Internacional

Cobre San Rafael acusa a los colectivos que se oponen a la Mina de Touro de crear «una alarma infundada»

Censura que se lancen «argumentos sin base técnica» y defiende que el proyecto «es compatible con cualquier actividad económica»

Cobre San Rafael, la compañía promotora de la Mina de Touro – O Pino, ha acusado a los colectivos que se oponen al proyecto minero de generar «una alarma infundada» a través de «argumentos sin base técnica», al tiempo que defiende que la explotación cuenta con «garantías» de control y seguridad para la «no afección a las aguas y al medio natural».

A través de un comunicado emitido en la mañana de este domingo, al mismo tiempo que millares de personas recorren Santiago en una manifestación para reclamar a la Xunta que no autorice el proyecto, Cobre San Rafael incide en «su ofrecimiento de diálogo y transparencia» a los colectivos que se oponen a la mina y que, según la compañía, «han declinado reunirse con los expertos del proyecto».

Así, tras reconocer «las dificultades para trasladar un mensaje de confianza a una parte de la población que rechaza la minería en Galicia», la compañía defiende que la actividad minera es «hoy altamente cualificada y sostenible», así como «fundamental para un futuro basado en las energías renovables».

A renglón seguido, acusa a las plataformas sociales y partidos políticos que se oponen a la «reactivación» de la mina de emplear «argumentos técnicos o científicos incosistentes, cuando no falsos e injuriosos». «Cobre San Rafael quiere insistir en que las propuestas técnicas y las medidas de control y seguridad ambiental de su proyecto son garantía de no afección a las aguas y al medio natural», apunta.

En esta línea, asegura que «la constante monitorización y seguimiento» que llevarán a cabo «estamentos administrativos y organismos de control independientes» garantizarán «el correcto desempeño y el cumplimiento de todos los parámetros que marca ley».

«Como gallegos nos negamos a admitir que no seamos capaces de hacer la misma minería moderna que se lleva a cabo en países como Suecia o Finlandia. Creemos que la minería moderna y limpia tiene mucho que aportar a nuestra tierra, y somos parte de la solución a algunos de los problemas sociales y económicos que tiene el rural, como la despoblación y la falta de expectativas», indica la compañía en su comunicado.

DESMIENTE LAS ACUSACIONES

A continuación, Cobre San Rafael trata de responder a las acusaciones vertidas contra el proyecto por parte de los colectivos que se oponen a la Mina de Touro y defienden que la explotación es «del siglo XXI» y «compatible con cualquier actividad económica».

De este modo, afirma que es «falso» que se trate de «una megamina» sino de «un proyecto pequeño» pues, según sostiene, «la concesión tiene solo siete kilómetros cuadrados de los cuales cinco son ya mina histórica».

Asimismo, niega que afecte al Camino de Santiago –«la mina no se ve prácticamente desde ningún punto» de la Ruta Jacobea– o que «habrá circulación constante de maquinaria pesada y voladuras regulares que generarán ruido y grandes nubes de polvo en suspensión».

Defiende que «se realizará una voladura al día, dividida en pequeñas cargas» y que el polvo generado «se mitigará con riego de pistas, acopios y voladuras». Además, incide en que el sector agroganadero de la comarca de Touro no se verá afectado porque «se trata de reactivar la producción de cobre en una mina ya activa para la producción de áridos».

Cobre San Rafael también desmiente que se vayan a emplear «compuestos tóxicos y peligrosos» o que el proyecto pueda verter aguas contaminadas al Ulla, con consecuencias para la Ría de Arousa. «El proyecto minero prevé cero salidas de aguas de proceso al exterior. Se opera en circuito cerrado y no se va a afectar ningún curso de agua», argumenta.

Por último, censura que los colectivos acusen al proyecto de «hacer desaparecer traídas de agua en curso», de no garantizar la seguridad en el depósito de gestión de estériles o de que la mina vaya a «destrozar el paisaje y dejar el entorno arrasado» tras el fin de la explotación.

 Fuente:http://www.lavanguardia.com/local/galicia/20180610/444287087452/cobre-san-rafael-acusa-a-los-colectivos-que-se-oponen-a-la-mina-de-touro-de-crear-una-alarma-infundada.html
Argentina

Pueblos Originarios realizan monitoreos ambientales en yacimientos mineros

El Presidente de la cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna Argentina , Luis Vacazur, de origen coya, puso en valor el asociativismo de los pueblos originarios de la región del norte del país que ha permitido el desarrollo de pequeños emprendimientos. A su vez indicó que participan de los monitoreos ambientales en los 51 proyectos de Litio que hay actualmente en Salta y en los yacimientos de oro y plata que actualmente se están desarrollando.

Vacazur estubo el viernes es Trelew donde participó de la jornada » La experiencia de los pueblos originarios con los emprendimientos mineros . El diálogo intercultural en la actividad minera sostenible», que se llevó a cabo en el Museo Paleontológico….

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Colombia

Medellín protesta contra proyectos hidroeléctricos y mineros

Rechazan los megaproyectos que han generado el desplazamiento de comunidades en el suroeste y el bajo Cauca antioqueño

En la ciudad de Medellín, Colombia, miles de personas tomaron las calles para protestar contra el impacto de megaproyectos hidroeléctricos y mineros que han forzado el desplazamiento de comunidades en el suroeste y el bajo Cauca antioqueño.

Usando el arte y la música los manifestantes visibilizaron las problemáticas medio ambientales que han ocasionado estos proyectos, la más importante, el agotamiento de los recursos naturales.

El evento forma parte de otras marchas que se adelantan en Colombia en defensa del agua, la vida y el territorio convocadas por el Movimiento Nacional Ambiental que agrupa más de 70 organizaciones.

Hidroituango peligro latente

Mientras los movimientos sociales protestan por el desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos, un nuevo derrumbe prendió las alarmas en la madrugada de este domingo en el proyecto de Hidroituango.

La emergencia llevó a evacuar de manera preventiva al personal que laboraba en la zona, ante la posibilidad de caída de piedras.

“En la madrugada de este domingo 10 de junio se presentó un desprendimiento menor de tierra en la parte alta de la montaña en el área superior de la captación, que es constantemente monitoreada con radar, lo que llevó a evacuar de manera preventiva al personal”, confirmó la Empresa de Servicios Púbico de Colombia (EPM), en un comunicado.

Agregó, que la situación es estable en estos momentos y ratificó que los trabajos continúan en los demás frentes  “La empresa espera los informes de seguridad para que quienes adelantan funciones en el sector del desprendimiento menor de tierra retornen a sus labores si las condiciones lo permiten”, informó  EPM.

Fuente:https://www.elciudadano.cl/latino-america/colombia-medellin-protesta-contra-proyectos-hidroelectricos-y-mineros/06/10/

 

Colombia

74 % de licencias ambientales para minería, sin seguimiento

En Cundinamarca, de 875 concesiones que las requieren, solo se reporta información de 229.

Bien sea porque los títulos mineros fueron entregados bajo legislaciones anteriores o porque no han actualizado sus planes de manejo ambiental, hoy no es claro cómo operan 74 por ciento de las concesiones para explotar algún material en Cundinamarca, advierte la Contraloría departamental.

La afirmación la hizo luego de finalizar un balance sobre la industria minera en el territorio que componen 116 municipios, de los cuales 110 presentan algún tipo de actividad extractiva.

Cuando se les consultó a la Agencia Nacional Minera (AGM), a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a las tres corporaciones autónomas regionales (CAR) que tienen legislación en Cundinamarca, se encontró que de las 875 concesiones que requieren licencia ambiental, no hay información sobre 646, lo que, según el contralor departamental Ricardo López, muestra una falta de coordinación entre las entidades que deben hacer seguimiento a los instrumentos para ejercer esta actividad.

 

“Si queremos ejercer un control sobre los recursos del departamento, debíamos partir de una base de datos que no existía, y eso fue lo que consolidamos”, señaló el contralor López en la presentación del informe, que es pionero en articular las cifras sobre este sector en el territorio.

Andrea García, subdirectora de Costos Ambientales de la entidad, explicó que esta situación puede deberse a que los títulos mineros fueron entregados en años diferentes. “Algunos fueron concedidos antes de la Ley 99 de 1993 y del Código de Minas del 2001, por eso no todos tienen licencia ambiental, porque la normatividad no lo exigía y puede que se encuentren en etapa de transición”, indicó.

“Los que hicieron la transición y pasaron a la nueva norma deben tener licencia ambiental, los restantes deben tener planes de manejo ambiental. En las zonas que no son compatibles con la minería, lo que se implementa son planes de restauración ambiental”, precisó la funcionaria, pero agregó que allí es donde se evidencia la falla, pues no se ha hecho seguimiento por parte de las autoridades sobre el estado de permisos ambientales de esos 646 títulos mineros.

En la actualidad, en Cundinamarca hay 964 títulos mineros otorgados, lo que corresponde a actividades legales. Solo en Cachipay, Cota, Funza, Fúquene, Tenjo y Venecia no se ha concesionado ninguno, mientras que en los demás municipios hay algunas de estas actividades de explotación.

Las concesiones abarcan un área de 170.364 hectáreas, es decir, el 7,5 por ciento del total del territorio cundinamarqués, y el 68 por ciento se concentran, principalmente, en las provincias de Ubaté, Sabana Centro, Guavio, Soacha y Alto Magdalena, que agrupan 39 municipios.

Los materiales de arrastre y construcción (36 por ciento), el carbón (25 por ciento) y arcilla (16 por ciento) son los que representan la mayor explotación de la industria legal en el departamento.

Ahora bien, que se entreguen los títulos no quiere decir que se estén realizando extracciones en todos. Según la clasificación recogida por la Contraloría de Cundinamarca, 831 concesiones se encuentran en explotación (86 por ciento).

Otros 40 están en etapa de exploración, momento en el que aún no se requiere la licencia ambiental. Otros 40 están en fase de construcción y montaje. Hay dos títulos en restauración ambiental, dos en suspensión de actividades y 49 sobre los que la Agencia Nacional Minera no le reportó a la Controlaría, según esta entidad.

Hay 49 títulos sobre los que no se sabe en qué fase de su trámite está.

Su duración

Otro dato que preocupa al ente de control es que el 57 por cierto de las concesiones que se han llevado a cabo en el departamento han sido entregadas a los privados por periodos de entre 26 y 30 años para que las exploten.

“Es decir, los recursos de los cundinamarqueses están quedando por largos lapsos en el sector privado, sin que aún se haya calculado cuánto les están dejando exactamente a las comunidades y cuál es el impacto ambiental que queda en los territorios”, reseñó el contralor.

Otro 11 por ciento de los títulos fueron concedidos por periodos de entre 16 y 20 años, y otro 6 por ciento, entre 31 y 35 años. Esto sin contar con que las normas colombianas permiten solicitar prórrogas sobre la concesión de los títulos.

El 57 por ciento de las concesiones tienen vigencia de entre 26 y 30 años para los privados.

“Ahora estamos trabajando en la matriz de costos ambientales, que es compleja de realizar, pero que revisa el costo-beneficio para los municipios de esta actividad”, indicó López, y aseguró que muchos de los municipios aún no conocen cómo apropiar los recursos por regalías que les llegan cuando en sus territorios se desarrollan actividades mineras.

