gestión territorial: la fragmentación de la información. Hasta ahora, muchas organizaciones han debido tomar decisiones con datos dispersos, desactualizados o poco comparables, dificultando la capacidad de anticiparse a escenarios complejos en los territorios donde operan.

“Hoy, gran parte de los datos clave para la toma de decisiones, desde el monitoreo ambiental hasta la percepción comunitaria, se encuentran dispersos, llegan con retraso o no son comparables, dificultando la anticipación de conflictos y la gestión eficiente de los territorios”, explicó Juan Fontaine Correa, fundador de Accionet.
Plataforma chilena de IA territorial apunta a transformar la gestión de riesgos

Según detalló la compañía, SIMCII fue diseñada para ayudar tanto a empresas privadas como a instituciones públicas a pasar de una lógica reactiva a una gestión basada en datos, monitoreo y anticipación.

La plataforma permite reportar de forma tangible el impacto de los proyectos en los territorios, incorporando indicadores que hasta ahora resultaban más difíciles de medir de manera sistemática, especialmente en el ámbito social y medioambiental.

“La toma de decisiones basada en datos no es un concepto nuevo en el mundo empresarial. Las empresas llevan décadas midiendo producción, costos y mercados. La innovación es llevar estas métricas al ámbito social y medioambiental y convertirlas en indicadores estratégicos”, sostuvo Fontaine.

Agregó que esta necesidad no solo involucra al sector privado, sino también a municipalidades y gobiernos regionales, que deben administrar territorios con recursos limitados y demandas crecientes por parte de la ciudadanía.
Cómo funciona SIMCII: monitoreo ambiental y medición social en tiempo real

En términos operativos, la plataforma incorpora un módulo de medición medioambiental que monitorea variables como gases, olores, residuos y material particulado, entre otros indicadores, cruzándolos con datos del entorno para anticipar eventos críticos.

A ello se suma un segundo componente orientado a la dimensión social, que registra indicadores de satisfacción comunitaria y necesidades en áreas como salud, educación y empleo, evaluando en tiempo real el impacto de proyectos e iniciativas territoriales.

Ambos módulos se integran en paneles visuales que facilitan la toma de decisiones de ejecutivos, autoridades y equipos en terreno, entregando una visión más completa sobre la evolución de los territorios y los riesgos asociados a cada operación.

“Una de las principales ventajas de la plataforma es su capacidad de adaptación a distintas industrias y procesos, lo que abre su uso para múltiples sectores y fines”, destacó el ejecutivo.
SIMCII inicia operación y apunta a minería, energía y recursos naturales

Actualmente, SIMCII ya cuenta con su primer cliente activo: el proyecto Las Salinas, vinculado al sector de recursos naturales y energía. Además, la firma informó que mantiene conversaciones con distintas empresas del rubro minero, una industria donde la anticipación de riesgos socioambientales y la vinculación con comunidades son factores cada vez más relevantes para la sostenibilidad de los proyectos.
https://www.reporteminero.cl/noticia/tecnologia/2026/03/simcii-plataforma-chilena-ia-anticipar-conflictos-ambientales-sociales

Argentina

Tasa ecoturística divide a Wanda: minas protestan con cierre temporal y amenazan con cierre definitivo

23/03/2026
La controversia por la tasa ecoturística en Wanda, Misiones, escaló esta semana con el cierre temporal de dos importantes minas de piedras preciosas: Tierra Colorada y Compañía Minera Wanda. El reclamo central apunta al cobro de esta tasa municipal, implementada desde febrero de 2026 por la intendenta Romina Faccio, que afecta directamente a los visitantes y operadores turísticos.

Patricia Bush- El Show de los Impactos

En una entrevista realizada por Alejandro Barrionuevo en FM Show de Posadas, Patricia Bush, una de las propietarias de Compañía Minera Wanda, expuso con claridad la posición de las empresas afectadas. Según su relato, las minas —que durante años han sido un atractivo turístico clave en la región, recibiendo miles de visitantes— se vieron obligadas a suspender temporalmente la atención al público como medida de protesta.

“Las minas continúan abiertas en su operación interna, pero decidimos no recibir turistas este fin de semana para manifestar nuestro rechazo a esta tasa”, explicó Bush.

La empresaria destacó que las minas propusieron alternativas razonables, como incorporar el costo de la tasa al precio de la entrada para que el turista no perciba un cobro adicional directo. Sin embargo, la intendencia se mostró inflexible. “No hay contrapartidas reales por parte del municipio: ni mejoras en accesos, ni mantenimiento ambiental visible, ni servicios que justifiquen este cobro extra”, afirmó Patricia Bush.

Agregó que la presencia de personal policial o municipal exigiendo el pago en los accesos genera intimidación entre los visitantes, lo que ya provocó suspensiones de excursiones y pérdidas económicas inmediatas.

Impacto en la comunidad

El cierre temporal pone en riesgo a cerca de 48 empleados directos de ambas minas, además de afectar a toda la cadena turística local: guías, vendedores ambulantes, artesanos y comercios de la zona. Bush advirtió que, de no haber una resolución rápida, el cierre podría volverse permanente, con graves consecuencias para familias que dependen de esta actividad.

Entre los hechos más criticados figura la detención de una vendedora local durante cuatro días, lo que generó indignación por el trato hacia los pequeños emprendedores. Los operadores turísticos, por su parte, ya evalúan eliminar a Wanda de sus circuitos habituales, lo que agravaría el impacto económico en la región cercana a las Cataratas del Iguazú.

Próximos pasos

Las empresas anunciaron que mantendrán la medida de fuerza y las protestas mientras no se reconsidere la ordenanza (N° 22/2025). No descartan acciones judiciales, incluyendo un amparo ya presentado, para cuestionar la legalidad y aplicación de la tasa.

“La tasa existe desde febrero, pero la forma en que se cobra y la falta de diálogo nos obliga a esta postura”, resumió Bush. “Queremos diálogo constructivo, no confrontación. El turismo debe beneficiar a todos: al municipio, a las empresas y, sobre todo, a la comunidad”.

