Mexico

Guerrero y la maldición del oro: tres pueblos se juegan la vida ante tres mineras canadienses

En el centro del estado de Guerrero, al sur de México, tres pueblos enfrentan sus demonios. Los que llegaron del extranjero, los que surgieron desde el fondo de ellos mismos y los que tienen una presencia que más vale tolerar porque hay caldo de cultivo para que pervivan y se empoderen. Todo por el oro.

– En Huitziltepec no hay agua. A veces, ni siquiera para hacer un buche.

A pesar de eso, los habitantes de este pueblo nahua del centro de Guerrero, en temporal, con esfuerzo y tenacidad, arrancan a esta tierra reseca la mayor parte del año, siete a ocho toneladas de maíz por hectárea. Mucho maíz para un pueblo con estas características. El promedio en esta región sur es de 2.8 toneladas por hectárea.

El sueño de los habitantes ha sido sembrar todo el año, pero necesitan un sistema de riego conectado a una fuente de agua.

La ilusión iba a ser una pesadilla.

***

Saúl Sánchez Núñez tenía 31 años cuando lo eligieron comisario municipal. Era febrero de 2015.

Una mañana de marzo, lo llamaron a la comisaría a una reunión entre el comisariado de bienes comunales y representantes de una compañía.

Como aún no era comisario en funciones les dije que no me correspondía. Me dijeron que era importante para la comunidad. Llegué cuando las autoridades del comisariado firmaban un papel. Me dijeron que era un permiso para que estos señores, gente que no conocía, buscaran agua. Yo dije: ‘ah pues sí firmo’. Y firmé”, cuenta.

Al joven y confiado comisario electo no se le ocurrió leer antes el papel.

En septiembre de 2015, asumió el cargo de comisario. Tenía pocos días como autoridad, cuando fue informado de que en el paraje de Totocualontitlán había entrado maquinaria y gente extraña había montado un campamento. El comisario fue a ver de qué se trataba. Había muchos hombres de chaleco y casco naranja trabajando. Se presentó y preguntó qué hacían y por qué habían entrado así al pueblo.

–Usted es el comisario – reviraron.

–Sí, acabo de asumir – respondió presto.

–Ahh, pues estamos aquí con su permiso.

Saúl Núñez sudó frío.

Uno de esos hombres le dijo que traía un documento con su permiso. Fue por él y lo sacó de una carpeta.

Recibió el documento y ahora sí leyó. Lo que había firmado era un permiso a la compañía Mineaurum Gold para buscar metales. Se trataba, en resumidas cuentas, del permiso de exploración.

Saúl dijo que era un error, que había firmado para que buscaran agua. Ellos seguían trabajando sin hacerle mucho caso. Dijo a esas personas que su firma en ese documento no valía nada, porque sólo la asamblea otorga esos permisos.

Años después, se le pregunta:

–¿Y el comisariado de bienes comunales también había sido engañado?

–Creo que no, ellos sí sabían, porque no hicieron nada para rechazar a la minera en nuestras tierras.

De hecho, un grupo de comuneros y ciudadanos opinan que se necesita la minería para generar empleos. En estos tres años, han tenido reuniones fuera de la comunidad para escuchar sobre el proyecto minero. Sería bueno algo así en nuestro pueblo, pero la gente no quiere –lamenta el actual presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado, Beremundo Castrejón.

Saúl Núñez en aquel septiembre de 2015 convocó a una asamblea urgente. Gente de la compañía lo visitó en la comisaría para ofrecerle un trato: cuatro mil pesos por cada perforación. Serían unos 50, para empezar.

Quien se ha convertido en uno de los líderes de la lucha antiminera en los pueblos nahuas confiesa que el ofrecimiento monetario pudo haberlo tentado, pero ante los asesinatos y enfermedades en Carrizalillo, desde que llegó la minería, tomó la decisión correcta.

En la asamblea, con vergüenza, conté que había firmado sin leer el permiso para que entrara la minera, que asumía mi error y dejaba el cargo para que pudieran nombrar a otro comisario. La gente me perdonó y después expuse que implicaba si dábamos el permiso. Todos rechazamos su presencia y de ahí mismo fuimos a correrlos”, recapitula.

“¡Fuera, fuera, fuera! ¡Aquí no queremos minería!”, les gritaban. En el paraje ya habían levantado una barda de concreto a la que habían puesto “Los vuelcos del destino”, nombre de la concesión otorgada por el Gobierno federal que afecta 10 mil 651 hectáreas, de las 14 mil que tiene esta comunidad.

Esta mañana de junio de 2018 Huitziltepec se despierta con un cielo transparente. Se siente en el aire el olor del humo, ese humo que sale de los fogones y que precede al de las tortillas. Muchos olores y ruidos llegan de golpe a las glándulas olfativas.

Afortunadamente, son los olores y ruidos de un pueblo despertándose a las labores cotidianas. Hay mucha tranquilidad en Huitziltepec. Una tranquilidad que huele a resistencia.

NUEVO BALSAS: PRIMEROS AÑOS DEL INFIERNO

Aun con el calor de mediodía, este 20 de septiembre de 2016, los habitantes de Nuevo Balsas salen de sus casas rumbo a la cancha deportiva. Están citados a una reunión con organizaciones sociales que llegaron esta mañana para apoyarlos si es que deciden por segunda ocasión bloquear las actividades en la mina Los Guajes-El Limón, de la empresa Media Luna, filial de la canadiense Torex Gold Resources.

La reunión es resguardada por siete elementos y dos patrullas de la Policía Estatal Preventiva, parte de la seguridad con la que cuenta la compañía canadiense.

“Compañeros, compártannos cómo están aquí, cuáles son sus problemas, queremos ayudarles”, dijo uno de ellos. Los pobladores de Nuevo Balsas se ven unos a otros, se dicen en corto –pasa tú, –no tú, –mejor tú, anda di todo lo que me estabas diciendo, tú lo sabes mejor. Nadie se anima.Pero nadie pide la palabra. El micrófono se queda del lado de los visitantes, unos 15 en total, de diversas organizaciones, entre ellas, la sección 17 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

El trayecto de la capital guerrerense, de donde llegaron las organizaciones a Nuevo Balsas, municipio de Cocula, es largo y cargado de nerviosismo, a pesar de que el contingente de visitantes es nutrido. En 2013, hombres armados comenzaron a detener unidades del transporte público y a llevarse a los pasajeros. Algunos siguen desaparecidos, a otros los regresaron después de que sus familias juntaron cada peso que les exigieron.

Se llega ahí por la carretera federal México-Acapulco, a través de un camino reseco que Media Luna, les prometió pavimentar a la altura de Mezcala (Eduardo Neri, tramo Chilpancingo-Iguala) o al cruzar todo Cocula. Ambas rutas peleadas por delincuentes.

La gente de las organizaciones vuelve a preguntar quién quiere hablar. Pero nadie alza la mano. Se ven temerosos de decir abiertamente lo que en corto sí comentan, que la actividad minera los está enfermando, que la mayoría tiene infecciones en la piel, ojos irritados, dolores de garganta, pérdida de voz.

En esa cancha enorme, con los policías pendientes de sus palabras nadie habló. Así se vive en Nuevo Balsas, con el miedo a las espaldas.

II

LAS NUBES DE POLVO

Al medio día, el pueblo se sacude con un tronido que levanta una nube de polvo. Sale detrás del cerro. Es la señal, como las campanadas de la iglesia para la misa, de que “Media Luna” inició la búsqueda de oro del día: 857.5 onzas.

