Republica Dominicana

Gold Quest y la mentira de la minería subterránea en San Juan

A pesar que una resolución del juez Dante Almonte prohibió las actividades de exploración minera en el Valle de San Juan a la empresa Gold Quest, ésta multinacional insiste en una profusa campaña de desinformación con sus “comunicadores pagados”, presentando la minería subterránea como una panacea. Gran embuste.

La sociedad debe saber que la minería subterránea produce tanto daño como la minería a “cielo abierto”.  Esta puede provocar  variaciones importantes en el régimen hídrico freático, es decir, en las aguas localizadas en el subsuelo.

De ejecutarse el Proyecto El Romero, las aguas subterráneas van a sufrir un estropicio en su flujo en la Cordillera Central, y también,  por su proximidad al Río San Juan, puede producirse  la variación del perfil y trazado de su corriente, debido a las excavaciones.  Esto representaría un serio daño hidrológico, de infinitas consecuencias.

Otro efecto de esta pretendida minería subterránea es la pérdida física de suelo por extracción, por el levantamiento de infraestructura interior del yacimiento y por el relleno de hormigón o cualquier otro material en las áreas intervenidas, donde se desplazan aguas y que es imprescindible tapar.  Esos rellenos pueden provocar un cambio en el patrón de ruta de las aguas subterráneas.

Igualmente, los suelos del Valle de San Juan se expondrían a una pérdida de propiedades químicas, debido a la contaminación de metales pesados, metaloides y sales o sulfatos, de imprescindible uso y aplicación en la faena minera.

La incorporación de partículas sólidas en la corriente del Río San Juan, debido a la explotación del yacimiento de El Romero por parte de la Gold Quest, va a provocar un aumento de la sedimentación “aguas debajo” de la Presa de Sabaneta, del canal José Joaquín Puello y en toda la cuenca del Río San Juan.

En el Río San Juan, la Presa de Sabaneta, el Contra-embalse de Sabaneta (que se proyecta construir en la sección Punta Caña) y en la Presa de Monte Grande en Barahona, en fase de construcción, que será alimentada por el Río Yaque del Sur, del cual el Río San Juan es afluente,  se puede producir una acidificación por la infiltración y/o retención de sulfuros que va a emanar la pretendida explotación minera de los canadienses-suizos, cobijados en la multinacional GoldQuest.

Los procesos de metalurgia se realizan generalmente por lixiviación y cianuración, el primero es, desde el punto de vista de la Química, tratar una sustancia compleja, como un mineral, con un disolvente adecuado para separar las partes solubles de las insolubles, y el segundo, es la aplicación de cianuro (sal del ácido cianhídrico), el cual posee una toxicidad elevada.  El uso de cianuro y otros elementos químicos, envenenaría  los suelos del Valle de San Juan, lugar donde nació el Presidente Danilo Medina.

Toda  minería, aún subterránea, produce deforestación. Una zona importante de la Cordillera Central sería arrasada para la instalación de los escenarios de trabajo de los mineros.  Deforestar en esa zona es un contrasentido, porque el gobierno estaría invirtiendo cinco mil millones de pesos en labores de reforestación precisamente en la cuenca alta del Río San Juan.

Otro aspecto negativo es que la actividad minera produce drenaje ácido, el cual afecta el Ph de las aguas, es decir, daña la calidad  y potabilidad del preciado líquido.  Imaginemos qué sería del Valle de San Juan sin agua para el consumo humano y/o animal y para la producción agrícola, fuente económica de esa llanura, la mayor productora de granos del país.

Convertir la provincia de San Juan en un distrito minero, tal y como lo promueve el Ministerio que encabeza el neoliberal Antonio Isa Conde, es el peor regalo que haría a su pueblo natal el Presidente Danilo Medina.

¿Acaso se pretende con la explotación minera del Proyecto El Romero producir un genocidio en el Valle de San Juan?

