Perú

MÁS EXTRACCIÓN Y MENOS REGULACIONES:

LA AGENDA QUE UNE A EMPRESAS FORMALES Y MINEROS INFORMALES
17/07/2025

Minería informal e ilegal se han convertido en principales protagonistas de los conflictos y su crecimiento pone en discusión el régimen de concesiones mineras, señala el Observatorio de Conflictos Mineros en su 36 reporte semestral.

Investigadores alertan sobre el impacto de la actividad ilegal en la juventud, que opta por trabajos en el sector ante la falta de alternativas económicas viables.

El auge de la minería informal en el Perú ha transformado la conflictividad social, desplazando el foco de las disputas tradicionales hacia nuevos actores y territorios. El 36 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) concluye que el crecimiento de la minería informal y artesanal, en medio de la discusión sobre una nueva Ley MAPE, redefine la matriz de los conflictos, con disputas por control del territorio y beneficios entre pequeños y medianos mineros, empresas formales y comunidades.

Los datos de la Defensoría del Pueblo muestran que el número de conflictos mensuales ronda los 200 casos, con una tendencia al alza en las protestas colectivas, que alcanzaron 256 acciones recientes. La mitad de estos conflictos son socioambientales y dos tercios están vinculados al sector minero, lo que confirma el dominio de los sectores extractivos en la conflictividad nacional.

El informe detalla que 15% del territorio —unos 19 millones de ha— está concesionado a la minería, con regiones como Apurímac y La Libertad superando el 50% de su superficie. En zonas como Pataz, donde las concesiones ocupan el 80% del territorio, la criminalidad asociada a la minería informal se ha convertido en un problema central.

Por otro lado, el nuevo superciclo de precios de minerales, especialmente cobre y oro, ha generado ingresos extraordinarios de casi 19.000 millones de dólares entre enero y diciembre de 2024 para las empresas mineras. El incremento desmesurado de precios es también un incentivo para la expansión de la actividad informal.

 

Minería informal redefine conflictos sociales en Perú

El auge de la minería informal e ilegal, según el informe presentado en un contexto de protestas de los mineros artesanales e informales en diversas regiones, se refleja en la dispersión de la producción minera, especialmente de oro. La transformación del patrón de producción de este mineral es notoria: si antes predominaban grandes empresas como Yanacocha, hoy la producción se dispersa entre pequeños, medianos y mineros artesanales, así como actores ilegales.

El OCM identifica un cambio histórico: de conflictos sindicales en los 70 y 80, a disputas entre empresas y comunidades en los 90 y 2000, hasta el actual protagonismo de la minería informal, que disputa territorio con empresas y comunidades.

Este fenómeno también es resultado del fracaso del modelo de minería impulsado durante los últimos 30 años, con comunidades que no han percibido los beneficios de manera directa y que, en muchos casos, optan por realizar ellos mismos la actividad minera para controlar las ganancias producto de la extracción de los recursos de su propio territorio.

Sin embargo, pese a que predomina una narrativa donde las empresas formales y los actores informales se presentan como antagónicos, estos sectores tienen suelen tener vínculos incluso comerciales, pues el oro ilegal sale “blanqueado” por los puertos del país. Además, ambos sectores, gran minería y empresarios de la MAPE, comparten una agenda común orientada a ampliar lo más posible la frontera de la extracción minera y al mismo tiempo reducir lo más posible las responsabilidades y procedimientos referidos a los aspectos sociales y ambientales. Así lo señaló Paul E. Maquet, vocero de CooperAcción, durante la presentación del reporte.

Por su parte, Mirtha Vásquez, abogada de Grufides, denunció que el régimen de concesiones fomenta el desorden: “Perú tiene un régimen de concesiones mineras que permite el caos. En Pataz, por ejemplo, conviven la minería formal, informal e ilegal: se otorgan concesiones, pero terminan operando actores ilegales”. Vásquez comparó el modelo peruano con la normativa que se está discutiendo en Colombia, donde se plantea primero delimitar zonas a proteger. En Perú, en cambio, se entregan áreas estratégicas para la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

La expansión de la minería informal e ilegal afecta también regiones de norte del país como Amazonas, La Libertad y Cajamarca, donde las rondas campesinas enfrentan amenazas y criminalización por denunciar contaminación y violencia. En Cajamarca, la inversión minera formal cayó cerca de 50% respecto a años anteriores, pero la región sigue como la tercera productora de oro, con nuevos proyectos que generan conflictos al superponerse a territorios indígenas. “Perú tiene un régimen de concesiones mineras que permite el caos. En Pataz, por ejemplo, conviven la minería formal, informal e ilegal: se otorgan concesiones, pero terminan operando actores ilegales”, denunció.

