Mexico

Mujeres chontales exigen respetar sus derechos y se pronuncian contra proyecto minero en su territorio

18/11/2021
Cerca de 100 mujeres indígenas reunidas en el Encuentro Regional de Mujeres Chontales en Defensa de la Tierra y el Territorio se pronunciaron contra el proyecto minero Zapotitlán 1, pidiendo se respete su forma de vida comunitaria y a practicar su propio desarrollo, con respeto a la Madre Tierra.

En dicho encuentro, celebrado el 13 y 14 de noviembre en la comunidad de Santa María Candelaria en la Sierra Sur, se informó que el Tribunal Colegiado del 13 circuito en Materia Civil y Administrativa planteó sobreseer el caso sin llegar a resolverlo, al argumentar que la minera se desistió de la concesión, denunciando Silvia Ramírez Nolasco, y Tequio Jurídico, que las empresas mineras en litigio se desisten de la concesión para provocar que los juicios se caigan y luego atacan de nuevo solicitando nuevas concesiones.

También hubo un programa cultural con poesía, música, teatro y bailes regionales y se presentó al Equipo Semillero que busca conformar una radio comunitaria, el cual está integrado por personas de diferentes comunidades nombradas por la asamblea chontal.

Mujeres chontales exigen respetar sus derechos y se pronuncian contra proyecto minero en su territorio

Perú

LA REFORMA TRIBUTARIA Y LA EQUIDAD

José De Echave C.
17/11/2021
Una reforma tributaria tiene como objetivo fortalecer las políticas, los instrumentos y la propia institucionalidad del Estado para lograr generar mayores ingresos fiscales. Como se señala en el proyecto de delegación de facultades presentado por el Ejecutivo al Congreso, la finalidad de la reforma anunciada por el Gobierno es incrementar la recaudación bajo criterios de eficiencia y transparencia.

Sin embargo, una reforma tributaria tiene además otro objetivo clave: el componente redistributivo y la búsqueda de una mayor equidad en los países. Varios autores y organismos, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), subrayan que el tema redistributivo también está en el corazón de la política fiscal. Por lo tanto, una reforma tributaria debe apuntar a ambos objetivos, el incremento de los ingresos fiscales y al mismo tiempo lograr una mayor equidad en los países.

¿Cómo se logra esto? Si se toma como referencia el coeficiente Gini (el coeficiente es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde con una situación ideal de perfecta igualdad y 1 corresponde con una situación de perfecta desigualdad) y se cruza la información de los países antes y después de la aplicación de impuestos y diferentes transferencias, se puede concluir que existe mucho margen de acción para lograr una mayor equidad. En realidad, todo dependerá de la vocación redistributiva y de la voluntad política de cada Estado y sus gobernantes.

Por ejemplo, en los cuatro países nórdicos (Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia) el coeficiente Gini, una vez aplicados los impuestos y luego de que se implementan un conjunto de transferencias monetarias de manera directa a los hogares, presenta “niveles más bajos, pasando en promedio de 0.45 a 0.26”; “en el caso de cinco países de Europa Occidental, se pasa en promedio de 0.48 a 0.35; en el caso de cinco países anglosajones (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda), se pasa en promedio de 0.48 a 0.35”[1]. En cambio en América Latina se registran bajas capacidades redistributivas y por lo tanto un bajo impacto: un país de América Latina puede ser tan desigual como un país de Europa antes de la aplicación de impuestos y de diferentes transferencias (acción fiscal directa), pero la situación cambia drásticamente cuando las políticas tributarias y las transferencias se implementan.

Algunas explicaciones. Mientras que en países como el Perú los impuestos indirectos o impuestos al consumo predominan en la estructura tributaria (lo que se conoce como impuestos regresivos), en los ya mencionados países nórdicos -para citarlos como ejemplo- son poco relevantes. Los impuestos indirectos no ayudan a generar mayor equidad, a diferencia de los impuestos directos (a la renta, a la propiedad) que si permiten reducir el coeficiente Gini como medida de la desigualdad.

