Colombia

Arbitraje de Gran Colombia Gold contra Colombia, amenazas medioambientales y Derechos Humanos

Autor: Redacción Ciar Global.
Conflicto Relacionado: Marmato

El 2 de julio de 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, registró la demanda de arbitraje de la minera canadiense Gran Colombia Gold contra Colombia en la que reclama 700 millones de dólares relacionada con la cesión de un título minero a las comunidades locales para explotar la minería a cielo abierto, tras una pugna de más de una década con la denuncia medioambiental y de Derechos Humanos como protagonistas.

La canadiense invoca el Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Colombia después de que se le pidiera que cesara sus operaciones hasta llevar a cabo una consulta con las comunidades de la zona.

La cesión del título minero en la parte alta del cerro El Burro, dominio por el que las familias del municipio colombiano de Marmato luchan desde hace una década con la minera canadiense Gran Colombia Gold, terminó con la decisión de la Corte Constitucional de Perú de suspender la actividad de la multinacional canadiense en la zona hasta que se realizara una consulta previa con las comunidades locales.

El tribunal se apoyó en el riesgo de subsistencia económica de los pueblos de la zona y, a través de esta decisión, dio vía libre a los pobladores de Marmato para que explotaran el cerro El Burro a través de minas a cielo abierto, actividad que supone el 80% de su economía.

Amenaza medioambiental y pugna local

El proyecto no ha estado exento de controversia desde su comienzo por la oposición de las comunidades locales que viven de la explotación de las minas del cerro El Burro a cielo abierto. Según informaciones publicadas en la prensa, alrededor de 5.000 familias vivirían de la minería a cielo abierto, lo que representa el 80% de la economía local (

Asimismo, la presión por el daño medioambiental también está presente por la propia naturaleza del proyecto de la canadiense que pretende allanar la montaña para crear una mina a cielo abierto.

Varias avalanchas de lodo sufridas en la zona, que se remontan a 2006, provocaron la denuncia de las comunidades y la consecuente proposición gubernamental de cambiar la ubicación de Marmato argumentando la situación inestable de la ladera donde se situaba la población.

Recursos de oro y plata 

Según la información proveída por Gran Colombia Gold, el Proyecto Marmato contiene recursos totales estimados de aproximadamente 14 millones de onzas de oro y casi 90 millones de onzas de plata ubicadas en el departamento de Caldas, en el corazón del distrito de oro del Medio Cauca.

En 2012, la Compañía identificó una nueva zona profunda que contiene aproximadamente 300 millones de toneladas de mineralización potencial.

Fuente:http://ciarglobal.com/arbitraje-de-gran-colombia-gold-contra-colombia-amenazas-medioambientales-y-derechos-humanos/

Colombia

Minesa tiene listo el nuevo Estudio de Impacto Ambiental

Autor: Caracol Radio, Bucaramanga.
Conflicto Relacionado: Santurbán

La multinacional Minesa que tiene títulos mineros en el municipio de California, Santander, metros abajo de la cota del páramo de Santurbán ha completado el Estudio de Impacto Ambiental de su proyecto para la explotación de oro.

«Se tuvieron en cuenta los comentarios de la ANLA. Hay una evaluación más profunda del proyecto y se diseñó un plan de manejo ambiental que aportará a las comunidades de California y Suratá», destaca un documento interno de la compañía.

Minesa había retirado el primer estudio presentado ante las instancias del gobierno nacional lo que generó muchas interpretaciones.

En el documento conocido por Caracol Radio se advierte que «Minesa pasa de ser un proyecto de ingeniería para transformarse en un abanderado de la minería sostenible».

A la par se conoció que Darren Bowden, el CEO de la empresa renunció a su cargo, luego de dos años de trabajo. Se encargó de forma temporal a Mauricio Cuesta como CEO de la empresa.

«Pueden estar seguros de la continuidad del proyecto y de las operaciones diarias» destaca en un comunicado interno Ahmed Yahia Al Idrissi, presidente de la junta directiva de la compañía.

Honduras

Documento obtenido por Avispa Media devela la postura de la OIT sobre la Consulta Indígena

Autor: Movimientom 4.org.

El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, junto con la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, es reconocido como la principal herramienta jurídica internacional para garantizar los derechos de los pueblos, incluso el derecho a la consulta libre, previa e informada. Pero la forma cómo dicha herramienta ha sido implementada por los países ha causado descontentos en pueblos de diferentes partes de Latinoamérica.

La interpretación más obvia para entender estos descontentos gira alrededor de que los Estados Nación son los responsables por la tergiversación del significado y del uso de la consulta indígena, promoviendo procesos de consultas dudosos para facilitar la entrada de empresas a sus territorios.

Esta interpretación obvia se ha desmoronado cuando los mismos altos funcionarios de la OIT declararon, recientemente, que la Consulta no confiere a los pueblos el derecho al veto. O sea, un reglamento internacional que, en la interpretación del propio órgano que lo creó, no garantiza la autonomía de los pueblos.

