Chile

Denuncian que Anglo American no ha presentado estudios sobre el origen de aguas subterráneas capturadas por los túneles mineros

La expansión de la minera Los Bronces se está realizando cerca de los glaciares del santuario de la naturaleza Yerba Loca y colinda con la cuenca del Río Maipo, por lo que existe preocupación por parte de los expertos, que estas aguas puedan provenir de los glaciares de la Región Metropolitana, afectando su hidrología.
El Ciudadano 20/01/2021 Por Angela Pong.

El glaciólogo, Camilo Rada, experto en hidrología subglaciar de la Universidad de British Columbia, Canadá, manifestó a El Ciudadano su inquietud por el origen de las aguas subterráneas que están capturando los túneles hechos para la expansión de la Minera Los Bronces, de Anglo American, ya que existen probabilidades que provengan de los glaciares, debido a la cercanía del proyecto minero a los glaciares de la cuenca del Río Maipo y del estero de Yerba Loca, en la Región Metropolitana, según consignó Surf Beats.

Ante las preguntas planteadas por el experto en la participación ciudadana, las respuestas dadas por Anglo American y el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, han sido muy poco satisfactorias, ya que niegan la existencia de filtraciones importantes de aguas en los túneles que están construyendo, así como la posibilidad de que se infiltre agua en ningún punto la gigantesca operación subterránea que planean. Anglo American insiste que en el túnel de prospección solo se han observado gotas de agua que, incluso, han utilizado para ser objeto de análisis.

Sin embargo, esa información se contradice con videos en internet que registran grandes chorros de agua en el Túnel Los Sulfato, expuso Rada.


Ubicación del proyecto Los Bronces de Anglo American | Fuente: Estudio de Impacto Ambiental.
Túneles que capturan agua

El proyecto “Los Bronces Integrado” es parte de la expansión que la minera de la corporación Anglo American ha comenzado en la cordillera entre Santiago y Valparaíso, por lo que se extenderá el cordón minero a través de una mina subterránea que abarcará el santuario de la naturaleza, Yerba Loca, que conectará con la mina existente que colinda con los glaciares de la cuenca del Río Maipo, según Surf Beats.

Dicho proyecto contempla la creación de mega túneles subterráneos, que pasarían por debajo del santuario Yerba Loca, trabajo que la minera ya ha comenzado a avanzar. “Ellos planean hacer unos enormes túneles, y es muy probable que toda esa operación intercepte o desvíe aguas subterráneas”, indicó Rada.

Al tratarse de aguas subterráneas cuya procedencia no ha sido estudiada, entonces no se puede descartar de que provengan de los glaciares, humedales y otras fuentes con impacto en procesos superficiales. Cuando se construye un túnel se perfora la roca, y adentro de la roca hay fracturas por las que circulan aguas subterráneas, y el túnel está captando esas aguas, indicó el glaciólogo.

Anglo American no ha presentado estudios

El experto Rada advirtió que la minera no ha presentado ningún estudio de la procedencia de las aguas.

“Si esas aguas vienen de acuíferos que están asociados a los glaciares, se podría estar afectando a estos últimos, porque se estarían secando sus bases. Esto provoca que la dinámica del glaciar cambie y hay que estudiar qué puede pasar, puede ser que el glaciar se derrita más rápido o que se derrita más lento, pueden ser los dos efectos” explicó.

Además, agregó que Anglo American no ha planteado ni presentado ningún mecanismo para evidenciar o controlar las aguas que están capturando sus túneles.

“Ahí hay una falta de verdad por parte de Anglo American, de que estén diciendo que no se infiltra nada de agua en los túneles, y garantizando que no va a ocurrir en futuros túneles, o en las perforaciones para la extracción de material. Yo creo que es algo que no pueden garantizar”, comentó el experto en glaciares.


Impacto del polvo minero en los glaciares

La problemática del polvo minero y cómo impactaría en los glaciares no es algo nuevo. Durante 2020 una investigación del medio británico, dio a conocer que Anglo American había realizado un estudio errado, basado en estándares suizos de impacto ambiental, a través del cual confirmaron que los resultados habían indicado que no había impacto importante del polvo minero en los glaciares. No obstante, el estudio no indagó el impacto en los glaciares, sino que en las superficies de tierras cotidianas.

El polvo minero que produce el proceso cotidiano que realiza la minera Los Bronces, impacta a los glaciares, y, según Camilo Rada, ese efecto todavía no está bien cuantificado.

El especialista señaló que a pesar de que la expansión de la minera no expulse polvos por ser subterránea, sí generará más actividad en la superficie y se prolongará la vida de la minera, al intensificar la actividad en caminos donde pasarán camiones constantemente, provocando de todas maneras esparcimiento del polvo.

Asimismo, confirmó que el impacto de polvo minero en los glaciares sigue siendo un problema, a pesar de que las empresas intenten reducirlo.

“Las mineras tienen programas para que se reduzca el polvo que levantan los camiones en el camino, etc. pero siempre hay cosas como las tronaduras y otros operativos que inevitablemente generan polvo”, afirmó.

Explotación de glaciares: un problema país

Ante la situación, el glaciólogo fue enfático en plantear que este es un tema que se debería tomar como un problema del país, ya que considera que la responsabilidad no es solamente de la gran minera Anglo American, sino que, el país ha autorizado las faenas mineras en la cercanía de los glaciares desde el siglo anterior, periodo en el que se han destruido muchos glaciares.

La discusión del proyecto de ley que busca proteger los glaciares de Chile se ha demorado años en el Congreso. A pesar de que durante 2020 se retomó activamente su discusión, desde el gobierno, propiciaron a que el proceso se ralentizara, ya que expusieron ante la comisión que lo discutía, que podría significar un riesgo esta ley tras el escenario económico que vive el país en pandemia, al jugar un papel importante en torno a las mineras.

Al referirse al caso concreto de la expansión subterránea de la minera Los Bronces, el glaciólogo Rada, consideró que Anglo American está faltando a la verdad al negar la infiltración de agua en sus túneles, ya que los videos lo delatan. “Es algo que están evitando conversar, están haciendo el quite al tema de las aguas que están capturando por la operación” subrayó.

Denuncian que Anglo American no ha presentado estudios sobre el origen de aguas subterráneas capturadas por los túneles mineros

Chile

Avanza tramitación de la ley de glaciares

En Comisión de Minería del Senado.
14/01/2021
(El Mercurio) Ayer la comisión de Minería del Senado aprobó un nuevo artículo del proyecto de ley de glaciares, luego del acuerdo de senadores oficialistas y de oposición respecto a las actividades que serán permitidas en estos depósitos, que quedaron restringidas a aquellas destinadas a la investigación científica, turismo y de deporte sustentable.

Se espera que la próxima semana se aborde uno de los temas más relevantes, que tiene que ver con la autorización para el desarrollo de actividades económicas en el entorno periglaciar, lo que el proyecto plantea que debe ser solo con la autorización ambiental correspondiente de parte del SEA.

Avanza tramitación de la ley de glaciares

Venezuela

Gobierno venezolano militariza extracción forestal y minera en Bolívar y Delta Amacuro

06/01/2021
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Prensa OEP
Con información del Correo del Caroní

El 22 de diciembre, en plena temporada navideña y flexibilización de la cuarentena en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro publicó en Gaceta Oficial Nº 42.032 un decreto presidencial para la creación de la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef) en la altiplanicie o meseta de Nuria, entre los municipios Sifontes del estado Bolívar y Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, una zona cercana al territorio esequibo.

El decreto presidencial permite a la FANB retomar el control de esta zona y establece la simplificación de trámites y permisos para actividades diversas de extracción de recursos naturales en la zona, entre las que mencionan a la minería.

De esta manera se establece que el área pasará a ser regida por el Ministerio para la Defensa y se oficializa la creación de la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales S.A. (Emasproforn) que servirá de ente comercial para la extracción de recursos naturales.

¿Cuál es el alcance y objetivos de esta zona militar para la extracción de madera y minerales?

El documento detalla que uno de los objetivos de la denominada zona especial militar de desarrollo forestal es “aprovechar los recursos forestales y desarrollar la actividad de transformación industrial de los recursos naturales maderables y su comercialización, con el propósito de satisfacer las necesidades logísticas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conjunto con la iniciativa privada nacional y extranjera”.

