Perú

Los argumentos técnicos de los agricultores del Valle del Tambo frente al caso Tía María

El proyecto minero Tía María ha sido materia de debate nacional en los últimos días, y se han planteado diversas posiciones desde todas las posiciones políticas a favor o en contra de la ejecución de esta mina. Sin embargo, escasos argumentos técnicos han respaldado este debate

La opinión pública todavía no tiene claro de qué manera Tía María podría generar graves impactos sociales y ambientales en su zona de influencia en las condiciones actuales del proyecto.  El ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes ha señalado que en el caso de Tía María se debe buscar el diálogo, dejando de lado posturas políticas, y centrando el debate en los aspectos técnicos. Si bien toda opción que se toma frente a este caso termina siendo política, el presente artículo se centra en analizar justamente aquellos elementos técnicos que no han sido resueltos por la empresa Southern en su Estudio de Impacto Ambiental, y que generan preocupaciones sobre los reales impactos que puede generar la ejecución de esta mina.

Los fundamentos de la oposición al proyecto minero Tía María en relación al segundo EIA

1)El primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María es la base del segundo. Cuando se evalúo el primer EIA, la población presentó observaciones señalando que los impactos no estaban adecuadamente dimensionados y que con el proyecto se estaba poniendo en riesgo el valle y sus principales actividades económicas.  La respuesta del gobierno del presidente Alan García fue que esas preocupaciones eran infundadas y que estaban basadas en el desconocimiento. Cuando la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) emitió 138 observaciones sobre el EIA, ante un pedido del Estado Peruano, el EIA no pudo ser aprobado y fue irregularmente declarado inadmisible[2].

De las 138 observaciones emitidas por la UNOPS, el 31% eran por componentes omitidos, 23% por datos insuficientes y 24% por desarrollo insuficiente. Es decir, el 78% de las observaciones tenían que ver con serias deficiencias en la elaboración del EIA, que lo hacían insalvable. Por tanto, las deficiencias y omisiones en los que había incurrido este primer EIA, eran por lo demás evidentes. Esto nos recuerda lo señalado por Felipe Ramírez, ex Director de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) que en julio de 2010, ante más de 80 empresarios, afirmó que la demora en la aprobación del EIA no se debía a la tramitología, sino a la falta de información básica, la subestimación de los impactos y plagios (ausencia de investigación propia) que presentaban estos estudios, lo que hacía además que se incrementara el trabajo de los evaluadores, exhortando a las empresas a mejorar la calidad de los EIA.

2) Esta situación no ha sido superada, todo lo contrario. El año 2013, los empresarios mineros  comenzaron una campaña que se ha prolongado hasta el día de hoy.  Afirman que la demora en la aprobación de los permisos ambientales fue la causa de la caída de las inversiones, una afirmación bastante cuestionable, pues la caída de las inversiones en minería fue un fenómeno mundial asociado a la caída internacional de precios de los minerales.

Los empresarios lograron cambios que debilitaron fuertemente los instrumentos de gestión ambiental. Entre ellos, establecieron la imposibilidad de hacer repreguntas ante una respuesta no satisfactoria a una observación realizada y el que se catalogara como infracción la demora en la evaluación de un EIA, considerándola, además, falta grave. En ese marco se aprueba el segundo EIA de Tía María.

3) En la actualidad, nuevamente se dice que la población de Islay rechaza el proyecto por desconocimiento, que Southern ha corregido sus errores y no existe mayor fundamento para alarmarse por los impactos que podría generar Tía María. Pero, es importante saber que durante la evaluación del segundo EIA, las organizaciones sociales lideradas por las Juntas de Usuarios (que no son precisamente campesinos pobres), contrataron a una serie de profesionales para formular observaciones (ninguno de los cuales pertenecía a las ONG). Si uno revisa el expediente administrativo del EIA, se encontrará con sendos documentos técnicos presentados por estos profesionales que cuestionaban diversos contenidos de este nuevo EIA.  La pregunta es ¿por qué esos argumentos no han sido conocidos públicamente? Creemos que por dos razones: la dificultad de los actores sociales para expresar directamente esa argumentación técnica y el prejuicio existente de que lo técnico sólo está al alcance de quienes tienen poder y dinero.

4) ¿Cuáles son esas objeciones de parte de la población sobre las que se debería centrar el debate?

– El caso revela un conflicto de intereses entre la empresa minera Southern y los agricultores del Valle el Tambo. Hay una primera discusión de costo- beneficio entre las actividades económicas actuales del valle y la minería.

– Otro gran cuestionamiento es si ambas actividades pueden convivir en un mismo territorio. Esto es lo que no queda claro.

– Un elemento del contexto es que en el valle del río Tambo, las personas, animales y las actividades económicas se abastecen de agua de este río y de sus canales. Un canal sumamente importante es el canal La Ensenada-Mejía-Mollendo, infraestructura que abastece en un 100% de agua para el consumo humano al poblado de Cocrachacra y para riego y consumo humano e industrial a La Ensenada, Mejía y Mollendo. El promedio anual es de 31.5 m3/s. La tendencia muestra un decrecimiento de 3m3/s que estaría influenciado por el Proyecto Pasto Grande.

En periodos de estiaje, el río Tambo tiene altas concentraciones de sólidos suspendidos, cloruros, aluminio, arsénico y plomo, por lo que deviene en agua de mala calidad para el consumo humano y, por las sales, de mala calidad para la agricultura. Agravar esta situación sería un gran problema para el valle.

El acuífero aluvial que sustenta el río Tambo tiene 90 Km2 de extensión. Este acuífero aporta el 50% del caudal en épocas de avenidas y el 100% en época de estiaje.

Los componentes mineros se ubicarán en varias quebradas: Posco o Rosa María, Salinas, Cachuyo, Chuli, Quialanque y tres quebradas sin nombre.

– Una primera objeción de naturaleza ambiental, es que varias de las observaciones y/o recomendaciones de la UNOPS no habrían sido levantadas o acogidas como por ejemplo: las que corresponden a los numerales 134, 142, 147, 194, 199, 239 y 252.

– Otra está referida a los riesgos de dispersión del polvo, que proviene de un yacimiento con sulfuros. En una operación se produce polvo con las voladuras, el chancado y el depósito de sulfuros o desmonte. Por ello, es sumamente importante estudiar la dirección de los vientos. Si bien en la zona del proyecto los vientos van de manera predominante hacia el Nor-Este, esa predominancia varía (hacia Sur Este) en las diferentes estaciones del año y entre el día y la noche por la presencia de los vientos locales (brisas marinas). Esto no se encuentra suficientemente estudiado, por lo que las partículas PM10 y PM2.5, que quedan suspendidas en el aire por su diminuto tamaño podrían llegar hasta el valle y depositarse en aguas superficiales, suelos y cultivos.

La UNOPS, en su observación numeral 142 y 143, manifestó su preocupación por la ubicación de la planta de chancado primario de La Tapada por su proximidad al Valle Tambo y de los depósitos de desmonte de La Tapada y Tía María, ya que se encuentran en una quebrada que incide en el poblado de Cocachacra y sobre el río Tambo. En el numeral 147 expresa su preocupación por los posibles cambios en la calidad del aire. Por ello, recomendó reubicar la planta de chancado primario y el depósito de desmonte del tajo de La Tapada (numeral 199), algo que solo se movió ligeramente.  Además, desde una imagen satelital se puede apreciar la proximidad de la planta de Chancado de La Tapada al valle y a los poblados de Cocachacra, Chucarapi, Pampa Blanca y El Fiscal.

