Perú

Candidato a la primera vicepresidencia por Juntos por el Perú: se erradicará la minería ilegal en Puno

Pachamama Radio 21/02/2021
Foto: GEC
La minería es una actividad importante en el Perú y lo que se plantea es una nueva minería que consiste en discutir ¿dónde le conviene al país que haya minería y dónde no? tomando en cuenta las condiciones y estándares sociales y ambientales, dijo el economista José Antonio de Echave Cáceres, candidato a la primera vicepresidencia por el partido político Juntos por el Perú.

En Razón Libre de Pachamama Radio, señaló que hay zonas donde la población percibe los proyecto mineros como una amenaza, es el caso de Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa, Santa Ana en Puno y otros que generan conflictos sociales porque las políticas públicas no toman en cuenta la opinión de quienes van a ser afectados.

Sin embargo, hay zonas donde los proyecto mineros se pueden desarrollar porque según la Defensoría del Pueblo, el 70 por ciento de los conflictos sociales generados por la minera es por convivencia, es decir, la población no le dice no a la minería, lo que le exige es que respete su derecho a la economía, a su cultura, y al medio ambiente. El otro 30 por ciento de los conflictos, si son de rechazo a la minería, indicó.

“El marco legal e institucional vinculado a la minería ha sido elaborado para traer inversión recortando los derechos de la población, por eso se plantea una nueva minería”, declaró el ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

Respecto a la minería informal e ilegal, señaló que en un eventual gobierno de Verónica Mendoza, erradicaran la minería ilegal, esa que se desarrolla en la actualidad en zonas prohibidas de las zonas altas y en la selva de Puno y buscaran mecanismos en coordinación con el gobierno regional, para la formalización de la minería.
https://www.pachamamaradio.org/candidato-a-la-primera-vicepresidencia-por-juntos-por-el-peru-se-erradicara-la-mineria-ilegal-en-puno/

Republica Dominicana

Obispo La Vega dice explotar Loma Miranda generará conflicto social

Miguel Ponce
21/02/2021
Santiago.-El obispo de la diócesis de La Vega, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, calificó como una provocación los planes de la minera Falcondo de explotar a Loma Miranda.

Advierte que ni el dinero, ni el mineral obtenido serán una solución a largo plazo para la economía del país, sino el origen de un grave problema medioambiental y un conflicto social.

En su homilía durante la eucaristía celebrada en La Voz de María y Radio Santa María hoy domingo, el religioso reclama al Ministerio de Medio Ambiente abstenerse de tocar a Loma Miranda.

“Pienso que es oportuno hoy, domingo de las tentaciones, añadir una cuarta tentación: Obtener dinero fácil a costa de la destrucción de los recursos naturales que nos permiten vivir en el planeta. Nos han puesto nuevamente sobre el tapete el conflictivo tema “Loma Miranda”, apunta.

Recordó que en los estudios técnicos, económicos y ambientales de entidades autorizadas, establecen que la explotación minera de esa zona no procede.

“Preguntémonos qué gana y qué pierde el país con la explotación de esta zona. El dinero obtenido por esta explotación minera resolverá menos problemas de los que ocasionará en la biodiversidad del lugar, en la armonía y la paz social de la zona, la región y el país”, indica.

Indica que el cuidado de la vida supone enfrentarse a una visión insaciable del enriquecimiento sin límites, a la idolatría del dinero, que genera una cultura de muerte.

Refiere que la Madre Tierra se está ́ desangrando, muchas multinacionales le están cortado las venas para dar dinero a cambio de su muerte”, expresa monseñor Rodríguez.

“Me adhiero a una declaración del Lic. Luis Abinader en el Nacional de Ahora del 12/03/14 titulada: “Luis Abinader ve dinero no justifica los daños causaría explotación Miranda”. Es mi esperanza que ahora, como presidente, continúe pensando en esa misma dirección”, expresa monseñor Rodríguez.

Exhortó a las autoridades competentes de los Ministerios de Medioambiente y Energía y Minas que devuelvan la tranquilidad al pueblo y garanticen la paz social, tomando la decisión definitiva de cerrar el caso “explotación Loma Miranda”, orientando ese territorio para el fin más beneficioso para la República Dominicana.

Propone a corto, mediano y largo plazo un parque nacional donde se preserven todos los recursos naturales que solo la madre naturaleza puede ofrecer gratuitamente al ser humano, siempre y cuando no sea agredida ni destruida por depredadores humanos.

Pidió al Señor, que le dé su fuerza para vencer la tentación del poder, la vanidad, la ostentación, la vanagloria y la de depredar los recursos naturales a cambio de unas cuantas monedas.

Obispo La Vega dice explotar Loma Miranda generará conflicto social

Colombia

Cerca de 25.000 hectáreas están en riesgo de ser explotadas por una empresa minera en Palocabildo

Redacción Tolima
19/02/2021
Hay amenaza a la vocación agrícola, campesina, turística y ecología, en estas zonas hay reservas y yacimientos de agua que surten a todo el norte del Tolima.
Helicompero sobrevuela de nuevo
Los habitantes de los municipios del norte se declaran molestos por lo que ellos llaman “las mentiras de Miranda Gold”, esto a raíz de que la gerente de sostenibilidad en reunión con la comunidad negara su interés en estos municipios, mientras en la ANLA existen solicitudes mineras vigentes.

Luego de la creación la Alianza Regional Contra la Minería en el Norte del Tolima, las comunidades de Falan, Palocabildo, Armero Guayabal, Mariquita, Casabianca y Líbano han venido expresando su rechazo al proyecto minero Santa Ana, de la empresa Miranda Gold, y anuncian una protesta pacífica de ser necesario.

Ancizar Gómez, manifiesta su preocupación por la amenaza a la vocación agrícola, campesina, turística y ecología, pues dentro de estas zonas se encuentran zonas de reserva y yacimientos de agua que surten a todo el norte del Tolima
https://www.ondasdeibague.com/noticias/tolima/34454-cerca-de-25-000-hectareas-estan-en-riesgo-de-ser-explotadas-por-una-empresa-minera-en-palocabildo

Perú

EXPERTO RECOMIENDA RECHAZAR MINA ARIANA POR AMENZA AL AGUA DE LIMA

Foto: Otra mirada
17/02/2021
El agua que consumimos en Lima y Callao estaría bajo amenaza. La proximidad del depósito de relaves del proyecto minero Ariana al Túnel Trasandino, que trasvasa el agua bajo los andes desde la cuenca del río Mantaro hasta la cuenca del río Rímac, genera altos riesgos para la disponibilidad de agua potable para más de 10 millones de personas.

“Este depósito de relaves estaría a 115 metros del túnel trasandino, y la presa de relaves a 1275 metros aguas arriba de la bocatoma de agua del túnel”, precisó el investigador Steven Emerman, quien recomienda por ello, rechazar este proyecto minero “sin mayor consideración”.

El investigador subrayó que en el Perú han ocurrido (18 fallas conocidas) desde 1952), por lo tanto, no puede descartarse una eventualidad de este tipo, sea por sismos, malas construcciones, u otras causas. El Dr. Emerman agregó, si la presa de Ariana colapsa, los relaves fluirían inmediatamente hacia la bocatoma de agua del Túnel Trasandino, a los canales colectores, al Río Carispaccha y siguiendo su curso podrían afectar los pueblos de Corpacancha, Santa Ana, Sincamachay y la planta hidroeléctrica Malpaso.

Sumado a ello, Emerman precisó que el cimiento de la relavera del proyecto minero presentaría una gran fragilidad, que sometida a un esfuerzo o tensión horizontal, por ejemplo en caso de un sismo, tendría altas probabilidades de colapsar. En una situación así, se soltarían los relaves, lo cual podría afectar gravemente las fuentes de agua y el entorno de escorrentía natural de éstos.

“La ingeniería y la ciencia tras este proyecto son muy débiles. Los peligros para las comunidades aguas abajo y para la población de Lima son muy altos. Por eso la recomendación es rechazar este proyecto”, dijo tras exponer los hallazgos de su investigación “Análisis de Riesgo de la Presa de Relaves en la Mina de Cobre y Zinc Propuesta Ariana, Provincia de Yauli, Departamento de Junín, Perú”.

Sobre la posible ruptura de la presa y su impacto en la capital, Emerman sostuvo que no conoce un caso de explotación minera parecida en el mundo, que implique la construcción de una presa de relaves en una zona que da suministro de agua para una ciudad capital de un país. “Desde mi conocimiento, nunca se ha construido una presa de relaves aguas arribas de un suministro de agua para una gran ciudad”, enfatizó.

A su turno, Luisa Eyzaguirre, secretaria general del sindicato de trabajadores de Sedapal (SUTESAL), recalcó que más del 60% del agua que consumimos los limeños viene por el túnel trasandino y que la cercanía de la presa del relaves a esta infraestructura implica muchos riesgos. Asimismo señaló que la minera Ariana no ha permitido a Sedapal medir el agua de las lagunas que son parte del sistema hídrico de la zona.

“Sedapal tiene la obligación de tener una posición bastante firme. No se trata de tener una postura antiminera, el Estado está para preservar el derecho a la vida de las personas por encima de intereses económicos”, precisó.