 

Fuente:http://almomento.net/gold-quest-y-la-mentira-de-la-mineria-subterranea-en-san-juan/

Perú

SENTENCIA A TRECE POBLADORES DE TAMBO POR PROTESTAR CONTRA TÍA MARÍA

El Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa sentenció a trece pobladores del valle de Tambo. Se les procesó por bloquear vías el 07 de abril de 2015, cuando se desarrolló una protesta en rechazo al proyecto minero Tía María, de la empresa Southern.

La jueza Yanira Guitton Huamán dictó cuatro años de prisión suspendida para Miguel Ángel Aguirre Espinoza, Sonia Luisa Apaza Ticona, Jacinto Charca Porcela, Hugo Manuel Humpiri Zela, Arsenio Luis Vilca Quispe, Carlos Edwin Márquez Apaza, Segundo Morales Jila, Cipriano Muñoico Incacutipa, Hugo Alejandro Palomino García, Natividad Quispe Cahuana y Edmundo Victoriano Rojas Alvarez. En tanto, Edgar Manuel Vilca Herrera y Alfredo Mamani Condori fueron condenados a tres años de prisión suspendida. Asimismo deberán pagar en conjunto, una reparación civil de 6 mil soles.

Los sentenciados fueron acusados por el Ministerio Público de cometer el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

La Fiscalía fundamentó su acusación en los testimonios de policías. Estos lograron identificar a los manifestantes durante la violenta protesta.

Fuente:http://www.grufides.org/blog/sentencia-trece-pobladores-de-tambo-por-protestar-contra-t-mar

Chile

La marcha plurinacional por el agua fluyó con miles de personas en diversos puntos de Chile

“Agua para los pueblos y no más territorios en sacrificio” son las consignas de la Marcha Plurinacional por el Agua y los Territorios que se realizó el sábado 28 de abril simultáneamente en Calama, Vicuña, Santiago, Concepción, Los Ángeles, Valdivia, Osorno, Castro – Chiloé. Mientras que en Antofagasta la intervención pública se realizó el jueves 26 de abril.

En tanto, el pasado 20, 21 y 22 del presente mes la movilización se llevó a cabo en Panguipulli, Temuco y San Javier, respectivamente, también adhiriendo a la convocatoria del MAT. Por su parte, de manera más autónoma, en la localidad de Cabildo una masiva manifestación se realizó el 21 de abril la que fue convocada por agrupaciones medioambientales de Cabildo, Papudo y Los Molles.

Esta es la VI marcha del Movimiento por las Aguas y los Territorios, articulación que se distribuye por macro zonas a nivel Paí­s: Norte, centro y sur, la que tuvo una amplia concurrencia en las diferentes localidades que se convocó.

 

La marcha, además de dar cuenta del estado de saqueo y despojo que hay sobre el vital elemento del agua, causado mayoritariamente por la industria extractivista como la minería, las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, monocultivos de la industria forestal y plantas de celulosas, también rompe con la homogenización etnocentrica impuesta sobre la composición identitaria de la población en Chile, dando cuenta que además de la Chilenidad criolla que tiene poco más de 200 años de conformación, también están los Pueblos o Naciones originarias, con su pre existencia a la conformación del Estado chileno, diferenciados a su formación, con sus propias características sociales, culturales y políticas, firmemente enraizadas en su propia historia y que se sigue defendiendo, tales como son el Mapuche y sus diversas identidades territoriales (Pueblo-Nación Transfornterizo); El Aymara (transfronterizo); el Rapa Nui, Likanantay, Quechua (transfronterizo), Colla (transfronterizo), Diaguita, Kawashkar y Selkmans, estos últimos casi extintos a causa del accionar genocida del estado colonialista.

Movilizaciones en el norte de Chile

En la ciudad de Antofagasta, se realizó una intervención pública con la presencia de “Calama Sin Plomo”, además de otras organizaciones e individualidades, quienes se manifestaron la mañana de este jueves 26 de abril en las oficinas  del Servicio de Evaluación Ambiental (Antofagasta), donde lograron que el organismo pospusiera la resolución respecto al proyecto de ampliación de la plata de plomo RAM, comprometiéndose a visitar la zona en conjunto con el movimiento social próximamente, informaba así Radio Kurruf.