La movida con las consultas populares

Una de las acciones que han implementado los municipios de Cundinamarca para restringir las actividades mineras y extractivas en sus territorios ha sido acogerse al mecanismo de consulta popular, definida en el artículo 8 de la Ley 134 de 1994.

Por medio de la figura, que convoca votaciones en las poblaciones, dos territorios le cerraron la puerta a este renglón económico. El primero de ellos fue Cabrera, cuyos habitantes acudieron a las urnas el 26 de febrero del 2017, y en donde el 97 por ciento de quienes sufragaron lo hicieron en contra de que se desarrollen proyectos mineros e hidroeléctricos.

En julio del año pasado sucedió lo mismo en Arbeláez, en donde el 99 por ciento de los pobladores también se negó a que se realizara explotación de hidrocarburos y minería a gran escala.

En Carmen de Carupa, en el norte del departamento, se impulsó también la consulta popular el año pasado, pero fue negada porque la pregunta que pretendían someter a votación se consideró inconstitucional. En Pasca, en el sur de Cundinamarca, pasó lo mismo. El Consejo de Estado suspendió su realización, debido a que la pregunta no era detallada ni precisa.

En mayo de este año se declaró constitucional la consulta de Cogua.

Ahora, Fusagasugá, Medina, Sibaté y Cogua son cuatro de las poblaciones que están impulsando el mismo mecanismo para legitimar la vocación agropecuaria o ecoturística bajo la que se reconocen.

En Fusagasugá, por ejemplo, se radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el primero de agosto del año pasado la solicitud para su realización, con el fin de frenar actividades de minería a gran escala.

En Medina se inscribió el comité promotor ante la Registraduría para promover la consulta popular. Mientras tanto, en Sibaté, el Concejo municipal aprobó la realización de este mecanismo, en noviembre del 2017.  Ahora está pendiente que el municipio inscriba la pregunta que desea realizar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras que en Cogua ese mismo tribunal declaró constitucional la consulta que se impulsa en el municipio desde el año pasado.

Fuente:http://www.eltiempo.com/bogota/en-cundinamarca-no-se-hace-seguimiento-a-licencias-ambientales-229096

Honduras

Partida presupuestaria para periodistas silencia el tema de la minería en Tocoa,Colón

La cobertura informativa de los medios de comunicación se encuentra dividida en el Municipio de Tocoa, Colón, y hay información del uso de una partida presupuestaria para poner un bozal a periodistas. Hace ocho días hay una toma de las instalaciones de la alcaldía municipal de parte de la población organizada, patronatos y organizaciones de la sociedad civil que se oponen a varios proyectos de extracción minera y piden a las autoridades municipales se realice un cabildo abierto para declarar al sector libre de la minería.

En un sondeo de pasosdeanimalgrande.com a los periodistas y comunicadores, se logró determinar que existe una campaña abierta de las autoridades de la Alcaldía Municipal de Tocoa y de una empresa minera, para que no se le dé cobertura a la toma ni se publique en los medios de comunicación los pronunciamientos y comunicados de las organizaciones, con la intención según denunciaron los afectados de que no sufran atrasos los proyectos mineros que se realizan en la zona.

Varios días de la toma

Juan López, de la Fundación San Alonso, dio un panorama completo de cómo se encuentra la toma de la alcaldía por parte de las comunidades afectadas con el proyecto minero que se encuentra en la etapa de exploración, pero que con la apertura de una carretera que afecta el Río Guapinol, los pobladores de varias comunidades se han visto afectados.

“Las comunidades, las organizaciones y los patronatos están allí desde el lunes porque están amenazados sus ríos, el Río Cuaca, el Río Guapinol, Río San Pedro y Río Tocoa, que son los que alimentan de agua el municipio. Hay seis proyectos mineros que están concesionados en el Parque Nacional Carlos Escaleras, en las cabeceras de estos ríos existe la amenaza y hasta ahora sólo hay un proyecto en marcha, está en un proceso de extracción de material y tiene al Río Guapinol en una situación muy delicada”, manifestó.

Indicó que “es por eso que se le está pidiendo a la Corporación Municipal que se lleve el proyecto a un cabildo abierto, porque es necesario declarar al municipio libre de la minería, además, todo el proceso administrativo ha estado viciado, ha existido manipulación de una empresa que está funcionando hacia los patronatos y eso ha llevado a un control de las comunidades, del territorio y ahora que las comunidades del lugar se levantan, hay una crisis bastante aguda en relación a la administración municipal”.

López dijo que las autoridades municipales de Tocoa, “se niegan a dar una explicación y a que se realice un cabildo abierto y por eso las comunidades mantienen la toma de las instalaciones de la Alcaldía Municipal, ya hoy-11 de junio-son 8 días en una asamblea popular en el edificio de la municipalidad”.

El proyecto de concesión minera fue firmado el 06 de enero de 2014 por el ex alcalde Héctor Hernández, en el período de gobierno del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, explicó.

Sobre la situación del proyecto, López declaró que las autoridades municipales les dicen que está en la etapa de exploración, “aunque están en la apertura de la carretera, pues entendemos que en una etapa de exploración no tiene por qué haber autopista o carretera porque tienen que darse cuenta si hay el material o metal que se requiere, la cantidad deseada y una empresa hasta que tenga todas las coordenadas, las medidas necesarias del territorio en donde se encuentra el material y las cantidades que hay, va a invertir en la apertura de la calle y en eso están y está ya bien avanzada”, senaló.

El actual alcalde municipal de Tocoa, Adán Funez, llegó a la comuna a través del Partido Libertad y Refundación, LIBRE, y se mantiene allí en su segundo periodo, no ha existido apertura con él, para nada, destacó López. “El viernes anterior existió una posibilidad, estuvimos en la puerta del edificio en donde se reunió la Corporación Municipal y a último minuto cambió de opinión y estuvimos en la calle esperando y seguimos aquí”, destacó.