Elizabeth Zamalloa, representante de CooperAccion, hizo también hincapié en la ubicación de esta presa de relaves. “Es una zona altamente sísmica, y ello, unido a precipitaciones, configuran un peligro real. No es ser antiminero, es apostar por la vida. En otros países se rechazaría esta propuesta solo por su ubicación. Estamos reclamando el derecho a la vida”, manifestó.

Cabe señalar que hoy se tenía prevista una audiencia en el marco de la demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil como CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal, las ex congresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio contra la realización del proyecto minero Ariana. Sedapal había sido citada a la audiencia del Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para exponer su posición sobre el proyecto. Sin embargo, la audiencia ha sido reprogramada por la Jueza Rocío Rabines para el día 4 de marzo aduciendo las dificultades del estado de emergencia.

Por su parte, mediante un comunicado publicado ayer, Sedapal informó que solicitará a una firma independiente que determine si las actividades del proyecto minero Ariana afectarán la provisión de agua potable para Lima y Callao.

“Se solicitará a una firma especializada de reconocido prestigio, independiente e imparcial, los correspondientes estudios Geomecánicos, Geotécnicos, Hidrogeológicos e Hidroquímicos que determinen si las actividades que tiene previstas realizar la Minera Ariana podrían generar impactos negativos en la estabilidad del túnel Trasandino, así como el caudal y la calidad de las aguas que trasvasa hacia el río Rímac”, indicó en el comunicado.

Por otro parte, hay que destacar que el autor del informe, el Dr. Steven H. Emerman es un prestigioso estudioso estadounidense y autoridad en la materia, tiene un Bachelor of Science en Matemáticas de la Universidad Estatal de Ohio, un Máster (M.A.) en Geofísica de la Universidad de Princeton, y es Doctor (Ph.D.) en Geofísica por la Universidad de Cornell. El Dr. Emerman tiene 31 años de experiencia en la enseñanza de hidrología y geofísica y tiene 70 publicaciones revisadas por expertos en estas áreas. El Dr. Emerman es el autor del capítulo sobre Gestión de residuos para el próximo Manual de Minería Subterránea de la SME (Sociedad para la Minería, Metalurgia y Exploración).

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Chile

El 60% de los relaves abandonados de Chile se concentra en la IV región: Vacío legal impide fiscalización del Sernageomin

Por: Julieta Garagay y Sara Jerez
16/02/2021
En la región de Coquimbo hay 106 depósitos de relaves abandonados. La mayoría fueron construidos en la década de 1980; más de 30 de estos con el método “Aguas Arriba”, ya prohibido para esa fecha. Otros tienen dueños que siguen activos en la minería. El Estado no fiscaliza estos desechos, ni tampoco cuenta con una ley para aquellos catalogados como Pasivos Ambientales Mineros (PAM). Andacollo, Illapel y La Higuera —donde más se concentran residuos— sufren los efectos de la acumulación de relaves, como enfermedades neuronales, respiratorias y una contaminación ambiental irreversible.

Varios cerros arenosos de color café ceniza se amontonan dentro y fuera de Illapel. Para el ojo inexperto pueden parecer parte del paisaje natural, pero no. Son los depósitos mineros de parte de los 106 relaves abandonados que se acumulan en la región de Coquimbo, más de la mitad de los que existen en el país (176 en total). Con 18 depósitos, Illapel está dentro de las tres comunas con más desechos. La supera Andacollo con 36 y le sucede La Higuera, con 15.

Los riesgos de un relave abandonado van desde enfermedades respiratorias y neurológicas en la población que lo circunda hasta la contaminación del agua con metales pesados, altas concentraciones de mercurio en los suelos y zonas saturadas por material particulado, como el caso de Andacollo, que sobrepasa las medidas estándar de PM10 desde 2009.

Alondra Flores, ingeniera civil de la Universidad de Chile, explica: “Los depósitos de relaves de Andacollo y de zonas mineras donde hay muchos de estos abandonados no son como los de hoy, con un muro y lagunas, sino que son montones de tierra. Es decir, hicieron un montón, después abajo pusieron otro y así, como una torta con varios pisos.”

Para el Sernageomin, servicio estatal creado en 1980 y encargado de la supervisión de las faenas mineras, estos depósitos están fuera de su alcance: aunque se ha avanzado en un catastro que los identifica, el organismo no tiene facultades legales para fiscalizar, controlar y/o solicitar la remediación de estos desechos, ya que fueron abandonados en su mayoría en los años 80’s, cuando no se exigían planes de cierre. De acuerdo con la investigación realizada para este reportaje, al menos cinco empresarios responsables de estos residuos siguen operando en otras plantas mineras.

Hasta la década de los 70, los muros de los relaves se podían construir con el método “Aguas Arriba”. El Decreto Supremo N° 86 del Ministerio de Minería de 1970 prohibió este tipo de estructura, debido a la inestabilidad del muro que lo hacía fatal en un país sísmico como Chile. Pero 36 fueron construidos bajo este método después de la fecha de prohibición en la región de Coquimbo. Uno de ellos fue protagonista de un accidente en 1997.

Laureano Cortés tenía 16 años cuando ocurrió el desastre del depósito de relave Tunquén. Vivía en La Yesera, comunidad rodeada de residuos mineros que queda a 25 kilómetros de Illapel y que en 2011 empezó a ser desalojada por una minera. La faena se llamaba El Almendro, y figuran en el Sernageomin como dueños de los tres depósitos abandonados Juan Polo Osses y Juan Polo Dabed. Padre e hijo, el primero profesor —fundador del Liceo Luis Alberto Vera en Illapel— y empresario minero fallecido, el segundo empresario de 39 años. La misma edad de Laureano.

“Yo iba al colegio en Illapel, entonces los viernes subía a mi casa y el domingo bajaba a estudiar. El camino estaba separado, los relaves estaban al lado derecho e izquierdo, a no más de cuarenta, cincuenta metros” recuerda Cortés.

Dos temporales provocados por El Niño cayeron en la zona norte y centro del país después de cuatro años de sequía entre junio y agosto de 1997. El agua arrasó con todo: casas, puentes, animales, relaves. Las quebradas crecieron con fuerza. Laureano quedó aislado durante una semana con su familia en La Yesera, desde donde pudo observar que el relave más grande de la zona —en esa época aún activo— se derrumbaba sobre el estero Aucó.

Relave Tunquén, Illapel. Foto: Julieta Garagay

“Después de la lluvia quedaron colores grises en la tierra y en el agua. Como es mineral pesado, el relave se va al fondo de las quebradas. Así el agua queda limpia por encima, pero la borra queda abajo llena de contaminación” señala el ex poblador de La Yesera.

Hoy los depósitos de relave de la faena Tunquén siguen ahí, deformados con el recuerdo de un temporal que arrasó con gran parte de su estructura. El dueño fallecido nunca fue sancionado y al hijo lo protege el vacío legal que ata de manos al Sernageomin. El estero en verano, sumado a la mega sequía que afecta a la región, es apenas un hilo. Insectos y ranas crecen en medio de colores artificiales y el olor ácido del relave, que aprisiona por ambos costados el curso de agua que, un día de estos, puede volver a crecer.

Relave Tunquén. Foto: Google Earth
Depósitos olvidados

Un depósito de relave es catalogado como abandonado cuando la faena termina sus operaciones sin cumplir con la Ley 20.551. Esta normativa, promulgada en 2011, establece que cada faena debe contar con un Plan de Cierre. En 2004 el D.S. N°132 del Ministerio de Minería ya obligaba la ejecución de esta medida, pero sólo era válida para las plantas operativas.

De los 106 abandonados en la IV región, 60 se encuentran en la provincia del Elqui, 26 en Choapa y 20 en Limarí. El Catastro de Depósitos de Relaves del Sernageomin cuenta con varios nombres de los responsables, pero gran parte de ellos no están vigentes, algunos ya fallecieron o, por otro lado, no hay registros debido a la antigüedad de la faena. La mayoría corresponden a plantas que funcionaron desde 1980 hasta el 2000, cuando eran regulados por el D.S. N° 86 del Ministerio de Minería de 1970.

“Sernageomin no está encargado de la fiscalización y control de los depósitos de relaves abandonados principalmente porque no tienen dueño y sólo fiscaliza faenas operativas. Además, en caso de que la faena fuera abandonada antes de la entrada en vigencia de la ley de 2011, la persona jurídica no tiene por qué cumplir con medidas de cierre debido a que no es retroactiva” menciona Gullibert Novoa, geólogo y Coordinador de Relaves del Departamento de Evaluación de Proyectos del Sernageomin.

El abandono y la acumulación de estos desechos trae consigo riesgos humanos y ambientales. El doctor César Pastén, académico del Departamento de Ingeniería Civil de la U. de Chile e investigador del AMTC, explica:

“El riesgo es proporcional al tamaño del depósito y al tipo de relave que se almacena. Estos pueden variar desde aquellos relacionados con la estabilidad química, que afectan al medio ambiente y a la salud de las personas por la contaminación; riesgos sociales, porque se convierten en sitios eriazos sin resguardo de las autoridades, y riesgos de estabilidad física, producto de la pérdida de estabilidad que pueden sufrir ante amenazas naturales como terremotos o eventos climáticos”.