Por lo tanto, una reforma tributaria debe plantearse el objetivo de generar una mayor equidad. Algunos estudios señalan que un objetivo clave es “mejorar la efectividad de la política fiscal respecto a la redistribución y la reducción de la pobreza para aspirar a una mayor equidad y a cerrar brechas”[2]. Pese a que existen diversos instrumentos de acción pública que impactan en la equidad, la política tributaria es un elemento clave para mejorar la distribución de los ingresos.

Como se señala en el pedido de delegación de facultades, con las medidas propuestas se busca lograr una mayor progresividad y los mayores ingresos que genere la reforma tributaria se destinarán prioritariamente al cierre de brechas sociales, incluyendo sobre todo los componentes de educación, salud, agua y saneamiento, conectividad, reforma agraria, entre otros. Por supuesto, todo esto debe estar acompañado de una mayor eficiencia del gasto social y el compromiso de una total transparencia y rendición de cuentas de parte del Estado.

[1] “Esto no da para más”. Hacia la Transformación Social-Ecológica en América Latina. Fundación Friedrich Ebert. Junio 2020.
[2] JARAMILLO, Miguel y Bárbara SPARROW. La incidencia del gasto social y los impuestos en el Perú. Lima: GRADE. 56p. Documento de Investigación, 70.

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Perú

RETOS DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN EL NUEVO GOBIERNO DE PEDRO CASTILLO

Abel Gilvonio 16/11/2021
Imagen: Minjus
El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) es un marco que sirve para concretar las políticas públicas que lleven a las empresas y al estado a hacer efectivos el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. El Plan en Perú se aprobó el día 11 de junio con el Decreto supremo n°009-2021-JUS en un proceso que duró casi 2 años en donde el estado, empresarios, pueblos indígenas, sindicatos e instituciones de derechos humanos se pusieron de acuerdo para aprobar 5 lineamientos estratégicos, 13 objetivos y 97 acciones[1] que ayuden a la reducción de la vulneración de derechos humanos por parte de las empresas.

Este proceso, que ha sido inédito por el nivel de participación e involucramiento de diversos actores de la sociedad civil, nos ha permitido discutir diagnósticos[2] – que son documentos formales del estado– que muestran la vulneración de derechos en relación con varias de las actividades empresariales visibilizando dos narrativas en tensión: una que niega la vulneración de derechos y otra que afirma la existencia de estas vulneraciones en relación con las actividades empresariales. Este proceso de diálogo nos ha permitido también reconocer algunas buenas prácticas empresariales que deberían ser ejemplo, porque marcan la ruta de lo que deben ser las actividades empresariales en el país.

En este proceso el Ministerio de justicia, a pesar de las presiones, ha jugado un rol fundamental pues ha intentado reducir las asimetrías de poder existente entre los actores empresariales y las organizaciones sociales, los pueblos indígenas y los actores que han participado de este proceso, tratando de buscar los mayores consensos. Pero a pesar de esto, no podemos dejar de mencionar que hubieron temas que no se abordaron, como las actividades relacionadas con las personas afectadas por metales tóxicos, el pedido de ratificación del acuerdo de Escazú para la protección de defensores, la consulta previa a los pueblos indígenas, así como colocar como resultado la aprobación de una ley general del trabajo.

También es importante recordar que el PNA ha logrado aprobarse a pesar de las crisis políticas y los cambios ministeriales, dejando claro una voluntad política de estado para poder generar las condiciones para que las empresas incorporen los principios rectores sobre empresas y derechos humanos en toda la cadena de valor de las actividades empresariales.

Por eso es importante subrayar que iniciamos la implementación del Plan Nacional de Acción en el inicio del gobierno democrático del Presidente Pedro Castillo Terrones, en donde las aspiraciones de miles de trabajadores, comunidades originarias y pueblos indígenas, así como usuarios y consumidores, está centradas en mejorar sus condiciones de vida, laborales, evitar que se siga contaminando el ambiente. En resumen, en tener de verdad derechos humanos para todos.

En ese marco, a pesar de algunas voces nos acusen de antimineros, antidesarrollo, antiinversión, nos ratificamos que en estos momentos es primordial reactivar la economía, más aún en un periodo de precios altos de las materias primas. Pero esta no puede ser sin el respeto irrestricto de los derechos humanos y los estándares internacionales, seguir con la incorporación de los principios rectores de Naciones Unidas y continuar con el proceso de implementación del Plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos.