Se desconoce la extensión territorial específica de esta zona especial militar, que será en el ente administrativo encargado de regir el área, pero la Gaceta indica que al menos una de las coordenadas está incluida dentro del bloque 4 del Arco Minero del Orinoco.

También el decreto presidencial del 22 de diciembre de 2020 contempla la creación del Servicio Desconcentrado para la Gestión de Protección de Productos Forestales y Recursos Naturales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bajo la gestión de la Guardia Nacional, para la gestión de esta zona económica especial.

El artículo 6 del documento indica que este Servicio tendrá como objeto principal la planificación, administración y vigilancia de estas zonas en cuanto a la guardería del ambiente, el aprovechamiento de recursos forestales, resguardo de los procesos ecológicos en los bosques, suelos, aguas, riquezas naturales, fauna, flora, parques nacionales, monumentos naturales, cualquier otra área Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), “así como el saneamiento ambiental y el resguardo minero”. Este servicio estará a cargo de esta y otras zonas económicas especiales militares en materia forestal y de recursos naturales.

Entre la larga lista de atribuciones otorgadas a este servicio, se detalla por ejemplo en el numeral 14: “Efectuar el estudio y ejecutar los procesos aplicables para el aprovechamiento de semillas, material genético, cortezas, resinas, plantas y materias primas en todo tipo de selvas tropicales u otro tipo de bosques, pudiendo entre otros objetivos realizar la investigación y desarrollo de nuevas medicinas, todo tipo de actividades de investigación y desarrollo en el campo de la biología, la botánica, la identificación de nuevas especies o variedades, biotecnología y otras actividades de carácter científico, productivo, industrial o manufacturero.”

También se indica que el ente se encargará de la tramitación para la obtención de exoneraciones y beneficios fiscales según el tipo de actividad requerida, “así como actividades de fomento para la obtención de financiamientos o planes de inversión en las distintas contrataciones que se celebren u obtención de proyectos productivos endógenos, sustentables y sostenibles dirigidos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión cívico-militar, en apoyo a la iniciativa privada”.

Si bien las atribuciones de este órgano incluyen garantizar y ejercer la vigilancia, control y protección del ambiente, también podrá autorizar y emitir permisos para construcciones, talado, dragado y cualquier otra actividad que se realice en los espacios o zonas ambientales bajo el resguardo de la FANB. De igual manera, se le otorga la atribución de autorizar y emitir permisos para la ocupación de terrenos para tendidos eléctricos, acueductos, gasoductos, vías de acceso, pistas de aterrizaje, embalses y estaciones de servicios en los espacios bajo su resguardo.

La Zeemdef prevé la creación de “mecanismos de simplificación de trámites correspondientes para la obtención de permisos de forma expedita y sencilla” a las personas naturales y jurídicas, “públicas o privadas, nacionales o extranjeras y demás organizaciones”, que se dediquen a actividades económicas, incluida la minería, así como “actividades productivas con las potencialidades disponibles en la zona, de conservación, de turismo, deportivas, culturales, de investigación, inversión, desarrollo sustentable, actividades ecológicas, minería, entre otras afines”.

Ley Antibloqueo y extractivismo galopante

Diversas de estas atribuciones indicadas en el documento permiten entrever una clara intención de militarizar la extracción de recursos naturales en la región, evadiendo así las propias disposiciones constitucionales y legales de la nación que prevén los mecanismos de protección de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial por su diversidad socioambiental.

Ya en febrero de 2019, el gobierno de Maduro había aprobado la creación de una empresa mixta forestal denominada Mavetur (Empresa Mixta Maderas de Venezuela y Turquía), entre la empresa estatal venezolana Maderas del Orinoco, antiguamente Proforca, y la compañía turca Glenmore Proje Insaat, S.A., una de las inversiones extranjeras contempladas y amparadas por el nuevo instrumento jurídico aprobado en el 2020 de manera irregular como supraconstitucional de la Ley Anibloqueo.

En mayo de 2019, Maduro anunció también la creación de la primera Zona Económica Espacial Militar, en Aragua, para fortalecer la capacidad productiva del país. Según el gobernante, el sector militar constituye uno de los motores de la economía nacional. Aseguró entonces que la FAN «con su disciplina, organización y capacidad de acción y extensión territorial puede ser un motor súper especial».

Estas llamadas zonas económicas especiales militares están contempladas en el artículo 25 de la llamada Ley «Constitucional» de la FAN, aprobada por la constituyente en enero de 2020, que las define como un espacio geográfico donde se identifican y ubican potencialidades, condiciones generales y especiales para realizar actividades productivas endógenas, sustentables y sostenibles dirigidas por la Fuerza Armada Nacional en unión cívico militar, con el objeto de satisfacer sus necesidades básicas, contribuir con el fortalecimiento de la industria militar y con el Desarrollo Nacional, dentro del ámbito de influencia de los Ejes de Desarrollo Económico Estratégico establecido por el Ejecutivo Nacional».

La meseta de Nuria, Imataca, bajo control militar de sus recursos

La meseta de Nuria suele reconocerse también con el nombre geográfico de Imataca, y el Acta Botánica de Venezuela de Julián Steyermark precisa que se extiende desde las inmediaciones de Upata, municipio Piar, hacia el sureste, pasando por El Palmar y terminando hacia el Esequibo. Se trata de una zona mayoritariamente cubierta por una selva densa, pero también hay sabanas onduladas con selvas de galerías y pasos de morichales.

La altiplanicie de Nuria, ubicada entre Bolívar y Delta Amacuro, forma parte de la región amazónica venezolana que concentra 32% de los puntos de minería ilegal de la Amazonía, de acuerdo con el atlas Amazonía bajo presión.

El decreto presidencial que contempla la creación de los entes militares detallados para la extracción de recursos forestales y naturales en general no excluye la práctica de actividades económicas como la minería en esta zona especial de desarrollo forestal, que resguarda una variedad de especies de flora superior a la de zonas cercanas como la Sierra de Imataca, según estudios de Steyermark.

Tanto la extracción de recursos forestales, que viola la Ley de Bosques de nación, como la extracción de minerales, que iría en contra del régimen de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial por su biodiversidad estarán en franca violación de lo establecido en distintos instrumentos legales del país que buscan resguardar el ambiente, por lo que no resulta sorprendente que se estipule la administración directa del sector militar como actor central de esta estrategia de extractivismo rapaz de los recursos naturales de Venezuela.

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Brasil

El Ministerio de Minas y Energía quiere liberar la minería dentro de los bosques nacionales

Maurício Angelo 18/01/2021 canadianajarajásdesmatamentolobbymmeVale

Una nota técnica del Ministerio de Minas y Energía defiende la revisión de las normas actuales para liberar la minería dentro de los Bosques Nacionales, cita los intereses económicos de la empresa minera canadiense Eldorado Gold en el Amazonas y considera ejemplar la exploración de mineral de hierro por Vale en Carajás, Pará.

La nota de noviembre de 2019 recomienda que se revise y modifique el entendimiento expresado por la Defensoría General de la Unión (AGU) en una opinión de 2014, que podría afectar a 17 millones de hectáreas, dice que miles de necesidades mineras han sido impactadas y emite recomendaciones a favor de las grandes compañías mineras y los mineros en regiones críticas del Amazonas.

La opinión de la AGU no permite la minería dentro de los Bosques Nacionales (Flonas), que son Unidades de Conservación de «Uso Sostenible» según la Ley del Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza (SNUC) de 2000.

Según el MME, el Plan de Gestión de cada UC debe establecer las normas para la exploración de minerales o el impedimento de la actividad dentro de cada unidad protegida. Sin embargo, el dictamen de la AGU añadió los bosques nacionales a la lista de UC con restricciones a la actividad minera, con la excepción de las creadas antes de la Ley de 2000, que ya contaban con la autorización expresa en el acto de creación.

La nota técnica fue preparada por el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Minería (DDSM) en nombre de la Secretaría de Geología, Minería y Transformación Mineral (SGM).

Los responsables del análisis afirman en la conclusión que la Opinión Nº 21/2014/DEPCONSU/PGF/AGU «impactó la expectativa de la actividad minera en 21 FLONAs, que abarcan 317 procesos mineros; llegó a la exploración mineral de los FLONAs de Amana, Crepori y Jamanxim, que reúnen alrededor de 1. Ha amplificado los conflictos, principalmente de carácter ambiental y social, en la región del Tapajós, en el sudeste de Pará; y «ha perjudicado las políticas públicas para el desarrollo sostenible de la minería de esta Secretaría, marcadas, mínimamente, por los acuerdos de creación o redefinición de límites de las FLONAS de Parima, Jauaperi, Urupadi, Aripuanã y Amana».

Abogando claramente a favor del sector minero, la nota técnica dice que «es factible conciliar la conservación de la naturaleza y la actividad minera en los bosques nacionales» y considera «pertinente la solicitud de revisión del entendimiento» firmada en la Opinión de la AGU.

17 millones de hectáreas en riesgo

Según datos del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), actualmente hay 67 FLONAs que ocupan 17 millones de hectáreas en el territorio brasileño. De estos, 46 tienen un Plan de Gestión.

Del total de FLONAS, 38 fueron creadas antes de la Ley SNUC, y sólo 6 autorizan la minería a través de su acto de creación. Aún así, uno de ellos, el Amapá FLONA, inhibe la exploración de minerales en su interior a través de su Plan de Gestión. De las 32 FLONAs que no expresan la posibilidad de minar en su acto de creación, el 81% (26) inhiben la actividad en el Plan de Gestión.

El MME muestra un claro descontento con estas restricciones y recomienda una revisión que puede poner en riesgo 17 millones de hectáreas, una superficie equivalente a la de países como Inglaterra y Suiza añadidos.
El MME aboga por Garimpo en Tapajós

Al abogar abiertamente por el garimpo en Tapajós, la nota técnica del MME hace coro con el séquito de lobistas que a menudo son recibidos en el ministerio, como mostré exclusivamente aquí en febrero de 2020.

El NT también coloca más gasolina en las disputas sobre la mayor región minera de Brasil y también se une a los pedidos de la Agencia Nacional de Minería y de la propia AGU, hay que decirlo, que van en contra de las recomendaciones del Ministerio Público Federal que involucran precisamente a la Reserva Garimpeira do Tapajós y a las Unidades de Conservación y Tierras Indígenas del perímetro, como explicamos en este asunto de julio de 2020.

El TN del MME afirma que el Tapajós es «una de las principales regiones productoras de oro de Brasil, conocida por su alto potencial geológico y su tradicional actividad minera».

Ubicada en el sudeste de Pará, la región «fue responsable de una parte significativa del oro extraído en Brasil en los años 70 y 80 y alberga una de las mayores comunidades mineras del país, además de comprender una reserva de 2,8 millones de hectáreas de Garimpeira», dice el texto.

El MME lamenta que se hayan prohibido las actividades mineras en las localidades de Amaná, Crepori y Jamanxim Flaas, y que las dos últimas sigan superponiéndose a la Reserva Tapajós Garimpeira, «una zona delimitada por el Poder Público Federal para la explotación de sustancias minerales exclusivamente a través de la minería».

Como resultado, dicen, «los garimpeiros que operaban en estas áreas, con el advenimiento de la Opinión, se volvieron ilegales y, dentro de este escenario, no pueden ser formalizados. Sencillamente, perdieron su derecho al trabajo y al sustento de su familia, y no pudieron ser incluidos en otro segmento de la economía local».

El contenido del texto no es sorprendente, ya que son frecuentes las visitas de los grupos de presión de las asociaciones de garimpo, como Anoro y Abramp, dentro del MME y de los representantes del garimpo en Tapajós en diálogo directo con la ANM y el Ministerio de Medio Ambiente, como lo demuestra el circo creado por Ricardo Salles en agosto de 2020.

El NT afirma que «las restricciones impuestas a la exploración minera por el Dictamen Nº 21/2014/DEPCONSU/PGF/AGU terminaron por amplificar los conflictos en ese territorio» y recuerda que «los garimpeiros, reclamando sus derechos, bloquearon varias carreteras en protesta, entre ellas la BR-155, la BR-163 y la PA-279 en Pará.

Los UC’s en Roraima también se dirigieron

Además, en opinión del área técnica del MME, «el entendimiento firmado en el Dictamen cambió la lógica en la que se guió la construcción del pacto entre los órganos del Poder Público involucrados en la creación de las CUC».

Así, «este Departamento de Desarrollo Sostenible en Minería (DDSM) en nombre de la Secretaría de Geología, Minería y Transformación Minera (SGM) y en ocasiones en representación del propio Ministerio de Minas y Energía (MME), desde hace más de diez años sigue y actúa activamente en las mesas de negociación interministerial para la creación de áreas protegidas y siempre ha orientado la necesidad de respetar las actividades de investigación y extracción de minerales que se realizan en el territorio objeto de la creación de una unidad de conservación y que deben incorporarse a las UMC en su zonificación», afirman.

Más claramente, imposible.

Según los responsables del TN, «la forma más transparente de garantizar la continuidad de las empresas mineras preexistentes era expresar su permiso en el acto de creación de las unidades de conservación» y citan como ejemplo las negociaciones para la creación de 4 UC en Roraima, una zona de alta actividad minera, reforzando que el Departamento de MME «estaba a favor de la creación o redefinición de las UC siempre y cuando se previera la minería en sus actos de creación».
Manifestación a favor de una empresa canadiense

Hablando de la diputada nº 758 de Michel Temer, que en 2016 cambió los límites del Parque de Jamanxim y la APA de Tapajós, el NT dice que después de las enmiendas presentadas (7), «según los datos de la CPRM y la ANM, la expansión del PARNA de Jamanxim interferiría en una parte significativa de la «tendencia» conocida de la mineralización de Tapajós, es decir, en dirección noroeste-sureste, donde se encuentran los yacimientos de oro de Tocantinzinho, Cuiú-Cuiú, Palito y São Jorge, y causaría un enorme impacto negativo en la región de Tapajós, haciendo imposible las inversiones».

Y aquí el MME se permite defender abiertamente los intereses mineros de una multinacional canadiense.

Una de las empresas afectadas, dicen, «sería el área de aplicación minera de Brazauro Recursos Minerais, una subsidiaria de Eldorado Gold, una compañía minera de oro con sede en el Canadá. La empresa, según su propio comunicado, había realizado inversiones de R$ 244 millones en investigación minera y planeaba inversiones de alrededor de US$ 1.700 millones para los años siguientes».

Utilizando siempre el argumento económico, como es habitual en la minería, ignorando los subsidios fiscales, la explotación de riquezas que no revierten en la calidad de vida de las comunidades, los numerosos impactos socio-ambientales y los graves riesgos que conlleva la actividad minera, el TN dice que:

«El proyecto permitiría la generación de unos 600 empleos directos y 2.400 indirectos, la promoción de 500 proveedores de las cadenas de abastecimiento y distribución, la circulación de R$ 300 millones/año, una tasa de compensación ambiental de R$ 10 millones y el suministro de electricidad a la región.

Al término de todas las deliberaciones y actuaciones, la MP Nº 758 se convirtió en la Ley Nº 13.452 de 19/06/2017, sin la prórroga de la PARNA Jamanxim prevista inicialmente y, por consiguiente, sin hacer inviable la empresa minera existente, lo que representó una ganancia para el sector minero».

Sin duda tenemos aquí una manifestación explícita de defensa de los intereses privados por parte de un organismo público que debe actuar por el bien común de la población brasileña, y no abogar por las empresas.

En su momento, el MMA advirtió que «el FLONA de Jamanxim está situado en una zona que concentra las mayores tasas de deforestación ilegal en las unidades de conservación federales (68,48% de toda la deforestación ilegal en las unidades de conservación federales del Amazonas)». Sólo el FLONA de Jamanxim representa el 37,7% de la tasa total de deforestación. La región ha sido escenario de frecuentes conflictos por la tierra, actividades ilegales de extracción de madera y minerales, asociadas a la ocupación ilegal de tierras y a la ausencia de regulación ambiental, con repercusiones en la escalada de la delincuencia y la violencia contra los agentes públicos».