Daniel Hernando, investigador en minería ilegal, advirtió que la minería informal redefine las trayectorias de vida juvenil, desplazando alternativas como la agricultura o la educación técnica. “Muchos jóvenes terminan insertados como trabajadores”, señala, lo que genera deserción escolar, consumo temprano de alcohol y violencia. El Estado, según Hernando, debe acompañar la formalización y no limitarse a la fiscalización, ya que la variedad de actores y posturas genera conflictos inter e intra comunales, con episodios de coacción y atentados. En regiones como Loreto, la minería ilegal convive con otras actividades ilícitas, agravando la complejidad del problema. “Esta actividad plantea unos ingresos que difícilmente se pueden igualar en el territorio con otras actividades”, concluye Hernando.

Ante este panorama, el Estado debe escuchar las voces de todos los actores en la discusión sobre la nueva Ley MAPE, y no solo a los sectores empresariales ya sean estos de la gran minería o de la pequeña, artesanal o informal. Organizaciones de pueblos indígenas, gobiernos territoriales y asociaciones de personas afectadas por la contaminación también deben ser convocadas a las instancias de diálogo para que su perspectiva también sea incluida, señaló Maquet en referencia a la discusión sobre el Reinfo.

Resistencia y criminalización

En el norte, la resistencia a proyectos como Río Blanco persiste. En enero, miles marcharon desde Tambogrande a Piura, sumándose a dos décadas de oposición local. El 97 % de la población de Ayabaca y Huancabamba rechazó la minería en consultas vecinales hace casi veinte años, optando por agricultura y turismo ecológico. Pese a ello, la empresa Río Blanco, de capitales chinos, avanza con respaldo legal inédito. Autoridades locales y regionales han reiterado su rechazo, alertando sobre el riesgo para la producción agrícola y la paz social. Situación similar se vive en el valle de Tambo, en Arequipa, ante la insistencia por imponer el proyecto Tía María.

David Velazco, director de Fedepaz, sostuvo que la conflictividad persiste en un momento “muy duro y muy ácido”, y criticó el discurso oficial que asocia minería y desarrollo, ignorando las demandas sociales. Además, destacó que la criminalización de defensores ambientales y líderes sociales se ha intensificado, y denunció que los ciudadanos de Islay vienen siendo denunciados por haber acatado un paro durante los últimos meses.

Puedes descargar el 36 reporte semestral del Observatorio de Conflictos Mineros en este enlace: https://conflictosmineros.org.pe/wp-content/uploads/2025/07/36-OCM-primer-semestre-2025-1.pdf

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Trujillo 678, Magdalena del Mar, LIMA 17 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 cooperaccion@cooperaccion.org.pe

Internacional

Los vecinos prometen detener la minería: “Nos protegeremos si es necesario”

El campamento de protesta en la meseta de Hesandin continúa, mientras los residentes declaran firmemente que no permitirán que las operaciones mineras continúen bajo ninguna circunstancia.
ANF AMED 17/07/2025
En el distrito Pasur (Kulp) en Amed (Diyarbakır), pobladores y activistas ecologistas continúan su campamento de protesta en la meseta de Hesandin. A pesar de carecer de un informe válido de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), las actividades mineras lideradas por Kulp Madencilik ve Dış Ticaret A.Ş. se llevan a cabo desde 2008.

Si bien el Colegio de Abogados de Diyarbakır obtuvo una declaración escrita de la Dirección Provincial de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático que indicaba que el informe de la EIA no era válido, el documento fue posteriormente alterado a petición de la empresa. La empresa obtuvo ilegalmente un informe de exención alegando que «no se requiere una EIA» e inició sus operaciones. En respuesta, la Comisión de Medio Ambiente y Derecho Urbano del Colegio de Abogados presentó una demanda ante el Segundo Tribunal Administrativo de Diyarbakır. El tribunal exigió la EIA a la Dirección, solo para descubrir que el informe original se había perdido durante una inundación en 2020. Pero a pesar de las irregularidades legales y la falta de documentación, la empresa continúa con su exploración minera. Durante las últimas dos semanas, los pobladores locales han mantenido un campamento de protesta, prometiendo resistir las actividades de la empresa.

Se burlan abiertamente de nosotros.

Mehmet Baran, residente de la aldea de Hêlîn (Yuvacık) y uno de los que se resisten a la operación minera desde 2008, compartió los antecedentes de su lucha:

“Llevamos resistiendo este proyecto minero desde 2008. Compartimos una meseta que conecta seis aldeas y decenas de caseríos. La exploración minera ha estado en curso en esta zona desde 2008. Ese año, se emitió un informe de evaluación de impacto ambiental (EIA) durante cinco años. Pero no se extrajo ni un gramo de mineral durante todo ese período. Finalmente, el informe desapareció por completo. De hecho, se reveló que el EIA se perdió durante una inundación en 2020. A pesar de todo esto, la empresa sigue como si nada hubiera pasado. Se burlan abiertamente de nosotros.

En este momento, la empresa ha comenzado a construir una carretera para acceder a la mina. En respuesta, iniciamos nuestro campamento de protesta hace 15 días. Al principio, solo éramos cinco personas. Pero ahora, afortunadamente, nuestro municipio, las organizaciones de distrito y las asociaciones ecologistas han venido a apoyarnos. No permitiremos que esto suceda. Nuestra gente tampoco lo aceptará. Nos arriesgaremos si es necesario, pero jamás permitiremos que se realicen actividades mineras allí”.