Un documento obtenido por Avispa Midia permite ir un poco más adelante en el entendimiento sobre las reales intenciones de la OIT en cuanto a la Consulta Libre, Previa e Informada, a partir de un caso concreto, la construcción del proyecto de Ley de Consulta Libre, Previa e Informada de Honduras. El documento se trata de comentarios tejidos por el Departamento de Normas Internacional de Trabajo de la OIT, firmado por su directora, Corinne Vargha, respecto al Anteproyecto de Ley de la Consulta en Honduras. El anteproyecto fue enviado, con el respaldo de la OIT, recientemente al Congreso Nacional del país y está a punto de ser aprobado.

El documento, dirigido al secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social de Honduras, es una respuesta a la nota STSS-090-A-18 donde el gobierno de Honduras solicita a la OIT comentarios técnicos sobre el anteproyecto. De acuerdo con el mismo documento, su objetivo es proponer “ciertas modificaciones que tienen por objetivo alcanzar una mejor adecuación del Anteproyecto de Ley a las disposiciones del Convenio”.

El órgano dio su visto bueno a un texto que no garantiza la libre determinación de los pueblos. Para el Artículo 2 del anteproyecto, por ejemplo, que establece claramente que los pueblos no tienen el derecho al veto, la OIT hace la siguiente observación:

“En el párrafo 2 (del anteproyecto), se proponen los siguientes cambios editoriales con el fin de alcanzar una redacción aún más acorde con las disposiciones del artículo 6, 1), a) y 6, 2) del Convenio: La finalidad de la presente Ley es establecer procedimientos apropiados para realizar consultas con las comunidades de los PIAH respecto a todas las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, según corresponda. La Consulta no implica derecho a veto”, aclara el documento de la OIT.

El envió de recomendaciones no fue el único momento de intervención del órgano internacional en la construcción del Anteproyecto. “Los comentarios de la Oficina al Anteproyecto que presentan a la continuación completan los comentarios iniciales enviados al Gobierno el 22 de enero de 2018 y se inscriben en el marco de la conversación llevada a cabo entre funcionarios técnicos de la Oficina Internacional del Trabajo y el señor Secretario de Estado de Trabajo y Seguridad Social en la sede de la Organización, el 28 de febrero de 2018”, consta en el documento de la OIT.

En otro documento, de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, donde resume el proceso de construcción del Anteproyecto, el gobierno de Honduras reconoce la participación de la OIT: “Es importante destacar en este apartado que el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo OIT tanto en asistencia técnica, como el acompañamiento a todo el proceso en virtud de los acuerdos manifestados en la 105 Conferencia de la OIT, donde se establecieron compromisos con Honduras para acompañar y direccionar este ejercicio”, trae el documento.

Otro órgano internacional también estuvo involucrado en la construcción del Anteproyecto. “El papel de los veedores ha sido determinante en este proceso, particularmente en el caso del Programa de Naciones Unidos para el Desarrollo (Pnud), quienes han brindado un apoyo financiero y técnico en 16/18 talleres desarrollados, mostrando un compromiso significativo con los Pueblos Indígenas y afro hondureños y con el Gobierno de Honduras, además de actuar en muchos tramos como interlocutor en aspectos técnicos”, sostiene el documento de la Secretaría de Trabajo.

 

Seguridad jurídica para los inversionistas

El Estado de Honduras después de más de dos décadas de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT comenzó, desde el año 2012, un proceso de elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta, Previa, Libre e Informada, con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Pnud.

La iniciativa surge por presiones principalmente de los compromisos asumidos por el Estado hondureño en el marco del programa de colaboración de las Naciones Unidas para la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques en los países de desarrollo (Programa ONU-REDD+). La reglamentación de la consulta previa también forma parte de los compromisos del Estado relacionados con la negociación de Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA-Flegt), bajo la iniciativa de la Unión Europea, que versa sobre la aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de productos de la madera con destino a la Unión Europea. O sea, para a implementación de proyectos conservacionistas en territorio hondureño.

Así que no es mera coincidencia que, al mismo tiempo en que el gobierno hondureño envió el Anteproyecto al Congreso Nacional para votación, la Unión Europea firma finalmente un convenio sobre AVA-FLEFT con Honduras, establecido el 14 de junio.

El proceso

El Estado procedió en el 2012 a la creación de un anteproyecto de Ley, que derivó en tres versiones elaboradas por la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (DINAFROH) y el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH).

En el 2016, el PNUD contrató al peruano Ivan Lanegra, quien se encargó de crear una copia de la Ley de Consulta Perú, la que pasó por un proceso de socialización que el PNUD y el estado de Honduras denominaron consulta. El 30 de mayo de 2016, ODHPINH presentó ante el Congreso un anteproyecto de Ley de Consulta para la obtención del Consentimiento, Previo, Libre e Informado, la cual hasta la fecha se encuentra engavetada, ante las presiones existentes del poder ejecutivo el que viene fraguando la imposición de la versión de Ley, promovida por el PNUD y el Programa REDD.