En ese contexto, los retos y las expectativas en la implementación son grandes, principalmente por la presión por derechos que tienen los actores sociales sobre los distintos sectores empresariales (minería, hidrocarburos, agroindustria, etc.) Por eso, este nuevo proceso nos debe seguir ayudando a profundizar en esos consensos entre sindicatos, pueblos indígenas, instituciones de derechos humanos y los sectores empresariales representados en la mesa multiactor. En ese sentido la ejecución de los lineamientos, objetivos y acciones debe servirnos para seguir fortaleciendo el enfoque de derechos humanos en relación con la actividad empresarial, lograr conseguir mejores políticas públicas que obliguen a las empresas a mejorar su conducta empresarial. También iniciar los procesos de debida diligencia con participación de los afectados y tener en el mediano plazo una ley nacional de debida diligencia, así como buscar remediar los daños ocasionados es fundamental para juntos construir una nueva convivencia social y las empresas mejoren su conducta empresarial.

Cabe reafirmar que como Plataforma de la Sociedad civil sobre Empresas y Derechos Humanos[3], continuaremos participando en el proceso del PNA acompañando a las organizaciones, pueblos indígenas, comunidades originarias, sindicatos. Vamos a seguir aportando técnicamente, para que esta implementación respete los estándares internacionales de derechos humanos, continúe la ruta de la implementación de los principios rectores, busque una debida diligencia por parte de las empresas y podamos entre todos construir una mejor convivencia que ayude a seguir mejorando el desarrollo económico y social del Perú.

[1]https://www.gob.pe/institucion/minjus/informes-publicaciones/1959312-plan-nacional-de-accion-sobre-empresas-y-derechos-humanos-2021-2025

[2]https://drive.google.com/drive/folders/1-He6i8CtEfqJi8m1HPgmZqRGUPFjeDOc
[3]La Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, CooperAcción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, Fedepaz, CAAAP,BroederlijkDenle,Codehica, EarthRights International, PLADES, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos sin Fronteras, IDLADS, CIPCA, GRUFIDES, IESI, 11.11.11 y Amnistía Internacional – Perú.

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Chile, Litio

Jefe de china Tianqi muestra preocupación por opinión electoral en Chile sobre SQM

15/11/ 2021
La china Tianqi está preocupada por la opiniones de candidatos presidenciales en Chile sobre la industria del litio y en especial sobre SQM, segunda mayor productora mundial del metal ligero, afirmó el jefe de la firma, citado el domingo por un diario local.

Frank Ha, quien desde febrero dirige la empresa asiática que llegó a SQM en el 2018, defendió la fortaleza tecnológica y experiencia que ha adquirido la minera chilena, así como su necesario papel que jugará en el futuro desarrollo de la electromovilidad.

“Veo que se han instalado varios conceptos erróneos sobre SQM y sus importantes contribuciones a las comunidades locales, a Chile, al Estado de Chile y al mundo”, dijo al matutino La Tercera, sin especificar detalles.

El ejecutivo explicó que siguen las propuestas electorales que se han presentado en torno al desarrollo de la industria y que algunas “nos han suscitado cierta preocupación”, aunque confía que se proteja el futuro del negocio y no se le perjudique.

“En algunos sectores políticos pareciera que no están al tanto de los desafíos futuros de la industria del litio, ni de cómo Chile puede posicionarse mejor dentro de la revolución de la electromovilidad que se avecina”, agregó.

Partidarios de la coalición del izquierdista Gabriel Boric, uno de los favoritos y que propone la creación de una empresa estatal de litio, buscan que se anule el contrato que mantiene SQM con el Estado para explotar el Salar de Atacama.

En tanto, Ha defendió la participación de Tianqi en la firma, actualmente del 23.75%, y afirmó que ningún momento han considerado desprenderse de los papeles serie A, que le dan derecho a escoger tres miembros del directorio, debido a problemas financieros.

“De hecho, recientemente repagamos una parte significativa de nuestra deuda y, por lo tanto, estamos confiados del futuro de nuestra compañía”, señaló.

