Ecuador

Carta abierta al Alcalde de Cuenca, Pedro Palacios Ullauri

Yasunidos Guapondelig <guapondeligyasunidos@gmail.com>
02/07/2020

PEDRO PALACIOS ULLAURI
Alcalde del cantón Cuenca
Su despacho

Señor Alcalde:
Las personas y organizaciones que suscribimos esta carta, nos dirigimos a Usted con profunda preocupación para informar que:
El 14 de abril de 2020, la empresa INV Metals, propietaria del proyecto minero Loma Larga, ubicado en Kimsakocha, anunció que la infraestructura que se ubicaría en los páramos del cantón Girón será ubicada en el cantón Cuenca, en el páramo de la cuenca del río Tarqui. Esta infraestructura incluye piscina de aguas ácidas, planta de procesamiento, piscina de la planta de procesamiento y el equivalente a 4800 piscinas olímpicas de relaves mineros divididas en: 2600 reingresadas a la mina y 2200 expuestas a los factores climáticos en pleno páramo de Kimsakocha, en el área de nacimiento de los ríos Irquis y Portete. Debido a que el yacimiento se encuentra en la zona alta de la parroquia Victoria del Portete, el área de detonación también estará dentro del cantón Cuenca.

Debe recordarse que, el 24 de marzo de 2019, tras años de lucha, tuvo lugar un hecho histórico en la defensa del agua en el país: la Consulta Popular de Girón, en la que el 87.6% de las y los gironenses dijo NO a la explotación de Kimsakocha, evitando que la infraestructura mencionada sea ubicada en ese cantón.
A más de la consulta popular de Girón, su autoridad, debe considerar los pronunciamientos institucionales y ciudadanos que son la voz de Cuenca, como:

Resoluciones de los Parlamentos Ciudadanos del Azuay, del 17 de diciembre del 2011 y del 11 de febrero del 2012, rechazando la minería en páramos y fuentes agua y exigiendo consulta popular.
Resolución del Consejo Provincial del Azuay del 22 de octubre del 2016, que declaró a los páramos, fuentes de agua y otros ecosistemas frágiles y amenazados de la provincia como zonas libres de minería metálica.
Resolución del Concejo Cantonal de Cuenca de septiembre de 2011 y enero de 2017, en los que se declaró a Cuenca territorio libre de minería.
Resoluciones de las Asambleas Ciudadanas en Defensa del Agua y los Páramos del 19 de julio del 2018 y 6 de mayo del 2019, rechazando la minería en fuentes de agua y páramos del cantón Cuenca y exigiendo la consulta popular.
Consulta popular comunitaria de Victoria del Portete del 11 de octubre de 2011, en la que el 92,38% de los usuarios del Sistema Comunitario de Agua Tarqui-La Victoria dijo ‘No’ a las actividades mineras en Kimsakocha.
La multitudinaria MARCHA POR LA DIGNIDAD DEL AZUAY del 10 de marzo del 2012, en defensa del agua, la vida y los recursos de la Provincia.
El informe de la Contraloría General del Estado sobre el proyecto minero Loma Larga, del 10 de diciembre del 2018, por el período comprendido entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2017.
El pronunciamiento del Directorio de ETAPA EP, publicado en diario El Mercurio el 2 de mayo del 2019 en que se declaró que la minería metálica en los páramos y bosques del Macizo del cajas es incompatible con la conservación y protección de las cuencas hídricas y de la calidad de agua del cantón Cuenca y exigir al Presidente de la república que garantice el pleno derecho humano al agua de los habitantes de Cuenca, preservando las áreas de recarga hídrica en páramos y bosques, a través de la suspensión definitiva de los proyectos de minería metálica, en cualquiera de sus fases, dentro del cantón Cuenca.

Al momento, la empresa minera está por culminar su Estudio de Impacto Ambiental para la fase de explotación, realizado a partir de un Estudio de Factibilidad incompleto, que esconde la magnitud real de la destrucción del páramo, afectación al agua en cantidad y calidad y riesgos de una catástrofe ecológica para Cuenca. Sin embargo, debido a que desde 2009 el Gobierno central adoptó el papel de impulsor de la industria minera metálica, aún en fuentes de agua, la empresa está segura de que obtendrá con facilidad las licencias faltantes desde las autoridades nacionales para empezar la fase de explotación.

Pero, la empresa también requiere permisos de autoridades locales; en el caso de la Alcaldía de Cuenca, permisos de construcción para elevar la mega-infraestructura mencionada en una zona de conservación y producción de agua, como es la cuenca alta del río Tarqui.

Debe saber, señor Alcalde, que la principal accionista de la empresa INV Metals es otra empresa minera canadiense llamada IAMGOLD, que fue encontrada lavando dinero en Burkina Faso en agosto de 2019: escondiendo oro en contenedores de carbón y la segunda mayor accionista es otra empresa canadiense llamada DUNDEE PRECIOUS METALS que, posiblemente, procesará el concentrado de cobre que se obtenga de la explotación de Kimsakocha en su planta de procesamiento de Namibia, misma que recibe concentrados con presencia de arsénico mucho mayor a la permitida por la normativa de ese país que es una de las más flexibles del mundo.

Además, la empresa sostiene que los frentes norte, sur y oeste del yacimiento se mantendrán abiertos para una futura expansión de la explotación y que Loma Larga es uno de los más de diez proyectos de explotación de minería metálica en los páramos del cantón Cuenca.

