Mexico

Pueblo pobre, minera rica: el caso de Ixtacamaxtitlán

Ixtacamaxtitlán, Pue.- Mientras el 81.3 por ciento de los poco más de 25 mil habitantes de Ixtacamaxtitlán se encuentran en condiciones de pobreza moderada y extrema, la empresa canadiense Almaden Minerals espera obtener 130 mil onzas de oro y 7 millones 798 mil onzas de plata durante cada uno de los 14 años que calcula de vida útil a la explotación del yacimiento Ixtaca, ubicado en esa demarcación.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el 2010, 20 mil 749 personas, el 81.3 por ciento del total de la población de este municipio de la Sierra Norte, se encontraban en pobreza, casi el 60 por ciento de ellos presentaban pobreza moderada y más del 25 por ciento estaban en pobreza extrema. Entre sus principales carencias estaban la falta de acceso a los derechos al agua y la salud.

En tanto la minera canadiense aseguró en una Valoración Económica Preliminar elaborada para sus socios en 2014 que, mediante la apertura de un tajo, abierto con dinamita, el uso de cianuro y otros contaminantes, podrá obtener 130 mil onzas de oro y 7 millones 798 mil onzas de plata anualmente, con ganancias por 335 millones de dólares por cada uno de los 14 años que calculó de explotación de la mina.

Para hacerse de esta cantidad de metales preciosos, la minera demolerá un promedio de 30 mil toneladas de roca por día, es decir 10 millones 650 mil toneladas por año, en una porción de las 14 mil hectáreas de terreno del denominado proyecto “Tuligtic” con el que se pretende la explotación del yacimiento Ixtaca.

Aunque la empresa consideró que la veta hallada en Ixtacamaxtitlán tiene una gran importancia a nivel mundial debido a que “la producción de plata media anual prevista podría hacer de este lugar uno de los 20 mayores productores en el mundo”, hasta la fecha sólo da empleo a 70 personas originarias del municipio, pero aseguró que ha invertido en “capacitación y proyectos de salud y bienestar social” con la construcción de “escuelas, baños públicos, salones comunitarios, iglesias locales y de hospitales”.

En contraste, de acuerdo con el informe “Minería Canadiense en Puebla y su Impacto en los Derechos Humanos”, elaborado por el centro de investigaciones PODER y difundido el año pasado, en la zona ya se han producido graves daños ambientales y al tejido social; y se han violado derechos humanos.

Algunos de los daños ambientales que ya han ocurrido son la presencia excesiva de diésel y cemento en los suelos y las fuentes de agua. Y es que para la cantidad de barrenos que se han hecho se ocuparon cerca de 38 mil litros de combustible que se tiraron en barrancas, y 200 mil kilogramos de cemento que taparon ríos y arroyos o desviaron su cauce.

La empresa ha ignorado las protestas de habitantes, que en noviembre pasado se entrevistaron con autoridades y congresistas canadienses para denunciar la situación y reiterar su rechazo a la apertura de una mina en su territorio.

La minera afirma que “tiene relaciones de armonía y transparencia con la comunidad”, donde ha instrumentado “un programa comprensivo de relaciones comunitarias y educativas para los pobladores locales para explicar de manera transparente en qué consisten los trabajos de exploración así como los posibles impactos y beneficios de una posible operación minera en Ixtaca”.

Fuente:http://municipiospuebla.mx/nota/2018-01-02/interiores/pueblo-pobre-minera-rica-el-caso-de-ixtacamaxtitl%C3%A1n

Ecuador

Referendum en Ecuador prohibiría minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos

El régimen ha indicado, por medio de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que justamente con la pregunta 5 del referéndum y consulta popular del 4 de febrero próximo se busca prohibir esta actividad en cascos urbanos.

 

El líder de la Ecuarunari y defensor del agua, Yaku Pérez Guartambel, lo pone como “uno de los tantos espejos de ver cómo la ciudad se hunde”. Y apoya el Sí a las restricciones para la minería metálica que plantea la pregunta 5, pese a que considera que no es suficiente, pues esperaban “que se incluyera en la prohibición a bosques protectores, fuentes de agua, cabeceras de agua y zonas frágiles”, para frenar el avance de esta actividad.

El presidente Lenín Moreno sustenta esta reforma en el principio constitucional de la progresividad de derechos para ampliar la protección de los derechos de la naturaleza hacia otras áreas, y así extender la prohibición que ya existe para las actividades extractivas de recursos no renovables en áreas protegidas y en zonas declaradas intangibles, a la explotación de minería metálica.

La Cámara de la Minería no tiene reparos, pues indica que la pregunta solo traza la cancha, establece dónde no se puede hacer minería, y solo tiene un cambio. Es comprobable “que no existe una sola concesión en zonas protegidas, lo único que queda suelto es el concepto de centros urbanos (…), que busca prevenir lo que ocurrió en Zaruma. Luego habrá que regular qué es un centro urbano”, dice el vicepresidente de la Cámara, Andrés Ycaza.

Para este sector la pregunta legitima la lucha contra la minería informal e ilegal. Pues la minería seria, agrega, da por sentado estos temas de protección. “Las compañías tienen sus propios límites” y entienden que hay restricciones en la naturaleza del negocio. Y por ello no ve efectos en las inversiones futuras. Australia y Reino Unido han mostrado su interés en este sector.