La Relatora Tauli-Corpuz emitió sus comentarios sobre el anteproyecto de Ley el 22 de diciembre de 2016 y ante las posteriores aberraciones jurídicas incorporadas a la versión de Ley promovida por Ivan Lanegra emitió sus observaciones adicionales en junio de 2017. La Relatora entre otras manifestó “exhorto al Estado de Honduras a garantizar que se respeten los estándares internacionales sobre consulta previa y otros derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Con el aval obtenido por el Estado de Honduras por parte de la OIT, en el que incluye en su artículo 2, “la consulta no implica derecho a veto”. Al respecto, en las observaciones la Relatora Especial expresa su profunda preocupación sobre las interpretaciones del Convenio 169 que “parecen indicar ciertos retrocesos en el entendimiento y aplicación de los estándares internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas”.

 

Pueblos dicen no

Con la participación de más de 400 Garífunas, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), provenientes de las diferentes comunidades, se efectúo el 13 de junio, en la ciudad de Trujillo, una asamblea extraordinaria del pueblo Garífuna, en relación al anteproyecto de Ley de Consulta Previa. La asamblea comunitaria rechazó de forma rotunda la imposición que pretende el Estado de Honduras.

La Asamblea después de analizar la versión de Ley respaldada por la OIT fue enfática en señalar que el Estado ignoró las recomendaciones de la relatora, y procedió a agregar una serie de adefesios jurídicos que descalifican el sentido de la consulta, convirtiéndola en un trámite administrativo, donde solo existe la posibilidad de aceptar las imposiciones del estado y los empresarios.

Líderes  comunitarios y defensores del territorio ancestral denunciaron como el Estado ha venido aprobando una serie de leyes que afectan a los pueblos indígenas, sin haber consultado en ningún momento a las comunidades que pueden ser afectadas. Desde las ciudades modelo (ZEDE) hasta los proyectos hidroeléctricos, así como una Ley de Incentivos al Turismo, a través de la cual se entregarán hasta las áreas protegidas a los inversionistas extranjeros.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), así como OFRANEH, rechaza el Anteproyecto de Ley del Estado.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/07/documento-obtenido-por-avispa-media-devela-la-postura-de-la-oit-sobre-la-consulta-indigena/

Mexico

Al menos uno de los decretos para explotar el agua afecta a comunidades de la Costa Chica, advierten

Autor: Rema.org

El 21 de julio se reunirán en Santa Cruz del Rincón, Malinaltepec, representantes de 350 localidades de 10 municipios de la región y de la Montaña, para acordar las acciones contra la nueva ley, informa el presidente del Consejo Regional de Autoridades Agrarias, Miguel Santiago Lorenzo

 

El Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica de Guerrero en Contra de la Minería y de la Reserva de la Biósfera, realizará acciones contra los decretos firmados por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 5 de junio, con los que deja en libertad de explotar el agua en donde antes estaba prohibido, informó el presidente del Consejo, Miguel Santiago Lorenzo.

Anunció que el próximo 21 de julio se reunirán en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, los representantes de 350 comunidades de 10 municipios de las regiones Montaña y Costa Chica, para acordar las acciones, porque al menos uno de estos decretos para la Costa Chica afecta el territorio que defiende el Consejo.

El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, mismos que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación.

Según expertos, estos decretos de reservas dejan explotar el agua donde estaba prohibido, pues se protege un volumen menor del líquido del que se resguardaba con las vedas eliminadas mediante los decretos del 6 de junio, ya que éstas prohibían otorgar permisos de explotación, y a partir del 7 de junio están a disposición del particular que lo requiera.

Vía telefónica, Santiago Lorenzo declaró ayer que uno de estos decretos afectará el agua de los ríos que bajan de la Montaña a la Costa Chica, entre éstos, el río Papagayo, el Balsas y el San Juan, que pasa por Ometepec.

“Todo esto nos afecta a nosotros, y estamos muy preocupados por ese decreto”, dijo, e informó que para acordar las acciones contra estos decretos se reunirán el 21 de julio en Santa Cruz del Rincón, “nosotros siempre que vamos a tomar una acción, sea lo que sea, lo decidimos en una asamblea general para que tenga validez lo que hacemos”, explicó.

Informó que también analizarán ese día el problema de la minería, porque denunció que la Secretaría de Economía federal sigue ampliando las concesiones para la explotación de las minas en las regiones Montaña y Costa Chica.
Informó que, saben que hay una solicitud para explotar una mina que afectaría 500 hectáreas en la región Costa Chica y región Centro, pero no dio mayores detalles porque dijo que apenas están solicitando la información, y que ésta se dará durante el foro al que están convocando para el 21 de julio.

