José De Echave C.
17/11/2021
Una reforma tributaria tiene como objetivo fortalecer las políticas, los instrumentos y la propia institucionalidad del Estado para lograr generar mayores ingresos fiscales. Como se señala en el proyecto de delegación de facultades presentado por el Ejecutivo al Congreso, la finalidad de la reforma anunciada por el Gobierno es incrementar la recaudación bajo criterios de eficiencia y transparencia.

Sin embargo, una reforma tributaria tiene además otro objetivo clave: el componente redistributivo y la búsqueda de una mayor equidad en los países. Varios autores y organismos, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), subrayan que el tema redistributivo también está en el corazón de la política fiscal. Por lo tanto, una reforma tributaria debe apuntar a ambos objetivos, el incremento de los ingresos fiscales y al mismo tiempo lograr una mayor equidad en los países.

¿Cómo se logra esto? Si se toma como referencia el coeficiente Gini (el coeficiente es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde con una situación ideal de perfecta igualdad y 1 corresponde con una situación de perfecta desigualdad) y se cruza la información de los países antes y después de la aplicación de impuestos y diferentes transferencias, se puede concluir que existe mucho margen de acción para lograr una mayor equidad. En realidad, todo dependerá de la vocación redistributiva y de la voluntad política de cada Estado y sus gobernantes.

Por ejemplo, en los cuatro países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia) el coeficiente Gini, una vez aplicados los impuestos y luego de que se implementan un conjunto de transferencias monetarias de manera directa a los hogares, presenta “niveles más bajos, pasando en promedio de 0.45 a 0.26”; “en el caso de cinco países de Europa Occidental, se pasa en promedio de 0.48 a 0.35; en el caso de cinco países anglosajones (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda), se pasa en promedio de 0.48 a 0.35”[1]. En cambio en América Latina se registran bajas capacidades redistributivas y por lo tanto un bajo impacto: un país de América Latina puede ser tan desigual como un país de Europa antes de la aplicación de impuestos y de diferentes transferencias (acción fiscal directa), pero la situación cambia drásticamente cuando las políticas tributarias y las transferencias se implementan.

Algunas explicaciones. Mientras que en países como el Perú los impuestos indirectos o impuestos al consumo predominan en la estructura tributaria (lo que se conoce como impuestos regresivos), en los ya mencionados países nórdicos -para citarlos como ejemplo- son poco relevantes. Los impuestos indirectos no ayudan a generar mayor equidad, a diferencia de los impuestos directos (a la renta, a la propiedad) que si permiten reducir el coeficiente Gini como medida de la desigualdad.

Por lo tanto, una reforma tributaria debe plantearse el objetivo de generar una mayor equidad. Algunos estudios señalan que un objetivo clave es “mejorar la efectividad de la política fiscal respecto a la redistribución y la reducción de la pobreza para aspirar a una mayor equidad y a cerrar brechas”[2]. Pese a que existen diversos instrumentos de acción pública que impactan en la equidad, la política tributaria es un elemento clave para mejorar la distribución de los ingresos.

Como se señala en el pedido de delegación de facultades, con las medidas propuestas se busca lograr una mayor progresividad y los mayores ingresos que genere la reforma tributaria se destinarán prioritariamente al cierre de brechas sociales, incluyendo sobre todo los componentes de educación, salud, agua y saneamiento, conectividad, reforma agraria, entre otros. Por supuesto, todo esto debe estar acompañado de una mayor eficiencia del gasto social y el compromiso de una total transparencia y rendición de cuentas de parte del Estado.

[1] “Esto no da para más”. Hacia la Transformación Social-Ecológica en América Latina. Fundación Friedrich Ebert. Junio 2020.
[2] JARAMILLO, Miguel y Bárbara SPARROW. La incidencia del gasto social y los impuestos en el Perú. Lima: GRADE. 56p. Documento de Investigación, 70.

