Perú

El extractivismo afecta la vida de las mujeres del campo perpetuando sexismo, racismo y clasismo

Autor: Red.Muqui.org
Conflicto Relacionado: Tintaya - Antapaccay - Espinar

A nivel global se vive un alto proceso de industrialización basado en la producción de nuevas tecnologías. Países europeos y nuevas potencias económicas como China basan su posición dominante en la comercialización de estos productos, estas industrias tienen como materia prima minerales metálicos como el cobre y la plata, por ende, la producción y el consumo del Norte Global se mueve en función al control de estas materias primas.

La extracción de estas materias se vuelve entonces un proceso fundamental que los estados deben garantizar para el funcionamiento de la industria global, este proceso es sumamente violento en tanto se impone por la fuerza e impacta directamente en la vida de comunidades campesinas y las mujeres encontrando su principal fuente de legitimación en el sexismo, el racismo y el clasismo enraizados en la sociedad.[1]

Históricamente las mujeres han realizado el trabajo que sostienen la reproducción de la vida en sus familias y por tanto en sus comunidades, los trabajos de cuidados como se les conocen, son los trabajos que permiten que la vida se pueda reproducir y forman parte de una esfera muchas veces invisibilizada de la economía, lo que es paradójico ya que ese trabajo es fundamental para el sostenimiento de la vida. Las mujeres son entonces un actor político fundamental para entender cómo se construyen las relaciones sociales desde los territorios, por tanto, son también el sector más afectado por las actividades extractivas.

Por ejemplo, son muchos los casos de mujeres contaminadas debido a que ellas son las primeras en tener contacto con los metales tóxicos que se encuentran en su entorno al intentar limpiarlos, las mujeres son las que se mantienen en mayor contacto con su ambiente y recursos como el agua, ellas verifican de primera mano cual es la situación de contaminación que afecta a los niños y niñas que están a su cuidado. Resulta entonces que la afectación de los suelos, el aire y el agua de las comunidades campesinas a causa de la extracción minera tiene un impacto diferenciado para las mujeres.

En el platón que realizaron el año pasado los afectados por metales pesados del distrito de Simón Bolívar de la región de Pasco, podíamos observar la mayoritaria participación de mujeres en esta medida de fuerza.[2] Sin duda su participación es protagónica en tanto conforman la primera línea de defensa frente a la violencia que el modelo extractivista ejerce.

Es importante tomar en cuenta que la violencia que se ejerce contra las mujeres no solo se ejerce de forma diferenciada respecto a los hombres sino que además se ve profundizada por las condiciones en las que se materializa el ser mujer en el Perú, no es lo mismo ser mujer con acceso a estudios universitarios en una ciudad que ser mujer campesina en un territorio concesionado para implementar un proyecto minero, la eficacia del proyecto extractivista se basa en la deslegitimación de la palabra de aquellos que se enuncian frente a este para denunciar los daños que genera y aquí se encuentran las mujeres campesinas en la primera línea de denuncia frente a este proyecto y sus palabras son las más deslegitimadas frente al monopolio de la verdad del discurso extractivista.

Entre otras formas violencia que se ejerce contra las mujeres campesinas tenemos que la acumulación de riqueza que busca generar este proyecto se basa en la mercantilización de la vida, la apropiación del agua y el territorio de parte de empresas transnacionales tienen su base en el despojo, de ahí la necesidad de que el estado genere normas para que las tierras pueden ser de fácil acceso en el mercado, así pues los sucesivos gobiernos peruanos han tenido como política el debilitamiento de las garantías legales de la propiedad comunal, por supuesto las mujeres se enfrentan a esta eficacia saqueadora de manera más profunda, a pesar de no ser las propietarias legales de las tierras son las que se encuentran en mayor vínculo con su territorio ya que son sus principales agricultoras y la agricultura es una forma de cuidar la tierra y la vida.

Hace unos meses veíamos en la comunidad de Alto Huarca en Espinar, como tres mujeres eran atacadas al oponerse a la intervención de la empresa minera Glencore Antapaccay con maquinarias en sus tierras[3], las mujeres son un patrón de resistencia frente al modelo extractivista uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Máxima Acuña quien a pesar de toda la violencia ejercida contra ella y su familia , se mantiene aún firme frente a los intentos de despojo de Newmont y Buenaventura.

Sin duda el rol que cumplen las mujeres campesinas en la impugnación al modelo extractivista las coloca en un lugar de mayor exposición a la violencia estatal-empresarial, la violencia que se ejerce contra ellas afecta su salud, su integridad física y psicológica, su ambiente en suma su forma de vida. Pero esta impugnación al modelo extractivista no solo se ejerce como resistencia, sino que es también alternativa, no se trata entonces de una simple negación al modelo de desarrollo hegemónico, sino que las mujeres como defensoras de la vida son la posibilidad de otra forma de desarrollo, uno que se base no en la mercantilización y el saqueo sino en el respeto a la vida, la emancipación colectiva y otra economía.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/784-el-extractivismo-afecta-la-vida-de-las-mujeres-del-campo-perpetuando-sexismo-racismo-y-clasismo

Mexico

Asambleas Comunitarias: la conspiración de personas valientes

Autor: Remamx.org

El 20 de abril del 2013 La jornada del campo publicó “Tierra Arrasada”, su número 67, dedicado al Modelo Extractivo Minero (MEM) y sus impactos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos en México. En aquella ocasión tuve la oportunidad contribuir con un breve texto que titulé “REMA: acciones colectivas en defensa de los territorios”, a través del cual intenté recuperar algunas de las principales ideas que inspiran el trabajo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; por ejemplo, que la REMA actúa fundamentalmente bajo la idea de que el poder para decidir reside en los propios ciudadanos y que esa convicción es indispensable para asegurar que el control sobre los territorios y la reproducción de la vida no queden subordinados a las autorizaciones técnicas o a la voluntad de los operadores jurídicos, políticos y/o económicos.

A cinco años de aquel artículo -y a diez del surgimiento de la REMA- es posible confirmar la relevancia de nuestro repertorio de acciones colectivas para la defensa del territorio, siempre a disposición de las comunidades que, frente a la creciente entrega de ‘concesiones mineras’ -mediante las cuales el Estado concede a las empresas el aprovechamiento o explotación de minerales-, deciden resistir oponiéndose a proyectos que por su extraordinaria capacidad depredadora constituyen uno de los ejes contemporáneos de conflictividad más significativos a tener en cuenta en México. Este repertorio, producto de un profundo y continuo proceso de reflexión crítica, consiste, en esencia, en un conjunto de estrategias comunitarias, organizativas y jurídicas que se condensan en un enfoque preventivo que supone establecer “Territorios Libres de Minería”. Es decir, territorios en donde los proyectos mineros no serán bienvenidos. Al día de hoy, bajo este enfoque, cerca de dos mil localidades en todo el país ha logrado mantener a salvo sus comunidades blindando su territorio ante la amenaza minera.

Nuestro enfoque preventivo basa su éxito en el fortalecimiento del proceso organizativo a través de 1) el ejercicio de derechos colectivos tales como la libre determinación, la autonomía y la autogestión de los pueblos; 2) el apoyo técnico e informativo sobre las empresas vinculadas al MEM que, en lo local, atentan contra el territorio; y 3) el despliegue de acciones legales haciendo uso del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho municipal, del derecho ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos.