Los problemas en Zaruma, precisa Ycaza, son producto de la minería informal.

La actividad se desarrollaba alrededor del pueblo y tres o cuatro años atrás, con el primer hundimiento, se declaró zona de exclusión y los concesionarios mineros salieron, pero los informales siguieron.

Destaca que la minería nace en medio de la nada y genera demanda, por lo que tiene que crear también un pueblo de la nada. Que un sitio destinado a la minería de pronto se convierta en un centro poblado y ahí se contraponga con la reforma constitucional es algo de lo que piensa que no se puede llegar a ese extremo.

Lo que avizora son fricciones con los pequeños mineros y mineros ilegales.

Mientras, para el sector indígena la reforma les servirá como un argumento legal y más que todo ético para seguir con la resistencia a la minería, que según sus cálculos en diez años de gobierno subió del 5% al 15%. La Cámara indica que es el 3% del territorio concesionado y que solo un 1% o 2% de eso termina siendo explotado.

Para el 2018, el ministro de Minería, Javier Córdova, prevé que el país recibirá “más de $ 1.000 millones de inversión extranjera para la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos mineros”.

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?

Anexo 5

Constitución de la República del Ecuador

Agréguese un segundo inciso al artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador con el siguiente texto:

“Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”.

Sustitúyase el artículo 54 del Código Orgánico de Ambiente por el siguiente texto:

“De la prohibición de actividades extractivas en áreas protegidas y zonas intangibles.- Se prohíben las actividades extractivas de hidrocarburos y minería no metálica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal, salvo la excepción prevista en la Constitución, en cuyo caso se aplicarán las disposiciones pertinentes de este Código.

Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”.

Fuente:http://noalamina.org/latinoamerica/ecuador/item/38421-referendum-en-ecuador-prohibiria-mineria-metalica-en-areas-protegidas-zonas-intangibles-y-centros-urbanos

Internacional

Desaparecen 3.000 millones de litros de aguas ácidas en la mina de Riotinto

Huelva , España.- La compañía que explota las minas de Riotinto, Atalaya Mining, aún no ha construido y puesto en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas fundamental para corregir y minimizar el vertido de aguas ácidas de mina a los ríos Tinto y Odiel que desembocan en la ría de Huelva. La advertencia llega de la mano de Ecologistas en Acción mientras que fuentes de la empresa, que lleva tres años operativa y más de una década presente en la Cuenca, han reconocido que la planta no estáe: en funcionamiento.

 

La construcción de la planta de tratamiento de aguas ácidas es condición indispensable para el buen y correcto funcionamiento de la explotación minera y para evitar que las aguas del lavado mineral, altamente contaminadas, acaben sin depurar ni tratar en el agua de los ríos que tienen su vertiente en el complejo minero. Fue precisamente la Junta de Andalucía quien incluyó esta exigencia, y otras 300, entre los condicionantes legales para dar luz verde a la Autorización Ambiental Unificada otorgada en marzo de 2014.

La AAU concedida a favor del promotor, Emed Mining (Atalaya Mining) imponía el control de aguas y prohibía taxativamente el vertido sin control a cauce público. Unos vertidos que alcanzan cotas importantes al haber ‘desaparecido’ los 3 hectómetros cúbicos (tres mil millones de litros) de aguas ácidas que contenía la zona de laboreo de Cerro Colorado.

Las organizaciones ecologistas tienen claro que gran parte de esas aguas contaminadas en el proceso industrial y de forma natural han ido a parar al Tinto durante meses, “incumpliendo la normativa ambiental impuesta en la Autorización Ambiental Unificada”, asegura el portavoz de Ecologistas en Acción en esta materia, Antonio Ramos.

Por su parte, la empresa minera no reconoce estos vertidos masivos y asegura, a través de su servicio de comunicación, que las aguas de Cerro Colorado han sido reutilizadas en el proceso industrial, máxime cuando nos encontramos en período de sequía y no hay apenas agua dulce disponible para poner a disposición de la explotación.

La Autorización concedida por la Consejería de Medio Ambiente andaluza no solo prohibía los vertidos mineros a cauce público sino que también apuntaba que todos los efluentes “deberán dirigirse a una estación depuradora”. Sólo se permitirían los vertidos de esta planta (inexistente) si se cumplen los valores límite de emisión establecidos en la legislación vigente y en la AAU.

En la Autorización Ambiental emitida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se establece también la obligación de restaurar todas las escombreras incluidas en el ámbito de la explotación minera. Y se añade que la contaminación difusa procedente de antiguas escombreras tendrá que ir reduciéndose progresivamente de acuerdo con el programa de restauración de las mismas, que garantizará que en el plazo de once años la carga contaminante que actualmente llega a los ríos se reduzca en un 100%.

 

Memoria Ambiental de Atalaya Mining

 

La empresa Atalaya Riotinto Minera, propiedad de Atalaya Mining PLC, hizo pública su Memoria Ambiental en 2015. En ella se comprometía expresamente a poner en marcha y cumplir exhaustivamente la legislación y reglamentación aplicable, así como otros requisitos que la empresa suscriba y que afecte al Proyecto Riotinto.