Cabe recordar que el gobierno Temor al final insistió en reducir -no aumentar- la superficie de Jamanxim y fue apoyado por los campesinos que quieren cortar hasta 1 millón de hectáreas de Flona para beneficiar a los ferrocarriles, los mineros y otros. La amenaza es permanente hasta hoy.

Incluso con la «victoria» de mantener las inversiones en la región a juicio del MME, el TN destaca que «es importante destacar que tanto la edición de estos parlamentos en la forma en que se hizo, con poca colaboración y participación técnica del MME, el CPRM y el ANM, como las restricciones a la actividad minera resultantes de nuevas interpretaciones jurídicas, Desconociendo la vocación geológica y las actividades productivas consolidadas en el territorio desde hace décadas, generan inseguridad jurídica para el sector minero, potencian los conflictos locales, aumentan el nivel de informalidad de la actividad minera e interfieren en la planificación del desarrollo del sector minero de varias regiones del país».
El MME exalta el «ejemplo de Vale».

Otro punto importante es que el NT exalta la extracción de mineral de hierro hecha por Vale dentro del Bosque Nacional de Carajás. Según el MME, esta experiencia «demuestra que los objetivos de esta categoría de CU son compatibles con la actividad del mineral, cuando se desarrolla de manera sostenible». FLONA, creada en 1989, es administrada por el gobierno federal con el apoyo de Vale S.A.

El MME parece ignorar la historia de las operaciones de Vale en Carajás e, incluso ignorando las violaciones laborales, el descuido de la pandemia, los impactos seriales del ferrocarril que corta a través de Pará hasta Maranhão, también ignora los pasivos ambientales de dos represas de muy alto riesgo – entre las peores de Brasil – que están dentro de la Flona de Carajás, como mostré aquí en julio de 2019.

Además de Carajás, dice el MME, hay «otros ejemplos de compatibilidad de los intereses de conservación del medio ambiente y de explotación de los recursos minerales, como los casos de los Flaas de Jamari y Saracá-Taquera».

Una vez más el ministerio olvida mencionar que la Flona Saracá-Taquera, por ejemplo, está muy afectada por la exploración de bauxita en una filial de Vale, Mineração Rio do Norte, con altos índices de deforestación y puntos calientes, como detalla este estudio.
traducido por deeol.com

Perú

Cusco: se reactiva conflicto minero en Chumbivilcas tras frustarse mesa de diálogo

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17/01/2021
La Republica
Pobladores acatan huelga indefinida.
La cita se debió realizar en las instalaciones del campamento minero, pero funcionarios y representantes de la empresa argumentaron que el lugar no guardaba las garantías de seguridad y sanidad.

Cusco. Autoridades y pobladores de la provincia de Chumbivilcas decidieron iniciar una huelga indefinida. Ellos tomaron como una falta de respeto la ausencia de los representantes de la minera Hudbay a la mesa de diálogo programado para el viernes último, donde se vería el tema del convenio marco.

Según informan los manifestantes, la cita se debió realizar en las instalaciones del campamento minero, pero funcionarios y representantes de la empresa argumentaron que el lugar no guardaba las garantías de seguridad y sanidad.

Organizados en un comité de lucha, hicieron conocer su plataforma en la que consignan tres puntos: el cumplimiento de la responsabilidad socio-ambiental de la minera reflejada en un convenio marco, la nulidad de la tercera modificatoria del estudio de Impacto Ambiental y la inmediata fiscalización de la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Piquetes y ollas comunes, instalados en el sector de San Antonio cercano al puente Chilloroya en la vía que conduce al campamento minero de Hudbay fueron las primeras manifestaciones de protesta.
https://larepublica.pe/sociedad/2021/01/17/cusco-se-reactiva-conflicto-minero-en-chumbivilcas-tras-frustarse-mesa-de-dialogo-lrsd/

Mexico

LEGALIDAD NO ES JUSTICIA

Ante la negación de amparo a comunidades frente la megaminería tóxica
18/01/2021.
En un mundo que no esté al revés, la vida de cualquier individuo, comunidad o territorio, sea o no indígena, merece
respeto. Merece que no se le despoje y que no se le atropelle. Un Estado que permite el despojo y lo justifica es un
Estado diseñado para el atropello.
Para cualquier ser vivo, cualquier modelo de “desarrollo” basado en el despojo, en la extracción de sus medios de
vida, es un atropello. Y eso, aunque la devastación y saqueo han sido parte de un proceso continuo a lo largo de la
historia y siguen siendo tan comunes que se ven como algo “natural”.
En un mundo que no esté al revés, quien atropella no debe quedar en la impunidad. Y una Ley que justifica y permite
el despojo debe ser erradicada por injusta. Y los legisladores y jueces que han hecho del despojo una Ley no deben
quedar en la impunidad. Aunque sea insuficiente, saludamos que funcionarios de la Semarnat se atrevan a asomar
la cabeza y sugerir con diplomática moderación lo que tenían que haber planteado sin ambages desde hace años, o
al menos desde el inicio de este sexenio: algo tan elemental como que la ley debe de respetar la integridad
ambiental. Hay que animarlos a que se atrevan a más, que es lo menos: a exigir y a ocuparse de lleno en que la Ley
Minera sea sujeta a una transformación profunda, no importa si esa transformación es la primera o la quinta.
En un mundo que no esté al revés, haciendo a un lado cualquier moderación diplomática ante la estructura jurídica
actual y ante el poder del capital, es una responsabilidad básica el que todas las dependencias del Estado, cada una
desde su respectivo ámbito, sea el de la salud, el ambiental, el educativo, el económico, el cultural, desde todos los
ámbitos, se exijan a sí mismos, de entrada y en su propio desempeño y el de sus funcionarios, y a todo el sistema en
su conjunto, el respeto a la vida y al futuro de los habitantes de este país, sean o no indígenas, y el respeto a la vida
en su conjunto y al futuro de sus territorios sin discriminación étnica, de género y de clase, como un postulado
fundamental ya impostergable. Sin ese acuerdo plasmado en hechos, no hay Estado que valga.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Mexico

PRESENTA MORENA UNA INICIATIVA PARA AUMENTAR LOS IMPUESTOS A LA MINERÍA

19/01/2021
¿Hasta cuándo van a seguir legislando los corporativos empresariales en este país?
¿Qué le pasa a los legisladores de Morena? ¿Pueden superar su propia ingenuidad?
¿Hay alguien que pueda orientarlos en lo más básico, para que entiendan las implicaciones y
responsabilidades del quehacer legislativo?
15 enero 2021
Hay un grave equívoco en pretender resolver la pretensión minera del despojo de los territorios exigiendo a
las empresas que paguen más impuestos al erario público. En efecto, las empresas extractivistas se han
beneficiado de las ridículamente mínimas tasas impositivas fijadas por el Estado mexicano a sus actividades,
en un ordenamiento fiscal que ha sido estructurado para su ventaja económica, a un grado tal que sólo
demuestra el servilismo de los legisladores y gobernantes que han permitido ese estado de cosas, quienes por
años han doblado dócilmente el espinazo ante los intereses particulares de esas empresas a costa del bien
común.
Sin embargo, aumentar los impuestos a la minería depredadora solamente legitima la depredación. Es como
si el asesino o el ladrón pagaran un impuesto para tener el derecho de quitarle la vida o los bienes a una
persona. El pago de impuestos, independientemente del monto, no pueden dispensar el crimen. El Servicio
de Administración Tributaria (SAT) no debe ser convertido en un cómplice del despojo. Es más, ponerle precio
a la vida, al bienestar, a la salud y a la economía local mediante una tarifa fiscal, cualquiera que ésta sea, es
legalizar la muerte, porque los impuestos no previenen las afectaciones ineludibles, documentables e
irreversibles que la megaminería tóxica genera en los territorios donde se instala. Los impuestos no impiden
que se agujere la tierra, que se dispersen los contaminantes en el agua y el aire, no revierten las enfermedades
y muertes por contaminación, ni reparan las heridas del divisionismo, del desarraigo y de la violencia que
conllevan las explotaciones de la megaminería.
Llamamos a los legisladores a proceder con información certera y objetiva, a pesar de la permanente campaña
de desinformación que acompaña sistemáticamente a las iniciativas de minería a tajo abierto por metales en
todo el mundo. Hablan de “remediaciones”, de minería “sustentable”, de “beneficio a las comunidades”, pero
operan en los hechos generando afectaciones que no tienen remedio, no sólo en los territorios, sino en la vida
de las personas y de las comunidades. Esa información certera y objetiva no está en las campañas
desorientadoras y encubridoras, motivadas por el afán de lucro y la codicia de las empresas que llegan,
despojan y se van. Desde el principio precautorio más elemental, los legisladores conscientes de su
responsabilidad para con el pueblo mexicano deben, por dignidad y por coherencia, prohibir en definitiva
este tipo de explotaciones; deben prohibir el despojo en lugar de legitimarlo mediante impuestos, sean
altos o bajos.
L LAMAMOS A LOS LEGISLADORES DE M ORENA Y DE CUALQUIER OTRA AGRUPACIÓN PARTIDARIA A NO FACILITAR
EL DESPOJO MEDIANTE EL PAGO DE IMPUESTOS , Y A IMPULSAR VERDADERAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS ,
PROPIAS Y EFICACES , PARA LAS COMUNIDADES
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Perú