Crear “Territorios Libres de Minería”, sin embargo, requiere de un modelo asambleario de toma de decisiones y participación ciudadana que supere al de la democracia liberal que, en lo fundamental, se explica por la agregación de intereses individuales; el modelo asambleario para crear “Territorios Libres de Minería”, por contra, exige un despliegue de energía cívica consecuente con el ejercicio de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y a la autogestión.

A pesar de que el modelo de organización económica neoliberal ha dado como resultado, en general, la debilidad de la vida colectiva y la generación de individuos disociados, las asambleas continúan siendo espacios en donde los ciudadanos construyen sus posiciones políticas y ejercitan prácticas democráticas pues como decía Michael Walzer, “solamente en el contexto de la vida asociativa pueden aprender los individuos a deliberar, tomar decisiones y adquirir responsabilidades”.

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, las asambleas son relevantes no sólo por ser el espacio idóneo para constituir “Territorios Libres de Minería”, sino porque privilegian y promueven el debate y la transformación de las preferencias individuales gracias a su naturaleza dialéctica y la confrontación persuasiva con los otros. Además, el procedimiento deliberativo, propio de las asambleas, se ajusta al carácter público de los bienes naturales en disputa y favorece la ampliación de la comunidad política al incorporar a los procesos de toma de decisiones a grupos tradicionalmente excluidos, por ejemplo, a las mujeres, a los pueblos indígenas e incluso a las y los menores de edad.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/asambleas-comunitarias-la-conspiracion-de-personas-valientes/

Internacional

Minería a cielo abierto en Ávila: el nuevo gran juego por los recursos naturales

Autor: Jorge de Dios, Avila Red.

El feldespato potásico es un mineral industrial que otorga un nuevo papel a las sierras y valles abulenses en la economía global, y es el de proveedores de una materia prima cuyo primer destino es la industria del vidrio y la cerámica, concentrada en la Comunidad Valenciana, cuyos productos son mayoritariamente exportados a países como Francia, Arabia Saudí, Reino Unido, Estados Unidos y Argelia.

En el mercado mundial de la industria cerámica España ocupa un lugar importante en el ranking de los países productores, cuarto a nivel mundial, y de países exportadores, primero a nivel europeo y segundo a nivel mundial. La facturación media anual de la industria cerámica asciende a 3.500 millones de euros y proporciona empleo directo a 15.500 trabajadores e indirecto a 7.000.

Sin embargo, la participación de los territorios en esa cadena de valor global de la industria cerámica, en términos de creación de puestos de trabajo y las rentas del trabajo y del capital que generan, no es la misma en los territorios que están en el eslabón inicial de la cadena, que los que están al final. Tampoco los impactos ambientales, en la salud y en la economía local son los mismos en unos territorios que en otros.

De los datos que disponemos de la Estadística Minera de España y de los estudios del feldespato realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Ministerio de Industria y Energía, podemos anticipar la siguiente radiografía económica de este mineral industrial cuyo destino principal es la industria cerámica. Los datos nos hablan de un escaso impacto en la creación de empleo, 114 puestos de trabajo a nivel nacional.

Un mineral que ha registrado, en el periodo 2005-2014, una disminución paulatina tanto en el empleo generado como en su producción, con disminuciones del 35% y del 37% respectivamente, si bien es verdad que dicho periodo coincide con la crisis de la construcción. El feldespato presenta una alta concentración de la producción y del empleo generado en pocas explotaciones mineras, pues dos explotaciones segovianas, de las seis existentes a nivel nacional, concentran el 79% de la producción y un 69% del empleo generado. A lo anterior hay que añadir, que dichas explotaciones castellano-leonesas cuentan con importantes reservas de feldespato de gran calidad y de fácil extracción, pues lo hace a través del tratamiento de arenas eólicas feldespáticas, es decir, sin el empleo de explosivos.

El precio del feldespato se ha mantenido inalterado en el periodo 2011-2014, según los datos publicados por Industrial Minerals. Ambos factores, el bajo riesgo de oferta y la baja importancia económica, hace que el feldespato no sea considerado un mineral estratégico por la Unión Europea. Por último, añadir que buena parte del feldespato que necesita la industria cerámica española, lo importa de Italia y Turquía, a través del puerto de Castellón.

Alegaciones a las minas

Desde el punto de vista de los impactos en la salud, en el medioambiente y en la economía local, la actividad extractiva del feldespato, en el caso de los expedientes mineros Leito 1122, Riofrío 1146, Sonsoles 1138 y Villatoro 1143, han dado lugar a numerosas alegaciones y recursos de alzada presentados por la población local, que se encuentran a la espera de ser contestados. Los impactos recogidos en las alegaciones presentadas se refieren a la disponibilidad y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, contaminación acústica resultado del empleo de explosivos en la extracción del minera, impacto en el paisaje y pérdida de biodiversidad en una zonas geográficas con importante presencia de Red Natura 2000, impacto en la salud por la emisión de gas radón e impactos en actividades económicas tradicionales como la ganadería y de nueva implantación, como el turismo rural, dentro de un sector estratégico a nivel nacional, como es el sector turístico, a lo que habría que añadir expropiaciones de tierras de uso agrícola y ganadero.

El efecto de acumulación de los impactos de los proyectos mineros, resultado de la cercanía geográfica de los mismos, pues se localizan todos en un radio de 40 km y afectan a un total de 6.000 has, debería dar lugar a una evaluación del impacto ambiental de carácter estratégico en la Zona Ávila Centro, que permitiría determinar el nivel de impacto de la minería a cielo abierto en sectores económicos con un importante peso en la generación de empleo, también determinar cómo afectaría al 20% del territorio que está dentro de la Red Natura 2000.
También evitaría un agravio comparativo de carácter territorial en la resolución de los expedientes mineros, pues uno de ellos, Leito 1122, ha sido denegado, en tanto que los otros tres expedientes, el de Riofrío 1146, Sonsoles 1138 y Villatoro 1143, se encuentran en tramitación. De no resolverse los expedientes en el mismo sentido, podría dar lugar a un recrudecimiento del conflicto socioambiental.

A modo de primera idea para el debate y la reflexión, si una de las características de la economía global es que los centros de extracción de las materias primas se encuentran alejados de los centros de transformación, producción y consumo, también ello genera un reparto desigual de los beneficios económicos y de los costes ambientales en los territorios implicados a lo largo de la cadena de valor, llevándose la peor parte los territorios situados en los eslabones iniciales de la actividad económica.

En este reparto de los costes y beneficios el medio rural vuelve a llevarse la peor parte, y es que al colapso de las economías locales rurales, resultado de una emigración pertinaz de la población en edad laboral por falta de oportunidades laborales, se le une el hecho de que el 60% de los conflictos socioambientales registrados en España por el Atlas de Justicia Ambiental, elaborado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona, tienen lugar en el medio rural, al igual que los expedientes mineros ubicados en las sierra y valles abulenses.

El expediente Leito 1122, se localizada en la Sierra de Ávila, el de Riofrío 1146, en el Valle del Ambles y el de Sonsoles 1138 y Villatoro 1143, en el Valle del Corneja. Los datos de población de las tres unidades geográficas son demoledores, en los últimos diez años han perdido un 10% de la población, el caso del Valle del Ambles, y un 20% en el caso de la Sierra de Ávila y el Valle del Corneja. Los datos que relacionan extensión territorial y población, sitúan estas Comarcas en la desertización poblacional con densidades de población entre cuatro y nueve habitantes por kilómetro cuadrado. La distribución de la población por tamaño de municipios nos habla de que una buena parte de la población, entre un 70% y un 60%, vive en municipios de menos de 100 habitantes y municipios de entre 100 y 500 habitantes, con escasas perspectivas de regeneración demográfica y alto riesgo de desaparición.