Señor Alcalde, los ecosistemas de páramo son, por excelencia, fuentes de agua, fábricas de agua, como sabiamente decía el Ingeniero Galo Ordóñez. Estos ecosistemas permiten el abastecimiento de agua para consumo humano, soberanía alimentaria, saneamiento y energía eléctrica, aún en periodos de sequía. Según la misma ETAPA, la oferta hídrica de fuentes superficiales del cantón Cuenca no abastecerá la demanda más allá de 2030, llegando a temporadas de severo estrés hídrico. Ahora mismo, ya se buscan fuentes de agua en cuencas hidrográficas que no pertenecen al cantón Cuenca, como es el caso de la cuenca del río Moya del cantón Sígsig, cuyas aguas se desviarán para abastecer a las parroquias rurales Santa Ana, Quingeo, Cumbe y Tarqui. Incluso, se exploran acuíferos subterráneos con fines de abastecimiento de agua para un futuro mediato, como es el caso del acuífero de la cuenca del río Tarqui.

Todas las actividades de la empresa INV Metals, mencionadas anteriormente, incluyendo el relanzamiento del proyecto en Canadá, se realizaron aprovechándose de que el pueblo ecuatoriano vivía el inicio de la crisis sanitaria, es decir: en medio de nuestro sufrimiento, estaban feriando los páramos del cantón Cuenca, en una actitud neocolonialista abominable, que lesiona la dignidad de Cuenca y que las autoridades deberían rechazar por elemental consecuencia con sus electores. El proyecto Loma Larga es contrario a la protección de los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos de los pueblos y las garantías de protección del derecho humano agua, la salud, la alimentación y al medio ambiente sano, pero, sobre todo, amenaza el patrimonio natural estratégico de Cuenca y el agua para sus habitantes, razones suficientes que deberían llevar al GAD Municipal del Cantón Cuenca a encabezar la defensa de los derechos de las y los habitantes del cantón.

Nos permitimos recordarle, señor Alcalde, que el 11 de julio de 2019, Usted recibió al Cabildo por el Agua para abordar la problemática y, al terminar de escuchar al Cabildo, le encargó darle seguimiento a sus compromisos al Arq. Pablo Burbano. Ningún compromiso se cumplió. El 20 de enero de 2020, el Cabildo por el Agua le escribió una nueva carta con cuatro peticiones concretas; como respuesta, usted recibió al Cabildo en una segunda reunión el 26 de febrero de 2020 y, al terminar la reunión, designó al Ar. Carlos Espinoza, coordinador de Planificación y Gobernanza del Municipio de Cuenca, para darles seguimiento a los compromisos. Ningún compromiso se cumplió.

Lamentablemente, la Alcaldía de Cuenca no nos ha dado la seguridad de estar comprometida con la defensa del agua. Por eso, a través de esta carta, le exhortamos, señor Alcalde, a COMPROMETERSE CLARA Y PÚBLICAMENTE A NO ENTREGAR NINGÚN PERMISO PARA LA EXPLOTACIÓN MINERA EN LOS PÁRAMOS DEL CANTÓN CUENCA.

Suscribimos,

Colectivo Yasunidos Guapondelig
Escuela Popular Agustín Cueva Dávila
Seguro Social Campesino de Sayausí
Comisión Nacional Anticorrupción – Núcleo Azuay
Foro Autónomo por los 200 Años de la Independencia de Cuenca
Montecristi Vive
Cabildo por las Mujeres del Cantón Cuenca
Red Agroecológica del Austro
Pukushka
Chichería
Asamblea de los Pueblos del Sur
Escuela de Agroecología de Kimsakocha
Escuela de Agroecología de Santa Isabel
Escuela de Agroecología San Felipe de Suro – Molleturo
Escuela de Agroecología Hermano Miguel
Movimiento Ecologista de Mujeres del Sur
Asociación Femenina Universitaria – Universidad de Cuenca
Asociación Cultural y Artística Universitaria – Universitaria de Cuenca
Liga Deportiva Universitaria – Universidad de Cuenca
Kamila Torres Orellana, docente de la Universidad del Azuay
Tatiana Rodríguez
Israel Salinas Vintimilla
Juan Andrés Torres Celi
Daniela Silvana Cueva Arias

SE SIGUEN RECOGIENDO ADHESIONES
PUEDE ADHERIRSE AQUÍ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3U5Pt-bEdCmJ7kbN3RHHvyogZObjwmF_nIuMxRtg3aHeyuw/viewform

Perú

SANTIAGO MANUIN

José De Echave C.
02/07/2020
Imagen:CooperAcción
Tuve la oportunidad de tener dos conversaciones largas con él y en una ocasión también lo entrevisté para un trabajo de investigación que venía realizando. Sin embargo, me hubiese gustado tratarlo y conocerlo más a fondo. Ya no será posible.

Hombre de hablar pausado, Santiago Manuín reflejaba serenidad, conocimiento y mucha sabiduría. Para el momento que lo entrevisté, ya habían ocurrido los trágicos sucesos de La Curva del Diablo y el Baguazo, que sigue siendo un trágico capítulo de nuestra historia y una herida abierta que no hemos tenido la capacidad de cerrar. “Más que las balas y la enfermedad, me duele no ver procesados a los responsables de esta masacre”, declaró en una ocasión Manuín.

En 1994 recibió el premio Reina Sofía como reconocimiento a su trabajo en defensa de la Amazonia y los derechos humanos. Y el año 2014 fue Premio Nacional de Derechos Humanos, por toda una vida de servicio a favor de los pueblos amazónicos y la protección de la amazonia. En la ceremonia de premiación nos dejó varios mensajes: “Quiero recalcar que nuestra lucha por los derechos humanos no es la del Perro del Hortelano. Nosotros no estamos en contra de la ayuda del Estado y las inversiones, simplemente queremos estudios a fondo y que nos consulten de verdad. Tenemos una sabiduría que da una experiencia de cientos de años en este territorio” “Es triste decirlo pero la Selva es un cementerio de proyectos mal diseñados y mal ejecutados. Nuestro territorio es nuestro templo que no tiene paredes pero está lleno de seres vivos. Pero que quede claro no somos fanáticos. Creemos en la interculturalidad en el mundo globalizado. Nuestra historia es una historia de luchas para poder vivir en nuestro territorio en paz. Nunca le hemos robado nada a nadie”.

Como ha escrito Marlene Castillo, conocedora de la cultura awajun y amiga personal de Santiago Manuín, “se despidió como un guerrero. Sigue vivo en su familia, en su pueblo awajun, en nosotras y nosotros sus amigos y aliados, los que seguimos con los pueblos awajun y wampis por delante”.

En las actuales circunstancias, la muerte de Santiago Manuín también representa un llamado de atención y una alerta sobre lo que viene pasando en los territorios awajun y wampis en relación al avance del Covid 19. Los pueblos indígenas de esa zona del país están enfrentando el avance del virus casi sin ningún tipo de apoyo; sin infraestructura de salud, sin profesionales de medicina y sin medicinas. La región Amazonas debe ser atendida con urgencia por el Gobierno.

Perú

630 GRUPOS A NIVEL MUNDIAL ALERTAN DE POSIBLE OLA DE DEMANDAS RELACIONADAS AL COVID-19 EN «TRIBUNALES CORPORATIVOS»

Cooperaccion.org
Imagen: Public Services International

Grupos de más de 90 países advierten que el sistema ISDS podría ser utilizado para demandar por miles de millones a los gobiernos por las protecciones contra la pandemia.

Los países podrían enfrentar una ola de casos de empresas transnacionales que, utilizando un sistema conocido como solución de controversias entre inversores y Estados (o ISDS por sus siglas en inglés), demandan a los gobiernos por las medidas adoptadas para responder a la pandemia de COVID-19.

630 organizaciones de todo el mundo, que representan a cientos de millones de personas, están pidiendo a los gobiernos en una carta abierta[1] que tomen medidas urgentes para acabar con esta amenaza.

El ISDS está incluido en muchos acuerdos de comercio y protección de inversiones. Permite a los inversores extranjeros demandar a los gobiernos en tribunales secretos fuera del sistema legal nacional por cantidades mucho más altas de las que probablemente estén disponibles para ellos en los tribunales nacionales.

Los casos podrían surgir de las medidas que muchos gobiernos han adoptado para salvar vidas, frenar la pandemia, proteger los empleos, contrarrestar el desastre económico y garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de las personas.

En el Perú ya se han presentado amenazas de casos por la suspensión del cobro de peajes en las carreteras, y los estudios de abogados están asesorando activamente a las empresas sobre las opciones que tienen a su disposición.

Las organizaciones están pidiendo a los gobiernos que tomen urgentemente medidas prácticas para restringir y suspender el uso del ISDS durante la pandemia, así como para poner fin a los riesgos del ISDS para siempre.

Las organizaciones que firman la carta abierta incluyen:

Confederaciones sindicales internacionales y regionales incluyendo Confederación Sindical Internacional, Public Services International, IndustriALL, Confederación Sindical de las Americas, and the IUF.
redes mundiales de salud como Peoples’ Health Movement, Médecins Sans Frontières Access Campaign and the International Treatment Preparedness Coalition
otros grupos internacionales como Oxfam, Amigos de la Tierra, the European Environmental Bureau, the Asian Peoples’ Movement on Debt and Development and the Arab NGO Network for Development
Por el Perú han firmado organizaciones como la CUT Perú (Central Unitaria de Trabajadores del Perú), FENTAP, la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y CooperAcción
Ver carta: http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2020/06/CartaAbiertaSobreISDSYCOVID_Junio2020.pdf

Chile

En tiempos de Covid, se quintuplica la inversión en proyectos que dañan la naturaleza y los territorios

Sino somos capaces de proteger el medioambiente ante la intervención humana, será la naturaleza la que se encargue de hacerlo. No obstante, esto no quiere ser comprendido por el gobierno y una parte del empresariado, que fragilizan y sobrecargan la de por sí ya débil institucionalidad ambiental chilena, para, en contextos de pandemia, viabilizar proyectos resistidos por las comunidades que habitan los territorios y por todas aquellas personas que creen en la importancia de los derechos humanos, indisolublemente ligados a los de la naturaleza.

Ante esto OLCA elaboró un segundo «Informe sobre ingreso abusivo de proyectos al SEIA en tiempos de Pandemia», con datos del Servicio de Evaluación de Ambiental, entre los años 2018, 2019 y 2020, desde el 1° marzo al 31 de mayo, para dar cuenta de la irresponsabilidad de la gestión pública y privada en estas materias, y para alertar sobre la urgencia de poner freno a esta carrera contra la vida que el extractivismo está desplegando en nuestros países.

Equipo OLCA
Informe sobre ingreso abusivo de proyectos al SEIA en tiempos de Pandemia (Actualizado al 31 de Mayo)
Texto completo:
http://olca.cl/oca/informes/Informe-sobre-ingreso-abusivo-de-proyectos-al-SEIA-en-tiempos-de-Pandemia.pdf

Chile

Movimiento Socioambiental Valle del Huasco exige paralizar la minería ante el coronavirus

«Le hemos pedido oficialmente al Ministro de Minería que terminemos con los trabajos de desplazamiento», se lee en el comunicado emanado desde la organización.

– A través de un comunicado, el Movimiento Socioambiental Valle del Huasco exigió la paralización de la gran minería ante el avance del Covid-19 en la Provincia del Huasco.

A continuación, la declaración íntegra del movimiento:

1. “EXIGIMOS que cesen los trabajos de las termoeléctricas que aumentan la posibilidad de muerte ante el coronavirus, como así mismo los trabajos y desplazamientos asociados a Pascua Lama y CAP minería, en dónde incluso han llegado buques desde Asia en pleno desate de la pandemia en el país. Respecto de Pascua Lama, denunciamos con horror que el día de ayer, jueves 25 de junio, se efectuó un cambio de turno en la localidad rural de Chollay, hecho denunciado y fuertemente repudiado por las comunidades de la parte alta, quienes no permitirán que esto vuelva a suceder. EXIGIMOS LA PARALIZACIÓN DE TODA LA GRAN MINERÍA Y FAENAS que ponen en riesgo la salud de las y los trabajadoras, población y comunidades aledañas y que dicha medida no afecte la remuneración de los trabajadores que deben quedarse en sus casas hasta que esto . No puede ser que la economía valga más que las vidas. De esa dignidad hablábamos cuando estamos en las calles.

2. Trágicamente teníamos razón, y eso ha sido comprobado por diversas autoridades locales. Alcalde de Vallenar declaró: “el aumento de las cifras de contagio que tenemos en Vallenar (…) obedece principalmente a nuestra gente que sale a trabajar a faenas mineras, que las empresas no toman las medidas cómo corresponden,(…) Le hemos pedido oficialmente al Ministro de Minería que terminemos con los trabajos de desplazamiento”. También se manifestó el Diputado Jaime Mulet, quien ofició al Ministro Prokuriça y al Presidente de la República exigiendo que todas las faenas mineras en Atacama trabajen sólo con personal de Atacama. Confirmando nuestros temores, en sesión en la cámara el mencionado diputado ha expresado: “ha quedado demostrado, [que la minería] ha sido la mayor fuente de contagio y de entrada del virus a la región de ”. Ante esto nos preguntamos: ¿Es suficiente? ¿O al fin es el momento de EXIGIR PARALIZAR los trabajos mineros como ya hemos dicho? ¿O son más importantes sus negocios personales a costa de empobrecer y sacrificar todo un territorio y su pueblo?

3. Estos graves hechos evidencian que a la gran minería no le afecta generar daños irreparables en familias, comunidades, y que no les importa nada ni nadie más que su propia economía. En la provincia del Huasco conocemos de cerca los estragos del extractivismo, tanto medioambientales como sociales, con efectos irreparables en los territorios como Huasco, zona en sacrificio donde día a día se envenena a sus vecinos, o los daños que causó el proyecto Pascua Lama con la contaminación de metales pesados vertida sobre los glaciares milenarios que alimentan el cauce del Río Huasco, contaminando el río del que vivimos población y ecosistemas. Este abuso se evidencia aún más ahora, en el contexto de coronavirus, donde sin tomar las medidas necesarias para prevenir el contagio de esta enfermedad han continuado con las faenas mineras, exponiendo la vida de las comunidades aledañas a sus faenas y los propios trabajadores y sus familias.

4. En este dantesco escenario, como Movimiento Socioambiental Valle del Huasco, también denunciamos y alertamos sobre el desvergonzado aumento de proyectos extractivistas ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) durante este 2020, específicamente desde que se inició la pandemia en nuestro país. Según las observaciones del Observatorio Latinoamericano de conflictos ambientales (OLCA) en su informe sobre ingreso abusivo de proyectos al SEIA en tiempos de Pandemia, actualizado al 31 de Mayo del año 2020: “Hay un notorio aumento de cantidad de proyectos ingresados al SEIA este 2020, en el período estudiado en comparación con los dos años anteriores: De 118 Proyectos el 2018 y 103 Proyectos el 2019, se salta a 237 proyectos este 2020 en período de pandemia” FUENTE: http://olca.cl/oca/informes/Informe-sobre-ingreso-abusivo-de-proyectos-al-SEIA-en-tiempos-de-Pandemia.pdf. Además, se evidencia que la mayoría de los proyectos han ingresado sólo por Declaración de impacto ambiental, siendo que por su envergadura y generación de impacto deberían haberlo hecho por medio de un Estudio de Impacto Ambiental con consulta indígena y participación ciudadana obligatoria aparejada. La empresa criminal Nueva Unión es una de ellas, quién ha ingresado por Declaración de Impacto ambiental (DIA) un proyecto de 153 sondajes en la naciente de las aguas del Río Tránsito, así como también lo ha hecho CAP con una serie de iniciativas. Cabe recordar que CAP también ha ingresado un Estudio de Impacto ambiental para reemplazar su relave en el mar por uno en tierra en el sector de Playa Brava.

5. Denunciamos también una fuerte arremetida extractivista en donde Gobierno y sector privado, coludidos una vez más, intentan poner en actividad una serie de proyectos nocivos aprovechándose de la pandemia. En este sentido rechazamos enérgicamente el «acuerdo covid», firmado recientemente entre el gobierno y oposición, que en su letra chica viene a acelerar la depredación socioambiental en Chile, y en el que se acuerda que la Comisión Nacional de Productividad es la que va a proponer la agenda regulatoria de los plazos para los proyectos ¿Y quién compone esta comisión? ¿Quién velará por el bienestar de las comunidades donde se instalen estos proyectos? ¿Qué ocurrirá con las consultas indígenas y participación ciudadana obligatoria para este tipo de proyectos? Este acuerdo vulnera gravemente el principio preventivo y precautorio en nuestra Ley Ambiental, así como derechos constitucionales, y finalmente trae migajas para hoy y hambre para mañana, ya que solo por tres meses se asegura un ingreso mínimo a las familias a cambio de soportar por muchos más años proyectos de inversión que son sumamente invasivos en relación al agua y al territorio. NO PERMITIREMOS QUE SE DEBILITE LA YA FRÁGIL LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y NO PERMITIREMOS ESTA DEVASTACIÓN QUE SE INTENTA IMPONER MISERABLEMENTE EN ESTOS MOMENTOS DE PANDEMIA.

6. Por último, también denunciamos los sospechosos resultados de un “estudio” realizado por CORPROA, el cual no es más que un movimiento estratégico para hacer calzar el discurso y guión del gobierno. Sospechosamente dicho estudio arroja como conclusión la misma que expresó el Ministro de Minería Baldo Prokuriça: “la minería será nuestra salvación”, y que por tanto hay que reactivar todos los proyectos e incluso llama a acelerar y acortar plazos de evaluación. Cabe recordar que la mayoría de los proyectos están paralizados por infracciones ambientales.

7. Declaramos con fuerza que la minería no ha sido ni será una solución, al contrario a largo plazo significará costos mucho mayores, en un mundo de recursos finitos, nos preguntamos qué ocurrirá con la provincia del Huasco en 20, 30 años más, en un mundo global donde avanza una amenazante crisis climática. Nos preguntamos ¿Qué pasará con la salud y la vida de nuestros vecinos y vecinas, de nuestros amigos y familia? Exigimos que las soluciones y la superación de la crisis económica habrá camino a alternativas productivas sostenibles y que no destruyan la Tierra, nuestro hogar y de futuras generaciones”.

Movimiento Socioambiental Valle del Huasco

Argentina

Una semana de firmas por la IP en Chubut

30/06/2020

Noalamina.org
Bajo el lema “Nos deben una ley” Chubut lanzó la Segunda Iniciativa Popular contra la megaminería

Se cumplió una semana de la junta de firmas para el proyecto de ley de las asambleas en contra de la megaminería, que avanza con el compromiso y participación de cada paraje, comuna y localidad, en una provincia que desde el 2003 reafirma No a la mina. Por Flavia Nuñez para ANRed

El proyecto de ley de Iniciativa Popular (IP) 2020 es la herramienta legislativa elegida desde la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut –UACCh- para proteger a la provincia de la avanzada minera en los territorios. La IP2020 fue lanzada el pasado lunes 22 de Junio en Esquel y demás pueblos cabeceras de costa y cordillera pero a una semana de la colecta la junta de firmas se extendió a toda la provincia, transformando la iniciativa popular en un contundente mensaje a la clase dirigente, especialmente al gobierno y legisladores/as. Es que la IP es un proyecto de ley que permite la participación de la ciudadanía y requiere de su aval para ingresar y ser tratado en la legislatura provincial. Esta es la segunda vez que las asambleas del no a la mina presentan un proyecto de estas características tras el fraude legislativo de la primera IP presentada y fraguada en 2014, acompañada entonces por la foto- escándalo del diputado que en pleno tratamiento del proyecto recibía órdenes de un empresario minero para hacerle modificaciones a la ley del pueblo. Se va la segunda clamaron las y los chubutenses y el apoyo de la comunidad fue inminente, y más potente que en la anterior IP.

Los pueblos que luchan Viven

Como expresa Guido desde provincia de Buenos Aires en apoyo a la IP2020, “esta es una enorme, heroica, trascendental, esperanzadora y digna campaña del Pueblo de Chubut para juntar firmas para prohibir por ley la megaminería en toda la provincia”. Y ese es el espíritu que transmite a todo el país esta lucha, que atraviesa la provincia patagónica con firmas que van desde Puerto Madryn a Esquel, pasando por localidades de precordillera como El Maitén, de la meseta como Yala Laubat y Gan Gan, comunas rurales como Facundo o parajes como Las Golondrinas, ciudades costeras como Comodoro Rivadavia, y del valle como Trelew, Gaiman y Dolavon; junto con la ciudad capital Rawson, capitana de la resistencia en legislatura.

La fuerza de la comunidad está en la decisión comunitaria. La segunda Iniciativa Popular en Chubut se lanzó en simultáneo en toda la provincia bajo el impulso, coordinación y organización de las asambleas que integran la UACCh pero cuenta con el apoyo de los demás sectores en lucha, entre los que destacan Salud, Educación, Multisectorial feminista, partidos y sindicatos de base, y los movimientos de trabajadores en resistencia, como el de las fábricas de Trelew Sedamil y Fyrsa. “No cambiamos sueldos por Megaminería”, concluyen, en una de las provincias más castigadas por el desgobierno de Mariano Arcioni, que desde hace tres años viene adeudando sueldos –en la actualidad con hasta dos meses de atraso- a las y los empleados estatales incluido el personal esencial de salud.

Por qué una Iniciativa Popular

La provincia de Chubut tiene una ley que la protege de los estragos que produce en los territorios la minería a gran escala. Esta ley fue sancionada en el año 2003 tras el contundente rechazo a la minería en la consulta popular del pueblo de Esquel en la que más del 81 por ciento de la población votó no a la mina y echó a Meridian gold de su montaña. Desde entonces la Ley 5001, denominada ahora XVII-Nº 68, prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro como método de extracción, pero no es suficiente, ya que ahora desde el gobierno nacional expresan la decisión de avanzar con una “minería sustentable” que no usaría cianuro, al tiempo que junto al lobby minero provincial pretenden instalar en el discurso la necesidad de establecer zonas de sacrificio, como la ofrecida al proyecto Navidad en la meseta central de Chubut, cuya actual propietaria es la repudiada multinacional Pan American Silver, reconocida en América Latina por los estragos que dejó en Guatemala, Ecuador, Bolivia y Perú.