LOS CRIMINALIZAN POR LIDERAR LA OPOSICIÓN A TÍA MARÍA EN EL VALLE DE TAMBO

Marlene Castillo Fernández
18/01/2021
Imagen: El Pueblo
Las banderas verdes con el lema pintado “Agro Sí, Mina No”, que lucen las casas y que se agitan en cada marcha y caravana se han convertido en una de las principales expresiones más mediáticas de la disidencia política y protesta social de productores y pobladores del Valle de Tambo (Provincia Islay-Arequipa).

Pero, también desde la última caravana de Cocachacra a Mollendo (12 enero) y la movilización en la ciudad de Arequipa este 14 de enero; se han convertido en una de las principales expresiones contra una de las sentencias más abusivas e injustas de la criminalización de la disidencia y la protesta social, del rechazo a la sentencia en primera instancia del Poder Judicial y la orden de captura inmediata, que el 07 de enero fue anunciada en la audiencia final del Juicio Oral sobre los hechos de marzo-mayo 2015, que condena a prisión a más de 7 años y que ordena la captura inmediata de Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo y Jaime De la Cruz Gallegos, ex Alcalde del distrito Dean Valdivia (ambos actualmente en la clandestinidad).

Sentencia oral judicial que condena la disidencia y protesta de oposición al proyecto minero a tajo abierto de la SPCC

Disidencia política de quienes están en contra de la política estatal de imposición de la minería riesgosa a tajos abiertos de la titular Southern Perú Cooper Corporation-SPCC, de la primacía minera en el ordenamiento territorial provincial (71.2% con concesiones mineras-2010) y de la narrativa ideológica mediática del progreso minero como vía prioritaria suprema del desarrollo que los descalifica con el mote de “antimineros” (que también hizo eco del mote de “terrorismo antiminero” que el portavoz oficial de la SPCC les adjudicó tendenciosamente a fines de marzo 2015).

Protesta social porque desde el Referéndum municipal/consulta popular del 27 de septiembre 2009 que determinó la no aceptación del proyecto minero y la defensa del agro, llevan más de 11 años en pie de lucha habiendo protagonizando tres masivos paros. El primero, ante las Audiencias Públicas arregladas y el Estudio de Impacto Ambiental incompleto y engañoso observado por la UNOPS (2011); el segundo, ante la aprobación del EIA sin haber absuelto las observaciones ni consultado a la población, violentando la paz social (2015); y, el tercero, ante el otorgamiento de la licencia de construcción, inicio de la fase de explotación, en medio de proceso penales a 105 detenidos y dirigentes en actividad (2019). En síntesis, como las y los defensores lo repiten: Tía María (y su tajo la Tapada próximo al canal la Ensenada-Mejía y al río Tambo) no tiene licencia social.

Criminalización porque han convertido los derechos de disidencia, de dirigencia (representación) y la protesta social en delitos y a las personas que disienten, dirigen y protestan en criminales, que deben ser perseguidos, reprimidos con armas de fuego y penalizados. Esta sentencia contra ambos dirigentes representa un grave precedente judicial, que debería alertarnos – no atemorizarnos – y salirle al frente en la defensa de los derechos humanos fundamentales que tienen además amparo constitucional. Este proceso de criminalización de los y las defensores del Valle de Tambo, además de la estigmatización pública, ha involucrado mega operativos de represión que han contado con la fuerza armada, de 2 a 3 mil efectivos policiales en cada paro y el sitiado de Cocachacra y Dean Valdivia el 2015, resultando a la fecha en 6 defensores muertos por bala y 1 efectivo policial por golpes, todos asesinados, cientos de heridos, división y resentimiento profundo social. En síntesis, como dicen los y las defensoras: esta es una sentencia política.

El paro del 2015, fue reprimido con un excepcional abuso de las fuerzas del orden, comprometiendo violación de derechos humanos, escalando a detenciones masivas (105 en un caso) hasta confluir en acusaciones fiscales insidiosas a raíz del escándalo del “video de las lentejas” (7 mayo 2015). Efectivamente, en medio del paro, se difundió públicamente el video donde el entonces presidente del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo-FADVT, Pepe Julio Gutiérrez solicitaba a un abogado de la SPCC un pago de millón y medio para terminar con el paro en curso, de paso nombró a Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz. A partir de ese video y otros medios de difusión de los paros del FADVT así como declaraciones de informantes, la Fiscal provincial de entonces, María Alejandra Cárdenas, centró su acusación en los delitos de asociación ilícita para delinquir y de extorsión, con la teoría de que el FADVT era una asociación que atentaba contra un “fin/bien público” al plantearse como misión liderar la oposición a un proyecto minero, como el proyecto Tía María, que era priorizado en la promoción gubernamental de inversiones mineras que traería progreso al país, y a razón de que sus dirigentes lideraban esa oposición para lograr beneficios económicos personales a través de la extorsión que se habría puesto al descubierto con el video en mención.

La sentencia anunciada del Poder Judicial, ante las pruebas presentadas y los fundamentos del derecho de protesta social, entre otros, resuelve que no existe delito de asociación ilícita para delinquir y sólo sentencia a Pepe Julio Gutiérrez por el delito de “tentativa de extorsión”. Sin embargo, para la acusación del delito de entorpecimiento de los servicios públicos y motín absuelve a 10 acusados (9 productores y el abogado Dr. Héctor Herrera; otros 3 dirigentes procesados a la fecha de la sentencia habían fallecido) y condena a los tres dirigentes del ex FADVT, para lo cual admite una nueva categoría de delito como “autores no ejecutivos”, que es lo mismo que decir que no ejecutaron el delito pero que fueron de la idea/mensaje que influyó en la decisión de ejecución de los autores no individualizados de esos hechos. Por eso, afirmamos que este proceso de criminalización de la disidencia y protesta social tiene su máxima expresión en la sentencia judicial adelantada que condena a Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz, agravada con la orden de captura inmediata.

La condena a más de 7 años de prisión y orden de detención al presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, es un eslabón más del particular e intenso seguimiento con grabaciones policiales y búsqueda de testigos informantes que lo incriminen, durante estos más de 5 años. No nos queda duda alguna que se le condena a Jesús Cornejo Reynoso por el ejercicio de su función dirigencial y porque goza de alta legitimidad dentro del gremio de regantes y de gran parte de la población de Cocachacra y Dean Valdivia que lo conocen por su honestidad, firmeza y consecuencia con los mandatos de sus bases. Fue precisamente él quien en su calidad de presidente de la Junta de Usuarios de Agua del Valle de Tambo, suscribió el pronunciamiento público de fecha 04 de abril del 2015: “CUARTO.-Reiteramos que nuestro único pedido es el retiro definitivo del proyecto Tía María por carecer de Licencia Social, por lo que el Gobierno Central debe implementar los mecanismos legales y políticos a efectos de hacer cumplir la voluntad popular” y “QUINTO.-En tanto el Gobierno Central no de una solución definitiva al conflicto, el paro indefinido iniciado el día 23 de marzo, continuará por decisión unánime de la Asamblea Popular llevada a cabo en la Plaza San Francisco del distrito de Cocachacra; manteniéndose firme la unidad de autoridades, dirigentes y población en general”. Esta consecuencia valiente no le perdonan; se trata de dar un escarmiento a los demás.