La situación en Wanda sigue tensa y abierta. Mientras tanto, el sector turístico misionero observa con preocupación cómo un atractivo icónico de la provincia podría perder fuerza por un conflicto fiscal local. Se espera una mesa de diálogo urgente para evitar daños irreversibles al principal motor económico de la zona.
RadioCataratas.Com

Tasa ecoturística divide a Wanda: minas protestan con cierre temporal y amenazan con cierre definitivo

Argentina, Litio

Litio en disputa: ¿palanca de desarrollo o nuevo ciclo extractivo?

El auge global de las baterías convirtió al Triángulo del Litio en un actor central. Entre la oportunidad de industrializar y el riesgo de repetir esquemas primarios, Argentina, Chile y Bolivia debaten su estrategia.
Carburando Digital 19/03/2026

Un recurso clave para la transición energética

La electrificación del transporte y el almacenamiento renovable dispararon la demanda de litio, insumo crítico de las baterías de ion-litio. En ese mapa, el Triángulo del Litio —que concentra más de la mitad de los recursos globales en salares de altura— se volvió estratégico para fabricantes de autos eléctricos y gigantes tecnológicos.

En Argentina, los salares de Jujuy, Salta y Catamarca impulsan un crecimiento acelerado de proyectos. Chile, con el Salar de Atacama, mantiene liderazgo productivo, mientras Bolivia apuesta a reservas masivas aún en desarrollo. La región pasó de periferia minera a nodo geopolítico energético.

El dilema: exportar o industrializar

El modelo dominante hasta ahora es claro: extracción y exportación de carbonato o hidróxido de litio, con escaso valor agregado local. Esto genera divisas rápidas, pero limita el impacto en empleo calificado y desarrollo tecnológico.

La alternativa —más compleja— es avanzar en la cadena de valor: celdas, baterías e incluso vehículos eléctricos. Sin embargo, industrializar requiere inversiones multimillonarias, transferencia tecnológica y mercados estables, condiciones que no siempre están garantizadas en la región.

Chile ha ensayado esquemas de mayor intervención estatal y acuerdos para agregar valor. Argentina, con un marco más abierto a inversiones, busca escalar producción. Bolivia, en cambio, prioriza el control estatal con avances más lentos. Tres modelos, un mismo desafío.

Para qué sirve el litio en psiquiatría?

Impacto ambiental y tensiones locales

El litio no está exento de controversias. La extracción en salares utiliza grandes volúmenes de agua en ecosistemas frágiles, lo que genera conflictos con comunidades locales y cuestionamientos ambientales.

Si bien la industria sostiene que su huella es menor que la de los combustibles fósiles, la presión sobre acuíferos y la falta de información transparente alimentan el debate. La licencia social emerge como un factor tan crítico como el precio internacional.

¿Ventaja estratégica o extractivismo 2.0?

La pregunta de fondo es si el boom del litio permitirá cambiar la estructura productiva o si repetirá la lógica histórica de exportación de materias primas. La experiencia latinoamericana muestra que los ciclos de commodities suelen dejar beneficios limitados si no se articulan políticas industriales de largo plazo.

Hoy, la ventana de oportunidad está abierta, pero no será permanente. Nuevas tecnologías —como baterías de sodio o estado sólido— podrían alterar el mercado en las próximas décadas.

Un futuro en construcción

El litio ofrece a la región una oportunidad única en el marco de la transición energética global. Pero convertir recurso en desarrollo depende menos del mineral y más de las decisiones políticas, industriales y ambientales.

En ese equilibrio entre negocio inmediato y estrategia de largo plazo se juega si el Triángulo del Litio será motor de desarrollo o apenas otro capítulo del extractivismo latinoamericano.
https://www.carburando.com/notas/litio-en-disputa-palanca-de-desarrollo-o-nuevo-ciclo-extractivo

Argentina

La Comunidad Kolla de Rinconada denuncia el ingreso sin autorización de una minera

El Juzgado de Minas autorizó un cateo pero en la resolución ni siquiera se menciona a la comunidad
La presidenta de Rinconada aseguró que ya expresaron su rechazo a la actividad minera porque defienden el agua y los bienes naturales. “Ellos no respetan la decisión” de la comunidad, sostuvo.
Mariana Mamaní 17/03/2026
La comunidad de Rinconada rechaza la presencia minera (Gentileza Telesisa)

La Comunidad Kolla de Rinconada, a casi 4 mil metros sobre el nivel del mar, en la Puna jujeña, fue sorprendida la tarde del domingo último por personal de la firma Wicz Mining Consulting que buscaba ingresar al territorio ancestral sin que sus habitantes hubieran autorizado esa presencia mediante una consulta previa libre e informada.

La presencia de los referentes de la firma provocó la rápida reacción de la Comunidad que con su presidenta, Mirta Llampa, a la cabeza los interpeló y expuso el rechazo a la actividad minera en ese territorio.

Ese momento, y la situación que viene de arrastre, similar a lo cuenta “Nuestra tierra”, la película de Lucrecia Martel sobre la disputa por el territorio indígena en Tucumán, fue narrado a este diario por la propia Llampa, quien se manifestó agotada de soportar la presión de las mineras.

“Estamos cansados, ellos insisten, insisten, y les decimos no. Ellos no respetan la decisión de una comunidad que tiene una presidenta, que tiene autoridades. Ellos solo atropellan, queremos que esta situación se visibilice porque no hay ningún acuerdo” para la presencia de la minera en este territorio, expresó.

La resolución del Juzgado de Minas sobre un pedido de cateo realizado por un particular identificado como Daniel Alderete genera la sospecha de que la minera avanzó en el territorio mediante acuerdos entre el gobierno de Jujuy y autoridades de las comunidades indígenas de Casa Colorada y Santo Domingo, que también habitan en el departamento Rinconada.

El 3 de febrero último, en el Boletín Oficial de la provincia se publicó la concesión a favor de Daniel Alejandro Alderete de un “permiso de exploración o cateo de sustancias minerales de primera y segunda categoría, en el departamento Rinconada de esta Provincia, sobre una superficie de dos mil hectáreas”.

La resolución, del juez Administrativo de Minas, Pablo Gabriel Read, se tomó en el expediente N° 341, que data de 2005, cuando se inició el trámite de permiso para exploración minera.