Además, afirmó que la asiática dará su apoyo a SQM para ofertar competitivamente la extensión del contrato de arrendamiento con (la oficina estatal de fomento) Corfo “cuando llegue ese momento”.
“Es muy importante para SQM que esos derechos se renueven, pero también diría que lo es más aún para el propio Chile”, manifestó.

Jefe de china Tianqi muestra preocupación por opinión electoral en Chile sobre SQM

Chile

SMA levantó cargos a Cal Austral por incumplimientos clasificados como gravísimos

Infracciones en su permiso ambiental, sobre todo por deficiente manejo de los acopios de los conchales y de lixiviados forman parte de las faltas, entre ellas dos calificadas como gravísimas.
15/11/2021
MINERÍA CHILENA
La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en contra de la empresa Cal Austral S.A, titular del proyecto “Acopio de Conchas y Planta de Cal Agrícola Chiloé”, ubicada en el sector de Tey, comuna de Castro, Región de Los Lagos, por diversos incumplimientos ambientales levantados en fiscalizaciones realizadas tras denuncias ciudadanas contra las operaciones de la planta.

Tribunal Ambiental acoge reclamación de vecinos de Calama contra Recimat por incumplimientos ambientales
“Se trata de dos infracciones Gravísimas, una Grave y otra Leve, por infracciones que detectamos que estaban generando olores molestos, ofensivos hacia la comunidad de Puacura con los que me reuní personalmente para informarles de estos avances”, señaló Cristóbal De La Maza, Superintendente del Medio Ambiente, tras su reciente visita a la Región de Los Lagos. La multa podría llegar hasta los $8 mil millones por los cargos formulados por la Superintendencia de Medio tras su deficiente operación.

De La Maza añadió que existe una comunidad que ha sido afectada por años con respecto a la mala operación de la planta, en particular respecto al acopio de conchales sin tener las autorizaciones para disponer en esos sitios, de materia orgánica y esto está generando altas concentraciones de gases que generan olores molestos y un deterioro significativo en la calidad de vida de esta comunidad.

Cabe destacar que la SMA ya había ordenado Medidas Provisionales Pre Procedimentales, en julio de 2021, de manera de incentivar a la empresa a volver al cumplimiento normativo retirando parte de las pilas de acopio de conchales y de lixiviados que mantenían en el recinto. No obstante, esas medidas no fueron cumplidas por el titular en su totalidad y, por lo tanto, la SMA procedió a realizar esta formulación de cargos.

Para la autoridad, Chiloé está priorizado y la idea es dar celeridad a los casos que está siguiendo la entidad en esta zona. “Hemos fiscalizado el ciento por ciento de las instalaciones que definimos como relevantes en esta región. Ahora se están abriendo algunos de estos procedimientos, entre ellos, los de Puntra (El Roble), el procedimiento contra el Vertedero del Municipio de Castro, algunos industriales como Resiter, Aconser y Corcovado en Mocopulli”, apuntó.

La empresa tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 15 días hábiles para formular sus Descargos, ambos plazos contados desde la notificación de la resolución.

Recurso
Cabe destacar que a esta acción de la SMA se suma la arista judicial que se está siguiendo por este caso, ya que el municipio de Dalcahue informó que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió el Recurso de Protección interpuesto en contra del titular.

Como parte de la tramitación de tal acción legal, la Corte acogió la Orden de No Innovar que impidió a la empresa continuar recibiendo conchilla para procesar.

Por último, el dictamen da cuenta que, para operar, el titular deberá dar estricto cumplimiento a la Resolución de Calificación Ambiental y todas las medidas provisorias y/o definitivas ordenadas por la SMA y por la Autoridad Sanitaria.
https://www.mch.cl/2021/11/15/sma-levanto-cargos-a-cal-austral-por-incumplimientos-clasificados-como-gravisimos/

Argentina

JUJUY: SE LIBERARON MÁS 177 MIL HECTÁREAS PARA MINERÍA

16/11/2021

El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, informó que de acuerdo a las políticas mineras impulsadas por el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el Juzgado Administrativo de Minas ratificó las superficies libres disponibles a terceros.