La empresa ha anunciado públicamente tanto en su Memoria Ambiental como en circulares y publicidad internacional (cotiza en los grandes mercados mundiales de metales) que trabaja bajo el principio de ‘vertido cero’ de las aguas del proceso minero. Aunque en el documento subraya que el Proyecto Riotinto tiene otorgada una autorización para la descarga a cauce público, previa neutralización en la planta de tratamiento de aguas, de 2,6 Mm3/año de aguas procedentes del desaguado de las cortas existentes y lixiviados de los frentes de escombreras activos en el proyecto de explotación.

En cuanto a las aguas ácidas estancadas en Cerro Colorado, la empresa reconocía en su Memoria Ambiental la existencia de 3Hm3 que creía necesario gestionar. Por eso el proyecto presentado a las autoridades contemplaba el bombeo de esta agua a la planta de tratamiento diseñada al efecto dentro de las instalaciones mineras con el objeto de acondicionarla e introducirla como agua fresca en el proceso de tratamiento mineral.

Las aguas procedentes de los lixiviados (drenajes) de las escombreras activas, según el compromiso de reapertura, la AAU otorgada por la Junta y la Memoria Ambiental, también deben ser recogidas en balsas diseñadas y acondicionadas al efecto para su posterior bombeo hacia la planta de tratamiento de agua, donde serían incorporadas en el proceso de tratamiento mineral.

La compañía que explota las minas de Riotinto, Atalaya Mining, aún no ha construido y puesto en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas fundamental para corregir y minimizar el vertido de aguas ácidas de mina a los ríos Tinto y Odiel que desembocan en la ría de Huelva. La advertencia llega de la mano de Ecologistas en Acción mientras que fuentes de la empresa, que lleva tres años operativa y más de una década presente en la Cuenca, han reconocido que la planta no está en funcionamiento.

La construcción de la planta de tratamiento de aguas ácidas es condición indispensable para el buen y correcto funcionamiento de la explotación minera y para evitar que las aguas del lavado mineral, altamente contaminadas, acaben sin depurar ni tratar en el agua de los ríos que tienen su vertiente en el complejo minero. Fue precisamente la Junta de Andalucía quien incluyó esta exigencia, y otras 300, entre los condicionantes legales para dar luz verde a la Autorización Ambiental Unificada otorgada en marzo de 2014.

La AAU concedida a favor del promotor, Emed Mining (Atalaya Mining) imponía el control de aguas y prohibía taxativamente el vertido sin control a cauce público. Unos vertidos que alcanzan cotas importantes al haber ‘desaparecido’ los 3 hectómetros cúbicos (tres mil millones de litros) de aguas ácidas que contenía la zona de laboreo de Cerro Colorado.

Las organizaciones ecologistas tienen claro que gran parte de esas aguas contaminadas en el proceso industrial y de forma natural han ido a parar al Tinto durante meses, “incumpliendo la normativa ambiental impuesta en la Autorización Ambiental Unificada”, asegura el portavoz de Ecologistas en Acción en esta materia, Antonio Ramos.

Por su parte, la empresa minera no reconoce estos vertidos masivos y asegura, a través de su servicio de comunicación, que las aguas de Cerro Colorado han sido reutilizadas en el proceso industrial, máxime cuando nos encontramos en período de sequía y no hay apenas agua dulce disponible para poner a disposición de la explotación.

La Autorización concedida por la Consejería de Medio Ambiente andaluza no solo prohibía los vertidos mineros a cauce público sino que también apuntaba que todos los efluentes “deberán dirigirse a una estación depuradora”. Sólo se permitirían los vertidos de esta planta (inexistente) si se cumplen los valores límite de emisión establecidos en la legislación vigente y en la AAU.

En la Autorización Ambiental emitida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se establece también la obligación de restaurar todas las escombreras incluidas en el ámbito de la explotación minera. Y se añade que la contaminación difusa procedente de antiguas escombreras tendrá que ir reduciéndose progresivamente de acuerdo con el programa de restauración de las mismas, que garantizará que en el plazo de once años la carga contaminante que actualmente llega a los ríos se reduzca en un 100%.

 

unta y la Memoria Ambiental, también deben ser recogidas en balsas diseñadas y acondicionadas al efecto para su posterior bombeo hacia la planta de tratamiento de agua, donde serían incorporadas en el proceso de tratamiento mineral.

Fuente:http://noalamina.org/mundo/europa/item/38398-desaparecen-3-000-millones-de-litros-de-aguas-acidas-en-la-mina-de-riotinto

Argentina

Nación sugiere a Chubut dar el debate sobre la minería

El viceministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Sebastián De Luca, formó fue parte de la comitiva que acompañó ayer al presidente de la Nación Mauricio Macri, en su breve visita a Chubut, para inaugurar la ampliación del Parque Eólico en Rawson.
Consultado sobre la posibilidad de avanzar con la producción minera en Chubut, De Luca aseguró que es una decisión que deberá tomar la Provincia, pero pidió “que se dé el debate” y que no haya una oposición “por un prejuicio”, ya que no es bueno para la definición de políticas de Estado.

“Si la minería sirve y si se puede utilizar de manera cuidada, es algo que deberá definir la provincia con sus legisladores y gobernadores”, sostuvo en Rawson el segundo de Rogelio Frigerio.
En este marco, De Luca consideró que “es algo que deberá definir la provincia que tiene la libertad de utilizar o no los recursos. Es parte del debate que tendrán que hacer en Chubut”, sugirió al tiempo de advertir que “decir que no por un prejuicio es lo peor que le puede pasar a la discusión de políticas de Estado”, opinó.