En Arica se salió a la calle el 26 de abril, desde 18.30 hrs. en 21 de mayo/Lynch, donde además de las denuncias por crisis hídrica, acaparamientos de aguas y denuncias por contaminaciones, también afloró con fuerza  en repudio al Decreto Exento № 215 del Ministerio de Bienes Nacionales, que destinó un “inmueble fiscal” de casi 9 mil hectáreas ubicadas en el territorio ancestral  de Socoroma para la “instrucción y entrenamiento de la VI División del Ejército”, existiendo suficiente evidencia histórica, etnográfica y judicial que respalda la reivindicación de ese territorio por parte de la Comunidad, cuyos antecedentes jurídicos están presentes en diversos años del devenir histórico pre estatal y durante el tiempo republicano.  Ver registros imágenes desde Arica.

En Calama, una concurrida manifestación se realizó por las calles de la ciudad convocada por la Coordinadora por la defensa del río Loa este sábado 28 de abril la que también incluyó un acto artístico cultural. Previo a la marcha  Una de las voceras del MAT zona norte, Dalila Peña, de la Coordinadora por la Defensa del Río Loa y Calama Sin Plomo, enfatizó que llevan años en la lucha contra el modelo extractivista que ha convertido a Calama en una “zona de sacrificio”, denuncias que incluyen la extracción de agua por parte de Codelco, la Planta RAM de reciclaje de plomo y el tranque de relave en el salar de Talabre convirtiendo esta zona en un gran vertedero minero, las que vienen causando un verdadero debacle a la vida local, en calidad ambiental, salud de la población y economías locales, como la agricultura y ganadería. Ver imágenes de la manifestación en Calama.  Uno de los medios comerciales que hizo referencia a esta manifestación fue El Mercurio de Calama que publicó “Calameños marcharon por la recuperación de las aguas”.

También en el norte Chico se dio cuenta de una manifestación en la localidad de Vicuña que adhirió a la IV Marcha plurinacional por el agua y los territorios donde el extractivismo viene progresivamente haciendo estragos en buena parte del valle del Elqui. Ver imágenes de la manifestación en Vicuña.

Movilizaciones en la zona centro

En San Javier, Región del Maule,  se realizó la manifestación por el agua el domingo 22 de abril, convocada por Organización Maule Sur por la Vida, la  cual tuvo lugar de concentración en Las Tinajas, donde en la zona rural El Arbolillo se resiste a industria porcina COEXCA: defectos y omisiones del proyecto “San Agustín del Arbolito”. Ver reportaje Mapuexpress.

En Santiago, este 28 de abril una masiva marcha concentró a miles de personas, teniendo una amplia cobertura. “Bastante preocupante es la situación sobre las indicaciones del Ejecutivo al proyecto sobre Código de Aguas, pues señalan que las propuestas previas son inseguras jurídicamente, esto nos parece absolutamente deficiente, ya que no estábamos de acuerdo con la propuesta que hizo la ex mandataria Michelle Bachelet. Somos bien categóricos, nosotros como movimiento estamos por la derogación del Código de Aguas, y debe reconocerse como un Derecho Humano”, afirmó la dirigente Francisca Fernández, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) en la región Metropolitana, publicaba así El Ciudadano.

“El modelo neoliberal extractivista impone una irracional explotación de nuestros bienes comunes, y en ese marco lo más grave es que las aguas en el país están privatizadas mediante la generación del mercado del agua, con un sobre otorgamiento de derechos de agua y usurpación ilegal de parte de transnacionales”, agrega la vocera a Mapuexpress,  convergiendo en la capital diversas causas contra proyectos hidroeléctricos, mineras, industria salmonera y en especial, la situación de asesinato de Macarena Valdés, en el marco del conflicto hidroeléctrico en el sector Tranguil, comuna de Panguipulli.