Prensa dividida

Por su parte, César Flores, Periodista de Canal 37 señaló que como medio de comunicación se han tomado en serio la toma de la alcaldía de parte de las comunidades.

“La toma tiene hoy 8 días, tienen tomado el edificio municipal, la noticia casi no se ha dado a conocer en el municipio de Tocoa, talvez uno o dos periodistas le hemos dado cobertura, los pueblos le están pidiendo a la corporación municipal que convoque a un cabildo abierto para que declare al municipio libre de minería”, explicó.

El periodista dijo que el alcalde y los regidores tuvieron una reunión de corporación municipal el pasado viernes y no atendió una comisión que supuestamente iba a dialogar con la corporación municipal. “Hasta el momento lo que se maneja es que podrían ser desalojados en las próximas horas”, reaccionó.

El Alcalde Municipal dijo en conferencia de prensa que sólo se va a reunir con los dirigentes de los patronatos, de las comunidades que supuestamente van a ser afectadas con el proyecto, pero los presidentes de los patronatos trabajan en la alcaldía, debido a eso es que ellos no aceptan la propuesta qe hizo el alcalde, agregó Flores.

De acuerdo a Flores, “las comunidades afectadas suman alrededor de unas 18, pero los presidentes de estas localidades son afines a los intereses del gobierno municipal y son líderes del nuevo partido, están afines al proyecto de la minería, pero la población que no está en el patronato, ellos no están de acuerdo”.

Periodistas a favor

El periodista de Canal 37 mencionó que “el alcalde maneja un grupo de periodistas para que hablen a favor de los proyectos mineros. El día de ayer, se dio una reunión en la casa de un diputado, en donde se reunieron con los periodistas de mayor influencia, yo también fui invitado pero no asistí a la reunión y hay un cheque para cada periodista en donde se les está pagando para que hablen a favor del proyecto minero, en algunos casos y dependiendo el medio unos reciben 4 mil 500 lempiras y otros 3,000 lempiras. Son 19 periodistas o representantes de medios de comunicación que están en esos listados”, denunció.

Asimismo, “la Alcaldía también maneja otro grupo de periodistas donde algunos reciben cheques de 3,000 lempiras, otros 2,000 lempiras y hasta mil 500 lempiras”, detalló.

Flores destacó que en Tocoa hay una campaña montada desde el día de la toma para que no se hable nada de la misma ni de la minería.

“En ningún noticiero se va a hablar de que la toma de la alcaldía continúa, sólo transmite un canal y que se ha puesto al frente, cuyo dueño es Carlos Augusto Lara, dirigente es del Partido Libre y quien ha puesto a disposición de los miembros de la toma su Canal, le ha dado cobertura al tema las 24 horas del día, el Canal 37 y que en las redes sociales como facebook se encuentra como Telenoticias Colón”, afirmó.

A su juicio “existe un sólo canal contra toda una maquinaria que funciona aquí en el departamento de Colón, con señal abierta y el único en apoyar a estos pobladores, campesinos de montaña adentro y que sólo nosotros estamos hablando de este tema”.

El comunicador señaló que “el dueño de este canal se ha reunido con políticos y hasta diputados del departamento de Colón, quienes llegaron a ofrecerle hasta 60 mil lempiras mensuales para que monte una campaña en su canal de televisión, ya que es uno de los periodistas mediáticos aquí en el departamento, para que hable a favor de la minería, porque se ha declarado en contra de la minería”.

La Empresa Pinares ya comenzó a hacer la calle, ha iniciado la construcción de un plantel en la Montaña Carlos Escaleras, que antes se conocía con el nombre de la Montaña de Botaderos y ahora es un área protegida, agregó.

Dijo que “según los dueños de la empresa, ya tienen el permiso de explotación y el mismo fue otorgado en el periodo 2010 a 2014 en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y cuando el alcalde de Yoro era Héctor Hernández del Partido Nacional , siendo ratificada en el actual Gobierno Municipal de Adán Funez Martínez”, mencionó.

Comisión del gobierno de JOH

César Flores adelantó que el próximo viernes llega una comisión de Instituto Hondureño de Geología y Minas, (Inhgeomin), y para ello han convocado a los dirigentes de los patronatos, pero la invitación es exclusiva, va con nombre y apellido.

“Sobre las organizaciones presentes en la toma, el alcalde ha dicho que esos son grupos oscuros y que están financiando las tomas y que no tienen nada que ver con esos proyectos mineros , que él no se puede sentar a dialogar con ellos porque bajo presión él no puede dialogar”, concluyó Flores.

Prensa dividida

Sobre el papel de la prensa en la zona, el comunicador Carlos Morales expresó que en Tocoa, siempre ha estado dividida.

“La prensa siempre ha sido dividida en todos los aspectos, pero aquí en este tema de la minería hay dos o tres compañeros que son allegados, a un lado o a otro lado, pero aquí hay otro trasfondo, la gente que está apostada allí en la municipalidad son enemigos políticos del mismo partido del Alcalde, se pierde credibilidad en cualquier asunto cuando entre ellos han querido desbancarse y eso es una pelea política, entonces uno no se presta para esas tonteras de dimes o diretes, o parcializarse con uno o con el otro”, señaló.

Morales indicó que “todos los que están en las organizaciones que están en la alcaldía tomándosela, son enemigos políticos del alcalde, aunque las organizaciones no votan, ni los que están metidos en política, sino los que están dentro de las organzaciones, las personas, los líderes, han tenido participación política y han sido enemigos políticos del alcalde por x o y razón, no sé y están allí y necesitan de algunos compañeros periodistas que también están allí y por eso son enemigos del alcalde que es de Libre por la corriente del 28 de Junio y los otros son de los otros movimientos del mismo Libre”.

Explicó que “no hay campaña en los medios para que apoyen la minería. El alcalde no dice que está a favor o en contra, lo que él dice es que no puede hacer nada, porque ya son leyes que se tomaron en otros gobiernos y legalmente incurriría en problemas o en demandas”.

Para Morales “No son todos los que están en contra de la minería en Tocoa, son las organizaciones que patrocinan las acciones, algunas comunidades y unos grupitos de personas”, finalizó.

Alcalde en silencio 

Pasosdeanimalgrande.com quiso conocer la versión del Alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, a quien se le llamó en reiteradas ocasiones y se le envío mensajes de texto a su teléfono, pero se llamó al silencio y no respondió.

Las organizaciones que se tomaron la alcaldía exigiendo el cabildo abierto para declarar a Tocoa Libre de la Minería, emitieron el siguiente comunicado:

Comunicado

El Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA) ante la comunidad Nacional e internacional, organismos y mecanismos de derechos humanos nacionales e internacionales comunica lo siguiente:

– Que la población del municipio de Tocoa Colón ante la negación de respuesta a sus demandas por parte del gobierno Municipal del municipio de Tocoa , el día lunes 4 de junio del año 2018 realizaron una caminata en protesta a la instalación minera de la empresas transnacionales INVERSIONES LOS PINARES Y LA BENDICION que se ubican en el Parque Nacional CARLOS ALFONSO ESCALERAS MEJIA, caminata que terminó en una Asamblea Popular Permanente en el Palacio municipal de dicho municipio, debido a la falta de respuesta y atención de las autoridades municipales por la problemática ambiental.

– Desde el lunes 4 de junio hasta la fecha se mantiene la Asamblea Popular Permanente del edificio, los manifestantes expresan no tener respuesta positiva de parte del gobierno local, que lo que están recibiendo es desprestigio y difamación por parte del Alcalde Adán Funez, Corporación municipal y empleados municipales, con una campaña mediática a través de algunos medios de comunicación regionales y nacionales.

– El día viernes 8 de junio la Asamblea del municipio de Tocoa recibió una llamada del delegado del CONADEH de la región del Aguán, diciendo qué el alcalde Adán Fúnez y la Corporación municipal están esperando la Comisión para dialogar, llamado que la Comisión atendio de inmediato con la esperanza de tener una solución , pero el gobierno local se burló de ellos dejandolos plantados por más de una hora, luego les manda un mensaje con el abogado Juan Frañon representante de CONADEH, que dice Adán Funez que sólo recibiría seis personas presidentes de patronatos, y la Comisión estaba integrada por dies 10 personas de diferentes sectores que representan el municipio porque los otros pobladores no tienen legalidad y poniendo en duda la legitimidad de su lucha en defensa de la madre tierra y los bienes naturales.

– También los manifestantes denuncian públicamente que en todo el proceso del plantón Pacífico que mantienen por siete días, han estado circulando vehículos y personas desconocidas filmando y perfilando lideres y lideresas que se mantienen en resistencia exigiendo Cabildo Abierto para declarar el municipio de Tocoa libre de minería.

El OPDHA hace un llamado a las autoridades a garantizar y respetar los derechos fundamentales de la población, la seguridad y vida de los llideres y lideresas que se manifiestan pacificamente contra la minería y la lucha por la defensa de la vida.

Dado en la ciudad de tocoa Colón a los 10 dias del mes de junio del año 2018.

Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA).

«NO A LA MINERÍA, SI A LA VIDA»

Fuente:http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/denuncias/item/2169-partida-presupuestaria-para-periodistas-silencia-el-tema-de-la-mineria-en-tocoa-colon

Chile

Quiénes son los directores de SQM detrás del regreso de Julio y Eugenio Ponce

El regreso de los hermanos al directorio de la firma fue producto de la decisión unánime de los ocho miembros, entre los que se encuentran Alberto Salas, cuestionado esta mañana por ser quien tenía como objetivo mejorar la imagen pública de la minera no metálica, Laurence Golborne, ex ministro de Piñera formalizado en el marco del caso Penta, Patricio Contesse Fica, hijo del histórico gerente general de la compañía también formalizado por delitos tributarios y Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet.

Han pasado tres años luego de que Julio Ponce Lerou abandonó el directorio que presidió por 28 años, el líder y actual mayor accionista del grupo Pampa, está de vuelta en las oficinas de SQM. Y no lo hace solo, lo hace en compañía de su hermano Eugenio, quien también retorna tras haber dejado la cabeza de SQM recién en abril de este año; esto tras dos años en el puesto, pero 37 años en la compañía.

El regreso de los Ponce se da luego de la decisión unánime del directorio de SQM. Julio Ponce Lerou y su hermano retornan a la firma como asesores y tendrán oficina en el piso 6 del edificio corporativo, junto a la alta gerencia. Pero ¿quienes son los integrantes del grupo que firmó «el regreso de los hijos pródigos«?

La junta directiva es presidida por Alberto Salas, ingeniero en minas y ex presidente de Sonami y la CPC, quien en su llegada, según consignó Pulso de La Tercera, esperaba dar estabilidad a un directorio que desde la salida de Julio Ponce en 2015 ha tenido tres líderes. Además, uno de sus objetivos era mejorar la imagen pública de SQM, la que en los últimos cuatro años se vio envuelta en una polémica con el Estado por el financiamiento ilegal de la política. Este último propósito se contrapone a las críticas que ha despertado actualmente la decisión del directorio de volver a integrar a Julio y Eugenio Ponce como asesores de la minera no metálica.

Ante esto, el timonel de Corfo, Eduardo Bitrán, en conversación con La Segunda, señaló que se siente «terriblemente defraudado» de Alberto Salas, quien «sabía los términos de nuestro acuerdo (entre Corfo y SQM), ya que fue puesto de común acuerdo y en consulta incluso a la Presidenta de la República (Michelle Bachelet)». Bitrán agregó que se siente engañado «pues hablamos de dos líderes empresariales que han sido presidentes de la máxima entidad empresarial del país. ¿Cómo pretenden restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la empresa con esa actitud?», sentenció Bitrán.

El vicepresidente del directorio es Patricio Contesse Fica, hijo del ex gerente general de Soquimich, Patricio Contesse González, formalizado por delitos tributarios cometidos entre 2009 y 2014, en carácter consumado y reiterado en calidad de autor, y por el delito de soborno, que además reveló aportes políticos a Marco Enríquez-Ominami y el PRI, y afirmó que RN le solicitó financiamiento y guardó silencio en los casos de Carlos Ominami y Roberto León.

Laurence Golborne, el ex ministro de Piñera y ex candidato presidencial que debió bajar su postulación a La Moneda tras ser cuestionado públicamente por el Caso Cencosud y la sociedad que tenía en las Islas Vírgenes Británicas. Además de ser investigado y luego formalizado por delitos tributarios en el marco del caso Penta, en abril recién pasado, fue confirmado como director independiente en la mesa de SQM.

Hernán Bücchi, el ex ministro de Hacienda de la dictadura, que fue director de la firma por varios años, hasta abril de 2016, pero luego fue electo nuevamente en el directorio de SQM en 2017. Además es miembro del Directorio de Quiñenco S.A. y S.A.C.I. Falabella, entre otros.

Además, componen la mesa, en representación del resto de los accionistas, Gonzalo Guerrero, Mark F. Fracchia, Arnfinn F. Prugger y Darryl Stann.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/mercados/2018/06/05/quienes-son-los-directores-de-sqm-detras-del-regreso-de-julio-y-eugenio-ponce/

Perú

Vacíos y deficiencias en los Estudios Ambientales Integrados

Los EAi son un nuevo instrumento de gestión ambiental que debe permitir integrar los diversos estudios con los que cuentan los proyectos mineros. Ocurre que existen unidades mineras que tienen varios estudios ambientales, lo que hace que su gestión corra el riesgo de dispersarse y sea poco eficiente.

El pasado jueves 07 de junio, CooperAcción y EarthRights International (ERI) presentaron al MINEM un Informe Técnico en el que identifican 40 observaciones a la propuesta de los términos de referencia que regularán los Estudios Ambientales Integrados (EAi).

Los EAi son un nuevo instrumento de gestión ambiental que debe permitir integrar los diversos estudios con los que cuentan los proyectos mineros. Ocurre que existen unidades mineras que tienen varios estudios ambientales, lo que hace que su gestión corra el riesgo de dispersarse y sea poco eficiente. Entre las operaciones que cuentan con dos o más estudios ambientales diferentes se encuentran importantes minas como Yanacocha, Cobriza, Cerro Verde, Marcona, Cuajone, entre otras. Además, muchos proyectos solicitan modificaciones a sus estudios de impacto ambiental luego de que los mismos fueran aprobados o cuando ya se encuentran en operación, mediante las Modificatorias de EIA o los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS).

La existencia de varios instrumentos de gestión ambiental para una misma unidad dificulta la fiscalización, pues el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tiene que revisar y dar seguimiento a numerosos documentos, lo que implica mayor cantidad de tiempo de dedicación a una sola unidad minera, con el alto riesgo de perder la visión del conjunto y de no visibilizar los impactos acumulativos y sinérgicos.

Además, dificulta la vigilancia ciudadana, pues si la población quiere conocer cuáles son los compromisos asumidos por la empresa no puede referirse a un único documento, dado que la información ambiental está dispersa.

Frente a ello, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental del sector minero, publicado el 12 de noviembre del año 2014, mediante el Decreto Supremo N° 040-2014-EM, estableció la necesidad de “integrar” estos estudios ambientales en uno solo. Dichos Estudios Ambientales Integrados hasta la fecha no se han implementado debido a que su elaboración debía realizarse conforme a lo señalado en los Términos de Referencia (TdR) que el MINEM tenía que aprobar. En el citado reglamento se le daba al MINEM un plazo máximo de seis meses, contados a partir de su entrada en vigencia, es decir el 13 de noviembre de 2014.

Pasaron casi cuatro años sin que se aprueben los términos de referencia. Por ello, en el mes de abril, CooperAcción y ERI enviaron una carta al MINEM pidiendo información sobre la situación de este importante instrumento de gestión. El MINEM respondió señalando que en los siguientes días publicaría y pondría en consulta ciudadana el proyecto de TdR. Días más tarde, el MINEN emitió la resolución ministerial 132-2018-MEM/DM autorizando la prepublicación del proyecto de TdR.

Observaciones

Este fue un paso adelante. Sin embargo, en el análisis realizado en el Informe Técnico mencionado se encontraron un conjunto de observaciones, vacíos y deficiencias que se requiere atender.

La principal observación tiene que ver con que el MINEM ha concebido a los EAi como un documento de tipo administrativo,  cuando en realidad debería ser un proceso que permita una evaluación de los impactos ambientales reales que están  ocurriendo en los territorios.

Los TdR presentados por el MINEM consisten en un simple índice de lo que debiera contener el EAi, sin precisar el contenido ni el objetivo de cada sección, dejando abierta una amplia discrecionalidad por parte de la empresa consultora. Consideramos que el objetivo de este tipo de instrumento debe ser ordenar y analizar la información producida a lo largo del tiempo, identificar vacíos, efectos producidos, y corregir y optimizar el manejo ambiental y social.

Por otro lado, estos TdR establecen como un ítem una “línea de base”, pero no consideran que la elaboración del EAi parte de efectos que ya existen sobre el medio ambiente del área de emplazamiento de la actividad minera. Por ello recomendamos que se realice un análisis de cómo los aspectos ambientales descritos en la línea base del EIA han ido modificándose con el avance de la operación. De esa manera, a partir de la elaboración del EAi se puede definir un registro histórico de los cambios y efectos producidos como consecuencia de la actividad minera, generando información valiosa para corregir, optimizar e implementar mejores prácticas de manejo y mitigación ambiental.

Otra de las observaciones tiene que ver con cómo se evalúa los impactos ambientales. Los TdR dejan entender que bastaría una revisión en gabinete de los impactos considerados en los estudios ambientales previamente aprobados. Creemos que ello no es suficiente, por lo que recomendamos introducir variables ambientales cuantitativas que permitan una fuerte interacción de datos de campo real.

Esperemos que el MINEM atienda las observaciones y recomendaciones que presentamos, y con ello, que los Estudios Ambientales Integrados puedan cumplir con su objetivo, y se asegure el respeto y vigencia de los derechos de las comunidades afectadas con los proyectos.

11 de junio de 2018

Mexico

Rechazan versión oficial de que no hubo contaminación por jales

Chihuahua.- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) rechazó las verisones oficiales de autoridades estatales y federales en relación a que no existen riesgos de contaminación tras el derrumbe de la presa de jales en la minera Río Tinto, en el poblado de Cieneguita del municipio de Urique.

La organización demandó de manera inmediata al Gobierno de Chihuahua, encabezado por Javier Corral Jurado, y a las autoridades federales, avisar a la población de la zona sobre los peligros y riesgos que sufrirá por el derrame de los jales tóxicos que van descendiendo hacia el río Tubares, el cual descarga en el Río Fuerte conectado al menos a tres presas del estado de Sinaloa.

En este sentido, la organización civil Voces Unidas por el Agua en Sinaloa, conformada por académicos y empresarios, advirtieron a medios de aquel estado que los derrames de los jales mineros estarán poniendo en riesgo la actividad agrícola en los valles de dicho estado, ya que los residuos llegarán a las presas Luis Donaldo Colosio y Miguel Hidalgo, con las cuales se alimentan gran parte de los cultivos de la entidad federativa.

Según un comunicado de esta organización, las presas que se verán afectadas se encuentran en el municipio de Choix y El Fuerte, las cuales irrigan y abastecen de agua todo el norte de Sinaloa, por lo que existen a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional de Agua (Conagua) dejar de emitir información falsa para proteger los intereses de la empresa.

Dentro de las exigencias se solicitó también el cierre irreversible de la mina de la empresa Río Tinto y medidas enérgicas de rendición de cuentas, control y reparación de los daños causados en la región, así como el impulso de proyectos productivos respetuosos con la población de Urique pues el modelo extractivo minero debe ser desechado como propuesta de progreso y desarrollo.

Añadieron que las mineras y los empresarios ligados a estas se han enriquecido gracias al despojo, desplazamiento forzado de pueblos y el saqueo de las riquezas naturales, “de tal manera que su negocio es redondo, porque técnica y financieramente es imposible que puedan incorporar el costo de los daños que ocasionan a la salud, el ambiente, la naturaleza, cultura, comunidad y a la vida de los pueblos.

Fuente:http://www.cronicadechihuahua.com/Rechazan-version-oficial-de-que-no,53890.html

 

Honduras

Pobladores de Tocoa, Colón en pie de lucha contra proyectos mineros

Acusan directamente al alcalde y a la corporación municipal de estar confabulados con las compañías mineras para desarrollar los proyectos, sabiendo que son dañinos para las comunidades.

La población del municipio de Tocoa en el departamento de Colón aglutinada en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, están en pie de lucha para no permitir que seis proyectos mineros se desarrollen en su municipio.

Según la información de la base de datos de INHGEOMIN, son 6 proyectos mineros otorgados en el Municipio a las empresas; Industrial Mining Group S.A de C.V., Corporación Minera La Virtud S.A., Emco Mining Company S.A. de C.V. (Inversiones Pinares) juntas suman 3,500.00 hectáreas de territorio concesionado sobre la cabecera de los ríos Cuaca, San Pedro, Guapinol, quebrada Ceibita, rio Tocoa y Taujica.

Los pobladores denuncian que estos proyectos destruirán los ríos que dan vida a ese municipio y sin los ríos, nadie vivirá feliz. Por tanto, la decisión corresponde al pueblo a nivel Municipal, no a un grupo de dirigentes patronales que han sido manipulados y engañados por la empresa con la complicidad y colaboración directa de las unidades del gobierno municipal.

Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos

Ante la opinión pública local, nacional e internacional expresamos lo siguiente: El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colon, somos una expresión de unidad de organizaciones comunitarias, sectoriales, sociales, campesinas, instituciones no gubernamentales, iglesia y población no organizada que está bajo riesgo por el extractivismo minero y energético en el Municipio.

La corporación Municipal hizo declaración oficial respecto al Comité en conferencia de prensa el día jueves 7 de junio. El Alcalde Adán Fúnez y seis regidores que firmaron la declaración intentan limpiar una situación muy delicada en relación a derechos fundamentales del pueblo en el Municipio producto del concesionamiento territorial para minería. Entendemos que los proyectos mineros los otorga INHGEOMIN como autoridad minera estatal.

El 20 de enero de 2014, el ex Alcalde Héctor Hernández junto a 5 regidores aprobaron la entrada de empresas mineras al Municipio y la siguiente administración que entró 5 días después encabezada por el Alcalde Adán Fúnez no dijo nada sobre todo esto, su silencio la hace cómplice y los permisos de operación la hace responsable de los desastres sociales, ecológicos, ambientales y humanos que se avecinan.

