Perú

Ayacucho: Minera Ares invoca al diálogo a comuneros de Huancute

Eva Cruz 28/10/2022
Minera Ares lamenta que, para estos fines que atentan contra del Estado de derecho y la propiedad privada, algunos pobladores expongan a niños.
Recordaron que a la fecha, siete empresas del Anexo Huancute brindan diversos servicios a la mina Inmaculada en Transporte de Personal, Lavandería, Cisternas, Maquinaria Pesada, por lo que Ares ha pagado más de S/ 11 millones en los últimos cuatro años.

Sobre supuesto maltrato a comuneros de Huancute, Compañía Minera Ares indicó, a través de un comunicado oficial, que el 26 de octubre, al promediar las 2:00 pm, algunos pobladores del anexo de Huancute ingresaron ilegalmente al terreno donde se encuentra la mina Inmaculada, a pesar de que el mismo se encuentra debidamente cercado y cuenta con la señalización respectiva.

Precisaron que Compañía Minera Ares SAC (CMA) realiza parte de sus actividades en terrenos sobre los cuales posee derechos de servidumbre, en un área de 373.92 hectáreas, otorgados por la Superintendencia de Bienes Nacionales como propietaria de dichas tierras.

Con el objetivo de salvaguardar y proteger nuestros derechos, la empresa comunicó, tanto al Ministerio Público como a la Policía Nacional del Perú, sobre estos actos atentatorios a la ley.
Minera Ares

En ese sentido, el mismo día la Policía Nacional procedió conforme a ley y retiró de manera pacífica al grupo de pobladores que se encontraba ilegalmente dentro de las instalaciones.

“Lamentamos que, para estos fines que atentan contra del Estado de derecho y la propiedad privada, algunos pobladores realicen actos como los descritos acompañados de niños, exponiéndolos a este tipo de situaciones”, anotaron.

Asimismo, “rechazamos que algunos medios locales propalen información inexacta sobre
un presunto uso de la fuerza contra este grupo de pobladores.

“Hemos actuado de acuerdo a ley, habiendo recurrido a las autoridades competentes, sin haberse generado ningún tipo de agresión en ningún momento por parte de éstas ni del personal de CMA”, remarcaron.

Acciones de responsabilidad social

Compañía Minera Ares ha venido desarrollando diversas actividades de responsabilidad social en el Anexo Huancute desde que empezó la operación en el año 2015, beneficiando a los ciudadanos con apoyo de salud, educación y desarrollo económico.

Además, a la fecha, siete empresas del Anexo Huancute brindan diversos servicios a la Unidad Minera Inmaculada en rubros de Transporte de Personal, Lavandería, Cisternas, Maquinaria Pesada entre otros, por lo cual CMA ha pagado más de S/ 11 millones en los últimos cuatro años.

“Nuestra empresa una vez más invoca al diálogo a los pobladores del anexo Huancute como única vía para la solución de cualquier diferendo”, finalizaron.

Ayacucho: Minera Ares invoca al diálogo a comuneros de Huancute

Internacional

La promesa y los peligros de la minería marina en la Amazonía Azul

29/10/2022
Los fondos marinos ricos en minerales de la costa brasileña despiertan un gran interés, pero la extracción no regulada tendrá impactos irreversibles.
Fuente: Diálogo Chino
Kevin Damasio
Es posible que no hayas oído hablar de la «Amazonía Azul». Se trata del territorio marítimo de Brasil, o zona económica exclusiva (ZEE), que abarca una superficie de 3,6 millones de kilómetros cuadrados bordeando la costa del país, y se llama así por su tamaño que equivale a la superficie de la selva amazónica.

Al igual que la propia Amazonía, también es una zona abundante en riquezas naturales y minerales, algo que ha despertado un gran interés en Brasil, dados los derechos especiales del país sobre dichos recursos dentro de su ZEE.

Más allá de la ZEE, también se está intensificando la atención -y las negociaciones en curso- sobre la minería de aguas profundas en aguas internacionales. El propio Brasil quiere ampliar su jurisdicción para explorar y explotar potencialmente minerales más allá de los límites de su costa atlántica. Pero los expertos advierten que, dada la falta de estudios y de legislación específica actualmente en vigor, tales actividades podrían causar graves daños al medio ambiente oceánico.

¿Qué sustancias se encuentran en la Amazonía Azul?
Fosfato, ilmenita, sales de potasio, sales de roca e incluso carbón son algunos de los minerales y yacimientos para los que se han presentado solicitudes de exploración y explotación en la Amazonía Azul. También se ha presentado un gran número de solicitudes para la recuperación de arena y roca caliza del fondo marino.


La Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil ha registrado 765 solicitudes de explotación minera activas en el área marina del país, que abarcan una superficie que supera el millón de hectáreas. De estas solicitudes, más del 70% se han realizado desde 2010, 398 tienen autorización para la investigación, 44 están a la espera del permiso para iniciar la explotación y 50 ya han obtenido la concesión. Otras 268 están en la fase inicial de solicitud de investigación y cinco están abiertas a solicitudes de prospección.

¿Qué se está explorando en la Amazonía Azul y por quién?
La ANM ya ha autorizado la extracción de dos sustancias en el sistema marino costero de Brasil: arena y piedra caliza. En el caso del fosfato -la sustancia de mayor interés para el sector minero en la ZEE brasileña- aún no se ha otorgado ninguna concesión, pero hay 279 solicitudes abiertas que abarcan un total de 531.000 hectáreas, presentadas por 20 empresas o particulares. El fosfato es un material clave para la producción de fertilizantes, así como de muchos productos cotidianos como alimentos, cosméticos y productos electrónicos.

Actualmente, sólo dos empresas producen piedra caliza de origen marino en Brasil. Según la ANM, la sustancia explotada se utiliza en la producción de fertilizantes y nutrición animal, así como para la acuicultura de camarones, el tratamiento del agua y la fabricación de suplementos vitamínicos y minerales.

La empresa paulista Oceana Minerals obtuvo seis concesiones mineras en 2010, con una superficie de 11.100 hectáreas frente a la costa del norteño estado de Maranhão. Por su parte, PrimaSea fue autorizada en 2013 a explorar piedra caliza en cinco concesiones que suman algo menos de 5.000 hectáreas frente al estado de Bahía, en la costa oriental de Brasil. La empresa de Bahía utiliza la piedra caliza extraída para la fabricación de cemento.

¿Cuáles son los riesgos de la minería en la Amazonía Azul?
Según la ANM, «la legislación actual que regula la investigación minera y la explotación de minerales en Brasil no hace ninguna distinción entre áreas submarinas y terrestres».