No tendríamos medios para sobrevivir.

Mehmet Baran describió la devastación ecológica que la mina causaría en la zona y continuó: “Hay seis pueblos y docenas de aldeas en esa región. Si se abre la mina, ninguno de esos lugares sobrevivirá. No tendríamos absolutamente ningún medio de vida allí. Dicen que el agua es incluso más vital que el aire y que toda nuestra agua proviene de esa meseta. Si comienza la minería, perderemos el agua por completo. Se contaminará y nuestro aire también se arruinará. La meseta está ubicada justo encima de nuestros pueblos. Incluso una pequeña cantidad de lluvia provoca inundaciones. Además, todo nuestro sustento depende de ella. El cultivo de seda, la apicultura, la ganadería… todo lo que necesitamos para sobrevivir proviene de allí. Si este lugar es destruido, nos veremos obligados a irnos. Tendremos que emigrar fuera de la región o resistir aquí y jamás permitir que algo así suceda”.

https://espanol.anf-news.com/noticias/los-vecinos-prometen-detener-la-mineria-nos-protegeremos-si-es-necesario-54741

Internacional, Litio

África y el litio, el botín más nuevo

(240831) — JOHANNESBURG, Aug. 31, 2024 (Xinhua) — A visitor takes photos of an electric vehicle of BYD from China during the Festival of Motoring in Johannesburg, South Africa, Aug. 30, 2024. This event is held here from Aug. 30 to Sept. 1. (Xinhua/Zhang Yudong)

16/07/2025 – Santiago de Chile – Mauricio Herrera Kahn
Cuando digan que África es el futuro verde de la humanidad, pregúntales quién se lleva el verde
Un nuevo despojo con nombre blanco
No será la última frontera, será el próximo despojo. África también tiene litio pero no lo celebran sus pueblos, lo celebran las bolsas de Londres, las refinerías chinas, los fondos de inversión canadienses y los fabricantes de autos eléctricos en Alemania.

En un continente donde el coltán financió guerras, el diamante sostuvo dictadores y el oro se exportó por aviones mientras los niños bebían agua contaminada, el litio no viene a cambiar la historia, viene a repetirla. Solo que ahora, más rápido, más sucio, y con palabras bonitas como transición energética y descarbonización.

Las cifras que nadie quiere mirar

África posee al menos 7 millones de toneladas de reservas de litio LCE, repartidas en más de 60 proyectos activos en 15 países según el USGS. Eso equivale a cerca del 20 % de las reservas globales identificadas hasta 2024.

Solo en 2023 el continente exportó cerca de US$ 1.300 millones en litio en bruto, principalmente a China. ¿Cuánto de eso quedó en África? Menos del 10 % entre regalías, salarios y contratos. El resto viajó directo a refinerías asiáticas o europeas sin pasar por una sola planta africana.

No hay plantas de refinación, no hay producción local de baterías, no hay control soberano. Solo hay salmuera, polvo o piedra, dependiendo del tipo de yacimiento que sale en barcos sin valor agregado. Tal como el caucho en 1880, tal como el uranio en 1960, tal como la historia lo repite cuando no se defiende.

Los dueños de la fiebre blanca

China es el principal operador. Empresas como Chengxin Lithium, Sinomine, Huayou Cobalt y Zhejiang Huayou han firmado contratos en Zimbabwe, Congo y Ghana. Le siguen los australianos, como Prospect Resources y Atlantic Lithium y más atrás, canadienses y británicos, con proyectos en Namibia y Mali. Todos sonrientes en las cumbres del clima mientras debajo de la tierra revientan las napas.

Estados Unidos ha quedado fuera del negocio directo pero presiona vía diplomática y militar, especialmente en zonas donde China gana terreno. El Pentágono no quiere perder el control estratégico de los minerales críticos en África aunque jamás lo tuvo.

África, por su parte, firma contratos sin soberanía. Algunos gobiernos aceptan apenas un 3 % de regalías, otros ni siquiera eso. A cambio, reciben promesas, caminos, clínicas, electricidad, pero no industrias, no universidades, no valor agregado, solo litio sin justicia.

País por país, una cartografía del saqueo

Zimbabwe
Más de 220.000 toneladas producidas en 2023. Control chino vía Sinomine y Chengxin. Menos del 5 % del valor queda en el país. Reservas de 1 millón de toneladas LCE, el 14 % del total africano. El presidente Emmerson Mnangagwa ha impulsado leyes para nacionalizar el procesamiento pero no se cumplen.

Namibia
Yacimientos en Etango y Uis. Producción comenzará en 2025. Australia y Canadá controlan los proyectos. Reservas estimadas de 400.000 toneladas, un 5,7 % del total africano. El presidente Nangolo Mbumba no ha anunciado nacionalización ni políticas industriales.