Una embestida de larga data. Frente al avance de los proyectos mineros en el interior de la provincia, como señalan en el documento de lanzamiento de la IP2020, “fue que en el año 2012, las asambleas de vecines de comunidades chubutenses que nos oponemos a la minería (UACCH) nos propusimos impulsar una legislación que ampliara la protección ambiental de la Ley 5001, utilizando para ello un mecanismo de democracia semidirecta establecido en la Constitución Provincial y denominado Iniciativa Popular”.

Se trató de un arduo trabajo que permitió presentar en mayo del 2014 en la Legislatura Provincial un proyecto de ley para establecer parámetros de sustentabilidad ambiental en las explotaciones mineras, que fue acompañado con 13.007 firmas. Pero el proyecto fue tratado recién el último día, el 25 de noviembre, cuando como resalta el documento UACCH: “cometieron impunemente un fraude legislativo”, torciendo así la voluntad del pueblo y aprobando por 15 votos a favor una ley que elles, durante el transcurso de la sesión, transformaron en ley minera”. Las asambleas solicitaron a la justicia la nulidad de la sesión ya que no se había respetado la esencia del proyecto y por conocimiento público de que las y los legisladores actuaron influenciades por empresarios mineros, tal como se pudo observar en la foto en la que se plasmaba el intercambio de mensajes entre el diputado Muñiz y Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold.

La Justicia no anuló la sesión y la Legislatura consideró que el proyecto de ley había sido tratado. Sin embargo, ante el escándalo producido, nunca fue aplicada y fue derogada un año después. “Nos robaron la democracia en la primera aplicación de la iniciativa popular” acusan las asambleas, y reavivan la iniciativa con toda la fuerza que no se detiene y resiste bajo el lema “Nos deben una ley”.

El relanzamiento de la IP reafirma la voluntad de las comunidades porque se trata de “una ley basada en los principios ambientales preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de equidad intergeneracional, principios que deben garantizar el presente y el futuro, que deben impedir el colapso de la naturaleza, que deben modificar el sentido antropocéntrico de las actividades humanas y así poder ubicarnos en un equilibrio con todos los otros seres que habitan el planeta”. Es por esto que en el documento de la UACCh destacan las múltiples alternativas a la megaminería que tiene Chubut, como los cientos de proyectos productivos sostenibles que las comunidades conocen y por los que apuestan por ser verdaderamente amigables con su entorno.

Achatame la curva del saqueo

Mientras frente a la pandemia se pide al pueblo que tome los máximos recaudos al tiempo que se paralizaron la mayoría de las actividades en el país, Argentina dio rienda suelta a la deforestación, al fracking y a la minería a gran escala. Y Chubut no fue la excepción: las empresas aprovecharon el aislamiento para circular por las comunidades del interior, llevando kits disfrazados de Responsabilidad Social Empresaria, herramienta que intentaron utilizar para comprar voluntades en una provincia que tiene la actividad prohibida por la ley 5001. Pero se encontraron con una comunidad conciente que rechazó las prevendas y con las Asambleas de comunidades de Chubut que respondieron con el relanzamiento del Proyecto de Iniciativa Popular: “Luchamos por una ley que garantice el agua pura a todes les chubutenses; pero además, por expresar a les gobernantes y empresaries que la minería metalífera en Chubut no cuenta con licencia social”. Porque en Chubut el No es No: “Ni trasnacional ni nacional, ni privada ni estatal, no es no. No pasarán”.

Lo que aumenta son los cuidados comuntarios

“Vecinxs informan a vecinxs” es uno de los pilares de la lucha antiminera que hoy se amplía al vecinxs cuidan a vecinxs. La colecta de firmas de la IP se realiza bajo un estricto protocolo de cuidados comunitarios frente al covid 19 que pone en valor el compromiso y responsabilidad de las comunidades. Como destacan en UACCh “confiamos en nosotres, con la dignidad que nos caracteriza, con la fuerza de este pueblo y el convencimiento de que estamos en el camino de la vida”. Pero los cuidados comunitarios van más allá.

Silvina está en Esquel y forma parte de la Asamblea de vecinxs autoconvocadxs por el no a la mina desde los tiempos del plebiscito en 2003. Desde local del No a la mina en donde juntan firmas para la IP nos cuenta un proceso que se está dando en todos los pueblos de Chubut: “Cuando nos comunicábamos con contactos para ir a llevarles las planillas para llenar nos pasó en muchas oportunidades que nos decían quiero firmar mis planillas pero también quiero recolectar firmas, llevar planillas para mi familia, para mi trabajo, para mis vecinxs. Así que pensamos que vamos a superar ampliamente el porcentaje que tenemos que cubrir de firmas, que es el 3 por ciento del padrón electoral, 13.500 firmas. La emoción es gigante y sobrepasa todas las expectativas”.

Y es que en cada asamblea se renuevan los pedidos de planilla sin cesar, se suman locales e instituciones como puntos fijos y crecen las colas en las plazas, puertas de supermercados, ramblas, costa de río y veredas de vecinxs. Casi no quedan pueblos sin colecta de firmas. Estudiantes en otras provincias pero con domicilio en Chubut piden tener sus planillas. E incluso firmaron políticos, como el intendente de Trevelen y los concejos deliberantes de Epuyén y Puerto Pirámides más concejales de Esquel y Trelew.

El amor mueve montañas y el amor por el territorio todo lo demás. Esta primera semana de IP nevó en la mayoría de las localidades cabeceras de firmas, como en Epuyén, Lago Puelo, Paso de Indios, y a otras llegó el fresquito cordillerano. En todos los casos más temprano que tarde las asambleas siguieron con la colecta de firmas.