Sin apoyo en el Congreso

También tuvo definiciones críticas hacia los legisladores nacionales por Chubut que no acompañaron la reforma previsional y otras leyes impulsadas por la Nación.
El funcionario aseguró que desde la Nación esperaban otra actitud de parte de los diputados y senadores de Chubut, en virtud del acuerdo de pacto fiscal firmado entre el Gobierno Nacional y las Provincias, incluyendo a Chubut.
Sugirió también a los legisladores provinciales que den su apoyo al pacto fiscal en el recinto parlamentario de Chubut, como ya hicieron “el 90 por ciento de las Provincias”.

Crisis financiera de Chubut

El funcionario nacional remarcó que “es importante la visita del presidente en Chubut”, quien “no había podido venir para el fallecimiento de (del ex gobernador Mario) Das Neves y sin dudas que lo había tomado con mucho dolor”. Manifestó que “hay que seguir dialogando” para buscar “la salida al enorme problema financiero de la provincia. Ya hemos tenido varias reuniones con el gobernador y hemos trabajado para buscarle un marco”, remarcó.
Consultado sobre una reparación histórica para Chubut, De Luca sostuvo que “después del acuerdo fiscal firmado con los gobernadores estamos dispuestos a discutir una nueva ley de coparticipación” y que “los gobernadores de Chubut, La Rioja y Misiones planteen su problemática que es distinta a la provincia de Buenos Aires”.
“Estamos discutiendo todas las alternativas y creemos que hay un respeto por quienes han votado y gobernando. Por eso nos encontrarán buscando alternativas financieras para que Chubut tenga gobernabilidad y paguen los salarios como corresponde. Son decisiones a tomar para darle un camino al 2019”, sostuvo.

Facto fiscal

Luego de la firma del pacto fiscal, “esperábamos otra respuesta de los legisladores de Chubut. El acompañamiento es del gobernador y esperamos que haya un respeto por lo que eso tiene que ver con la lógica de la provincia. Hay senadores y diputados que se han opuesto a todo lo que hemos enviado al Congreso”.
Dado que la legisladora Rosa Muñoz manifestó extorsión, De Luca planteó que “en otro lado desconocemos y estamos en contra de ese tipo de prácticas”.
En caso de no aprobarse el pacto fiscal, “habrá que insistir como lo están aprobando el 90% de las provincias. Esperamos que los legisladores salgan de las internas partidarias y puedan acordar los pactos firmados en beneficio de los chubutenses”, sostuvo.

Mexico

Mineros eluden impuestos y gobierno los premia con estímulos fiscales

Uno de los aspectos más importantes de la llamada economía verde tiene que ver con la imposición de cuantiosas cargas fiscales a las actividades más contaminantes o que mayor daño causan al medio ambiente, como las extractivas.

Pero en México, muy lejos estamos de que ese tipo de industrias altamente nocivas sufran siquiera por los impuestos: aquí, las autoridades entregan en bandeja de plata permisos, concesiones y demás autorizaciones para que las empresas mexicanas y extranjeras hagan y deshagan a su antojo.

Ejemplo de ello es la minería que, con la clara anuencia del gobierno, despoja territorios a pueblos originarios y a personas de escasos recursos; en total impunidad, contamina aire, suelo y agua; y por si esto no le bastara, paga una ridícula suma por extraer recursos tan valiosos, como el oro y la plata. Y, al final, el gobierno la premia con millonarios estímulos fiscales.

Impuestos verdes

Los impuestos relacionados con el medio ambiente tienen una base imponible aplicada en una unidad física de algún material que tiene un impacto negativo comprobado y específico sobre el medio ambiente, explica el análisis La economía verde: beneficios e impactos, elaborado por Roberto Candelas Ramírez para el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP).

Agrega que éstos incluyen los impuestos sobre la energía, el transporte, y se excluyen los impuestos del tipo valor agregado. En el caso de la extracción minera y el uso de agua, indica que se aplican regalías, es decir, cobros específicos por el uso del recurso natural explotado.

El estudio apunta que, “desafortunadamente, en México no existe en el régimen tributario federal un solo gravamen tributario destinado a resarcir los daños ambientales que las empresas mineras ocasionan a los ecosistemas y los vertimientos de contaminantes a las fuentes de agua”.

Industria abusiva

Pero el problema con esta industria va más allá del hecho de que no exista ese gravamen; pues los que sí existen no se respetan. “Los ingresos fiscales percibidos por concepto de impuestos que pagan las empresas mineras en México ascienden al 1 por ciento del total de ingresos, convirtiéndose en el segundo país que menos impuestos recibe en América Latina”, refiere el análisis del CESOP.

Agrega que esta situación se da a pesar de que aquí operan dos de los cinco grupos mineros más importantes, por su valor en ventas (Grupo México e Industrias Peñoles), y de que aplican varias cargas tributarias que establece la Ley Minera y su reglamento.

Entre ellas: la compensación abonada por quienes realizan exploración minera; la prima por descubrimiento; los derechos sobre minería, aplicables a los concesionario o quienes desarrollen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales (aunque sólo por el área que abarca la concesión y su duración).