– Otro tema cuestionado es el número y ubicación de las estaciones de monitoreo del aire y muestreos realizados. Se han instalado solo cuatro estaciones de monitoreo: a 400 metros de las oficinas administrativas de la empresa, a 800 metros del poblado de Cocachacra camino al ingenio Obando, a 200 metros de la plaza del poblado La Ensenada y a 100 metros de la orilla del mar, en el área donde se construirá la planta desalinizadora. No existe estación de monitoreo en el valle, el poblado El Fiscal (observación y recomendación de la UNOPS 239 y 252 respectivamente no levantadas), el poblado de Chucarapi, los tajos, las plantas chancadoras, entre otros, lugares en donde se podrían generar serias afectaciones.

– El EIA no toma en cuenta el potencial contaminante del polvo que proviene de un depósito de sulfuros (posibilidad de generar Drenaje ácido de roca – DAR) en contextos de neblina estacional ordinaria y de ocurrencia de fenómenos extraordinarios de El Niño (FEN).  Además, en la zona existe lomas y no se ha adjuntado información sobre la variabilidad pluvial en ellas durante un FEN extraordinario, pese a que existe información de Lomas de Mejía de 1997-1998 que puede ayudar a ello.  Esto trae a colación la recomendación que hizo UNOPS en el numeral 194 de evaluar el potencial del DAR de los desmontes de Tía María y La Tapada ante escenarios de precipitación cambiante.

– Los depósitos de desmontes provenientes de los tajos La Tapada (47 has) y Tía María (145 has) estarán ubicados en la Quebrada Cachuyo, que es perpendicular al río y al Valle de Tambo y en pendiente. De otro lado, el depósito de sulfuros (ahora más grande que en su diseño inicial) se encuentra aledaño al yacimiento La Tapada, en quebrada y en pendiente, y su drenaje igualmente va en sentido de la pendiente y con dirección al río Tambo. La ubicación en quebrada podría dar lugar a la generación de DAR según lo señalado por la observación contenida en el numeral 167 de la UNOPS. Estos depósitos no se han movido de esas quebradas, según lo indica el nuevo EIA, por lo que podríamos decir que la observación de UNOPS se mantiene.

-Además, en el EIA se dice que no hay riesgo de generación de aguas ácidas[3] porque la precipitación (lluvia) es de tan solo 2,36 mm/año. Sin embargo no se toma en cuenta que la humedad relativa de la zona del tajo La Tapada está entre el 50 a 80% durante el año. A ello hay que añadir que los yacimientos de La Tapada y Tía María se encuentran en las Lomas de Pampa Yamayo y la Quebrada Cachuyo y que entre junio y setiembre hay un manto neblinoso que se precipita lentamente.

– Otro tema es el riesgo que sufriría el canal La Ensenada-Mejía-Mollendo. Este canal toma el agua del río Tambo, en la parte baja de la zona de extracción del tajo La Tapada, a una distancia de 1.25 Km del tajo y a una cota inferior a 130 mt. de altura. Los impactos ambientales (partículas sedimentables, gases y vibraciones) podrían desencadenar daños a la infraestructura y contaminación. El canal está expuesto a caídas de roca que resulta altamente probable en contextos de voladuras simultáneas (en un determinado momento los tajos de La Tapada y Tía María, se explotaran simultáneamente) y de activación de la falla geológica Yanamayo que atraviesa en forma perpendicular el área donde se ubican los dos tajos. Esto no habría sido considerado en la evaluación de los impactos ambientales.

– En los yacimientos de La Tapada y Tía María hay presencia de sulfuros. Cuando se exploten ambos tajos, existe el riesgo de generar aguas ácidas cuando entren en contacto los sulfuros y la napa freática. En promedio desde la cota 229 msnm hacia abajo, el acuífero puede entrar en contacto con la capa de sulfuros del tajo de La Tapada. UNOPS recomendó en el numeral 185 la cuantificación del potencial DAR cuando los tajos se encuentren explotando las áreas de sulfuros y ripios, y tomen contacto con aguas subterráneas. Además de ello, cabe recordar que la zona de los tajos está expuesta a neblinas.

– Otra preocupación es la posible conexión de las aguas subterráneas de la zona de los tajos con el río Tambo. Sobre este punto el estudio no es concluyente por no haberse aplicado bien el modelo. El especialista portugués en hidrogeólogía y Dr. en Ingeniería de Minas Luis Tavares Riveiro, señala que los resultados de la aplicación del modelo no son rigurosos porque están asociados a altos grados de incertidumbre. La gran discusión es si el acuífero es fracturado o no.

Tavares señala que el agua subterránea se encuentra entre los 6 y 3000 mt. Que el acuífero donde se almacena el agua es de gran heterogeneidad, con áreas distintas de circulación, influenciadas por una red de fracturas. Cuestiona el código computacional empleado para la modelación del flujo del agua subterránea en un medio hidrogeológico fracturado porque parte de supuestos errados: que el flujo de agua es laminar y que el acuífero equivale a un medio poroso. Señala que lo que se encuentra en esta zona es de un medio hidrogeológico fracturado, donde las velocidades son dependientes de las formas y características de las fracturas.

Si bien el estudio concluye, sin rigor, que la formación rocosa de la zona de los tajos es una uniformidad de baja permeabilidad[4], en las pruebas de permeabilidad del estudio hidrogeológico se dice que hay un amplio rango de valores de permeabilidad que indican zonas de permeabilidad moderada y discretas y otras de menor permeabilidad (a mayor permeabilidad mayor flujo de agua), recomendándose nuevas exploraciones hidrogeológicas para caracterizar el flujo del agua subterránea.  Además, el estudio hidrogeológico no toma en cuenta el efecto combinado que tendrán las voladuras, con la profundidad de la extracción de minerales y la falla geológica.

Pese a sus deficiencias, el estudio hidrogeológico de 2013 dice que hay evidencia de drenaje del acuífero fracturado hacia la zona de deyección del río Tambo. Existiría una filtración permanente al sur-oeste de los tajos y al sur de la zona de procesamiento. Sobre esta red de drenaje el estudio hidrogeológico recomienda incorporar (esto quiere decir que no se ha hecho) al modelo conceptual el fracturamiento regional y las condiciones estructurales como características discretas, para explicar mejor el comportamiento del agua subterránea en la dirección horizontal y vertical.

-El estudio hidrogeológico no cuenta con una base empírica completa para medir el nivel y los flujos de agua de la napa de la formación rocosa donde se instalaría y operaría el proyecto, ya que no se instalaron piezómetros en zonas críticas. Por ello existen altos niveles de incertidumbre para establecer la conexión física entre el acuífero de la zona de operaciones y el río Tambo. Así tenemos que la zona de La Tapada y el río Tambo no tienen medición porque no se trabajó con piezómetros en esa zona[5].[6]

–  No queda claro el origen del agua para abastecer los campamentos.

– En cuanto a los impactos de la planta desalinizadora, el nuevo EIA no define la calidad del agua salobre del mar en la Playa El Sombrero, ni identifica el agua subterránea de la quebrada de Chuli que se descarga debajo de la playa y en el mar. No es posible analizar el impacto porque no se registra el valor de la salinidad del agua de mar en el área de captación y de conducción pre-descarga de salmuera.

El EIA se aprobó sin que la planta desalinizadora contará con un estudio de ingeniería a nivel de factibilidad que permitiera determinar sus impactos.

-Existe incertidumbre sobre los impactos que puede traer la extracción de agua salobre en la Playa El Sombrero y la descarga de Salmuera contaminante en la capacidad de sobrevivencia del ecosistema marino salobre y la zona expuesta del Santuario Nacional Lagunas Mejía.

– En el EIA se menciona una demanda nominal de agua de 847m3/hora y luego se menciona otra de 1049.5 m3/hora, lo que implicará una modificatoria posterior de las plantas desalinizadoras.

– La zona de influencia indirecta excluye el canal Ensenada Mejía Mollendo, el río Tambo, el área agrícola del valle y los centros poblados expuestos a los posibles impactos mencionados. Esto porque su cálculo se hizo, midiendo hasta 200 mt de distancia desde el límite de la zona de influencia directa.

– A ello se suma, la posibilidad que existe de que a este proyecto se sumen otros más, ya que la provincia de Islay se encuentra en un 58% concesionada.

– Otro tema de incertidumbre es el comportamiento cuestionable de la empresa que existía hasta el 2014. Así tenemos que entre el 2011-2014 tuvo 11 sanciones de OEFA en el Perú, una millonaria multa en México por derrame de sulfatos en dos ríos y la suspensión de la adjudicación de la mina Aznalcollar en Sevilla (España). Además, recientemente un alto funcionario de esta empresa viene siendo procesado por contaminación del medio ambiente en modalidad culposa.

Por lo expuesto, y recogiendo las declaraciones del Ministro de Energía y Minas que se colocan al inicio de este artículo, consideramos desde CooperAcción que el debate técnico sobre el proyecto Tía María de no se ha dado de manera suficiente y rigurosa y es necesario tenerlo. Esta ausencia da cuenta de la debilidad de nuestras instituciones. Esperamos que este caso sirva para que se fortalezca el sistema de evaluación de impacto ambiental, a fin que no se dé luz verde a proyectos que pueden generar riesgos de afectación del ambiente y de otras actividades productivas.

18 de julio de 2019

 

Fuente;http://cooperaccion.org.pe/los-argumentos-tecnicos-de-los-agricultores-del-valle-del-tambo-frente-al-caso-tia-maria/?fbclid=IwAR2G54yuA-85g9ypOB5Ji3FsLz1LJE8mv4bN8k-xW7yY6ZmcGG0991fB4p4

Perú

OEFA ordena a Doe Run remediar daños por derrame de relaves a río Mantaro

Acciones deberán efectuarse en un plazo máximo de 20 días hábiles

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó a la minera Doe Run Perú S.R.L. remediar el río Mantaro y demás zonas afectadas por el derrame de relave, desmonte y material de arrastre proveniente del deshumedecedor de relaves (zona norte) de la unidad minera Cobriza, en la región Huancavelica.

Estas acciones deberán efectuarse en un plazo máximo de 20 días hábiles para evitar el daño en nuevas zonas.

Desde el 11 de julio, un día después del derrame de relaves, el OEFA efectúa acciones de supervisión, por las que verificó que la emergencia ambiental generó el desembalse de aproximadamente 67,487.80 metros cúbicos de relave en un área aproximada de 41,574 metros cuadrados.
Resultaron afectadas la subestación eléctrica Cobriza II y el taller de mantenimiento de la unidad minera hasta llegar al río Mantaro (suelo, lecho y ribera). El grado de afectación y las causas de la emergencia ambiental aún continúan en investigación.
En caso de que la empresa no cumpla con las medidas dictadas se efectuarán las acciones administrativas correspondientes, incluyendo la imposición de multas coercitivas.
El OEFA continuará dictando medidas administrativas cuando se evidencien daños significativos al ambiente o a la salud de las personas, y hará seguimiento del cumplimiento de dichas medidas por parte de las empresas supervisadas.
Fuente:https://andina.pe/agencia/noticia-oefa-ordena-a-doe-run-remediar-danos-derrame-relaves-a-rio-mantaro-759236.aspx?fbclid=IwAR0gehOiZHsYPpv01qr0TBhSeV5NZYyKLd5ER8yyLw-vLt_t6S2ddyCioo0
Chile

Comunidad chilena presenta carta abierta al publico canadiense en la oficinas de MiningWatch Canada, denuncia a empresa minera canadiense

En julio del 2019, un miembro de la organización Putaendo Resiste se reunió con los miembros de MiningWatch Canadá para presentarles con una “Carta Abierta al publico canadiense: la empresa canadiense “los Andes Copper ltda.” Destruye, mata, extermina, miente y soborna en Putaendo, Chile.”

El proyecto Los Vizcachitas es de la empresa canadiense Los Andes Copper (TSX: LA) con sede en Vancouver. Las concesiones están dentro de la Comuna Putaendo y el proyecto ha sido controversial desde que los miembros de la comunidad se dieron cuenta de las actividades que estaba realizando la empresa. Según Carmen Perez, miembro de Putaendo Resiste, “nunca hubo comunicación o conocimiento que la empresa estaba explorando hasta que un dia nos dimos cuenta por los caminos terribles y sus construcciones…ellos nunca nos hablaron – la gente de la zona estaba sorprendida.”

Putaendo es una comunidad de agricultores y ganaderos- dentro del territorio los productos como nectarinas, uvas, nueces, paltas y la leche y queso son abundantes.

El cerro donde la mineralización ocurre tiene glaciares rocosos y por tanto las fuentes de agua dependen de su integridad. Los glaciares rocosos en chile son muy importantes para contener la expansión del desierto.  Las comunidades están preocupadas que, dado a la cantidad limitada de agua que ellos reciben en promedio en la zona, que cualquiera disrupción pueda afectar de forma negativa a su acceso al agua. Ellos notan que la gente que vive donde hay actividades de exploración ya notaron una diferencia en las fuentes del agua y en la carta abierta se denuncia que” investigaciones hecho en el campo por organizaciones ambientales demuestran un incremento en los niveles de metales pesados producto de las actividades mineras que traen problemas graves para la gente, los ganados y las actividades agrícolas en la zona.”

Su slogan, “Sin agua no hay valle” es una reflexión clara de los riesgos que este proyecto representa para las comunidades rio debajo en la zona.

La organización multitudinaria ha logrado éxitos importantes y ellos notan la necesidad de celebrar lo que se gano frente a la empresa minera desde el 2015. Algunos de los éxitos que ellos subrayan son:

  • «Las denuncias que hicimos el 2016, han impedido que la minera Andes Copper haya seguido operando y haciendo sondajes desde el año 2017 a la fecha y los obligamos a gastar millones de pesos en abogados y consultorías»
  • «Ha crecido el conocimiento y la conciencia ambiental de nuestra gente, también el cariño por nuestra tierra y patrimonio.»
  • «Son muchos los jóvenes, adultos, trabajadores, profesionales, mujeres y artistas que se unen a esta resistencia y que aportan su amor por la Vida.»

Una victoria significativa paso en marzo del 2019 cuando la Corte Suprema ordeno el pago de una multa y la demolición del campamento de la empresa. La corte determino que las construcciones de la empresa fueron construidas de formal ilegal y sin las licencias debidas. Sin embargo, aun no hubo demolición. Esto representa una amenaza continua a las comunidades quienes están en Resistencia pacifica al proyecto Los Vizcachitas. La empresa tampoco reportó a sus accionistas sobre esta decisión.

A pesar de la resistencia permanente desde las comunidades y el municipio, protestas constantes y esfuerzos colectivos para informar sobre los terribles riesgos que este proyecto presenta para los glaciares y el agua, la declaración de impacto ambiental fue aprobado en abril del 2019. Putaendo Resiste nota que no están sorprendidos por la decisión y que la lucha sigue “…en ningún caso ello implica que tienen la autorización para comenzar a construir u operar la mina…Estamos atentos, organizados y movilizados.”

La carta exige al publico canadiense denunciar Los Andes Copper y ayudar a Putaendo Resiste en sus esfuerzos para que de una vez salga la minera de su territorio.

Puedes encontrar a la carta que recibimos aquí en este Blog.

 

Para mas información:

Kirsten Francescone, MiningWatch Canadá, [email protected] (en ingles y en español)

Putaendo Resiste, [email protected] (en español)

 

Fuente:https://miningwatch.ca/es/blog/2019/7/18/comunidad-chilena-presenta-carta-abierta-al-publico-canadiense-en-la-oficinas-de?fbclid=IwAR0xcTnkxG70iR2_CVsfPrADM2vkCwyG9moSGItJGHHV5kys9BAqrbDCGD4

Guatemala

CC suspende temporalmente operaciones de la mina Fénix

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de manera temporal la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, frente al Lago de Izabal, que opera la Compañía Guatemalteca de Níquel.

Ese efecto causa una apelación contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM), con lo cual los magistrados otorgaron un amparo a vecinos que actúan como solicitantes.

La suspensión de operaciones durará hasta que haya una resolución definitiva en torno al amparo, para lo cual no hay plazo.

La licencia es la número 1208 y data del 17 de abril de 2016.

Los vecinos reclaman que no se agotó el proceso de consulta comunitaria en torno al proyecto, a lo cual la compañía responde que sí lo hubo.

En un fallo previo a esta instancia, la Corte Suprema de Justicia había otorgado un amparo a los vecinos en febrero último, pero no suspendió a la minera, a lo cual apelaron ante el tribunal constitucional.

El proyecto permite la explotación del mineral durante 25 años, para lo cual la empresa ha invertido US$580 millones -unos Q4 mil 400 millones-.

 

Fuente:https://movimientom4.org/2019/07/cc-suspende-temporalmente-operaciones-de-la-mina-fenix/?fbclid=IwAR3i5xYGmB8whlzpsAumW1yeIZwNDStqB-I_XWr9ufdWGr-YW2APm7zi1KM

Perú

Tacna: Candarave da ultimátum a gobierno para cancelar licencias de agua de minera

Recurso hídrico. Agricultores y alcaldes dan 72 horas a Vizcarra y ministerios para contestar demandas. Southern utiliza 1950 litros por segundo de agua dulce en Cuajone y Toquepala.

Cientos de agricultores de la provincia de Candarave se movilizaron ayer exigiendo al Gobierno Central que dé fin a las licencias de agua que tiene Southern Perú en esa jurisdicción. Demandaron al presidente de la República, Martín Vizcarra, dar una respuesta en 72 horas, sino radicalizarían las medidas de protesta.

Hace más de 50 años, Southern tiene licencias para extraer de Candarave hasta 1 950 litros por segundo de agua para sus actividades mineras en Tacna y Moquegua. A inicios de año, Candarave, que no tiene agua potable, le solicitó a Southern que le entregue por lo menos 17 l/s y renegociar el Fondo de Desarrollo que acordaron en 2013.

Ninguno de los planeamientos de los candaraveños tuvo la respuesta que esperaban. Fue así como se rompió el diálogo. El presidente de la Junta de Usuarios de Candarave, Abdy Chambilla, sostuvo que no hay ya oportunidad de más intentos de negociación.

“El dinero no compra el agua. El fondo (S/255 millones) fue un acuerdo de las autoridades pasadas con la minera. Ellos extraen agua dulce y nosotros ni siquiera tenemos agua potable. A eso hay que sumar el proceso de desertificación que hay en Candarave”, dijo Chambilla.

La movilización se inició a las 8:00 horas en la carretera Panamericana, a la altura del Grifo Internacional. Desde allí, mujeres y hombres de avanzada edad caminaron hasta las sedes del gobierno regional y la Autoridad Local del Agua.

El gobernador Juan Tonconi Quispe, los consejeros Edilberto Parihuana, Mario Copa y el congresista Jorge Castro se sumaron a la marcha. Junto a ellos estuvieron los seis alcaldes de la provincia.

“En cualquier lugar del país, la minería usa agua desalinizada. Candarave exige justicia hídrica (…) no los vamos a abandonar, la lucha va a ser larga y si tenemos que justificar técnicamente el pedido, lo vamos a hacer”, declaro Tonconi.

Los candaraveños entregaron un memorial con sus pedidos, entre los cuales figura una mesa técnica de alto nivel para Candarave, con presencia de los ministerios de Minas, Ambiente y Agricultura.

 

También piden la salida de Egesur

En 2011, los candaraveños protestaron contra la minera por el proyecto de ampliación de su planta concentradora. La postura que tuvieron en ese entonces se repite hoy en día.

Candarave pide el afianzamiento de la laguna de Aricota y el retiro de la empresa Egesur. Esta compañía genera energía eléctrica allí. Según los candaraveños, Egesur ha perjudicado los niveles de agua de Aricota.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/2019/07/18/candarave-da-ultimatum-a-gobierno-para-cancelar-licencias-de-agua-de-minera/

Perú

Comunidad de Espinar denuncia que Glencore (antes Xstrata) genera cáncer en población.

Los comuneros de Tintaya Marquiri, comunidad de Espinar, vienen protestando desde el martes 16 de julio ante la empresa suiza Glencore, debido a que no cumple con los acuerdos fundamentales suscritos desde el 7 de noviembre del 2013. Antes la empresa suiza era Exstrata Cooper, pero se fusionó con la empresa Glencore. El presidente de la comunidad, Javier Alccamari, señaló que hasta ahora no hay proyectos de saneamiento básico, y básicamente lo que ha hecho la empresa son proyectos de poca envergadura.

Además, denuncia que las y los miembros de la comunidad de Tintaya Marquiri y comunidades aledañas, sufren de cáncer como consecuencia de la actividad minera en la provincia, que lleva 38 años.

La comunidad exige diálogo con el gerente general de la empresa, ya que los relacionistas comunitarios de la empresa no tienen poder de decisión.

El presidente de la comunidad, agregó que en estos más de 38 años de actividad minera, “la comunidad no se ha beneficiado. Solo ha traído el hambre, miseria y enfermedad. Beneficia a los funcionarios y a los familiares de los funcionarios, pero a la comunidad no beneficia en nada”

Finalizó señalando que en caso no haya resultados, radicalizarán su medida de lucha.

Para comprender la historia de Espinar en relación a la actividad minera, puede ver más aquí

 

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/911-comunidad-de-espinar-denuncia-que-glencore-antes-xstrata-genera-cancer-en-poblacion?fbclid=IwAR2jM5BxG4YzOkxGOQXHh3U7uv3jrdageU3gmy3blWCid9GeK5pIutNHzuk

Argentina, Litio

Crónica : Lucha de las comunidades contra Megaexplotación de Litio

COMUNIDADES INDIGENAS, PUEBLO KOLLA DEL TERRITORIO DE SALINAS GRANDES Y LAGUNA DE GUAYATAYOC

EL AGUA VALE MAS QUE LA MINERIA – LITIO PARA HOY HAMBRE PARA MAÑANA!!!

El conflicto se presenta a mediados del año 2009 e inicio del 2010, a través de diferentes situaciones de avances de las empresas mineras extractivas en el territorio, con complicidad del gobierno argentino, que incumplen el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional de Argentina; el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración Universal de Derechos Indígenas.

Ante esta situación nos hemos constituido en un espacio organizativo conformado por más de 30 comunidades denominada “Comunidades Indígenas del Territorio de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc”, en respuesta a los avances de exploración de litio en el territorio por empresas mineras multinacionales, violando de esta manera nuestros derechos Indígenas sobre el territorio, sin ejercer la consulta y participación. Nos organizamos de manera ejemplar para defender nuestro Territorio y nuestra Identidad Cultural.

Hemos recibido la visita del relator de la ONU James Anaya en el lugar de Ojo del Huancar, donde expusimos nuestro reclamo, seguidamente viajamos a Buenos Aires a la Corte Suprema de Justicia a defender nuestra causa Indígena; después de intensos trabajos de análisis, reflexión y acciones en defensa del territorio, donde nos formamos nos capacitamos, en el 2015 publicamos nuestro protocolo Procedimiento de Consulta y Consentimiento, Previo, Libre e Informado, titulado “Kachi Yupi”, Huella de la Sal, elaborado de manera participativa durante dos años por nuestras comunidades, el cual sería presentado al gobierno de Morales para que sea aprobado por resolución, tal como lo había prometido en su campaña electoral, pero esto nunca se cumplió.

A comienzo de este año, el gobierno autoriza a dos empresas: A.I.S Resourts S.A (canadiense) y Ekekos S.A, para la exploración y perforación ilegal en un lugar denominado Pozo Dulce, a 6 kilómetros de la ruta provincial número 79. Esto genera un malestar en las comunidades, debido a que el gobierno continuo violando los derechos indígenas del territorio; por lo que reunidos en Asamblea general en la comunidad de Sauzalito, los dirigentes comunales acordamos realizar una movilización con el objeto de visibilizarnos ante la sociedad, solicitamos la nulidad del concurso de oferentes n° 1/2018 de JEMSE expte. n° 660-538-2018 para la “prospección geológica, exploración y factibilizacion de proyectos mineros en Salinas Grandes , Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama; y frenar los trabajos y expulsar a las empresas que están trabajando ilegalmente en el territorio. Es así que aquí comienza un nuevo proceso de movilización, el regreso de la gente de las comunidades a luchar y defender el territorio, donde se generan acciones de visibilización sobre la ruta nacional N° 52 y ruta provincial N° 79.

Al pasar de los días la medida de lucha se profundiza, se solicita la presencia del gobernador Morales para que de explicación ante la situación que se está viviendo ya que el gobierno a través de la empresa JEMSE avanza con licitaciones para explorar el territorio en busca de litio y otros minerales, sin cumplir con el procedimiento de Consulta y Consentimiento a las Comunidades Indígenas que habitamos ancestralmente en el Territorio. En la comunidad de Saladillos se dan cita el director de JEMSE Carlos Oheler, el Secretario de Minería Ing. Miguel Soler, luego la secretaria de Pueblos Indígenas de la provincia Alejandra Liquin, a los que se les pide información de la situación, se la interpela y se le solicita que recorra el lugar para verificar los daños y perjuicios ambientales producidos, exigiendo urgente una reparación ambiental por los daños causados en la perforación del pozo y químicos utilizados que dañan y contaminan las napas de agua subterráneas; como así también por nota nuevamente se solicita que se haga presente el gobernador de la provincia ctdor., Gerardo Morales.

El gobernador no asiste a la convocatoria de las comunidades, como si hizo a lo largo de su campaña política, lejos de hacerlo convoca una reunión en capital con comuneros y representantes de las comunidades del territorio. Desacredita a la Asamblea en los medios y organiza junto a JEMSE mesas del litio, junto al presidente argentino, congresos internacionales, seminarios, etc. donde tampoco invita a las comunidades afectadas para discutir el tema.

La Asamblea reunida decide permanecer en estado de movilización y alerta permanente, en la ruta N° 52 para visibilizar y mostrar al público en general la situación gravísima de violación de los derechos humanos por parte del estado nacional y provincial, en este caso a las comunidades indígenas. Mientras se permaneció día y noche en la intemperie del frio y el calor, las comunidades realizan el documento donde manifiestan entre otros puntos fundamentales: 1-NO aceptaremos más ninguna consulta previa e informada, ya que el gobierno utiliza este mecanismo de manera aparente para lograr el “consentimiento” de proyectos extractivos en el territorio; 2- NO vamos a aceptar ninguna exploración ni explotación de minera de litio y otros minerales; 3- Declaramos al Territorio de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, Patrimonio Natural, Cultural y Ancestral de los Pueblos Originarios; y 4- Exigimos al gobierno nacional y provincial reconozcan y declaren este territorio como zona Libre de Mega minería y de cualquier otro proyecto extractivo que dañe a la Pachamama y atente a la forma de vida de las comunidades; culminando este hecho histórico se firma el documento por todos los presentes en horas de la noche fría en plena puna jujeña.

A lo largo de estos meses las Salinas Grandes ha sido declarada como una de las siete maravillas naturales de la Argentina, posibilidad para que las comunidades desarrollemos proyectos locales en desarrollo turísticos y productivos, no obstante lo cual el gobierno sigue insistiendo a través de la empresa JEMSE en avanzar con la mega explotación del litio, otros minerales y piedras preciosas, las cuales usaran millones de litro de agua, sabiendo que es muy escasa en el territorio del denominado triángulo del litio, otorgando la exploración a la empresa Integra Recursos Naturales SA (José Luis Manzano, uno de los principales socios accionistas que toma la precaución de renunciar como gerente) que en diciembre de 2018, ya había presentado su voluntad de explotar el litio en las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc y es declarada de interés provincial.

Claramente hay un gran conflicto de intereses ya que esta gobierno provincial de Gerardo Morales, apoyada ampliamente por el gobierno nacional en la persona de Mauricio Macri, que sigue sin reconocer y respetar a las comunidades originarias prexistentes a la nación Argentina.

El interés de las grandes multinacionales en saquear los recursos minerales y naturales en los territorios indígenas en todo el país. La revolución tecnológica, el cambio de la matriz productiva del país y del mundo claramente se están basando en el despojo, el hambre y la miseria de las comunidades y de toda la población en general.

Durante estos nueve años de resistencia, hemos aprovechado nuestra organización para una gestión y defensa autónoma y soberana de nuestro territorio. Privilegiamos la voluntad soberana de nuestras comunidades expresada por la asamblea, nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra Pachamama, nuestra concepción del Buen Vivir, el principio de la gestión “en bien común” de nuestro territorio descubierto recientemente por las ciencias sociales pero practicado desde tiempos inmemoriales por las comunidades indígenas de todo el mundo. Con esto pretendemos contribuir a nuestra medida a revertir siglos de marginación y expoliación, en la línea de la resistencia de nuestros ancestros desde hace por lo menos doscientos años.
A tal efecto, nuestra organización se fortaleció y consolido como un verdadero gobierno soberano, oponiéndonos y confrontando de igual a igual con el gobierno provincial y las empresas, más allá de la disimetría y poderes económicos de los políticos y empresarios.

Este fortalecimiento institucional nos lleva a un verdadero empoderamiento, gobernabilidad e inclusión social de nuestras comunidades en defensa del TERRITORIO INDIGENA KOLLA DE SALINAS GRANDES Y LAGUNA DE GUAYATAYOC.

JALLALLA JALLALLA …. PUEBLO KOLLA!!!

Latinoamerica, Mexico

Los espejos del despojo, la militarización y contrainsurgencia en el sureste mexicano y Centroamérica

Sudamérica se vuelve a los brutales tiempos de la Colonia, ahora con el “nuevo” extractivismo, que no es sino el ancestral saqueo de recursos naturales, tipificados como “materias primas”, y que, en los gobiernos progresistas de la región, se avala y promueve como un “extractivismo de izquierda” -que viene siendo algo así como un capitalismo de izquierda o una izquierda capitalista o a saber qué quiere decir eso-, pero igual destruyen y despojan, sólo que es por una “buena causa” (¿?).  Cualquier crítica o movimiento opositor a la destrucción de los territorios de los originarios es catalogada como “promovida por el Imperio”, “de aliento derechista”, y demás equivalentes a “es un complot de la mafia del Poder” 300. Sub comandante insurgente Moisés y SupGaleano

El 16 de agosto del 2014, el Congreso Nacional Indígena publicaba la segunda declaración sobre el despojo de nuestros pueblos, donde exponían a manera de metáfora, 24 espejos del despojo territorial y la guerra contra los pueblos a nivel nacional estructurada en una relación intrínseca entre violencias políticas del estado, a decir; la militarización, las reformas, la creación de leyes etc., y las violencias destructivas y anónimas del capitalismo; desde el actuar de las grandes corporaciones -mineras, petroleras etc.- hasta las del crimen organizado en su gran diversidad de carteles. A 5 años de dicha declaración, la guerra no solo se ha agudizado, sino que ha permitido la continuidad de la militarización y el despojo, so-pretexto de la lucha contra el crimen organizado.

El despliegue de la Guardia Nacional previsto para el 30 de junio del presente año, se ha adelantó para el pasado martes 18 de junio (1) debido a los acuerdos tomados entre el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrad, y Mike Pence secretario de gobierno de EU. La intimidación de una guerra arancelaria impulsada por el presidente Trump a México puso a temblar al estado, sus instituciones y alguno que otro despistado y liberal dentro de esta geografía. Ante esto, detener el flujo migratorio en 45 días fue la condición del gobierno estadounidense para frenar la causa de lo que podría ser una “crisis económica por el alza a los aranceles en el futuro”.

Unas semanas antes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó en conferencia matutina junto con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador una propuesta nombrada “Plan de desarrollo integral: El Salvador, Honduras, Guatemala, México” como respuesta para combatir el fenómeno migratorio en Centroamérica. Dentro de dicho plan resalta la posibilidad de establecer una interconexión eléctrica entre los países de dicha región que implicaría la construcción de un gasoducto de 600 km para “la integración entre el sur de México y América Central para llevar el exceso de gas natural y bajar el costo”, además, una terminal de gas natural y una central energética en el puerto Cortés en Honduras, el mejoramiento de infraestructura fronteriza en 950 km entre Guatemala y México, y una conectividad ferroviaria de 710 km desde la ciudad de Hidalgo en Chiapas, hasta en el puerto de la libertad en el Salvador (2) que pueda conectar, de la misma manera, Guatemala, Honduras, el Salvador y México. Sumémosle a esto, los proyectos de inversión en presas hidroeléctricas, en proyectos de parques eólicos y paneles solares, minería etc., como parte de la continuidad del proyecto Mesoamérica financiado por distintas corporaciones -como la petrolera EXXON, SHELL, ETC- y también por el Banco Mundial, (3) impulsados y justificados, de la misma manera, por la CEPAL.

El 14 de Junio se publica en el diario oficial de la federación el decreto en el que se crea el organismo “público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado denominado corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ” (4) órgano que asumirá la dirección de la construcción de la diversidad de proyectos dentro Plan de Desarrollo Integral para el Istmo. Una semana antes, pobladores de distintas comunidades del estado de Oaxaca y de diferentes organizaciones sociales se habían reunido en un encuentro denominado “el Istmo es nuestro”, para rechazar la propuesta del canal interoceánico del gobierno federal.

A partir de las negociaciones el 5 de junio en la Casa Blanca, estas iniciativas, tanto de la CEPAL como del Corredor Interoceánico, se han acelerado para proteger los intereses no solo del vecino del norte, sino de las propias corporaciones. Este complejo de megaproyectos implica la materialización de un entramado económico con variables políticas netamente neoliberales que lo único que intentan es “resolver” la crisis dentro de los mismos marcos que la generaron. Crisis que se presenta ahora como migratoria, energética, política y económica.

Como respuesta al éxodo migratorio, se efectúa en estos momentos el despliegue de la Guardia Nacional -que comenzó el martes 18 de junio- que implica la movilización de 6000 elementos, así como 825 agentes del Instituto Nacional de Migración (5) en distintos puntos estratégicos de paso de migrantes en la zona sur-este.

Ante este panorama, el viernes 14 de junio renuncia Tonatiuh Guillen, comisionado del Instituto Nacional de Migración y especialista en temas de migración con fuertes críticas hacia las políticas anti-migrantes del gobierno estadounidense.  Ante esta deserción, asume la responsabilidad Francisco Garduño, quien había fungido como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social  a nivel Federal, a decir pues, un especialista en cárceles (6). Y entra en escena, el nombramiento de Kevin McAleenan como jefe del departamento de seguridad de los Estados Unidos, y la posibilidad de que Thomas Homan,  ex director de la agencia migratoria conocida como ICE, asuma este cargo en los próximos días, quien ha sido conocido también como el nuevo“zar fronterizo”, que, además de defender la separación de familias de los migrantes en el proceso de detención, promete redoblar 4 o 5 veces la inspección y deportación de migrantes, y fortalecer(7) los nuevos campos de concentración instalados ya en la frontera sur de este país. Esta ha sido la respuesta del gobierno de Trump al flujo migratorio, la militarización no solo de la frontera norte, sino el reacomodo del Comando Sur en Guatemala y la capacitación de este comando a militares hondureños en diferentes tareas, “incluyendo salas de limpieza, calificación de armas, registros de vehículos y puntos de control táctico” (8) con intención de combatir el éxodo y otras amenazas internas. Las prácticas de militarización y detención de migrantes han llegado a puntos extremos similares a los campos de concentración Alemanes del siglo pasado, como afirma David Brooks, “hemos entrado a lo que yo llamaría un sistema de campos de concentración… y la definición de eso es la detención masiva de civiles sin un juicio”. Por cierto, “la semana pasada se reveló que el gobierno de Trump usará una base militar en Oklahoma que fue campo de concentración para japoneses-estadunidenses internados durante la Segunda Guerra Mundial, para detener a unos mil 400 niños inmigrantes no acompañados”. (9)

El éxodo migratorio no puede entenderse sin la formula despojo-militarización, que en clave geopolítica se traduce como zonas de sacrifición (territorios estratégicos en recursos naturales, culturales) y zonas de acumulación, puntos geográficos que se “desarrollan” a costa de otros puntos geográficos y que descansan sobre  una lógica común; la violencia del capital, respaldado por los diferentes tipos de estado (desde los progresistas como Nicaragua hasta los neoliberales) y la injerencia de estrategias de contrainsurgencia, principalmente de Estados Unidos.

Es precisamente ahí donde entra la militarización de México con la Guardia Nacional. El control territorial del sur no es más que un esfuerzo de cuidar un proceso de reordenamiento territorial a favor del capital y sus grandes corporaciones, el Tren Maya y el Plan de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec y el de Centroamerica, se incertan ahora en la llamada “economia verde ó capitalismo sustentable” (10) como “nuevos espacios globales, en los cuales el orden y gestión del territorio dejan de ser propiedad del Estado para ponerse a disposición del capital extranjero” (11), un proceso de industrialización que implica la construcción de grandes zonas maquileras, -estrategicas a nivel global- y proyectos de “desarrollo”. El mismo papel que cumplirian las Zonas Economicas Especiales, sólo que ahora, con un nombre más amigable.

La década de los 80´s y 90´s estuvo marcada por una fuerte violencia entre grupos guerrilleros y ejércitos estatales auspiciados y asesorados por las distintas instituciones y departamentos de seguridad del gobierno gringo. Tanto el pentágono, el departamento de defensa y la CIA cumplieron un papel especifico en contrarrestar a los grupos insurgentes a partir de la instalación de bases militares en todo territorio centroamericano, esa estrategia en lenguaje militar se ha denominado “dominación de espectro completo”, que implica control y vigilancia de todo el globo a través de 5 comandos especiales, como ya sabemos, de Guatemala a la Patagonia vigila el Comando Sur. Centroamérica ha sido un laboratorio de contrainsurgencia impulsado por estos distintos departamentos de seguridad estadounidenses, que han llevado a imponer, en esa región tan estrecha, cerca de 28 bases y centros de operación militar. La estrategia de “dominación de espectro completo” no solo ha servido para combatir las subversiones, sino también para vigilar y controlar los recursos naturales. Renán Vega Cantor y Felipe Vega lograron retratar el establecimiento de las bases militares y centros de operaciones gringas en Latinoamérica a través de su investigación “Geopolítica del despojo; Biopiratería, genocidio y militarización” y “Los economistas neoliberales, nuevos criminales de Guerra” (12)  . La distribución de centros de operación y bases militares se distribuye de la siguiente manera:

México:

1).- Bases de Chicomuselo y Juquipilas en Chiapas, con 600 efectivos. Se funda como parte de la iniciativa Mérida, y la militarización del sur de México, sumado a los 14000 militares que se encuentran en Chiapas.