República Democrática del Congo
Proyecto estrella en Manono, controlado por AVZ Minerals (Australia). Se proyectan US$ 4.000 millones en exportaciones anuales. El Congo recibe menos del 6 %. Reservas de 1,5 millones de toneladas, el 21 % de África. El presidente Félix Tshisekedi ha denunciado contratos abusivos pero sigue firmando nuevos.

Mali
Yacimiento en Bougouni bajo presión armada. El litio será exportado en bruto por China. Reservas de 500.000 toneladas, el 7,1 % del total continental. Bajo el gobierno militar de Assimi Goïta no hay estrategia de industrialización ni regulación ambiental.

Ghana
Operación controlada por Atlantic Lithium (Australia) en Ewoyaa. Producción en 2025. Reservas de 350.000 toneladas, equivalente al 5 %. El presidente Nana Akufo-Addo ha prometido instalar una planta de baterías pero no hay avances concretos.

Los que no figuran pero ya están

Tanzania
Proyecto en Mbeya, con reservas estimadas en 500.000 toneladas. Operado por Liontown Resources (Australia). Representa el 7 % del total africano.

Etiopía, Nigeria, Sudáfrica y Angola también avanzan en exploración pero en ninguno hay refinación local ni producción de baterías. Y ningún país africano ha establecido un sistema tributario que capture más del 10 % del valor generado por el litio.

Comparaciones que duelen

Argentina con apenas 3,6 millones de toneladas LCE retiene más del 40 % del valor de sus exportaciones gracias a contratos mixtos, regalías regionales y empresas públicas como YPF Litio.

Australia con 6,2 millones de toneladas y más del 70 % de su producción concentrada en Greenbushes, controla buena parte de la cadena global gracias a acuerdos de refinación y alianzas estratégicas con fabricantes de baterías.

Chile pese a su modelo concesional aún conserva participación estatal a través de CORFO y mantiene más del 35 % del valor del litio extraído.

África con más de 7 millones de toneladas apenas conserva entre un 6 % y 9 % del valor total. No existe una CORFO africana, ni un Banco del Litio. Solo contratos redactados en inglés con cláusulas de sumisión arbitral en Londres o Sídney.

¿Qué se espera para los próximos 10 años?

Se estima que África alcanzará el 30 % del suministro mundial de litio para 2035. Según el African Development Bank podría exportar más de US$ 12.000 millones anuales. Pero si no cambia el modelo, seguirá recibiendo entre un 6 % y un 9 %, es decir, perdería cada año cerca de US$ 10.000 millones.

Esa cifra equivale al presupuesto combinado de salud de más de 20 países africanos. Es la diferencia entre una esperanza y un nuevo cementerio. Las oportunidades están, lo que falta es poder político, unidad continental y estrategia soberana.

Saqueo, silencio y futuro en disputa

África produce litio pero no tiene litio, tiene polvo en tránsito, tiene documentos en inglés, tiene promesas que no se cumplen y tiene muertos, porque el litio también contamina, también desplaza, también mata.

Si el litio es esperanza para el mundo, debe ser primero esperanza para África. Mientras no haya control estatal, plantas propias, tecnología local ni justicia tributaria, el litio será otra palabra blanca para la vieja pesadilla negra.

Epílogo

Y cuando alguien diga que África es el futuro verde de la humanidad, pregúntale quién se lleva el verde y quién se queda con el desierto.

África y el litio, el botín más nuevo

 

Perú

Protestas violentas en Iquitos dejan dos policías heridos

La Razón 16/07/2025
Dos policías resultaron heridos, mientras que dos civiles fueron alcanzados por perdigones durante enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional, registrados a poco de la llegada de la presidenta Dina Boluarte a la ciudad de Iquitos.

Ayer martes, la jefa de Estado arribó a Iquitos para participar en la clausura del VIII Consejo de Estado Regional en la región Loreto, actividad en donde también están presentes 13 gobernadores regionales y ministros de Estado.

Conocida su llegada, cerca de mil personas, integrantes de gremios pertenecientes a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se concentraron a las afueras de la Villa FAP, en la Av. Mariscal Cáceres.

Las demandas de este grupo van desde el incremento de sueldos, hasta abarcar temas relacionados con la seguridad, minería ilegal y demás necesidades de la población.

Una vez se acercaron hasta este punto, habrían sido repelidos por las fuerzas del orden, lanzado piedras a los efectivos en respuesta, tras lo cual los agentes buscaron repeler esta protesta utilizando gases lacrimógenos.

Según RPP además de los dos heridos, algunos menores presentes en el lugar también se vieron afectados por el efecto de estos gases. En total, se registraron otros 13 afectados.

El defensor del Pueblo en Iquitos, Abel Chiroque, dijo que tras un acuerdo con los dirigentes, lograron levantar la medida de lucha. Asimismo, se instaló una mesa de diálogo para atender a sus reclamos.