Así lleva tres años. El 20 de noviembre de 2015, la Torex Gold Resources mostró a su personal calificado el resultado de su operación en Nuevo Balsas: su primer lingote de oro. Una barra dorada de 25 kilógramos. Los directivos celebraron en su oficina privada con un brindis con champaña espumoso. El resto de los trabajadores, lo contarían sus familias, se quedaron sólo con el orgulloso de haber fabricado la primera barra.

La minera proyectó extraer al año de Media Luna 313 mil onzas. Los informes de la Torex Gold a sus accionistas, disponibles en sus portales digitales, establecen que la operación de su primera mina de oro durará hasta 2025, tiempo en que extraerá 3.63 millones de onzas de oro.

Cuando lo minera inició operaciones es este pueblo, por un convenio que firmaron sólo los 90 ejidatarios, las familias, alrededor de 900, se mantenían de pescar y vender libremente la mojarra que sacan de la presa El Caracol, construida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1986. Nuevo Balsas es uno de los pueblos que surcaban el río Balsas y que fueron reubicados por la construcción de la hidroeléctrica.

Para obtener dos gramos y medio de oro, deben remover una tonelada de tierra y plantas. Para una onza –equivalente a 25 gramos– 10 toneladas y para los 3.63 millones de onzas que espera extraer en su primera etapa, deberá cambiar de sitio 36 millones de toneladas de tierra.

Cada vez que la minera canadiense remueve la tierra llegan a casa de sus habitantes polvos fugitivos, con metales pesados como cadmio, mercurio, arsénico y manganeso, de acuerdo a las evaluaciones de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Hace dos años, Juan Arteaga Medina, entonces de 67 años, hablaba y la respiración parecía detenérsele.

Siento que se me va la vida porque de repente no puedo respirar y mi voz se me está acabando. Aparte todo se me atora, hasta el agua o mi saliva, y junto con la voz se me comenzaron a caer mis párpados y la luz lastima mis ojos, no puedo ver nada de frente, tiene que ser con estos lentes y tengo que hacerle así –inclina un poco la cabeza para subir el ángulo de los parpados– y no tengo dinero para curarme porque me acabe lo que me dieron en hacerme una casita”, dice.

El médico del pueblo le decía a Juan, que sólo padece de una infección en la garganta. Al médico lo pagaba la compañía minera.

Para estas fechas nadie supo dar razón de Juan, pero la mina sigue expulsando sus polvos cargados de metales. “Ahorita andamos con la gripa, yo digo que es por lo mismo. Ahorita ya vienen más abajo –se refiere a como la minera sigue royendo los cerros–, los explosivos truenan. Tienen que cavar”, dijo una habitante del pueblo.

III

DE CÓMO UNA MINA TRIUNFÓ SOBRE LOS POBLADORES

La actividad minera en Nuevo Balsas trajo a dos grupos del crimen organizado: La Familia Michoacana y Guerreros Unidos. La presencia y operación criminal la registraron en las oficinas de gobierno, sin que ejidatarios y pescadores se libraran de pagar cuotas para vivir y trabajar en su pueblo.

Pronto, cualquier salida de Nuevo Balsas comenzó a sentirse como la última. Cualquier comentario a convertirse en una sentencia de muerte. Cualquier conversación a traducirse en una traición.

El tercer miércoles de octubre de 2016 que conocemos Nuevo Balsas, la esposa del joven que maneja la camioneta en que viajamos, dijo asustada al escuchar un tronido similar al de un balazo: “¡A ver si no nos están esperando!” Estábamos cerca del pueblo, se podía ver la presa El Caracol.

Con quienes viajamos son nuestros contactos. Es un grupo de habitantes que se oponen a la minera, porque con su presencia evaluaron alzas en enfermedades y violencia, y disminución en la producción de la mojarra.

Los opositores a la minera solían reunirse cada noche, en casa de alguno de ellos, con mucha cautela para no levantar sospechas. Ese miércoles supimos que cada medio día la minera dinamita los cerros para sacar minerales. El tronido que escuchamos al llegar venía de la mina.

A esa reunión nocturna llegó Quintín Salgado Salgado, un hombre joven que asumió el liderazgo del movimiento, y que resume el hostigamiento en que vivían con la vez que le tocó ir a entregar la cuota de los subcontratistas a Guerreros Unidos.

Lo esperaron en el camino de Atzcala. A mitad de la entrega aparecieron patrullas de la Policía Federal. Todos corrieron al cerro. En la cumbre le dijeron que tenía que entrarle a la refriega. Le dieron su cuerno de chivo. La noche cayó sin que los federales actuaran. Se pasó la noche en vela, pegado al cuerno de chivo.

No tenía alternativa, si hubiera ocurrido el enfrentamiento si no tiraba a los federales, me tiraban a mí, era yo o ellos”, dijo esa vez.

La mañana del 24 de enero de 2018, Quintín Salgado Salgado fue asesinado a balazos al salir de su casa, en Nuevo Balsas. Ocurrió en el contexto de un problema entre Torex Gold y sus sindicalizados, que protestaban otra vez por su libertad sindical, porque querían obligarlos a seguir en un gremio a favor de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), grupo afín a la empresa.

Qunitín Salgado fue el tercer trabajador muerto durante el conflicto.

Con su muerte terminaron las reuniones nocturnas en las que se acordaría cómo sacar a la minera y parar el daño a su entorno ambiental. “Nos quedamos así nada más, por las cosas, como pasaron. Nada siguió”, dijo una de las mujeres del equipo. La minera ya no tiene oposición.

IV

CARRIZALILLO, LA DESOLACIÓN

En este pueblo no hay niños jugando en la calle, mujeres platicando las novedades del día, ni señores yendo a su trabajo de campo. En estas calles angostas y polvosas se ve a jovencitos con armas largas colgadas al hombro.

Hay casas con puertas y ventanas blindadas. Muchas están abandonadas, algunas agujeradas.

Es un pueblo solitario con perros huesudos aullando de hambre. Los habitantes comenzaron a irse la mañana del 27 de marzo de 2015, luego del ingreso nocturno de hombres armados que atacaron mientras la gente dormía. Esa fecha, el pueblo quedó vació. La mitad de la población, unos 250 habitantes, regresaron cuando las cosas se habían calmado.

Para entrar a esta comunidad del municipio de Eduardo Neri se pide permiso. No se hace esta gestión a las puertas del pueblo, donde hay un retén de jovencitos con AK-47 a la vista.  Se pide con anticipación a través de la autoridad ejidal. Días después, llega el aviso, lacónico, sin detalles.

–Pueden subir.

Sólo así puede llegar gente que no es del pueblo: autoridades de gobierno, activistas de organizaciones sociales. Periodistas, ni soñarlo.

Este pueblo es Carrizalillo, una tierra ejidal de mil 500 hectáreas, con dos tajos abiertos en los que se saca oro y plata desde 2007. Se ubica en la región centro, a sólo 70 kilómetros de la capital.

Muchas cosas han pasado en Carrizalillo en estos últimos 11 años en los que se han extraído de sus entrañas de 3.4 a 3.7 millones de onzas de oro, de acuerdo a reportes financieros de Goldcorp Inc a la Bolsa de Valores de Toronto. El promedio de la onza de oro en este tiempo ha sido de mil 200 dólares. En algunos momentos llegó a cotizarse en mil 800.

El paisaje ha cambiado drásticamente. Los Filos y El Bermejal ya no son cerros. Eran unos gigantes de mil 200 metros de altura con árboles perennes en los que se alimentaba el ganado. Ahora son dos hoyos descomunales en la tierra, de los que se continúa sacando oro y plata.  Para 2024 que acaben las operaciones tendrá, cada uno, mil 300 metros de profundidad, reporta la REMA.