En la misma resolución se señala que la superficie donde se autoriza el cateo se tomó según la ubicación dada por el Registro Gráfico “en terrenos sin antecedentes registrados” informado por la Dirección Provincial de Inmueble.

El juez nunca menciona a la Comunidad de Rinconada. Solo sostiene que estas tierras “están ocupadas por la Comunidad Aborigen de Casa Colorada y la Comunidad Aborigen de Santo Domingo”, según un informe de la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy.

Y añade que la concesión “no afecta parcelas con trámites individuales para la regularización de las tierras fiscales rurales”, de acuerdo al informe del Instituto Jujeño de Colonización.

Ya desde la gestión del ahora exgobernador Gerardo Morales el gobierno jujeño tiene la práctica de avanzar con proyectos en territorios ancestrales generando divisiones en las comunidades indígenas. Por esa vía se obtienen firmas de referentes comunitarios que luego enarbolan como el consentimiento de todas las comunidades comprendidas en el territorio a explorar. En muchos de esos casos, se deja de lado a las autoridades elegidas en asambleas. La Comunidad de Rinconada plantea que eso es lo que está pasando ahora mismo con la autorización a Wicz Mining, una empresa que se presenta como “consultora ambiental especializada en el sector minero, con sede en San Salvador de Jujuy”.

“Tenemos todos los papeles que acreditan que ese territorio corresponde a la Comunidad de Rinconada. Sin embargo, el gobierno está queriendo entregar nuestras tierras”, denunció Llampa.

“No queremos que entre la minera a nuestro territorio porque cuidamos nuestra agua, que es sagrada para nosotros, nuestra biodiversidad, la flora, la fauna y nuestros animales”, explicó y subrayó que “la protección es para las próximas generaciones y hay conciencia ambiental en la comunidad”.

El ingreso de la exploradora minera se produjo justo en días en que las comunidades están atentas al debate por el proyecto de reforma de la ley de glaciares, en el Congreso de la Nación.

Gran parte de la población originaria de esta zona de la Puna jujeña se opone a la minería en defensa del agua y de sus territorios y vienen reclamando que se dé un debate profundo sobre el impacto de la actividad minera.

Jujuy tiene más de 250 periglaciares censados y son reservorios de agua fundamentales para el ecosistema y que las comunidades defienden.

Con sus 3851 msnm, el departamento Rinconada es uno de los puntos más altos del país. La localidad de Rinconada se ubica en el extremo noroeste de la provincia, muy cerca del punto tripartito que comparten Argentina, Chile y Bolivia.

El pueblo tiene una larga experiencia con la explotación minera, que data del siglo XVII. De hecho, su estructura actual quedó del asentamiento minero para la explotación de oro.

Además, está comprendido dentro del área natural protegida de la Laguna de los Pozuelos, más de 16 mil hectáreas, que abarcan a los departamentos Rinconada Yavi y Santa Catalina.
https://www.pagina12.com.ar/2026/03/16/la-comunidad-kolla-de-rinconada-denuncia-el-ingreso-sin-autorizacion-de-una-minera/

Chile, Litio

Chile invierte 33 veces más en desarrollo productivo del litio que en investigar cómo proteger los salares

Barinia Montoya (Mongabay Latam)12/03/2026
Portada Salar de Gorbea. Barinia Montoya (Mongabay Latam)
Desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio, el Gobierno ha inyectado más de 166 millones de dólares en desarrollo productivo y tecnológico. La investigación en temas sociales y ambientales ligadas al litio, en cambio, solo ha recibido poco menos de 5 millones de dólares. En la inversión pública en ciencia, por cada peso asignado a temas sociales y ambientales, se van 33 a lo productivo, relegando la conservación a un segundo plano. La brecha en las inversiones da cuenta de que la promesa de balancear el componente productivo con el ambiental no se estaría cumpliendo.

“Estamos construyendo un nuevo sueldo para Chile con el litio”, fue la promesa que hizo el saliente presidente Gabriel Boric en la cuenta pública el 1° de junio de 2025. La explotación de este mineral esencial para la transición energética traerá, según la promesa del hasta hace poco presidente chileno, empleo, recaudación fiscal y una ejemplar “protección medioambiental” que asegura respetar la naturaleza para proporcionar una mejor calidad de vida a los chilenos y chilenas.

Detrás de la ambición hay razones de peso: Chile posee una de las mayores reservas globales de litio en el mundo, estimadas en 9.3 millones de toneladas, según datos de 2024 del Servicio Geológico de Estados Unidos. El litio, que desplazó al cobre como el mineral de mayor potencial estratégico para el país, es el que permite almacenar y liberar energía de las baterías que impulsan los vehículos eléctricos, que lentamente van reemplazando a los que dependen de combustibles fósiles para operar.

El litio también es fundamental para el almacenamiento de energía para electricidad, lo que permite aprovechar a gran escala la energía producida por fuentes renovables como el sol o el viento. Esos dos sectores, el transporte y la generación de energía eléctrica, ambos aún dependientes en gran medida del petróleo o el carbón, son los que más emisiones de gases de efecto invernadero producen en el planeta.

Es por esto que se aprecia al litio como un recurso ineludible para la transición energética global y la electromovilidad, otorgándole a Chile un rol geopolítico de primer orden.

Desde 1979, el Estado chileno, en plena dictadura de Augusto Pinochet, se reservó la titularidad del litio y lo excluyó del sistema de concesiones mineras que rige para otros minerales como el cobre. En el caso del litio, sólo es posible su explotación bajo control estatal o mediante contratos especiales de operación de litio a terceros (llamados CEOL), en los que el Estado chileno mantiene la titularidad e impone condiciones específicas sobre la operación, las regalías y el volumen de producción.

Para maximizar la participación estatal en los beneficios, el ex Gobierno de Boric develó en abril de 2023 un marco legal exclusivo para el litio, que bautizó Estrategia Nacional del Litio (ENL). Su meta es posicionar al país como el mayor productor mundial, para lo cuál prevé que será necesario aumentar la explotación de salares, puesto que, actualmente, solo se extrae litio del salar de Atacama.