2).- Academia Estatal de formación y desarrollo policial en las Encinas, San Salvador de Chachapa al oriente de Puebla. El FBI y otras agencias gringas tienen participación directa.

Guatemala:

3).- Fondo de mantenimiento contra el narcoterrorismo, en San José Guatemala creada por el comando SUR.

4).- Centro de operaciones contra el narcoterrorismo en Champerico, creado por el comando Sur. Cuartel-centro de operaciones y muelle con inversión de 1.75 millones de dólares.

5).- Centro de Operaciones contra el narcoterrorismo en Tecun Uman, creado por el comando sur con una inversión de 1 millón de dólares.

6).- Centro de entrenamiento de fuerzas especiales Kaibiles. Poptún. Comando Sur y operaciones especiales Sur con una inversión de 1.15 millones de dólares, funciona como centro de operaciones y base aérea.

Honduras:

7).- Centro anti-narcóticos. Comando Sur. Contrato asignado en junio de 2010 por 1.2 millones de dólares.

8).- Puerto Castilla, Comando Sur. Con una inversión de 350 mil dólares.

9).- Base aérea y militar Sotocano y Palmerola. Se origino para contrarrestar la revolución sandinista y el movimiento guerrillero en el Salvador.

10).- Fuerza de tarea conjunta BRAVO-Sotocano.

El Salvador:

11).- Fuerza de tarea conjunta el Águila, base aérea de Comalapa.

12).- Locación de operaciones avanzadas Miraflores, por el Comando de operaciones especiales Sur.

Belice:

13).- Centro anti-narcoterrorismo. Callao Hunting y Callaos Sapodilla. Cuartel, centro de operaciones y muelle creado por el Comando Sur con una inversión de 1´750.000 dólares.

14).- Centro de operaciones contra el narcoterrorismo. San Pedro. Cuartel, centro de operaciones, muelle, almacenamiento de combustibles y dispensario, financiado por el Comando Sur con una inversión de 1.5 millones de dólares.

Nicaragua:

15).- El Bluff Bluefields. Construcción de un cuartel contra el narcoterrorismo por parte del comando sur, que aportó 1 millón de dólares.

16).- Cuartel contra el Narcoterrorismo. Isla Cuerno. Comando Sur con una inversión de 500 mil dólares.

17).- Corinto. Cuartel y muelle. Comando Sur con una inversión de 3.9 millones de dólares.

Costa Rica:

18).- Base Antinarcóticos. Liberia. Construcción por el Comando Sur en 2009. Construcción de un radar y hangar por EEUU. USEN.

19).- Base Naval Punteras. Calderas, Costa Rica. Creación de escuela de guardacostas. El Comando Sur aportó 2009 1,5 millones de dólares para la construcción de muelles e instalaciones.

Panamá:

20).- Centro contra el terrorismo. Isla Grande, Panamá. Cuartel, centro de operaciones, muelle y sistema de abastecimiento creado por el Comando Sur por 3.5 millones de dólares.

21).- Centro contra el narcoterrorismo. El porvenir, Panamá. Centro de operaciones, muelle y sistema de abastecimiento creado por el comando sur por 3.5 millones de dólares.

22).- Centro contra el narcoterrorismo. Puerto Piña. Cuartel, centro de operaciones y muelle creado por el Comando Sur con una inversión de 4 millones de dólares.

23).-Centro contra el narcoterrorismo. Puerto Obaldía. Inversión del Comando Sur por 3.5 millones de dólares. (13)

Los mapas muestran el reparto de dichas bases militares aquí mencionadas.

La militarización y control de Centroamérica permitió que en esta región se practicaran todo tipo de tácticas y estrategias de contrainsurgencia que fueron, en todos los aspectos, los generadores de la violencia que hoy repercute y expone sus efectos en el fenómeno migratorio.

Por otra parte, en el territorio dominado por el estado mexicano, la distribución del ejército se da a través de 46 zonas militares distribuidas a lo largo y ancho del país(14). Del estado de puebla a Chiapas encontramos por lo menos 10 zonas a cargo de esta institución castrense. Aunado a esto, de los 266 centros de operación de la Guardia Nacional, tan solo Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco se establecerán 50 de estos centros operativos, los cuales fueron los primeros en funcionar -desde el 18 de Julio- debido a la crisis migratoria.

La crisis que se presenta ahora ha venido acompañada de estrategias de “desarrollo integral” como respuesta a dichas problemáticas, no sin antes, como en el caso mexicano, militarizar la zona del problema con un muro de contención contra las y los despojados. Pero estas propuestas de desarrollo integral lo único que hacen es agudizar la violencia propia del capitalismo, mostrando una cara más amable. No olvidemos que fue la CEPAL – mediante sus análisis desde el enfoque de la economía política o capitalismo con rostro humano- quien propuso y dio las pautas “científicas” para el desarrollo de Centroamérica mediante el proyecto Mesoamérica.  No podemos obviar que “desarrollar integralmente una zona” en el lenguaje de la economía política, es simplemente la continuación de la reproducción del actual modo de producción que tiene como fundamento el despojo permanente mediante la violencia.

Y, como era de esperarse, a poco más de una semana del despliegue de la Guardia Nacional, los efectos de la represión comienzan a hacerse notar, la Red Zona Norte de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes denuncio el hostigamiento y violencia con la que han actuado los elementos de la Guardia Nacional sobre migrantes y defensores de derechos humanos en los últimos días (15), no solo en la zona norte del país, sino sobre todo en la parte sur, donde el Instituto Nacional de Migración en colaboración con la Guardia Nacional han actuado en redadas contra los migrantes (16). Y, como se previa, la zona sur-este del país, se ha vuelto un muro de contención militar en contra de las personas que vienen migrando.

En los últimos meses,  distintas organizaciones sociales y comunidades han denunciado al gobierno federal y al Intituto Nacional de Pueblos Indigenas por llevar acabo consultas amañadas (17) con la clara intención de darle continuidad a proyectos de despojo.

Por otra parte, el Congreso Nacional Indigena registra 117 asesinados desde su creación en 1996 y 11 desaparecidos, en tan solo 5 meses del actual gobierno se registaron 10 asesinatos contra miembros del CNI (18). Hay una guerra declarada contra el zapatismo, que no implica solamente el refuerzo de la militarización en territorio del EZLN, sino la agresión permanente hasta el asesinato de quienes se oponen a la toma del estado como forma de organizar la vida.

Pero es una imagen la que muestra la realidad de la guerra que ya esta en curso y de la que se avecina. El 26 de junio aparecieron muertos Oscar Martinez de 25 años y su hija Valeria de 23 meses de edad en los limites del Rio Bravo, en el norte del país al tratar de cruzar la frontera. La Organización Internacional para las Migraciones publico un estudio nombrado “Fatal Journeys Missing Migrant Children” donde señalan que son tres las cusas de muerte en el paso de migrantes en méxico 1).- Accidentes en el tren llamado la bestia, 2).- las causas desconocidas como desaparición y 3).- la violencia, (19) y afirman, que en 5 años, del 2014 a la fecha suman 1907 muertes registradas de migrantes, pero se les olvido explicar las causas puntuales que originaron la violencia y el despojo de quienes ahora migran, y el papel de las fuerzas armadas en dicho proceso.