En estos que ya no son cerros se oye todo el tiempo un ruido infernal, explosiones para aflojar la tierra, palancas gigantes que arrancan de un solo movimiento 70 toneladas y bestias enormes que la transportan a otro lugar. Todo este movimiento y explosivos genera una nube de polvo que el aire lleva justo al pueblo. Ese polvo lleva partículas de metales liberados por las explosiones, como plomo, mercurio, cadmio y arsénico. Esos polvos fugitivos y el cianuro que se usa para separar el oro enfermaron de muerte a la población. Los pocos bebés que han nacido llegan al mundo con mutaciones que los dejan vivir solo unos cuantos días.

La REMA indicó que han hecho dos monitoreos a la salud de los habitantes, en 2012 y 2014.

De acuerdo a nuestro último censo, y haciendo proyecciones al 2018, es posible que hayan fallecido más de 80 personas por daños a la salud”, expuso la REMA.

La violencia comenzó en 2011. Desde ese año, no han tenido paz. El dinero por la renta de sus tierras, aunque ha sido el convenio más ventajoso que una comunidad ha logrado, se les ha ido en el pago de extorsiones, de secuestros –aunque algunos ya no regresaron con vida sino hechos pedacitos– en pagos por “protección” al crimen organizado y para curar sus enfermedades.

“Uno de ellos se identificó como Clave Nueve, dijo que eran de Los Rojos”, contaría Onofre años después.La mañana del 20 de marzo de 2014, al presidente del comisariado ejidal, Onofre Peña Celso, conocido como El Pescado, abrió la puerta de su casa. Eran unos cincuenta hombres armados y encapuchados.

Esos hombres se metieron a la casa del comisariado, a la que convirtieron en su centro de operaciones. El grupo comenzó a reclutar jóvenes. El rumor de que Carrizalillo era base de operaciones de ese grupo de la delincuencia se extendió rápido por los demás pueblos.

El 2 de junio de 2014, Los Rojos enfrentaron en el pueblo a un comando de los Guerreros Unidos, el otro cártel que desde Iguala quiere ejercer el dominio en la zona Centro. Cuatro muertos y tres heridos quedaron tirados en las calles, al parecer, del grupo agresor.

En estos 11 años de operación minera fueron asesinados 49 habitantes, muchos para una comunidad que rondaba los 500 habitantes.

Una sola familia, los Peña Celso tienen 11 integrantes asesinados. A Onofre Peña, el ex comisariado lo asesinaron en un enfrentamiento en Iguala, en donde se había refugiado, con otros tres habitantes de Carrizalillo.

Los jovencitos del retén a la entrada de Carrizalillo y los que andan en sus calles con las armas al hombro son de otros pueblos, pero han plantado aquí su semilla. Se hicieron novios de las hijas de los ejidatarios. Cuatro mujeres están por ser madres, una de ellas, forzada por uno de los jovencitos con AK-47.

El peldaño más alto de la violencia, en Carrizalillo, ya comenzó.

Mientras la comunidad se sume en lo más profundo de la espiral violenta, Goldcorp vendió su operación a la Leagold Mining, también canadiense, por su política de responsabilidad social llamada “oro libre de conflicto”.

Y, en Carrizalillo, ya había mucho.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/guerrero-y-la-maldicion-del-oro-tres-pueblos-se-juegan-la-vida-ante-tres-mineras-canadienses/

Internacional

2017 fue el año más mortífero para el activismo verde

Fueron asesinadas 207 personas por luchar contra la industria petrolera, minera y el agronegocio.

Durante el último año, a 207 activistas les arrebataron la vida mientras luchaban por defender el medio ambiente. Sus asesinos: la industrias petrolera, maderera, minera, del aceite de palma y del caucho.

“Por primera vez, ha sido el agronegocio la industria más mortífera, con al menos 46 muertos asociados al sector”, afirma Ben Leather, de la ONG Global Witness. “Las estanterías de nuestros supermercados están llenos de productos fruto de esas matanzas”.

En su último informe, Global Witness recoge todas las muertes documentadas de 2017 y arroja luz sobre los motivos que permiten estos asesinatos en cada país.

Por ejemplo, señalan que desde que el gobierno de Rodrigo Duterte alcanzó la presidencia de Filipinas, la violencia ha escalado dramáticamente en el país. En el caso de México, apunta a la negligencia de las autoridades responsables como culpable de que el 98% de los crímenes queden sin resolver. Los doce años de guerra civil en Liberia han devastado las estructuras del estado y han dado lugar a la corrupción y la permisividad dentro del sector agroalimentario, cediendo tierras a la industria maderera, minera, del aceite de palma y del caucho. Por otro lado, indican que la situación en Colombia ha empeorado después de la firma de la paz en 2016 con la guerrilla de las FARC: desde entonces, las industrias agroalimentarias han querido adueñarse de pedazos de la naturaleza, llegando a expropiar forzosamente las tierras a las comunidades que las habitaban.

“En los asuntos que implican a industrias extractivas, encontramos con frecuencia una red compleja de organizaciones multinacionales, filiales locales, bancos y representantes del gobierno que se relacionan con las empresas y también con el Estado y la policía local que otorgan seguridad privada a los empresarios y los protegen más que a los propios ciudadanos”, declaraba Erin Kilbride, de Front Line Defenders, que ha colaborado con Global Witness.

Los países donde más activistas han sido asesinados son: Brasil (55), Filipinas (46), Colombia (26), México (15), República Democrática del Congo (13), India (11), Perú (8) y Honduras (5). La violencia ha cobrado muchas formas: desde balazos a amputaciones con machetes, pasando por ataques del ejército.

Y a pesar de que la mayoría de fallecidos sean hombres, Global Witness señala que las mujeres reciben una violencia exclusiva por su género: “violencia sexual, amenazas contra sus hijos, campañas de descrédito e intentos para reducir su credibilidad, a veces desde sus propias comunidades”.

Estos son los activistas que fueron asesinados por su labor de defensa del medioambiente:

Argentina: Santiago Maldonado, Rafael Nahuel.

Brasil: Ceará, Roberto Santos Araújo, Elivelton Castelo Nascimento, José Caneta Gavião, Sônia Vicente Cacau Gavião, Orestes Rodrigues de Castro, Renato Souza Benevides, Xukuru-Kariri Damião Lima da Silva (Dão), Waldomiro Costa Pereira, Raimundo Silva (Umbico), Aldo Aparecido Carlini, Edson Alves Antunes, Ezequias Santos de Oliveira, Fábio Rodrigues dos Santos, Francisco Chaves da Silva, Izaul Brito dos Santos, Samuel Antônio da Cunha, Sebastião Ferreira de Souza, Valmir Rangeu do Nascimento, Silvino Nunes Gouveia, Kátia Martins, Etevaldo Soares Costa, Paulo Sérgio Bento Oliveira, Weldson Pereira da Silva, Nelson Souza Milhomem, Weclebson Pereira Milhomem, Ozeir Rodrigues da Silva, Jane Julia de Oliveira, Regivaldo Pereira da Silva, Ronaldo Pereira de Souza, Bruno Henrique Pereira Gomes, Antonio Pereira Milhomem, Hércules Santos de Oliveira, Valdenir Juventino Izidoro (Lobo), Manoel Quintino da Silva Kaxarari, Ademir de Souza Pereira, Rosenilton de Almeida, Raimundo Mota de Souza Junior, Lindomar Fernandes Martins, Manoel Índio Arruda, Maria da Lurdes Fernandes Silva, Adeilton Brito de Souza, Amauri Pereira Silva, Cosme Rosário da Conceição, Gildásio Bispo das Neves, Marcos Pereira Silva, Valdir Pereira Silva, Edilson Pereira dos Santos, Jorge Matias da Silva, Eraldo Moreira Luz, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, João Ferreira dos Santos, Hugo Rabelo Leite, Flávio Lima de Souza, Marinalva Silva de Souza, Jairo Feitosa Pereira, Fernando Pereira, Aldemar Parra García.