En este punto, refiere que la cuota por hectárea se ubica en el rango de 17.62 a 124.74 pesos, según el año de vigencia de las concesiones y asignaciones mineras. Algo a todas luces ridículo.

El estudio destaca que en el país “no existen impuestos específicos que graven las actividades mineras: pagan los mismos impuestos federales (ISR, IETU, IVA) que cualquier otra actividad económica. También pagan los mismos impuestos estatales y, salvo el caso excepcional de Baja California, ninguna entidad federativa paga un impuesto ambiental sobre la extracción y aprovechamiento de materiales y minerales mineros”.

En este contexto de abusos pareciera que lo peor no es eso, sino que además reciben estímulos fiscales. “La industria minera tiene un estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta consistente en la deducción inmediata de las inversiones que realice el empresario minero, hasta por 77 por ciento del valor del capital invertido”, indica el análisis.

Mineras se burlan del régimen tributario

Y esta permisividad sólo da lugar a más abusos: abiertamente los mineros se burlan del sistema de tributación. Ejemplo de ello es lo que descubrió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más reciente informe de fiscalización: 14 concesionarios habrían eludido impuestos.

Por ello, la ASF solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejercer sus facultades de comprobación fiscal respecto de las empresas Besmer, SA de CV; Compañía Minera Autlán, SAP de CV; Comercializadora Sago Import Export, SA de CV; Exmin, SA de CV; Minera Planet Exploration, SA de CV; Minera Río Tinto, SA de CV; SGL Minera, SA de CV; y Succeshill & Co, SAPI de CV.

También, de los concesionarios Héctor Alfonso Hernández Vega, Armando Javier Gamboa Alanís y Federico García Félix; así como de quienes ostentan los registros federales de contribuyentes DGX030220LU7, MUSJ7009031T5 y SOLE601107I88.

Según la auditoría financiera y de cumplimiento 16-5-06E00-02-0075, “Derechos sobre minería”, estos 14 contribuyentes “se identificaron como beneficiados de los créditos otorgados por el Fideicomiso de Fomento Minero”. Sin embargo, “no se acreditó el pago de los derechos especial, adicional o extraordinario sobre minería previstos en los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos”.

La Auditoría también revela que, “si bien los tres derechos mineros reflejaron mayor recaudación respecto del ejercicio 2015, se disminuyó la cantidad de contribuyentes que realizaron el pago de los derechos especial y extraordinario, que va del 1.3 al 70.7 por ciento”.

Según el resultado de la fiscalización, 61 contribuyentes que presentaron el pago del derecho especial en 2015 no presentaron declaración del derecho en 2016; 48 contribuyentes adicionales realizaron el pago en 2016 de por lo menos un derecho, que representa el 3.5 por ciento del total recaudado.

Además, la recaudación realizada en 37 Administraciones Desconcentradas de Recaudación del SAT en el país se “integró por los pagos de 161 contribuyentes, de los cuales: un contribuyente realizó pagos por dos derechos; un contribuyente realizó pagos por los tres derechos; 147 contribuyentes realizaron el pago de un derecho; y 12 contribuyentes presentaron la declaración en cero.

Al comparar el padrón de concesiones de la Secretaría de Economía con la base de datos de pagos del sistema del SAT, los auditores identificaron que de los 161 contribuyentes que realizaron el pago de por lo menos uno de los tres derechos, 113 (70.2 por ciento), con un total de 6 mil 422 concesiones, realizaron el pago de los tres derechos, y los 48 contribuyentes restantes, el 29.8 por ciento, no se identificaron con alguna concesión en el padrón que Economía proporcionó.

La auditoría concluyó que en 2016, la Cuenta Pública reportó ingresos por 2 mil 740 millones 796.4 mil pesos correspondientes a la recaudación de los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos.

Así, la “eficiencia” del fisco con los grandes contribuyentes mineros.

 

Fuentes:http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/01/03/mineros-eluden-impuestos-gobierno-los-premia-estimulos-fiscales/

Mexico

Mantienen resistencia contra mineras en el Istmo, Oaxaca

Zanatepec, Oax.- Ante la inminente llegada de la minería en la zona oriente del Istmo, las organizaciones civiles mantienen el fuego de la resistencia y la oposición de estos proyectos que denominan “de muerte”.

Agrupaciones como el Grupo Ecologista Zanatepec y el colectivo Gulucheño Por La Vida realizaron distintas actividades para concientizar entre la población sobre los peligros de la minería.

Entre estas actividades, realizaron por séptima ocasión “un radiotón ecologista” que es un maratón radiofónico que realiza la estación de radio comunitaria en donde se difunden temas sociales y ecológicos, con énfasis en su resistencia a los proyectos mineros en la zona del Istmo de Tehuantepec.

El evento se realizó en la explanada del parque central de Zanatepec, en donde estuvieron presentes defensores indígenas de la tierra y el territorio y la autoridad municipal que encabeza Ramiro Nolasco Jerónimo, quién en el pasado mes de marzo en sesión pública de cabildo reafirmó a este municipio como “libre de minería”.

El radiotón 2017 tuvo una duración de más de cuatro horas en vivo y a través de la frecuencia radiofónica 90.7 “Radio Éxito”, los integrantes del grupo ecologista Zanatepec e invitados especiales manifestaron que seguirán con su defensa de la tierra y el territorio y conservación del medio ambiente.