La ley 20.551 indica que la empresa responsable debe cumplir con un conjunto de medidas para obtener la estabilidad física y química del lugar. Con esto se impide deformaciones, deslizamientos, infiltraciones de fluidos y la generación de polvo, entre otros. El director de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) Lucio Cuenca, comenta:

“Muchos de estos proyectos se construyeron con una normativa de comienzos de los años 70, que lo único que establecía eran ciertas exigencias para resguardar que los depósitos no se vinieran abajo. Ni en la normativa anterior ni en la actual existen exigencias ambientales”.

Además, según la página web del Sernageomin, “un depósito con capacidad de generación de ácido, que deja de operar pero que reciba agua puede contaminar durante siglos.”

Otro riesgo es el estado de la infraestructura de los depósitos abandonados que depende del tipo de construcción de esta. En 2019, las “Bases para una política nacional de depósitos de relaves” del Ministerio de Minería señala que el método de construcción “Aguas Arriba” es el menos seguro en Chile. Este fue prohibido en 1970 debido al alto riesgo de desestabilización de los muros por oscilaciones sísmicas, ya que los depósitos tenían un muro que se levantaba sobre el material fino del relave, que en caso de un sismo corrían el peligro de licuar, es decir, perder su resistencia y fluir para finalmente colapsar.

La respuesta a una solicitud de Transparencia al Sernageomin confirma que en la IV región existen 36 depósitos de relaves abandonados que fueron construidos con este método, después de la entrada en vigencia del Decreto N° 86 que los prohíbe. El Coordinador de Relaves del Sernageomin desconoce el motivo de los permisos de estas construcciones.

En 2010, tras un reportaje de CNN Chile sobre el peligro de derrumbes que presentan los relaves abandonados, la Cámara de Diputados creó la Comisión Investigadora sobre la situación en que se encuentran los depósitos de relaves mineros existentes en el país. La información recopilada evidenció la cantidad creciente de depósitos abandonados, pero no abordó la situación de los “Aguas Arriba”.

Relaves activos y abandonados en Illapel. Foto: Google Earth.

La comisión identificó 14 Pasivos Ambientales Mineros (PAM) en Chile, definidos por Sernageomin como “aquella faena minera, abandonada o paralizada, incluyendo sus residuos, que constituye un riesgo significativo para la vida, la salud de las personas o el medio ambiente”. Dos de ellas pertenecen a la región de Coquimbo: Distrito Minero La Higuera y Ex Planta California, que pertenecen a La Higuera e Illapel, respectivamente.

La metodología de clasificación de PAM tuvo origen en los proyectos de cooperación internacionales del Sernageomin con Japón (JICA 2003-2007) y Alemania (BGR 2003 -2008). Estos fueron los primeros trabajos estatales para el desarrollo de un modelo de gestión de depósitos de relaves abandonados.

Aunque su clasificación se utiliza en estudios, reportes e investigaciones hasta del mismo Sernageomin, no existen normativas vigentes para estos en Chile, y el organismo no cuenta con un catastro oficial de ellos más que el realizado en la Comisión Investigadora. Incluso, según Gullibert Novoa: “Para Sernageomin no existe la clasificación de PAM, por lo cual no realiza controles o tratamientos”.
Las tres comunas más afectadas

Andacollo, Illapel y La Higuera son las comunas que más acumulan depósitos abandonados en la IV región. Gran parte de los desechos están dentro del radio urbano, algunos incluso junto a viviendas, colegios o cauces de agua, donde han formado parte del paisaje diario de los habitantes durante décadas. Juan Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo, comenta:

“Andacollo ha vivido siempre con estos relaves, por lo tanto, es algo normal para ellos. De hecho, me cuentan que hace mucho tiempo los niños jugaban a la pelota en estos relaves, hacían pichangas de barrio”.

Daniel Moraga, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tarapacá, dedicó ocho años a estudiar sobre los efectos de la minería en la salud de las personas. Con respecto a los relaves abandonados, señala:

“El peligro se asocia a que el agua o el subsuelo, es decir, las napas subterráneas, pueden estar contaminadas con los metales pesados del material que quedó en los relaves mineros. Un relave abandonado, además, sigue siendo un riesgo de salud porque una persona podría consumir alimentos regados con esa agua, o podría ir a ese lugar e inhalar el polvo en suspensión”.

Relave Tunquén, Illapel. Foto: Julieta Garagay

En 2010, un estudio de evaluación de sitios contaminados hecho por el Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA) de la Universidad de Chile, detectó la presencia de mercurio en los 18 relaves que existen dentro del radio urbano de Andacollo. Los análisis arrojaron que existen algunos puntos con concentraciones superiores a los 10 mg/kg, y la muestra más alta midió 30,34 mg/kg.

Estos resultados fueron comparados con medidas internacionales (por ejemplo, en Canadá se permite un máximo de 7 mg/kg; en Australia, 15 mg/kg; en México, 23 mg/kg), ya que, debido a la ausencia de una medida nacional estandarizada, el estudio no pudo establecer fehacientemente el nivel de riesgo que las concentraciones significan para la salud de la población.

El mercurio, arsénico y plomo, presentes en los relaves, pueden provocar graves daños al sistema nervioso central, asociándose con enfermedades mentales, entre ellas, autismo. La Comisión Investigadora de 2010 también identificó sustancias químicas en aguas superficiales contaminadas por relaves como sulfatos, molibdeno, cobre, níquel, arsénico, manganeso, cadmio y mercurio. La exposición al polvo particulado puede producir, además de problemas respiratorios, problemas en la piel, mucosas, garganta y conjuntivas. Con respecto a un estudio que realizó Moraga entre 2008 y 2011 en Andacollo, el académico comenta:

“Se encontraron daños en dos sistemas (neurológico y neuropsicológico), pero fue más evidente el daño neuropsicológico, que tiene que ver con la parte cognitiva. Secundariamente nosotros encontramos que había una especie de parkinsonismo en Andacollo, ahí teorizamos que los altos niveles de mercurio podrían estar generando esto en las personas”.

En un intento por remediar el daño ambiental y mejorar la situación de relaves en Andacollo, el municipio ha tomado algunas medidas, aunque no se estiman suficientes. Alfaro declara que durante sus 12 años al mando sólo se han podido retirar dos relaves gracias a aportes de la Minera Teck Carmen, ya que el costo es demasiado para los fondos municipales, y aunque el Departamento de Medio Ambiente del municipio se mantiene informado a través del Sernageomin, no cuentan con mayor apoyo de otros organismos estatales.

“El retiro de relaves, por las condiciones que tiene, están en el orden de los millones de dólares, cifras que no son abordables desde un municipio porque los presupuestos municipales son más bajos. Sí o sí se requeriría el aporte de un tercero, en este caso de una empresa que pueda aportar con el retiro de traslado, pero no existe ningún programa de gobierno para retirar relaves, entonces por el momento dependemos de lo que diga la compañía minera” Señala Javiera Cuevas, jefa del Departamento de Medio Ambiente municipal.

En Illapel la situación no es muy distinta. Una investigación hecha por el CENMA en 2012 evidencia que la fuente primaria de contaminación son los relaves. En ese año, la ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez ordenó la prohibición de la Planta Hernández, otra de las que figura en el listado del Sernageomin con dos relaves abandonados, debido a las altas concentraciones de mercurio de uno de estos.

Este relave, explica el documento, ha presentado derrumbes que han afectado la quebrada donde se ubica hasta alrededor de 200 metros hacia el río Illapel. Además, en el sitio encontraron indicios claros de una elevada concentración de mercurio, arsénico y cobre, y en menor medida plomo. Los primeros tres superarían por creces cualquier norma internacional.

Diversos expertos declararon en la Comisión Investigadora de 2010, entre ellos el Doctor Andrei Tchernitchin, consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Señaló que elementos como el arsénico y su exposición crónica a niveles no muy altos producen cáncer pulmonar, cáncer a la vejiga y otros cánceres generando alta mortalidad en zonas contaminadas con este elemento.

Para la realización de este reportaje se contactó a los alcaldes de las tres comunas, pero el edil de La Higuera, Yerko Galleguillos, declinó dar su testimonio debido a que no estaba al tanto de la cantidad de relaves de su ciudad. Mientras que el alcalde de Illapel, Denis Cortés, no respondió a los llamados.

Pero Cortés sí declaró en la Comisión Investigadora de 2010: “en 2006 el Plan Regulador fue modificado y prohibió relaves dentro del límite urbano, sin embargos los que existen tienen entre 50 y 60 años y por el crecimiento de la población quedaron dentro de la zona urbana. (…) Terminar una faena minera en una comuna que basa su economía en la minería es perjudicial.”
Los dueños fantasmas

Seis empresarios y empresas mineras se reparten 17 de los 18 relaves abandonados de Illapel, 12 de estos con el método “Aguas Arriba”. Uno es Víctor Nazer, quien tiene cuatro relaves abandonados de la Planta California sin información de la fecha de autorización en el catastro de Sernageomin. La última fiscalización (07-oct-2020) expone que esta se encuentra funcionando, pero está catalogada como irregular operativa. Es decir, la faena está activa pero no tiene resoluciones o inicio de actividades que le permitan hacerlo.