La imagen del asesinato de Bertha Cáceres en Honduras, de los pueblos Xincas y Mayas en Guatemala, de las y los estudiantes y pobladores reprimidos y asesinados en Nicaragua, de la crisis política en Panamá y de los despojos territoriales en Costa Rica, nos muestra que es precisamente esta violencia de la clase criminal transnacional, las corporaciones y sus actores ilegales y legales, su vinculo con las instituciones del estado y la militarización y para-militarización, los factores que han obligado a las personas a abandonar sus territorios y/o resistir hasta ser asesinados.

Centroamerica y el sureste mexicano se nos presentan como un mosaico de imágenes, cada mosaico enfrenta su propia versión de la crisis e intenta salir de ella. La guerra que esta en curso y la que viene será la guerra de lxs nadie, de lxs dueños de nada, de lxs despojadxs y excluidxs, de lxs desplazadxs por la violencia de los estados, de lxs asesinadxs por las balas del capital, de lxs encarceladxs por las grandes corporaciones, de lxs desaparecidxs por el crimen organizado transnacional, la guerra que viene será la guerra de lxs nadie, de aquellxs que, como dice Galeano, cuestan menos que la bala que lxs mata.

 

Fuente:https://avispa.org/los-espejos-del-despojo-la-militarizacion-y-contrainsurgencia-en-el-sureste-mexicano-y-centroamerica/?fbclid=IwAR02wK9TNgGvXrhBqNpDnOAnO61G_BKEMmV5BKi_HaohKE7WobstfffAC0g

 

Chile

Minería submarina: la nueva amenaza que aceleraría los efectos del cambio climático

En el mundo hay 29 licencias concedidas para impulsar esta industria. En Chile actualmente hay empresas que están en proceso de exploración.

Los estudios y exploraciones que se han realizado a lo largo de nuestra historia nos han permitido conocer menos de 1% del fondo del mar a nivel mundial. Y pese a aquello, en lo poco que se conoce ya se sabe que hay grandes riquezas. Por este motivo, la industria minera ya elabora planes para bajar y explotar comercialmente las profundidades marinas. Según Greenpeace, el avance de esta industria constituye una de las nuevas y más extensas amenazas para los ecosistemas marinos del planeta.

Greenpeace presentó a nivel global el informe llamado «En aguas profundas«, el cual alerta respecto de los daños irreversibles que provocaría esta industria en caso de avanzar con sus perforaciones en los océanos. De acuerdo al informe de la ONG medioambiental, a la fecha exigen 29 licencias que  han sido concedidas.

La explotación en el mundo

Estos permisos que se reparten de manera preferente en China, Corea, Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia, países que reclaman vastas áreas del Océano Pacífico, Atlántico e Índico. ¿El tamaño del área?  Alrededor de 1 millón de km2, casi el tamaño de la superficie de Bolivia. Como dato curioso, la gigante empresa de armas estadounidense Lockheed Martin posee dos licencias de exploración patrocinadas por el Reino Unido.

“Los océanos podrían enfrentar daños severos. La minería en aguas profundas es una amenaza emergente y su actividad podría resultar en la extinción de especies únicas. Además esta práctica industrial aceleraría los efectos del cambio climático”, señaló Estefanía Gonzalez, coordinadora del programa de océanos de Greenpeace Andino.

 

Regulaciones más estrictas 

Según el informe, las regulaciones ambientales deben ser más estrictas si se pretende salvaguardar la vida de los océanos.

Es por esto que la organización ambientalista hace un llamado a los gobiernos del mundo para que acuerden en las Naciones Unidas un tratado Global Oceánico que ponga la conservación de las aguas por encima de su explotación.

Además, el trabajo realizado por Greenpeace revela que la gobernanza oceánica, con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), organismo de la ONU responsable de regular la industria minera de aguas profundas, está priorizando los intereses corporativos por encima de la protección marina por medio de un tratado global.

En Chile aún no comienza 

¿Y en Chile? Si bien nuestro país brilla a nivel mundial por su industria minera, aún no contamos con un yacimiento submarino. Sin embargo, es una arista que estaría en vías de desarrollo. La empresa minera Mares Australes está interesada en explotar el oro submarino que se encontraría en el área de Bahía Nassau.

Según señaló la empresa al medio ITV Patagonia en 2016, hay bastante oro en el agua. Pese a que es difícil estimar el potencial del área en cuestión, hay algunos estudios que apuntan a la presencia de oro, cobre y otros.

Los riesgos

El informe de Greenpeace  cita a científicos, gobiernos, ambientalistas y representantes de la industria pesquera que advierten sobre las amenazas a la vida marina y exponen el daño que provocaría la maquinaria minera y la contaminación tóxica si los gobiernos permiten que se comience a comercializar con la minería en aguas profundas. Además, el reporte también explica cómo este tipo de prácticas podría empeorar la emergencia climática al quebrantar las reservas de «carbono azul» en los sedimentos del fondo marino.

“Conocemos más sobre la superficie de Marte y la Luna que sobre la profundidad de nuestras aguas. Es fundamental que los gobiernos acuerden en la ONU un tratado que permita allanar el camino para la creación de una red de santuarios oceánicos libres de cualquier explotación industrial, incluida la minería”, sostuvo González.

 

Fuente:https://www.publimetro.cl/cl/noticias/2019/07/15/mineria-submarina.html

Colombia

Renuncia de eco oro a concesión, no es para celebrar

Hace dos semanas nos enteramos que Eco Oro renunció a la Concesión Minera 3452 por considerar que ciertas medidas adoptadas por el Estado colombiano han hecho inviable su proyecto Angostura.

Por un tuit triunfalista, parte de la opinión pública percibió que se había alcanzado una gran victoria contra la megaminería en Santurbán, cuando en realidad la actuación de Eco Oro se enmarca dentro de su estrategia de demanda contra el Estado colombiano por 764 millones de dólares (unos 2,45 billones de pesos), dejando entrever el argumento de la inseguridad jurídica para las empresas que invierten en nuestro país a la luz de los tratados de libre comercio suscritos, entre ellos con Canadá.

Para comprender el contexto actual es indispensable recordar cuando Eco Oro era la otrora Greystar.

En 2010, el gobierno Santos afirmaba que el proyecto Angostura, cuando este contemplaba la explotación a cielo abierto en Santurbán, se haría a como diera lugar, en un ambiente de injusta estigmatización contra grupos que se oponían al proyecto, entre ellos sindicatos, ONG, estudiantes universitarios y militantes de izquierda.

Sólo con la llegada de Fenalco Santander, por voluntad propia, quien convirtió un debate regional en nacional, acompañado de otras organizaciones consideradas también parte del llamado establecimiento como la Sociedad Santandereana de Ingenieros, el Colegio San Pedro Claver, la Universidad Santo Tomás y la Sociedad de Mejoras Públicas, despegó nuestra causa y logramos detener la explotación a cielo abierto en Santurbán, lo cual celebramos como histórico al sentarse un precedente nacional reconocido por importantes investigaciones académicas y periodísticas, y desde ese momento todos los segmentos de la sociedad santandereana nos unimos en defensa del agua y Santurbán.

Tras su derrota, Greystar cambió su nombre a Eco Oro, con el anuncio de un proyecto de minería subterránea sin futuro, solicitud que de hecho jamás radicó.

No podemos ser triunfalistas, en el contexto actual, sin que el Gobierno haya expedido una nueva delimitación de Santurbán garantista para nuestra agua, y con ocho mineras con pretensiones extractivistas en la zona.

 

Columna de Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana publicada en Vanguardia.Com, jueves 11 de julio de 2019.-

Fuente:http://concienciaciudadana.org/renuncia-de-eco-oro-a-concesion-no-es-para-celebrar/?fbclid=IwAR0_kgrDJp4howOofXH_BNQMkEFlTCOk826CYX3Fz6Bku3lu0KzN42qMW1c