Colombia: José Yeimer Cartagena, Edmiro León Alzate Londoño, Yoryanis Isabel Bernal Varela, Edilberto Cantillo Meza, Falver Cerón Gómez, Eder Cuetia Conda, Ruth Alicia Lopez Guisao, Javier Oteca Pilcué, Gerson Acosta Salazar, Nelson Fabra Díaz, Jorge Arbey Chantré Achipiz, Daniel Felipe Castro Basto, Mario Andrés Calle Correa, Ezequiel Rangel Romano, Luis Edilson Arango Gallego, Manuel Ramírez Mosquera, Esquivel Manyoma, Efigenia Vasquez Astudillo, Oscar Ferney Tenorio, Aulio Isarama Forastero, Mario Jacanamijoy, Mario Castaño Bravo, Hernán Bedoya, Joël Meriko Ari.

España: Xavier Ribes Villas, David Iglesias Díez.

Filipinas: Datu Venie Diamante, Mario Contaoi, Veronico “Nico” Delamante, Alexander Ceballos, Wencislao Pacquiao, Renato Anglao, Alejandro Laya-Og, Orlando Eslana, Mia Manuelita Mascariñas-Green, Edweno ‘Edwin’ Catog, Willerme Agorde, Gilbert Bancat, Ramon Dagaas Pesadilla, Leonila Tapdasan Pesadilla, Pedro Pandagay, Cora Molave Lina, Arman Almonicar, Arlyn Almonicar, Danilo Ruiz Nadal, Bernardo Calan Ripdos, Jerry Cuyos, Jocel Rosales, Rodolf Tagalog Jr., Federico “Pande” Plaza, Lito Casalla, Ande Latuan, Carolina Arado, Boy Cañete, Roger “Titing” Timboco, Lomer Gerodias, Engracio de los Reyes, Obillo Bay-ao, Ruben Arzaga, Webby Argabio, Perfecto Hoyle, Elisa Badayos, Eleuterio Moises, Lando Moreno, Rodrigo Timoteo, Datu Victor Danyan, Victor Danyan Jr., Artemio Danyan, Pato Celardo, Samuel Angkoy, To Diamante, Bobot Lagase, Mateng Bantel, Marcelito “Tito” Paez.

Honduras: José Alfredo Rodríguez, Silvino Zapata, Leodan Mancías, Héctor Noé, Cárcamo Castellanos.

India: Alamgeer Sheikh, Mafizul Khan, Daulat Ram Lader, Dharmendra Vala, Jailal Rathia, Pehelwan Singh, Lalita, Uday Yadav, Niranjan Yadav, Vimlesh Yadav, Sharath Madivala, Duba Issa.

Kenya: Roba Duba, Friday Pyne.

Liberia: Marciano Martínez Cruz.

México: Rafael Hernández Cisneros, Isidro Baldenegro López, Juan Ontiveros Ramos, Benjamín Juárez José, José Carlos Jiménez Crisóstomo, Luis Gustavo Hernández Cohenete, Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Luna Crisanto, Miguel Ángel Vázquez Torres, Agustín Vázquez Torres, Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, Pablo Andrés Jiménez, Gabriel Ramos Olivera, Felipe Ramírez.

Mozambique: Hussen Antônio Laitone.

Myanmar: Lung Jarm Phe, Htay Aung.

Nicaragua: Camilo Frank López, Celedonia Zalazar Point, Tito José González Bendles, Felipe Pérez Gamboa, Inspector Manzoor.

Pakistán: Constable Mushtaq, Elías Gamonal Mozombite.

Perú: Jorge Calderón Campos, Orlando Burillo Mendoza, Feliciano Córdova Abad, Alcides Córdova López, José Edil Córdova López, Jhony Cáceres González, José Napoleón Tarrillo Astonitas.

República Democrática del Congo: Gerome Bolimola Afokao, Tims Nalola Butinda, Léopold Gukiya Ngbekusa, Patrick Kisembo N’singa, Sudi Koko, Antopo Selemani, Lokana Tingiti, Dudunyabo Machongani Célestin, Charles Paluku Syaira, Jonas Paluku Malyani, Pacifique Musubao Fikirini, Christian Mbone Nakulire.

Tanzania: Wayne Lotter.

Turquía: Aysin Ulvi Büyüknohutçu, Ali Ulvi Büyüknohutçu.

Venezuela: Freddy Menare.

Zambia: Rodrick Ngulube.

Fuente:Global Witness

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/2017-fue-el-ano-mas-mortifero-para-el-activismo-verde/

Perú

GLENCORE SE EXPANDE EN ESPINAR: NUEVA “COROCCOHUAYCO” DEBE RESPETAR DERECHOS HUMANOS

La Empresa minera Glencore, gigante minero suizo que opera en Perú, va concretando el proceso de expansión de la unidad minera más grande que tiene en nuestro país: Tintaya-Antapaccay vuelve a crecer para incorporar un nuevo tajo abierto y labores subterráneas de explotación de cobre a las que denomina  “Integración Coroccohuayco”.  La operación se coloca sobre nuevos territorios de comunidades campesinas indígenas[1] de la provincia de Espinar, afectará más fuentes de agua y  así, aportará a los varios impactos de sus operaciones vecinas Tintaya y Antapaccay.

Estos tres tajos y todos sus componentes (túneles, instalaciones, fajas transportadoras, carreteras, camino de acceso, entre otros) forman así parte de la mega operación Antapaccay-Expansión Tintaya-Integración Coroccohuayco.

El estudio de impacto ambiental de Coroccohuayco presentado por la empresa y evaluado (y acompañado) por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), describe los varios impactos ambientales (sobre el agua superficial, el agua subterránea, los suelos, los bofedales, etc.) así como los impactos sociales y económicos, comunes para una operación de esta magnitud. Como es costumbre en los estudios ambientales del sector minero en nuestro país, la empresa concluye que todos esos impactos son de poca o muy poca intensidad. El mensaje que se repite una y otra vez para la población local es que no deberían preocuparse por ellos,  pues  -apelando a una fe ciega que se exige de las comunidades donde se hace gran minería-  todo “está previsto”, fríamente calculado.

Más allá de la calidad del estudio de impacto o de los mecanismos de participación ciudadana (que trataremos en otra ocasión) implementados por Glencore, esta vez es necesario detenernos en un aspecto que llama la atención de los documentos presentados por Glencore para justificar la viabilidad de su nuevo emprendimiento: la omisión a la realidad en donde opera.

Glencore: Coroccohuayco fuera de la realidad

En su EIA para Coroccohuayco, Glencore omite referirse a la difícil realidad local donde ha operado todos estos años y planea expandirse.

Es de conocimiento común que la población y comunidades de la provincia de Espinar mantienen una relación altamente tensa (por decir lo menos) con la empresa minera. Esta difícil relación tiene en su record varios conflictos, estallidos y crisis sociales;  que han causado la muerte de 3 ciudadanos espinarenses,  decenas de heridos y varios otros costos sociales. Estos conflictos han revelado la precaria situación de ejercicio de derechos que caracteriza a las operaciones mineras de Glencore en el sur de Perú.