En los últimos años Nazer ha sido un minero prolífico. En 2019 solicitó pertenencias en seis hectáreas y la inscripción y publicación de la manifestación minera La Protegida. En 2020 él y tres hermanos – Víctor Andrés, Sebastián y Daniela – constituyeron la sociedad por acciones Minera El Dorado SpA.

Pasivo ambiental de Nazer (California), Illapel. Foto: Julieta Garagay

Entre los logros de Víctor está que, en 2006, cuando fue consejero del Consejo General de SONAMI en Illapel, le entregaron el premio San Lorenzo, que galardona a las empresas y dirigentes que han aportado a la actividad regional en el rubro. ENAMI también le otorgó el Crédito Sustentación Proveedores Mineros Pequeña Minería en 2015 y 2016, por montos de $546 y $10.018 dólares.

Para conocer si el empresario ha realizado alguna acción en pos de la mitigación de los efectos de estos relaves nos comunicarnos con Víctor Nazer, pero el dueño de estos no brindó ninguna declaración sobre el tema.

Otra de las empresas de la zona es la Sucursal Luis Álvarez Sierra, que tiene cinco depósitos de la Faena Esperanza. En 1985 y 1987 fueron construidos dos de los relaves con el método “Aguas Arriba”. Los otros tres utilizan el mismo modo, pero el Sernageomin no tiene catastrada la fecha de su resolución aprobatoria.

Francisco y Washington, hijos de Luis Álvarez (fallecido en 1993), también son empresarios mineros y transportistas, pero, según afirma el segundo, ninguno de ellos participó de la sociedad responsable de los relaves. Washington Álvarez incluso asegura que solo son dos depósitos abandonados en vez de cinco, contrastando con la información que sostiene el Sernageomin.

“Yo tengo claro que lo nuestro son dos relaves: uno al final de la calle Argentina en Illapel, y otro en la quebrada Los Azules, que queda en el Fundo Plan de Hornos. Yo sé lo que mi padre tenía, así que no sé de dónde sacan el resto”.

La interpelación que Álvarez hace a los registros oficiales del Estado no queda allí. En 2017, según cuenta, instaló un trapiche de molienda de oro y solicitó autorización para un tranque de relaves que construiría allí mismo, pero no fue aprobado, por lo que el trapiche no fue puesto en funcionamiento. Sin embargo, la instalación, que nunca existió, aparece en los catastros como fiscalizado en las visitas que hace el Sernageomin.

Francisco Álvarez, en tanto, formó en 1999 la Minera y Comercial Curamávida Limitada junto a otras 21 personas, entre ellos Víctor Nazer y Gerardo Toro. Este último es otro dueño de relaves abandonados que figuró en el catastro del Sernageomin de 2019, pero en 2020 pasó a “inactivo”.

Entre 2015 y 2017, ENAMI les otorgó a Washington y Francisco el Crédito Sustentación Proveedores Mineros Pequeña Minería por valores que fluctuaron entre $695 y $51.109 dólares. En ese mismo periodo, los hermanos fueron parte del directorio de la Asociación Gremial Minera de Illapel: Washington fue electo secretario y Francisco tesorero.

Desde 2020 Washington Álvarez cumple ahí mismo el cargo de Vicepresidente. También fue nombrado Hijo Ilustre en el Aniversario 266 de Illapel, ya que “su pasión arraigada en el seno familiar lo llevan a postergar su desarrollo profesional en pos del rescate de la minería en nuestra zona.”. En cuanto a la posibilidad de remediar el impacto ambiental de los relaves de su padre, Washington afirma:

“No tengo la obligación. Igual nosotros enterramos el relave de Illapel para ocupar ese terreno como estacionamiento, entonces no hay nada más que hacer. En el sector donde está el otro ya no vive gente, así que no veo cuál es el daño que puede provocar, si es pura piedra molida que queda ahí. De todas formas, entre 2010 y 2011 intentamos replantar algunas especies forestales autóctonas, pero con la sequía se secó todo. Antiguamente nadie se preocupaba de estas cosas, ni el gobierno ni los civiles, porque si a uno no le exigen algo, no lo hace.”

18 dueños corresponden a 26 de los 36 depósitos de relaves abandonados en Andacollo, siete de ellos “Aguas Arriba”. Esteban Spasojevic es uno de ellos. El empresario tiene un depósito abandonado de la sociedad “Minera Estom Limitada”, constituida en 1996 junto a su hermano Tomislav. En 2013, según El Calameo (boletín oficial de minería de Elqui) constituyó siete concesiones mineras de explotación. Un listado de personas con patentes impagas en estas concesiones publicado en 2019 repite su nombre en 13 ocasiones.

Mientras tanto, en La Higuera son 9 empresarios que figuran como dueños de los 15 relaves abandonados, 4 de estos “Aguas Arriba”. CEMIN Holding Minero tiene dos relaves aprobados en 1986, pertenecientes a la Planta Chingoles. Fue fundada por Juan Rassmuss, empresario peruano multimillonario, en 1982. Entre 1990 y 2012 a partir de CEMIN, Rassmuss constituye sociedades mineras y de inversiones (Agrícola Batuco Limitada, Inversiones CEMIN SpA, Aguas del Solar S.A, Inmobiliaria Cemin Sociedad Anónima, entre otros) y derechos de aprovechamientos de aguas subterráneas en la comuna de Lampa.

Juan Rassmuss falleció en marzo de 2016. Su hijo único Juan Enrique Rassmuss Raier, uno de los principales accionistas del grupo CAP y presidente del directorio de la Compañía Minera del Pacífico, asumió como presidente del holding (y de una decena de empresas familiares que operan en Chile, Perú, Argentina y Paraguay). En 2019 CEMIN recibió una multa histórica de 5.200 millones por mantener operaciones mineras sin autorización durante seis meses, extrayendo de manera ilícita 1,4 millones de toneladas brutas de material en la región de Valparaíso. No hubo respuesta desde CEMIN.

Relave abandonado en Andacollo (SUC. TOMAS WHITTLE). Foto: Google Earth

Un reportaje de 2020 del medio Mongabay expone que Olympic Peru Inc, empresa petrolera de Rassmuss en la región de Piura en Perú, derramó al menos 23.500 litros de crudo y tuvo 72 emergencias ambientales en 10 años. Además, Zeus ÖL SA, otra de sus empresas petroleras, firmó un contrato con el gobierno de Paraguay en 2016 para la exploración y extracción de hidrocarburos al interior del Parque Nacional Defensores del Chaco, área protegida y patrimonio natural, considerada una de las reservas más grandes de ese país y de las con mayor biodiversidad en Sudamérica.

En total son 53 empresarios y sociedades mineras que registran relaves abandonados en la Región de Coquimbo. No hay registro del resto de los responsables. A pesar de que la mayoría son antiguos, existen cuatro relaves abandonados después de promulgada la ley 20.551: Sociedad Tungsteno Llamuco SpA (constituida en 2015, tiene tres relaves en Salamanca), MARAY S.A (constituida en 2011, tiene un relave en Andacollo), Oscar Manuel Segovia Ortiz (un relave de 2015 en Punitaqui, en 2015 y 2017 fue beneficiado por el Programa de Fomento Minero del Ministerio de Minería) y Minera Alto de Punitaqui (un relave, Ovalle). En abril de 2020 esta última, que produce 12 mil toneladas de cobre fino por año, estuvo en conflicto con la contratista Kabba por la regularización de los sueldos impagos de 180 mineros despedidos en marzo.
El destino final de los relaves

En 2018 fue presentada la nueva Política Nacional de Relaves, la que propone al programa “Adopta un relave”, donde las empresas mineras que quieran empezar una faena pueden apadrinar un depósito abandonado como parte de las compensaciones ambientales. El plan piloto se llevó a cabo en la región de Atacama a fines de ese año, y no obtuvo resultados fructíferos. Cuenca observa en esto otra forma de obtener ganancias más que una medida de mitigación en sí:

“Hay una corriente dentro de la minería: empresas que se están especializando en desarrollar proyectos sobre los relaves antiguos, ya que como las tecnologías no eran tan eficientes, estos mantenían una cantidad importante de mineral de mejor calidad. En el fondo esto es otro proyecto, no una medida de mitigación, ya que es un proceso de extracción minera que necesita agua y otro lugar de depósito de relaves para disponer los desechos que queden. Los relaves no se desaparecen mágicamente”.

Algunas herramientas que pueden ser útiles para el manejo de contaminación por residuos mineros en Chile son el Recurso de Protección y la Demanda por Daño Ambiental que pueden realizarse siempre y cuando se conozca y exista registro del dueño de la faena. Pero para el primero el problema es el plazo de presentación, ya que por la antigüedad de la faena puede considerarse extemporáneos y por lo tanto el recurso no sería acogido.