Oro, plata y cobre

En el 2008, la Secretaria de Economía entregó tres concesiones mineras “Aurena, Santa Martha y la Ventosa” que abarcan 19 mil 795 hectáreas en terrenos colindantes de San Miguel Chimalapa y Zanatepec con la finalidad de extraer cobre, plata y oro, por lo que desde entonces se ha emprendido una resistencia en la comunidad.

En el evento, estuvieron presentes Alejandro García, presidente del Grupo Ecologista Zanatepec, quién puntualizó que desde el 2014 ellos tuvieron accesos a los permisos de las mineras que intentan ubicarse en su localidad, sin embargo y por fortuna se cuenta con el apoyo y respaldo de la autoridad municipal para ésta resistencia.

Daniel Cirilo, defensor de los derechos humanos y el medio ambiente explicó que a la par de este evento, se continúa con la labor de concientización en la comunidad y localidades vecinas a través de volantes, pinta de bardas, conferencias y marchas, lo cual ha dejado un precedente importante de resistencia.

Durante el radiotón, también se realizó una feria de dulces típicos de la localidad de Zanatepec, en donde las mujeres ofertaron sus dulces que elaboran de forma artesanal y también una exposición fotográfica que mostró los espacios naturales de la comunidad y su lucha frente a la minería.

Fuente:http://www.nvinoticias.com/nota/80430/mantienen-resistencia-contra-mineras-en-el-istmo-oaxaca
Argentina

Calcatreu: cronología del proyecto que reabre el debate por el uso de cianuro

El reclamo por el cuidado del medio ambiente en la extracción del oro y la plata choca hace años en la Línea Sur, frente a la intención de traer inversiones. Ahora el proyecto quedó en manos de Patagonia Gold.

El depósito de oro y plata “Calcatreu” fue descubierto en 1997 y se desarrolla desde mayo de 1998 en un campo fiscal ubicado en el paraje Lipetrén Chico, distante a unos 82 kilómetros al sur de Jacobacci.

Hasta 2005 los trabajos de exploración fueron intensos, pero la promulgación de la llamada “ley anticianuro” por parte del ex gobernador Miguel Saiz lo dejó en stand by.

Sin embargo desde que se identificó el potencial hasta la actualidad, las distintas empresas mineras propietarias de los activos mantuvieron su base en Jacobacci, realizando trabajos menores. En el 2012, a pocos días de haber asumido, el exgobernador Carlos Soria derogó la ley anticianuro, rehabilitando la actividad.

Desde abril de este año, directivos de Patagonia Gold mantuvieron distintas reuniones con representantes de los gobiernos Nacional, provincial y municipal y también con referentes y organizaciones de la comunidad jacobaccina, incluyendo a la comunidad mapuche cercana al proyecto, a quienes les han transmitido la idea de desarrollo.

También han recibido distintas inquietudes relacionadas con el cuidado del medio ambiente, entre otras.

La llegada de Patagonia Gold a la Región Sur se suma Southern Copper, empresa minera que desarrolla trabajos de explotación en la zona de Los Menucos y a mediados de enero hará lo propio en la zona de El Paisanito, a 90 kilómetros al norte de Jacobacci.

Diciembre 2017 | Río Negro: Patagonia Gold compró el proyecto Calcatreu

Los activos que controlaba Pan American Silver fueron transferidos por 15 millones de dólares. Inquietud por el cuidado del medio ambiente en la explotación.

Julio 2017 | La minería reabre el debate en el sur rionegrino: la gente quiere saber

El tema “minería de primera categoría” vuelve a resurgir en Jacobacci a raíz del interés de capitales argentinos en Calcatreu, proyecto que está en “stand by” desde hace una década.

Desde que comenzó a circular la noticia en las calles, las opiniones a favor y en contra van en aumento. Vecinos temen que el tema vuelva a dividir a la comunidad, tal como ocurrió entre el 2003 y el 2005.

Continuar leyendo esta noticia:http://www.rionegro.com.ar/region/calcatreu-cronologia-del-proyecto-que-reabre-el-debate-por-el-uso-de-cianuro-HF4171898

 

Fuente:http://www.rionegro.com.ar/region/calcatreu-cronologia-del-proyecto-que-reabre-el-debate-por-el-uso-de-cianuro-HF4171898.

Colombia

Jornada electoral en Gachantivá por la minería

La comunidad decidirá en el 2018 si desean que la minería esté presente en su región.

Gachantivá decide a finales de enero si avala o rechaza actividad la minera en esta región.

La administración municipal fijó el 28 de enero como fecha tentativa para la realiza­ción de la consulta.

Consulta

El pasado 29 de noviembre el Tribu­nal Administrativo de Boyacá aprobó la realización de una Consulta Popular, para que sus habitantes sean quienes decidan si aceptan o rechazan la actividad minera en el municipio.

Acatando lo ordenado por el Tribunal, la Alcaldía emitió el decreto mediante el cual fija fecha y cita a votaciones para este año que llega. De todas formas, aún hace falta el visto bueno de la Registraduría para que se convoquen votaciones.

La pregunta que se le realizaría a la ciu­dadanía es ¿Está usted de acuerdo con que en la jurisdicción del municipio de Gachan­tivá (Boyacá) se realicen actividades de ex­plotación minera?

