AMBAS PANDEMIAS IGNORADAS POR LA 4T

14/05/2020
Hace unos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya un aumento de la
violencia hacia las mujeres debido al confinamiento forzado por el Covid-19, agregando además
que “la familia mexicana es una unidad fraterna”, dejando de manifiesto que tenemos un Presidente
que desdeña e ignora las investigaciones y estadísticas y, en consecuencia, gobierna con un sentido
común ralo y falso que lo lleva a una toma decisiones equivocadas o hace declaraciones sin sustento
alguno, peor aún, usa su ya célebre frase “yo tengo otros datos” enviando un claro mensaje para
deslegitimar las luchas y resistencias que desde hace décadas se han consolidado en el
acompañamiento de mujeres que sufren de violencia de género.

En uno de los tantos estudios que existen sobre la temática, destacamos que el Estudio Mundial
sobre el Homicidio, Asesinatos de Mujeres y Niñas por motivos de Género; realizado por la oficina
de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes, determinó que alrededor de 87,000 mujeres
habían sido asesinadas en solamente un año en todo el mundo, de las cuales 50,000 habían sido a
manos de compañeros íntimos o familiares. Por lo que esa institución internacional alertó que el

lugar más peligroso para una mujer es su hogar. https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

En México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de este año ha sido
el más violento desde 2015. De enero a marzo del presente año han sido asesinadas 964 mujeres.
Asimismo, se han registrado 26,695 casos de violencia contra las mujeres, datos por demás
contundentes, pero que el Presidente de la República desdeña, porque evidencian su equivocada y
atropellada política de atención al tema.

Por su parte el Observatorio de Feminicidios “Adriana Marisel Zambrano” informa que desde el 20
de marzo al 7 de mayo hubo 21 feminicidios, de los cuales en 12 de los casos existía vínculo de
pareja con el asesino, es decir, un feminicidio cometido por un esposo o enamorado actual o
anterior, a lo que se le conoce como feminicidio íntimo o asesinato por la pareja.
Tal parece que el presidente también ignora las 115,614 denuncias que las mujeres han hecho al
#911 tan solo en el mes de marzo de este año, para reportar incidentes de violencia intrafamiliar, de
pareja, violación, acoso sexual y abuso, lo cual es un reflejo del contexto violento que viven
mujeres y niñas en casa. Esto es 155 mujeres violentadas cada hora
https://www.semmexico.mx/?p=20411 .

Si bien el llamado a “quedarse en casa” y el cierre de actividades económicas son medidas
necesarias para evitar los contagios de COVID-19, es también un hecho que dicha estrategia se
aplica de forma homogénea y desdibuja o no reconoce o desconoce las particularidades para que ese
encierro trascienda de forma segura para todas las personas en situación de violencia familiar.
Mientras el estado mexicano no brinde las condiciones materiales necesarias para “quedarse en
casa” y/o se queden en sus hogares con precariedades, seguramente seguirá presentándose violencia
doméstica, sexual, psicológica, económica y laboral e institucional en contra de las mujeres.

Como REMA-Mujeres nos unimos a la exigencia para que se tomen las medidas necesarias para
proteger la vida de las mujeres, niñas y niños al interior de sus hogares y para quienes tienen que
seguir saliendo a trabajar, muchas veces en condiciones de precariedad. Es urgente que el gobierno
reconozca las condiciones de desigualdad de las mujeres en el país, así como la violación a los
derechos humanos y laborales. Reivindicamos que, en momentos de crisis, son preponderantes la
voz, el pensamiento y las actividades de las mujeres para afrontar y reconstruir la vida tanto en el
campo como en la ciudad. Así mismo reconocemos que la economía no está parada en gran medida
porque las mujeres seguimos trabajando en casa en actividades reproductivas como los cuidados de
la familia, lo que hoy más que nunca debería ser reconocido en el universo de la economía y
también seguimos en las calles con actividades productivas.

Cuando decimos que el machismo mata y que el patriarcado mata no es sólo una consigna de
denuncia, sino una práctica que nos lastima y/o acaba con la vida de nosotras. Las cifras de
denuncias oficiales y datos periodísticos, como los mencionados, nos muestran la desigualdad más
atroz a las que nos estamos enfrentando las mujeres y las niñas durante la pandemia. En tiempos de
COVID-19, la guerra contra las mujeres y las niñas se manifiesta en los hogares y en los espacios
laborales, por lo tanto, es urgente que se reconozca para poder frenarla con la atención necesaria,
tanto del estado mexicano como de las y los ciudadanos para no permitir más violencia contra las
mujeres y niñas, lo cual también debe reconocerse y actuar en consecuencia como un problema
grave de salud pública.