En cuanto a la Demanda por Daño Ambiental (a partir de la Ley 19.300) el autor del daño solo tiene la obligación de reparar materialmente en el caso de haber actuado maliciosa o negligentemente. Ante este panorama las comunidades se quedan prácticamente sin posibilidades de actuar.

En el caso de los PAM, en 2009 el Ministerio de Minería creó la Política Nacional para la Gestión de Sitios con Presencia de Contaminantes, para identificar y controlar sitios contaminados incluyendo sitios asociados a la explotación de recursos naturales, es decir, extracción minera. Cuatro años más tarde se aprobó la Metodología para la Identificación y Evaluación Preliminar de Suelos Abandonados con Presencia de Contaminantes, aplicada por las Secretarías Regionales del Ministerio de Medio Ambiente.

Tranque El Mauro, Los Vilos. Foto: Agencia Uno

Pero desde la creación de estas políticas hasta hoy, la gran mayoría de depósitos abandonados continúa en ese estado. Lucio Cuenca comenta:

“Lo que pasa es que no hay voluntad política y a veces esto requiere ciertos recursos del estado que normalmente están priorizados para otras cosas. Nadie actúa hasta que ocurra algo, estas preocupaciones afloran porque la naturaleza las hace evidentes. Se avanza en catastrar, monitorear, pero no se dan pasos para hacerse cargo de este problema”.

Juan Dabed, ex dueño de cuatro de los relaves abandonados en Illapel (que no aparecen en el catastro de Sernageomin en 2020, pero sí en 2019) y ex concejal de la comuna, señala que está de acuerdo con el retiro de los desechos, pero para ello necesita mayor apoyo estatal.

“El gobierno quiere que saquemos los relaves, ya, pero ¿Cuál es el terreno en que vamos a depositar? Eso tiene que definirlo el gobierno con el equipamiento, las instalaciones y todo lo que sea necesario para trasladar el relave. Lo segundo es que subsidien ese traslado porque nosotros tenemos claro que hay una obligación moral, pero no legal, entonces nosotros no nos vamos a meter la mano en el bolsillo en un cien por ciento si no nos corresponde”.

Dabed afirma que él, y gran parte del gremio minero de la comuna, tienen disponibilidad para retirar los desechos de sus instalaciones abandonadas, pero las negociaciones que tuvieron cuando él era concejal quedaron inconclusas.

Iván Aguilera, Educador Tradicional Diaguita, conoce la Provincia del Choapa como la palma de su mano. Él, junto a los pobladores de Illapel y de las comunidades aledañas, ha sido testigo del impacto que han tenido los relaves abandonados en la zona. Es por eso que sabe que el valle no soportará mayor intervención minera:

“Un relave es una contaminación a perpetuidad. Un valle que es invadido para depositar desechos mineros es liquidado, sobre todo con los metales involucrados en el procesamiento minero. Considerando la escasa extensión de 90 kilómetros del territorio de mar a cordillera hasta el límite con Argentina, cualquier relave que se ubique en la cuenca la va a poner en riesgo. Al final el principal legado que tenemos del empresariado es el empobrecimiento y las contaminaciones con el aval de los gobiernos de turno y de políticos transversales, o sea, aquí no se escapa nadie”.
https://www.eldesconcierto.cl/medio-ambiente-y-naturaleza/2021/02/16/el-60-de-los-relaves-abandonados-de-chile-se-concentra-en-la-iv-region-vacio-legal-impide-fiscalizacion-del-sernageomin.html

Chile

Servicio de Impuestos Internos (SII) oculta información sobre negociaciones con Barrick Gold

Lucio Cuenca Berger
16/02/2021


La Empresa Minera Barrick Gold contrajo una deuda con el Estado de Chile por devolución anticipada de IVA, la que sería saldada una vez que el proyecto Pascua Lama entrara en operación. Ante la clausura total y definitiva decretada por el Primer Tribunal Ambiental, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), consultó al Servicio de Impuestos Internos (SII) por el estado de la deuda, y el Servicio ha usado resquicios impresentables para no responder, cuestión que fue denunciada al Consejo para la Transparencia.

Si bien el Ministerio de Economía por la vía de una Resolución Exenta autoriza el procedimiento de “recuperación anticipada de IVA”, es la Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos quienes deben ejecutar el procedimiento para reconocer el beneficio y saldar la deuda adquirida. Entre el 2010 y el 2017 el Ministerio de Economía entregó Resoluciones autorizando a Barrick “recuperación anticipada de IVA” en relación a un monto que la empresa declaraba que exportaría cuando comenzara la explotación. Estos montos y plazos fueron modificados a solicitud de la empresa en cuatro oportunidades, partiendo el 2010 por US$ 1.151 millones por exportaciones acreditables hasta el 30 de junio del 2015, y llegando al 2017 a US$ 3.538 millones fijando el plazo para acreditar exportaciones hasta el 31 de Diciembre del 2026.

Este beneficio a Pascua Lama le generó una deuda acumulada con el Estado de Chile, que alcanzaba los US$ 424 millones en Diciembre del 2019, los que actualmente según estimaciones de la prensa especializada, deben bordear los US$ 800 millones, dineros muy necesarios en el marco de la crisis socio sanitaria y ambiental que estamos atravesando. La deuda se pagaría luego de que el proyecto entrara en operación, lo que no ocurrió tras lograrse la clausura definitiva tras las sucesivas irregularidades e ilegalidades monitoreadas y denunciadas por la comunidad. La cobranza de esta deuda millonaria hoy pareciera estar en tierra de nadie, o al menos así da cuenta el modo de operar del Servicio de Impuestos Internos. Según el acuerdo actual, esta cantidad debe ser reembolsado si el proyecto no evidencia exportaciones por el monto autorizado.

El SII fue requerido por Lucio Cuenca, director de OLCA el 15 de octubre del 2020, y recién el 17 de diciembre, luego que ese Servicio solicitara prórroga para responder, lo hizo diciendo desde el área técnica que no disponía de la información y que por eso derivaba al Ministerio de Economía. Sin embargo, el 15 de enero, Economía respondió diciendo que las materias consultadas son de exclusiva competencia del Servicio de Impuestos Internos, el mismo organismo que en documento público se amparó en el artículo 13 de la Ley N° 20.285 que establece que los organismos públicos no se encuentran obligados a entregar información que no poseen.

El Ministerio de Economía fue muy claro en señalar que “cumplo con informar que esta Subsecretaría no cuenta con la información solicitada, toda vez que, el artículo 27 bis1, mencionado en su solicitud, se refiere a recuperación de IVA por adquisición de activo fijo, lo que no es competencia de esta Institución, sino que del Servicio de Impuestos Internos”.

En reciente reportaje de Ciper, se da cuenta de que existirían resoluciones de fines del 2019 del Director del SII Fernando Barraza, que otorgarían cuestionables facilidades a Barrick para eludir el reembolso que la minera debe hacer al Estado de Chile. Exigimos que el SII entregue toda la información solicitada.

Sin duda este tipo de temáticas debe entrar en el debate constituyente para frenar el servilismo absurdo que en nombre de la inversión extranjera pervierte el espíritu de las leyes, fragiliza la institucionalidad y desfalca al Estado.

El autor es Director de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA y actual candidato a constituyente por el distrito 12.

Servicio de Impuestos Internos (SII) oculta información sobre negociaciones con Barrick Gold

Argentina

VALCHETA: MINERA CANADIENSE COMENZÓ LA EXPLORACIÓN DE UNA MINA DE URANIO

18/02/2021
La compañía Blue Sky, una firma canadiense perteneciente al Grosso Group del empresario minero Joseph Grosso, informó hoy que comenzó en febrero con las primeras perforaciones del plan de exploración en el proyecto de uranio Amarillo Grande, ubicado cerca de la localidad de Valcheta, en la provincia de Río Negro.
Se trata de un plan de perforación de circulación inversa de más de 4.500 metros en Amarillos Grandes, un proyecto principalmente de uranio, pero que cuenta también con vanadio, un metal que se utiliza para la producción de acero. La característica principal del proyecto es que el recurso de uranio está alojado cerca de la superficie.

Pandemia
El inicio de la exploración estaba previsto para 2020, pero la pandemia retrasó la actividad. En particular, los trabajos serán sobre las zonas conocidas como Ivana Central e Ivana Norte, donde -según estudios realizados por la compañía entre 2007 y 2012- se encuentra una alta calidad y cantidad de mineralización. Al mismo tiempo, Blue Sky está avanzando en obtener los permisos para comenzar a perforar en Ivana Este, otra zona del proyecto con gran potencialidad de recursos de uranio.
Nikolaos Cacos, presidente y director Ejecutivo de Blue Sky, señaló que «este programa es un paso importante en nuestra estrategia para identificar nuevos recursos de uranio en Ivana y en todo el proyecto«. «La perspectiva sólida y persistente para el uranio proporciona un entorno de apoyo para nuestro trabajo y esperamos un éxito continuo que generará valor adicional en Amarillo Grande«, agregó. La compañía también aumentará en los próximos meses los trabajos de ingeniería y pruebas de procesos para respaldar los estudios técnicos que se realizaron sobre el depósito.

