Encumbrarse en Cerro Mono, corregimiento Palmarito (Cúcuta), hasta los límites con la vereda El Empalme (Tibú) solía ser tarea compleja en un monte que solo los campesinos conocen.
La mañana del miércoles lo comprobó una jornada de cinco horas de camino, ida y vuelta, salvo que ahora la guía son las canaletas por las que rueda el carbón hasta las volquetas que esperan el mineral, el rastro de la agujereada montaña, y las amplias vías por las que se abrieron paso retroexcavadoras, en un área estratégica de reserva hídrica y protegida, a cargo de la Alcaldía y Corponor.
Sin embargo, para los campesinos, hablar de protección por parte de las autoridades no es más que un tema de papel, porque si hubiese control, vigilancia, seguimiento y acompañamiento a las comunidades, el desastre ambiental se habría evitado.
Ricardo Castillo, líder local, lo reitera en el recorrido que acompañaron unas 300 personas, mientras advierte que hay unos cinco kilómetros de vías abiertas y una zona ya sin nacientes de agua con las que se criaron cientos de campesinos.
Lo anterior, solo en el área que visitaron la corporación ambiental, la Procuraduría delegada para asuntos ambientales y agrarios, y la Procuraduría provincial, y en la que según César Ortega, de Corponor, se advirtió preliminarmente “una minería antitécnica” que, si bien es objeto de evaluación para dar resultados el lunes 11 de marzo, “consideramos que no cumple con los estándares ambientales ni mineros”.
Pese a que algunas de las minas tienen título minero, aparentemente no poseen licencia ambiental, situación que debe conducir a la suspensión de la actividad, pero ello será verificado para tomar decisiones.
“Nos dimos cuenta de la situación grave en una zona que se adquirió para protección”, agregó.
Los campesinos de Palmarito afirman que en Cerro Mono, de donde se surten para llevar agua en sus hogares, hay unas 200 nacientes, pero con el daño de la minería “se secaron por lo menos 100”.
La actividad se exacerbó este año, cuenta Apolinar Suárez, edil del sector, quien enfatiza en que “el daño lo recibimos con minería legal o ilegal”, razón por la que insiste en que la comunidad no quiere minería de ningún tipo.
“Que Cerro Mono sea zona de protección absoluta”, dice Castillo, quien señala que ni siquiera la gente había sembrado algo en el cerro, pues cualquier impacto arriba se sentiría en las 24 veredas que viven del agua que hoy en día ha perdido su cauce y se infiltra por los socavones, turbia y amarillenta.
“El daño está hecho y es irreparable”, reitera Suárez, mientras algunos de los campesinos afirman que no tienen nada en contra de quienes ejercen la actividad, que no son sus enemigos, pero sí piden respeto por la reserva y que piensen cómo era la vida del campesino cuando no había minería y así se darán cuenta de que “hay que buscar otra manera de trabajar”.
Lo que no hicieron las autoridades en materia de vigilancia, lo hizo la comunidad, ante el riesgo ambiental y la desprotección del cerro.
Inexplicablemente, ni el miércoles ni este jueves hizo presencia en el lugar el director de Planeación de Cúcuta, Jorge Ómar Gandolfo, pese a la exigencia y obligación de acudir al territorio.
“Comparto la molestia de la comunidad, porque ese fue el compromiso”, dijo la procuradora provincial, Margarita Eslava, mientras la comunidad ni siquiera mostró sorpresa por la ausencia de la administración municipal.
De parte de la Procuraduría ambiental, se indicó que la tarea consistirá en la verificación de las excavaciones y explotaciones dentro del polígono del área protegida que estarían sin licencia,con miras a adelantar acciones administrativas sancionatorias, si es el caso, en tanto que si se trata de actividades ilegales se debe seguir el procedimiento fijado por el Código de minas.
Ahora, queda pendiente la recuperación de la zona, que deberá hacerse con la secretaría municipal de gestión del riesgo, el departamento, y probablemente recursos de la Nación, en tanto que se incluyen estos factores en los determinantes ambientales del Plan de Ordenamiento Territorial (Pot) de Cúcuta, que tampoco fue concertado con los campesinos que hoy más que nunca deben ser tenidos en cuenta en el proceso que determinará la supervivencia y protección del agua, y de estos olvidados cucuteños.
Fuente:https://www.laopinion.com.co/cucuta/los-campesinos-de-palmarito-tenian-razon-se-secaron-casi-100-nacientes-172777#OP
El proyecto minero Los Cardones no será sometido a consulta púbica confirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien este domingo arribó a tierras sudcalifornianas para el arranque, en Los Cabos, del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) “Mi México Late” de la SEDATU.
Cansados de no ser escuchados por los líderes políticos de la región, cientos de habitantes del área rural de Cúcuta marcharon hasta las instalaciones de la alcaldía y protestaron por los proyectos mineros que se mantienen en esta región.
En su tercera reunión, el Consejo Zacatecano de Protección al Ambiente determinó que el mes de marzo se lleve a cabo la investigación sobre los daños que la minera está causando en el municipio de Vetagrande, ya que la población ha informado que las detonaciones en la mina han dañado sus viviendas.
Una protesta de las comunidades de los corregimientos Palmarito y Banco de Arena dejó en evidencia el grave problema que afrontan los habitantes por el impacto de la minería legal e ilegal, en esas localidades de la zona rural de Cúcuta.
Después de revisar un centenar de resoluciones del tribunal fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, Convoca.pe detectó operaciones financieras de compañías mineras para pagar menos impuestos a través de servicios y venta de minerales entre empresas del mismo grupo empresarial, de acuerdo con las observaciones de la entidad tributaria Sunat.
IXTACAMAXTITLAN, Mexico (Fundación Thomson Reuters) – Después de casi 20 años de disputas, un grupo de aldeanos nahuas podría hacer historia este mes en México cuando un tribunal falle en una disputa por tierras en la que está involucrada una minera canadiense.
El viernes 1 de marzo en una sección del consejo de la alcaldía de Ixtapalapa en la Ciudad de México se aprobó un Punto de Acuerdo en el que solicita al Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la Seduvi, la suspensión total de la actividad minera que realiza la extracción de materiales pétreos en la alcaldía.