El representante del Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica de Guerrero en Contra de la Minería y de la Reserva de la Biósfera, lamentó que ninguno de los candidatos a cargos de elección popular de todos los partidos se interese por la defensa de los recursos naturales y que no la hayan incluido en sus propuestas.
Informó que el Consejo emitió una convocatoria a los electores de todas las comunidades donde tiene presencia para que salgan a votar, pero por los candidatos a presidentes municipales, diputados locales, federales, senadores o presidente de la República que asuman el compromiso de la defensa de los recursos naturales del país.

El Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica de Guerrero en Contra de la Minería y de la Reserva de la Biósfera, aglutina a 350 comunidades de los municipios de Metlatonoc, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Tlacoapa, Iliatenco, San Luís Acatlán, Marquelia, Copala, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/06/al-menos-uno-de-los-decretos-para-explotar-el-agua-afecta-a-comunidades-de-la-costa-chica-advierten/

Internacional

Banqueros son cautelosos para financiar más minas de litio

Autor: Minería en Linea.com

Después de cerrar un trato con un fabricante chino de baterías en 2016, James Brown pensó que los banqueros estarían ansiosos por financiar su nueva mina de litio. Altura Mining corría para enviar la materia prima desde Australia al mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo a medida que aumentaba la demanda.

En cambio, mientras los precios del litio seguían subiendo, Brown pasó unas vacaciones navideñas llamando a los prestamistas y haciendo vuelos por todo el mundo para recaudar el dinero. Eventualmente, Castlelake, una firma de capital privado con sede en Minneapolis, ayudó a conseguir $ 110 millones en bonos. Pero hubo una trampa: una tasa de interés del 15%, o casi el doble de lo que los bancos normalmente cobran por las empresas mineras más convencionales.

“Habíamos estado probando bancos que conocíamos desde hace años”, dijo Brown, MD de Altura, quien anteriormente pasó 22 años con la productora de carbón New Hope Corp. “Dijeron: Chicos, nos encanta, simplemente no tenemos un mandato (para litio). Si vinieras a nosotros con carbón, oro o mineral de hierro, no tendrías preocupaciones “.

A pesar de los pronósticos alcistas para la demanda mundial, especialmente con la aceleración de la producción de vehículos eléctricos, el litio puede tener un problema de financiación. Los bancos son cautelosos y citan todo, desde el pobre historial de la industria en la entrega de proyectos anteriores hasta la falta de conocimiento de un mercado pequeño y opaco. Sin más inversión, los suministros del producto podrían permanecer ajustados, sosteniendo un boom que ya ha visto triplicarse los precios desde 2015.

Las empresas de litio necesitarán invertir alrededor de $ 12 mil millones para aumentar la producción cinco veces para el año 2025 y seguir el ritmo del creciente apetito mundial por baterías, según Galaxy Resources, un productor australiano que busca construir más operaciones en Argentina y Canadá. Los desarrolladores dicen que, hasta el momento, los proyectos no se están financiando lo suficientemente rápido como para lograr ese salto.

Los productores y fabricantes de baterías “no tienen ni idea de cuánto tiempo lleva poner en marcha un proyecto de minería”, dijo Guy Bourassa , director ejecutivo de Nemaska ​​Lithium, que pasó alrededor de 18 meses recopilando un complejo programa de financiación de 1.100 millones de dólares canadienses. para una mina y planta de procesamiento en Quebec. “Habrá un gran problema: va a ser un impedimento” para aumentar el suministro, dijo.

La “incapacidad de acceder a los fondos tradicionales ha retrasado el desarrollo del sector”, dijo Richard Seville , director ejecutivo de Orocobre, con sede en Brisbane, que comenzó las ventas de litio en 2015 desde el norte de Argentina y experimentó dificultades para aumentar la producción. “Estos proyectos no son fáciles, por lo que los bancos simplemente no quieren ir allí”.

Parte del problema es que los prestamistas siguen siendo cautelosos sobre el riesgo de otra caída de los commodities, dijo el Commonwealth Bank of Australia, el banco más grande del país, en una presentación en agosto. Se negó a comentar específicamente sobre el mercado del litio.

Si bien la cantidad de deuda recaudada por los mineros, incluidos préstamos y bonos, aumentó en 2017 a alrededor de $ 255 mil millones, el financiamiento específico para proyectos de aproximadamente $ 13 mil millones el año pasado es más de 70% menor que en 2014, según datos compilados por Bloomberg. . En lo que va del año, se han emitido aproximadamente $ 6.100 millones en total para proyectos.

Algunos depósitos nuevos se están desarrollando en mercados emergentes más arriesgados o países al borde de las calificaciones crediticias de grado de inversión, como Argentina, según Lee Garvey en Marsh & McLennan Cos., Un corredor de seguros que ha visto un aumento en las solicitudes de pólizas relacionadas a proyectos de litio.

“Con el litio, existe la complejidad añadida de que no hay mucha claridad sobre el producto final y cuál debería ser la regalía”, dijo Garvey desde Singapur, donde es jefe del grupo de soluciones de prestamistas de Marsh, riesgos políticos y crédito estructurado en Asia. “Esto probablemente hace que todo sea más desafiante, particularmente en los mercados fronterizos”.

También hay preocupación por los precios. Australia y Nueva Zelanda Banking Group Ltd. no tiene exposición de financiación de proyectos al litio. Está considerando oportunidades sobre “una base muy selectiva dada la incertidumbre sobre los precios futuros, exacerbada por la naturaleza opaca del mercado, la incapacidad de cubrir y pronosticar el exceso de oferta en el mediano plazo, y la pequeña escala de algunos de los jugadores locales”, agregó. dijo el banco en un comunicado.

Los desarrolladores de algunos proyectos de litio disminuyeron el martes en Sydney. La NL de Lithium Australia cayó un 5,1 por ciento, Global Geoscience Ltd. operó un 5,3 por ciento y Kidman Resources Ltd. bajó un 3,7 por ciento.

Normalmente, lleva dos años construir una operación de litio y cinco años para pagar el préstamo del proyecto, según Simon Price , socio y cofundador de Azure Capital Ltd., con sede en Perth, que ha asesorado a los mineros en materia de financiación. Eso significa que los prestamistas necesitan confianza en una perspectiva de siete años para el mercado, dijo.

Esa perspectiva de precios es un punto de inflamación de la industria. Morgan Stanley dice que habrá un superávit el próximo año debido al aumento de la producción y pronostica que los precios del carbonato de litio se reducirán a la mitad hasta el 2021, según una nota. Citigroup Inc. también espera que los precios disminuyan a medida que aumenta la producción.

Pero aumentar los suministros puede no ser fácil. Para 2020, es posible que solo un tercio de la nueva capacidad planificada esté disponible en las plantas de procesamiento necesarias para convertir materias primas minadas en químicos de la batería, dice Orocobre. La demanda de litio también se está subestimando, según Pilbara Minerals Ltd., un productor que comienza una mina en Australia.

Han surgido algunas fuentes alternativas de financiamiento para el litio, incluidos los fondos de cobertura que ofrecen deuda de mayor rendimiento o fondos de crédito formados para otorgar préstamos a proyectos. Son más caros, pero “construyes tu proyecto y ahora estás en el negocio cuando el mercado es muy fuerte”, dijo Price. Los principales actores del sector están preparando un bombardeo de OPI, en parte para financiar expansiones.

Los usuarios de litio también intervienen con fondos. Posco, la siderúrgica de Corea del Sur que está incrementando su negocio de fabricación de baterías, y Great Wall Motor Co., el principal productor de SUV de China, han invertido en Pilbara Minerals para acelerar el desarrollo de proyectos. Tesla Inc. firmó en mayo un acuerdo de suministro con Kidman, una gran ayuda para el desarrollador australiano que busca financiar una mina y planta.

Los acuerdos de suministro e inversiones con clientes finales significan que los proyectos de litio se están financiando de manera diferente a los productos tradicionales, de acuerdo con Westpac Institutional Bank, una unidad del segundo prestamista más grande de Australia.

Algunos bancos están prestando. El año pasado, Galaxy, con sede en Perth, se aseguró una línea de deuda de propósito general de $ 40 millones con BNP Paribas SA. BNP se negó a comentar sobre su postura sobre proyectos de litio. A medida que comiencen los nuevos desarrollos, los bancos estarán más dispuestos a refinanciar los préstamos, según Azure’s Price. Altura buscará reemplazar la deuda existente tan pronto como agosto, dice Brown.

Aún así, la electrificación de la flota de vehículos del mundo requerirá grandes sumas para nuevas minas, y la financiación seguirá siendo un desafío para las empresas más pequeñas, de acuerdo con Bourassa de Nemaska.

Solo Volkswagen AG planea gastar cerca de 50 mil millones de euros ($ 58 mil millones) en baterías, ya que busca construir versiones eléctricas de 300 modelos. “Imagínense cuántas toneladas de sales de litio se necesitan para fabricar esas baterías”, dijo Bourassa.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/07/banqueros-son-cautelosos-para-financiar-mas-minas-de-litio/

Argentina

Marcos Peña Braun y CAMBIEMOS presionan para imponer megaminería a Chubut

Autor: No a la Mina.org

El ministro de Mauricio Macri, bisnieto del fundador de Supermercados La Anónima, expresó una vez más su desprecio por la postura de la población de Chubut en defensa del agua y en rechazo a la contaminación, la corrupción y el saqueo mineros. El gobierno de CAMBIEMOS intenta concretar así un liso y llano chantaje a los chubutenses, en el contexto de la gravísima crisis económica que atraviesa la Provincia.

Con una respuesta enmarcada en referencias al fantasmagórico “Proyecto Patagonia” anunciado a principios de 2017 por el presidente Macri, el ministro coordinador de gabinete Marcos Peña Braun, insistió en sugerir la puesta en marcha de proyectos mineros en la provincia.

La infame “propuesta” fue pronunciada en respuesta a la intervención del senador por Chubut Alfredo Luenzo (ChuSoTo) solicitando colaboración del gobierno central para aliviar la crisis financiera de la Provincia, durante la sesión de la cámara alta el pasado miércoles 27 de junio en la que el jefe de gabinete macrista brindó su segundo informe de gestión.

Declaró también Peña Braun que desde el gobierno nacional “no compartimos la sensación de que, en un país que se rige por la Economía de Mercado, podamos plantear que un tercio de su territorio prácticamente no forma parte del mercado”.

El funcionario nacional utilizó la matriz petrolera de la provincia del Chubut para comparar, analizar y dejar un interrogante sobre los motivos «contradictorios» por los cuales no se desarrolla la minería en la provincia que gobierna Mariano Arcioni.

“Hay proyectos claramente beneficiosos a nuestro entender y compatibles con el cuidado del ambiente en el desarrollo minero de las provincias patagónicas, que además, deberían ser puestas en la mesa, porque nos cuesta entender que en provincias con desarrollo petrolero, un proyecto minero <<responsable y bien realizado>> tenga un costo ambiental que sea imposible de realizar (sic). Nos parece contradictorio”, enunció Peña Braun.

El ministro se comprometió a reunirse en las próximas semanas con el ministro Frigerio para “discutir políticas estratégicas para la Patagonia”, y a “generar estos ámbitos (de debate) para la coyuntura y la crisis”.

Ámbitos, sin duda, donde la administración del PRO-Cambiemos se propone claramente continuar la extorsión a la provincia de Chubut a fin de lograr la habilitación de la megaminería.

Sin registro de la postura de la población

El ministro Marcos Peña Braun no hizo alusión en ningún momento a la clara postura de la población de Chubut en rechazo a la megaminería y en defensa del agua, el ambiente y la salud, postura expresada en el plebiscito de Esquel en 2003, en la sanción de la Ley 5001 en el mismo año, en la masiva y sostenida movilización contra el “marco regulatorio minero” del ex gobernador Martín Buzzi a lo largo de todo el año 2012, en la generación de la Iniciativa Popular para prohibir la Megaminería en 2013-2014, acompañada por 13.007 firmas, y en las acciones y movilizaciones que aún hoy reclaman su tratamiento y aprobación. La misma postura que habilitó a principios de este año la masiva movilización en repudio a la “cumbre minera” en Telsen organizada por el hoy ex-ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren

Al contrario, las expresiones del jefe de gabinete sugieren torpemente que las decisiones sobre minería pueden definirse en una simple conversación entre funcionarios … en una provincia en lucha desde hace más de 15 años.

Errores de apreciación de esta clase tuvieron un alto costo para su hoy ex-colega Aranguren, quien también adoleció de una grave ausencia de registro respecto a la sabiduría, la dignidad y la constancia del heroico Pueblo chubutense.

Fuente:https://noalamina.org/argentina/chubut/item/41420-marcos-pena-braun-insiste-en-imponer-megamineria-a-chubut

Perú

Advierten riesgos de deslizamiento en zona minera de Secocha en Arequipa

Autor: Redacción La República.pe

La Autoridad Regional del Medio Ambiente (ARMA), visitará a fines de Julio el sector minero de Secocha en la provincia de Camaná, ante una alerta de deslizamientos de relaves.

El gerente del ARMA, Benigno Sanz, informó que la alerta provino desde el área legal de la Comunidad de Secocha. El temor de los pobladores es que el periodo de lluvias genere deslizamientos que arrastren relaves mineros y sepulten parte de la localidad.
Sanz añadió que también supervisarán si existen casos de contaminación por mercurio. Aunque la importación del mineral está prohibida, el gerente sostuvo que este material sigue ingresando por la frontera con Bolivia.

El mercurio es utilizado en la minería artesanal para la extracción del oro. Finalmente, el funcionario informó que están planificando inspecciones a pueblos de Caravelí, donde también se practica la minería ilegal.

Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1271969-arequipa-advierten-riesgos-deslizamiento-zona-minera-secocha

Colombia

Antioquia aún no logra erradicar el mercurio

Autor: Vanesa Restrepo, El Colombiano.com

En 13 días, en Colombia y Antioquia deberá estar eliminado por completo el uso de mercurio en la minería, según la meta que se trazó el Gobierno Nacional con la Ley 1658 de 2013.