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Abel Gilvonio 16/11/2021
Imagen: Minjus
El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) es un marco que sirve para concretar las políticas públicas que lleven a las empresas y al estado a hacer efectivos el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. El Plan en Perú se aprobó el día 11 de junio con el Decreto supremo n°009-2021-JUS en un proceso que duró casi 2 años en donde el estado, empresarios, pueblos indígenas, sindicatos e instituciones de derechos humanos se pusieron de acuerdo para aprobar 5 lineamientos estratégicos, 13 objetivos y 97 acciones[1] que ayuden a la reducción de la vulneración de derechos humanos por parte de las empresas.

Este proceso, que ha sido inédito por el nivel de participación e involucramiento de diversos actores de la sociedad civil, nos ha permitido discutir diagnósticos[2] – que son documentos formales del estado– que muestran la vulneración de derechos en relación con varias de las actividades empresariales visibilizando dos narrativas en tensión: una que niega la vulneración de derechos y otra que afirma la existencia de estas vulneraciones en relación con las actividades empresariales. Este proceso de diálogo nos ha permitido también reconocer algunas buenas prácticas empresariales que deberían ser ejemplo, porque marcan la ruta de lo que deben ser las actividades empresariales en el país.

En este proceso el Ministerio de justicia, a pesar de las presiones, ha jugado un rol fundamental pues ha intentado reducir las asimetrías de poder existente entre los actores empresariales y las organizaciones sociales, los pueblos indígenas y los actores que han participado de este proceso, tratando de buscar los mayores consensos. Pero a pesar de esto, no podemos dejar de mencionar que hubieron temas que no se abordaron, como las actividades relacionadas con las personas afectadas por metales tóxicos, el pedido de ratificación del acuerdo de Escazú para la protección de defensores, la consulta previa a los pueblos indígenas, así como colocar como resultado la aprobación de una ley general del trabajo.

También es importante recordar que el PNA ha logrado aprobarse a pesar de las crisis políticas y los cambios ministeriales, dejando claro una voluntad política de estado para poder generar las condiciones para que las empresas incorporen los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en toda la cadena de valor de las actividades empresariales.

Por eso es importante subrayar que iniciamos la implementación del Plan Nacional de Acción en el inicio del gobierno democrático del Presidente Pedro Castillo Terrones, en donde las aspiraciones de miles de trabajadores, comunidades originarias y pueblos indígenas, así como usuarios y consumidores, está centradas en mejorar sus condiciones de vida, laborales, evitar que se siga contaminando el ambiente. En resumen, en tener de verdad derechos humanos para todos.

En ese marco, a pesar de algunas voces nos acusen de antimineros, antidesarrollo, antiinversión, nos ratificamos que en estos momentos es primordial reactivar la economía, más aún en un periodo de precios altos de las materias primas. Pero esta no puede ser sin el respeto irrestricto de los derechos humanos y los estándares internacionales, seguir con la incorporación de los principios rectores de Naciones Unidas y continuar con el proceso de implementación del Plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos.

En ese contexto, los retos y las expectativas en la implementación son grandes, principalmente por la presión por derechos que tienen los actores sociales sobre los distintos sectores empresariales (minería, hidrocarburos, agroindustria, etc.) Por eso, este nuevo proceso nos debe seguir ayudando a profundizar en esos consensos entre sindicatos, pueblos indígenas, instituciones de derechos humanos y los sectores empresariales representados en la mesa multiactor. En ese sentido la ejecución de los lineamientos, objetivos y acciones debe servirnos para seguir fortaleciendo el enfoque de derechos humanos en relación con la actividad empresarial, lograr conseguir mejores políticas públicas que obliguen a las empresas a mejorar su conducta empresarial. También iniciar los procesos de debida diligencia con participación de los afectados y tener en el mediano plazo una ley nacional de debida diligencia, así como buscar remediar los daños ocasionados es fundamental para juntos construir una nueva convivencia social y las empresas mejoren su conducta empresarial.