Detalles del proyecto
Blue Sky tiene previsto perforar alrededor de 100 pozos en Amarrillo Grande, que en total tiene abarca una superficie de 270.000 hectáreas. Hasta el momento sólo perforó ocho pozos. En 2020 la compañía avanzó en los permisos y los estudios de estimación de recursos y la factibilidad económica. “La mineralización en el depósito Ivana, el más importante del proyecto, tiene características de uranio-vanadio de tipo arenisca y de tipo superficial”, señala el comunicado de la compañía.
Además, indicó que “el proyecto, que incluye otras áreas, es llana, semiárida y accesible durante todo el año, con acceso ferroviario, eléctrico y portuario cercano”. La compañía tiene previsto delinear recursos en múltiples áreas del proyecto y hacer avanzar lo antes posible al nivel de prefactibilidad.
El Grosso Group opera desde 1993 en la Argentina Chile y Paraguay. En el país, además de la filial Blue Sky, también cuenta con las firmas Golden Arrow Resources y Argentina Lithium Energy.
FUENTE: Ecojournal
https://noalamina.org/argentina/rio-negro/item/45005-valcheta-minera-canadiense-comenzo-la-exploracion-de-una-mina-de-uranio

Panamá

Senador de República Dominicana pide a Falcondo retire sus planes mineros de Loma Miranda

18/02/2021
Ramón Rogelio Genao en contra de planes minero en Loma Miranda. / Foto: @RogelioGenao

El senador Ramón Rogelio Genao pide a la empresa minera Falcondo, filial de Americano Nickel, que abandone los planes para extender las operaciones mineras de ferroníquel al bosque Loma Miranda, en República Dominicana, que las autoridades están considerando declarar parque nacional.

Falcondo busca desarrollar el proyecto Loma Miranda debido al inminente fin de la vida útil del área en la que actualmente opera. De acuerdo con el vicepresidente de Falcondo, Edwin Deveaux, solo quedan cuatro o cinco años más de producción de ferroníquel.

Con este panorama, la minera busca acceder al área La Manaclita, en Loma Miranda, para ampliar sus operaciones en el país durante 20 años más.

Para el senador Ramón Rogelio Genao, Falcondo debe deponer sus intenciones de explotar Loma Miranda, ya que es un santuario medioambiental protegido, con una sentencia del Tribunal Constitucional que lo respalda.

Genao consideró como “descabelladas” y “fuera de lugar” las pretensiones de la minera. “Que apunten para otro lado, que Loma Miranda no se toca; es un patrimonio de todos los dominicanos”.

El legislador de la provincia de La Vega expresó que hay un ejército de voluntades, no solo en el Cibao, sino en todo el país preparado para repudiar en el terreno que sea, cualquier intento de explotación en ese santuario.

Genao detalló que la minera no tiene la licencia ambiental, ni social, pero mucho menos la autorización de minería. Recordó que los terrenos de Loma Miranda, por sentencia del Poder Judicial, avalado por el Tribunal Constitucional, no pueden ser usados para minería y además hay un proyecto de ley que fue aprobado por el Senado y que está en estudio por la Cámara de Diputados, donde se establece que ese territorio es una nueva área protegida del país.

El microclima de Loma Miranda es la base de producción de agua del Bajo Yuna y otros afluentes.
Fuente: Con información de Hoy Digitall y Diario Libre

Senador de República Dominicana pide a Falcondo retire sus planes mineros de Loma Miranda

Perú

Sedapal pedirá a firma independiente que determine si Minera Ariana afectará agua potable

17/02/2021
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que solicitará a una firma independiente que determine si las actividades del proyecto minero Ariana afectarán la provisión de agua potable para Lima y Callao.

“Se solicitará a una firma especializada de reconocido prestigio, independiente e imparcial, los correspondientes estudios Geomecánicos, Geotécnicos, Hidrogeológicos e Hidroquímicos que determinen si las actividades que tiene previstas realizar la Minera Ariana podrían generar impactos negativos en la estabilidad del túnel Trasandino, así como el caudal y la calidad de las aguas que trasvasa hacia el río Rímac”, indicó Sedapal en un comunicado.

Explicó que el Túnel Trasandino es el único medio de trasvase del agua almacenada en el sistema de lagunas de la cuenca del Atlántico hacia la cuenca del Pacífico y representa el 62% del volumen total de la reserva de agua de Sedapal para su uso durante los meses de estiaje (de mayo a noviembre).

A su vez, indicó que este miércoles 17 de febrero se presentará ante el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde solicitará participar en el proceso como interviniente coadyuvante de la parte demandante.

Un colectivo ciudadano interpuso una demanda contra la construcción del proyecto, alegando que amenaza la provisión de agua para la ciudad.

“Es importante asegurar que las operaciones de Sedapal de captación, almacenamiento y conducción de las aguas de las lagunas alto andinas, para su potabilización y distribución en beneficio de más 10 millones de habitantes de Lima y Callao, no se vean afectadas con la actividad de Minera Ariana”, anotó Sedapal.

Fuente: El Comercio

Perú: Sedapal pedirá a firma independiente que determine si Minera Ariana afectará agua potable

Chile, Litio

Los grises del litio (I)

Tomado de: Redacción / LATE
15/02/2021
fuente:https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=245925

Capítulo 1

Por más de medio siglo, la palabra litio sólo se asoció popularmente a un medicamento para tratamientos psiquiátricos. Pero fue en la última década cuando este metal ligero comenzó a asociarse a baterías recargables. Chile es uno de los mayores exportadores del mundo. De aquí sale parte del componente clave para construir autos eléctricos que, probablemente, nunca recorran las calles de este país sudamericano

Este es el primer capítulo de una serie de reportajes sobre el triángulo del litio ubicado entre Argentina, Bolivia y Chile.

El árbol es enorme. Es difícil adivinar su tamaño porque está solo. No hay ningún rastro de vegetación hasta que se pierde la vista en un paisaje en tonos ocres. Es la ventaja que tiene la soledad: no permite comparación. El viento desatado, algo violento, provoca un murmullo en sus ramas frondosas, de donde cuelgan pequeños botones algodonados de color amarillo.

Algarrobo en el Desierto de Atacama. Yasna Mussa.
Cristina Dorador, académica de la Universidad de Antofagasta y doctora en microbiología, se baja de su camioneta y va directo hacia él, como quien se encuentra con un viejo amigo. Lleva sombrero, lentes de sol y la ropa de alguien que sabe habitar el desierto.

—Creo que es un algarrobo—, dice Cristina Dorador mientras revisa las hojas. Luego apunta hacia los vestigios de lo que alguna vez fue una aldea.

—Esta fue una oficina salitrera. Hasta aquí llegaba la gente engañada y debía trabajar todo el día bajo el sol—, agrega frunciendo el ceño con la luz que llega directo hacia su rostro.

En 105.000 kilómetros cuadrados (40.540.73mi²), casi dos veces la superficie de Croacia, se ubica este desierto, el más seco e irradiado del planeta. En el que se inspiraron poetas como Gabriela Mistral. O donde la NASA crea un campamento anual para simular que está en Marte. O donde se han filmado películas como Diarios de Motocicleta, sobre el viaje del Che Guevara. O donde se encuentra ALMA, el mayor proyecto astronómico del mundo. Hasta este rincón de Chile, entre la cordillera de los Andes y la de la Costa llegan— o llegaban antes de la pandemia— turistas, aventureros, empresarios, científicos y trasnacionales mineras.

Cuando comenzó la cuarentena por la Covid-19, en abril de 2020, los turistas desaparecieron, pero la minería siguió funcionando. En esos meses de hoteles vacíos, la gran minería del Cobre aumentó su producción. Y mientras el mundo comenzaba a encerrarse, el país con la mayor reserva de cobre en el planeta conseguía ganancias por US$ 3.990 millones,un 38% más que en mismo período de 2019.

Cristina Dorador cuenta que la relación de esta región con la minería no es nueva. Que al hablar con personas oriundas de la zona, con padres, madres, abuelas y abuelos, casi todos han tenido algún tipo de dependencia laboral con actividades extractivistas. Dice, también, que esa relación ha dejado secuelas, pues aunque parezca lo contrario, las reservas económicas del desierto se agotan.

—Aunque el salitre no se agotó— me dijo Dorador con precisión de científica— sino que siguió estas lógicas de reemplazo. Antes fue el guano, luego el nitrato de sodio, el salitre; después el cobre y ahora el litio. Ahora se habla del hidrógeno verde y al final es lo mismo. Todo se regula respecto a lo que quiere el hemisferio Norte.

Cristina Dorador nació en Antofagasta, una ciudad ubicada entre el desierto y el océano Pacífico, a unos mil 300 kilómetros (800 millas) desde Santiago. Emigró para estudiar y volvió para ejercer en un territorio que aún mantiene viva su capacidad de asombro. Por ejemplo, Cristina Dorador se sorprende de los colores del paisaje como quien observa por primera vez una pintura. Describe con el mismo entusiasmo los contrastes de los cerros, las nubes, el sonido del viento, el árbol solitario o los microorganismos que estudia. Es en su ejercicio cotidiano como científica e investigadora que ha visto las consecuencias del extractivismo en Chile, pues asegura que estas prácticas no involucran la conservación y el cuidado del ambiente, sino más bien realizan trámites administrativos o burocráticos para ejecutar los megaproyectos, como ocurre actualmente con la minería del litio.