Territorio con problemas

Como resultado, una altas tasas de envejecimiento y sobre envejecimiento, que duplican y cuadruplican la media autonómica y estatal, que darían lugar a nuevas necesidades de prestación de servicios sociales y sanitarios que no se cubren de manera adecuada por la dificultad que entraña su prestación a una población escasa y dispersa. Un territorio con graves problemas de articulación territorial, en los que las vías de comunicación no representan ejes de desarrollo, sino vías de huida del territorio Por ejemplo, los municipios más poblados del Valle del Corneja, que podrían ejercer de municipios tractores a nivel comarcal, superan con creces la tasa de paro media de Castilla y León, llegándola incluso a duplicar como es el caso de Santa María del Berrocal. En tanto que la renta bruta per cápita de municipios de los que hay datos disponibles, como Piedrahíta o Barco de Ávila, es un 30% inferior a la renta media de España. Podemos asegurar, que los Valles y Sierras abulenses sufren una fuerte exclusión territorial, social, económica y política, que da lugar a un aislamiento y una invisibilidad de su población.

Sin embargo, esa población excluida, aislada e invisible, vive sobre territorios que son ricos en recursos naturales estratégicos para abastecer las necesidades de la población mundial del siglo XXI, que está experimentando un crecimiento exponencial. Nos referimos al recurso agua, conocido como el oro azul, a la rica biodiversidad que encierran sus montañas, a los recursos forestales y su importante papel en la mitigación del cambio climático, a sus extensas superficies agrarias y de dehesa claves para el reto inmediato de la seguridad y soberanía alimentaria de la población mundial. Algunos datos, el 21% de la población del Valle del Corneja vive en municipios de menos de 100 habitantes, municipios que ocupan casi el 50% del Valle del Corneja, es decir, 262 km2, un extenso territorio que cuenta tan solo con un 7% de su territorio con alguna figura de protección ambiental tipo Red Natura 2000.

Una segunda reflexión para el debate, es si estas zonas escasamente pobladas y con baja densidad de población, también denominadas zonas rurales remotas, frágiles o desfavorecidas, deben ser territorios sacrificados, en favor de la economía global, y sus recursos, considerados como materias primas de la cadena de valor global, o deben considerarse zonas estratégicas en las que se asegure una nivel de población local suficiente que garantice la preservación de los recursos naturales y los ecosistemas como bienes públicos.
Esta cuestión que acabamos de plantear, se encuentra en el ámbito de las decisiones políticas, sin embargo la población local, a través de las asociaciones y plataformas ciudadanas constituidas en el Valle del Ambles, Sierra de Ávila y Valle del Corneja, ha decidido tomar parte activa en esta decisión y no dejarlo en manos de políticos y economistas, pero eso es objeto de otro artículo.

Fuente:https://avilared.com/not/34744/mineria-a-cielo-abierto-en-avila-el-nuevo-gran-juego-por-los-recursos-naturales

Honduras

Situación en Tocoa es tensa por amenazas estatales y de compañía minera de yerno de Miguel Facussé

Ante la negativa gubernamental de suspender los trabajos de la mina de la empresa Enco Mining Company, los pobladores del municipio de Tocoa, departamento de Colón seguirán en pie de lucha en su campamento para proteger el agua de sus comunidades.

En fecha reciente, representantes de las organizaciones gubernamentales de Mi Ambiente, INHGEOMIN, DECA, Secretaría de derechos humanos y del Instituto de Conservación Forestal (ICF) llegaron a Tocoa para dialogar sobre el conflicto y acciones de lucha contra la explotación de minería en Tocoa Colón y específicamente la concesión ASP1 otorgada a la Empresa Enco Mining Company ahora inversiones los Pinares de Lenir Pérez.

En la reunión las comunidades y coordinación del Comité fueron claras y señalaron que lo que se pide es la cancelación de las licencias y concesiones, ya que con la apertura de la calle son toneladas de sedimentos en los ríos y fuentes de agua por lo que han destruido los proyectos de agua y fuentes de agua, en especial en el río Guapinol y río San Pedro con sus quebradas que los alimentan.

La propuesta fue que la Empresa pare de trabajar y baje su maquinaria y sea cancelada la concesión porque en el lugar donde está la concesión es zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía y la calle recorre muchos kilómetros a 20 metros junto al río Guapinol y río San Pedro y la explotación que pretenden realizar está el donde nace el río San Pedro y serán destruidos y junto a él toda las especies, las 13 comunidades del sector San Pedro más Cayo Sierra,  Zamora y luego cae al río aguan que va para las comunidades de Santa Rosa de Aguan que son comunidades vulnerables.

La delegación enviada por el gobierno de Juan  Hernández a cargo de Carlos Izaguirre de Mi Ambiente  y la Moderación por Gobernador político del departamento de Colón, Carlos Aguilar,  expresaron que la empresa minera Inversiones los Pinares tiene su documentación legal y lo único que pueden hacer es realizar un monitoreo continúo para obligar a que cumplan las medidas y mejor aceptar un proyecto macro de potabilizadora de agua para las comunidades y sacarle provecho a la empresa y junto al gobierno que están en toda la voluntad.

Luego de una Gira al lugar concesionado, los visitantes se pudieron dar cuenta que las medidas de mitigación no son eficaces ni reales, que la calle va sobre el río y que la concesión está sobre una zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía con bosque primario de más de 80 años y que no ha sido intervenido por la actividad ganadera por lo tanto se mantiene intacto.

Reducen zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía

Para otorgar la concesión minería que había sido solicitada en 2008 metieron un decreto al Congreso Nacional donde redujeron la zona núcleo del parque Nacional y la convirtieron en zona de amortiguamiento y justo allí entregaron 200 hectáreas para explotar óxido de hierro argumentando ampliación de la zona de amortiguamiento, pero en realidad fue reducción de la zona núcleo y así sostener legalmente la concesión en esa área que supuestamente la estaba solicitando Javier Rivera con la Empresa Mi Esperanza,  pero que fue entregado a la justicia norteamericana y después la pasaron al Yerno de Miguel Facussé, Lenir Pérez y su empresa Enco Mining Company , ahora Inversiones los Pinares y consta en el expediente de INHGEOMIN en folio 678 y 679 que la reducción de la zona núcleo fue para permitir la explotación de minería

Carlos Izaguirre de Mi Ambiente se levantó muy molesto cuando se le dijo que como no pueden parar la Empresa y no bajan la maquinaria entonces las comunidades de los sectores del municipio de Tocoa, Colón se mantienen en el campamento porque está en riesgo su agua que desde hace 5 meses no pueden utilizar porque llega puro lodo.

Amenazan a los pobladores

En su malestar, Carlos Izaguirre, dio una amenaza y advertencia que el Gobierno de Juan Hernández no se responsabiliza de lo que pueda pasar entre las comunidades de arriba que van a explotar contra las comunidades de abajo y que la Secretaría de derechos humanos pueden ser testigos de la batalla campal que sucederá y los líderes serán los responsables.