Diversos medios dieron cobertura a la movilización en Santiago.  El Desconcierto realizó una publicación con diversas imágenes destacando que la marcha tiene por objetivo la recuperación del agua para las comunidades y también la defensa de los territorios por los daños que genera el modelo extractivista. El diario El Ciudadano también destacó en portada la VI marcha, titulando: “Como movimiento estamos por la derogación del Código de Aguas”, incluyendo una selección de imágenes. La web de Tele Trece, también con una selección de imágenes, indicando que una de las pretensiones del movimiento es un cambio radical en que el agua sea establecido como un bien común, como un derecho humano y no una mercancía”. Por su parte, el reporte noticioso de HispantV se denominó “Comunidades campesinas en lucha contra negocio del agua en Chile”, agregando: “Una marcha de pueblos originarios y comunidades locales en Chile protestan contra la privatización del agua, que provoca sequía, desarraigo de comunidades y contaminación por la sobreexplotación de recursos. Denuncian que este daño medioambiental es parte esencial del modelo económico neoliberal”.

Movilizaciones en la zona SUR

En Concepción, este 28 de abril, también se realizó una masiva manifestación. Pablo Rivas, de la Coordinadora Tomecina, parte de la Coordinadora Intercomunal contra los Terminales de Gas y de la Coordinadora Defensa de los Territorios del Bio Bio, denuncia que en la región del Bío Bío y en la zona sur en general se ha impuesto una agenda de saqueo extractivista de parte del empresariado, la casta política y del Estado chileno que pretende generar “zonas de sacrificio” en pro del desarrollo energético del país, que no responde a las necesidades de la población, sino que a la ganancia de sectores estratégicos de la producción como la industria minera. Asimismo, advierte que el excedente energético está siendo destinado a la minería y a la exportación. Ante la coyuntura de la baja del precio de los commodities recurrieron al saqueo territorial e instalación de megaproyectos. El dirigente social enumera una seguidilla de inversiones transnacionales y de capitales chilenos que se están intentando imponer sin consultar a las comunidades, desde proyectos termoeléctricos hasta concesiones acuícolas, sin considerar las particularidades de las economías locales y los impactos medioambientales y sociales. El periódico RESUMEN de Concepción, publicó “Por el derecho de las comunidades al agua: marchan en Concepción y otras ciudades”.

En la localidad de Los Angeles, cerca de un centenar de personas marchó este sábado 28 de abril por las calles de esta ciudad del Bio Bio. La manifestación fue convocada a nivel local por Trabmapu – Red de Defensa del Agua y los  y convocó a representaciones de  organizaciones de la provincia del Biobío y Malleco visualizando diversos conflictos socioambientales. Renaico Informa publicó: “Se realizó VI Marcha Plurinacional por el Agua y los Territorios en Los Ángeles”.

Por su parte en Temuco, Región de la Araucanía,  cerca de mil quinientas personas se manifestaron el sábado 21 de abril entre la Isla Cautín y el Cerro Ñielol en esta localidad, convocada por la Red por la Defensa de los Territorios de la Araucanía, acudiendo también delegaciones de comunidades y organizaciones territoriales de diferentes puntos de la Araucanía.  La movilización estuvo marcada por denuncias sobre los graves conflictos que enfrentan territorios de impactos del modelo extractivista como las forestales y las amenazas y consecuencias que traen diversos proyectos hidroeléctricos para numerosos ríos y sus habitantes, destacándose zonas como Curarrehue, Melipeuco, Curacautín y diversas zonas vinculadas a los ríos Allipen y Toltén. Mapuexpress, con una selección de imágenes, publicó: “Importante manifestación por las aguas y territorios se realizó en Temuco”. Pacto mundial Chile difundió un video de la marcha que denominó: marcha por el agua y lo territorios, Temuco -21 de abril 2018. También el Templo Harijan Mandir difundió un registro audiovisual denominado “ofrenda al rio Cautin y reparto de prasada en marcha por el agua”.