Por otra parte, el cierre de actividades económicas ha visibilizado las desigualdades laborales en las
que vivimos las mujeres, empeorando las condiciones con trabajos pesados y poco salario, sin
medidas de seguridad, como por ejemplo; los casos de las trabajadoras domésticas que están siendo
forzadas a cuidar de otras familias sin medidas de protección, las jornaleras o trabajadoras en las
maquilas que han sido despedidas sin liquidación o son amenazadas de perder el trabajo y tienen
que seguir laborando a riesgo de enfermarse y hasta morir.

Además, las mujeres que se encuentran en el sector informal: pequeñas comerciantes y vendedoras
de comida, cuyo ingreso es parte medular de la economía familiar, se han visto radicalmente
afectadas a partir de imponer medidas de aislamiento y de alternativas de acciones y trabajo
inexistentes para ese como el trabajo en línea o desde casa, además de que no cuentan con las
condiciones mínimas como un espacio adecuado para realizarlo, también se ha incrementado la
carga laboral, incluyendo el tema educativo de hijas e hijos y quienes al margen del cuidado y
atención que de forma preferente realizan las mujeres, la mayoría de las familias carecen de
internet, computadora o Tablet que sólo viene a acrecentar las desigualdades en un país que nos
dicta reglas homogéneas para una población heterogénea, lo que ratifica que este gobierno no
atiende ni la desigualdad ni la pobreza, por lo tanto, se hace más notorio observar otras
desigualdades; de clase, género y etnia y, por si todo lo anterior fuera poco, las mujeres somos
también las que contenemos las crisis emocionales, conductuales y cognoscitivas de sus familiares.

No podemos dejar de señalar a todas las mujeres que han sido o están siendo afectadas por
proyectos extractivos, porque además de los anteriores problemas de violencia, nos encontramos en
mayor riesgo al vivir en lugares contaminados, con violencia generada por fuerzas armadas legales
e ilegales, y atendiendo los daños a la salud de la familia en general. ¿Cómo lavarse las manos, en
estos tiempos de pandemia si el agua está contaminada con metales pesados o las empresas han
desecado las fuentes de agua? ¿Cómo seguir manteniendo la sana distancia en nuestros hogares y
comunidades ahora que se da luz verde para la reapertura de la minería y se reintegran miles de
trabajadores de diferentes partes del país sin tener claridad del potencial contagio que se puede
generar? ¿De verdad creen que el gel y la sana distancia serán suficiente para este tipo de retornos
masivos y sin control alguno?

Reprobamos enérgicamente que AMLO argumente como ejemplares “los valores familiares de
México” en este país que ha negado y sigue negando la violencia machista, patriarcal y estructural
que vivimos, empezando por el desdeño a tratar de forma integral “las violencias” de género por
parte del propio Presidente de la República.

Resaltamos nuestra importante aportación al sostenimiento de la vida durante esta crisis socio-
sanitaria, política y económica que se entrelaza a la ambiental que el despiadado modelo de

consumo ya venía generando. Resaltamos nuestro relevante papel en la reconstrucción de nuestro
pensamiento y acción, la sororidad y el saber hacer comunidad que sin duda alguna nos apoya a
rescatar nuestra sociedad.
Agradecemos a todas las mujeres defensoras quienes se atreven a denunciar las violencias de género
y alzan la voz para posicionar políticamente otras formas de vida. Nos unimos al compromiso de
denunciar y actuar frente a las violencias de género que vivimos en los hogares. Agradecemos a las
enfermeras, doctoras, recolectoras de basura, entre muchas otras mujeres que están haciendo que
este caos sea menor.

Desde la REMA Mujeres exigimos una estrategia en la que se busque la forma de terminar con este
horror de pandemia de feminicidios y violencia de género, misma que podría empezar por realizar
un mapeo, al igual que sucede con el COVID-19, que nos vaya informando minuto a minuto la
cantidad y tipo de agresiones que sufrimos a lo largo de nuestro país, y no solo aparezcamos en
notas periodísticas, sino dentro de una estrategia y solución nacional.

REMA MUJERES

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
13/5/2020

Zacatecas, Zac., La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), emitió un «respetuoso, pero enérgico llamado» a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) «a no atender» el proyecto de su homólogo Javier Laynez, porque es violatorio a los intereses y derechos de los grupos indígenas.

En el proyecto, el cual se pretende discutir y aprobar hoy, se pretende avalar el argumento de que diversas disposiciones de la Ley Minera vigente son constitucionales y sus efectos «no se vinculan en forma directa con los intereses y derechos de los grupos indígenas», pese a la inconformidad de esas comunidades con esa norma.

La propuesta de Laynez, explicó la Rema, fue elaborado para revisar la constitucionalidad de la Ley Minera, en particular el amparo en revisión 928/2019, «un asunto vital ante la creciente oleada de proyectos que despojan y atentan contra la supervivencia y el futuro de los pueblos indígenas en nuestro país».