La toma del edificio Municipal desde el lunes 04 de junio es una expresión de alerta ante los impactos que se ciernen sobre la vida en el Municipio. Se va levantando un muro entre las comunidades y dirigentes consientes de la amenaza y las comunidades amenazadas, pero bajo control de la empresa y el gobierno Municipal. Muchos dirigentes de Patronatos de las comunidades de influencia de la empresa están a favor de la minería y responde a una relación muy personal entre los dirigentes y el Alcalde, por eso la Corporación quiere reunión con tales dirigentes. Lo expresado en la declaración en relación al pueblo en resistencia ante la amenaza minera es un desprecio de parte del Alcalde y la Corporación.

Según la información que viene de la base de datos de INHGEOMIN, son 6 proyectos mineros otorgados en el Municipio a las empresas; Industrial Mining Group S.A de C.V., Corporación Minera La Virtud S.A., Emco Mining Company S.A. de C.V. (Inversiones Pinares) juntas suman 3,500.00 hectáreas de territorio concesionado sobre la cabecera de los ríos Cuaca, San Pedro, Guapinol, quebrada Ceibita, río Tocoa y Taujica. Estos proyectos destruirán los ríos que dan vida en el Municipio y sin los ríos, nadie vivirá feliz. Por tanto, la decisión corresponde al pueblo a nivel Municipal, no a un grupo de dirigentes patronales que se merecen nuestro respeto, pero que han sido manipulados y engañados por la empresa con la complicidad y colaboración directa de las unidades del gobierno Municipal.

La Corporación Municipal dice que el comité no es legal y, por tanto, no puede representar al pueblo. La legalidad es asunto de formalidad, lo primero es la legitimidad y esa, las asambleas comunitarias, sectoriales y de organizaciones se la han dado a la gente delegada para tal misión. No respetar esa decisión es una violación al derecho de participación, pues el gobierno no tiene más responsabilidad que ejecutar las decisiones del soberano. La manipulación de los liderazgos comunitarios y llevada cual oveja al matadero por el gobierno y las empresas, ha sido una forma constante de mantener control de los territorios y las decisiones que golpean a la población.

El Alcalde personalmente no quiere en la comisión al representante de la Iglesia Católica, de la Coordinadora de organizaciones Populares del Aguan y de la Fundación San Alonso Rodríguez. Ha acusado de “grupos oscuros” que utilizamos el tema minero para posicionar otros temas, estas declaraciones solo dejan en evidencia publica un vacío moral y ético que llenan con insultos nada más alejados de la verdad. La Corporación ha solicitado la investigación y deducción de responsabilidades penales para quienes estamos en lucha, nos alegra, la verdad debe respirar y demostrar públicamente quien tiene responsabilidades penales y administrativas. En este sentido se entiende la actitud de ayer viernes, cuando a través del Delegado departamental del CONADEH pidió que fuéramos a reunión con la corporación como se acordó el miércoles 06, en el último minuto cambió de opinión porque en la comisión no iban las personas que puede manipular, yendo 6 personas de patronatos y junta de agua que representan a 28 comunidades de los sectores abisinia, San Pedro y Guapinol.

Desmentimos la declaración del Alcalde en relación a que los manifestantes tenemos amenazados a los empleados municipales, son personas como nosotros y nadie puede ser objeto de amenaza de nuestra parte. En relación al ingreso de la Unidad de Fiscales Contra la Impunidad y la Corrupción UFECIC, desde el día martes que lo solicitaron accedimos e ingresaron al edificio con personal Municipal el viernes 08. Dejamos constancia que el jueves 07 la responsable de Desarrollo Comunitario ingreso a las oficinas y llevo documentación. La campaña de criminalización mediática, asumida legalmente en la declaración de la Corporación pone en riesgo la seguridad y la vida de los manifestantes.

Expresamos públicamente que el municipio está bajo riesgo por los proyectos mineros otorgados y por la actitud prepotente, autoritaria del gobierno Municipal. Lógicamente, esta actitud se deriva del peso que la mano peligrosa del diputado Oscar Nájera impone sobre la administración Municipal. El pueblo no claudicará en la lucha, para nosotros la defensa del agua, la dignidad humana y la soberanía territorial es asunto de vida o muerte. Puede la Corporación Municipal estar segura que no guardamos odio ni rencor alguno, no denigramos, no insultamos, y no negociamos lo sagrado que brota del costado de Jesucristo presente en el Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía. La sangre de Carlos Escaleras está de pie junto al agua de nuestros ríos y quebradas y nos llama a declarar el Municipio libre de minería.

Tocoa, Colon, 09 de junio 2018

Fuente:https://criterio.hn/2018/06/10/pobladores-de-tocoa-colon-en-pie-de-lucha-contra-proyectos-mineros/

Mexico

Alcaldes, Ongs, y academia exigen frenar a las mineras

La cuidadanía , gobiernos municipales, instituciones académicas, religiosas, de investigación, organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en un documento por los derechos de los pueblos  a un medio ambiente sano, al agua, al trabajo y exigieron a un Veracruz Libre de Megaminería Metálica y Tóxica.

Señalan que la vocación del estado de Veracruz y de la región en particular ha de ser la que posibilite el bienestar d elas personas y  pueblos y el respeto a sus derechos humanos.

La megaminería tóxica a cielo abierto es un procedimiento tecnológico de la economía globalizada para extraer oro u otros minerales removiendo toneladas de materiales rocosos a base de explosivos para ser tratados posteriormente con cianuro, en lagunas de lixiviación, señalan.

Uno de los cuestionamientos más frecuentes a esta tecnología es el enorme volumen de agua que utiliza y el riesgo de con taminación de cuerpos de agua por derrame de lixiviados y por el drenaje ácido de mina, apuntaron.

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