Hay una fuerte preocupación porque el Carlos Izaguirre sabe que la empresa tiene gente armada, posiblemente sicarios, para asesinar personas que se oponen a la destrucción de las fuentes de agua por lo que expresó, que la vida no se recupera y que no podemos generar conflicto.

Los pobladores manifiestan que el conflicto lo generó el Gobierno de Juan Hernández y por lo tanto debe solucionarlo.

Están cometiendo un crimen ambiental por todas las atrocidades que realizan en el Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Carlos Alfonso Escaleras Mejía, poniendo en riesgo la vida ecológica y humana, así como la producción de la economía de miles de familias.

COPA ratifica que el gobierno es culpable de las situaciones tensas entre las comunidades y familias beneficiarios de la empresa minera Inversiones los Pinares y serán los únicos responsables de cualquier hecho violento entre los sectores en conflicto.

Piden acompañamiento internacional

Ante las amenazas vertidas por los organismos estatales, los miembros de COPA piden el acompañamiento internacional ya que el Gobierno de Honduras ha abandonado su responsabilidad  y deja todo en manos de la empresa minera Inversiones los Pinares para que haga lo que quiera con las comunidades que se manifiestan en contra que son: 13 comunidades del sector San Pedro, Cayo Sierra,  Zamora, Guapinol,  Ceibita,  14 comunidades del sector Abicinia,  barrios y colonias de la ciudad de  Tocoa , sectores eclesiales de la Parroquia San Isidro de Tocoa Colón,  Honduras CA .

La delegación enviada por el gobierno de Juan  Hernández a cargo de Carlos Izaguirre de Mi Ambiente  y la Moderación por Gobernador político del departamento de Colón, Carlos Aguilar,  expresaron que la empresa minera Inversiones los Pinares tiene su documentación legal y lo único que pueden hacer es realizar un monitoreo continúo para obligar a que cumplan las medidas y mejor aceptar un proyecto macro de potabilizadora de agua para las comunidades y sacarle provecho a la empresa y junto al gobierno que están en toda la voluntad.

Luego de una Gira al lugar concesionado, los visitantes se pudieron dar cuenta que las medidas de mitigación no son eficaces ni reales, que la calle va sobre el río y que la concesión está sobre una zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía con bosque primario de más de 80 años y que no ha sido intervenido por la actividad ganadera por lo tanto se mantiene intacto.

Reducen zona núcleo del parque Nacional Carlos Escaleras Mejía

Para otorgar la concesión minería que había sido solicitada en 2008 metieron un decreto al Congreso Nacional donde redujeron la zona núcleo del parque Nacional y la convirtieron en zona de amortiguamiento y justo allí entregaron 200 hectáreas para explotar óxido de hierro argumentando ampliación de la zona de amortiguamiento, pero en realidad fue reducción de la zona núcleo y así sostener legalmente la concesión en esa área que supuestamente la estaba solicitando Javier Rivera con la Empresa Mi Esperanza,  pero que fue entregado a la justicia norteamericana y después la pasaron al Yerno de Miguel Facussé, Lenir Pérez y su empresa Enco Mining Company , ahora Inversiones los Pinares y consta en el expediente de INHGEOMIN en folio 678 y 679 que la reducción de la zona núcleo fue para permitir la explotación de minería

Carlos Izaguirre de Mi Ambiente se levantó muy molesto cuando se le dijo que como no pueden parar la Empresa y no bajan la maquinaria entonces las comunidades de los sectores del municipio de Tocoa, Colón se mantienen en el campamento porque está en riesgo su agua que desde hace 5 meses no pueden utilizar porque llega puro lodo.

Amenazan a los pobladores

En su malestar, Carlos Izaguirre, dio una amenaza y advertencia que el Gobierno de Juan Hernández no se responsabiliza de lo que pueda pasar entre las comunidades de arriba que van a explotar contra las comunidades de abajo y que la Secretaría de derechos humanos pueden ser testigos de la batalla campal que sucederá y los líderes serán los responsables.

Hay una fuerte preocupación porque el Carlos Izaguirre sabe que la empresa tiene gente armada, posiblemente sicarios, para asesinar personas que se oponen a la destrucción de las fuentes de agua por lo que expresó, que la vida no se recupera y que no podemos generar conflicto.

Los pobladores manifiestan que el conflicto lo generó el Gobierno de Juan Hernández y por lo tanto debe solucionarlo.

Están cometiendo un crimen ambiental por todas las atrocidades que realizan en el Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Carlos Alfonso Escaleras Mejía, poniendo en riesgo la vida ecológica y humana, así como la producción de la economía de miles de familias.

COPA ratifica que el gobierno es culpable de las situaciones tensas entre las comunidades y familias beneficiarios de la empresa minera Inversiones los Pinares y serán los únicos responsables de cualquier hecho violento entre los sectores en conflicto.

Piden acompañamiento internacional

Ante las amenazas vertidas por los organismos estatales, los miembros de COPA piden el acompañamiento internacional ya que el Gobierno de Honduras ha abandonado su responsabilidad  y deja todo en manos de la empresa minera Inversiones los Pinares para que haga lo que quiera con las comunidades que se manifiestan en contra que son: 13 comunidades del sector San Pedro, Cayo Sierra,  Zamora, Guapinol,  Ceibita,  14 comunidades del sector Abicinia,  barrios y colonias de la ciudad de  Tocoa , sectores eclesiales de la Parroquia San Isidro de Tocoa Colón,  Honduras CA .

Fuente:https://criterio.hn/2018/08/19/situacion-en-tocoa-es-tensa-por-amenazas-estatales-y-de-compania-minera-de-yerno-de-miguel-facusse/

Perú

¿La minería realmente trae progreso para todos?

Autor: Red.Muqui.org

Se presentará en el Congreso la Investigación de universidad de Humboldt que el Perú que evalúa los impactos ambientales de la minería y propone alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú. En el panel estará el geógrafo alemán Constantin Bittner, la congresista de la República María Elena Foronda, el investigador José de Echave, así como otros representantes de la sociedad civil y del sector empresarial minero. El evento se realizará este 20 de junio en Auditorio Alberto Andrade (Cuadra dos de la Avenida Abancay – Cercado de Lima) a las 6 de la tarde, el ingreso es libre. Se entregarán certificados de participación.

La tasa de pobreza en regiones donde la principal actividad es la minería no ha disminuido en los últimos años. El instituto Nacional de Estadística(INEI) señala que, en el 2017, la pobreza monetaria afectó al 21,7% del país. Cajamarca, Huancavelica y Apurímac son las regiones más pobres y son zonas donde la minería representa el mayor porcentaje de su PBI.  Para entender qué está sucediendo en las regiones mineras y por qué el desarrollo no parece alcanzar a la población, Red Muqui junto a la Universidad de Humboldt realizaron la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras del Perú.

La presentación del estudio se realizará en el Congreso de La República y estará a cargo del geógrafo Constantin Bittner, quien formó parte del equipo interdisciplinario de la Universidad Humboldt de Berlín, encargado de elaborar la investigación: Alternativas de desarrollo en las regiones mineras de Perú.  Fue miembro del equipo de seis post graduados que a fines del año 2016 realizó dicho estudio en las regiones de Cajamarca en la zona de Celendín vinculada con el proyecto Conga, y en Junín, en la zona del Valle del Mantaro, cuya cuenca está seriamente impactada por la actividad minera.