Fuente: Prensa Gobierno de Jujuy

La Jueza Administrativa de Minas, Hebe Meyer, destacó “estamos cumpliendo con la política desarrollada e impulsada por el Señor Gobernador sobre la minería» y señaló que el día 15 de noviembre se liberaron 177.253,33 hectáreas, las que se suman a las 59.260,98 hectáreas liberadas en mayo y a las 1.854,55 hectáreas liberadas en agosto. Lo que arroja un total de 238.168,86 hectáreas liberadas en el presente año. “A pesar de la pandemia, hemos logrado continuar con el propósito de impulsar los procedimientos, a fin de garantizar que los que no acreditan interés genuino, se encuentren en estado de ser considerados por nuevos inversores”.

Destacó así también que, en el año 2018 publicaron MINAS VACANTES, es decir el estado de las minas concedidas que, por alguna razón no cumplieron con el procedimiento legal. Cumplidos los 3 años de espera que establece el ordenamiento de fondo en el corriente año, se publicó la anulación de siete (7) registros de minas , resultando la superficie disponible a terceros.

Lo expresado se suma a la continuidad del reordenamiento del catastro minero en línea, facilitando la posibilidad de ser vistos por los inversores del mundo entero”, ponderó Meyer.

Jujuy: se liberaron más 177 mil hectáreas para minería

Perú

Cotabambas: PCM oficializa espacio de diálogo y se suspenden protestas

La conformación de ésta instancia fue un compromiso de la premier Mirtha Vásquez,
14/11/2021
El Gobierno de Pedro Castillo oficializó el Grupo de Trabajo denominado “Espacio de diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la provincia de Grau del departamento de Apurímac”. La conformación de ésta instancia fue un compromiso de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, para que las comunidades de Cotabambas y Progreso (Apurímac) suspendan las protestas en el corredor minero del Sur.

Según Resolución Ministerial 264-2021-PCM, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dicho grupo tiene por objeto promover el desarrollo de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas. Para ello, se tendrá en cuenta la agenda planteada por las comunidades y los gobiernos locales en la reunión llevada a cabo el 27 de octubre del 2021.

Según el documento, el grupo de trabajo está integrado por un representante de la PCM, quien lo preside; así como un representante de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Salud, de Transportes y Comunicaciones, de Energía y Minas, de Desarrollo e Inclusión Social, del Ambiente, de Desarrollo Agrario y Riego, de Trabajo y Promoción del Empleo, y del Interior; de la Defensoría del Pueblo, del Gobierno Regional de Apurímac y de la municipalidad provincial de Cotabambas.

De igual manera estarán presentes los alcaldes de cada uno de los distritos de la provincia de Cotabambas, el alcalde del distrito de Progreso de la provincia de Grau, así como un representante de la Conferencia Episcopal Peruana y de la empresa minera Las Bambas. El grupo de trabajo deberá instalarse en el plazo máximo de los diez días hábiles, y tendrá vigencia por un periodo de 60 días calendario, prorrogables por un período adicional de 30 días calendario.

Cabe recordar que el último 09 de noviembre, las comunidades evidenciaron su malestar debido a que la PCM no cumplió con oficializar el espacio de diálogo en mención, por ello decidieron realizar un paro preventivo de 48 horas, exigiendo también la presencia en sus territorios del presidente de la República, Pedro Castillo.

Por otro lado, Mirtha Vásquez, a través de su cuenta de twitter, comunicó el cumplimiento de dicho compromiso. ‘’Hemos cumplido el compromiso asumido con Cotabambas y distrito de Progreso (Apurímac), oficializando un espacio de diálogo mediante resolución ministerial. Seguimos así, apostando por la institucionalidad y enfoque multisectorial ante los conflictos sociales’’ señaló Vásquez.
Fuente: Conflictos mineros
https://www.inforegion.pe/290075/cotabambas-pcm-oficializa-espacio-de-dialogo-y-se-suspenden-protestas/

Perú

Registran ocho casos nuevos de conflictos sociales al mes de octubre

Último reporte de la Defensoría del Pueblo reveló 198 conflictos sociales registrados (148 activos y 50 latentes)
14/11/2021

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales n.° 212, correspondiente al mes de octubre de 2021, el cual da cuenta –entre otros aspectos– de 198 conflictos sociales registrados (148 activos y 50 latentes), ocho casos nuevos, uno resuelto y siete fueron retirados del reporte porque las partes no han mantenido la controversia en los últimos meses.