El objetivo de la ENL, que ahora ejecutará el gobierno conservador del recién posesionado José Antonio Kast, es claro: combinar el control estatal con la tecnología y el capital privado para aumentar la producción nacional, escalar en la cadena de valor (de modo que no se venda solo la materia prima sino productos con un valor agregado) y financiar con ello el desarrollo social, la diversificación económica y la innovación en el país.

Pero, por el otro lado, la Estrategia reconoce que los salares de alta montaña en cuya salmuera se encuentra el litio son “ecosistemas complejos y únicos, reservas de agua en el desierto y hogar de pueblos y culturas milenarios que debemos respetar y cuidar”. Esos humedales de altura, que engloban a salares y lagunas, son ecosistemas con balances hídricos altamente sensibles que albergan una alta biodiversidad microbiana, que es, en muchos casos, endémica a esa región. Además reúnen las condiciones para que tres de las seis especies de flamenco que existen en el mundo puedan anidar y reproducirse allí: el flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis), el de James (Phoenicoparrus jamesi) y el andino (Phoenicoparrus andinus), todas en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por lo que deberían establecerse medidas de protección para evitar su extinción.

Por este motivo, la Estrategia del Gobierno advierte que “para aprovechar responsablemente las oportunidades que ofrece el litio para Chile, resulta fundamental aumentar el potencial productivo, asegurando una máxima recuperación, un mínimo impacto en el ambiente y el diálogo y participación de las comunidades y pueblos indígenas en las áreas relevantes de cada operación”.

Para entender si el Estado chileno podrá lograr ese equilibrio entre impulso productivo y protección ambiental, Mongabay Latam calculó y contrastó la inversión pública en desarrollo de la industria y en impulso a la ciencia ambiental sobre estos ecosistemas. Para ello envió solicitudes de información a seis entidades públicas chilenas —el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el de Minería, el de Medio Ambiente, el de Hacienda y la Corporación de Fomento y Producción (CORFO). Además, analizó los resultados del primer concurso público de investigación en litio hecho por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), brazo estatal encargado de promover y financiar la ciencia y la tecnología en Chile. Esta investigación periodística forma parte del proyecto Litio en Conflicto, liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en alianza con 10 medios de la región, entre ellos Mongabay Latam, para entender algunos de los problemas que rodean a la industria del litio en América Latina.

De las respuestas de las entidades públicas chilenas, en ocasiones fragmentadas y ambiguas, emerge un panorama: la ENL se lanzó con el pie puesto en el acelerador productivo, pero ha venido relegando la investigación socioambiental y la protección legal efectiva de los salares, que avanzan mucho más lento y con menores recursos. A pesar de que los tres rubros no son fáciles de comparar, que en ocasiones cruzan entre sí y que el presupuesto no es el único indicador de priorización de una política pública, la dimensión del gasto asignado da una idea aproximada de a qué sectores se les ha dado mayor importancia.

El mayor volumen de inversión proviene de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la entidad dueña de las reservas de litio. Sus fondos provienen directamente de los contratos de arriendo firmados por el Estado chileno con las dos únicas empresas que extraen litio desde el núcleo del salar de Atacama: la chilena SQM (Sociedad Química y Minera), que opera en una porción mayor de los yacimientos de ese salar, y la estadounidense Albemarle, que lo hace en una porción más acotada.

Según datos aportados por CORFO a esta alianza periodística, en octubre de 2025, la inversión comprometida en estos contratos asciende a 166 471 121 dólares, que equivalen a unos 150 800 000 000 pesos chilenos. Esta suma se destina casi en su totalidad al eje de producción y tecnología e investigación y desarrollo (I+D) y economía circular. Si bien esto responde al mandato de fomento productivo de la Corporación, los datos confirman que no hubo ninguna inversión dirigida específicamente a la protección de ecosistemas o apoyo directo a comunidades vecinas, según la información detallada entregada por CORFO en octubre del 2025.

El principal destinatario de estos fondos es el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), una corporación de derecho privado sin fines de lucro, creado como parte de un acuerdo entre CORFO y la empresa chilena SQM Salar SpA (filial del grupo SQM) para impulsar en Chile una nueva industria de energía limpia y minería verde. Es la mayor inversión de I+D aplicada del país en su historia.

Para su operación a 10 años, el ITL cuenta con un presupuesto total de 242 917 553 dólares. De esa cifra, CORFO se comprometió con 137 539 919 dólares provenientes del erario público, mientras que la diferencia fue prometida por sus socios del instituto. Entre estos, destacan once universidades chilenas, tres grandes compañías mineras de cobre (CODELCO, Antofagasta Minerals y Escondida BHP) y empresas del rubro energético y de electromovilidad como Colbún, Enérgica City, Atamos Tec y Hydrox, además del apoyo de institutos internacionales de investigación como la Universidad de Nottingham y Fraunhofer.

Si bien la propuesta del ITL es anterior a la Estrategia Nacional del Litio, su financiamiento proviene de los nuevos contratos de SQM con CORFO. Eso lo sitúa en el centro de la nueva estrategia de industrialización, como un motor de innovación con enfoque en el valor agregado y la tecnología.

Víctor Rojas, líder de litio y cadena de valor del ITL, dijo a esta alianza periodística que el instituto “no está enfocado en desarrollar proyectos de investigación de los salares, sino que más bien apunta al desarrollo de la cadena de valor”. Esto incluye, explicó, tecnologías en materiales avanzados con propiedades superiores y esenciales para mejorar el rendimiento de baterías y componentes electrónicos, electromovilidad, economía circular (un sistema que busca extender la vida útil de los productos, eliminando residuos mediante el reuso, la reparación y el reciclaje) y almacenamiento energético.

En forma paralela, la CORFO entregó a esta alianza periodística, a través de una solicitud de información, el detalle de otros 22 986 097 dólares adjudicados a cinco proyectos enfocados en la economía circular y la electromovilidad, que provienen del contrato de arriendo que mantiene con Albemarle. Estos proyectos incluyen iniciativas como el Centro de Aceleración Sostenible de Electromovilidad (CASE), ejecutado por la Universidad de Chile para impulsar la adopción tecnológica en el sector, y la Solución Modular de Atamos Tec, que junto al proyecto Second Life Batteries, busca dar un nuevo uso a baterías desechadas integrándolas en sistemas de almacenamiento para energía renovable. La lista se completa con LiBR3 y ReBatVE, centrados en la recuperación de valor mediante el reciclaje y la reutilización de baterías de vehículos eléctricos una vez cumplida su vida útil.

A esta inversión se suma además el aporte de SQM al proyecto Núcleo Li-DIMET con 5 945 105 dólares, destinado al desarrollo y escalamiento de procesos sostenibles para la producción de litio metálico en Chile desarrollado por la Universidad de Concepción.

La suma de los aportes al ITL y a estos otros proyectos confirma que la inversión estatal destinada a impulsar el negocio supera los 166 000 000 de dólares.

Además, los datos que el Ministerio de Minería entregó por transparencia señalan que, junto con las agencias que dependen de él, ha destinado un total de 1 344 000 000 de pesos (1 483 444 dólares aproximadamente) entre 2023 y 2025. De esa inversión, 750 000 000 de pesos (unos 827 814 dólares) se han destinado a la ciencia geológica básica a cargo del Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería) para estudios de recursos de litio en el salar de Atacama y otros salares. El resto se ha destinado a informes técnicos y económicos para proyectos de litio a través de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco ) y Enami.

Corfo adjudicó 22 986 097 dólares a cinco proyectos enfocados en la economía circular y la electromovilidad, que provienen del contrato de arriendo que mantiene con Albemarle.
Poca plata en ambiente y ciencias sociales

Pese a la promesa de balancear el componente productivo con el ambiental, la inversión en comprender el funcionamiento natural de los salares es significativamente más baja.

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA), responsable de la protección legal de los salares y de la consulta indígena, informó a esta alianza periodística en noviembre de 2025, que existe un monto total comprometido de 426 198 919 pesos (unos 470 418 dólares) desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Litio.

De esta suma, el grueso del financiamiento surge de un convenio de transferencia de recursos entre el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y la Universidad de Antofagasta. El convenio, denominado plan para la creación de una Red de Salares Protegidos (RSP) — que considera la conservación de 26 salares y lagunas agrupados en 15 áreas protegidas naturales—, alcanza un monto total de 400 000 000 de pesos (unos 441 501 dólares). El saldo restante informado por la entidad, 26 198 919 pesos (unos 28 917 dólares), corresponde específicamente a los fondos contemplados para 2025 para gastos operativos asociados a los procesos de ocho consultas indígenas con vista a la creación de áreas protegidas.

Como resultado de ese trabajo, el 29 de enero 2026 el Gobierno chileno anunció la creación de seis nuevas áreas protegidas en la región de Atacama, en el norte del país. Todas tienen una misión común: proteger 10 humedales de altura, entre salares y lagunas. El pasado 6 de marzo de 2026, el Gobierno aprobó otras seis áreas protegidas en la región de Antofagasta.

Sin embargo, a pesar de estos hitos, aún restan pasos cruciales para completar la Red, como informó Mongabay Latam y CLIP.

Para las comunidades indígenas, el conflicto es directo: mientras la promesa de desarrollo económico y la maquinaria productiva avanzan a pasos agigantados, la resiliencia ecológica de su hábitat ancestral —cuya subsistencia depende de la salud hídrica de los salares— parece relegada a una carrera contra el tiempo y la burocracia.
Salar de Gorbea
Salar de Gorbea. Este ecosistema ubicado en la región de Atacama forma parte del nuevo Parque Nacional Salar de Gorbea, oficializado este 29 de enero. Foto: Roberto Lagos
La ciencia sale a flote a pesar del presupuesto

A pesar de que la Estrategia Nacional del Litio se lanzó reconociendo la “falta de institucionalidad” para generar conocimiento científico y tecnológico en el sector, la inversión para subsanar esta brecha, especialmente en ciencia no destinada a temas de producción del litio, es pequeña frente a los fondos tecnológicos.

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)? lanzó un concurso público en 2024 para impulsar ‘anillos de investigación’ específicamente sobre litio y salares. En total, adjudicó un total de 5 982 580 000 de pesos (6 603 289 dólares) a 10 proyectos.

Ese financiamiento interno se dividió en tres bloques temáticos. El mayor monto, 3 161 960 000 de pesos (unos 3 489 095 dólares), se destinó al eje de productividad, tecnología y geología. Esta sección, que recibió más de la mitad del total adjudicado por ANID, se enfocó en proyectos clave para la cadena de valor y la explotación, tales como: innovación tecnológica para el reciclaje, bio-recuperación de litio de desechos electrónicos, diversificación de la industria del litio, desarrollo de tecnologías avanzadas (como la extracción directa del litio o EDL, que busca usar menos agua pero que todavía no tiene consenso científico y sigue siendo controversial en círculos ambientales) y dinámicas espacio-temporales del litio.

Sus beneficiarios fueron principalmente universidades ubicadas en el norte del país, como la Católica del Norte y la de Atacama, además de centros de investigación de la zona central como la Católica y la de Concepción.

En contraste, los proyectos del eje de biodiversidad y ecosistemas, centrados en el estudio y la conservación de la vida en los salares, recibieron 1 889 120 000 de pesos (unos 2 085 121 dólares). Es decir, la tercera parte de los fondos para investigación.

Fueron tres las iniciativas financiadas bajo este fondo: la primera, liderada por la microbióloga Cristina Dorador, se centra en los servicios ecosistémicos de los salares para comprender cómo estos microorganismos sostienen la vida en condiciones extremas. La segunda, adjudicada a la Universidad Mayor, consiste en un observatorio de sistemas salinos enfocado en la diversidad geológica y biológica de lagunas y bofedales en la región de Atacama. Finalmente, el tercer proyecto es el Observatorio de Salares Andinos (OASIS), que busca integrar datos hidrogeológicos y sociales para generar una línea de base científica robusta antes de nuevas intervenciones industriales.
salar de Huasco

Finalmente, el eje de ciencias sociales y gobernanza, esencial para la evaluación socioambiental y territorial, fue el más acotado, con 931 500 000 pesos (1 028 146 dólares), lo que representa la sexta parte de los fondos para ciencia. Este eje solo financió dos proyectos, ambos liderados por investigadores de la Universidad Católica del Norte. El primero, sobre socio-tecnologías del litio, se enfoca en analizar los desafíos para una minería más sustentable e innovadora, conectando el desarrollo de nuevas tecnologías de extracción con la dimensión social y territorial. El segundo, denominado geopolíticas de los off-sites del litio (LiOness), se centra en comprender las transformaciones sociales y materiales que la producción minera impone sobre las áreas ubicadas fuera de los salares (los ‘off-sites’). Su objetivo es ofrecer datos empíricos sobre las implicaciones de la actividad en infraestructuras y comunidades situadas lejos de las zonas de extracción.