Ese amparo se originó en septiembre de 2014, en un acuerdo que tomó la asamblea del pueblo maseual, en la comunidad de Zacapitán, municipio de Cuetzalan, Puebla.

El consejo maseual Altepetajpianij instruyó a sus integrantes a realizar las acciones legales necesarias «para combatir la decisión de la Secretaría de Economía, de entregar territorios en concesión para la explotación minera, sin contar con su aval y sin haber sido considerados en la toma de decisiones».

En septiembre de 2018, el juzgado quinto de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo en Puebla, determinó conceder el amparo a las comunidades indígenas afectadas, respecto del otorgamiento de las concesiones mineras en sus territorios.

Sin embargo, refiere la Rema, al mismo tiempo que concedía el amparo, ese juzgado quinto «evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera, en la que Economía se apoya para otorgar dichos títulos de concesión». Frente a la omisión del juzgado, las comunidades afectadas presentaron el amparo en revisión 928/2019, que hoy resolverá la Corte.

La Rema expuso que ha denunciado «que la Ley Minera forma parte de un entramado jurídico, político y económico, diseñado para facilitar y hacer posible que el modelo extractivo minero prospere a costa de los pueblos, sus territorios, su salud y su medio ambiente».

Lamentó que en las reformas a la Ley Minera en el régimen de Peña Nieto se excluyera a los pueblos originarios, lo que vulnera su autonomía y su derecho a decidir.

https://www.jornada.com.mx/2020/05/13/estados/026n3est#.Xrzn7iBRqOc.facebook

DE DESECHOS TÓXICOS EN DURANGO
En días pasados, diversos medios de comunicación informaron que la empresa Exportaciones de
Minerales de Topia derramó desechos tóxicos en las inmediaciones del río Humaya que fluye por
los Estados de Durango y Sinaloa, poniendo en riesgo la salud de la población de las comunidades
cercanas, situación que se agrava ante la imposibilidad de contar con agua suficiente y limpia durante
el resto de la contigencia por el COVID-19.
Mediante un comunicado oficial publicado el lunes pasado, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), señaló que el derrame supone un total aproximado de 6 mil metros cúbicos
de jales por lo que clausuró de manera “temporal total” la operación de la empresa que se dedica
al beneficio de minerales metálicos (plomo y zinc) en el municipio de Canelas, Durango
Aunque en su comunicado no se específica el tipo de jales que se derramaron, en términos generales
se trata de los desechos integrados por una mezcla pastosa y acuosa que contienen altas concentra –
ciones de metales pesados tóxicos que son potencialmente peligrosos para la salud y el ambiente, los
cuales son el resultado de los procesos de la molienda de las rocas, y en algunos casos derivados de
los procesos de lixiviación, una vez que han sido extraídos los minerales de interés.
De acuerdo con el comunicado, fue la propia empresa quien informó sobre el derrame de 5 mil litros
de jales en sus instalaciones; sin embargo, luego de una visita de inspección, la PROFEPA concluyó
que en realidad se trataba de un derrame de aproximadamente 5 millones 780 mil litros de jales
líquidos, por lo que luego de recorrer las zonas afectadas y recabar información sobre los daños
ambientales causados, entre otros, se observó que el jale se había impregnado sobre el cauce del
Arroyo San Bernabé en una longitud de 2 km sobre su margen y que la contaminación se extendió
hasta la localidad de San Bernabé, lo que permitió determinar la “clausura total temporal de la
operación de la empresa”.
PROFEPA informó que el derrame se debió a la ruptura de una presa de jales tóxicos, la cual fue
sobrecargada más allá de los límites de su capacidad, lo cual demuestra una vez más la
irresponsabilidad en la que operan estas empresas, al no respetar sus procesos de control internos.Además de la clausura total temporal de sus operaciones, la PROFEPA impuso, como medidas hacia la
empresa, la contención del derrame proveniente de la ruptura de la presa y la limpieza de los
jales en las zonas afectadas, así mismo, la PROFEPA presentó una denuncia penal ante la Fiscalía
General de la República contra quien resulte responsable por la comisión de delitos contra el
ambiente.
Desde la REMA hemos advertido el deber de cuidado que las empresas del modelo extractivo
minero no suelen incorporar en sus operaciones diarias ni en el manejo de insumos y residuos
tóxicos. Desde este punto de vista, la ruptura de una presa de jales por sobresaturación implica
negligencia y una gestión deficiente e irresponsable por parte de la empresa y de las autoridades
responsables quienes deberían de supervisarles de forma preventiva.
Desde la REMA exigimos una investigación seria, a fondo y ejemplar, que concluya con resoluciones y
sentencias condenatorias, así como con la clausura total definitiva de la empresa Exportaciones de
Minerales de Topia. Nos mantendremos atentos y vigilantes al cumplimiento de la ley.
¡BASTA DE IMPUNIDAD!
!FUERA MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA