Chile

Más trabajadores están cayendo enfermos en Codelco

29/06/2020

En Codelco, la cifra de casos de Covid-19 sigue creciendo. El último recuento muestra por qué el mayor productor de cobre del mundo está intensificando las medidas para contener la propagación.

De la fuerza laboral total de 71 000 de la empresa estatal, 1 951 personas han sido diagnosticadas con la enfermedad, según los datos recopilados por el sindicato de la Federación de Trabajadores del Cobre. Codelco, con sede en Santiago, declinó hacer comentarios sobre esas cifras.

La mina El Teniente en el centro de Chile ha sido la más afectada con 664 casos hasta el jueves pasado, seguida por Chuquicamata en el norte con 473, según muestran los datos de la Federación. Sobre la base de esos números, la tasa de infección en toda la empresa ha aumentado al 2,7%. El ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica, dijo el jueves que la tasa de toda la industria en Chile era de alrededor del 1%.

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Codelco pasó a un horario de turnos de 14 días y 14 días libres en El Teniente, su mina más grande y rentable. En Chuquicamata, está deteniendo toda la fundición y reduciendo drásticamente el refinado en un plan que significará 400 trabajadores menos.

La compañía está involucrada en un acto de equilibrio para tratar de mantener a los trabajadores a salvo de una enfermedad que está surgiendo en Chile y al mismo tiempo continúa produciendo el cobre necesario para financiar el gasto estatal a medida que la economía se deteriora.
Fuente: Bloomberg

Más trabajadores están cayendo enfermos en Codelco

Chile

Regulador ambiental de Chile formula cargos contra Codelco por relaves

26/06/2020
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de Chile formuló cargos contra la cuprífera estatal Codelco por incumplimientos e infracciones a la norma sobre manejo de relaves por parte de su División Andina, ubicada en una región montañosa cerca de la capital Santiago.

El regulador ambiental detalló que recibió diversas denuncias de parte de la ciudadanía por contaminación de aguas de esteros y ríos donde la empresa descarga residuos y, principalmente, por un derrame de relaves originado en un temporal en abril de 2016.

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Tras un análisis, la SMA determinó formular 11 cargos, de los cuales cuatro son graves, lo que podría implicar multas por unos 15 millones de dólares. Los otros son leves y contemplan sanciones menores o amonestaciones.

Los cargos graves están relacionados con un deficiente sistema de control de derrames de relaves ocasionados a lo largo del ducto emplazado desde sus instalaciones en la cordillera de Los Andes hasta el tranque de relaves de la minera en Til Til.

Tras la notificación, Codelco tiene 10 días para presentar un plan de cumplimiento al regulador o 15 días para hacer sus descargos, según el comunicado del SMA.
Fuente: La Tercera

Regulador ambiental de Chile formula cargos contra Codelco por relaves

Perú

INVESTIGACIÓN DE COOPERACCIÓN RECIBIÓ PREMIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA PUCP

17/06/2020
El jurado del concurso “Sociedad y Derecho”, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en su cuarta edición 2020, reconoció la investigación “La Gobernanza de la Minería en Pequeña Escala en el Perú” como ganadora de la categoría libros. Leonidas Wiener Ramos, especialista legal de nuestra institución, es el autor de esta investigación que se publicó el año pasado.

Este libro pone especial atención en la pequeña minería y la minería artesanal, y a partir de este análisis se discuten temas de importancia en el Perú como son la interacción entre actividades formales y prácticas informales, las idas y venidas de los procesos legislativos, la descoordinación de la acción estatal, el peso que tienen en ellas los actores individuales, la incapacidad del estado para hacer cumplir la ley, los conflictos subyacentes que en apariencia son ambientales, los perfiles de liderazgos locales y las dinámicas ineficaces de gobiernos regionales.

La publicación se encuentra en la web de CooperAcción para la libre lectura de las y los interesados.

Lea el libro aquí: http://cooperaccion.org.pe/wp-content/uploads/2019/06/La-Gobernanza-de-la-Miner%C3%ADa.pdf

Bolivia

Especialistas advierten sobre una contaminación «descontrolada» de aire y fuentes de agua

28/06/2020
Los índices en La Paz, Cochabamba y El Alto «triplican» los límites permitidos por la OMS.
Fuente: paginasiete.bo
El pasado lunes 23 de junio, la plataforma Bolivia Debate organizó un panel sobre Calidad ambiental y salud, que tuvo como ponentes a Freddy Koch, Ana María Romero y Carola Ortuño. Entre las conclusiones a las que llegaron se encuentra el que varias regiones presentan altos niveles de contaminación, pero que las autoridades no realizan ningún monitoreo o estudio periódico al respecto.

Los índices de contaminación del aire en La Paz, Cochabamba y El Alto triplican los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS); mientras en el campo y en la ciudad la población se expone serios niveles de contaminación fecal en aguas, así como consumo de agua con metales pesados e incluso con plaguicidas, destacaron los expertos, a través de un comunicado.

Actualmente el Estado no realiza monitoreos nacionales sobre calidad del aire ni del agua, así como de los residuos sólidos, que permitan visibilizar sus impactos en la salud pública, lamentaron, antes de señalar que solo la contaminación del aire estaría asociada a infecciones respiratorias agudas, problemas cardiovasculares e incluso desarrollo de cáncer de pulmón.

Según los datos presentados durante la charla, hasta el año 2018 el país tenía más de 1,8 millones de autos, lo que supone una cifra cuatro veces mayor a la registrada en 2003.

A su vez, el uso de transporte público difiere sustancialmente de acuerdo a la región. Mientras el 71% de los habitantes de La Paz se moviliza en transporte público, en Cochabamba el número de usuarios no supera el 50% y en Santa Cruz no pasa de 36%.

Por esta y otras razones, los ponentes resaltaron la necesidad de continuar con los Informes Nacionales de Calidad del Aire, cuya última versión data de 2017,

Llevamos tres años sin tener esta información, que es tan relevante para hacer política pública, recalcó Freddy Koch, asesor regional del programa Clima y Aire Limpio para América Latina (CALAC+).

Contaminación y residuos peligrosos

Según Ana María Romero, especialista en recursos hídricos e investigadora de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), los datos que tienen sobre actividad minera en los ríos del norte de Potosí revela la presencia de elevados niveles de arsénico, cadmio, cobre, plomo, níquel, que superan los valores de la Norma Bolivia 512 para calidad de agua destinada a consumo humano. Los estudios de Romero han llegado a encontrar presencia de cadmio en la orina y la sangre de pobladores de Quila Quila, provincia Bustillo de Potosí.

Así como la minería, otra problemática son los plaguicidas que se ha encontrado en aguas y en productos agrícolas regados con esta agua, de hecho Romero advirtió sobre incrementos de nitratos en aguas subterráneas, lo que significa excesivo uso de fertilizantes o de residuos de explotaciones agroganaderas.

Fuente: paginasiete.bo

Chile

Caimanes: Veinte años de Resistencia ante un Impuesto Sacrificio

En medio de la crisis sanitaria por la Covid-19, a principios de junio la comunidad de Caimanes ha levantado un recurso de protección por la contaminación del aire que respiran 1.500 habitantes que viven aguas abajo de uno de los tranques de relaves más grande de Sudamérica y desde donde ven cómo emerge un polvo amarillento que se asienta sobre el pueblo. Durante estos 20 años han debido enfrentar el costo del “desarrollo” y el estrés, ante el inminente colapso de El Mauro, fue cuántificado en un estudio. Álvaro Badillo, presidente del Comité de Defensa Caimanes, relata que el 6 y 7 de mayo fueron días críticos, el pueblo se nubló con polvo de relave: roca molida, cristales de cuarzo, arsénico, plomo, mercurio y molibdeno entre otros minerales en suspensión.

Por Loreto Contreras y María José Herrera

El Mauro era un territorio de gran riqueza natural, un bosque relicto de canelos, fuentes de agua, más de 140 sitios arqueológicos y todo un territorio lleno de memoria histórica que fue cubierto por este tranque de relaves homónimo que constituye el foco de disputa principal con la comunidad de Caimanes, ubicada a 48 kilómetros al interior de la comuna de Los Vilos, provincia del Choapa, región de Coquimbo.

En octubre del 2014 el Tribunal de Los Vilos decretó que el tranque de relaves El Mauro de la Minera Los Pelambres (MLP) correspondía a una obra ruinosa, que atentaba contra los derechos fundamentales de la vida y patrimonio de la comunidad de Caimanes. Luego, en marzo del 2015 la Corte Suprema dictaminó a Antofagasta Minerals del Grupo Luksic, la demolición del muro de contención del tranque de relaves, a fin de permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libres de contaminación de desechos provenientes del tranque minero, ya que esta fuente de agua se encuentra apresada por más de 1.700 millones de toneladas de relaves.

Ante este fallo histórico la comunidad sentía que había ganado y que se había hecho justicia. Sin embargo, de forma sorpresiva el fallo fue revocado y la minera continuó con el funcionamiento del tranque de relaves hasta el día de hoy. Este suceso estuvo marcado de múltiples negociaciones y traiciones, en las que se vieron involucrados los abogados que entonces defendían a Caimanes1.

Durante estas décadas de lucha han realizado denuncias por contaminación del agua de consumo como consecuencia del funcionamiento del tranque. Si bien han existido informes desde la misma minera indicando que el agua que consume la población de Caimanes no se encuentra contaminada, existen otros estudios que evidencian lo contrario2. No obstante, es un hecho que la mayoría de la población actualmente compra agua envasada, aunque continúan existiendo algunos hogares que consumen agua de la llave, tanto por desconocimiento como también por el incremento del gasto económico que implica la compra de agua embotellada.


También existen estudios que establecen que el tranque de relaves corre peligro de colapsar ante un sismo superior a 7.5 grados Richter. Asimismo, su construcción y funcionamiento produjo graves consecuencias ambientales, también patrimoniales por la destrucción de los sitios arqueológicos; considerando que esta zona presenta las mayores reservas de agua para la región de Coquimbo.

El agua utilizada para todas las actividades de los pueblos tranque abajo, como es el caso de Caimanes, Tilama, entre otros, provenía de las napas subterráneas que nacen del estero del Pupío, fuente directamente perjudicada por la instalación del tranque que quedaron sepultadas3.

Ahora nuevamente la comunidad vuelve a denunciar los perjuicios que viven cotidianamente debido a la gran minería, no sólo el agua es contaminada sino que también el aire. Esta actividad extractiva los ha forzado a reconfigurar su economía tradicional que antes estaba sustentada en la agricultura a baja escala, actividades pirquineras, crianza de cabras y de otros animales, como también el comercio de distintos productos, ya que Caimanes es el nodo de distintas comunidades vecinas con menor cantidad de habitantes y servicios, como El Naranjo, El Romero y el ex-fundo El Mauro.

Cuerpos que hablan

En pleno conflicto entre Caimanes y MLP, durante el 2013, 2014 y luego, el 2016, se realizó el estudio Las Cinco Grandes Dimensiones de la Personalidad y Estrés Fisiológico Crónico en una Población Rural Chilena con Escasez y Contaminación del Agua, que buscó medir el estrés fisiológico crónico de las personas de Caimanes, como localidad foco, además de incorporar a personas de localidades como Tilama, Huentelauquén y Santiago a modo de comparación.

María José Herrera, antropóloga física, magíster en ciencias biológicas y autora del estudio, menciona que “Es preciso apuntar que el estrés fisiológico no es posible asociarlo directamente a un agente estresor, es decir, una persona que arroja altos valores de la hormona cortisol, marcador de estrés fisiológico, podría padecer dicho estrés debido a un suceso traumático o a muchos factores que están actuando a la vez”.

Sin embargo, a modo de complemento, este estudio exploratorio incluyó los relatos de habitantes de Caimanes obtenidos a través de entrevistas en profundidad. Así, la mayoría de los habitantes recalcaron que era una preocupación constante el tranque de relaves, ya que el colapso de éste derramaría el contenido sobre el pueblo, teniendo sólo unos minutos para escapar.

La disponibilidad del agua, tanto la escasez como una posible contaminación, es otro motivo de preocupación para la mayoría de las personas entrevistadas y, especialmente, para quienes poseen animales. Tras años de visitar la comunidad, la investigadora considera que es evidente lo insostenible que es tener animales y, por tanto, la crianza de cabras y la producción de queso en muchas localidades está quedando, forzosamente, como una actividad del pasado.

Cabe agregar que una de las consecuencias sociales más graves constatadas en las entrevistas es la desarticulación interna de la comunidad, debido a las negociaciones que ha promovido la MLP con Caimanes. Esto ha producido una separación entre los caimaninos/as, rompiendo con una organización comunitaria y con las confianzas entre las personas. De esta manera, en las diversas entrevistas realizadas, una de las declaraciones transversales fue la desazón expresada por los y las participantes al experimentar que con la llegada de la minera se produjo un quiebre en las relaciones sociales entre vecinos/as e, incluso, entre familiares.

En cuanto a los resultados sobre el estrés fisiológico crónico, se obtuvieron resultados significativos: la población de Caimanes y la de Tilama, ubicada a unos pocos kilómetros al sur de Caimanes, arrojaron altos valores para la hormona de cortisol en comparación a Huentelauquén y Santiago.

Se realizaron dos pruebas de análisis de cortisol para constatar estos resultados que fueron presentados en la IV Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica (SOCHIAB) en octubre de 2017.

El primer análisis se hizo el 2014, obteniendo resultados similares para Caimanes y Tilama (N= 88), por lo que se agruparon para compararlos con la muestra santiaguina (N= 19). La concentración de cortisol que se obtuvo para la muestra de Caimanes-Tilama fue de 372,11 ng/g., mientras que para la muestra control de Santiago el nivel de cortisol fue de 67,57 ng/g.


Figura 1. Diagrama de caja y bigotes que exhibe los niveles
de cortisol en relación al lugar y al sexo de los participantes.

Al observar los altos valores de cortisol obtenidos en el primer análisis se realizó una segunda prueba durante el año 2016. Esta vez se comparó el grupo de Caimanes-Tilama (N= 79) con participantes de la localidad de Huentelauquén (N= 40), dado que presentan características sociodemográficas similares, es decir, ambas localidades corresponden a zonas rurales, presentan un nivel educacional similar, al igual que el ingreso mensual por familia, las actividades económicas, entre otras.

Igualmente, en esta segunda prueba se obtuvo para Caimanes un alto valor promedio de la hormona de cortisol (198,24 ng/g), mientras que para Huentelauquén se obtuvo un valor de cortisol de 56,48 ng/g.


Figura 2. Diagrama de caja y bigotes. Valores de cortisol de Caimanes
y Huentelauquén separados por el sexo de los participantes.

Como enfatizó la investigadora anteriormente, no es posible asociar estos valores que indican un alto estrés fisiológico padecido por los habitantes de Caimanes con un agente estresor en particular. Pero es llamativa la gran diferencia presentada con Santiago y Huentelauquén; indudablemente, el estrés fisiológico crónico es alto en Caimanes. Por lo que es posible decir, a modo de hipótesis4, que este alto estrés puede tener relación con factores asociados a las condiciones sociales y psicológicas de los participantes. Si se consideran los relatos de los participantes, sin duda existe un antes y un después en sus vidas sociales, personales y en el medioambiente desde la llegada de la MLP.

Contaminación eventualmente permanente

A la fecha la comunidad de Caimanes ha sostenido reuniones con representantes de la MLP, con el gobernador de la provincia del Choapa, Juan Pablo Gálvez Lillo, con Višnja Musić, jefa regional de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en Coquimbo, la seremi de Medio Ambiente de la región, Claudia Rivera, y el alcalde de la comuna de los Vilos, Manuel Marcarián. En las dos primeras reuniones la minera expuso, en presencia de Gálvez, varios planes para poder mitigar el polvo y comprometerse con dejar subir e inspeccionar a vecinos y comisiones, mas la comunidad declara que no poseen la expertiz para aquello.

Al respecto Álvaro Badillo, presidente del Comité de Defensa Caimanes, menciona que incluso la MLP ha estado regando con helicópteros para combatir incendios. “Es tan grave el asunto, como digo yo, es antinatural dentro de lo poco natural que puede ser la construcción de un tranque de relaves, pero es una medida desesperada para poder humectar la superficie y que no se levante polvo”.

Badillo indica que “Como se les escapó de las manos el tema del polvo, a la tercera reunión a la que vino personal de SMA y del seremi de Medioambiente, junto al gobernador provincial y el alcalde, no llegaron representantes de la minera. Y lo que se concluyó, lo que el personal de gobierno entendió, es que evidente la contaminación. Ese día visitaron el tranque para ver cuáles eran las condiciones”.

Quedó bastante trabajo por hacer por parte de las autoridades porque hay pocas herramientas para fiscalizar, indica el dirigente. “Los lectores de calidad del aire que hay no están siendo eficientes, no sé si marcan mal o simplemente no marcan nada. Dijeron que los tienen que revisar y si es necesario cambiarlos o mejorarlos, pero evidentemente, a la vista, hay una tremenda nube de polvo y los monitores de calidad del aire no se condicen con lo que vivimos, algo está mal”.

La Superintendencia ofreció crear una especie de comisión con cinco vecinos/as de distintas organizaciones para que puedan informar en línea cualquier situación anómala. Además les dijeron que tienen que investigar, repasar la ley que rige a la SMA donde existe la posibilidad de detener, ante eventualidades, la actividad del tranque hasta que no haya una solución, pero solo de forma provisoria.

También existe otra posibilidad. “Debido a esta ‘e-ven-tua-li-dad’, porque para ellos eso es, pese a que esto ya hace muchos años que nos está pasando, ver la factibilidad de modificar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), eso es un trámite más largo que investigar si ahora ha habido o no contaminación ambiental, pero no es imposible” agrega Badillo.

La comunidad de Caimanes está preocupada y piensan si será posible que el gobierno, a través de estas instituciones, haga algo o simplemente quede en el olvido. Lo que sí saben es que efectivamente hubo contaminación, hubo polvo. Cuánto les afecto, les contaminó y hasta dónde, son preguntas que no se conocen, por lo menos no de manera cuantitativa.

A fines de mayo el Comité de Defensa Caimanes interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago para conseguir la paralización y resguardar la salud de las personas, recurso al que el diputado comunista Daniel Núñez se hizo parte como acompañante. Pero la Corte capitalina se consideró incompetente porque el problema corresponde a la IV Región, entonces remitió este recurso a la Corte de La Serena. Que no lo hayan hecho inicialmente ahí corresponde a que no confían en dicha institución porque consideran que históricamente ha tomado parte en favor de la minera.

La primera semana de junio la Corte de La Serena declaró inadmisible el recurso de protección porque iba a nombre del Comité y no con los nombres individualizados de los representados por Esteban Vilches, por lo que el abogado tuvo que volver a ingresar el recurso. También se hizo una denuncia en la SMA que ya está al tanto de lo que ocurre en Caimanes.

En varios capítulos de la historia del conflicto socioambiental entre Caimanes y la MLP, ésta última prometió diversos puntos, como mitigar el polvo que emerge del tranque de relaves El Mauro. La comunidad espera que existan contra muestras de la calidad del aire para que se comparen con los valores que entrega la minera, quien arguye que se encuentran dentro de la norma, igual como ocurrió en el pasado con la medición de la calidad del agua.

Sin embargo, caimaninos y caimaninas ya no confían –igual que todo un país-. Se preguntan cómo confiar en mediciones que entrega la misma empresa para cumplir sus objetivos, cómo confiar en autoridades gubernamentales que en esta historia de veinte años de conflicto han sido meros observadores externos.

Cómo confiar en un Estado que los sacrifica y que los reprime con contingente policial, como ocurrió en la toma del camino hacia El Mauro durante el verano del año 2015. Por supuesto, se han violado los derechos humanos de estas personas, pero ya hemos sido testigos que el Estado chileno en democracia lo ha hecho constantemente y, ya sin tapujos, desde octubre del año pasado.


Hoy en día Caimanes debe luchar con todo esto y se suma a ello la amenaza de un virus letal. Si la COVID-19 llega a Caimanes, localidad sin acceso a una salud de calidad y con una vida menoscabada por el extractivismo, es posible que se escriba otro capítulo en esta historia caimanina de victorias y derrotas, lamentablemente, sería el episodio más trágico.

El caso de Caimanes no es único en Chile; los grupos humanos que habitan aquellos territorios que fueron condenados al sacrificio, por la alianza entre el Estado y el gran empresariado, son habitantes que ven perjudicadas sus vidas multidimencionalmente.

La contaminación del medioambiente, por supuesto, genera un perjuicio en la salud de quienes respiran ese aire tóxico o consumen el agua que proviene de fuentes contaminadas por metales pesados. Por tanto, la actividad extractivista motor de la economía de un estado-nación como Chile, no sólo sacrifica un lugar, sino también a las personas que lo habitan y su cultura, es una pandemia a la que grandes poderes hacen vista gorda o derechamente silencian.

Más allá de las enfermedades fisiológicas y psico-sociales que provoca esto, son sacrificados sus modos de vida, sus tradiciones y las relaciones interpersonales. Se ven obligados a cambiar su cotidianeidad para justificar el llamado progreso de un país. Es conocido cómo los megaproyectos generan estos quiebres sociales, cuyas tácticas son desplegadas por equipos de profesionales que conocen a fondo cómo funciona un grupo humano.

La pandemia extractivista se intensifica incluso en tiempos de COVID-19

El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) publicó un informe sobre ingreso abusivo de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en tiempos de pandemia. Pese a que las recomendaciones son el distanciamiento social y existen cuarentenas selectivas, los extractivismos no cesan sino que, muy por el contrario, se busca su intensificación aprovechando el receso forzoso de las movilizaciones sociales, pese a la evidencia de cómo éstas afectan a los territorios y sus habitantes permanentemente y la gravedad que agregaría la COVID-19.

Algunas conclusiones del informe son que “No hay explicación económica en el marco de la pandemia, que justifique el ingreso de más del doble de la cantidad de proyectos, y menos que se haya elevado más de 5 veces la cantidad de inversión” y que “ Todas las señales de carácter económico inducirían a pensar lo contrario”. Asimismo que “Más allá de que tenemos una institucionalidad ambiental débil y pro-inversión, los empresarios y corporaciones titulares de proyectos, en alianza con las más altas autoridades gubernamentales pretenden aprovechar la coyuntura para terminar despojando al SEIA su cualidad de mecanismo de prevención de los impactos ambientales”.

Además reconoce que el reciente “Acuerdo Covid”, pactado por Chile Vamos, el PS, la DC y el PPD, “viene a profundizar esto, con la reducción de ‘los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos’, otorgando “certeza jurídica” o con el “silencio positivo” solo aumentan la fragilidad del sistema.

Desde el Observatorio son categóricos al señalar que “El gobierno en conjunto con los empresarios y la clase política, se aprovechan de la pandemia para flexibilizar la normativa ambiental con el argumento de reactivar la economía para enfrentar la crisis, todo esto sin tocar el bolsillo de los empresarios y poniendo en riesgo el bienestar social y ambiental de los territorios, que ya son afectados por la crisis sanitaria, social y económica actual”.

Además a nivel planetario, donde Chile no es la excepción, la minería sigue con sus faenas 24/7 pese al riesgo que implica para las y los trabajadores fijos y flotantes, así como para poblaciones locales.

Ante ésto Earthworks (USA), Institute for Policy Studies – Global Economy Program (USA), London Mining Network (UK), MiningWatch Canada, Terra Justa, War on Want (UK) y Yes to Life No to Mining lanzaron a principios de junio el informe ‘Voces desde el territorio: Cómo la industria minera mundial se está beneficiando con la pandemia de COVID-19’.

El informe motivado por “la fuerza que están mostrando las comunidades afectadas por la minería y los pueblos indígenas, en circunstancias cada vez más difíciles”, y teniendo en consideración la importancia vital de que las voces territoriales sean escuchadas, identifica cuatro patrones de aprovechamiento.

En él señalan que las compañías mineras han decidido ignorar las amenazas reales de la pandemia y continúan operando, y paralelamente los gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas extraordinarias para silenciar las protestas legítimas y promover el sector minero. Asimismo las compañías están usando la pandemia como una oportunidad para lavar sus historiales y presentarse como salvadores con espíritu ciudadano, además del aprovechamiento de las empresas en alianza con los gobiernos para utilizar la crisis y conseguir un cambio de normas que favorezca a la actividad minera, a expensas de los pueblos y el planeta.

Notas:

1 Para profundizar en este conflicto, se sugiere ver Chile se moviliza: Caimanes- https://bit.ly/3dMukJ5 documental realizado por el CNTV y el canal La Red.

También revisar el Acuerdo Caimanes de la MLP de Antofagasta Minerals – https://bit.ly/2YbnTZA

2 Tchernitchin y Muñoz 2012. Fuente: Informe Pericial Medioambiental realizado por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile (21 de Agosto 2012). En este informe se concluye que existen niveles de metales que superan lo permitido por la norma de Agua Potable en aguas utilizadas para el riego y para el consumo diario. https://bit.ly/30oSdTg

3 OLCA. Informe Nº 2: Cronología del conflicto – https://bit.ly/2YfwhHx

4 Se descartaron otros factores de origen biológico que pudieran alterar los valores de la hormona cortisol, como enfermedades, ya que estas variables fueron controladas, excluyendo a las personas que pudieran tener alguna condición de salud que provocara la variación de esta hormona. Por lo tanto, las altas concentraciones de la hormona cortisol en Caimanes sugieren que los individuos que participaron del estudio se encuentran expuestos a condiciones de vida con mayor estrés que las otras poblaciones estudiadas.

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108001

Ecuador

Yaku Pérez, el abogado del monte que defiende el agua

Este indígena gobierna hoy Azuay, un territorio en Ecuador codiciado por las mineras. Él lleva 20 años luchando por preservar el medio ambiente y ahora ayuda a los más vulnerables contra la covid-19

Yaku Pérez acompaña a las comunidades a verificar que la empresa canadiense INV Metals Inc. no haya retomado sus actividades en el páramo de Quimsacocho.
Yaku Pérez acompaña a las comunidades a verificar que la empresa canadiense INV Metals Inc. no haya retomado sus actividades en el páramo de Quimsacocho. Soraya Constante
Soraya Constante
Quito 27 JUN 2020 – 00:13 CEST

Yaku Pérez Guartambel no es el primer indígena que ostenta un cargo de elección popular en Ecuador. Pachakutik, su partido, ha puesto prefectos y alcaldes en casi todas las provincias donde predomina el electorado indígena. Pero sí es el primero que gobierna un territorio con el 90% de población mestiza y el 5%, blanca, según el antropólogo Fernando García, experto en etnicidad. La cruzada por el agua en Azuay, que inició hace 20 años, le ha dado popularidad, sobre todo, entre los más jóvenes. Pero también aquello de andar en bicicleta, tocar el saxofón, no usar traje, y ya siendo prefecto, bajarse el sueldo a la mitad —su remuneración ahora es de 2.209 dólares al mes— y ahora mismo liderar un sistema de trueque entre comunidades agrícolas para paliar los efectos de la pandemia. Su último intercambio fue con Chimborazo, provincia del centro del país, con gran población indígena. “Llevamos dos camiones con plátanos, arroz, manzanas, sal, azúcar, mascarillas… Y ellos nos dieron papas, habas, machica y maíz. Más de 2.000 familias se beneficiaron del trueque”, cuenta el prefecto.

La prensa internacional se acercó a Yaku cuando cumplió sus primeros 100 días. “Estoy a sus plantas”, fue la primera frase que pronunció el prefecto que siempre lleva en su cuello la chakana (cruz andina) y una wiphala (la bandera de los pueblos andinos). Su charla se enfocó en la “Azuay Ecológica” que quiere fundar, su lucha antiminera y la defensa del agua. El lema “somos agua” aparece por todo lados. También habló de la reivindicación de las identidades originarias, de hecho regaló a todos un ejemplar de su libro La Resistencia.

Yaku renegó hace tres años del nombre mestizo que le pusieron sus padres, Carlos. “Había santos y reyes con ese nombre y yo no era ninguna de las dos cosas. Entonces me pregunté con qué me conectaba. Con el agua, me dije. Y ¿cuál es la traducción del agua en quechua? Yaku. Y me quedé con ese nombre”, explica. De segundo nombre escogió Sacha, que significa monte o cerro, para reivindicar aún más su origen. “Yo fui el primer abogado en mi comunidad y me decían el sacha abogado, o sea, el abogado del monte”. Para añadir más simbolismo a su historia de vida cuenta que los grandes revolucionarios andinos también cambiaron sus nombres. “Trato de seguir, guardando las distancias, los pasos de Cusi Yupanqui, que luego se transformó en Pachacútec, y de José Gabriel Condorcanqui, que tomó el nombre de Túpac Amaru”, dice. El primero fue el inca que consolidó la expansión del Tahuantinsuyo en el siglo XV y el otro protagonizó una revuelta anticolonial en el XVIII.
El prefecto Yaku Pérez ha encabezado varias actividades de trueque de productos básicos entre provincias durante la pandemia.
El prefecto Yaku Pérez ha encabezado varias actividades de trueque de productos básicos entre provincias durante la pandemia. Prefectura del Azuay

El prefecto que defiende el agua cumplió su primer año de funciones este mayo. Un sondeo hecho por un periódico local señala que cuatro de cada 10 azuayos desaprueban su gestión y las razones que exponen es la falta de obras. Él, sin embargo, dice no gobernar con indicadores y se muestra satisfecho con los logros como la eliminación progresiva de los plásticos de un solo uso, que evitará que las quebradas y ríos se conviertan en basureros, la creación de los presupuestos participativos para que las asambleas en parroquias y cantones escojan las obras que se ejecutarán, y la reducción de los sueldos que se extendió a los directores y coordinadores de su equipo. Esto le permitió ahorrar dos millones de dólares que se han usado para apoyar a las personas más vulnerables y para comprar insumos médicos para luchar contra la pandemia.

También ha intentado promover una consulta popular para suspender la actividad minera en toda la provincia. A cambio busca impulsar el turismo y la vuelta al agro. Su mayor baza fue el triunfo que consiguió antes de entrar en política, en un referéndum en Girón, un pequeño cantón de su provincia. Sus 15.000 habitantes se pronunciaron sobre la actividad de la minera canadiense INV Metals en el páramo de Quimsacocha. El resultado: ocho de cada diez rechazaron la actividad extractiva y se frenó la concesión que tenía la canadiense Iamgold para extraer minerales en lo alto de las montañas. Según las estimaciones de la minera, los yacimientos del lugar podrían contener 62 toneladas de oro, 377 toneladas de plata y 40.000 toneladas de cobre, que significarían un ingreso para el Estado de 554 millones de dólares.

Pero el prefecto-activista ha perdido el pulso con el Estado en dos ocasiones. La Corte Constitucional negó su pedido de consulta popular en febrero pasado y la pandemia frenó todas las acciones de reclamo. Consultado sobre esto, Yaku asegura que seguirá empujando el referéndum para proteger las fuentes de agua. “Las veces que sean necesarias hay que volver a presentar en la Corte, va a primar la legitimidad. Hemos hecho estudios e informes para pedir al Ministerio del Ambiente, al Viceministerio de Minas y a la Defensoría del Pueblo que actúen ante focos de concesión minera. Están haciendo actividades ilegales, rebasan el área concesionada y los parámetros ambientales, tienen permisos de exploración, pero ya están haciendo explotación”, detalla.

El prefecto se mueve en bicicleta, toca el saxofón, no usa traje, y ya en el cargo, se bajó el sueldo a la mitad, su remuneración ahora es de 2.209 dólares mensuales

El abogado del cerro aprendió el valor del agua siendo apenas un niño. En 1974 acompañó a sus padres a traer el agua desde los páramos mediante un sistema de tuberías. “Cada fin de semana me fui a las mingas [trabajos comunitarios], cavando, colocando la tubería. Al año llegó el día más feliz de mi vida, abrir las llaves y ver el agua. Desde entonces, valoro mucho el agua”. Su primera acción de defensa del líquido vital fue en los años noventa, cuando el levantamiento indígena estaba en auge. “La empresa norteamericana Newmont quería meterse en la cabecera de los ríos en Jima y nosotros, con poco conocimiento, pero con mucha rebeldía, nos fuimos allí. Nos quedamos ocho días y logramos sacar a la minera. Esa fue nuestra primera victoria. Yo tenía unos 20 y pocos años”, recuerda.

Yaku fue detenido cinco veces durante el gobierno de Rafael Correa. La piedra de choque fue la Ley de Minería aprobada en 2009 y orientada a consolidar el modelo primario-exportador que ha seguido el Ecuador en el pasado, según el análisis publicado por William Sacher y Alberto Acosta, La minería a gran escala. La primera detención fue a inicios de 2009, poco antes de la aprobación de la ley, cuando como abogado acompañaba a un grupo de campesinos que se había declarado en huelga de hambre para rechazar la exploración minera. No fue una detención cualquiera, intervinieron fuerzas de élite de la Policía y hubo violencia. En esa ocasión estuvo privado de libertad pocas horas, pero las siguientes veces ya fue juzgado por sabotaje y terrorismo. En 2013 fue sentenciado a un año de cárcel, pero un juez le rebajó la pena a ocho días porque consideró que la lucha por el agua es altruista. “Lo lindo en la cárcel fue que siempre estuve con mis compañeros y las comunidades formaban campamentos alrededor de la cárcel”, cuenta. Sin embargo, en aquella época su mujer había muerto tras batallar contra el cáncer y eso minó su moral. “Fue muy duro estar encerrado porque ya había perdido a mi compañera y no podía ver a mis dos hijas que eran menores, una adolescente y la otra de ocho añitos”.

Con el sucesor de Correa, Lenín Moreno, el prefecto indígena es distante. En las manifestaciones de octubre de 2019, cuando toda la región se levantó, se colocó al lado de los suyos. Aunque después de eso se dio la mano con un funcionario de Moreno, para permitir que las brigadas sociales del gobierno lleguen a su provincia. Pero la tensión podría subir en los próximos meses porque el viceministro de Minas anunció que prepara un nuevo reglamento para consultar a las comunidades colindantes a los proyectos mineros. Para que no haya “abusos ni vivezas” que bloqueen los planes extractivistas del Gobierno. Pero eso será después. De momento la pandemia es la preocupación nacional y el prefecto que anda en bicicleta, toca el saxofón y no usa traje está enfocado en el trueque y en repartir semillas en las comunidades porque pronto viene la época de la siembra.
https://elpais.com/elpais/2020/06/16/planeta_futuro/1592300114_181519.html?prm=enviar_email

Chile

Codelco anunció detención de fundición en mina de Chuquicamata por Covid-19

25/06/2020
Cooperativa.cl
Empresa informó que la medida implicará la disminución de 400 trabajadores.
Se trata de la detención de las actividades en las gerencias de fundición y refinería y continuarán las áreas de mina y concentradora.
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Codelco anunció detención de fundición en mina de Chuquicamata por Covid-19
Foto: ATON (Archivo)

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) anunció este jueves que detendrá la operación de fundición de la mina Chuquicamata a causa del aumento de casos de Covid-19 en Calama.

Desde la empresa, anunciaron que detendrán las actividades en las gerencias de fundición y refinería como medida preventiva por la alza de casos por Covid-19 en la comuna de Calama, Región de Antofagasta.

«Esta nueva medida es de carácter transitoria y tiene como objetivo reducir la exposición en las áreas, y reforzar los esfuerzos y controles preventivos de seguridad y salud de las personas en la división», indicaron.

Esto ayudará a «focalizar los esfuerzos productivos en las áreas mina y concentradora, unidades de negocio que bajo todos los resguardos, continuarán aportando la generación de excedentes fundamentales para que nuestro país enfrente de menor manera esta pandemia».

Se trata de una disminución de cerca de 400 personas, que significará detención de equipos y reducción de ritmos productivos en ambas áreas.

Ministro de Minería: Es una medida que va en la línea correcta
El ministro de Minería dijo a Cooperativa que se trata de una buena medida la decisión de Codelco, ante el escenario de contagios que se vive en la división.

«Esta es una medida que va en la línea correcta. La Minería ha tomado y está disponible a tomar todas las medidas que sean necesarias para protreger la vida y la salud de sus trabajadores que son nuestro principal capital», planteó el minsitro.

En tanto, Alberto Muñoz, dirigente del sindicato número 1, planteó su molestia con esta decisión.

«Consideramos que es una tremenda deslealtad hacia la dirigencia sindical. Hasta anoche estuvimos conversando, pero ahora nos salen con esta sorpresa de querer cerrar la fundición, de cerrar la refineria. Nos declaramos en conflicto con la administración. No vamos a aceptar ningún desmedro económico a ningún trabajador de la División de Chuquicamata», comentó.

Para la Federación de Trabajadores del Cobre era algo predecible, como lo manifestó su presidente Patricio Elgueta.

«Esta no es solo una decisión de Codelco, sino también del Gobierno. Es una medida politicamente correcta, ya que la Federación con otros gremios sindicales han manifestado que hay un descontrol dentro de las minas producto de esta pandemia», dijo.

El economista y experto en Minería, Juan Carlos Guajardo, dijo que «el impacto final de esto es dilucidar si efectivamente va a haber una disminución de la producción de Codelco».

«Esta paralización de la de la Fundición y Refinería es una señal bastante fuerte de que están ocurriendo situaciones difíciles en el norte. Tal vez haya que entender que pueden venir más anuncios y ahí sí que los impactos van a ir traduciéndose en menor producción y, por lo tanto, tener un efecto económico más fuerte», añadió.
https://www.cooperativa.cl/noticias/sociedad/salud/coronavirus/codelco-anuncio-detencion-de-fundicion-en-mina-de-chuquicamata-por/2020-06-25/191525.html

Argentina, Litio

Proyecto argentino de Millennial recibe permiso ambiental

24/06/2020
Millennial Lithium recibió permiso ambiental para su proyecto insignia de salmuera de litio, Pastos Grandes, en Salta, Argentina, elevando el precio de sus acciones en casi un 10% el martes.

La minera recibió la Declaración de Impacto Ambiental (“DIA”) de la Autoridad Ambiental y Minera en la provincia de Salta. El DIA representa la aprobación de la Autoridad de Medio Ambiente y Minería de la Evaluación de Impacto Ambiental (“EIA”) para la construcción y operación de una instalación de 24 000 t / año de grado batería de carbonato de litio en su proyecto emblemático de litio Pastos Grandes.

La DIA es el principal documento de aprobación para que los proyectos mineros en la provincia de Salta procedan tanto a la etapa de construcción como a la operación. El Proyecto Pastos Grandes es actualmente el único proyecto activo de fase previa a la construcción en la región con este permiso clave.

La aprobación, dijo el CEO Farhad Abasov, fue un paso importante para asegurar el apoyo total de los gobiernos provinciales y federales en su camino para llevar el proyecto Pastos Grandes a la producción.

“Nos complace haber obtenido esta aprobación que hace de Pastos Grandes uno de los proyectos de litio más avanzados del mundo”, agregó.

Las acciones en Millennial cerraron un 9.71% más alto a C$ 1.13 cada una el martes.
Fuente: JuniorMining

Proyecto argentino de Millennial recibe permiso ambiental

Chile

Propuesta de un “ministerio del agua” reabre debate sobre gestión del recurso hídrico

Si bien a nivel de la Región de Coquimbo, existe un diagnóstico general compartido en torno a la necesidad de terminar con la actual dispersión de organismos públicos que trabajan en torno al vital elemento, existen dudas por parte de algunos actores, sobre si la creación de una nueva institucionalidad de nivel ministerial sea la solución para abordar la problemática hídrica. Por lo demás, se insistió en que, en caso de crearse una nueva instancia, ésta debiera adoptar una mirada regionalista y descentralizada.
Sustentabilidad
22/06/2020
(Diario El Día) La enorme dispersión de la institucionalidad en materia hídrica que dificulta la gestión y administración del agua en un contexto de sequía y cambio climático en nuestro país, fueron las razones que motivaron a un grupo de diputados a presentar, el pasado 15 de junio, un proyecto de resolución pidiendo al Presidente de la República, la creación de un Ministerio del Agua.

Básicamente, la iniciativa solicita al primer mandatario a disponer un estudio para crear este ministerio, el cual deberá asumir la coordinación de todos los servicios públicos que tengan relación con esta materia y con capacidad ejecutiva para actuar.

“Entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, y la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Comisión Nacional de Riego, en general hay mucha dispersión. Por eso es muy importante que exista un Ministerio que establezca las políticas de planificación en materia hídrica”, explicó el diputado Matías Walker, uno de los legisladores firmantes del proyecto.

El diputado Walker agregó que es necesario este Ministerio del Agua para “hacer un mejor aprovechamiento del recurso, en línea con el proyecto de reforma al Código de Aguas que despachamos durante el gobierno de la Presidenta Bachelet el año 2016”, afirmó.

Al respecto, la idea de aglutinar a todos los organismos relacionados con la gestión del recurso hídrico en una sola institucionalidad es valorada.

De hecho, a nivel regional al menos, diversos actores comparten el diagnóstico central de que la dispersión de estos organismos no favorece una buena administración del vital elemento.

De hecho, en Chile existen 43 instituciones que realizan 102 funciones que son necesarias para la gestión y administración del agua. El debate surge entonces no en el “qué”, sino en el “cómo”, y ahí, la opción de un ministerio es en realidad, una alternativa más que no convence a todos.
Cuencas y visión territorial

Por ejemplo, para la secretaria ejecutiva de la Sociedad Agrícola del Norte, Daniela Norambuena, junto con valorar que las temáticas relacionadas con el agua y la escasez hídrica tomen una especial relevancia a nivel político, se mostró cautelosa al momento de analizar la propuesta presentada por los diputados.

“Hay que saber que crear un ministerio implica mayores recursos y burocracia, ver cuáles van a ser las atribuciones, especificar si van a existir o no duplicidades en las tareas que hoy están designadas en los distintos organismos, cuál es el objetivo tal vez de reclutar esta dispersión de organismos públicos que están en distintos ministerios. ¿Los va a aglutinar el nuevo ministerio? Esas son preguntas que hay que comenzar a hacerse”, señaló.

Pero más allá de cuál pueda ser este organismo final, Norambuena explicó que quizás lo más importante de este asunto es diseñar una institucionalidad que realice su labor administrativa a partir de la realidad de los territorios y de las cuencas.

“Eso es algo lógico. Acá hay una falencia en cuanto a la gobernanza del agua y se necesita tener una unidad que pueda reunir estas características”.

Ahora, independiente del tipo de institucionalidad, a juicio de la secretaria ejecutiva de la SAN, ésta “debiese ser independiente de los gobiernos de turno. Si nos ponemos en un ministerio siempre vamos a depender en el fondo, del gobierno y hacia donde lo quiera conducir. En cambio el tema hídrico es algo que debe establecerse a largo plazo, donde uno tiene que tener un punto de inicio con varias estrategias a corto, mediano y largo plazo independiente de los gobiernos de turno”.

Gobernanza local

Otro punto a tener en cuenta según la secretaria ejecutiva de la SAN, es que se debe seguir fortaleciendo a las organizaciones de usuarios del agua.

En efecto, para Alejandra Marín, gerenta de la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes, “lo importante sería que ese eventual organismo se descentralice hacia las regiones, porque hay cada particularidad en cada región respecto al funcionamiento en la gestión del agua. Esa descentralización debe ser efectiva de tal manera de poder abordar esas particularidades que cada región tiene”.

Junto con coincidir en la necesidad de “una coordinación de todas aquellas instituciones que trabajan en torno al agua y de todas la medidas que se aplican al recurso”, Marín explicó que como juntas de vigilancia y usuarias directa del agua, “estamos por supuesto, siempre disponibles a colaborar y trabajar para aportar desde nuestro funcionamiento como organizaciones de regantes, y como administradores y distribuidores del agua en la cuenca del Elqui, en este caso”.

En ese sentido, desde la SAN, Daniela Norambuena, recordó que contamos con un código de aguas “que nos indica el cómo hacer el uso, goce y disposición del derecho de aprovechamiento de agua. Allí están las herramientas. Por lo tanto, tampoco hay que inventar la rueda si ya lo tenemos. Lo que hay que hacer es mejorarlo, y mejorarlo en base también a los requerimientos hídricos, a la escasez, al cambio climático. Hay que darle herramientas a ese código de aguas para que pueda funcionar de manera eficiente en la institucionalidad y la administración del agua”.

Subsecretaría

En tanto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida, miembro de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, afirmó que el proyecto de resolución que propone la creación de un ministerio del agua “no tienen efecto jurídico. Los proyectos de resolución son simples declaraciones de buena voluntad y (…) solamente, generan expectativas, inducen a errores o a engaños. Esto corresponde a una facultad exclusiva del ejecutivo, el cual debe presentar un proyecto de ley que proponga la creación de una nueva subsecretaria o un nuevo ministerio”, afirmó.