Todos los proyectos se encuentran actualmente en ejecución, por lo que se espera que los resultados finales de esta primera generación de ciencia sobre litio y salares se entreguen a partir de 2027.

En forma paralela, el 18 de diciembre de 2025, la ANID adjudicó el Fondo de Investigación en Salares 2025. A diferencia de la primera convocatoria de “anillos”, que distribuyó recursos entre proyectos que versan sobre temas productivos, sociales y ambientales, este nuevo fondo se centró netamente en temas ecológicos con el objetivo de generar conocimiento científico que promueva el equilibrio entre la explotación minera, la conservación y el respeto a las comunidades indígenas.

Bajo una modalidad de asignación rápida, el concurso otorgó un total de 791 920 000 pesos (unos 875 000 dólares). Estos recursos se repartieron equitativamente en montos de 197 980 000 pesos para cuatro propuestas con un plazo de ejecución de 12 meses. Los proyectos seleccionados centrarán su investigación en tres ecosistemas críticos: el salar Grande, el salar Aguilar y el salar La Isla, cada uno liderado por diferentes universidades nacionales.

La suma de todos los montos destinados a conservación, biodiversidad e investigación socioambiental no alcanzan los 5 000 000 de dólares.

Para la doctora en oceanografía Verónica Molina, partícipe de una de estas iniciativas e integrante del Instituto Nacional de Litio y Salares (INLiSa), la entidad pública mandatada por la Estrategia Nacional del Litio para generar conocimiento, los proyectos de la ANID cumplen un rol social y ambiental que los grandes fondos de CORFO no cubren, abordando así problemas que van más allá del ámbito puramente productivo.

La fortaleza de los proyectos Anillos reside en su carácter interdisciplinario —es decir, que no se centran en una sola disciplina—, lo que fomenta la formación de capital humano y se materializa en un trabajo directo con las comunidades, buscando una ciencia “más vinculada a la coproducción del conocimiento”, según Molina. Este modelo de descentralización permite que la ciencia se mueva realmente a los territorios. Es precisamente por este enfoque estratégico y descentralizado que el INLiSa tiene la intención de tomar y recoger activamente esta información pública, incluso analizando convenios específicos para incorporar dentro de su plan estratégico.

El INLiSa cuenta con un financiamiento anual proyectado de entre 2500 y 2800 millones de pesos (unos 2.7 a 3.1 millones de dólares) una vez que alcance su plena capacidad operativa. Este presupuesto asegura una inversión estimada de más de 25 000 000 000 de pesos (23.3 millones de dólares) para los próximos 10 años y tiene la misión dual de generar condiciones para el desarrollo sostenible de la industria y, al mismo tiempo, preservar el valor social y ambiental de los salares. Para lograr este equilibrio, el instituto articulará cuatro ejes de trabajo que incluyen el eje científico (que busca entender la dinámica de los salares y generar un consenso), el tecnológico (que acelerará la innovación privada creando una plataforma de pilotaje y un catálogo de salmueras) y el eje social y de ciencia ciudadana, que buscarán generar información sobre el impacto sociocultural y crear un repositorio central de conocimiento, valorando el conocimiento ancestral de las comunidades.

Hernán Cáceres, director ejecutivo del INLiSa, fue consultado por esta alianza periodística por la disparidad entre la inversión productiva y tecnológica versus la ambiental y el impacto de las comunidades aledañas a los ecosistemas salinos. Cáceres advierte que clasificar los recursos de manera simple en productivos y ambientales puede ser una visión “simplificada, pues deja de lado matices que son muy relevantes”.

Para el director del INLiSa, el Estado no invierte directamente en la producción de litio, sino que financia la infraestructura social. Al gastar en estudios ambientales y diálogo con comunidades (lo que él llama “gasto habilitante”), el Estado está “pavimentando el camino” y reduciendo los riesgos de conflicto para que, posteriormente, las empresas privadas o estatales puedan operar sin los frenos que hoy genera la desconfianza territorial.

Es este rol de facilitador, según Cáceres, el que justifica el bajo presupuesto directo en las áreas de protección ambiental, contrastándolo con el gigantesco fondo tecnológico y productivo de CORFO.
“Los salares no son solo litio; son personas, comunidades, agua”

Los salares “no son solo litio; son personas, son comunidades, son el agua del desierto, son biotecnologías”, declaró el ex presidente Boric durante la presentación de la Estrategia Nacional del Litio en 2023.

Sin embargo, esta promesa de valor social y ambiental contrasta fuertemente con la realidad de la chequera del Estado chileno. Incluso con la reciente adjudicación en diciembre entregada por la ANID para investigar salares específicos, la investigación en ciencias sociales y gobernanza —clave para proteger a esas ‘personas y comunidades’— sigue recibiendo una fracción mínima comparada con el impulso industrial.

En total, las respuestas de las entidades estatales sugieren que por cada peso invertido en entender mejor los ecosistemas donde se encuentra el litio y las comunidades que les rodean, otros 33 se destinan a la productividad y la tecnología para aprovechar el mineral.

Esta disparidad presupuestaria, sumada a las millonarias inversiones en exploración, sugiere que el impulso productivo avanza a una velocidad muy superior al compromiso de protección, abriendo una grieta crítica entre el discurso de cuidado y la acción de la Estrategia Nacional del Litio.

El desafío final en Chile radica en resolver la tensión que la ex Ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, planteó recientemente: “Chile está demostrando que una política productiva, como la Estrategia Nacional del Litio, puede y debe ir acompañada de objetivos ambiciosos de protección de la naturaleza”.