Así Glencore, en su EIA para Coroccohuayco, omite abordar la crítica situación de riesgo y afectación al derecho a la salud de la población de sus áreas de influencia por causa de la exposición a metales pesados[2]. Glencore no menciona las demandas por la afectación del derecho al medio ambiente  por  contaminación minera de fuentes de agua locales que aún no han sido resueltas por falta de un (tan esperado) estudio de causalidad de calidad y concluyente, que cierre el tema[3]; tampoco aborda la vulneración de los derechos de agua de campesinos locales, por la reducción del volumen disponible del recurso y la dependencia del bombeo de la empresa para reponer los caudales de sus canales. Glencore no habla sobre la afectación a la libertad de expresión y a la protesta, limitada severamente por el contexto de represión implementado por las fuerzas policiales en convenio con la empresa. Glencore no menciona si es que y cómo se respetará el derecho a la consulta previa, al territorio y a la autonomía de las comunidades indígenas locales[4]; tampoco menciona que quizás a futuro la operación de Coroccohuayco podría causar el desplazamiento involuntario de las comunidades donde se va asentar[5]. Por último, Glencore omite hablar sobre el riesgo que significa operar – y producir más impactos-  en un contexto como el que acabamos de describir.

En resumen, Glencore omite incluir en su evaluación la situación de los derechos humanos de las personas a las que a afectar con sus operaciones. Hombres y mujeres que también serán responsables, con su trabajo, territorio y recursos, de gran parte del éxito y claro está, alta rentabilidad, de sus operaciones (aunque a veces se nos haga difícil recordarlo).

 

Glencore está obligado a respetar derechos humanos

A pesar de lo que muchos empresarios y otros afines al sector minero peruano todavía puedan creer, la necesidad de evaluar e implementar medidas específicas para respetar derechos humanos por parte de las empresas no resulta una demanda “exorbitante” (por usar un término común del gremio).  En el nuevo escenario de globalización,  los compromisos de las empresas como Glencore de respetar los derechos de la gente sobre la que impactan con sus operaciones, deben ir más allá de una simple declaración de voluntades.

Como vemos, entre sus varios compromisos, ampliamente difundidos frente a la comunidad internacional, Glencore afirma actuar conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos que existen, evaluar riesgos e implementar varios otros mecanismos para respetar los derechos de las poblaciones donde opera. No obstante, lejos del marketing internacional, la realidad de la empresa en nuestro país es otra.

Con Corocohuayco a punto de ser aprobada, creemos que es momento de exigir a la empresa ir más allá de los marcos legales nacionales; marcos que resultan débiles frente al poder político y económico que una empresa transnacional, de la magnitud de Glencore, puede ejercer en un país con una democracia tan debilitada como la nuestra. Así, mecanismos desde el marco internacional como la necesidad de llevar a cabo un proceso debida diligencia en derechos humanos[6] resultan urgentes para Glencore en Espinar.  El marco previsto por los Principios Rectores de Empresas y Derechos humanos debe guiar las operaciones de Glencore en Espinar, siguiendo lo estipulado por empresa en su propio Código de Conducta.

Por lo pronto, y esto debe llamar la atención de la empresa (y por qué no, de sus inversionistas[7]), organizaciones de la zona ya han levantado su voz de protesta frente a Coroccohuayco.  Ayer martes, fecha en la que se celebró una audiencia de un proceso judicial vigente por la omisión de consulta del proyecto Antapaccay de Glencore, las comunidades afectadas y sus organizaciones se movilizaron en relación a Coroccohuayco. Junto con ellos, exigimos a la empresa a que vaya más allá de sus expectativas económicas y tome en serio su responsabilidad de respetar los derechos de las personas en cuyos territorios piensa operar.

 

[1] Coroccohuayco se asentará sobre territorios de tres comunidades: Huini Coroccohuayco, Pacopata y Huano Huano, cuyas tierras comprará durante la etapa de construcción. Además el área de Influencia social directa de la MEIA incluye otras diez comunidades (Alto Huancané, Huancané Bajo, Tintaya Marquiri, Alto Huarca, Cala Cala, Huarca, Huisa Ccollana, Huisa, Anta Ccollana y  cc. Suero y Cama. MEIA Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco. Junio 2018. N° de Informe: 164-415-2145. 
[2] En su Línea Base aparece únicamente como una referencia a un estudio de salud, entre otros disponibles en el área de operaciones. Lejos de abordarlo en las medidas en su plan de Gestión Social (donde trata salud, educación, alfabetización de manera general), de Manejo Ambiental u otros planes; Glencore opta por omitir este indicador.
[3] Se refiere únicamente a los estudios de la Mesa de Diálogo de Espinar- Monitoreo Participativo del 2013. Señala que este determina la causa geológica de la contaminación del agua, pero omite referirse a los estudios de causalidad pendientes para determinar la responsabilidad sobre fuentes contaminadas específicas. 
[4] En la única página del tomo 9. “Otras consideraciones”, la empresa hace referencia a la existencia de comunidades indígenas en la zona de operaciones, limitándose al marco legal peruano vigente. No se tiene conocimiento si es que se promoverá el respeto al derecho a la consulta previa en la zona.
[5] Coroccohuayco implica remover el local comunal, escuela e iglesia de la comunidad. También implica la construcción de caminos mineros que cortan el tránsito usual y de pastoreo de la comunidad. Además implica el desvío de canales de riego de usuarios comunales. En suma, el cambio de la configuración de la vida comunal que podría llevar a su final desplazamiento.
[6] La debida diligencia en derechos humanos consiste un proceso que deben seguir las empresas para identificar los impactos reales y potenciales en los derechos humanos que se pueden producir al iniciar sus operaciones y la adopción de medidas para prevenirlos; yendo más allá de los marcos legales nacionales. El mecanismo de exigir una debida diligencia en derechos humanos a las empresas va cobrando fuerza en la comunidad internacional. Actualmente en Suiza, donde opera la casa matriz de Glencore, se debate una propuesta para establecer la obligación de las empresas suizas que operan a nivel transnacional de llevar a cabo un proceso de debida diligencia para sus operaciones.
[7] HSBC, entre ellos.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/glencore-se-expande-en-espinar-nueva-coroccohuayco-debe-respetar-derechos-humanos/

Ecuador

Sentencia sobre minería en Río Blanco estaría lista en una semana

El representante del ministerio de Minería indicó que el tema del proyecto Río Blanco tiene tintes políticos por la cercanía de las elecciones seccionales (2019).

 La sentencia de la audiencia pública de apelación sobre la suspensión de las actividades del proyecto minero Río Blanco, en Cuenca, provincia de Azuay, estaría lista en una semana, de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Según la disposición legal, el fallo deberá conocerse en ocho días contados a partir del 23 de julio, fecha en la que se realizó la audiencia, por lo que restarían siete días.

«Sin embargo, éste período de tiempo podría extenderse sin ninguna consecuencia jurídica», señaló el Ministerio de Minería en una nota de prensa.

El ministro de Minería subrogante, Henry Troya, acompañado de otras autoridades estatales, sostuvo en la diligencia que como Estado se garantiza que «no hay actividad minera en el Parque Nacional de El Cajas, ni ningún tipo de actividad minera que afecte las fuentes de agua”.

“Confiamos como Estado que tenemos la razón en derecho. Pero nos preocupa que este proceso tiene tintes políticos, considerando la cercanía de las elecciones seccionales”, afirmó por su parte el equipo jurídico del Ministerio de Minería.