En Valdivia, unas quinientas personas convocadas por la Red por la defensa de los territorios de Los Ríos se dieron cita en el terminal de buses el sábado 27 de abril recorriendo diversas calles de la ciudad. Además de organizaciones socio ambientales, también se destacó la presencia activa de Comunidades mapuche huilliche y lafquenche quienes se hicieron presentes en este encuentro con sus werken y autoridades tradicionales para relatar las realidades de sus territorios, desde la cordillera hasta el mar. Parlamento de Koz Koz, Consejo Territorial Lafquenche, Alianza Kiñe Rakizuam y movimientos socioambientales por la protección de los humedales de la región, tuvieron cita en una movilización. Reporte de Mapuexpress tituló “En Los Ríos: comunidades mapuche y movimientos socioambientales se unen por el agua y territorio”. Asimismo, la Revista Caminando dio una amplia cobertura a esta manifestación. De igual manera, Natacha Mancilla del Consejo Territorial de Los Lagos, da un reporte de la manifestación en audio.

En la localidad de Panguipulli una importante concurrencia con representaciones de diversas comunidades se realizó el viernes 20 de abril, donde se mantienen con fuerza los procesos de resistencia a la invasión hidroeléctrica, reivindicándose en ello a Macarena Valdés, muerta/asesinada en el marco del conflicto hidroeléctrico en la zona de Tranguil. Asimismo, la defensa de lugares ceremoniales como ocurre en Trafun, entre otras temáticas de gran importancia relacionados con la defensa y recuperación de las aguas y los territorios. Puelche comunicaciones realizó una publicación denominado: “Voces y sonidos: Especial Sexta Marcha Plurinacional Panguipulli”.

Chiloé, específicamente en la localidad de Castro se realizó una intervención pública en la Plaza  para luego la realización de un conversatorio como jornada informativa/reflexiva frente a los últimos hechos de contaminación en el archipiélago, participando representaciones de organizaciones socio ambientales y de organizaciones williche. En el marco de convocatoria se señalaba: “Tras el lamentable accidente que contaminó el río Trainel, sumado a los episodios anteriores como el wellboat sumergido en Pilpilehue y muchos otros que han dañado el territorio, consideramos importante fortalecer el trabajo de las distintas organizaciones y comunidades que velan por conservar y proteger la naturaleza en el Archipiélago de Chiloé”. En Chiloé organizaciones mantienen un alerta por los diversos estragos que ha generado la industria salmonera, como también la progresiva depredación de ecosistemas, la llegada de atentatorios proyectos de energía  y las amenazas mineras al territorio.  Defendamos Chiloé publicó algunas imágenes del conversatorio.

Osorno en la Región de Los Lagos fue otra de las localidades donde se realizó una intervención pública en el marco de las movilizaciones convocadas por el Movimiento por las Aguas y Los Territorios (MAT) y que viene siendo convocada desde hace seis años. Las marchas anteriores han sido masivas y tradicionalmente se han concentrado en algunas localidades los días 22 de abril en el marco del día por la tierra. Durante el 2017 la sede fue Concepción y Lirquén. El 2016 fue Temuco y Melipeuco. El 2015 fue en Valparaíso; y los años 2013 y 2014 en la ciudad de Santiago.

La marcha tuvo como lemas principales: #Aguaparalospueblos, y #NoMásTerritoriosEnSacrificio, atendiendo el sentido de la profunda demanda por la recuperación de este vital elemento como derecho humano para el bien común y colectivo, que en la actualidad se encuentra como mercancía y recurso para el acaparamiento y explotación de intereses privados, como también,  fortalecer el freno a la imposición desde grupos de poder político-económico en establecer denominado “territorios en sacrificio”,  como parte de un  modelo neoliberal extractivista que ha saqueado al País, incluyendo la depredación de la naturaleza y el acaparamiento empresarial de bienes colectivos, levantándose frente a esta realidad diversas propuestas y demandas por parte de este movimiento.