Por ahora, ese desafío, aún en proceso, pone en riesgo los frágiles equilibrios de los salares y otros humedales andinos, generando un profundo interrogante sobre la capacidad real del Estado para sostener su promesa de sostenibilidad y evitar que la urgencia económica socave su patrimonio ecológico.
Litio en Conflicto

Litio en Conflicto es un proyecto liderado por el Centro

Argentina, Litio

IFC apoya a Rio Tinto en el proyecto de litio Rincón.

10/03/2026
Buenos Aires, Argentina, 10 de marzo de 2026 — La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, se asocia con Rio Tinto para impulsar el proyecto de litio Rincón, un desarrollo greenfield de gran escala en la provincia de Salta que ayudará a Argentina a alcanzar mayor valor de su potencial en minería. Se espera que el proyecto genere empleo a lo largo de toda la cadena de valor minera, desde la construcción y las operaciones de extracción hasta el procesamiento y las cadenas de valor locales. Al mismo tiempo, la inversión en capacitación preparará a trabajadores locales para empleos de alta calidad y de largo plazo, que beneficiarán a las comunidades cercanas.

El proyecto Rincón refuerza la posición de Argentina como líder global en la producción de litio. Una vez plenamente operativo, tendrá la capacidad de producir aproximadamente 53.000 toneladas de carbonato de litio grado batería al año durante su vida útil proyectada de 40 años (y hasta 60.000 toneladas tras los esfuerzos de optimización), suficiente para abastecer a más de un millón de vehículos eléctricos anualmente.

Inversión total del proyecto: US$2.500 millones

Financiamiento de IFC: préstamo directo de US$400 millones, como parte de un paquete de financiamiento más amplio por US$1.175 millones.

Movilización de financiadores paralelos: IFC ayudó a movilizar los US$775 millones restantes para completar el paquete de financiamiento con financiadores paralelos, entre ellos BID Invest, el brazo del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, así como agencias de crédito a la exportación de Japón (the Japan Bank for International Cooperation: JBIC) y Australia (Export Finance Australia).

Al producir carbonato de litio grado batería a gran escala, el proyecto apoyará el empleo local y la diversificación económica en la provincia de Salta, al tiempo que fortalecerá las cadenas de suministro globales de minerales críticos. Esto se alinea con la Estrategia de Metales y Minerales del Grupo Banco Mundial, que apoya a los países para que aprovechen plenamente el potencial de sus recursos minerales, incluido el procesamiento dentro del país, de modo que más valor y más empleos permanezcan a nivel local.

El proyecto también mantendrá sólidos estándares ambientales y sociales, posicionándose como un modelo de producción responsable de litio.

“Esta inversión refleja el compromiso de IFC de apoyar el desarrollo de Argentina mediante soluciones sostenibles del sector privado en alianza con líderes globales como Rio Tinto”, afirmó Makhtar Diop, Director General de IFC. “Con un sólido cofinanciamiento internacional, estamos demostrando cómo el capital privado puede acelerar la transición energética al tiempo que genera beneficios económicos duraderos en los mercados emergentes”.

En síntesis

El Proyecto de Litio Rincón generará empleo a lo largo de la cadena de valor minera, impulsará el crecimiento económico en la provincia de Salta y posicionará a Argentina como un líder global en la producción responsable de litio, con una producción suficiente para abastecer aproximadamente un millón de vehículos eléctricos al año.

 

Acerca de IFC

La Corporación Financiera Internacional (IFC), organización que forma parte del Grupo Banco Mundial, es la principal institución internacional de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes. Trabaja en más de 100 países y utiliza su capital, sus conocimientos especializados y su influencia para crear mercados y oportunidades en los países en desarrollo. En el ejercicio de 2025, IFC comprometió una cifra récord de USD 71 700 millones para empresas privadas e instituciones financieras en los países en desarrollo, movilizando soluciones y capital del sector privado con el fin de crear un mundo sin pobreza en un planeta habitable. Para obtener más información, visite www.ifc.org (i).

Acerca de Rio Tinto

Rio Tinto opera en 34 países y 6 continentes, donde más de 61.000 empleados trabajan para encontrar mejores maneras de proporcionar los materiales que el mundo necesita. Sus principales productos —mineral de hierro, cobre, aluminio y litio— son los bloques fundamentales de un futuro más limpio e inteligente. Para satisfacer la creciente demanda, la empresa se centra en mantener a su gente segura mientras opera y desarrolla proyectos y operaciones de clase mundial. Asimismo, está comprometida con hacerlo de manera responsable, generando un impacto positivo duradero a través de una profunda experiencia, una sólida licencia social y asociaciones de largo plazo. Juntos, estamos resolviendo desafíos globales y creando éxito compartido.

Perú

Perú: Bloquean demanda de comunidad contra minera suiza; denuncian contaminación y crisis sanitaria


Conflicto Relacionado: Antapaccay-expansión

Javier Bedía Prado
10/03/2026
En portada: Minería a cielo abierto en Espinar, Cusco.
El Poder Judicial de Cusco (Perú) dilata el proceso de amparo formulado por la comunidad campesina Huisa contra una empresa del grupo minero suizo Glencore, por contaminación del ambiente y daños a la salud de la población de la provincia cusqueña Espinar, donde el 36% del territorio está concesionado a la minería.

Entre mayo de 2025 y este marzo, el Juzgado Civil de Espinar reprogramó cinco veces la audiencia de la acción constitucional interpuesta por los comuneros a la compañía cuprífera Antapaccay, una de las principales productoras de concentrado de cobre del país. La última audiencia fue cancelada el 10 de marzo y reprogramada para el próximo 8 de abril.

En tres ocasiones, el motivo de suspensión de la audiencia argumentado por la sala judicial fue que no se pudo notificar a algunas de las instituciones estatales demandadas, al no encontrarse su domicilio legal.

“Al extender el tiempo, se le permite a la empresa ver formas de responder, tomar medidas para argumentar que sí atienden las afectaciones determinadas en estudios. No se busca reparar derechos vulnerados, sino desestimar responsabilidades. Hay una campaña abierta para desconocer los resultados de los estudios”, declaró a Avispa Mídia la politóloga Karina Castro, integrante de CooperaAcción.