Pero sin una regulación específica para el océano, la actividad minera podría llevar al colapso de los ecosistemas costeros marinos, advierte Paulo Horta, biólogo marino y profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina: «Produciremos materias primas útiles para la agricultura y otras esferas económicas, pero comprometeremos el funcionamiento del sistema oceánico, que es un sumidero de carbono».

Horta destaca la perturbación que las actividades extractivas pueden ocasionar en los ecosistemas denominados «carbono azul» que han capturado grandes cantidades de emisiones. «El océano ha absorbido aproximadamente el 25% del carbono que hemos emitido desde la Revolución Industrial. Al extraerlo, liberamos lo que ya se ha almacenado y socavamos la capacidad del océano para seguir almacenándolo».


Comunidades de criaturas marinas en un lecho de rodolitos en aguas del sur de Brasil (Imagen: PA Horta / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-4.0)

Según Horta, uno de los mayores riesgos de la minería marina es la dispersión de sedimentos del suelo, o plumas, que pueden dañar importantes ecosistemas, como el banco de rodolitos que se extiende 231.000 km2 desde Santa Catarina, en el sur de Brasil, hasta la desembocadura del río Amazonas, entre los estados de Amapá y Pará, en el norte del país. Codiciados para la producción de fertilizantes, los rodolitos son algas ricas en carbonato de calcio esenciales en la formación de arrecifes, y son grandes acumuladores de carbono. Los lechos de rodolitos de este banco atlántico han sido, al parecer, el objetivo del gobierno brasileño para su extracción.

Horta añade que las plumas podrían reducir la capacidad productiva de este banco de rodolitos en un 70%: «Es un escenario muy grave, porque muchas de las más de 700 solicitudes son para zonas poco profundas. Pero incluso las que están en aguas profundas producen plumas que pueden dispersarse por decenas o cientos de kilómetros».

Además, según el científico, las actividades extractivas y las perturbaciones que provocan pondrían en peligro el sustento de miles de familias que viven de la pesca, el turismo y la maricultura en aguas brasileñas.

¿Existen alternativas a la extracción de estos recursos?
Horta defiende soluciones basadas en la economía regenerativa. En lugar de agotar ciertos recursos naturales, una alternativa de menor impacto a la minería marina es la agricultura oceánica regenerativa de algas. Este enfoque permite cultivar algas en entornos marinos que pueden utilizarse para la producción de biofertilizantes, y aporta una serie de co-beneficios ambientales y sociales.


Cultivo tradicional de algas en la provincia china de Fujian, donde especies como la Saccharina japonica (konbu) se cultivan en cuerdas colgadas entre cañas de bambú (Imagen: Alex Berger / Flickr / CC BY NC)

«De este modo, no sólo eliminamos el dióxido de carbono de la atmósfera, sino que también cubrimos los daños de la [producción] de nitrógeno y fósforo que hoy crean zonas muertas alrededor del planeta», afirma el científico.

En su opinión, esta alternativa podría aplicarse a lo largo de los casi 8.000 kilómetros de costa brasileña, generando puestos de trabajo e ingresos y reduciendo la dependencia de los fertilizantes importados, además del potencial económico para las industrias farmacéutica y cosmética.

¿Dónde están las zonas más ricas en minerales?
Más de la mitad de las solicitudes de explotación minera presentadas a la ANM se refieren a bloques situados en aguas menos profundas y más cercanas a la costa de Brasil, en una zona conocida como margen continental. «Esta es la zona más interesante para aprovechar no solo los recursos minerales, sino el espacio marino en su conjunto, con la energía de las olas, el viento y el hidrógeno verde», dijo Luciana Felício, jefa de la división de geología marina del Servicio Geológico de Brasil (SGB – CPRM), la agencia estatal que investiga los recursos minerales del país.

Las aguas poco profundas son las zonas más interesantes para aprovechar no solo los recursos minerales, sino el espacio marino en su conjunto, con la energía de las olas, el viento y el hidrógeno verde
Sin embargo, esta zona aún exige más estudios. «Necesitamos conocer el relieve del fondo marino, las condiciones del océano, las corrientes y la línea de base ambiental de la zona para que los beneficios se amorticen sin grandes perjuicios para el medio ambiente», añadió Felício.

Uno de los programas actuales de la SGB consiste en una cartografía más completa de las regiones poco profundas de Brasil, para profundizar en el conocimiento de la geología, la dinámica oceánica y las cuestiones medioambientales. Según Felício, éste será uno de los principales objetivos de la agencia a partir del próximo año. Su plan para los años 2023 a 2027 se centra en la costa noreste del país, entre otras zonas.

¿Qué tiene que ver la ONU con la explotación de los fondos marinos?
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), es un organismo de la ONU que define las normas para la extracción de minerales marinos. El tema ocupó un lugar destacado en la segunda Conferencia de la ONU sobre los Océanos, celebrada en junio en Lisboa.

Pero la minería de aguas profundas que se realiza fuera de la jurisdicción de los países sigue sin estar regulada por la ISA, a pesar de ser objeto de un enorme interés económico. El estado insular de Nauru, en el Pacífico, ha liderado la iniciativa de permitir el inicio de la minería de aguas profundas en alta mar, invocando una cláusula que le permitiría iniciar sus actividades a mediados de 2023 independientemente de las normas vigentes.

Por otro lado, muchos científicos y activistas aprovecharon la reciente conferencia de la ONU para impulsar una moratoria de la minería oceánica hasta que se realicen más estudios sobre sus impactos.

La elevación de Río Grande: ¿una nueva frontera?
Desde 2009, el SGB estudia la elevación de Río Grande, una cadena de montañas submarinas distribuidas en un área de unos 150.000 km2, a una profundidad de aproximadamente 3.000 metros. Esta región de aguas profundas se encuentra fuera de la jurisdicción brasileña, a unos 2.300 km de la costa al sur del país. Durante las primeras expediciones a la zona, los investigadores identificaron la presencia de metales como el manganeso, el cobre y el cobalto.

Para profundizar en los estudios, el SGB firmó en noviembre de 2015 un contrato de 15 años con la ISA. Las investigaciones pronto identificaron estructuras rocosas similares a las de la costa brasileña. Luego, a finales de 2018, Brasil presentó una solicitud a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU para reclamar la elevación de Río Grande y otras áreas dentro de su jurisdicción. Si se aprueba, la ZEE brasileña pasaría a tener 5,7 millones de km2.

El reclamo aún no ha sido atendido por la comisión. Brasil no tiene permiso para la exploración económica de la cuenca del río Grande mientras espera una respuesta.

¿Se está monitoreando este mar de posibilidades?
Las operaciones brasileñas en aguas profundas todavía están en fase de investigación y aún no han atraído el interés de las empresas nacionales, dice Felício. La ANM no ha recibido solicitudes de investigación de minerales en aguas profundas.