Casos nuevos

Respecto al mes anterior se incorporaron ocho conflictos sociales, siete de los cuales son de tipo socioambiental y uno es por cultivo ilegal de hoja de coca. Un caso se desarrolla en el departamento de Áncash, donde la comunidad campesina de Aquia demanda la instalación de una mesa de diálogo con la participación de representantes del Estado y la Compañía Minera Antamina, para el tratamiento de sus demandas relacionadas a los permisos de uso de su territorio para la instalación de un mineroducto y otras instalaciones por parte de la empresa minera, así como los posibles impactos ambientales que estos generarían en su comunidad.

Un segundo conflicto involucra a la comunidad campesina San Pedro de Ocobamba, en Huancavelica, la cual demanda el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la empresa minera Sierra Antapite y denuncia la contaminación ambiental por las actividades desarrolladas por la empresa. Otro caso se registra en Huánuco, en el distrito de Luyando, donde la población del sector de Shapajilla demanda la adecuada operacionalización de las celdas transitorias para el tratamiento de residuos sólidos, instalación de paneles solares para el funcionamiento del pozo de agua, apertura de un camino vecinal y construcción de un relleno sanitario.

Un cuarto conflicto se registra en la provincia de Oyón en Lima, donde la comunidad campesina de Quichas demanda nuevos acuerdos sobre el pago por el uso en servidumbre de su territorio por parte de la Compañía Minera Raura. Otro caso involucra a las comunidades nativas de la cuenca del río Curaray, en Loreto, las cuales se sumaron al pliego de demandas que forman parte de la agenda del “Paro Amazónico”, además de tener un pliego de reclamos de alcance local, en los que se exige la asignación presupuestal y ejecución de proyectos de saneamiento básico (agua y desagüe), entre otros. Un nuevo conflicto social se desarrolla en el distrito de Puquina en Moquegua, donde la comunidad campesina Salinas Moche exige la paralización de operaciones de la empresa Minera Inkabor en la zona que corresponde a su propiedad hasta llegar a un acuerdo, y exigen el pago de servidumbre de uso de tierras y la revisión de convenios entre las partes.

Asimismo, se reportó un nuevo conflicto social en el distrito de La Huaca, donde los ciudadanos demandan la intervención de las autoridades competentes para atender la problemática ocasionada por la quema de cultivos en el Fundo La Huaca, propiedad de la empresa agroindustrial Caña Brava. De igual manera, se registró un nuevo conflicto por cultivo ilegal de hoja de coca en Puno, el cual involucra a agricultores cocaleros que reclaman al Gobierno nacional el cese de la erradicación de hoja de coca por parte del personal del proyecto especial CORAH y la reanudación de la mesa técnica con autoridades del Gobierno nacional.

Casos por tipo y lugar

En cuanto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (29 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (18) y Áncash (16). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (65.2 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 65.1 %.

Diálogo

Del total de casos activos, el 60.8 % (90 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 73 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 75.6 % (68 casos) corresponde a casos socioambientales.

Resueltos

Se resolvió un caso de tipo socioambiental en la provincia de Chumbivilcas (Cusco). El Frente Único de Intereses de la provincia de Chumbivilcas, autoridades y otras organizaciones sociales de la provincia suscribieron un convenio marco con la empresa Hudbay, luego de lo cual no se han presentado hechos nuevos, protestas o incidentes sobre el caso.

Violencia

En este mes se registraron diez personas heridas (todas civiles) producto del enfrentamiento entre la Policía Nacional y un grupo de manifestantes que acataba el paro indefinido convocado por los frentes de defensa y organizaciones sociales de las provincias del sur de Ayacucho en rechazo a la actividad minera en la zona.

Protestas

Se registraron 242 acciones colectivas de protesta en el mes de octubre, 16 más que el mes anterior. Del total, el 57.4 % fueron plantones.

Alertas tempranas

En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 28 alertas tempranas (ver página 10 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, 8 son conflictos nuevos, 13 son casos activos y 7 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.