Respaldos y apelación ante abusiva medida gravosa de detención inmediata de Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz

El respaldo social local a los dirigentes – Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz – fue inmediato ni bien fue conocida la sentencia anunciada en la audiencia virtual del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Arequipa, el jueves 7 de enero. Los primeros en pronunciarse públicamente fueron dirigentes y autoridades actuales del Valle de Tambo, tales como: Marilú Marroquín, presidenta de la Junta de Usuarios de Mejía quien expresó en medios de prensa regional y nacional que la sentencia castiga a quienes salen a defender el agro y el medio ambiente, que se les ha condenado solo por dirigir las manifestaciones, con lo cual se está vulnerando la justicia; Richard Ale Cruz, actual alcalde distrital de Dean Valdivia y que fue absuelto por la sentencia, se reafirmó en la posición de defensa del Valle de Tambo y el respeto a su posición contra el proyecto. También, suscribieron un pronunciamiento público de “rechazo rotundo a sentencia judicial contra dirigentes del Valle de Tambo” los secretarios generales tanto de la CGTP- Islay, Pablo Espinoza Chirinos, como del SUTEP-Islay, Nicolás Miranda Melo (8-1-2021). De modo semejante se pronunció José Chapa Díaz, secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA).

A su vez, resulta significativo que el Consejero Regional por la provincia de Islay, del Gobierno Regional de Arequipa, Elmer Pinto Cáceres, haya expresado su rechazo a la sentencia de condena a Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz, y se haya manifestado públicamente en la entrevista realizada en el programa “Pico a Pico” (El Buho: 11-1-21), que desde su formación profesional como geólogo y conocedor de la cuenca del río Tambo, le da razón a la lucha de defensa del agua y del Valle de Tambo y considera legítima la protesta de la población “porque se quería imponer un proyecto que está a menos de 1 kilómetro del cuerpo de agua del río Tambo y abastece de agua a 60 mil personas y 13 mil hectáreas”, más aún cuando los medios pacíficos se agotan, el Estado no escucha y se presta a imponer un proyecto usando toda la fuerza, con lo cual se genera una situación de conflicto violento con las lamentables pérdidas de vidas, agregó. El día 14 de enero, emitió un pronunciamiento público oficial, en el que además de su desacuerdo y rechazo a la sentencia, afirma “Las Autoridades del Valle de Tambo y los Agricultores impulsan el cuidado y el respeto al medio ambiente, defienden su ancestral actividad agropecuaria y reclamamos la paz social que se nos arrebató desde el año 2010. Nos mantenemos firmes y unidos en nuestra propuesta por el bien y seguridad de las futuras generaciones y aguardo la esperanza de una nueva Ley de Minería dentro de una Nueva Constitución”.

También la Convención Nacional del Agro-CONVEAGRO, uno de los principales gremios agrarios nacionales está respaldando a Jesús Cornejo mediante un video que circula en las redes sociales desde este 13 de enero que se acompaña del siguiente mensaje: “La protesta social no es un crimen. El Estado es el garante de los derechos de las personas y grupos afectados por proyectos que impactan en sus medios de vida. No se puede sancionar la protesta social mediante la represión e instrumentalización de mecanismos legales. No se puede desestabilizar a las organizaciones que reclaman, basándose en el falso argumento de que se afecta la tranquilidad pública, la seguridad jurídica, de las grandes inversiones y la propiedad privada. Es por lo que desde Conveagro damos nuestro respaldo a Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo que ha sido sentenciado injustamente por entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos y motín”

La movilización, los pronunciamientos públicos, los respaldos por redes no son suficientes aún, entre otros porque algo que recién está haciéndose público es que además de la sentencia anunciada de prisión se les ha emitido orden de captura inmediata, en una acción desmedida, abusiva e injusta, que resulta extremadamente riesgosa para la vida de ambos dirigentes por el peligro de COVID-19 y la desatención. Ya no sólo es un atentado contra el derecho de la libertad, sino también contra el derecho a la vida.

¿Qué acciones de defensa legal se está haciendo? El viernes 29 de enero, se dará lectura a la Sentencia en primera instancia, fecha a partir del cual se conocerán la fundamentación judicial respectiva, luego de lo cual procede la respectiva apelación a los jueces superiores de la segunda instancia. Lo insólito y abusivo del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Arequipa (Expediente No. 2545-2015) es que se haya ordenado la captura inmediata de Jesús Cornejo y Jaime De la Cruz, quienes al momento se encontraban en libertad. El abogado de ambos, el doctor Héctor Herrera Herrera, quien también fue procesado y ha sufrido hostigamiento policial, ha presentado el día 14 de enero el recurso de apelación de la medida gravosa de detención inmediata, porque esa medida no ha cumplido con el debido proceso y ha cometido irregularidades, nos informó en la entrevista que nos concedió (15-1-21). Afirma que los jueces tienen la potestad de mandar la prisión inmediata si el procesado está en libertad; pero sólo se puede hacer fundamentado en la complejidad del delito que está siendo juzgado y por el peligro de fuga; este peligro existe cuando no se tiene domicilio fijo permanente, trabajo o familia. En ambos casos está comprobado el arraigo domiciliario, laboral y familiar. Pero, insiste no lo han hecho “los jueces no han fundamentado sólo emiten la orden de captura”.

Por lo que esta orden de detención inmediata sin fundamentación motivada estaría contraviniendo disposiciones de orden constitucional (Art.2; numeral 17; inciso f.): “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez (…)”; también “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad” (inciso e.). El doctor Herrera concluye así: “no procede la orden de detención en primera instancia porque no está motivado y no hay tal complejidad del delito ni peligro de fuga además he planteado que hay riesgo para la vida de mis defendidos por el alto riesgo de contagio de COVID-19 en condiciones de prisión y porque prima el interés superior de la familia”. En consecuencia, no queda duda que estamos ante un acto no sólo de penalización del liderazgo de la protesta sino también de un acto de violencia judicial atentatorio contra la vida de ambos dirigentes.
Lea el comunicado de la Junta de usuarios del Valle de Tambo en rechazo a la sentencia contra los dirigente sociales:

www.cooperaccion.org.pe
Jr. Río de Janeiro 373, Jesús María, LIMA 11 – PERÚ. Teléfonos: (511) 4612223 / 4613864 [email protected]

Latinoamerica, Minería en general

2020: el año de la covid-19 y los delitos ambientales

por Antonio Paz Cardona/Mongabay Latam
Durante la pandemia se dispararon los ataques ambientales en la Amazonía y otros importantes ecosistemas de Latinoamérica. La minería ilegal, la tala indiscriminada, el narcotráfico y hasta el asesinato selectivo de defensores ambientales se incrementaron.
La minería ilegal es una de las principales problemáticas ambientales en la región.

La pandemia impuso grandes retos para el medio ambiente durante el 2020. En un principio se llegó a pensar que las cuarentenas y demás medidas restrictivas durante la emergencia sanitaria traerían un alivio para los bosques y, en general, para la biodiversidad latinoamericana.

Sin embargo, rápidamente creció la preocupación por el aumento de las actividades extractivas como la tala de madera, la minería y la explotación petrolera. El gran problema no era solo la industria legal sino también los delincuentes que aprovecharon que los gobiernos invertían mucho de su tiempo, personal y dinero en atender la emergencia de salud, dejando atrás otros sectores como el ambiental.

Por ejemplo, en los primeros cinco meses de este año se registraron en Bolivia más de 25 274 focos de calor, un 80 % más que en el mismo periodo de 2019, lo que llevó a que se perdieran más de seis millones de hectáreas de bosque, mientras el país no tenía una estrategia clara para atender esta emergencia. En los primeros tres meses, Colombia perdió 75.031 hectáreas de su Amazonia, superando así la cifra de todo 2019 (73 000 hectáreas) y Ecuador vio cómo en 2020 los madereros ilegales invadieron territorios indígenas para extraer cientos de árboles.