Cabe reafirmar que como Plataforma de la Sociedad civil sobre Empresas y Derechos Humanos[3], continuaremos participando en el proceso del PNA acompañando a las organizaciones, pueblos indígenas, comunidades originarias, sindicatos. Vamos a seguir aportando técnicamente, para que esta implementación respete los estándares internacionales de derechos humanos, continúe la ruta de la implementación de los principios rectores, busque una debida diligencia por parte de las empresas y podamos entre todos construir una mejor convivencia que ayude a seguir mejorando el desarrollo económico y social del Perú.

[1]https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1959312-plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos-2021-2025

[2]https://drive.google.com/drive/folders/1-He6i8CtEfqJi8m1HPgmZqRGUPFjeDOc
[3]La Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP,BroederlijkDenle,Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA, GRUFIDES, IESI, 11.11.11 y Amnistía Internacional – Perú.

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La conformación de ésta instancia fue un compromiso de la premier Mirtha Vásquez,
14/11/2021
El Gobierno de Pedro Castillo oficializó el Grupo de Trabajo denominado “Espacio de diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de Grau del departamento de Apurímac”. La conformación de ésta instancia fue un compromiso de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, para que las comunidades de Cotabambas y Progreso (Apurímac) suspendan las protestas en el corredor minero del Sur.

Según Resolución Ministerial 264-2021-PCM, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dicho grupo tiene por objeto promover el desarrollo de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas. Para ello, se tendrá en cuenta la agenda planteada por las comunidades y los gobiernos locales en la reunión llevada a cabo el 27 de octubre del 2021.

Según el documento, el grupo de trabajo está integrado por un representante de la PCM, quien lo preside; así como un representante de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Salud, de Transportes y Comunicaciones, de Energía y Minas, de Desarrollo e Inclusión Social, del Ambiente, de Desarrollo Agrario y Riego, de Trabajo y Promoción del Empleo, y del Interior; de la Defensoría del Pueblo, del Gobierno Regional de Apurímac y de la municipalidad provincial de Cotabambas.

De igual manera estarán presentes los alcaldes de cada uno de los distritos de la provincia de Cotabambas, el alcalde del distrito de Progreso de la provincia de Grau, así como un representante de la Conferencia Episcopal Peruana y de la empresa minera Las Bambas. El grupo de trabajo deberá instalarse en el plazo máximo de los diez días hábiles, y tendrá vigencia por un periodo de 60 días calendario, prorrogables por un período adicional de 30 días calendario.

Cabe recordar que el último 09 de noviembre, las comunidades evidenciaron su malestar debido a que la PCM no cumplió con oficializar el espacio de diálogo en mención, por ello decidieron realizar un paro preventivo de 48 horas, exigiendo también la presencia en sus territorios del presidente de la República, Pedro Castillo.

Por otro lado, Mirtha Vásquez, a través de su cuenta de twitter, comunicó el cumplimiento de dicho compromiso. ‘’Hemos cumplido el compromiso asumido con Cotabambas y distrito de Progreso (Apurímac), oficializando un espacio de diálogo mediante resolución ministerial. Seguimos así, apostando por la institucionalidad y enfoque multisectorial ante los conflictos sociales’’ señaló Vásquez.
Fuente: Conflictos mineros
https://www.inforegion.pe/290075/cotabambas-pcm-oficializa-espacio-de-dialogo-y-se-suspenden-protestas/

Último reporte de la Defensoría del Pueblo reveló 198 conflictos sociales registrados (148 activos y 50 latentes)
14/11/2021

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 212, correspondiente al mes de octubre de 2021, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 198 conflictos sociales registrados (148 activos y 50 latentes), ocho casos nuevos, uno resuelto y siete fueron retirados del reporte porque las partes no han mantenido la controversia en los últimos meses.