Petrobras, el gigante petrolero brasileño de propiedad parcialmente estatal, ya tiene constancia de la presencia de marcas de agua en la elevación de Río Grande; se trata de depresiones en forma de cráter en el lecho marino en las que hay escape de fluidos y gases, principalmente metano, que pueden indicar la presencia de hidrocarburos. Sin embargo, la empresa ha informado de que por el momento no prevé explorar la zona, debido a la escasez de estudios.

Desde 2017, Maila Guilhon estudia las estrategias y directrices para preservar los ecosistemas en la exploración minera en aguas internacionales. Para la bióloga, no está claro que Brasil quiera hacer minería en las profundidades marinas. A pesar de ser el país con mayor dominio de personal, infraestructura y técnicas de investigación científica en el Atlántico Sur, «Brasil no tiene la tecnología para realizar esta exploración» y tendría que hacer asociaciones internacionales.

Además, el país carece de un marco normativo para la minería de aguas profundas. «Es muy importante tener una base normativa, como una ‘Ley del Mar’, para tener principios rectores y buenas prácticas ambientales», añade Guilhon. «Según lo que se vaya a hacer, el principio de precaución es el primer punto a tener en cuenta, además de la participación de la sociedad civil».

Guilhon está realizando parte de su investigación de doctorado en el Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad de Potsdam (Alemania), en contacto con múltiples partes implicadas en los debates en curso sobre la minería de aguas profundas. China, India, Rusia y el Reino Unido son algunos de los principales países interesados en llevar a cabo estas actividades, mientras que naciones de la Unión Europea, América Latina y el Caribe se han manifestado en contra de esta exploración y posible explotación.
https://noalamina.org/latinoamerica/brasil/item/46226-la-promesa-y-los-peligros-de-la-mineria-marina-en-la-amazonia-azul

Argentina, Bolivia, Chile, Litio

Diferencias en torno de una eventual “OPEP del litio” entre la Argentina, Bolivia y Chile

Un funcionario chileno dijo que su gobierno trabaja con los de Argentina y Bolivia en la creación de un “cartel” del mineral. Ante el rechazo de los gobiernos provinciales argentinos, la secretaría de Minería de la Nación dijo que cualquier medida “debe tener como principales actores a las provincias”
29/10/2022
Vista aérea de la explotación de un salar en Jujuy, a partir del cual se produce carbonato de litio
El litio promueve inversiones, genera empleo y exportaciones. Y también expectativas, como la creación de una “OPEP del Litio” entre la Argentina, Bolivia y Chile, que integran el triángulo sudamericano del litio.

La cuestión se volvió expresa cuando el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería chilena, José Miguel Ahumada, dijo que “pronto” habría anuncios y refirió la existencia de un “documento” sobre una política industrial regional con Argentina y Bolivia “para escalar en la cadena de valor del litio”.

Además, el canciller chileno, Antonio Urrejola, había dicho en julio –según informó un portal chileno- que mantenía conversaciones sobre el tema con su par argentino, Santiago Cafiero, y esperaban sumar a Bolivia a esos diálogos.

“No vamos a permitir que el litio vaya a manos de quienes no son el legítimo dueño. Nosotros tenemos esa riqueza, la vamos a compartir obviamente, pero nos corresponde a nosotros” (Ricardo Villada, ministro de gobierno de Salta)
Apenas trascendieron esas versiones, los gobiernos de Jujuy, Salta y Catamarca, las tres provincias argentinas que forman el llamado “triángulo del litio” nacional e integran la “Mesa del Litio”, rechazaron enfáticamente cualquier iniciativa en ese sentido.

“He escuchado a dirigentes decir desde la Capital que el litio es la salvación del país. ¿Por qué no vinieron antes? Cuando se moría la gente en el Norte. Hablan de los chicos desnutridos, pero cuando hay que poner plata no lo hacen. No vamos a permitir que el litio vaya a manos de quienes no son el legítimo dueño. Nosotros tenemos esa riqueza, la vamos a compartir obviamente, pero nos corresponde a nosotros”, dijo Ricardo Villada, ministro de gobierno salteño.

Actores principales
Ante estas reacciones, la cancillería argentina negó negociaciones en ese sentido y la secretaria de Minería de la Nación (y exministra de Minería de Catamarca), Fernanda Ávila señaló que “cualquier medida debe tener como actores principales a las provincias” y que “la plataforma para discutir estas medidas y las políticas públicas alrededor del litio ya está diseñada y es la Mesa del Litio”, que formaron, precisamente, Salta, Jujuy y Catamarca.

Fuentes del sector minero señalaron que las conversaciones entre los gobiernos apuntan a acordar medidas o políticas para controlar el precio del litio, de allí la expresión “OPEP del litio”, por el cartel de países productores de petróleo que a través de cuotas de producción busca afectar a su favor la cotización del crudo en el mercado internacional.


Uno de los gráficos de un informe del Centro Fundar, que proyectó que la Argentina podría exportar más de USD 5.000 millones en litio, pero alertó sobre los obstáculos a superar
Uno de los gráficos de un informe del Centro Fundar, que proyectó que la Argentina podría exportar más de USD 5.000 millones en litio, pero alertó sobre los obstáculos a superar
El gobierno pretende fijar precios para evitar que las operaciones locales de mineras internacionales apliquen “precios de transferencia” para evadir impuestos y engrosar la ganancia de sus matrices. La brecha cambiaria es otro incentivo a este tipo de conductas. En julio pasado, la Aduana denunció maniobras de subfacturación en la exportación de carbonato de litio de Livent Lithium, una empresa de EEUU que en Catamarca explota el “Salar del Hombre Muerto”. Entre 2018 y 2019 la empresa habría evitado así el pago de USD 8 millones en retenciones, a raíz de lo cual la AFIP determinó una multa de $6.700 millones.

De todos modos, prima claramente el rechazo a una mayor intervención del estado, más aún a nivel tripartito. En Chile, Daniel Jiménez, socio de iLi Markets, una consultora mundial sobre el litio y director de Galan Lithium, una compañía australiana con inversiones mineras a ambos lados de la cordillera, y ex ejecutivo de SQM, principal explotación de litio chileno, dijo que la idea de un Cartel u OPEP del litio “es una práctica anticuada que no ha funcionado bien en ninguna parte”.