Fuente:http://www.mapuexpress.org/?p=24540

Latinoamerica

Más de 300 defensores de DDHH fueron asesinados en América Latina en 2017

En Perú, el reciente crimen de la defensora de los derechos de la cultura etnia shipibo konibo, Olivia Arévalo, se suma a esta lista de la ignominia

El pasado jueves, la reconocida lideresa de la etnia shipibo konibo, Olivia Arévalo Lomas (81) murió asesinada en su comunidad Victoria Gracia, ubicada en Ucayali. Arévalo dejó en su comunidad un legado de arduo trabajo en defender los derechos culturales y ambientales en su pueblo, una labor que en Latinoamérica puede costar la vida a los activistas de derechos humanos.

Solo en 2017, más de 300 defensores de derechos humanos han sido asesinados, según el estudio de Front Line Defenders. El 67% de este total defendían derechos sobre tierra y pueblos indígenas.

“Una de las causas es que no existen mecanismos efectivos de sus derechos”, explica Aida Gamboa, especialista en Gestión Institucional en temas de Derechos, Ambientes y Recursos Humanos.

“No es que realmente se opongan a los proyectos extractivos o de infraestructuras, estas personas demandan que estos proyectos se relacionen con garantías de derechos, que sean sostenibles y que no contaminan”, señala Gamboa. Una de las soluciones que se pueden aplicar para garantizar la seguridad de las comunidades que reclaman justificadamente, la especialista señala, por ejemplo, la creación de un juzgado ambiental.

“Hay bastantes limitaciones. El acceso a la información, la participación. Y sobre todo en estas zonas como la Amazonía donde no hay presencia del Estado y se necesita que haya un juzgado ambiental para que personas puedan acudir directamente cuando hay criminalización de sus protestas”, indica.

Medidas

Gamboa explicó que la participación temprana puede ser una solución para evitar mayores conflictos entre empresas y comunidades.

“Si se proponen medidas preventivas al igual que el Acuerdo Regional del Principio 10 y sobre todo para prevenir los conflictos socioambientales por la falta de información y participación. Lo que se propone es que haya una participación temprana en el diseño de los proyectos extractivos donde en el Perú eso no existe”, señala.

La especialista enfatiza que “la población necesita que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Si la población puede ser integrada dentro de este proceso de diseño de planificación, creemos que los conflictos van a reducirse notablemente”, apunta.

Respuesta del Gobierno

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, dijo que coordinó con el Ministerio del Interior el desplazamiento de un equipo especializado de homicidios de la Policía Nacional para identificar a los autores del asesinato de Olivia Arévalo Lomas. “Apenas tomamos conocimiento del caso, ayer en la tarde nos apersonamos con la familia, con el hermano de Olivia para poder acompañarlos y movilizar rápidamente, junto con el Ministerio, el desplazamiento de un equipo especializado de homicidios para que pueda, en el breve plazo, identificar y detener a los posible autores de este terrible crimen”, dijo Balbuena en RPP Noticias.

Fuente:http://www.elorejiverde.com/toda-la-tierra-es-una-sola-alma/4123-mas-de-300-defensores-de-ddhh-fueron-asesinados-en-america-latina-en-2017

Internacional

Minería Organizaciones ecologistas denuncian el boom de la minería especulativa

El de ‘tierras raras’ al sur de Ciudad Real, el de uranio en Retortillo (Salamanca), los de cobre entre los concellos coruñeses de Touro y O Pino, o los de litio y wolframio en Cáceres capital y su provincia respectivamente son algunos de los proyectos mineros que han ido surgiendo en el Estado en lo que muchos consideran una explosión del sector minero a la sombra de la especulación financiera.

El pasado 25 de abril se cumplieron 20 años del conocido como desastre de Aznalcóllar provocado por la rotura de una balsa minera —propiedad de la empresa sueca Boliden—, que causó vertidos tóxicos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Con motivo de este aniversario las cinco principales organizaciones ecologistas del Estado señalaron el riesgo de que un desastre así se vuelva a producir.