«Se levanta la protesta. Eso es lo que ya se ha logrado. Queremos tranquilidad, queremos evitar que haya afectaciones a la vida, a la integridad de las personas. Porque los policías nos han reportado dos personas heridas», indicó.

Los agentes y los heridos por perdigones fueron llevados de emergencia al Hospital de Iquitos. Por el momento se ha restablecido el orden.

Los protestantes lanzaron piedras cuando se encontraron en la puerta de la instalación militar, lo que generó que sean repelidos por la PNP mediante perdigones y bombas lacrimógenas.

Los manifestantes no solo realizaron exigencias como el incremento de salarios, sino que también tocaron temas de seguridad, minería ilegal, entre otros. Además, varios propalaron insultos contra la mandataria.

«Dina asesina, Loreto te repudia», fue una de las arengas hechas por manifestantes.

Horas más tarde, la presidenta de la República, Dina Boluarte, dejó en claro que no atenderán una “agenda política donde utilizan a nuestras hermanas y hermanos para bloquear carreteras o poder incendiar la pradera con sus voces en las calles”.

“No se dejen utilizar, hermanas y hermanos. La agenda social, bienvenida, la conversamos y la solucionamos”, agregó.

Protestas violentas en Iquitos dejan dos policías heridos

Latinoamerica, Litio

Litio en el Cono Sur: tensiones y oportunidades en la cadena global

15/07/2025
Un estudio sobre la minería del litio en Argentina y Chile revela las complejas relaciones entre sindicatos, empresas y gobiernos en una industria estratégica para la transición energética. El informe, elaborado en el marco del Proyecto FES-IndustriALL sobre la cadena de suministro de baterías, destaca desafíos en gobernanza, condiciones laborales y debida diligencia en derechos humanos.

Durante la presentación se abordó la situación de la minería del litio en Argentina y Chile, países que forman parte del “Triángulo del Litio”, una región clave por su alto volumen de reservas del mineral, esencial para la fabricación de baterías usadas en vehículos eléctricos y tecnologías limpias. La investigación analizó las relaciones entre trabajadores, empresas y gobiernos, con el objetivo de fortalecer la cooperación sindical y mejorar los estándares sociales y ambientales.

El informe señala un crecimiento en la producción de litio en ambos países, aunque con pérdida de participación frente a Australia y China. Las exportaciones están mayoritariamente dirigidas a China, mientras que los procesos de industrialización “aguas abajo” aún son incipientes. En Argentina, el esquema de gobernanza es fragmentado y federalizado, mientras que Chile avanza hacia un modelo más centralizado con mayor presencia estatal.

Respecto al empleo, se observa una baja intensidad laboral, alta tercerización y desigualdad salarial, aunque ha habido un incremento en el empleo total y en la participación de mujeres. La representación sindical es fuerte, pero enfrenta dificultades debido a la precarización y la fragmentación de los contratos.

La aplicación de políticas de debida diligencia en derechos humanos es limitada y se basa mayormente en estándares voluntarios. Sin embargo, la entrada en vigor de normativas más estrictas en Europa se considera una oportunidad para aumentar la presión sobre las empresas y mejorar el cumplimiento en toda la cadena de suministro.

El estudio fue realizado por cuatro investigadores de Argentina y Chile, con el fin de proporcionar a las organizaciones afiliadas a IndustriALL herramientas para identificar actores clave y puntos de presión en un sector en crecimiento, pero con desafíos sustanciales en lo laboral y ambiental.

En la presentación participaron representantes de AOMA (Argentina) e Industrial Chile Constramet. También participaron Laura Carter, secretaria regional adjunta para América Latina, Georg Leutert, director global del sector automotriz, y Diana Junquera, directora global del sector de Energía y Transición Justa, quien afirmó:

“Con este estudio, nuestras afiliadas contarán con información clave y herramientas que les permitirán organizar a más trabajadores a lo largo de toda la cadena de valor de las baterías, especialmente en la minería del litio. Conocer los desafíos a los que se enfrentan es fundamental para poder acompañarlas, y serán ellas quienes se apropiarán de esta información y podrán utilizarla estratégicamente en su labor sindical.”
https://www.industriall-union.org/es/litio-en-el-cono-sur-tensiones-y-oportunidades-en-la-cadena-global

Perú

Policía peruana reprime protestas en rechazo al arribo de Dina Boluarte a Iquitos

El pasado 11 de julio otras protestas de mineros artesanales fueron reprimidas y dejaron un fallecido, y varios heridos de gravedad.
Medios locales reportan hasta el momento 15 personas heridas. Foto: @Epicentro_TV
15/07/2025
La Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), junto a otros gremios y ciudadanos, fueron reprimidos por las fuerzas policiales en Iquitos cuando protestaban contra la llegada de la presidenta, Dina Boluarte.

Al protestar cuando se movilizaban hacia la Villa Área donde la mandataria estará participando en el VIII Consejo de Estado Regional, los manifestantes fueron atacados con gases lacrimógenos.

Medios locales reportan hasta el momento 15 personas heridas. En este sentido, exigen los servicios de agua potable, internet y la detención de la minería ilegal en el país.