Producto abundante
“Chile hoy produce el 30% del litio que se extrae en el mundo, pero dadas las proyecciones que hay en 2030 el país va a hacer un 13%, Argentina hoy es un 5% y Bolivia es cero. Estamos hablando de actores vecinos que hoy son chicos. Hacia 2030 Bolivia probablemente va a seguir siendo chico y Argentina va a crecer mucho, probablemente al tamaño de Chile en términos de producción. Pero este cartel, en el mejor de los casos, podría representar un 25% o 30% de la oferta” y no podría influir el precio mundial, dijo Jiménez, quien enfatizó que Australia “es y va a seguir siendo el mayor productor en el mundo”. Además, señaló, “el litio es un producto abundante en el mundo, no nos engañemos (…) a los precios actuales, cualquier recurso de litio, por malo que sea, es un buen proyecto. Entonces la oferta va a venir”.

Jiménez dijo que en 2030 Chile seguirá exportando mucho más cobre que litio, en una relación de diez a uno. La del litio, subrayó, “es una industria pequeña y va a tener un ciclo de vida. Las tecnologías no tienen más de 20 años de vida y el litio ya tiene más de 20 años y se está trabajando en sustitutos”. Además, agregó, “viene el reciclaje y todo el litio que estamos extrayendo hoy se va a reciclar, va a ser muy fácil la recolección. No es un recurso que se consuma como el petróleo; es uno que una vez extraído va a tener varias vidas. El litio nunca debió haber sido considerado estratégico en Chile”.

Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, hizo apreciaciones parecidas del lado argentino. En una nota en el medio especializado Club Minero, desechó que un eventual “OPEP sudamericana del litio” pueda influir sobre los precios del mineral.


La secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, durante una presentación en la London Metal Exchange Week, en Londres
La secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, durante una presentación en la London Metal Exchange Week, en Londres
El poder de mercado de un Cartel, explicó Guzmán, depende de 3 condiciones: 1) manejar una buena parte de la oferta; el 30% no alcanza; 2) que la elasticidad de demanda sea baja (no debe ocurrir que si aumenta el precio del producto baje mucho su demanda); y 3) que la elasticidad de oferta de los competidores sea baja, algo que no se da si ante un aumento del precio países ajenos al cartel (en este caso, Australia, China y EEUU) producen mucho más.

Según el experto, la única condición a favor de una “OPEP del litio” entre la Argentina, Bolivia y Chile es la segunda, como se está demostrando actualmente: los precios han aumentado, pero la demanda se mantiene firme, sostenida por la tendencia hacia la electrificación del mercado automotor mundial.

El interés por los recursos de litio de la Argentina se evidenció nuevamente esta semana en la participación de Ávila, la secretaria de Minería, en la London Metal Exchange Week, gran tenida mundial del sector minero en la suerte de “Wall Street de los Metales” que es la LME. Avila tuvo un lugar en la mesa principal y el martes recibió a la International Lithium Association (ILiA), en un evento que contó con más de 100 participantes.
https://www.infobae.com/economia/2022/10/29/choque-de-declaraciones-sobre-una-eventual-opep-del-litio-entre-la-argentina-bolivia-y-chile/

Argentina

Comunidades en alerta por una mina de oro en Cachi

El reciente descubrimiento de un yacimiento en el Alto Valle Calchaquí, alertó al Pueblo Nación Diaguita. Si se concreta su explotación, contaminará el agua para consumo y riego que utilizan todas las comunidades del departamento Molinos, ubicadas en la cuenca del río Luracatao.
Analía Brizuela 29/10/2022
Yacones III en la naciente del Río Luracatao y el peligro latente para las comunidades aguas abajo
El lunes 24 de octubre el gobierno de la Provincia informó por segunda vez el descubrimiento de un yacimiento de oro y cobre en un sector montañoso del Alto Valle Calchaquí. Bajo el título “Yacones III expediente 24387/20”, la Jueza de Minas de Salta, María Victoria Mosmann, comunicó que la sociedad Yacones SRL declaró “el descubrimiento de un yacimiento diseminado de oro y cobre ubicado en el departamento de Cachi”. El documento menciona luego los puntos satelitales – entre ellos el que corresponde al sitio de la manifestación – e informa que las 2989 hectáreas afectadas se encuentran en una propiedad cuya titular registral es la hija del actual senador provincial por Cachi, Walter Wayar. El documento lleva la firma de la secretaria del juzgado, María Alejandra Loutayf.

“Me sorprendió la noticia. Estoy haciendo averiguaciones porque nadie me informó del ingreso de personas ajenas a mi propiedad para hacer exploración”, dijo Andrea Wayar a Salta 12. “Todavía no puedo encontrar de qué propiedad hablan. Me parece que hay un error, porque el catastro es una casa en el pueblo de Cachi que sí es de mi propiedad”, aclaró durante la entrevista realizada por este medio.

El Juzgado de Minas de la Provincia no lo informó, pero la matrícula que se declara en el edicto lleva el número 403. Efectivamente, Salta 12 corroboró que existen dos catastros con esa numeración. Uno es propiedad de la hija del senador por Cachi. No tiene una extensión de casi tres mil hectáreas sino poco más de dos mil metros cuadrados y figura a su nombre desde 2010. Es una vieja casona restaurada sobre una de las esquinas de la plaza principal de Cachi. Perteneció a Adela Tedín. Entre 1995 y 1998 existió una disputa judicial entre los herederos de esa familia y los Wayar por la posesión del catastro. Entre 2008 y 2010 Walter Raúl Wayar fue titular de ese dominio.


El segundo catastro 403, aparece al oeste de las cumbres del Nevado Libertador General San Martín o Nevado de Cachi. Según datos públicos, disponibles en la Dirección General de Inmuebles salteña, se trata de una matrícula declarada con ese mismo número pero en otro departamento. Por su extensión (casi 138 mil hectáreas) abarca la fracción occidental de Cachi y buena parte del vecino Molinos. Fue adquirida en Julio de 1979 por Campo Rosario Sociedad en Comandita por Acciones por la suma de $200.000.000 (Pesos Ley 18.188, $20.000 de hoy). Desde octubre de 2014, la SCA cambió de denominación. Actualmente es Finca Luracatao SA. Por los puntos satelitales, la manifestación de la mina de oro y cobre realizada por Yacones SRL y publicada en el Boletín Oficial salteño, se encuentra al norte de esa matrícula, más precisamente en la naciente del río Luracatao. La alta cuenca del río la constituyen las laderas occidentales y cumbres nevadas del Nevado de Cachi y de Palermo. También las laderas orientales del Cerro Oire Grande y Morteritos.

La novedad del descubrimiento se viralizó en portales digitales y redes sociales. Cada espacio en la red tituló de manera diferente la versión oficial del gobierno salteño y en redes sociales les salteñes reprodujeron o ampliaron esas mismas versiones. Sin embargo, un portal digital en particular (FM Profesional) agregó que el yacimiento estaría próximo a explotarse. La noticia llegó a las comunidades diaguitas calchaquíes, que se preocuparon por los efectos nocivos de la extracción de oro.