No paró la deforestación
Tala ilegal en Ecuador. Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.
Troncos de balsa extraídos ilegalmente fueron retenidos por la Dirección zonal de Sucumbíos del Ministerio de Ambiente y las Fuerzas Armadas en en el interior de la Reserva Biológica Limoncocha a mediados de julio 2020. Foto: MAE Sucumbíos.

La tala indiscriminada de bosque para el aprovechamiento ilegal de la madera, el acaparamiento de tierras, el cultivo de grandes monocultivos o la ganadería extensiva no estuvieron de cuarentena.

Para agosto de 2020 las fiscalías ambientales de tres regiones peruanas investigaban a funcionarios forestales de Ucayali por presuntos nexos con mafias que blanqueaban madera ilegal. Al día salían aproximadamente 40 camiones de madera y la pandemia impidió que el personal del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) verificara la legalidad de estos cargamentos en los últimos meses.

Parques Nacionales Naturales de Colombia esperaba contener la tala en la Amazonia aplicando acuerdos de conservación con los campesinos, como el que firmaron en octubre de 2019 en el municipio de La Uribe (Meta) pero, ante el panorama de amenazas y la salida de los funcionarios de varios parques, estos acuerdos quedaron detenidos y la saliente directora de la entidad, Julia Miranda, manifestó en diciembre su preocupación por el aumento de la deforestación en el parque Serranía de Chiribiquete.

En Bolivia, “detrás de los incendios forestales está la expansión agrícola”, dice Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). El experto manifestó su preocupación pues en 2020 cree que tanto empresarios de la agroindustria como gobiernos que dictan normas para autorizar el desbosque de tierras, estuvieron detrás de este fenómeno. Mientras tanto, en Ecuador, por algunos ríos de las provincias de Orellana, Napo y Pastaza descienden miles de troncos que son talados por madereros furtivos que han encontrado la gallina de los huevos de oro en los territorios comunitarios de algunas nacionalidades indígenas y áreas naturales protegidas.

La minería ilegal no descansa
Los campamentos mineros operan a menos de 200 metros de la comunidad de indígenas amahuacas. Foto: comuneros de Boca Pariamanu.

Comunidades indígenas y afrodescendientes en Ecuador denunciaron la presencia de minería ilegal en su territorio durante la emergencia por la covid-19, al tiempo que la minería legal no descansaba y las poblaciones temían que la rotación de personal aumentara sus posibilidades de contagio. Estas denuncias fueron constantes en la parroquia Pacto, en Pichincha; en la parroquia Larama, en Loja y en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura.

En septiembre de 2020, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, Perú, estimó que la minería ilegal dejó una deforestación de casi 30 hectáreas. Cerca de los puntos de excavación, las autoridades hallaron una amplia construcción de palos y plásticos que funcionaba como bar y donde, se presume, se ejercía la prostitución clandestina.

De hecho, Ecuador y Perú fueron dos de los países donde más se denunciaron delitos relacionados con extracción ilícita de minerales. En la pandemia, mineros ilegales ecuatorianos reabrieron socavones y operaron en ríos que llegan a comunidades indígenas en la Cordillera del Cóndor, en un área que debió ser parte de un parque nacional.

Se dispararon los asesinatos de defensores ambientales
Portada especial Defensores ambientales la violencia del desplazamiento
Portada del especial Defensores ambientales: la violencia del desplazamiento. Ilustración: Kipu Visual.

Colombia es el país más peligroso del mundo para los líderes ambientales. Así lo registró la organización internacional Global Witness al reportar 64 asesinatos, durante el 2019, en el reporte que publicó a mediados de 2020. Esa cifra casi que triplicó el número de homicidios reportados para 2018.

Durante la pandemia, los homicidios se dispararon y el peligro fue mayor no solo para los líderes ambientales sino para los indígenas y defensores de derechos humanos. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hasta el 11 de diciembre de 2020, 293 líderes habían sido asesinados.

Perú también vio cómo se disparó la violencia en contra de los líderes ambientales. Aunque sus cifras distan enormemente de las colombianas, cinco asesinatos se registraron en 2020 y varias amenazas de muerte se siguen reportando hasta hoy. A inicios de diciembre, un grupo de líderes indígenas de Ucayali llegó a Lima para pedir protección a las autoridades peruanas frente al hostigamiento constante que sufren en sus territorios.

Territorios indígenas y áreas protegidas bajo asedio
Guido Jaimes, guardaparque del Parque Nacional Carrasco en Bolivia. Foto: Guido Jaimes.

Desde que en marzo de 2020 se presentaron los primeros casos de COVID 19 en casi todos los países de Latinoamérica, las autoridades decretaron el cese de las actividades turísticas y científicas en las áreas protegidas. Varios pueblos indígenas también cerraron sus territorios para contener el virus. Pero no todo se detuvo.

Muchos guardaparques permanecieron en sus puestos para salvaguardar la integridad de estos grandes espacios dedicados a la conservación. Para cumplir su misión tuvieron que cambiar sus rutinas, adaptarse a recortes presupuestales, reducción de personal en el campo y, en algunos casos, despidos, como ocurrió en Ecuador.

Mientras tanto la ilegalidad dejaba en claro que no había cuarentena capaz de detenerla. Los guardaparques y los indígenas han tenido que lidiar con la caza prohibida de especies silvestres o la tala ilegal de madera, acciones que nunca cesaron pese a los decretos de inmovilización que acompañaron a la emergencia sanitaria.
Artículo tomado de https://es.mongabay.com/2021/01/delitos-ambientales-y-covid19-2020/
https://sostenibilidad.semana.com/actualidad/articulo/2020-el-ano-de-la-covid-19-y-los-delitos-ambientales–mundo-hoy/58786

Argentina

LA FARSA DEL “DEBATE” PARA HABILITAR LA MEGAMINERÍA EN CHUBUT

17/01/2021
La farsa del “debate” para habilitar la megaminería en Chubut
En el peor momento de la pandemia de Covid-19 en gran parte de la provincia de Chubut, el gobierno de Arcioni-Sastre insiste en jugadas traicioneras para tratar de avanzar con el proyecto de zonificación minera que presentaron en la Legislatura a fines de noviembre de 2020. El viernes 15 se conoció a partir de diferentes medios de comunicación que la semana siguiente, el gobernador y sectores mineros realizarán “mesas de trabajo” sobre el proyecto, una puesta en escena para pretender decir que hubo debate, mientras niega la Segunda Iniciativa Popular y el contundente rechazo de la megaminería por parte de la población. Por Noalamina.org

Desde su anuncio, el proyecto de zonificación generó movilizaciones multitudinarias a lo largo y ancho del territorio chubutense en las que el pueblo expresó con contundencia su negativa a la habilitación de la megaminería: en lugar de encargarse de gestionar la pandemia, el gobierno obligó a la población a salir a la calle a sostener un rechazo que es claro y contundente hace ya 18 años.

Además, el proyecto de zonificación fue rechazado por numerosas organizaciones y colectivos como las principales instituciones académicas, científicas, de la salud, comunidades de pueblos originarios, entidades religiosas, fundaciones, ONG’S, numerosos sindicatos y partidos políticos.

Algunos de estos sectores se encuentran en el cronograma de las mesas de trabajo, aunque la mayoría se enteró que estaban siendo convocados por los medios de comunicación. Desde instituciones científicas como el INTA, el CENPAT-CONICET, la Universidad de la Patagonia y la UTN (cuyas autoridades en noviembre rechazaron la zonificación con una carta a la legislatura) adelantaron a noalamina.org que “dada la urgencia de la convocatoria, las respectivas mesas técnicas de las instituciones no llegarán a tiempo con un análisis de las modificaciones”. Por su parte, este domingo, desde la Red de Trabajadorxs de Ciencia de Ciencia de Chubut hicieron pública su postura a través de un comunicado en el que denuncian el falso debate del gobierno e insisten en la necesidad de que se debata y apruebe la Segunda Iniciativa Popular.