Asimismo denuncian que niñeces se vieron afectados en sus viviendas por las bombas lacrimógenas lanzadas por la policía.

El pasado 11 de julio otra protesta de mineros artesanales fue reprimida y dejó un fallecido, y varios heridos de gravedad.

Otros reclamos de la CGTP
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) expresa su rotundo rechazo a la extinción de catorce programas estatales de infraestructura y el traspaso de sus funciones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad cuestionada por su deficiente desempeño en la ejecución del programa Reconstrucción con Cambios.

“Esta decisión, anunciada el 6 de mayo por el entonces ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, en presencia de la presidenta de la República, amenaza con el despido masivo de aproximadamente 5.000 trabajadores y promueve una excesiva burocratización que afectará la ejecución y el mantenimiento de obras fundamentales en educación, salud, transporte, saneamiento urbano y rural, telecomunicaciones, vivienda y desarrollo agrario”, puntualizó el gremio.

De igual manera, señalan en paralelo que el Gobierno incrementa escandalosamente el sueldo presidencial, junto a un vale de 5.000 soles, mientras que el país se encuentra desprotegido frente a la delincuencia, el sicariato y la corrupción institucionalizada.
https://www.telesurtv.net/peru-reprime-protestas-rechazo-boluarte-iquit/

Perú

Policía mató a joven en protestas mineras en Chala, confirma jefe de la PNP

El comandante general Víctor Zanabria confirmó que el disparo que mató a Alexander Checa fue realizado por un agente policial. El Ministerio Público ya abrió investigación.
15/07/2025

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, confirmó que fue un policía el autor del disparo que provocó la muerte de Alexander Checa Montalvo, de 27 años, durante las protestas mineras registradas el pasado viernes en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, Arequipa. En entrevista con RPP TV, Zanabria indicó que ya se iniciaron las diligencias para identificar al agente responsable mediante pericias y análisis fílmicos.

Según la necropsia del Instituto de Medicina Legal, el joven murió a causa de una hemorragia masiva por impacto de arma de fuego en el tórax. Las protestas, protagonizadas por mineros informales que exigían un nuevo proceso de formalización, se tornaron violentas: se usaron llantas quemadas, dinamita y hubo bloqueos en la Panamericana Sur. Durante el operativo, 18 policías resultaron heridos y se arrestó a ocho personas, actualmente en detención preliminar por siete días.

Zanabria aseguró que las imágenes de drones ubican a Alexander Checa en una zona elevada desde donde, presuntamente, se lanzaban ataques contra las fuerzas del orden. “Tenemos video donde él recibe el posible impacto del disparo”, sostuvo. Sin embargo, la familia de la víctima niega esa versión. Su tío, Juan Chipana, afirmó que Checa no era minero, sino taxista, y calificó la muerte como un abuso: “Era un joven trabajador e inocente”.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, ya abrió una investigación preliminar por homicidio. Mientras tanto, más de 3,000 agentes continúan desplegados en la región para controlar los disturbios y garantizar la circulación en vías clave como el corredor vial sur. El caso pone nuevamente en discusión el uso de la fuerza por parte de la policía durante manifestaciones sociales y la falta de garantías en los derechos de civiles.

Policía mató a joven en protestas mineras en Chala, confirma jefe de la PNP

Chile, Litio

Ahora le dicen minerales críticos: ¿de qué Dignidad estamos hablando?

11/07/2025
Corría julio de 1971, y tras décadas de lucha del pueblo chileno, el cobre fue finalmente nacionalizado, siendo arrebatado de las manos de capitales foráneos en un proceso histórico clave para los movimientos sociales. Sin embargo, aquella búsqueda por la soberanía tuvo un quiebre irreparable tras el inicio de la dictadura civil-militar. En consecuencia, los gobiernos de la postdictadura, iniciando un proceso de reprivatización y desnacionalización que se profundiza y mantiene hasta la actualidad.

Así, tras 54 años de la nacionalización del cobre, hoy la frontera extractiva se expande a merced del mercado financiero, de los grandes capitales nacionales y transnacionales, del aseguramiento de la “cadena de suministro” de las potencias globales y el manoseado escenario de transición energética corporativa. Esto, mientras la administración del Gobierno de turno coloca la música y abre las puertas del país a una inversión descriteriada y depredadora, que sofoca resistencias y defensas de los territorios.

En este sentido es que aparecen los llamados “minerales de la Transición” o “minerales críticos”, un nombre bajo el cual el empresariado y los gobiernos aglutinan a diversos bienes comunes naturales que tributan a una transición energética definida por los países industrializados del Norte Global, y fuertemente anclada a la mercantilización y el abultamiento de los mismos bolsillos que nos han empujado a esta crisis climática.

Cobre, litio, renio, molibdeno y tierras raras, para la transición energética, o potasio y boro para la seguridad alimentaria; todo sirve para darles el tributo de “críticos”, y Chile -con un extractivismo cada vez más agudizado- es una fuente de múltiples de estos bienes comunes, por lo que las garras de estos conglomerados buscan apropiarse lo más rápido posible.