En la presentación que se realizó en Huancayo, Bittner destacó que se evidencian “graves afectaciones ambientales generados por la actividad minera, que impactan en las actividades económicas locales como la agricultura y la ganadería”. El investigador remarcó que “el Estado no genera información sobre contaminación e impactos ambientales. Hay una falta de transparencia que exige la necesidad de procesar información periódica y continua que permita evidenciar las causas de los impactos”.

Durante la elaboración del libro, se analizó el caso de Conga en Cajamarca y el Valle del Mantaro en Junín. En Cajamarca se analizó los riesgos de la minería en la cabecera de cuenca como se planteaba en el proyecto minero. Por su parte, en Junín, que es una región que tiene años de minería a gran escala, se evaluó los impactos y los pasivos ambientales dejados y su afectación en otras actividades como la agricultura. “Solo así podemos visibilizar los verdaderos costos ambientales”, remarcó el investigador Constantin Bittner a Red Muqui.

El documento también plantea analizar las potencialidades de otras actividades económicas que pueden ser fuente de ingreso para la economía familiar local. “Siendo un país tan diverso en agricultura, habría que apostar por la seguridad alimenticia”, aseveró el investigador. La investigación nos lleva a cuestionar el modelo de desarrollo que está basado en la exportación de minerales y materias primas.

La publicación que se encuentra en el portal de Red Muqui para su descarga libre evalúa los impactos ocasionados por la minería: escasez de agua, contaminación, daños a la salud, pérdida de cosechas, perdida de servicios ecosistémicos. De todo esto, se hace una valoración económica para medir los costos ambientales de la minería y conocer los verdaderos impactos.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/783-la-mineria-realmente-trae-progreso-para-todos

Mexico

Colima ocupa el primer lugar nacional en territorio concesionado para actividades mineras

Autor: Pedro Zamora Briceño, Proceso.com

Con 41% de su superficie territorial concesionada para actividades mineras, Colima ocupa el primer lugar nacional en ese rubro, muy por encima del estado de Zacatecas, con 22.5%; Sonora, 21.6%; Jalisco, 19.2%, y Sinaloa, 17.8%.

Pero, además, mientras en el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017 el promedio nacional de hectáreas disminuyó 5.4%, de 21 millones 982 mil 339 a 20 millones 790 mil 143, fue uno de los pocos estados donde se incrementó la superficie concesionada, en 4.6%, al elevarse de 226 mil 429 a 236 mil 889 hectáreas.

Las otras entidades que también aumentaron en diferentes porcentajes su superficie concesionada son: Zacatecas, Yucatán, Oaxaca, Guanajuato, Coahuila, Campeche y Aguascalientes. El resto registró una disminución.

El hierro es uno de los principales minerales que se extraen en Colima, ya que cuenta con el yacimiento más grande de este metal en el país, en la región explotada por la empresa minera trasnacional Peña Colorada, de capital proveniente de India, Italia y Argentina.

De acuerdo con el informe “Las actividades extractivas en México: minería e hidrocarburos hacia el fin del sexenio”, elaborado por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., hasta diciembre de 2017 había en el país un total de 24 mil 709 concesiones mineras vigentes en la superficie terrestre, además de 14 concesiones en los mares territoriales de México, que abarcan 737.6 mil hectáreas de superficie marina: ocho frente a las costas de Chiapas y seis más en el Océano Pacífico, tres frente a Baja California y tres frente a Baja California Sur.

“La superficie concesionada a la minería en el país cambia constantemente, aunque no en gran medida; esto se debe a que algunas concesiones se cancelan o pierden su vigencia y no se renuevan, mientras que aparecen algunas nuevas”, establece el documento.

En el periodo comparado, la superficie total concesionada a la minería en el país disminuyó en 1.19 millones de hectáreas, pero este cambio no sucedió de la misma manera en todo el territorio, pues Coahuila, Zacatecas y Colima aumentaron su superficie concesionada (en 24 mil, 16.4 mil y 10.5 mil hectáreas adicionales, respectivamente), mientras que, en el otro extremo, Baja California disminuyó casi medio millón de hectáreas de superficie concesionada, seguida de Michoacán, Jalisco, Sonora y Durango, con más de 100 mil hectáreas menos en cada caso.

El informe de Fundar aclara que una concesión minera no es igual a un proyecto minero, sin embargo, las concesiones son el primer paso para la exploración y eventual extracción de minerales.

“El área abarcada por una concesión no otorga al concesionario derechos de propiedad sobre la superficie, sino únicamente sobre los recursos minerales del subsuelo, pero sí lo faculta para solicitar, en caso necesario, la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre (Ley Minera, Artículo 19) de los terrenos ubicados dentro de la concesión necesarios para llevar a cabo la exploración, extracción y beneficio de minerales”.

En cuanto al número total de minas o proyectos mineros existentes en el país, añade, el dato es incierto, pues, aunque el Servicio Geológico Mexicano (SGM, 2018) reporta la existencia de al menos 18 mil 874 minas entre abandonadas (64%), en producción (6%) o en prospecto (30%), la información detallada sobre los proyectos mineros actuales es incompleta.

Por su parte, la Secretaría de Economía (SE) sólo reporta los proyectos mineros con capital extranjero (947), mientras que el SGM reporta 950 como los “proyectos mineros de mayor importancia en México” (SGM, 2018), sin especificar con qué criterio se determinó esta clasificación.

De cualquier manera, puntualiza el documento, comparando la información disponible del SGM con respecto a los proyectos mineros de mayor importancia en México, “entre 2016 y 2017 encontramos que las minas de oro representan el 54% de los proyectos mineros actuales en el país, seguidas de las de plata y cobre (21% y 9% respectivamente), y que los proyectos para extraer estos minerales han aumentado significativamente en el último año”.

Fuente:https://www.proceso.com.mx/547096/colima-ocupa-el-primer-lugar-nacional-en-territorio-concesionado-para-actividades-mineras

Perú

Los desafíos para la gestión ambiental desde el caso Las Bambas

Autor: Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Sobre el comunicado emitido por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) en relación a la evaluación en curso de la tercera Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Minero Las Bambas, debemos señalar lo siguiente:

(1) Nos parece importante que se esté realizando una evaluación minuciosa de los cambios propuestos por la empresa minera y de sus implicancias.

(2) En el comunicado del SENACE se indica que en la tercera MEIA y a pedido del SENACE, se ha incluido aspectos relacionados al transporte de concentrados de mineral de la mina al puerto, incluyendo la evaluación de tales impactos y las medidas de control.

(3) Nos parece importante que el SENACE plantee llenar un vacío que se originó en la evaluación del segundo MEIA, cuando en respuesta a una observación la empresa planteó el cambio en la modalidad de transporte de los minerales, optando por utilizar la carretera y descartando el mineroducto. En ese momento (2014) el MINEM no realizó una evaluación del impacto ambiental sobre el transporte terrestre de insumos y concentrados, aprobando así la segunda MEIA. De esa manera, una certificación ambiental con estos vacíos ha dado lugar a que durante casi tres años la población sufra los impactos del transporte sin que existan medidas de mitigación exigibles y adecuadas.

(4) Si bien es un avance que el problema haya sido advertido, su inclusión tardía en la evaluación de la tercera MEIA impide que la ciudadanía y los organismos competentes puedan pronunciarse al respecto. Según el procedimiento, la ciudadanía y los organismos que participan de la evaluación, opinan solo en relación al informe inicial presentado por la empresa y no sobre la información complementaria que ésta alcanza con posterioridad. En el informe inicial, el tema del transporte no se encuentra incluido. Por lo tanto, en estos momentos, la ciudadanía y los organismos que participan de la evaluación, no pueden informarse oportunamente ni opinar sobre lo que la empresa dice o propone en relación al transporte, lo que constituiría una vulneración al derecho de información y participación, que se agrava en un tema tan sensible como el de la carretera.

(5) Además, SENACE en su informe de observaciones del 30 de mayo de 2018, pide a la empresa “Identifique las comunidades y localidades por todo el tramo donde se desarrolla la actividad de transporte tanto por las vías comunales y públicas, además identificar, evaluar y valorizar los impactos sociales que dicha actividad estarían generando y se generarían con estas ampliaciones y modificaciones”. Esta observación es pertinente, pero no queda claro si ello va a implicar una modificación del Área de Influencia del proyecto. Por otro lado, la respuesta a esta observación no es aún conocida por las comunidades, que no han podido informarse no opinar al respecto.

(6) Por otro lado, realizar cambios en el diseño del proyecto supone modificar el estudio de factibilidad. Las empresas no hacen cambios fragmentados y frecuentes en su estudio de factibilidad: esto se hace en conjunto y el debido tiempo, porque de ello depende sus costos y el financiamiento de los mismos. Sin embargo, la determinación de los impactos de esos cambios, se viene realizando de manera fragmentada, a través de MEIA e ITS (Informe Técnico Sustentarorio), que se tramitan de forma consecutiva o simultánea. En el caso de Las Bambas, el 16 de abril de 2013 se presenta la primera MEIA, cuando todavía no concluye su evaluación se presenta el primer ITS, el 11 de julio de 2013. El 13 de febrero de 2014 se aprueba el segundo ITS y en marzo del 2014 se presenta la segunda MEIA. Además, en diciembre de 2016, se plantearon los términos de referencia de la Tercera MEIA, empezando el proceso de su elaboración. Sin embargo,  en junio de 2017 la empresa minera presenta el quinto ITS que fue aprobado en agosto de ese año.

(7) Por ello nos preguntamos: si los cambios considerados necesarios en un proyecto se determinan con tiempo y de manera integral en un solo instrumento (la modificación del estudio de factibilidad), ¿por qué en el caso de Las Bambas la evaluación de los impactos de esos cambios se viene realizando a través de distintos instrumentos de gestión ambiental, unos de mayor exigencia que otros? ¿Cuál es la necesidad de fragmentarlos? Los cambios suelen estar concatenados y también sus impactos. Así por ejemplo, si se aumenta la capacidad de producción, ello plantea cambios en el almacenamiento de concentrados, en el transporte; pero también habrá mayor necesidad de agua, se emitirán más desechos y emisiones. Analizar estos impactos de forma fragmentada no permite dimensionar adecuadamente sus implicancias y es muy probable que estos terminen minimizándose en las medidas de mitigación que se definan. Además, una deficiente certificación ambiental limita la eficacia de las acciones de fiscalización. Por esta razón es importante que la legislación que estableció los ITS se revise y se cumpla con los principios de indivisibilidad e integralidad para la evaluación de los impactos ambientales y sociales.

(8) Ante la dispersión y vacíos existentes en el caso de los instrumentos de gestión ambiental de Las Bambas, lo que hemos venido planteando es la necesidad de una actualización del Estudio de Impacto Ambiental, tal como lo establece la normativa.

(9) Finalmente, si bien sobre este caso, en la página de SENACE hay documentos e información de resumen, esta se encuentra dispersa en varias secciones y no es de fácil acceso para la ciudadanía. De hecho, la información sobre proyectos mineros se encuentra dispersa en tres lugares distintos: la web del SENACE, la web del Ministerio de Energía y Minas y el Sistema de Evaluación en Línea (SEAL), lo que dificulta acceder a la información completa de un determinado proyecto. Así como se está generando la “Ventanilla única” para las empresas, también debería existir una ventanilla única para la información a la ciudadanía, para facilitar el ejercicio del derecho a la información.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-desafios-para-la-gestion-ambiental-desde-el-caso-las-bambas/

Mexico

Socava mina unidad en Güilá, Oaxaca

Autor: Remamx.org

Por acuerdo de las asambleas general y ejidal, esta comunidad indígena zapoteca dio un no a la compañía canadiense Fortuna Silver Mines, que pretende explotar una mina de oro en su territorio, ante la contaminación que causará al medio ambiente, especialmente en la tierra y en el agua, por dedicarse casi por completo a la agricultura.

Aunque también está en desacuerdo porque la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal asignó la concesión denominada Reducción Tlacolula 2 en el 2009, sin su consentimiento previo.

Inicialmente, la SE otorgó la concesión a la empresa Geometales del Norte S. A. de C. V. (Geonorte), después de que la Dirección General de Minas, declarara la libertad del terreno abandonado por lotes mineros.

Sin embargo, Fortuna Silver Mines se apropió posteriormente de su titularidad, por ser junto con Minerales de Oaxaca S.A. de C.V., Plata Panamericana S.A de C.V. y la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., una de sus empresas filiales.

Esta autorización, registrada con el número 233392, abarca 12 mil 642 hectáreas de tierras pertenecientes no solamente a San Pablo Güilá y sus núcleos agrarios Rancho El Colorado, Tierra Blanca, Rancho Blanco y San Felipe, sino también a las comunidades indígenas zapotecas vecinas, San Baltazar Chichicapan, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, entre otras.

De esta manera, la compañía canadiense empezó en el 2013 los trabajos de exploración en el paraje Lom Ru Min (Boca de la Mina), para constatar la existencia de yacimientos de oro.

El descubrimiento

Ante el hallazgo, los habitantes se preocuparon porque no tenían conocimiento de la presencia de la minera, ni habían otorgado su permiso para que hicieron trabajos en sus tierras.

“En ese año, hubo dos asambleas del Comisariado Ejidal, donde se discutió esta situación y se determinó que no se aceptaría la mina”, contó Carlos López Gómez, presidente de la mesa directiva de la primera sección, una autoridad tradicional que auxilia a la autoridad municipal constitucional.

Sin embargo, no todo quedó ahí, porque también fue destituido el secretario del Comisariado Ejidal, Juan José Santiago Pérez, por tener supuesta relación con la empresa.

“Eso fue lo que se dijo, pero no fue cierto. El secretario, que es mi hermano, tenía información de la mina por el cargo, pero no estaba convenciendo a que se aceptara o algo así”, señaló.

Después de esto, Fortuna Silver Mines dejó de intentar ingresar a esta comunidad zapoteca hasta principios de este año, a través del cabildeo del entonces secretario de Asuntos Indígenas de la administración estatal, Francisco Montero López.

“Fuimos la autoridad municipal y las mesas directivas a una reunión, el 26 de abril, a la Ciudad Administrativa. Ahí nos pretendió convencer que habláramos con el representante de la minera canadiense Javier Castañeda y su abogado, Antonio Martínez, porque tenían interés en la extracción de oro”, apuntó.