El Estado ecuatoriano demostró que el proceso de Consulta Previa, libre e informada, que nace del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ha sido recogido por la Constitución de la República, establece cuatro requisitos concurrentes para determinar la existencia de pueblos y nacionalidades indígenas y la obligatoriedad del proceso de consulta previa.

Entre estos, están la autoidentificación de los sujetos, la posesión ancestral sobre un determinado territorio (a través del tiempo), la pertenencia a la comunidad (reconocimiento de la comunidad) y el mantener usos, costumbres y tradiciones propias.

Sin embargo, el Estado señaló que estos requisitos concurrentes no se cumplen en el caso de las comunidades mestizo-campesinasubicadas en el área de influencia del proyecto Río Blanco.

El último censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) demuestra que las comunidades se autodefinen mayoritariamente como mestizos, hecho testimoniado por los representantes legítimos de las comunidades, al tiempo que no existe evidencia alguna de que se haya solicitado algún trámite para la declaratoria de tierras ancestrales legalmente reconocidas por el Estado.

Según la nota del Ministerio de Minería, durante la audiencia, en los exteriores de la Corte Provincial de Cuenca, se registraron actos violentos en contra de ciudadanos que apoyan la actividad minera responsable en la zona, pero la actuación de la Policía Nacional logró evitar mayores enfrentamientos.

En abril de este año, el Subgerente del proyecto Río Blanco, Xavier Sánchez, indicó a Andes que el proyecto minero se desarrolla fuera del Parque Nacional Cajas, a unos 5 kilómetros de esa reserva.

“No estamos dentro de áreas protegidas el proyecto de desarrolla bajo un plan de manejo que tiene como especial cuidado el agua que es una de las principales preocupaciones y observaciones que tenían las comunidades, la parroquia y la ciudadanía de Cuenca”, apuntó en esa fecha.

En este proyecto de mediana minería, ubicado en la parroquia Molleturo, la empresa concesionaria Ecuagoldmining S.A., de China, invierte en Ecuador 78 millones de dólares, aunque la inversión total se estima en 89 millones de dólares.

Fuente:https://www.andes.info.ec/es/noticias/economia/16/sentencia-rio-blanco

Perú

Comunidades de Espinar protestan por proyecto Coroccohuayco

Más de dos mil ciudadanos se movilizaron esta mañana en la provincia de Espinar (Cusco) en relación al proyecto minero Coroccohuayco. Los comuneros y comuneras de 13 comunidades campesinas protestan porque habrían sido excluidos del área de influencia del proyecto en los estudios ambientales presentados por la empresa minera Glencore. Según los manifestantes, al no haber sido consideradas, están excluidas del proceso de participación ciudadana y no pueden hacer oír su voz respecto de los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto

Juan Pino, presidente del Frente de Defensa de Alto Pichigua, explicó a este Observatorio de Conflictos Mineros que su demanda es que estas comunidades sean incluidas en el área de influencia y sean consultadas. “Queremos saber cuáles son los daños que nos puede causar. Nosotros vivimos de los ríos de esta cuenca, y definitivamente puede afectar nuestras aguas”, señaló. “Ya hemos visto que con la expansión de Antapaccay, nuestros ojos de agua, nuestros manantiales se están secando y nuestros productos que trabajamos en el campo ya no dan igual que antes”, aseguró el dirigente.

Los dirigentes comunales han indicado que esta es una movilización preventiva. Al finalizar la movilización, los comuneros elaboraron un Memorial y ahora buscarán diálogo con la empresa minera para que responda sobre su plataforma.
La llamada “integración Coroccohuayco” sería una nueva ampliación de lo que fuera anteriormente la ex mina Tintaya, que ya fue ampliada con el tajo Antapaccay, actualmente en operaciones. El proyecto aún se encuentra en etapa de observaciones en el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental).

Esta denominada “integración” viene generando dudas en la población local. La empresa ya opera en la zona los tajos Tintaya y Antapaccay, y aspira ampliar sus operaciones con este nuevo tajo Coroccohuayco, pero sin elaborar un Estudio de Impacto Ambiental independiente, pues señala que sólo se “integrará” y utilizará la infraestructura que ya existe en Antapaccay.

 

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/07/23/comunidades-de-espinar-protestan-por-proyecto-coroccohuayco/

Mexico

La historia de cómo Carlos Slim hundió a un pueblo

Les dijeron que había una falla geológica en el pueblo y que se tenían que mudar. La realidad es que hay una mina en sus pies y Carlos Slim tiene planes de hacer un tajo a cielo abierto para extraer cobre, oro y plata. El 23 de diciembre se hizo su voluntad y la policía llegó con buldozers para destruir todo el pueblo, casas, escuela y derechos humanos.

Roberto está parado sobre lo que hasta hace algunos días, la víspera de la Navidad, era Salaverna con su escuela, su molino, su agencia municipal, su plaza principal, su iglesia, sus casas, su salón sindical. Y dice que no, que esta vez no fue la naturaleza.

Fueron la minera Frisco – Tayahua de Carlos Slim Helú, uno de los hombres más ricos del mundo, y el gobernador de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna.

“Ya es mucho que un gobernador ordene que se haga esto. Ya no está actuando como administrador del pueblo, sino como administrador del capital.

Es lo peor que le puede pasar a un país: tener gobernantes que estén dominados por los capitalistas“, dice Roberto. Desde entonces Salaverna parece la foto de una zona de guerra, de un pueblo azotado por un terremoto poderoso.

Se me ocurre que Salaverna es como Afganistán, después de un bombardeo. Salaverna es así: 4 mil 650 hectáreas de barrancas parduzcas y montañas de pinos, con sus casas en ruinas y sus cerca de 20 familias que, a pesar de esta catástrofe provocada, dice Roberto, de estos atentados terroristas, más tarde sabré por qué, se resisten a salir de aquí. A pesar de que ya, de Salaverna, no queden más que los puros derribos.

Es un mediodía tenue, las nubes cenicientas volando en el índigo, el viento crudo bramando entre las ruinas. Fúrico.

Mientras camino dando trompicones entre los despojos de Salaverna, pienso que es como si sobre este pueblo, municipio de Mazapil, en el norte zacatecano, se hubiese cumplido aquella profecía dictada por Jesús de Nazaret hace 2017 años:

“De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada”. (Mateo 24:2). Y Salaverna es eso, un montón de piedras.

Un pueblo enterrado bajo sus propios restos: sus entrañas, sus cartílagos, sus huesos, su piel. Escombros, sobre los que aún se cierne otra profecía: la profecía mundana lanzada hace unos años por la minera Frisco –

Entonces sí que de Salaverna no quedará piedra sobre piedra. Aquí estaba el altar de la iglesia, -dice Roberto -, construida hacia 1940, era de mármol el altar. Ahora está enterrado. No queda nada.“Perros desgraciados”, estalla Miguel Sánchez, un lugareño que viene con nosotros. Allá están, arrumbadas, las cruces de las cúpulas, son dos cruces de fierro que apenas y sobresalen entre la destrucción.

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/la-historia-de-como-carlos-slim-hundio-a-un-pueblo/

Mexico

DEMANDAN ACTIVISTAS CANCELACIÓN DE PROYECTOS MINEROS EN MÉXICO/

Integrantes del Movimiento Morelense en contra de las Concesiones de Minería a Tajo Abierto realizaron ayer la segunda caravana Por la Vida y la Defensa del Territorio para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales en funciones y electas cancelar las concesiones y los permisos de minería en esta entidad y en México.