Pero el objetivo está lejos de cumplirse. Dora Balvín, secretaria de Minas de Antioquia, aseguró que este es el departamento que más ha avanzado en la sustitución de este material, pero reconoció que la meta aún no se ha logrado.

“En los mineros formales —los que tienen título de explotación— los avances son muy grandes. En junio nos reunimos con ellos y de 1.300 sólo 8 continuaban usando mercurio. Pero nuestra gran preocupación es la minería informal, sin título, ancestral, que no tiene muchas alternativas para reemplazarlo”, dijo.

Según los cálculos de la Secretaría de Minas, hay 15 proyectos en ejecución para hacer más responsable la minería, y con ellos se dejarán de emitir 7,2 toneladas de mercurio cada año. A la fecha, 1.000 mineros del departamento se han formalizado para acceder a estas nuevas tecnologías.

Pero Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), criticó que a dos semanas de que se cumpla el plazo legal, apenas un municipio del país ha definido cuáles son las áreas industriales donde se permitirá la minería. “Ese es uno de los retos de la ley, decir dónde será legal hacer minería. El otro problema es que apenas la semana pasada empezaron a hacerse eventos para explicarles a los mineros cómo pueden trabajar con mercurio”, señaló.

El contrabando crece

En Antioquia, la ordenanza 024 de 2017, aprobada por el gobierno local para cumplir con la ley del mercurio, prohibió la comercialización e importación de ese material para minería.

Sin embargo, el elemento se sigue consiguiendo en los mercados. “Lo que pasó es que subió entre 20 y 30 % más, porque ahora la venta la controlan los grupos ilegales”, reconoció Gómez.

De hecho, el pasado 24 de mayo, en Urabá se interceptó un camión que llevaba 272 kilos de mercurio, avaluados en $250 millones. Ese día, el coronel Gerson Fajardo, comandante de Policía de la zona, dijo que esa cantidad de material era suficiente para sacar oro durante un año en un entable mediano.

Según la Policía, ese es el cargamento más grande decomisado en el último año en Antioquia.

Avance pueblo por pueblo

Pedro Correa, barequero de Puerto Valdivia, reconoció que el precio del mercurio subió, pero dijo que seguirá usándolo. “No sé en cuánto esté el precio, porque desde que nos evacuaron (por el riesgo de avalancha en Hidroituango) no he podido volver al río. Pero no tengo plata para comprar entables y no conozco otra forma de sacar oro”, dijo.

La Secretaría de Minas de Antioquia informó que el acompañamiento para la sustitución de tecnologías se ha hecho poco a poco: ya se tiene una planta de procesamiento de oro sin mercurio desarrollada con biotecnología por estudiantes de la UPB que están a la espera de una patente. Según Balvin, con esa inversión de $2.857 millones se beneficiarán 15.000 mineros de Remedios y Puerto Berrío.

Otro de los logros que destaca la funcionaria es la instalación de 14 unidades de beneficio (entables) con tecnologías limpias y la capacitación de 500 barequeros que las están usando en Segovia, Remedios, Amalfi, Cáceres, Tarazá, Anorí y Barbosa. “Con ellos estamos eliminando unas dos toneladas de mercurio cada año”, indicó.

En Abriaquí, además, Balvín informó que se habilitó un sistema nanotecnológico que reduce el uso de mercurio y reemplaza en 80% el cianuro.

Y en Segovia se trabaja en la creación de un centro industrial minero para 272 unidades mineras (cada una con entre 10 y 15 personas) que permitirá procesar oro limpio a los barequeros formalizado.s.

Conalminercol dijo que estos esfuerzos son insuficientes, porque aún son cientos los mineros que no tienen cómo pagar el acceso a otros sistemas de extracción..

 Fuente:http://www.elcolombiano.com/antioquia/antioquia-aun-no-logra-erradicar-el-mercurio-YM8943247
Colombia

DOCUMENTAL «NOS ESTÁN MATANDO»

Autor: Provincia del Sumapaz

«NOS ESTÁN MATANDO», UN DOCUMENTAL SOBRE EL ASESINATO DE LIDERES SOCIALES.

Dos cineastas extranjeros y un productor colombiano acompañaron por más de un año a dos líderes sociales del norte del Cauca amenazados de muerte. El objetivo: ponerle rostro al fenómeno que afecta al país con más intensidad desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Ya han muerto más de 200 líderes, advierte el audiovisual.

Bien podría decirse que el documental, “Nos están matando”, es un grito de auxilio de los miles de líderes sociales que viven en los territorios donde otrora se desarrolló la guerra entre las Farc y el Gobierno. Es un documento que pone al desnudo la vida cotidiana de un defensor de derechos humanos en Colombia. En este caso, las historias del líder indígena, Feliciano Valencia, y la del líder afrodescendiente, Héctor Marino Carabalí. Las dos, cargadas de resistencia y peligro.