Nati está en Trelew comprometida ciento por ciento con la IP y su relato muestra la fuerza de un proyecto comunitario hecho por y para las comunidades: “Hoy fue un día tan bello, a pesar del frío les vecinos de Trelew se acercaron exclusivamente a firmar, nos regalaron alfajores, leche de almendras, nos ofrecieron sus casas para calentar agua, nos regalaron alcohol en gel, sus lapiceras (…) la diferencia con la experiencia de hace 6 años atrás es abismal. De la primera a la segunda IP, pasaron años de trabajo y conciencia y se nota tanto. Mañana seguimos juntando firmas, y cada día nos volvemos a casa mas fortalecides que el día anterior. Gracias pueblo”.

Gracias pueblo

Silvina agradece a su pueblo e insiste en recordar que en cada localidad encontrarán a sus promotores con planillas de la Iniciativa Popular que están disponibles en cada asamblea comunitaria o consultando la web de la IP www.leymineriachubut.com.ar

Como sea, la rueda de la decisión comunitaria está en marcha y nada podrá frenarla. No con semejante apoyo avalando la IP en: Lago Puelo, Cushamen, Esquel, Trevelin, Corcovado, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén, José de San Martín, Paso de Indios, Las Plumas, Paso del Sapo, Gualjaina, Los Altares, Cerro Cóndor, Chacay Oeste, Yala Laubat, Gan Gan, Ricardo Rojas, Facundo, Gaiman, Dolavon, Trelew, Rawson- Playa Unión, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Río Mayo, Puerto Pirámides y Puerto Madryn.

Gustavo vive en Comodoro Rivadavia y sus palabras resuenan en cada asamblea: “Cansadas de esperarlos para el debate, reprimidas por la policía, estigmatizadas por los medios de prensa y en cuarentena, las asambleas siguen fluyendo como el agua. Democracia no es solo ir a votar cada tantos años. Democracia es exigir como ciudadana/o ser parte de la decisión del modelo de desarrollo del territorio que habitamos”.

Porque nos deben una ley, porque se lo debemos al ambiente, a los valores que promueven los pueblos originarios, a nuestra salud y la de lxs que vendrán.

Hoy podemos decir SÍ a esta segunda Iniciativa Popular.

Chile

Sindicato 2 de Codelco Chuquicamata presentó recurso de protección contra Aeropuerto El Loa

La acción judicial fue interpuesta en la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Esta medida busca el cierre del recinto y el cese del trafico aéreo.
01/07/2020
(Cooperativa) El Sindicato 2 de Codelco Chuquicamata presentó un recurso de protección contra el Aeropuerto El Loa de Calama ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, instancia que busca que se decrete el cierre del terminal aéreo y el cese inmediato del tráfico aéreo mientras dure la emergencia.

Esta acción legal se basa en la vulneración de derechos fundamentales para las personas como el resguardo a la salud, la vida y la integridad fisica y psíquica, en una ciudad donde existe gran movilidad de trabajadores, especialmente del sector minero, y tiene 4.100 casos totales de Covid-19.

“La única forma que se pueda controlar el foco infeccioso y detenerlo es en cierta forma aislando a la ciudad”, explicó el abogado del sindicato, Rodrigo Arismendi, quien agregó que “no sacamos nada con ir detectando casos, poniendo personas en cuarentena si es que sigue el foco entrando y saliendo a través del aeropuerto”.

“Tenemos nuestros casos detectados, es decir, las personas serán debidamente reconocidas, dejadas en reposo y de ese modo ir controlando como lo han hecho en la experiencia los países europeos -por ejemplo- donde el tema ha ido menguando, pero congelando a la población”, agregó Arismendi.

Este recurso surge después de que Codelco decidiera, como medida frente a la emergencia, que sus trabajadores de las mineras del distrito norte (Chuquicamata, Gabriela Mistral, Radomiro Tomic y Ministro Hales), no utilizarían el aeropuerto de Calama, a partir del último cambio de turno a efectuarse el miércoles 1 de julio.
Alcalde pide aclarar alcances de la medida

El alcalde de Calama, Daniel Agusto, dijo que “las medidas que ha anunciado Codelco van en la línea correcta”, pero señaló que desde el municipio están “observantes” respecto a los “alcances” de la decisión de la cuprífera.

“Si ellos deciden no utilizar el Aeropuerto El Loa, ¿van a utilizar otro aeropuerto o van a generar el traslado de gente por tierra?”, preguntó el jefe comunal.

“Nos gustaría conocer a qué se refiere esta medida, porque lo importante aquí es reducir drásticamente la movilidad y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones: hemos solicitado el cierre del aeropuerto sí o sí por 14 días”, agregó el alcalde calameño.

Por su parte, el obispo de Calama, Óscar Blanco, apuntó directamente a la minería como los culpables de los contagios, porque en las personas en las poblaciones y campamentos están en sus casas. “En Calama, la provincia de El Loa, San Pedro, en nuestros pueblos del interior la gente se está muriendo a consecuencia del Covid, por el contagio, por la aglomeración de mucha gente”, dijo.
https://www.mch.cl/2020/07/01/sindicato-2-de-codelco-chuquicamata-presento-recurso-de-proteccion-contra-aeropuerto-el-loa/

Litio, Mexico

México descarta nacionalización de minas de litio

29/06/2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no es necesaria la nacionalización de minas de litio “porque de acuerdo con la Constitución, en el artículo 27, se establece el dominio de la nación de los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo. Por eso hay un mecanismo de entrega de contratos y de concesiones, en el caso de la explotación minera”, aclaró la semana pasada en su conferencia desde Morelia, Michoacán.

El mandatario subrayó que lo que habría que analizarse es bajo qué condiciones se otorgarían dichos contratos y concesiones para la explotación del litio.