La movilización se realizó en el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. Empezó en el zócalo de Cuernavaca a las nueve de la mañana y en 10 vehículos recorrió los municipios de Temixco, Xochitepec, Mazatepec, Coatetelco, el poblado de Xochicalco, ubicado en Miacatlán, y concluyó en la comunidad de Cuentepec a las seis de la tarde.

El contingente estuvo integrado por estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), decenas de pobladores de municipios donde existen seis concesiones mineras en etapa de exploración, y líderes de organismos civiles.

Lilián González Chévez, profesora del Instituto de Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la UAEM, señaló que las seis concesiones otorgadas en Morelos abarcan unas 15 mil hectáreas de tierras ejidales y comunales en Temixco, Cuernavaca, Miacatlán y Xochitepec.

Destacó que emprenderán una campaña informativa para bloquear la manifestación de impacto ambiental (MIA) que pretende presentar la minera canadiense Álamos Gold (antes Esperanza Silver) para empezar trabajos en Morelos, e impedir que ‘‘en la tierra del general Emiliano Zapata,caracterizada por la agricultura y el turismo’’, se extraiga oro y plata.

Detalló que Álamos Gold pretende entregar el documento a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en enero de 2019, a pesar de que los pobladores de Xochicalco detuvieron ese recurso en 2013 porque afectaba la zona arqueológica.

Al acto acudieron Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata; el dirigente de la Asamblea de Pueblos de Morelos, Saúl Roque Morales; Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la UAEM; el líder de la Asociación Cívica Morelense, Gabriel Rivas, y Margarita Saravia, integrante del equipo del gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

El maestro jubilado Antonio Camacho Romero leyó un pronunciamiento en el cual reprochó que desde hace cinco años los afectados por estos proyectos nunca han sido consultados.

‘‘Hemos sido despojados y divididos por las empresas mineras que, en colusión con el gobierno, compran conciencias de ejidatarios y comuneros para que se manifiesten en favor de sus proyectos, que sólo traen muerte y destrucción del medio ambiente’’, expuso.

Destacó que hace cinco años se enteraron de la existencia de las seis concesiones mineras en Morelos, por lo que solicitaron a los diferentes cabildos de los municipios afectados que se declararan territorios libres de minería por las graves repercusiones ambientales, sociales y culturales de estos proyectos.

Una de las concesiones se encuentra a dos kilómetros de la zona arqueológica de Xochicalco, entre Temixco y Miacatlán, territorio considerado patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Camacho Romero dijo que se oponen a la explotación de sus recursos naturales porque lo único que dejan las mineras es escasez y contaminación de agua, daños a la salud y muerte por las sustancias usadas para la explotación de yacimientos, entre ellas el cianuro.

Además, la minería no es compatible con las actividades agrícolas, ganaderas y piscícolas, y dañarán cerros, lagos y la zona arqueológica de Xochicalco, advirtieron.

La académica de la UAEM demandó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, actuales y electas, ‘‘que actúen con la razón, el derecho y la justicia para cancelar las concesiones mineras’’.

Abundó: ‘‘Nos declaramos en defensa de la vida y del territorio. No a los proyectos que perjudiquen la vida humana y el medio ambiente’’.

Jorge Zapata insistió en que las comunidades deben ser consultadas antes de que se entreguen las concesiones. ‘‘Simplemente las imponen, pero eso se acabó. Ya se demostró en estas elecciones (las del primero de julio) que cuando el pueblo se une y se harta no hay quien lo detenga.

‘Ya se dio el primer paso al correr de Los Pinos a los tres partidos enquistados en el poder, y de aquí en adelante la obligación de todos los que votamos por el cambio es participar activamente con el nuevo gobierno, por nuestras futuras generaciones.’’

Juan Jiménez, ejidatario del municipio de Miacatlán, demandó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que antes de analizar las concesiones mineras en México con autoridades canadienses, escuche a los pueblos afectados.

‘‘Queremos que el nuevo gobierno cancele las 28 mil concesiones mineras en la nación y las que ya otorgaron para Morelos, porque es un estado agrícola y turístico’’, añadió.

Alejandro Vera Jiménez manifestó por su parte que los pueblos morelenses ‘‘no están de acuerdo con estas concesiones mineras porque ,son una nueva forma de colonizar. Por supuesto, no estamos dispuestos a ceder nuestros territorios ni a permitir que se vulnere la autodeterminación de nuestras comunidades’’.

 

Fuente:http://www.remamx.org/2018/07/demandan-activistas-cancelacion-de-proyectos-mineros-en-mexico/

Latinoamerica

El problema de la criminalización de la protesta y la represión en América Latina

“Si un gobierno hace eco de las demandas de la población en torno por ejemplo a la contaminación generada por una empresa, y decide expulsar o quitar la concesión a esta empresa, la empresa puede demandar al gobierno. Hace cinco anos, había por lo menos 60 países de Africa, Asia y América latina demandas por las empresas transnacionales ante el Banco Mundial, que es el tribunal que a final de cuentas decide y muchas veces le da la razón a las transnacionales. Costa Rica y El Salvador son los únicos dos países que por ley han prohibido la minería metálica en su territorio, por lo que les han llegado demandas de las empresas canadienses y australianas y han tenido que gastar millones de dólares en su defensa legal. Al final ganaron pero han sido los únicos dos casos y por lo general las corporaciones ganan.

Si la gente defiende sus derechos humanos al agua, a la salud y la alimentación, entonces en los tratados empezaron a ver la forma de asegurar que la movilización social no sea un derecho humano sino un crimen. Cuando la gente está protestando, bloqueando una carretera, puede ser demandada por secuestro, delincuencia organizada, o terrorismo. Los tratados convierten la protesta social y las demandas por los derechos humanos en un crimen. Para los gobiernos es mas fácil modificar el código penal y criminalizar la protesta social que pagar millones de dólares en las demandas de las empresas. La confrontación es cada vez más fuerte entre los movimientos y las corporaciones en toda América latina.

(…) América latina tiene muchos bienes comunes naturales: bosque, madera, biodiversidad, agua, gas, petroleo, minerales. Esos bienes comunes naturales incorporados al mercado ahora los llamamos recursos naturales y se les pone precio, entonces vienen la lucha por quien es dueño de eso. (…)  Prácticamente todos los gobiernos de América latina tienen acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, China, Estados Unidos o Canadá, por lo que hay una disputa muy fuerte por todos estos recursos. Esos TLC van avanzando a un ritmo sumamente acelerado y la extracción ha sido cada vez mas fuerte. En México, por ejemplo, del 2000 al 2011 se extrajo 2.5 veces más oro que durante los 300 años de colonia española.

Eso ha implicado que la gente se esté levantando y organizando, pero es peligroso en América latina, donde quien se oponga es perseguido. Hay mucha esperanza ya que la resistencia es muy fuerte, los movimientos están resistiendo, la gente está buscando la manera de blindar sus territorios, de generar territorios libres de minería, represas y transgénicos y está generando alternativas propias y locales. Eso es lo que hace que la gente sea muy amenazante para los intereses corporativos, por eso es tan peligroso. Tenemos casos por toda América latina, y sobre todo muchos feminicidios, porque las mujeres están en frente de todas las resistencias en el continente.”

Fuente:http://movimientom4.org/2018/07/video-gustavo-castro-los-tratados-de-libre-comercio-convierten-la-protesta-social-en-un-crimen/

Honduras

Congreso Minero duro golpe a las comunidades que resisten a la industria

En el departamento de Colón, al norte de Honduras, las comunidades se han organizado para frenar las 59 concesiones mineras que el gobierno ha otorgado a empresas privadas, sin consultar a la ciudadanía. 34 del total de las concesiones se ubican en Tocoa, un municipio amenazado con desaparecer porque su montaña está destinada para la minería, y su parte baja está plagada por el monocultivo de la palma africana.