—Los salares son sistemas muy frágiles –me dice Dorador sentada en un salón de la Universidad de Antofagasta—Son sitios de alta biodiversidad, por algo muchos están protegidos en reservas o incluso en parques nacionales, pero también está esta paradoja de que son vistos como yacimientos. Son ecosistemas altamente complejos que tienen que ser vistos de esa manera.

La microbióloga explica que Chile lleva la marca de la minería en base al cobre y que ese modelo ha determinado una forma de hacer las cosas en las que cerros completos han desaparecido para ser convertidos en minerales y luego ser exportados.

En el caso del litio— dice Cristina Dorador—se transforma un ecosistema absolutamente.

Ex oficina salitrera en el desierto de Atacama. Yasna Mussa.
Tanto la computadora donde escribo o el teléfono inteligente con el que nos comunicamos funcionan gracias a las baterías de iones de litio. Pero fue el auto eléctrico el que aumentó considerablemente su demanda en los mercados internacionales de los países más ricos de Europa y Asia. Los titulares se apresuran en asegurar que los autos eléctricos son “vitales para combatir el cambio climático”. El mismo día que Tesla anuncia que sus acciones rozan un máximo histórico, otra publicación, en el mismo medio, asegura que el aporte al planeta puede ser gracias a un coche de cuatro ruedas que no depende de gasolina. Una profecía autocumplida.

El 23 de septiembre de 2020, el presidente Sebastián Piñera pronunció un discurso ante la 75º Asamblea General de la ONU, en el que destacó que “la abundancia del cobre y el litio nos otorga un gran potencial en todo lo que se refiere a la electromovilidad”. Sin embargo, este país con un poco más de 18 millones de habitantes, con un salario mínimo de 326.000 pesos — unos U$ 400— y que solo exporta el mineral en bruto, ya que no produce baterías, no vislumbra la llegada de la electromovilidad.

—Acá no va a llegar la electromovilidad, con los grandes problemas sociales que tenemos como país, la gran desigualdad que existe— advierte sería Dorador.

Dice que debemos asumir que somos un país pobre. Dice, también, que la mayoría de la gente gana muy poco dinero y no van a acceder a un auto eléctrico. Que tampoco la electromovilidad cumplirá su objetivo si no cambiamos nuestro estilo de vida y forma de consumir.

La mancha de la dictadura

Son las cuatro de la tarde del primer martes de diciembre en el Ayllu de Solcor, una comunidad ubicada en San Pedro de Atacama. Sonia Ramos sale de su casa rodeada por perros que la siguen batiendo sus colas y nos acompañan a la pequeña parcela que tiene al otro lado del camino. Si hay algo que le preocupa a esta mujer atacameña— 69 años, hablar despacio, gestos suaves— son los salares y el respeto a todo tipo de vida. No cree en el discurso que justifica la intervención a los salares asegurando que lo se extrae no es agua sino salmuera.

—Lo que está diciendo la minería no es lo correcto- dice Sonia Ramos- Para nosotros, desde nuestra cosmovisión, la parina significa agua. Cuando las parinas emigran es porque hay carencia de agua en lugar donde había habitualmente.

Sonía Ramos dice que la ausencia de estas aves rosadas de patas largas y delgadas que habitan el altiplano chileno es un indicador de que las aguas están disminuyendo a pasos agigantados y que por eso no ha parado de trabajar para proteger el salar. Varios hidrólogos de distintos países le han dicho que hay una conexión entre los salares y que la situación en que se encuentran es alarmante. Pero tenemos un Estado- dice- que legalmente no los va ayudar.

Fue precisamente la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), un organismo del Estado chileno encargado de impulsar la actividad productiva nacional, la que entregó el control estratégico del Salar de Atacama. Julio Ponce Lerou, ex yerno del dictador Augusto Pinochet, comenzó a gestar un contrato a principios de la décadas de los ‘80 y que una década después le permitiría tener el control de este yacimiento de litio, el más grande del mundo con 2.800 km (1739 millas). El Estado renunció a su rol de fiscalización y regulación, lo que le significó enormes pérdidas, permitiendo que Ponce Lerou se enriqueciera con el negocio minero. Pero esta millonaria fuga de capitales tuvo también otra arista: SQM Salar, la sociedad creada por Ponce Lerou para explotar el litio, protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción en Chile, a través del financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos que salió a la luz a finales de 2014.

Salar de Atacama. Yasna Mussa.
Además de SQM, el resto del litio chileno es explotado por empresas trasnacionales como la estadounidense Albemarle Corporation. Sonia Ramos considera que el extractivismo es el problema, pues necesitan grandes cantidades de agua en una región árida donde la sequía es una constante amenaza. La defensora del desierto, como prefiere denominarse, cree que sus ancestros aprovechaban los recursos sin intervenir al nivel de la gran minería.

—Ojalá antes de partir de la tierra pueda demostrar que es posible sobrevivir en el desierto con una economía sana

—Algunos dicen que el salar ya está perdido. ¿Usted no lo cree?

—No. No. Es una promesa que no se va a perder— dice segura Sonia Ramos

Apenas termina de responder una ráfaga impone silencio. Los árboles se sacuden por unos segundos.

—Aplaudieron, ¿se da cuenta? — dice en un tono cómplice— son los ancestros que aplaudieron

¿Quién decide?

El salar al que Sonia Ramos dedica su trabajo es la cuna de la cultura Licanantay, un pueblo indígena que habita lo que hoy se conoce como Atacama, según el nombre que los españoles entregaron a esta región. Su lengua principal fue el cunza, que predominó hasta fines del siglo XVII, y obligó a que los colonos necesitaran intérpretes en sus visitas a los Ayllus, lo que en la actualidad se entiende como comunidades y que en su origen respondía a la organización familiar de estos pueblos indígenas andinos. San Pedro, Toconao, Soncor, Socaire y Peine, son algunas de las aldeas, pequeños oasis alrededor del gran Salar de Atacama.

Cristina Dorador comparte la preocupación con Sonia Ramos. A la científica le inquieta que la extracción de la salmuera se realice sin una previa investigación de los salares y las empresas mineras tomen decisiones que no se basan en la ciencia, sin suficiente evidencia. Los estudios de impacto ambiental son otro tema de controversia, pues en muchos casos existen conflictos de interés entre las consultoras que hacen estos informes y las compañías mineras, quienes tampoco transparentan toda la información.

—La legislación chilena no da el ancho para estudiar ambientes extremos como son los salares, desde el punto de vista ambiental— dice Dorador.

La particular geografía de Chile recorre unos 4 mil 200 kilómetros (2.609 millas) de largo. Si en Europa puedes recorrer 8 países en 2 mil kilómetros (1240 millas), en este país latinoamericano llegarías apenas a la mitad de su territorio. Las grandes distancias, pero sobre todo su forma de gobernar, lo han posicionado como el país más centralista de América Latina, recibiendo constantes llamados de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, para que adopte una perspectiva regional de desarrollo y aplique políticas de descentralización.

Quienes habitan estos territorios asumen las decisiones que se toman en Santiago, la capital, a unas 22 horas de distancia viajando por tierra desde San Pedro de Atacama. La comunidad local, los pueblos indígenas o los líderes comunitarios no participan de manera vinculante o concreta en la toma de decisiones sobre su entorno.

—La participación ciudadana es un simulacro—me dice Dorador.

Chile tuvo la oportunidad de revertir estas políticas. El Acuerdo de Escazú, el primer gran tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe, fue firmado en 2018 por 22 países. Promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el convenio fue impulsado por Costa Rica y Chile, después de años de negociaciones. Pero en un giro que las comunidades y organizaciones ambientales no logran entender, el gobierno de Sebastián Piñera rechazó firmarlo.

El acuerdo tiene un gran objetivo: garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. Es decir, si en las últimas tres décadas hubiese existido un acuerdo con las características de Escazú, quizá la empresa minera canadiense Kinross no hubiese secado por completo las 70 hectareas que comprendían los humedales del Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa. O no se hubiese autorizado el proyecto de oro y plata de Salares Norte, de la minera sudafricana Gold Fields, que implicó la relocalización de una colonia de 25 chinchillas, una especie en peligro crítico de extinción, y en cuyo traslado murieron dos y otra quedó herida. O quizás, la minera Collahuasi no hubiese secado el Salar de Michincha, ni La Escondida el Salar de Punta Negra. O incluso, al Salar de Coposa no le hubieran metido tuberías por debajo, obligando a regar los bofedales -lagunas altiplánicas- con manguera. Incluso, es probable, que la minera Cerro Colorado no hubiese provocado que entre los años 2000 y 2005 se secaran bofedales, una laguna y vertientes por causa de la extracción de agua. Si Chile hubiese firmado Escazú quizá impediría que el Salar de Atacama se seque por completo a causa de la extracción del litio y que esto provoque la muerte lenta de los ecosistemas y biodiversidad que habitan en él.