“Vamos a pedirle más información a la secretaria de Economía que es la que atiende este caso, y también a Víctor Manuel Toledo (secretario del Medio Ambiente)”, comentó.

El cuestionamiento sobre la nacionalización de las minas de litio partió luego de las declaraciones de Victor Toledo, secretario de Semarnat.

Panorama de litio en México
Actualmente, la empresa de exploración y desarrollo Bacanora Lithium se ha centrado en su principal proyecto de litio, el Proyecto Sonora, posee diez áreas de concesión minera que cubren aproximadamente 100,000 hectáreas en el noreste del estado de Sonora en México.

El estudio de viabilidad de Sonora ha establecido reservas minerales comprobadas (de acuerdo con NI 43-101) de 1.67 Mt y reservas minerales probables de 2.85 Mt LCE y confirmó los aspectos económicos asociados con convertirse en un productor de 35,000 tpa de carbonato de litio y 30,000 tpa de SOP en México.

Sonora posee uno de los recursos de litio más grandes del mundo y se beneficia de ser de alto grado y escalable.

Bacanora Lithium busco financiación en Alemania para el Proyecto Sonora, además incorporo como socio a Ganfeng como parte de una inversión estratégica, con esas acciones la compañía coloca a México como país productor de litio.
Fuente: Financiero y Camiper

México descarta nacionalización de minas de litio

Brasil, Litio

Sigma Lithium obtiene USD45 millones para proyecto en Brasil

30/06/2020

La firma canadiense Sigma Lithium Resources obtuvo un financiamiento de USD45mn para su proyecto de litio Grota do Cirilo en el estado brasileño de Minas Gerais, en Brasil.

La minera ha asegurado el último tramo de los fondos necesarios para comenzar la construcción de su planta comercial de carbonato de spodumeno, que se espera comience a producir en 2022, dijo a Fastmarkets la directora de estrategia, Ana Cabral-Gardner, el viernes pasado.

Sigma Lithium firmó un acuerdo de financiamiento de USD45 millones liderada por el banco Societe Generale. El monto se suma a un pre-pago de USD27 millones firmado por Mitsui & Co. Los gastos de capital del proyecto se estimaron en un total de USD74 millones.

El Mecanismo de Financiación de Proyectos del Banco contempla un plazo de seis años (incluido un período de gracia de dos años para el monto del capital) y una tasa de endeudamiento de USD LIBOR más 5%, disminuyendo a LIBOR más 4.5% después de que el proyecto se complete.

Sigma espera estar listo para la construcción en el cuarto trimestre.
Fuente: Junior Mining

Sigma Lithium obtiene USD45 millones para proyecto en Brasil

Perú

EL VALOR DE LA ECONOMÍA Y LA VIDA EN LA PANDEMIA

Luis Gárate – Cooperaccion
30/06/2020
Imagen: RCR Perú
En estos tiempos de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID19, muchos hemos esperado que salga a relucir lo mejor del espíritu solidario y de empatía de las personas con los que más sufren. Pero también es tiempo de reacciones individualistas y utilitarias de algunos sectores.

Pareciera que los tiempos de pandemia han agudizado la pugna de visiones e intereses de algunos grupos de poder en el Perú, que ante la situación de crisis están presionando para que desde el Estado se proteja sus intereses en desmedro de los sectores sociales más vulnerables, como es el caso de los trabajadores.

En ese sentido, ya hemos señalado días atrás que la presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, se había pronunciado para presionar en el sentido que actividades como la minería siguieran funcionando durante la cuarentena. Así también ha disparado sus críticas al Congreso y al gobierno por algunos proyectos que, de alguna manera, cuestionan las fortunas e intereses de los grandes empresarios. Luego salió con la crítica a los protocolos sanitarios porque serían tan exigentes como “en países europeos”.

Hace poco, la Sra. León ha vuelto a poner los puntos de vista de sus agremiados sobre el tapete, al decir claramente que se deben reanudar las actividades de todos los sectores que puedan llevar adelante sus labores. Asimismo dijo que: “(están) invocando a la población a que contribuya cuidándose a sí misma porque esta pandemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, solamente tiene 3 o 4 elementos con los que podemos cuidarnos de poder contagiarnos que son el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado permanente de manos y la desinfección de los puestos de trabajo”.

En esa misma línea criticó duramente al Congreso, en una entrevista en una emisora local dijo: “(Hemos pedido) también enfrentar con energía los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República y que, lamentablemente, con quizá muy buena voluntad, se viene presentando un panorama de perforar la estabilidad jurídica y económica de nuestro país. En estos momentos de crisis no son para nada oportunos”.

Estos comentarios se acercan a otros que han vertido periodistas como Jaime de Althaus o Rosa María Palacios que hacen una cerrada defensa del modelo económico vigente y de la ideología que lo sustenta. Por ejemplo Rosa María Palacios llegó a afirmar que sin el afán de lucro la humanidad no había podido llegar hasta donde estamos, esto en respuesta a aquellos que han criticado la especulación de los precios de medicamentos, oxígeno o de la atención en las clínicas privadas en medio de la emergencia sanitaria.

Nos queda claro que en esta crisis se está abriendo una disputa de narrativas y salidas entre los grandes sectores empresariales por un lado, y diferentes sectores de la sociedad que buscan otra manera de abordar la crisis y sus posibles salidas. Unos buscan regresar a la “normalidad” como la conocimos, y otros estamos en la orilla de pensar que esta crisis nos puede servir para ajustar la visión de la economía y la sociedad, que han puesto el acento sólo en el crecimiento económico, en desmedro del medio ambiente y los derechos de los trabajadores y los ciudadanos.