Para más información del Reporte Mensual de Conflictos Sociales, los interesados pueden acceder a la siguiente dirección electrónica: https://www.defensoria.gob.pe/areas_tematicas/paz-social-y-prevencion-de-conflictos/
https://www.inforegion.pe/290068/registran-ocho-casos-nuevos-de-conflictos-sociales-al-mes-de-octubre/

Mexico

Fortuna Silver enfrenta un futuro incierto en México

12/11/2021
Crédito: Fortuna Silver.
La minera canadiense Fortuna Silver está tratando de evitar el cierre de una mina de plata en el sur de México después de que la expiración de su permiso ambiental el mes pasado la dejara en el limbo.

El posible cierre de la mina San José, operada por una unidad local de Fortuna Silver Mines, es parte de una larga lucha por el proyecto que podría enfriar el apetito de los inversores en México, el mayor productor de plata del mundo.

Si bien la instalación ha estado en operación desde 2011, su principal autorización ambiental expiró el 23 de octubre de 2021, a pesar de los esfuerzos de la compañía desde mayo para solicitar una extensión del permiso. Una orden judicial reciente permite que la mina siga funcionando, pero solo de forma temporal.

Fortuna ha invertido unos USD 350 millones en la mina subterránea en el estado Oaxaca, donde emplea a 1.200 trabajadores. Fortuna también opera unidades en Argentina, Burkina Faso y Perú.

Fuentes con conocimiento del tema dijeron a Reuters que, a pesar de las reuniones en curso entre funcionarios y ejecutivos de la empresa, el futuro de la mina sigue en duda.

La Secretaría de Medio Ambiente emitió el jueves un comunicado diciendo que trabajaría para organizar una consulta con las comunidades indígenas cercanas al proyecto como parte de la autorización ambiental, sin ofrecer detalles sobre el momento de la consulta, ni dijo si la mina podría seguir operando mientras tanto.

La oficina de prensa de Minera Cuzcatlán, unidad de Fortuna, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El 25 de octubre la firma canadiense dijo que la extensión del permiso suele ser un trámite rutinario, pero se había vuelto engorroso.

La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, se reunió en abril con activistas que buscaban cerrar la mina, según una foto publicada en su cuenta de Twitter. Los disconformes han criticado a la mina por lo que dicen que son decenas de construcciones no autorizadas en el sitio.

Un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Medio Ambiente dijo a Reuters en septiembre que las compañías mineras en México deberían enfrentar revisiones ambientales más rigurosas dados los impactos importantes de sus proyectos.

El año pasado, San José fue el séptimo productor de plata más grande de México, con 6.2 millones de onzas, además de casi 38,000 onzas de oro.
Fuente: Reuters

Fortuna Silver enfrenta un futuro incierto en México

Argentina, Internacional

El derecho humano a un ambiente sano, sin contaminación

Darío Aranda
12/11/2021
En un contexto de crisis climática, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró que un ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Asambleas socioambientales y pueblos indígenas de Argentina denuncian al extractivismo como epicentro de la vulneración de derechos.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) declaró que el medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano fundamental. Lo hizo a través de una resolución que obtuvo 43 votos de apoyo y ninguno en contra. Amnistía Internacional celebró la medida: «Es un hito en la batalla contra la crisis climática». En Argentina, comunidades indígenas y asambleas socioambientales denuncian desde hace décadas que la megaminería y el agronegocio, entre otras actividades extractivas, violan los derechos humanos.

La Resolución «A/HRC/48/L.23» del Consejo de Derechos Humanos reconoce el derecho a un medio ambiente saludable «como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos» e insta a los Estados a que protejan el medio ambiente como parte de sus compromisos en materia de derechos humanos. El organismo de la ONU destacó que el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está estrechamente relacionado con otros derechos humanos reconocidos internacionalmente. La degradación del ambiente daña el ejercicio del derecho a la salud, a la vivienda digna y a la educación, entre otros.