Los lentes de Tom Laffay y Emily Wright recorrieron las planicies del norte del Cauca. Las tierras anegadas de cultivos de caña, y de indígenas y negros que siguen reclamando esos territorios como suyos, enfrentándose con los empresarios azucareros. Luego, treparon a la cordillera central, a las montañas de Corinto, para registrar el funeral del líder indígena Eder Cuetia Conda, la trágica y cruda escena con la que se inicia este documental. ¿Por qué? ¿Por qué tanta crudeza?

El cineasta Laffay, quien lleva dos años radicado en Colombia, explicó que el objetivo del audiovisual justamente es ese: transmitir el dolor y la resistencia de los líderes sociales en Colombia, desde los territorios donde libran batallas para impedir que su país retorne a la violencia. “En los medios internacionales no se habla del tema, porque en Colombia el interés de la paz está enfocado en la desmovilización de las Farc. Y está bien, porque eso es clave para el proceso de paz. Sin embargo, quienes tienen que cargar con la responsabilidad de construirla son los líderes sociales y ellos son los que están siendo asesinados. Por eso, este documental es un grito de auxilio”, dice.

Un grito de auxilio para buscar a los responsables de los homicidios. Emily Wright dice que los culpables no son únicamente los grupos armados ilegales. “La pregunta debería ser sobre la tierra: quién la posee y la controla. Durante la guerra, grandes extensiones de tierra fueron ocupadas por rancheros, empresarios de la palma y el banano, narcotraficantes y grupos armados, que ahora tienen poco interés en renunciar a ella. El acuerdo de paz prevé la devolución de la tierra a los agricultores que una vez la poseyeron, pero los activistas que persisten en ello a menudo son vistos como una amenaza a los intereses económicos”.

Advierten en el documental que desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados más de 200 líderes. “El audiovisual está concentrado en el norte del Cauca, pero es una muestra real y contundente de lo que está pasando con esta población en todo el país. Hemos identificado que el departamento es una de las regiones de mayor riesgo en Colombia para el desarrollo de la defensa de los derechos humanos. En el primer trimestre de este año, por ejemplo, se registraron 34 hechos violentos y fueron asesinados siete líderes sociales”, cuenta Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la organización de Derechos Humanos que acompañó el proyecto.

Héctor Marino Carabalí, uno de los líderes protagonistas de esta historia, explica cómo se han fortalecido las organizaciones sociales en el norte del Cauca, indígenas y afros, que, a pesar de las amenazas de muerte, siguen unidas por sueños comunes. “Tenemos que atrevernos y ser más visibles para blindar nuestra integridad física. Este documental significa mucho para nosotros, porque es un documento que recoge la memoria interétnica del movimiento indígena y afro, porque con ellos compartimos territorios, vivencias, momentos de dolor, pero también, construimos sueños en este devenir que nos han legado nuestros ancestros en medio de las adversidades, asesinatos y amenazas que no paran”.

Carabalí aparece en una camioneta blindada y junto a dos escoltas que le proporcionó la Unidad Nacional de Protección (Unp). Así le protegen la vida de las amenazas de grupos neoparamilitares en la zona. Sin embargo, advierten los documentalistas y el propio Carabalí, que muchos líderes aún están desamparados y por eso exigen la implementación de la protección colectiva para estas comunidades.

Tom Laffay así lo advirtió, tras grabar a Carabalí en reuniones en el norte del Cauca, junto a varios integrantes de la Guardia Cimarrona. Igualmente habló con Feliciano Valencia sobre la Guardia Indígena. “Sé que el Gobierno hace un esfuerzo importante a través de la UNP para proteger a los líderes, pero creo que debe avanzar en reconocer y legitimar a las guardias étnicas, indígenas y cimarronas, que son grupos de personas desarmadas que pueden defender de manera colectiva estas subregiones de Colombia”.

El documental fue producido por estos dos cineastas, acompañados del productor colombiano, Daniel Bustos Echeverry, con quien cubrieron protestas en el sur del país e hicieron entrevistas en el transcurso de un año. “Vale la pena mencionar que teníamos otro personaje, pero decidimos cortar su historia de la película final por la seguridad del líder y la de su familia”, explica Laffay.

El prelanzamiento del audiovisual se realizó en abril pasado en la Universidad del Tolima en Ibagué, con estudiantes que debatieron del tema al final de la proyección. Es que ese es precisamente el objetivo de “Nos están matando”, que se convierta en una herramienta periodística y de memoria, alrededor de la cual las comunidades conversan y debaten sobre el fenómeno. Y, también, toman decisiones de cómo actuar frente a quienes quieren silenciarlos.

El documental también se publicó en medios de comunicación de Estados Unidos y promete llegar a otros países de Norteamérica, para que la comunidad internacional se enteré de las dolencias, sacrificios y dolores que padece la sociedad civil colombiana en la búsqueda de construir un país en paz, concluye Laffay.