Respecto a este último punto, el legislador gremialista señaló que su postura va por la implementación de una Subsecretaría del Agua, dependiente del Ministerio de Agricultura, “y que permita estar a cargo de todos los organismos que hoy día están relacionados con el tema hídrico. Es decir, que dependan de esta subsecretaría la Dirección de Obras Hidráulicas, la Comisión Nacional de Riego, o la Dirección General de Aguas”.

La idea dice, es que “se coordinen todos los proyectos y programas relacionadas con el tema hídrico, y se canalicen a través de un solo estamento y no como ocurre hoy día que tenemos servicios que, por un lado, pertenecen al Ministerio de Obras Públicas, o están relacionados con el Ministerio de Agricultura, o son instituciones donde se combinan distintos ministerios”.

En ese sentido comenta, ya se hizo una propuesta formal al Presidente de la República por parte de los diputados de Chile Vamos pertenecientes a la comisión hídrica de la Cámara, y se está a la espera de una respuesta una vez que pase lo peor de la pandemia, “y poder retomar así, la creación de este nuevo estamento que va a significar muchos recursos, muchas reestructuraciones, pero que creemos que va a permitir dar una solución a largo plazo de lo que es la sequía”.

Chile

Sector minero opera con cerca del 50% de su dotación presencial y actores proyectan cuánto caería actividad en 2020

Según datos de la Sonami, producto de la escalada de la pandemia actualmente 90 mil trabajadores de la industria no están concurriendo a sus lugares de trabajo en las faenas.
(Emol) Poco a poco la pandemia de covid-19 ha ido golpeando a todos los sectores productivos a nivel nacional, y la minería no ha sido la excepción.

Y es que el virus ha tocado la puerta de algunos trabajadores del sector, lo que ha generado una reducción importante en el nivel de dotaciones de las diversas faenas del país producto de las medidas sanitarias que se han ido tomando, generando con ello dudas respecto a si podrán seguir manteniendo sus cifras de operación y producción.

De hecho, el medio económico internacional Bloomberg puso el martes sobre la mesa la preocupación que tendría el mercado respecto a si el aumento de los contagios en el país podría ponerle freno a la producción de cobre, considerando que Chile actualmente genera el 28% de la totalidad del metal rojo extraído en el mundo.

Tema al que también se refirió hace dos días el presidente del Banco Central, Mario Marcel, exponiendo que una paralización parcial de la operación minera generaría “un impacto mayor” sobre la ya resentida economía nacional. Por ello, dijo, “es importante que la propia industria tenga y garantice condiciones de seguridad a sus trabajadores para minimizar el riesgo de contagio y para que pueda mantener su continuidad aun cuando algunos proyectos de inversión estén siendo pospuestos hasta que las condiciones sean más normales”.

En ese último punto, Marcel hizo referencia al caso de Codelco, que informó su decisión de paralizar todos sus proyectos en la Región de Antofagasta junto que explicar que en la División Chuquicamata estará operada solo por trabajadores de Calama.

A la vez, señaló que se acordó con los trabajadores de la División El Teniente jornadas laborables de 14×14, es decir, 14 días de trabajo y 14 días de descanso.

Según comentó a Emol el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, la industria en su conjunto ha “adoptado todas las medidas y protocolos de control de sus trabajadores y contratistas para evitar contagios en sus faenas”.

Dicho eso, expuso que actualmente la minería está funcionando “con poco más de un 50% de su fuerza laboral presencial”, siendo “más de 90 mil los trabajadores desmovilizados en estos momentos, los que en muchos casos están haciendo trabajo remoto”.

Cifra similar a la que maneja Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plumining, quien comentó que si bien al inicio de la pandemia en el país la mayoría de las compañías mineras habían reducido sus dotaciones en un promedio de 30%, hoy esa cifra “se ha profundizado hasta una reducción estimada de 45%”.

“Dotaciones reducidas significan mayores exigencias para la operación, aunque hasta ahora ha sido notable que se ha logrado mantener la producción. En el corto plazo, sin embargo, hay que observar los efectos que esto tiene sobre los trabajadores, así como también en el diferimiento de actividades de preparación que pueden pesar sobre la producción futura”, agregó.

Mientras que el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, manifestó que “todas las operaciones de la gran minería se encuentran en funcionamiento, pero con menor dotación de personal”, anotando una reducción promedio de trabajadores de entre un 30% y 40%.

Asimismo, indicó que Calama es la zona del país en donde se han implementado medidas sanitarias “más exigentes”.
Caída en la producción

Por otro lado, Hernández recalcó el “rol clave en el desarrollo económico y social del país” que juega la minería, subrayando que, si el sector “logra la continuidad operacional en este año 2020, estaremos muy bien posicionados para normalizar nuestras operaciones durante 2021 y de ese modo contribuir al reeganche de la economía nacional”.

Hasta ahora, continuó, “hemos logrado una producción muy cercana a la normal y esperamos poder seguir haciéndolo por el resto del año”. Así, proyectó una “leve caída” del PIB minero en 2020, considerando la importante producción de cobre -que explica el 90% del PIB sectorial- lograda en 2019.

“Con los datos a la fecha, esperamos una caída acotada del PIB minero el presente año, no mayor que 2%”, apuntó.
En tanto, Villarino, del Consejo Minero, apuntó que “datos de estudios externos han entregado cifras acerca de las consecuencias que podría tener el coronavirus, señalando que para este 2020 podría haber una caída de 5,5% en la producción de cobre”.

Aquello, acotó, “en el entendido de que exista continuidad operacional. Ahora, si este factor cambia, el efecto podría ser mayor”.
Precio del cobre

En cuanto a si un eventual freno en las operaciones de la minería de cobre en Chile podría provocar un efecto en el precio del metal rojo, el líder gremial aseguró que “nos enfrentamos a un escenario marcado por la incertidumbre y con bastante volatilidad del precio del cobre (…). Mientras el resultado de esta pandemia permanezca inconcluso, deberemos seguir lidiando con un mercado volátil”.

Hernández sobre lo mismo sostuvo que “debemos tener presente que Chile actualmente genera el 28% de la totalidad de la producción de cobre de mina, de modo tal que si eventualmente, por razones sanitarias, se tuviera que suspender alguna de nuestras operaciones, ello podría afectar el precio presionándolo hacia el alza o bien poniendo un muro de contención en caso de caída de la cotización”.

Mientras que Guajardo dijo que “me parece que el mercado había venido internalizando en el precio una posibilidad de menor producción por los mayores casos de Covid-19 especialmente en Chile y Perú, pero si se extienden las restricciones en Chile es posible que la tendencia al alza se fortalezca”.

Sector minero opera con cerca del 50% de su dotación presencial y actores proyectan cuánto caería actividad en 2020