Por su parte, la Iglesia Católica volvió a rechazar el proyecto de zonificación con un comunicado de la Diócesis de Comodoro Rivadavia y la Prelatura de Esquel, en donde explican que (pese a figurar) no han recibido invitación formal y que entienden que “debatir no es lo mismo que informar”, en relación a la modalidad de las mesas de trabajo en donde se tratará sólo el proyecto del ejecutivo. “Nos asombra que estos pedidos (por la IP) que han entrado a la legislatura cumpliendo todos los requisitos previstos por nuestra constitución, no encuentren el eco necesario para debatirlo” explican y agregan: “es inquietante que no se le dé igual jerarquía en su tratamiento conjunto siendo que se inhabilitan mutuamente”.

De similar manera, el Partido Municipal por Trelew rechazó la invitación a la jornada por ser meramente informativa y poco seria. En contraparte, declaran que existe una “oportunidad histórica de los diputados y diputadas provinciales de reconciliarse con el pueblo de la provincia, y es el tratamiento de la Iniciativa Popular, que fue avalada por más de 30 mil chubutenses que no quieren que el agua se use para la megaminería. Dar tratamiento a la ley de zonificación minera e ignorar la Iniciativa Popular es dar la espalda al pueblo de Chubut”, finaliza el comunicado.

En el cronograma de la jornada figuran como invitadas “Comunidades originarias”. Han sido constantes las declaraciones en contra del avance megaminero a lo largo del 2020. Comenzando por el Parlamento por el Agua y en Defensa del Río Chubut de enero, en donde reafirmaron el No a la megaminería, pasando por el repudio a Arcioni y Alberto Hensel en octubre, dado que “desde distintas instituciones y organismos de gobierno provinciales y nacionales, se vulnera nuestro derecho a participar en la toma de decisiones que nos afectan”, cerrando el año con la presentación de un documento a la Legislatura, en donde comunidades originarias de la Meseta centro-norte solicitaron a la Cámara que se abstenga de avanzar con el tratamiento de la Zonificación, ya que se redactó “en violación a los derechos de los Pueblos Originarios” y en contra del convenio de la OIT que estipula la consulta y participación de las comunidades de manera libre, previa e informada. Es llamativa la desprolijidad del documento del gobierno en donde en este punto figura entre paréntesis “Evaluar sumar a abogado del CELS Eduardo Hualpa”. Ante la consulta de noalamina.org, Hualpa contestó: “por lo que sé, las comunidades de la meseta se enteraron por los diarios. El diálogo requiere voluntad de las partes. Lo que se ve en Chubut en este tema se llama lobby”.

Otra particularidad del supuesto debate es que hasta el momento no hay convocatoria ni difusión oficial, ni explicación alguna por parte del gobierno sobre si las jornadas serán públicas. Periodistas consultados refieren haber estado intentando saber si podrán cubrirlas, sin éxito. Incluso Radio Libre de Puerto Madryn se propuso transmitir la jornada desde la conexión de algún/a diputado/a, pero al ver que había personas invitadas que se bajaban “para no tener nada que ver con semejante payasada” decidieron no hacerlo.

No deja de llamar la atención que el sitio de referencia para “informarse” sobre los temas que abordará la jornada virtual haya sido creado junto a todo el aparato propagandístico del gobierno y la minera Pan American Silver. El sitio web “lameseta.org” fue creado el 28 de noviembre y difundido a coro por el ejército de trols: pese a que se presenta como del Ministerio de Hidrocarburos no es un sitio gubernamental. Fue dado de alta el 27 de noviembre del 2020 desde una IP localizada en Ohio-Columbia (EEUU). En dicho sitio, vuelve a publicarse la investigación del CONICET sobre Índice de Calidad de Vida, por la cual su director realizó un descargo indicando que estaba siendo tergiversada para promover la megaminería como un mejorador de dicho índice, cuando es todo lo contrario. La divulgación de dicha web se estuvo dando de manera similar a vecinosdelameseta.org, web gestionada desde una empresa de Buenos Aires y financiada por Pan American Silver.

¿En qué consiste la nueva puesta en escena para tratar de darle legitimidad al proyecto de zonificación minera?

Se trata de una semana con reuniones virtuales por la plataforma oficial de Gobierno. Será inaugurada por Arcioni y funcionarios provinciales y tutelada por Alberto Hensel, el Secretario de Minería de Nación. Según el mismo cronograma, quienes fueron invitados serían notificados el miércoles 13 de enero, pocos días antes de su comienzo. El pasado 15 de enero se conoció la invitación realizada por el Ministro de Hidrocarburos Martín Cerdá, al Presidente de la Legislatura Ricardo Sastre, y a través suyo al resto de los legisladores provinciales. En el cronograma de encuentros figuran diversos sectores de la dirigencia política (partidos políticos, intendentes, diputados nacionales); sectores empresariales y sindicales (aquellos que histórica o recientemente se declararon del lado del gobierno con la particular ausencia de los gremios que se oponen). También figuran entidades religiosas (católica y evangélica), comunidades originarias, instituciones académicas y científicas: todos espacios que ya han rechazado la zonificación y el avance del gobierno a pesar de la falta de licencia social. Desde estos sectores, como se puede ver al inicio de esta nota, denunciaron la improvisada convocatoria, el carácter meramente informativo de las jornadas y la ausencia de debate sobre la Iniciativa Popular. Es necesario aclarar que ninguna asamblea socioambiental ni quienes impulsaron la IP fueron invitados al supuesto debate.

Pese a que el gobierno declara buscar “profundizar y articular propuestas” que permitan la “ampliación del proceso participativo del diálogo para el enriquecimiento” del mal llamado proyecto de desarrollo productivo de la provincia de Chubut -Exp. N° 128/20 que pretende habilitar la megaminería en la meseta-, desconoce el debate social que desde hace 18 años se da en la provincia.

Abundan las razones para repudiar esta mediocre operación que las corporaciones mineras a través de sus representantes del poder ejecutivo chubutense pretenden impulsar subestimando al pueblo que no quiere megaminería:

En este momento de la pandemia de Covid-19 la prioridad en la agenda gubernamental debería ser la gestión del sistema de salud saturado, al que le faltan recursos materiales y humanos y que está siendo sostenido por trabajadores estresados a quienes se les debe varias masas salariales.
El pueblo no solo no quiere, no votó ni pidió que el gobierno provincial se ocupe de impulsar la megaminería sino que resulta violentado por ese accionar e impulsado a expresarse en las calles para frenarlo, a riesgo de enfermarse y empeorar la situación sanitaria, que parece no importarle a quienes gobiernan.
Resulta un acto de cinismo invitar a participar a “las comunidades originarias” para “enriquecer” un proyecto de zonificación que ha sido rechazado de plano por esas mismas comunidades precisamente porque pone en riesgo su subsistencia en el territorio y porque no se ha cumplido con la consulta prevista por el convenio 169 de la OIT.
El Gobierno Nacional, lejos de velar por el bienestar del pueblo que sufre el accionar irresponsable del gobierno provincial, sigue apoyando e impulsando este proyecto antidemocrático, a través de la presencia del Secretario de Minería Alberto Hensel y la Subsecretaria de Desarrollo Minero Laura Ropolo, disertantes en las reuniones virtuales.
El pueblo de Chubut, organizado horizontalmente a través de asambleas (UACCH), sigue esperando que se retire de la legislatura el vergonzoso proyecto de zonificación N° 128/20 y se trate con el debido respeto el proyecto de ley presentado haciendo uso del mecanismo de democracia semidirecta previsto en el art 263 de la Constitución Provincial: la iniciativa popular, que cuenta con el aval de casi 31.000 firmas. Gobernantes y legisladores deben dejar de soslayar el proyecto de la Segunda Iniciativa Popular, el cual se contrapone al Proyecto de Zonificación ya que apunta a la prohibición de la minería metalífera y de radioactivos en todas sus formas, en todo el territorio de Chubut. Ese es el deseo de miles de chubutenses que quieren cuidar los bienes comunes (vulgar y tradicionalmente conocidos como “recursos naturales”) preservándolos para las nuevas y futuras generaciones y para el desarrollo de actividades verdaderamente productivas y sustentables en el tiempo.
Esperamos que todos los actores y sectores invitados a participar de esta fantochada hagan público su repudio al accionar irresponsable y antidemocrático del gobierno de Arcioni-Sastre que, obstinadamente, pone en riesgo la salud y el futuro del pueblo de Chubut.

La farsa del “debate” para habilitar la megaminería en Chubut