Costra de Sal en el Salar de Atacama. Yasna Mussa
Todos los colores del litio

Cuando la exportación del litio se posicionó como una de las más importantes para la economía chilena, la prensa lo celebró. Unos años después, a medida que las prácticas mineras han provocado un daño evidente e irreversible en los ecosistemas y a las fuentes acuíferas y en el ambiente y en las comunidades, algunos medios denunciaron. “La guerra por el agua”, es uno de los titulares que más se repite cuando se habla de los conflictos socio ambientales en esta zona del norte chileno. Una imagen que supone dos bandos. Dos opciones. El bien contra el mal. Pero en este lugar de clima y condiciones extremas se imponen los matices. El litio no es solo “el oro blanco”. El más ligero de los metales también tiene grises.

Jorge Muñoz Coka dice que la situación es compleja. Que para entenderla hay que estar aquí. El presidente de la comunidad atacameña de Solcor llegó a San Pedro hace 10 años. Aunque su familia es originaria de este pueblo y siempre mantuvo el vínculo, él se crió en la ciudad.

Son las nueve de la mañana en San Pedro, pero el sol pica como si fuese mediodía. Jorge Muñoz Coka- delgado, piel bronceada, cabello azabache bajo los hombros- está parado frente a una casa tradicional atacameña, construida con adobe, piedra, paja, madera de chañar y algarrobo. Los muros color tierra, la puerta calipso como cielo.

—Cuando llegué a San Pedro aprendí a conocer con las manos. A meter las manos en la tierra, a construir en barro, en adobe. También aprendí agricultura— dice distraído por un gato famélico al que ha olvidado alimentar.

Jorge Muñoz Coka también es miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL), un espacio diverso compuesto por profesionales y activistas que promueven la defensa de los salares y humedales de Argentina, Bolivia y Chile. Esta década de descubrimientos ha sido muy importante en su vida porque le ha permitido volver a sus raíces.

En su rol como miembro de la Asociación de Regantes ha podido desmitificar la llamada “guerra por el agua”. Aunque reconoce que las mineras tienen responsabilidad, pues al intervenir el Salar de Atacama altera el equilibrio de la cuenca, ya que se extraen casi 2 mil litros por segundo. La región lleva sosteniendo una sequía y aún hay personas que no tienen acceso al agua potable.

Chile es el único país en el planeta que ha privatizado legalmente el agua. La Constitución actual trata a este elemento como un bien privado, lo que ha provocado una crisis hídrica que tiene al país enfrentando la emergencia climática en condiciones de mayor vulnerabilidad. Pero la única excepción está aquí: todos los miembros de la Asociación de Regantes son los dueños del agua. Aunque sólo los propietarios de predios y parcelas tienen derecho a voto, entre todos deciden cómo administrar.

—Ha sido bastante beneficioso porque es una voz colectiva y ha podido proteger un poco más el agua—, dice Jorge Muñoz. Y explica que ese espacio es uno de los rasgos más culturales que tienen en la zona porque allí se mezclan tradiciones, como la limpieza de los canales; los rituales y pueden observar los beneficios del riego para el cultivo del maíz.

—Si la agricultura no existiera acá, nosotros estaríamos bastante perdidos—dice Jorge Muñoz Coka.

Jorge Muñoz Coka, presidente de la comunidad atacameña de Solcor.Yasna Mussa.
El presidente de la comunidad de Solcor cree que un punto de quiebre importante fue la creación de la Ley Indígena en 1993. Establecida en medio de la transición a la democracia, a juicio de Muñoz Coka—y también de Sonia Ramos— la normativa dejó fuera muchos aspectos culturales. Se garantizaron beneficios, pero se ignoraron tradiciones, visiones del mundo, organización y representatividad. Para decir que son indígenas en los papeles, dice también Muñoz Coka. Y lo resume en una anécdota:

—Un vecino me contó que cuando se creó la ley mi abuela le dijo: oiga, ¡ahora somos indígenas! Antes, éramos todos atacameños, pero a partir de eso se generó una nueva identidad.

La Carta Magna, redactada bajo la dictadura, no reconoce a los pueblos originarios de Chile. Pinochet impuso la idea de que el país tenía solo una identidad homogénea, por lo que la ley de 1993 intentó remediar en parte esa situación. El 25 de octubre de 2020 Chile aprobó con casi un 80% la posibilidad de escribir una nueva Constitución, la que será redactada por un órgano elegido a través del voto y que cuenta con escaños reservados para los pueblos indígenas.

—El Estado de Chile es muy inteligente para dividir-—me dirá después Sonia Ramos— La visión que yo manejo ancestralmente es de pueblo. La visión que existe en este momento es de comunidad. Pero comunidad significa división, significa un espacio dentro de un territorio y lo que ha pasado, es que el hombre empezó a ver por su territorio, pero no por su pueblo. El Estado de Chile fue súper hábil en ese aspecto porque logró dividirnos.

El tono de Sonia Ramos no cambia en ningún momento. Es dulce incluso cuando describe recuerdos tristes o dolorosos. Como cuando algunas comunidades han quedado sin recursos y desprovistas de todo, mientras pequeños poblados han conseguido el poder luego de negociar con mineras a cambio de grandes sumas de dinero.

Sonia Ramos recorrió esta geografía de la mano de su abuela. En sus recuerdos de infancia se cuela la historia de su pueblo transmitida por generaciones. Cuando comían huevos de parinas con la tranquilidad de que esto no afectaría el equilibrio en el salar, pues a los pocos días el ave rosada pondría otro en su lugar.

—Ese es el conocimiento que manejaban nuestros ancestros y que ahora entran en disputa cuando solo hablan desde Occidente, sin conocer el territorio— dice.

Pequeño oasis en la carretera del desierto de Atacama. Yasna Mussa.
¡No queda nada!

Ingrid Garcés está acostumbrada a ser la excepción. Estudió Ingeniería Civil Química en la Universidad de Antofagasta en una época en que no era común que las mujeres fueran al aula y mucho menos para estudiar ingeniería. De las cuatro que entraron, ella fue la única en terminar la carrera a tiempo. Comenzó su camino como académica en el Departamento de Ingeniería Química y Procesos Minerales hace más de 40 años, cuando su juventud y carácter también llamaban la atención. En su área, es la única que se ha interesado de manera tan cercana en los salares y en la industria del litio desde una mirada crítica hacia la minería. A causa de ese compromiso decidió unirse a OPSAL Los demás miembros de la organización la mantienen informada desde San Pedro, ubicado a unas 5 horas en auto desde Antofagasta, aun cuando Ingrid Garcés es la única del grupo que se resiste a usar WhatsApp.

—Ellos la están pasando sumamente mal. Como están un poquito aislados del resto de la gente se cree que está muy bien y no es así— dice Ingrid Garcés, describiendo la situación de San Pedro de Atacama en medio de la pandemia de la Covid-19 — Esa es la realidad. Están viviendo una gran sequía. Entonces yo creo que aquí no hay conciencia real del tema del recurso hídrico o de cómo está afectando enormemente.

Garcés asegura que esto se debe a que se han extraído grandes volúmenes de agua, olvidando a las 18 comunidades aledañas al Salar de Atacama. Tiene la voz enérgica y dice frases directas sin perder su gesto amable. Insiste en que la sustentabilidad es también no abandonar a las personas.

—Solamente hemos extraído el recurso mineralógico, pero lo que queda en el mismo suelo y lo que comparten las comunidades es nada. ¡No queda nada!— dice con espanto.

Fue en un viaje hacia Arica cuando Ingid comenzó a mirar el desierto de una manera distinta. Aunque nació en el norte de Chile, fue durante ese recorrido acompañando a una colega que tomaba muestras para una investigación, cuando comenzó a encantarse con estos depósitos evaporíticos sobre los que hasta esa fecha, en 1984, no habían muchos estudios.

—Tuve la posibilidad de ver que los salares son un ecosistema vivo. No solo con mirar el recurso natural sino que también tienen recursos: por un lado el agua, que es la que le da la vida. Por otro, la biodiversidad que está a su alrededor y, por supuesto, prestan servicio a las personas.

La minería del litio ha generado grandes impactos en el Salar de Atacama, sobre todo en su borde Este, que es la zona más sensible. Ingrid Garcés dice que es ahí donde están los humedales que viven del agua dulce y no del agua salina, pues dan el sustento a la biodiversidad. Por efecto del bombeo los distintos niveles se contaminan y al disminuir el agua dulce, los humedales se secan. Como en un efecto dominó se rompe la cadena y disminuye la fauna, la flora y la población que depende de todos los factores anteriores.

Es una tarde nublada en Antofagasta. De lejos se ve el puerto, desde donde saldrán toneladas de litio. En Europa, al otro lado del mundo, Noruega acaba de anunciar que es el primer país en superar el 50 por ciento de autos eléctricos vendidos. Ingrid Garcés no conduce, pues prefiere el transporte público. Tampoco imagina un auto eléctrico andando por esta ciudad.

Carretera hacia el Paso de Jama, Desierto de Atacama. Yasna Mussa.

[Capítulo I] Los grises del litio