Así, a esta extensa franja entre cordillera y mar se le ha designado empresarial y políticamente el rol de “salvador del planeta” para lo cual debería ser explotado en pos de una supuesta lucha contra la crisis climática. Sin embargo, los mismos que buscan explotar a Chile son quienes definen estos minerales como “crítico”, pero para el beneficio de sus economías y su transición energética del Norte Global, mientras que para nosotros y nosotras debieran ser considerados como “estratégicos”, en pos de cuidar la integridad de los territorios y las comunidades.

Y para esto, no escatiman en gastos. Un focalizado e intenso lobby, frenar o intervenir para que no exista una transparencia integral, presionar para la aceleración de la tramitación ambiental pregonando la llamada “permisología” y la criminalización de defensoras y defensores ambientales forman parte de la batería de estrategias que hoy desatan los capitales foráneos y nacionales.

Como hemos dicho en ocasiones anteriores, la Dignidad no cabe en un bolsillo empresarial. La transición energética, y su mandato moral climático revestido de verde e impulsado por la manipulada alianza público-privada, empuja, amplía y fortalece el extractivismo mientras también profundiza la lógica de privatización y desnacionalización de bienes comunes minerales. Esa matriz, que hoy aplaude la agenda político-empresarial, está lejos de aquella Dignidad que se materializó hace 54 años.

De lo contrario, ¿de qué Dignidad estamos hablando?

Ahora le dicen minerales críticos: ¿de qué Dignidad estamos hablando?

Chile, Litio

CChEN aclara qué es el Litio Metálico Equivalente y se conocen implicancias para las comunidades

La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) ha autorizado cuotas en el acuerdo entre Codelco y SQM para la extracción de litio en el Salar de Atacama

Medio Ambiente /Pueblos /Portada /Litio Chile
CChEN aclara qué es el Litio Metálico Equivalente y se conocen implicancias para las comunidades
14/07/2025
La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) ha autorizado cuotas en el acuerdo entre Codelco y SQM para la extracción de litio en el Salar de Atacama. Sin embargo, el permiso fue otorgado en base a una métrica técnica poco comprensible para las comunidades: el Litio Metálico Equivalente (LME). Esta fórmula impide, en la práctica, entender con claridad cuánta agua y salmuera se extraerá tras el aumento de la cuota autorizado. Hoy, gracias a nuevas respuestas entregadas a El Ciudadano, este punto puede comenzar a esclarecerse.

Por Bruno Sommer

Bajo el sol del litio: el precio oculto del agua
En el corazón del desierto más árido del planeta, el Salar de Atacama grita. Las bombas extraen sin cesar salmuera desde su subsuelo, dejando tras de sí lagunas agonizantes, acuíferos deprimidos, flora amenazada y comunidades privadas del acceso al agua. Mientras tanto, empresas como SQM, amparadas por permisos estatales, continúan operando bajo un modelo extractivo que muchos califican de insostenible y que también se apropió del agua de la zona inscribiendo «derechos».

Más allá de los impactos económicos o contractuales del acuerdo Codelco-SQM, el verdadero conflicto se oculta en cómo se mide la extracción. Tanto el volumen de carbonato de litio comprometido como las toneladas de litio metálico equivalente esconden un daño potencial profundo al equilibrio hídrico del salar y a la vida en el norte de Chile.

¿Qué es el Litio Metálico Equivalente (LME)?
Luego de la aprobación del permiso solicitado, El Ciudadano consultó directamente a la CChEN para entender el verdadero significado del LME. Este organismo, encargado de autorizar la producción de litio en Chile por su posible uso nuclear, explicó que:

“La extracción de litio autorizada en un proceso productivo se expresa en Litio Metálico Equivalente (LME), calculado con base en un factor de conversión. Si el objetivo es obtener, por ejemplo, 330.000 toneladas de carbonato de litio al año, aplicando el factor 0,1878714 se autoriza la extracción de 61.997 toneladas de LME.”

De hecho, la CChEN fue enfática: las 2.500.000 toneladas autorizadas entre 2031 y 2060 corresponden al contenido total de litio presente en la salmuera antes de ser procesado, no a litio metálico final.

Para fiscalizar esta extracción, la comisión indicó que se utiliza una fórmula técnica basada en los siguientes parámetros- que los otorga la empresa-:

Bombeo total de salmuera (litros por segundo)

Concentración de litio (ppm)

Densidad (toneladas por m³)

Tiempo de extracción (T)

La fórmula utilizada es:

Litio contenido = BS × CL × D × T

¿Cuánta agua representa esto?
La cifra autorizada por la CChEN equivale, en términos prácticos, a la extracción de 8.334 piscinas olímpicas de salmuera por año, es decir, unas 22,8 piscinas diarias, cada una con 2,5 millones de litros.