Obra pública, negocio privado

Para convencer, el funcionario ofreció que Fortuna Silver Mines, a cambio de la autorización para la explotación minera, apoyaría a San Pablo Güila con la pavimentación de calles y el mejoramiento de las escuelas, así como de la introducción de la energía eléctrica y el drenaje.

“Eso fue lo que propuso, a pesar de ser una institución que está para defender los derechos de los pueblos indígenas. Pero, no se aceptó y mejor le pedimos que se vieran otras opciones de apoyo, especialmente la producción del campo”, añadió.

Sin embargo, en la comunidad se generó una gran desinformación y surgieron rumores sobre que la autoridad municipal había otorgado la autorización a la compañía canadiense. Y fue así, que el agente municipal, Víctor Hernández Gómez fue destituido en asamblea general, el 17 de junio pasado, y reemplazado por el actual, Inocente Antonio Melchor.

“Se mal interpretaron las cosas, no fue así, no hubo ningún permiso a la minera, por el contrario, fue un no rotundo, por todas las consecuencias que puede originar en el medio ambiente”, indicó.

Aunque, la empresa minera no ha dejado de presionar a la comunidad, porque casi todas las noches sobrevuelan drones (vehículos aéreos no tripulados), para aparentemente hacer estudios de prospección.

“Muchos ciudadanos los han visto volando a gran altura en el territorio, pensamos que era algo aislado, pero no, vuelan seguido a la media noche. Pero la decisión del pueblo ya está tomada, es un no rotundo”, refirió.

Tomate, el oro rojo

SAN PABLO GÜILÁ, Santiago Matatlán, Oax.- “Desafortunadamente ciertas personas, algunos ciudadanos, entendieron mal la información, sobre nuestro rechazo a la propuesta de la mina que hizo el secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Montero, y así me destituyeron.

Fueron comentarios sin sustento, que yo estaba detrás de la mina, que había vendido concesiones, cuando todo fue al revés. De esa reunión hay documentos donde se dio un no a la mina, porque contaminará el agua y a la producción de tomate que tenemos y que incluso ha detenido la migración a los Estados Unidos.

Dependemos del agua y en ocasiones es escasa cuando no llueve. El funcionario nos dijo que íbamos a tener oro, pero le respondí que ya teníamos oro rojo con el tomate”: Víctor Hernández Gómez, ex agente municipal.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/socava-mina-unidad-en-guila-oaxaca/

Colombia

‘Tumban’ consulta minera en Paipa

Autor: HSB Noticias

A principios de esta semana en el Concejo de Paipa se llevó a cabo una votación para determinar si había, o no, consulta minera.

Así las cosas, con un total de 11 votos en contra y uno a favor, el Concejo tumbó la consulta ambiental contra la minería a cielo abierto y las termoeléctricas.

La economía

El presidente del Concejo de Paipa, Rafael Bayona, argumentó en la W.Radio que que durante el desarrollo de la consulta se desconocería que en el municipio la minería es uno de los renglones ejes de la economía, además del turismo.

“La minería ha estado presente por más de 50 años y esto implica que, de fondo, no se va a modificar el subsuelo del municipio, ya que es parte de una tradición”, dijo el Concejal en el medio radial.

Igualmente se conoció que Paipa está en proceso de actualización de su esquema básico de ordenamiento territorial, documento que da todas las herramientas para que se proteja las áreas que son sensibles a la afectación por minería a cielo abierto.

“Hay herramientas para que la institucionalidad sea garante para proteger el territorio en posibles afectaciones de medio ambiente”, explicó el funcionario.

De los 13 concejales, uno se declaró en inhabilidad para participar en el proceso por razones de que lo relacionan con minería a cielo abierto.

Fuente:HSB Noticias

http://hsbnoticias.com/noticias/local/tumban-consulta-minera-en-paipa-448629

Mexico

Ordena Juez reabrir caso de contaminación del Río Sonora

Autor: ALberto Arnaldo, Claudia Ocaranza para Regeneración.mx

A cuatro años de la tragedia ambiental ocasionada por el derrame de ácido sulfúrico en el Río Sonora, por parte de una factoría de la minera Grupo México.

Según la organización Acciones Colectivas, la resolución -emitida por un juez de amparo- se registró el pasado 13 de julio, publicó Reforma

“El efecto será que se recaben todas las pruebas, incluso las que están en poder de Grupo México y que las autoridades ambientales exhiban los documentos que acreditan la magnitud de los daños”, indicó la organización.

Lo anterior producto de la resolución de un tribunal federal mismo que ordenó reabrir la acción colectiva emprendida contra la empresa propietaria Grupo México.

Cabe mencionar que el dia 6 de agosto se cumplen 4 años, desde que Minera Buenavista subsidiaria de Grupo México, derramara miles de litros de ácido sulfúrico en el Río Sonora, dañando irreversiblemente la cuenca.

En el recuento Excélsior reseñó los hechos y subrayó: “Hoy a cuatro años del derrame de contaminantes de la Minera Grupo México en el Río Sonora, todavía existe polvo amarillo tóxico en las comunidades… sólo hay que raspar o patear un poco la tierra para ponerlo al descubierto”.

Y es que en una de las denuncias se expone que la mitigación de daño, consistió en un barrido superficial del contaminante, quedando a diversas profundidades del suelo.

Esto junto a una serie de calamidades como son la carencia de agua para beber, los daños irreversibles hacia la cuenca del río, la corrupción en la los directamente afectados, menos reciben.

Los pobladores señalaron, entre otras cosas que no todos los afectados están siendo atendidos.

Se menciona que alrededor de 300 personas tienen seguimiento médico, pero que existen afectados por acumulaciones de contaminantes en el cuerpo, mismos que se encuentran en el medio ambiente o en los alimentos.

Grupo México no ha reparado efectivamente a los pobladores de Sonora después del derrame de lixiviado de cobre en su mina Buenavista del Cobre hace cuatro años; sin embargo, ya anunció una inversión de 210 millones de dólares para su nueva mina El Pilar, en el mismo estado del país. La transacción de compraventa de esa mina hace tres años estuvo exenta de impuestos, se reportan cantidades diferentes a los organismos de control y guarda relación temporal con una sociedad en el paraíso fiscal de las Bahamas que se abrió a nombre de la mano derecha de Germán Larrea Mota Velasco -dueño real de Grupo México- una semana después de la compra de El Pilar, según datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) a los que tienen acceso Proceso y PODER.

Al este de la ciudad de Nogales, Sonora, está el municipio de Santa Cruz. Ubicada sobre una colina que domina el municipio, se encuentra la explotación minera de El Pilar. Sólo 15 kilómetros la separan de la frontera con Estados Unidos y 40 kilómetros de Buenavista del Cobre. Forma parte de la misma veta de cobre que se explota en Cananea y en zonas aledañas desde hace más de 100 años. A lo largo de la última década la mina ha sido objeto de varias operaciones de compraventa, que han reportado cuantiosos beneficios a las empresas involucradas.

Tras múltiples cambios de titularidad, en julio de 2015 la mina terminó bajo el control de Southern Copper Corporation, empresa propiedad de Grupo México, después de que la comprara a la canadiense Mercator, dueña de la mina desde 2009, cuando adquirió a Stingray Minerals y sus subsidiarias mexicanas Minera Stingray, S.A. de C.V. y Recursos Stingray de Cobre, S.A. de C.V.