La información del Boletín Oficial salteño no asegura que la hija del senador provincial por Cachi forme parte de la sociedad Yacones SRL. El último registro de reunión de socios en esa misma publicación, data de Julio de 2020 y menciona modificaciones societarias realizadas en 2018 y 2020. Según el último aviso comercial de Julio de 2020, sus gerentes titulares aún serían Agustín Miguel y Simón Pérez Alsina. Desde setiembre de 2018, la SRL declara estar habilitada para actividades agrícolas y mineras. Éstas últimas pueden ser de exploración, explotación de yacimientos, o servicios mineros. La información disponible en buscadores, arroja datos únicamente de Simón Perez Alsina: es tesorero en la actual gestión de la Cámara de Minería de Salta y síndico en Pacific Rim Mining Corporation. El Colegio de Abogados de Salta informa que forma parte del buffet Perez Alsina & Frezze Durand.


Localización del yacimiento de oro y cobre en el catastro 403 de Finca Luracatao SA
Yacones SRL recién figura desde 2022 como poseedora de varios catastros mineros en los departamentos Cachi (municipio homónimo) y Los Andes (municipio San Antonio de Los Cobres). Los datos se desprenden de la última actualización de polígonos mineros de la provincia, disponible en IDESA (Infraestructura de Datos Espaciales de Salta). La información data del 4 de octubre de éste año. En ese archivo, la sociedad de responsabilidad limitada es la titular del catastro minero donde se encuentra el yacimiento diseminado de oro y cobre, informado a las doctoras Mosmann y Loutayf. La superficie de Yacones III sí corresponde a las 2989 hectáreas declaradas e informadas por el Boletín Oficial. Por las coordenadas del edicto, el yacimiento diseminado se localiza al noroeste del departamento Cachi y corresponde al titular registral Finca Luracatao SA.

El yacimiento diseminado que informaron contiene errores. Sin embargo la manifestación declarada se encuentra efectivamente en un sector clave para esa microcuenca en el Alto Valle Calchaquí que abastece a muchos campesinos y comunidades originarias en el departamento Molinos.

Las apariciones de oro siguiendo el río Luracatao son conocidas entre los pobladores. El yacimiento de Yacones SRL se localiza sobre una vieja ruta de arreos de mulas que viajaban en el siglo XIX y XX a las minas borateras inglesas en Chile. Fue el circuito comercial más importante de los Valles Calchaquíes y por siglos fuente de riqueza para muchas familias salteñas.

¿La fiebre del oro?


La provincia de Salta prácticamente cuatriplicó sus exportaciones mineras en 2021 y no gracias al litio, sino al oro. El metal precioso es, simbólicamente, el último resguardo de valor. El dato surge al explorar el SIAMCAM, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina del Ministerio de Economía de Nación.

El año pasado, las exportaciones mineras de la provincia rozaron los 228 millones de dólares, una cuenta que en números redondos encabezó el oro (167 millones de dólares), seguido muy lejos por los boratos (38 millones de dólares) y el litio (21 millones). En 2020, año del inicio de la pandemia de coronavirus, ese metal (Au por su nomenclatura química) ocupó el segundo puesto: boratos primero (28 millones de dólares), oro luego (17 millones de dólares) y litio tercero (16 millones de dólares). Al menos desde 1998 – año en el que inicia la serie de exportaciones salteñas en el SIACAM – el oro no figura en la lista de minerales exportados desde la provincia.

La única mina de oro que extrae el mineral en Salta es Lindero, operada por Mansfield Minera SA de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines Inc. Se encuentra en Salar de Arizaro, cerca del límite entre el departamento salteño Los Andes y la provincia de Catamarca. La empresa es dueña del cien por cien del proyecto. Según prensa de gobierno de Salta, el martes 20 de octubre de 2020 se produjo el primer vertido de oro de la mina, “un hito para la minería argentina” con 728 onzas de oro. En su web, Fortuna Silver informa que en 2021 la mina produjo 104.161 onzas.

La reciente extracción del metal precioso en la provincia de Salta por parte de una empresa de capitales extranjeros ¿podrían generar la fiebre del oro en la provincia? Según el Boletín Oficial, las manifestaciones de minas de oro y cobre no son mayoritarias en los últimos años. En 2022, además de Yacones III figura Lucrecia I en Salar de Arizaro, municipio Tolar Grande en el departamento Los Andes. En 2019 aparecen varias declaraciones de Corrientes Argentina SA por yacimientos de oro ubicados dentro del mismo municipio en Los Andes.

Las comunidades originarias de Cachi saben de geólogos que trabajaron hasta el año pasado en la zona de las concesiones mineras donde se encuentra Yacones SRL. Aunque no se expresaron formalmente, evalúan con comunidades de Luracatao y Molinos acciones colectivas a tomar. Un yacimiento de oro al oeste del Nevado de Cachi tendría un impacto ambiental directo sobre toda la población que, en Molinos, construye sus rutinas de subsistencia alrededor de vertientes de agua cristalina.
https://www.pagina12.com.ar/493356-comunidades-en-alerta-por-una-mina-de-oro-en-cachi

Bolivia

Oro: el Gobierno da luz verde a la minería en áreas protegidas

Maquinaria minera en el río Tuichim, en el parque Madidi.
Diario Página Siete
29/10/2022
Un acuerdo firmado entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y representantes de las cooperativas mineras auríferas da luz verde par que estas últimas extraigan oro de tres áreas protegidas de carácter nacional.

“Se dará inicio a los Planes de Manejo del Parque Nacional de Área de Manejo Integrado (PN ANMI Madidi), del PN ANMI Cotapata y de Apolobamba, según corresponda, cumpliendo todos los procedimientos y plazos establecidos en las disposiciones legales vigentes. Las mismas serán a petición de las comunidades de las áreas protegidas”, señala el acuerdo.

El documento firmado la noche del 27 de octubre formaba parte del pliego por el cual los mineros auríferos bloquearon La Paz el lunes y martes pasados y viabiliza lo acordado en un compromiso anterior.

En marzo pasado, el medio digital La Nube reveló que, el 13 de septiembre de 2021, la entonces directora de la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM), Brenda Lafuente, y el director del Sernap, Teodoro Mamani, firmaron un acta de reunión junto a dirigentes mineros y se comprometieron a viabilizar 93 trámites de áreas mineras en las tres áreas protegidas: 12 en el Madidi, 68 en Apolobamba y 13 en Cotapata.

Los 93 trámites corresponderían a “derechos mineros preconstituidos”, es decir que fueron adquiridos antes de la Ley de Minería 535, de 2014.