Es de recordar que en meses anteriores la comunidad realizó varias protestas y ca­minatas con el fin de que el gobierno los escuchara y les tuviera en cuenta su incon­formidad con el trabajo minero en la zona, ya que aducen que el daño ambiental es in­descriptible.

El Colectivo Ambiental del Alto Ricaurte donde pertenece Clara Ángel, está a la espe­ra de que su lucha tenga un buen fin.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/local/jornada-electoral-en-gachantiva-por-la-mineria-380444.

Perú

Ordenan captura de dirigente aimara Walter Aduviri

La Sala penal de Apelaciones de Puno desestimó la apelación a la sentencia de 7 años de cárcel por los disturbios durante el aimarazo en el año 2011.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno dispuso la orden de captura del dirigente aimara Walter Adivuri Calisaya, tras desestimar la apelación presentada por su defensa a la sentencia de 7 años de cárcel en primera instancia.

Aduviri, además deberá pagar 2 millones de soles como reparación civil por los disturbios que se generarán durante las protestas que dirigió el 2011 contra el proyecto minero Santa Ana y terminó en la cancelación del mismo.

La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno dispuso la orden de captura del dirigente aimara Walter Adivuri Calisaya, tras desestimar la apelación presentada por su defensa a la sentencia de 7 años de cárcel en primera instancia.

Aduviri, además deberá pagar 2 millones de soles como reparación civil por los disturbios que se generarán durante las protestas que dirigió el 2011 contra el proyecto minero Santa Ana y terminó en la cancelación del mismo.

Fuente:http://larepublica.pe/sociedad/1164022-ordenan-captura-de-dirigente-aimara-walter-aduviri

Argentina

Impacto de la megaminería en los glaciares andinos

La glacióloga Ana Paula Forte analizó los cambios en el paisaje cordillerano de San Juan con el desarrollo de minería.

Tres investigadores de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizaron un estudio comparativo de imágenes aéreas para conocer los cambios producidos en el ambiente de los Andes desérticos en los últimos 17 años.

El principal objetivo de la investigación fue dimensionar el impacto de las minas Veladero y Pascua Lama, ubicadas al noroeste de la provincia de San Juan, sobre los glaciares y diversas geoformas del ambiente glaciar y periglaciar de esas latitudes. La glacióloga Ana Paula Forte, integrante del equipo, dialogó con Agencia CTyS-UNLaM sobre los resultados.

«El impacto -señaló Forte- es pronunciado. Los glaciares y manchones de nieve han sufrido importantes retrocesos durante los últimos 17 años, de tal manera que un significativo número de manchones de nieve permanente han desaparecido. Mientras, el ambiente periglaciar, por estar más ampliamente desarrollado en la zona, ha sufrido la mayor cantidad de afectaciones».

Según la investigadora, la minería ha intervenido claramente en el ambiente glaciar y periglaciar, afectando parte de las nacientes de uno de los dos principales recursos hidrológicos que es el río Jáchal. En esa línea, sostiene que la sola instalación de las minas ya implicó cambios en los cursos hídricos de la región, y que ese impacto no ha sido evaluado por un estudio serio tanto en los caudales como en la hidroquímica del agua.

A través de imágenes satelitales, los investigadores observaron distintas intervenciones sobre el ambiente glaciar y periglaciar a partir de la instalación y desarrollo de la actividad extractiva. En primer lugar, registraron que el proyecto minero está ubicado sobre una zona donde se desarrolla permafrost, es decir, sobre un suelo que permanece por debajo de 0° C por dos años consecutivos.

Tajo abierto

Por otro lado, comprobaron que la zona donde se ha realizado la extracción de mineral a tajo abierto (open pit) se encuentra sobre áreas donde previamente existían procesos físicos característicos del ambiente glaciar y periglacial; que las escombreras (enormes masas de material estéril) se ubican sobre laderas con procesos de solifluxión (proceso geomorfológico característico de zonas de clima periglaciar consistente en el desplazamiento masivo y lento por gravedad de formaciones arcillosas u otros tipos de suelo sobre el permafrost). También precisaron que los caminos de tierra para el paso de camiones intervinieron geoformas glaciares y periglaciares.

Los integrantes del equipo y becarios de Conicet, Cristian Villarroel, Flavia Tejada y Ana Paula Forte, realizaron el estudio de forma independiente y en armonía con la Asamblea Jáchal No Se Toca, ONG que denuncia desde hace años el desarrollo de la minería a cielo abierto en una región donde se despliega un ambiente de tipo glaciar y periglaciar y que, además, se encuentra en las nacientes de la cuenca del río Jáchal, que es el curso hídrico más importante de las poblaciones del norte de la provincia de San Juan.

Recientemente, el estudio aportó datos para la causa que investiga el incumplimiento de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar por parte de ex funcionarios del Estado, entre ellos, el investigador de Conicet y ex director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), Ricardo Villalba (uno de los 15 científicos argentinos que integraron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, que junto a Al Gore, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007).

Polémica

El investigador fue procesado por no haber cumplido en tiempo y forma con el Inventario Nacional de Glaciares, instrumento indispensable para conocer los cuerpos de agua a proteger, que tendría que haber sido presentado en marzo de 2011 para aquellas zonas consideradas «prioritarias», pero que, cuando ocurrió el primer derrame de cianuro de la empresa Barrick Gold, en setiembre de 2015, todavía no se había terminado.