El impacto ambiental de la mina a tajo abierto Antapaccay en la provincia cusqueña Espinar ha sido señalado por instituciones públicas. En noviembre de 2025, el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA) sancionó a la empresa con una multa de 1,6 millones de dólares, debido a que excede los límites permitidos de emisiones de material particulado PM10. Los metales pesados contenidos en estas partículas microscópicas son un grave riesgo para la salud porque penetran profundamente en el sistema respiratorio.

La demanda de la comunidad Huisa, en la que también participa la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Espinar, incluye a los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y Salud; a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Actividades de Glencore en Perú.

Los vínculos entre la empresa y el Estado se manifiestan en la posición del propio Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). “En una reunión con la Plataforma de Personas Afectadas por Metales Tóxicos, el año pasado, funcionarios del OEFA les dijeron que su responsabilidad es apoyar que las actividades extractivas se desarrollen en el país, que era una prioridad y no iban a dificultarlas”, relata la especialista en conflictos mineros.

Las afectaciones socioambientales en Espinar llevan cuatro décadas, desde la entrada en actividad de la mina Tintaya, predecesora de Antapaccay. Glencore adquirió el yacimiento a la también suiza Xtrata en 2012.

Meses antes de la transacción, cuatro comuneros fueron asesinados y cerca de un centenar heridos por la policía en protestas contra las operaciones de Xtrata.
Contaminación comprobada

En esta provincia andina hay una crisis de salud pública causada por la megaminería. Según la Dirección Regional de Salud de Cusco y la Red de Salud Canas Canchis Espinar, el 58% de la población de Espinar presenta en la sangre altos niveles de arsénico, manganeso, cadmio, plomo y mercurio. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que el arsénico en sus formas inorgánicas es un carcinogénico comprobado tipo I y lo asocia con diversos tipos de cáncer, al igual que el cadmio.

De acuerdo a una variedad de estudios, la actividad de Antapaccay afecta, además del aire, fuentes de agua superficiales y subterráneas, así como los suelos, al ganado, la fauna silvestre y la flora. La causalidad, negada por la empresa y el Estado, se sostiene sobre evidencias desde el año 2010.

El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (Censopas) demostró que el agua que consume la población de Espinar contiene mercurio y arsénico. Puntualmente, las comunidades Huisa y Alto Huancané están expuestas a altos niveles de metales pesados.

“Más del 80% de la población está expuesta a metales pesados. Crecen la cantidad de niños con problemas de desarrollo relacionados a la exposición prolongada al plomo y los casos de cáncer; la tasa de enfermedades es alta. El impacto en su sustento económico es severo, la actividad agropecuaria casi desapareció, ya no les compran sus quesos, su leche porque su ganado se alimenta de pastos contaminados, y la población no tiene más opción que consumir estos productos. La crianza de truchas no funciona porque los peces se mueren”, indica la representante de la organización de justicia ambiental.
Protestas contra la minería a cielo abierto por parte de Glencore en Perú. Fotos: Cooperacción.

Informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), realizados entre 2022 y 2023, determinan que los efluentes de la zona de beneficio incumplen la norma de calidad de agua para irrigación y uso ganadero. Asimismo, que los lixiviados de botaderos y depósitos de relaves afectan aguas superficiales y subterráneas.

Estos resultados fueron respaldados por un especialista internacional, el experto en química Bernhard Wehrli, profesor del Instituto Federal de Tecnología de Suiza, quien recomendó una actualización urgente de las evaluaciones de impacto sobre la salud.

En el estudio Glencore en el Perú, de Oxfam y CooperAcción, se recogen testimonios de habitantes de Espinar acerca de incidencias de muertes por cáncer y nacimientos de personas con discapacidades.

En este panorama de expectativas de formas de justicia y necesidades de asistencia médica, se generan tensiones entre las comunidades incluidas en el área de influencia y las que no lo están. Ante la destrucción de la dinámica económica tradicional, hay familias cuyos ingresos dependen de la mina, lo que marca más diferencias en el entorno comunitario.
Demanda de potencias

Antapaccay, considerada entre los principales activos de Glencore en Sudamérica, produce alrededor de 150,000 toneladas de concentrado de cobre al año. La extensión proyectada de su área hasta el año 2022 era de 20 mil hectáreas, con reservas de oro y plata.

A través del proyecto Coroccohuayco, el grupo suizo planea duplicar su producción de cobre en Espinar a 300,000 toneladas anuales, para lo que tendría que sumar 20 mil hectáreas a la zona de sacrificio de Espinar. Así, Glencore se propone extender la vida útil de Antapaccay – cuya productividad actualmente se estima hasta el año 2034- durante otras dos décadas. Esto implica la desaparición de 85% de la comunidad Pacopata, de acuerdo al informe Glencore en el Perú.

Las organizaciones en los territorios advierten negociaciones irregulares por parte de la compañía e información imprecisa sobre las dimensiones de Coroccohuayco, que aún no ha pasado por consulta previa.

Además, en diciembre de 2025 Glencore adquirió el proyecto de extracción de cobre Quechua, también a tajo abierto y en la provincia de Espinar.

La transnacional se expande en el cinturón cuprífero de la Cordillera de los Andes, en el contexto del aumento de la demanda de cobre -del que el Perú es segundo productor mundial- por parte de las dos potencias globales, China y Estados Unidos.

En enero, el país suscribió con Estados Unidos un memorándum de entendimiento para acelerar la extracción de minerales considerados críticos por Washington, requeridos por la industria militar y tecnológica.

“Vemos un ejercicio de poder de las empresas sobre el Estado, el intento de reducir, desaparecer la estructura de protección ambiental. Presumimos que se incrementarán las presiones, con el fondo de la transición a energías renovables promovida por China, con Estados Unidos como un actor más inescrupuloso. Es una tendencia que vemos que va a incrementarse y traerá más impactos, principalmente a las mujeres”, concluye la politóloga.

El poder de Glencore en el Perú incluye la participación del 33% en Antamina (región Áncash), uno de los mayores complejos polimetálicos del mundo.

La alta rentabilidad, las nulas responsabilidades y la escasa inversión de la industria minera en el Perú, más allá de sus costos de operaciones, anticipa, para los especialistas, un crecimiento incluso más agresivo de las zonas de sacrificio, este sí realmente crítico para la existencia de poblaciones campesinas de los Andes.

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