“O nos quedamos contemplando cómo destruyen los ríos y el bosque, o nos levantamos en defensa de la vida”, Juan López, coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, Colón, dijo esto en Radio Progreso en el marco del cuarto Congreso Minero que se desarrolla en la capital del país.

Congreso Minero

Honduras, por cuarto año consecutivo, fue sede del Congreso Internacional de Minería, que impulsa el gobierno de Juan Orlando Hernández y la Universidad Politécnica de Ingenierías. Representantes de 28 nacionalidades llegaron para conocer las riquezas minerales que posee el país, de cara a la instalación de empresas mineras.

El Congreso se desarrolló del 17, 18 y 19 de julio, en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, y  tuvo como tema principal la consulta previa y la participación ciudadana. En representación del Estado participaron: el Instituto Hondureño de Geología y Minas, INHGEOMIN, y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, MiAmbiente.

Este año el Congreso tiene como tema central la participación ciudadana y la consulta previa, libre e informada. Panorama que causa temor en la ciudadanía que se resiste a los proyectos mineros, porque presienten que el gobierno busca legalizar una consulta previa y participación ciudadana a la medida de las empresas y en contra de las comunidades.

En Tocoa, el Comité Municipal de Defensa está integrado pobladoras y pobladores de varias comunidades, especialmente del sector San Pedro, Abisinia y Guapinol. Este Comité se mantuvo más de diez días en una asamblea permanente frente a la alcaldía municipal, exigiendo a las autoridades la realización de un cabildo abierto para declarar al municipio libre de empresas mineras e hidroeléctricas.

El alcalde municipal Adán Fúnez, lejos de atender la exigencia ciudadana, el día 14 de mayo de 2018,  interpuso una denuncia en el Comisionado  Nacional de Derechos Humanos contra la población que defiende el río. Además, dirigentes de su partido político, Libertad y Refundación (Libre), han señalado a los ciudadanos que se oponen a la minera como miembros del Partido Nacional.

“Estamos en un momento histórico”, agrega Juan López, convencido que la apuesta extractivista del gobierno sólo genera muerte y miseria, pero que las comunidades tienen una oportunidad grande de articularse para defender sus ríos y montañas.

También, en el occidente del país, en los últimos días pobladores de Azacualpa, La Unión, Copán, quienes se oponen a la exhumación de sus familiares, han sido víctimas de varios intentos de desalojo por parte de empleados de la empresa Minerales de Occidente, S.A, Minosa, filial de la canadiense Aura Minerales.

Minosa explota la mina a cielo abierto, una práctica catalogada como la más agresiva para la madre tierra, según organizaciones ambientalistas. La empresa comenzó arrasando toda la capa vegetal del territorio a explotar y de sus alrededores.  Mediante explosiones extrae la piedra o broza con los minerales. Luego riega por aspersión el agua con cianuro para separar el oro de la piedra, a través de un proceso llamado lixiviación, una práctica que causa graves daños a la salud de las personas y el ambiente, según la Asociación Nacional de Organismos no Gubernamentales (Asonog).

La empresa ha desaparecido tres comunidades y ahora amenaza con desaparecer los muertos del cementerio de Azacualpa. “Hemos vivido momentos de mucha tensión”, afirma Bersy Rivera, del Comité Ambientalista, asegurando que la empresa ha subido maquinaria pesada para reanudar los trabajos de exhumación.

En los tres primero Congresos de minería el gobierno de Juan Orlando, expuso la concesión de Minosa en la Unión, Copán, como un modelo ideal de minería a seguir, a pesar que en el municipio existen 37 casos documentados clínicamente donde se refleja la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de las personas, producto de la actividad minera. Además trece fuentes de agua han desaparecido parcialmente de la zona y otras están siendo contaminadas con los químicos que usa la minera para extraer el oro, según Asonog.

Ante esta situación, la realización del cuarto Congreso Minero significa un duro golpe para las comunidades que a diario se juegan la vida defendiendo sus bienes naturales, y que en departamentos como Choluteca, Atlántida y Colón se han instalado en campamentos de resistencia pacífica a pesar que los empresarios cuentan con el poder económico, político para instalar sus proyectos.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/07/congreso-minero-duro-golpe-a-las-comunidades-que-resisten-a-la-industria/

Perú

Presidente de rondas campesinas en Piura recibe amenazas tras pronunciarse contra Río Blanco

Los defensores de derechos humanos están siendo perseguidos en el Perú. Red Muqui alertó sobre las amenazas que estaba recibiendo el presidente de la central única de ronda campesinas de Huancabamba en Piura, Isaac Huamán quien nos dio detalles de lo sucedido.

El dirigente afirmó: “difundimos un pronunciamiento por las redes sociales, donde alertamos sobre el Proyecto Minero Río Blanco, después de ello, han surgido amenazas”. Agregó que dos ciudadanos habían llegado a su casa preguntando por él y amedrentaron a su familia. “No saben con quién se han metido”, le habrían dicho a su hermano. “Días después también recibí llamadas donde se me acusa de haber recibido dinero y me dicen que me van a buscar en el colegio donde trabajo, tengo esa información para hacer la respectiva denuncia”, aseveró.

El comunicado de las Rondas campesinas de Ayabaca y Huancabamba fue difundido por Red Muqui el 10 de julio. Allí se daba a conocer la situación de las comunidades y su postura con respeto al Proyecto Minero Río Blanco en Piura.  En el comunicado se señalaba que:

“Las comunidades y rondas campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca) se reafirman en lo expresado en la Consulta Vecinal del 2007 y en las distintas manifestaciones públicas y pacíficas realizadas desde entonces, en rechazo rotundo a la actividad minera y en favor de un tipo de desarrollo basado en la actividad agrícola, ganadera y de turismo sostenible”.

También, se denunciaba las estrategias que la empresa minera Río Blanco Copper para obtener licencia social en la zona como la compra de dirigentes, las dádivas y la infiltración en las organizaciones para generar división entre la dirigencia. El comunicado rechaza que la Universidad Nacional de Piura haya firmado un convenio de cooperación institucional con la empresa minera Río Blanco Copper, con supuestos fines de capacitación juvenil en Ayabaca y Huancabamba. “Lo ha hecho sin tomar en cuenta de que se trata de una empresa cuyo actuar ha dejado un saldo de 10 personas muertas, personas discapacitadas, viudas y huérfanas; y la desconfianza sembrada en nuestras organizaciones a raíz de sus intentos de convencimiento”, se lee en el documento.

Días después de este comunicado iniciaron las amenazas como señala el rondero Isaac Huamán. Ante esta situación, Red Muqui lanzó la alerta que ha sido compartida en redes sociales por cientos de personas. Isaac Huamán ha señalado, que va tomar las medidas legales pertinentes.

Cabe señalar que el 10 de abril de este año, que Gianni Magazzeni, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dirigió una carta al Ministerio de Relaciones exteriores de Perú donde da una serie de recomendaciones.  En la carta se pide al gobierno peruano “Adoptar medidas concretas para garantizar la protección de los defensores/as de los derechos humanos, que incluyan el establecimiento de un mecanismo específico y la finalización del protocolo de protección”.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/773-presidente-de-rondas-campesinas-en-piura-recibe-amenazas-tras-pronunciarse-contra-rio-blanco