Este volumen no tiene precio para las comunidades, pero su valor ambiental y ecológico es incalculable. En un ecosistema híperárido, cada litro cuenta. Y lo que se extrae no es solo litio: es agua, vida, equilibrio.

¿Qué más se obtiene a partir del LME?
Del procesamiento de las salmueras se obtienen diversos productos, entre ellos:

Cloruro de Litio (LiCl) – Producto principal para baterías

Cloruro de Potasio (KCl) – Fertilizante de alto valor

Sulfato de Potasio (K₂SO₄) – Fertilizante premium

Carnalita (KCl·MgCl₂·6H₂O) – Fuente de potasio y magnesio

Cloruros y sulfatos de magnesio – Subproductos

Ácido bórico (H₃BO₃) – Subproducto valioso en salmueras con boro

entre otros….

El litio se va, los impactos se quedan
Al igual que los concentrados de cobre que salen del país sin ser fundidos ni refinados localmente, el litio extraído se exporta en gran parte sin valor agregado más que el de carbonato de litio y algo de hidróxido, aumentando su huella de carbono y dejando atrás los impactos. La cadena de suministro empieza en el salar, pero rara vez vuelve a mirar hacia él.

A menos que el Presidente de la República intervenga directamente, serán las comunidades -hoy en medio de procesos de consulta marcados por presiones para obtener su visto bueno en tiempo récord- quienes tendrán que defender el territorio.

Como se ha conocido recientemente, Minera Tarar SpA deberá presentar una actualización del Informe de Evaluación de Recursos y Reservas del Salar de Atacama. Para operar plenamente, requerirá además una nueva Resolución de Calificación Ambiental, que expertos consideran debería implicar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Lo que se presenta como una fórmula técnica —LME— encierra una verdad incómoda: detrás de los números, se esconde una afectación ambiental profunda y poco comprendida. Y mientras Chile se prepara para liderar la transición energética global, el norte sigue pagando con agua un progreso que no lo incluye.

Mientras en el mundo de los negocios ligados a lo metálico, LME es entendido como la cotización internacional oficial del metal correspondiente, la CChEN le da una conceptualización diferente, tal vez por temas de transparencia y para contratos y papeles debiese cambiar su nombre.

Por Bruno Sommer, El Ciudadano
https://www.elciudadano.com/especiales/litio-chile/cchen-aclara-que-es-el-litio-metalico-equivalente-y-se-conocen-implicancias-para-las-comunidades/07/14/

Bolivia, Litio

Viceministro: Si no se industrializa el litio ahora, perderemos una oportunidad más

11/07/2025
(ABI). – Si no se aprueban los contratos para industrializar el litio, Bolivia perderá una gran oportunidad y más adelante se cuestionará el por qué no se actuó a tiempo, alertó este viernes el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez.

“Creo que es fundamental entender que el Gobierno tiene la responsabilidad de planificar y anticiparse al incremento del precio del litio previsto para 2030. Si no se industrializa ahora, perderemos una oportunidad más”, afirmó en una entrevista con radio Fides, refiere un reporte del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

Por ello, instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a considerar el contexto económico global y anticiparse al incremento del precio del litio, proyectado en más de $us 30.000 por tonelada en 2030 (actualmente alrededor de $us 9.000) y viabilizar los contratos firmados con Uranium One Group de Rusia y CBC de China.

Arnez recordó que este proceso comenzó en abril de 2021 con una convocatoria internacional que generó una importante expectativa, y remarcó que no se trata de una aprobación “a la salida” del Gobierno, sino de un paso dentro de los procedimientos de la convocatoria.

“Se necesitan al menos entre tres a cinco años para construir y poner en marcha una planta industrial”, explicó.

El viceministro aseguró que los contratos firmados con empresas Uranium One Group de Rusia y CBC de China no solo responden a afinidades geopolíticas —por ser ambos países miembros de los BRICS que representan cerca del 40% del PIB mundial— sino también a las capacidades técnicas avanzadas que poseen para la industrialización del litio.

“Más allá de la afinidad política, estamos hablando de capacidades técnicas reales. En el caso de CATL, que forma parte del consorcio CBC, estamos frente al mayor productor mundial de baterías de litio”, sostuvo.

Subrayó que, al tratarse de contratos a rango de ley, estos brindan la seguridad jurídica que requieren las empresas internacionales para ejecutar sus inversiones.

“Una planta tarda entre tres a cinco años en estar operativa. Si no se aprueban ahora, el proceso tendría que reiniciarse y eso tomaría años”, expresó.

Arnez también alertó que algunos candidatos anunciaron públicamente su intención de anular los contratos si llegan al poder. Frente a esa incertidumbre, enfatizó que “quien tiene la llave y el candado es la Asamblea Legislativa para anularlos”, y que las empresas exigen leyes como garantías jurídicas para invertir en el país.
Rdc/Jfcch/Afbs
https://abi.bo/index.php/economia2/66356-viceministro-si-no-se-industrializa-el-litio-ahora-perderemos-una-oportunidad-mas