Ante este acuerdo, el Colegio de Biólogos de La Paz se declaró en emergencia, señalando que el documento “atenta contra la preservación de nuestro futuro ambiental, de nuestros bosques y áreas protegidas”.

Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Toribia Lero señaló que el Gobierno ha entregado la riqueza natural del país a las cooperativas auríferas.

“Gobierno y mineros cooperativistas acordaron entrega de áreas protegidas a la extracción aurífera, los cooperativistas que estaban en la calle cercando el Ministerio de Medio Ambiente y Agua no dejaron salir ni a autoridades ni a sus propios dirigentes hasta que no hayan emitido un acta final. Gobierno ecocida, etnocida, genocida”, señaló la legisladora.

Presión minera

Vigilia De acuerdo con reportes de prensa, los mineros cooperativistas cercaron el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y no dejaron salir a nadie hasta que el acta de la reunión fue firmada bajo sus condiciones.

Reunión El acta fue firmada por Omar Sharif (viceministro de Medio Ambiente), Teodoro Mamani (director del Sernap) y los mineros auríferos.
https://www.paginasiete.bo/economia/oro-el-gobierno-da-luz-verde-a-la-mineria-en-areas-protegidas-JJ4865946

Chile

Socavón en mina chilena de Lundin impactará producción de cobre

Eva Cruz   –  27/10/2022
socavón cerca a operación minera en Chile
Un grupo técnico regional analiza el socavón y sus resultados se publicarían en diciembre.
El gran socavón apareció en julio cerca de la mina subterránea, operada por Minera Ojos de Salado, lo que obligó a la empresa a aislar el área y detener las faenas mineras.

BNamericas.- La suspensión de las operaciones de explotación en la mina chilena Alcaparrosa debido a la aparición de un socavón de 60m afectará la producción de cobre de su controladora, Lundin Mining, en un 2% este año, según un comunicado de la firma canadiense.

El gran socavón apareció en julio cerca de la mina subterránea, operada por Minera Ojos de Salado, lo que obligó a la empresa a aislar el área y detener las faenas mineras.

Lundin está apoyando la investigación en curso con las autoridades reguladoras para determinar cómo sus operaciones de explotación causaron el problema.

A principios de octubre se completaron los trabajos para sellar y aislar el caserón Gaby de la mina para controlar el flujo de agua subterránea hacia el socavón, y la compañía se centró en tratar de minimizar el impacto en las operaciones después de la suspensión, dijo Lundin en una presentación corporativa.

“El sector de los caserones Gaby, que están directamente relacionados con la subsidencia, están cerrados definitivamente y nunca más se podrán explotar”, dijo este mes la ministra de Minería, Marcela Hernando.

Un grupo técnico regional analiza el socavón y sus resultados se publicarían en diciembre. El área está a solo unos cientos de metros del pueblo norteño de Tierra Amarilla.

A mediados de octubre, el regulador ambiental SMA formuló cuatro cargos contra Minera Ojos del Salado relacionados con la extracción excesiva de mineral desde Alcaparrosa y modificaciones sin autorización a la infraestructura de la mina, lo que habría afectado el acuífero del río Copiapó, reduciendo su caudal de los usuales 500l/s a solo 300l/s.

“Lo que ellos tenían autorizado para excavar en ese caserón [Gaby], que es una especie de caverna dimensionada para producir una cierta cantidad de toneladas, […] se sobreexcavó hacia arriba”, explicó Hernando a la radioemisora ADN.

Según la ministra, a causa de la paralización de Alcaparrosa, Lundin dejará de percibir alrededor de US$13 millones al mes, a lo que se suman multas ambientales por los daños causados.

El servicio geológico y minero Sernageomin también estudia el caso y verifica si habrá otras sanciones contra la empresa. Actualmente se llevan a cabo obras en un esfuerzo por rehabilitar el caudal del acuífero y detener cualquier impacto extra sobre las aguas subterráneas.

Lundin produjo 37.192t de cobre y alrededor de 21.000oz de oro en su complejo Candelaria en el tercer trimestre, lo que constituyó un aumento en comparación con igual período del año pasado, al reportarse un incremento de las leyes minerales.

Candelaria comprende dos operaciones de explotación de cobre adyacentes: Candelaria y Ojos del Salado, que producen concentrados de metal rojo desde operaciones subterráneas y a cielo abierto, incluida Alcaparrosa. El complejo está en manos de Lundin Mining con un 80% y Sumitomo, con un 20%.

Socavón en mina chilena de Lundin impactará producción de cobre

Perú

LA OROYA: INTENTANDO DESCIFRAR LO QUE SE VIENE

COOPERACCION – BOLETÍN AMP OCT. 2022
El anuncio de que los activos del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) serán administrados por sus extrabajadores, a través de la empresa Metalurgia Business Perú SAC., ha causado revuelo y plantea varias interrogantes. Más aun cuando se anuncia la reapertura de las operaciones en un plazo bastante breve: se ha dicho que para el […]

El anuncio de que los activos del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) serán administrados por sus extrabajadores, a través de la empresa Metalurgia Business Perú SAC., ha causado revuelo y plantea varias interrogantes. Más aun cuando se anuncia la reapertura de las operaciones en un plazo bastante breve: se ha dicho que para el primer trimestre del 2023 se estaría produciendo en La Oroya cobre, para mayo plomo y en aproximadamente dos años, todos los circuitos estarán operando. ¿Es así de sencillo? Vamos por partes. Recordaremos algunos antecedentes de este caso e intentaremos analizar lo que se puede venir.


Fuente: El Comercio
Apelando a la historia

El CMLO empezó a operar por primera vez en 1922, lo que significa que ya ha cumplido cien años. Por esa época, la propietaria de este complejo metalúrgico era la norteamericana Cerro de Pasco Corporation, que de lejos era la empresa minera más poderosa del país, dueña de varias minas, fundiciones y, posteriormente, refinerías, principalmente en la sierra central. Tal y como lo muestran varios informes oficiales y estudios realizados, la puesta en marcha de la fundición y los circuitos de refinerías en La Oroya generó un impacto de contaminación ambiental nunca antes visto en el país.

En los años 70, durante el gobierno militar, liderado por Juan Velasco Alvarado, el conglomerado de la Cerro de Pasco Corporation fue estatizado y se convirtió en la empresa estatal Centromin Perú, que dominó la actividad minera en la sierra central de 1974 a 1997. El período de la minería estatal estuvo marcado por un crecimiento de las operaciones y una mayor fuerza laboral, sobre todo en ciudades como Cerro de Pasco y La Oroya que eran además los núcleos principales de la expansión minera. En ese escenario, los temas ambientales siguieron siendo marginales en la agenda y la minería estatal siguió incrementando los pasivos ambientales con operaciones crecientemente contaminantes.