Irregularidades en la compraventa

Una semana después de la compra de El Pilar, el 3 de agosto de 2015, Francisco Javier García de Quevedo Topete, directivo de Grupo México y mano derecha de Larrea, se hizo director de Cuprum Resort, Inc., una empresa constituida ese mismo día en las Bahamas. Cuprum significa cobre en latín. García de Quevedo Topete y Cuprum Resort aparecen en las bases de datos de empresas en paraísos fiscales de Bahamas Leaks, del ICIJ1.

Desde PODER se ha intentado esclarecer el objeto de dicha sociedad, cuya fecha de creación tiene el carácter de evidencia circunstancial que la vincula a la transacción de El Pilar. No obstante, el secreto bancario en torno a las empresas ubicadas en Bahamas dificulta saber más sobre la situación de dicha compañía.

Sí se ha podido detectar una diferencia de 400,000 dólares entre el importe de compra declarado a la Securities and Exchange Commission (SEC) y los reportes de la consultora Deloitte sobre la transacción. Según varios reportes a acreedores por parte de Deloitte, el precio de venta de Stingray (empresa propietaria de El Pilar) fue de 100 millones de dólares, abonados en efectivo por Southern Copper2.

No obstante, en reportes posteriores a la SEC el precio de compra se cifra en 100.4 millones de dólares. Los 400,000 dólares de diferencia aparecen especificados como “costes administrativos relacionados a la adquisición” en el reporte del tercer trimestre de 2015 de Southern Copper remitido a la SEC3.

La mano derecha de Larrea

García de Quevedo Topete es un hombre poderoso. Después casi 50 años en Grupo México ostenta múltiples cargos de gran importancia en el corporativo4. También tiene dos nombres. Alterna su uso a conveniencia, de acuerdo a un poder notarial que una vez firmó5. De cara al público y para dirigir empresas en México se hace llamar Xavier, pero para registrar compañías en el paraíso fiscal de las Bahamas prefirió el nombre legal: Francisco Javier.

El directivo ha tenido responsabilidad directa en múltiples polémicas: desde el accidente en 2006 en la mina de Pasta de Conchos donde 65 trabajadores murieron sepultados hasta el derrame tóxico en la mina Buenavista del Cobre que contaminó los ríos Sonora y Bacánuchi en 2014, pasando por un intento de extorsión por parte de su hermano, Héctor García de Quevedo, al mismísimo Larrea6. Durante los desastres ambientales, García de Quevedo era presidente de Minera México, subsidiaria de Grupo México y dueña de Pasta de Conchos; y vicepresidente de la filial Southern Copper, propietaria de Buenavista del Cobre.

Héctor García de Quevedo Topete, hermano de Xavier y ahora ex director general de Asuntos Especiales de la empresa, fue protagonista de uno de los episodios financieros más extraños de Grupo México. Héctor realizó una operación de venta de acciones con el fondo británico Infund que Larrea nunca ejecutó. Después de 12 años de pleitos el caso terminó con las acciones en posesión de Larrea y Héctor García de Quevedo en arresto domiciliario7.

Exención de impuestos

En la transacción entre Mercator y Grupo México, las empresas estuvieron libres de cargas fiscales en México, debido a que la mina se ubica en la zona económica especial de Sonora. Ésta se estableció para facilitar la instalación de industrias maquiladoras en el área fronteriza, como forma de ofrecer trabajo a los migrantes que cruzan a Estados Unidos. Las mineras se beneficiaron de esta situación, sin que su actividad económica tenga el objeto que dio lugar a la creación de la zona económica.

Según el tercer reporte a acreedores de Mercator en el marco de su proceso de bancarrota gestionado por Deloitte, una carta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fechada el 17 de febrero de 2016 -con Luis Videgaray Caso como secretario de la dependencia-, permitió que la compraventa de El Pilar estuviera exenta de pagar impuestos en México. Sin embargo, la hacienda canadiense sí se benefició con 8 millones de dólares canadienses, al estar Stingray Copper domiciliada en este país8.

Por su parte, Mercator sí tuvo presencia probada en el paraíso fiscal de Barbados -Mercator Minerals (Barbados) Ltd., que se dio de alta en 2008- según ICIJ. La filial se deshizo cuando la matriz se declaró en quiebra.

Deloitte y Grupo México alteraron informes

Deloitte, una de las cuatro compañías auditoras más grandes del mundo, estuvo involucrada en ambos lados de la transacción de El Pilar. Auditó el proceso de bancarrota de Mercator9 -incluyendo la venta de la mina- y las cuentas de Southern Copper Corporation en el tercer trimestre de 201510, cuando se reportó la compra. El doble rol de Deloitte no se indicó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), como solicitan las reglamentaciones de la reguladora para este tipo de casos.

La relación entre Southern Copper y la filial mexicana de Deloitte ya había demostrado en el pasado no ser del todo limpia, de acuerdo a la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), organismo que verifica las auditorías de las compañías basadas en Estados Unidos.

El 6 de diciembre de 2016, la PCAOB publicó una resolución11 censurando a Galaz, Yamazaki, Ruiz Uquiza, S.C., la filial mexicana de Deloitte, por varias violaciones de sus reglas y estándares que se produjeron entre 2011 y 2015. Deloitte y Southern Copper estuvieron al tanto de las irregularidades desde 2011, sin hacer nada para remediarlas. Deloitte fue condenada al pago de 750,000 dólares y la PCAOB impuso medidas adicionales para garantizar y verificar el cumplimiento de la reglamentación, como la obligatoriedad de reportar cada cuatro meses.

Cuatro trabajadores de la firma también recibieron sanciones o reprobaciones debido a las irregularidades cometidas mientras trabajaban en las auditorías de Deloitte para Southern Copper. En la auditoría del ejercicio de 2010 de la subsidiaria Industria Minera de México, S.A. de C.V, eliminaron 26 páginas, modificaron 90 y añadieron 17, todas de forma fraudulenta. La auditoría de Southern Copper para el 2010 corrió similar suerte: 21 páginas eliminadas, 36 modificadas y 41 añadidas. Además, en ambos casos los empleados de Deloitte cambiaron las fechas de múltiples documentos para tratar de cubrir sus huellas en la alteración de los mismos.

Antes, el gobierno mexicano también encontró irregularidades en Galaz, Yamazaki, Ruiz Uquiza. El 30 de noviembre de 2016 el Tribunal de Justicia Administrativa inhabilitó a la empresa para participar en proceso de licitaciones o contratos por servicios y obra pública con la Administración Pública Federal y de los estados12, después de que le fue adjudicado un contrato para la implementación de un sistema de juicios en línea. La Auditoría Superior de la Federación declaró que el sistema no funcionaba y ya se había gastado 330 millones de pesos13.

Grupo México anunció este junio una inversión de 1,560 millones de dólares para El Pilar, Buenavista del Cobre y una planta fundidora en Sonora. Este importe es casi 12 veces el monto que la empresa depositó en el fideicomiso para la reparación de daños del derrame de lixiviado de cobre en los ríos Sonora y Bacánuchi. Según investigaciones de PODER solo el 10% del dinero del fideicomiso en salud se ha destinado directamente a personas afectadas por el derrame del 6 de agosto de 2014.

Historia de Alberto Arnaldo y Claudia Ocaranza, editada por Eduard Martín-Borregón.

Fuente:Regeneración.mx