La metodología del registro de geoformas también despertó la polémica por haber excluido a los glaciares de menos de una hectárea y a las geoformas características del ambiente periglaciar. Sin embargo, el doctor Villalba argumentó que se basó en estándares internacionales de mapeo de glaciares, y que las pequeñas geoformas no se comportan como reservas hídricas relevantes. (Nota de la Redacción: El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, afirmó hace días que el glaciólogo Villalba, procesado por el juez federal Sebastián Casanello por abuso de autoridad al inventariar glaciares, cumplió «estrictamente con sus deberes» y fue «injustamente procesado»).

Al respecto, Forte menciona: «El hecho de que los glaciares de menos de una hectárea no puedan ser estimados como reservas hídricas no tiene ningún sustento científico. Hay muchas geoformas pequeñas y dudo que no tengan un aporte hidrológico. En efecto, he visto trabajos que demuestran su importancia en otras partes del mundo. Vale la pena realizar una tarea así acá también».

La glacióloga explica que, en la región en disputa, se despliegan los Andes Desérticos, partes de la cordillera sometidas a alta radiación solar, escasas precipitaciones y extrema aridez. Aquí, los glaciares se caracterizan por ser fríos, secos y pequeños, las bajas temperaturas hacen que el movimiento del hielo sea lento y que se encuentren expuestos durante prolongados períodos de tiempo a intensas radiaciones solares. Estas geoformas cumplen la función de reservorio para las dos cuencas hídricas que nacen allí: Jáchal y San Juan.

Incongruencias

Los estándares internacionales a los que refiere Villalba, como el empleado por el proyecto Glims (Global Land Ice Measurements from Space), tienen como objetivo medir el impacto del cambio climático a escala global en grandes masas de hielo. Según Forte, estos patrones debieran discutirse en escenarios locales como San Juan, en los que cada cuerpo de agua cobra relevancia.

En este contexto, la exclusión de este tipo de geoformas resulta incongruente con los fines de la ley. «En lugares como la Patagonia y los Alpes      -ejemplifica Forte- se aplican metodologías de inventario en los que se registran glaciares mayores a una hectárea. Allí es razonable porque se trata de ambientes húmedos con glaciares enormes. En cambio, los ambientes áridos se caracterizan por tener muchas geoformas menores y un mayor desarrollo de ambiente periglaciar».

Si bien Forte indica que el trabajo que realizó Ianigla es muy valioso como puntapié, ya que se trata del primer inventario de glaciares y geoformas periglaciares que se realiza en muchas regiones del país, expresa que la ley de presupuestos mínimos no puede limitar su aplicación a lo registrado hasta ahora, cuando todas las geoformas del ambiente glaciar y periglaciar deberían ser incluidas, sin importar sus dimensiones.

En ese sentido, reflexiona: «Estoy segura de que las cosas hubieran sido diferentes si no se hubiera concentrado toda la labor en un solo grupo de trabajo, ya que cada ambiente es particular; no es lo mismo el ambiente cordillerano en el noroeste argentino (Andes Desérticos), que la región de Cuyo (Andes Centrales) o los Andes húmedos patagónicos. Cada ambiente tiene sus propias geoformas y cada población sus prioridades, creo que ése era el espíritu de la ley».

El fallo del juez Casanello sostiene que, de haberse cumplido la norma, los sucesivos derrames de cianuro podrían haberse evitado, al igual que la actividad extractiva en esa región. En esta línea, Forte considera que el mayor limitante radica en la presión de los intereses económicos sobre organismos de control y aplicación de las leyes, y en la falta de diálogo con las comunidades y sus necesidades.

En resumen

Hace dos años que se desarrolla la causa que investiga el accionar del Estado en el desembarco de la minera Barrick Gold en San Juan, empresa responsable de contaminar el río Potrerillos con grandes cantidades de cianuro, en al menos dos oportunidades.

Por esta causa, los últimos tres secretarios de Medio Ambiente de la gestión anterior, Juan José Mussi, Omar Judis y Sergio Lorusso, quedaron procesados a fines de noviembre por incumplir la Ley de Glaciares, vigente desde 2010.

Específicamente, el juez federal Sebastián Casanello los imputó por «retardar la publicación de los cuerpos de hielo inventariados y modificar los presupuestos mínimos de protección de los glaciares».

Entre los imputados, se encuentra el Doctor Ricardo Villalba, investigador superior de CONICET y ex director de Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En este caso, fue acusado por no haber incluido en su relevamiento a los hielos de tamaño menor a una hectárea, y no haberlo realizado en el plazo en que correspondería culminar el inventario.

La comunidad científica se solidarizó inmediatamente con el investigador, y cuestionó el accionar de la organización de vecinos, damnificados y ambientalistas por arremeter contra el organismo del sistema científico que había impulsado originalmente la Ley de Glaciares.

Días posteriores a estas imputaciones, se archivó una causa, que se llevó a cabo en juzgados provinciales, por el segundo derrame de la minera canadiense. En este caso, el juez de Jáchal, Pablo Ortija, argumentó que durante el segundo derrame no hubo contaminación de cuerpos de agua.

Fuente:https://losandes.com.ar/article/view?slug=impacto-de-la-megamineria-en-los-glaciares-andinos