Ya en la década del 90 y en medio de la puesta en marcha de las reformas estructurales de inspiración liberal, un aspecto clave fue el retiro del Estado de las distintas esferas de la producción. El proceso de desmantelar y privatizar las empresas públicas fue sin duda una de las reformas más importantes del modelo económico y significó que el sector privado recupere preponderancia, sobre todo en sectores claves como el minero y actividades conexas. Es así que en 1997 el CMLO fue vendido a la estadounidense Doe Run Company.

Al adquirir el complejo, Doe Run también asumió el compromiso de implementar y cumplir con un programa de inversiones ambientales, cuyo objetivo era la reducción de los niveles de contaminación ambiental. Los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) debían cumplirse en el plazo de cinco años para las operaciones mineras y hasta en diez años para las operaciones metalúrgicas.

Cumplido el plazo de diez años, Doe Run no cumplió con las inversiones del PAMA, pese a que recibió de las autoridades peruanas una serie de facilidades que se expresaron en modificaciones de los proyectos de inversión en materia ambiental y varias ampliaciones del plazo. Todo esto ocurría mientras que diversos estudios confirmaban que la población de La Oroya estaba expuesta a un coctel tóxico de emisiones de metales pesados, lo que generó un enorme impacto en la salud, sobre todo en niños.

Lo cierto es que La Oroya es uno de los más graves pasivos ambientales ligados a una actividad productiva en la historia del Perú, comparable a los desastres ambientales generados por la explotación de hidrocarburos en las cuencas del Pastaza y el Corrientes en la Amazonía. Además, La Oroya fue considerada en su momento como uno de los diez lugares más contaminados del planeta.

Las interrogantes que generan los anuncios recientes

El de la Oroya es un complejo vetusto que, como hemos señalado, ha cumplido 100 años y que, además, desde hace 12 años -cuando Doe Run se declaró en insolvencia- no ha estado operando. Además, no se debe dejar de mencionar que en el CMLO no se hicieron las inversiones de adecuación y manejo ambiental que hubiesen permitido que las operaciones se adecuen a la legislación ambiental del país.

El PAMA de La Oroya era un listado de 9 proyectos en materia ambiental que, en su primera versión, representaba un monto de inversión de US$173 millones. Del conjunto de proyectos, el más importante era la construcción de una planta de ácido sulfúrico por un valor de US$ 107.5 millones. Este es uno de los proyectos que nunca concretó Doe Run.

Por eso llama la atención cuando se afirma que las operaciones se van a retomar en apenas unos meses y que el capital estimado para el inicio de la producción es de US$ 100 millones. Cabe preguntar, ¿dentro de las inversiones que se proyectan hacer en La Oroya se han considerado los proyectos vinculados a la adecuación y el manejo ambiental? ¿Qué montos se manejan para este tipo de inversiones y en qué plazos se van a dar?

El presidente Castillo ha anunciado la creación de una mesa técnica integrada por el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, sin embargo no queda claro cómo se va a trabajar, en qué plazos y qué filtros se van a poner al anunciado reinicio de operaciones del CMLO. Es totalmente entendible la expectativa que pueden tener los trabajadores de La Oroya en una reactivación del CMLO. Sin embargo, ésta no puede ser a costa de dejar de lado la problemática ambiental. Que no se juegue con las legítimas expectativas de La Oroya y que no se pierda de vista que en esta localidad hay una agenda ambiental pendiente, que tiene que ver de manera directa con la salud de los ecosistemas y la salud de su población.
FUENTE: COOPERACCION

Argentina, Bolivia, Chile, Litio

El lado oscuro del litio y la tragedia de la sequía

Chile, Argentina y Bolivia conforman el “triángulo del litio” de Sudamérica
El Informador 26/10/2022
Vista aérea del proceso de extracción de litio, en la mina chilena SQM. AFP
El inmenso rompecabezas de piscinas turquesa contrasta con un desierto de sal que parece infinito, paisaje recurrente en los confines de Chile, Argentina y Bolivia, donde el “triángulo del litio” aglutina esperanzas, miedo y desilusión.

Esa árida triple frontera de Sudamérica atesora en depósitos subterráneos de salmuera el 56% de los recursos mundiales identificados del codiciado metal que da vida a celulares, computadoras y automóviles.

El llamado “oro blanco” o “petróleo del siglo XXI” ha visto su precio dispararse desde cinco mil 700 dólares la tonelada en noviembre de 2020 a 60 mil 500 dólares en septiembre pasado gracias al boom de los vehículos eléctricos, cuando el mundo busca alejarse de los combustibles fósiles para frenar el calentamiento global.

Pero el lado oscuro del litio es que cada planta consume millones de litros de agua por día y las comunidades agrícolas de este rincón de Sudamérica, azotado por la sequía, temen por su medio de vida.

“El mejor salar”
La ruta del litio empieza en el Norte de Chile. Del salar de Atacama, una planicie marrón y rocosa por la que apenas se puede caminar, salió el 26% de la producción mundial en 2021, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La cifra fue sólo superada por Australia, con el 55%, pero extraída de rocas.

En Atacama, los camiones zigzaguean entre albercas donde la salmuera, una mezcla de agua y sales, se evapora lentamente antes de ser llevada a una planta química para separar el litio del líquido.

“Es, por lejos, el mejor salar del mundo”, asegura Juan Carlos Guajardo, director de la consultora Plusmining.

Chile, donde se extrae litio desde 1984, lo hace más rápido que sus vecinos porque la escasa lluvia y una radiación solar extrema aceleran la evaporación.

Pero sus leyes dificultan otorgar concesiones de explotación desde que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) lo declaró de “interés nuclear” por su uso en la fabricación de bombas de hidrógeno.

Los derechos están en manos de la estadounidense Albemarle y la chilena SQM, que pagan regalías de hasta el 40% de las ventas, además de cifras millonarias a comunidades aledañas.

Sólo en el primer semestre de este año, la recaudación fiscal por el litio llegó a superar la del cobre, conocido popularmente como el “sueldo de Chile”.

Ante semejante auge, el presidente izquierdista Gabriel Boric prometió crear una empresa nacional de litio, pero sin excluir la participación privada.

Flamencos muertos
Pese a los acuerdos alcanzados con los pueblos atacameños, algunos siguen viendo el litio como amenaza.

Este año, un estudio en la revista Proceedings of the Royal Society B asoció la minería de litio a una caída del número de flamencos en Atacama.

“El desarrollo de tecnologías para frenar el cambio climático se ha identificado como un imperativo mundial. Sin embargo, estas tecnologías ‘verdes’ pueden tener un impacto negativo en la biodiversidad”, asevera el estudio.