Casos nuevos

Respecto al mes anterior se incorporaron ocho conflictos sociales, siete de los cuales son de tipo socioambiental y uno es por cultivo ilegal de hoja de coca. Un caso se desarrolla en el departamento de Áncash, donde la comunidad campesina de Aquia demanda la instalación de una mesa de diálogo con la participación de representantes del Estado y la Compañía Minera Antamina, para el tratamiento de sus demandas relacionadas a los permisos de uso de su territorio para la instalación de un mineroducto y otras instalaciones por parte de la empresa minera, así como los posibles impactos ambientales que estos generarían en su comunidad.

Un segundo conflicto involucra a la comunidad campesina San Pedro de Ocobamba, en Huancavelica, la cual demanda el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la empresa minera Sierra Antapite y denuncia la contaminación ambiental por las actividades desarrolladas por la empresa. Otro caso se registra en Huánuco, en el distrito de Luyando, donde la población del sector de Shapajilla demanda la adecuada operacionalización de las celdas transitorias para el tratamiento de residuos sólidos, instalación de paneles solares para el funcionamiento del pozo de agua, apertura de un camino vecinal y construcción de un relleno sanitario.

Un cuarto conflicto se registra en la provincia de Oyón en Lima, donde la comunidad campesina de Quichas demanda nuevos acuerdos sobre el pago por el uso en servidumbre de su territorio por parte de la Compañía Minera Raura. Otro caso involucra a las comunidades nativas de la cuenca del río Curaray, en Loreto, las cuales se sumaron al pliego de demandas que forman parte de la agenda del “Paro Amazónico”, además de tener un pliego de reclamos de alcance local, en los que se exige la asignación presupuestal y ejecución de proyectos de saneamiento básico (agua y desagüe), entre otros. Un nuevo conflicto social se desarrolla en el distrito de Puquina en Moquegua, donde la comunidad campesina Salinas Moche exige la paralización de operaciones de la empresa Minera Inkabor en la zona que corresponde a su propiedad hasta llegar a un acuerdo, y exigen el pago de servidumbre de uso de tierras y la revisión de convenios entre las partes.

Asimismo, se reportó un nuevo conflicto social en el distrito de La Huaca, donde los ciudadanos demandan la intervención de las autoridades competentes para atender la problemática ocasionada por la quema de cultivos en el Fundo La Huaca, propiedad de la empresa agroindustrial Caña Brava. De igual manera, se registró un nuevo conflicto por cultivo ilegal de hoja de coca en Puno, el cual involucra a agricultores cocaleros que reclaman al Gobierno nacional el cese de la erradicación de hoja de coca por parte del personal del proyecto especial CORAH y la reanudación de la mesa técnica con autoridades del Gobierno nacional.

Casos por tipo y lugar

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (29 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (18) y Áncash (16). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (65.2 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 65.1 %.

Diálogo

Del total de casos activos, el 60.8 % (90 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 73 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 75.6 % (68 casos) corresponde a casos socioambientales.

Resueltos

Se resolvió un caso de tipo socioambiental en la provincia de Chumbivilcas (Cusco). El Frente Único de Intereses de la provincia de Chumbivilcas, autoridades y otras organizaciones sociales de la provincia suscribieron un convenio marco con la empresa Hudbay, luego de lo cual no se han presentado hechos nuevos, protestas o incidentes sobre el caso.

Violencia

En este mes se registraron diez personas heridas (todas civiles) producto del enfrentamiento entre la Policía Nacional y un grupo de manifestantes que acataba el paro indefinido convocado por los frentes de defensa y organizaciones sociales de las provincias del sur de Ayacucho en rechazo a la actividad minera en la zona.

Protestas

Se registraron 242 acciones colectivas de protesta en el mes de octubre, 16 más que el mes anterior. Del total, el 57.4 % fueron plantones.

Alertas tempranas

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 28 alertas tempranas (ver página 10 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, 8 son conflictos nuevos, 13 son casos activos y 7 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente dirección electrónica: https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/
https://www.inforegion.pe/290068/registran-ocho-casos-nuevos-de-conflictos-sociales-al-mes-de-octubre/