La Coordinadora Basta es Basta nuclea a asambleas socioambientales y activistas de todo Entre Ríos. Desde enero de 2018 se manifiestan todos los martes frente a la Casa de Gobierno provincial en denuncia a las fumigaciones con agrotóxicos. Llaman a la acción «la ronda de los martes». El 9 de noviembre cumplieron su marcha número 200. «Marchamos frente a las puertas cerradas de la Casa Gris (de gobierno), frente a los oídos y los micrófonos que se cierran ante el mayor conflicto ambiental de la provincia y quizás del país. Tampoco escucharon a las Madres de Plaza de Mayo hace 45 años. Todavía no nos escuchan, pero la historia de nuestro pueblo pondrá, más temprano que tarde, las cosas en su sitio porque los derechos humanos se deben honrar todos los días», resaltó Daniela Verzeñassi desde Paraná, y recordó que desde hace décadas explican que no se puede hablar de derechos humanos sin abordan la situación socioambiental.

Afirma que se movilizan para exigir al gobierno provincial un cambio de modelo productivo y políticas que acompañen una transición hacia la agroecología. «Resistimos en nuestros territorios, con nuestros cuerpos, y también insistimos en que otro modelo, sin agrotóxicos, es posible, necesario y urgente», señala.

Saúl Zeballos es parte de la Asamblea Jáchal No Se Toca, en San Juan, donde denuncian desde hace más de una década el accionar de la empresa Barrick Gold en su emprendimiento Valedero. Zeballos no tiene dudas de que el modelo extractivo vulnera sistemáticamente lo derechos humanos. «Nosotros explicamos que acá vivimos una dictadura megaminera, donde las corporaciones deciden sobre el territorio y las personas. Y donde tanto el poder político como el judicial son socios de las empresas», afirmó.

A modo de ejemplo, recordó que Barrick Gold viola la Ley de Glaciares, contaminó ríos (en 2015 provocó el mayor derrame de la historia de la minería en Argentina) y no recibió sanción judicial alguna. Zeballos cuestionó puntualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace trece años tiene demorado un fallo sobre Barrick Gold en su proyecto Pascua Lama. Y alertó sobre el nuevo proyecto minero, llamado Josemaría, «también ubicado en zona de glaciares y sin licencia social de la población». Denunció que «no hay grieta» entre sectores políticos a la hora de impulsar la megaminería. El asambleísta dio la bienvenida a la resolución de Naciones Unidas, pero aclaró: «Lo que hace falta, más que declaraciones, es la aplicación práctica y efectiva de los derechos humanos».

Clemente Flores es uno de los voceros de la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes (Jujuy). Explica que la lucha indígena por el territorio siempre fue y es entendida desde la lógica de los derechos humanos, aunque sí lamenta que a una parte de la sociedad no indígena le cueste entender esa vinculación. «Luchamos contra la minería de litio porque arrasa nuestro territorio, sobre todo contamina y pone en riesgo el agua, algo vital para nuestras vidas», resume Flores.

Aclara que, pandemia mediante, las comunidades no pudieron reunirse en sus clásicas asambleas, mientras las empresas mineras sí podían transitar y avanzaron con sus exploraciones, sin respetar los derechos de los pueblos indígenas. «Se habla mucho de cambio climático pero se hace muy poco. En la Puna ya padecemos el cambio climático y con la mineras de litio será peor. Por eso luchamos, porque el agua es un derecho humano, aunque las mineras y gobiernos no lo quieran entender», advierte Flores.

La resolución de Naciones Unidas, aprobada el 8 de octubre, fue impulsada por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza. Sólo Rusia, China, India y Japón se abstuvieron de votar.

Ashfaq Khalfan, director del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional, afirmó: “Esta resolución es una esperanza en el actual contexto de aumento de los desastres climáticos generalizados y un hito en la batalla contra la degradación ambiental. La Comisión ha reconocido por fin que el disfrute de los derechos humanos depende del medioambiente en el que vivimos. Cuando el planeta sufre, las personas que lo habitamos sufrimos también, y en todo el mundo la degradación ambiental está arrebatando a la gente sus derechos».

El director de Amnistía Internacional también apuntó a los responsables: “La inacción de los gobiernos a la hora de proteger el planeta y su apoyo continuado a industrias que son destructivas para el medioambiente constituyen un ataque a gran escala contra los derechos humanos».

* Por Darío Aranda. Artículo publicado en el diario Página12 el 12 de noviembre de 2021.