En 2013, una inspección a SQM constató la muerte de un tercio de los algarrobos del predio. La causa probable, según un estudio posterior, fue la falta de agua.

La empresa informó haber usado cerca de 400 mil litros por hora este año. “Queremos saber, a ciencia cierta, cuál ha sido el real impacto de la extracción de agua de las napas”, reclama Claudia Pérez, de 49 años, residente del valle del río San Pedro y trabajadora de un programa estatal de apoyo a comunidades indígenas.

No está contra del litio, pero exige “minimizar el impacto negativo a la gente”.
AFP
https://www.informador.mx/internacional/Latinoamerica-El-lado-oscuro-del-litio-y-la-tragedia-de-la-sequia–20221026-0021.html

Chile

Siguen las movilizaciones en la localidad de Tahuinco por rotura de ducto en Minera Los Pelambres

La comunidad insistió en una respuesta por parte de la empresa de propiedad del Grupo Luksic; mientras la concejala de Salamanca, Milena Báez, acusó una falta de voluntad por resolver el conflicto.
Diario UChile 26/10/2022
Más de dos meses han pasado desde que vecinos y vecinas de la localidad de Tahuinco en la comuna de Salamanca, Región de Coquimbo, iniciaron protestas por la rotura del ducto que transporta concentrado de cobre desde la Minera Los Pelambres (MLP) hacia el puerto de Los Vilos.

Bajo ese contexto, este miércoles la comunidad exigió respuestas a la empresa propiedad del Grupo Luksic, a través de su brazo minero, Antofagasta Minerals, ante la posible afectación medioambiental que provocaría un rompimiento absoluto del ducto. Asimismo, presentó un petitorio con una serie de solicitudes que apuntan a mejorar la calidad de vida en el territorio.

Según plantearon en el documento “consideramos que MLP ha quedado al debe con nuestra comunidad, que se ha caracterizado por ser tranquila y respetuosa; sin embargo, no hemos sentido reciprocidad por parte de la compañía, lo que nos ha llevado en este punto a manifestarnos de manera pacífica para ser escuchados y valorados como personas que habitamos un territorio intervenido, considerando que esta compañía debe tener una política mayor de inversión de recursos en un pueblo que ha sido menoscabado de diferentes formas desde el inicio de los trabajos de MLP en el Valle del Choapa”.

En concreto, las solicitudes de los vecinos organizados en la “Red Nivel Ambiental”, se engloban en ocho puntos: beneficio y ayuda para agricultores; desarrollo social de la comunidad; sustentabilidad y emergencia hídrica; desarrollo socio-laboral; desarrollo social de salud, proyectos sociales familiares; plan de emergencia en caso de ruptura del concentraducto y el cumplimiento de compromisos adquiridos anteriormente.

La concejala de la comuna de Salamanca, Milena Báez Lara, señaló que el concentraducto ya cumplió su vida útil y que la comunidad teme un rompimiento total que, según explícita, pasa por fuera de un colegio, cerca de las casas de la localidad y paralela a una línea de agua potable.

En ese sentido, la autoridad local apuntó que la Minera Los Pelambres “debe mitigar los efectos ambientales que ha provocado. No hay un plan de mitigación y eso es violencia sistemática hacia los pueblos”, acusando además una falta de voluntad empresarial para resolver la movilización que lleva más de dos meses esperando respuesta y que la falta de agua de la agricultura familiar campesina se debe al acaparamiento hídrico de la minera.

En tanto, la diputada comunista por la región, Nathalie Castillo- también integrante de la comisión de Recursos Hídricos y Desertificación- valoró la capacidad de movilización de la comunidad, en especial de las mujeres organizadas, y recalcó que las grandes empresas no pueden simplemente acaparar utilidades, sino que deben invertir en las localidades donde operan desde un enfoque sustentable real sin perjuicio de la salud y el buen vivir de las personas.

“La riqueza debe distribuirse en el pueblo, en los territorios, y eso significa mayor inversión que mejore la calidad de vida de los vecinos y las vecinas con un irrestricto respeto al medio ambiente y las comunidades. Son años de zona de sacrificio o saturación y lo que corresponde es su derecho es vivir dignamente”, manifestó la parlamentaria.

Siguen las movilizaciones en la localidad de Tahuinco por rotura de ducto en Minera Los Pelambres

Perú

CUSCO: ANUNCIAN REINICIO DE HUELGA INDEFINIDA EN LA PROVINCIA DE ESPINAR

www.conflictosmineros.org.pe
Alerta informativa 26/10/2022

A través de una conferencia de prensa realizada ayer en la ciudad del Cusco, dirigentes del Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar y otras organizaciones sociales de esta provincia cusqueña anunciaron el reinicio de una huelga indefinida a iniciarse el 7 de noviembre de este año.

La medida de fuerza es contra la empresa minera Antapaccay, las autoridades locales y el gobierno central. Los dirigentes argumentaron que no habría cumplimiento de compromisos por parte de la minera y que debe transparentar el dinero del convenio marco.

Recordaron que el convenio marco establece que un porcentaje de las utilidades de Antapaccay deben invertirse en el desarrollo de la provincia. Pero pusieron como ejemplo que habría habido obras y compras sobrevaloradas.

Asimismo, los dirigentes señalaron que hay una incapacidad del gobierno central para que puedan ayudar a llegar a acuerdos concretos en las mesas de diálogo. Han pasado más de 10 años de esas mesas y no se ha llegado a nada.

Resaltaron también que, con 40 años de minería en la provincia, y no se cuenta con agua potable en las 24 horas, y esta agua tiene metales pesados.

“La minera Glencore tiene ahora el proyecto ampliación Coroccohuayco que tendrá para 30 a 50 años y más de 70 % de las tierras de Espinar se están concesionando a la minería” alertaron en la conferencia.

Los dirigentes también denunciaron que la empresa minera estaría financiando un plan comunicacional para deslegitimar los reclamos y las luchas de la provincia, y que habría financiado a candidatos a la alcaldía.

“La minera tiene un plan sicosocial, para amedrentar a las organizaciones sociales y a las comunidades. Por eso es que el proyecto de agua está paralizado. En su plan se dedican a desacreditar a los dirigentes ante la población.”

Por eso los dirigentes señalaron que están pidiendo una indemnización a la minera por desacreditar a los dirigentes sociales y por impedir el desarrollo de la provincia de Espinar.

“Nuestros animales están muriendo, parece un cementerio de animales que están muriendo por la contaminación minera del rÍo”, denunciaron en la conferencia de prensa.

Finalmente mencionaron que con esta medida de lucha resultarán afectados las empresas mineras Antapaccay, Hudbay y Las Bambas por el cierre del corredor minero.