Ese mismo día, en Ávila, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León emitía una valoración negativa a la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de cantera de feldespato en la sierra de Ávila, uno de los tres proyectos en marcha actualmente en esa provincia.

Otros muchos proyectos han ido surgiendo en fechas recientes, como el de las denominadas ‘tierras raras’, al sur de Ciudad Real, de uranio en Retortillo (Salamanca), de cobre entre los concellos coruñeses de Touro y O Pino; de litio y wolframio en Cáceres capital y su provincia respectivamente; de zinc y plomo en Cantabria; de potasas entre Aragón y Navarra y un largo etcétera que extiende esta lista a todas las provincias del Estado.

A la vista de estos múltiples casos, podríamos hablar de un intento de resurgimiento de un sector que, según los últimos datos disponibles —de 2015—, generaba 29.097 empleos directos en las 2.853 explotaciones con producción registradas en esa fecha.

No son casos aislados

Preguntamos a Roberto Martínez Orio, jefe del Área de Recursos Minerales del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) sobre esta proliferación de casos. Para él existe un cierto repunte de solicitudes de explotación en la minería metálica, mientras que otros minerales tradicionalmente punteros, como la sepiolita o la glauberita, se han mantenido en un nivel alto. Sin embargo, en aquellos materiales relacionados con la construcción se ha producido un retroceso desde que ese sector entró en crisis hace ya una década.

Elena Solís, abogada ambientalista y miembro de Ecologistas en Acción, sí que nos habla, en cambio, de un auténtico “boom de la minería especulativa” por la cantidad de nuevos proyectos mineros que están surgiendo por doquier en casi todas las comunidades autónomas, resucitando minas dormidas y sacando a concurso multitud de proyectos nuevos.

Algo parecido opina Carles Mulet, senador de Compromís, para quien se trata de “una burbuja especulativa que concede licencias a empresas muy opacas” y que no responde a una demanda real, como por ejemplo la industria cerámica de Castelló en los casos de las minas de feldespato. Esta dinámica supone, en su opinión, una mayor desprotección de la población, ya que no saben cuáles serán las consecuencias de la proliferación de estas explotaciones.

“Podemos hablar de ‘minería especulativa’ porque, además de tener como objetivo final la reventa de los permisos a empresas mineras que extraerán recursos, con todo el daño ambiental y social que eso conlleva, su objetivo inmediato es obtener ganancias antes de la explotación”, explica Solís. Estas ganancias se generan en los mercados financieros, donde los proyectos se convierten en instrumentos que se usan como cebo para atraer inversores privados, y en bolsa, donde la compra de acciones de la compañía dueña de los derechos, a su vez, contribuye a inflar artificialmente su valor.

Como ejemplo, Solís nos cuenta el caso de la mina de litio de Cáceres y advierte: “Mientras Valoriza Minerías —el brazo minero del grupo Sacyr— tramita los permisos en Extremadura, su socio, Plymouth Minerals, va informando a sus inversores en la bolsa australiana de que casi tiene concedidos los permisos y hecho el estudio de viabilidad de la mina. Aunque el ayuntamiento de Cáceres haya paralizado las obras porque carecían de los permisos urbanísticos necesarios, las acciones de Plymouth Minerals han subido considerablemente. Esta empresa ya ha sido paralizada por las autoridades bursátiles australianas en dos ocasiones porque los permisos de investigación no llegaban a materializarse”.

Siguiendo este modelo de “finanzas del espectáculo”, numerosas compañías mineras internacionales con poco capital social cotizan en mercados secundarios poco regulados, como los de Toronto, Australia o Londres, para atraer a fondos privados de inversión, y están consiguiendo permisos mineros a través de empresas pantalla españolas.

A este respecto, Solís señala también que “el carácter especulativo de un proyecto no impide que no haya desastre ambiental” ya que, por ejemplo, “en el de uranio de Retortillo [Salamanca] la empresa Berkeley empezó hace mucho tiempo a talar hectáreas y hectáreas de encinas centenarias”. Para ella, estas imágenes sirven para que los inversores vean que hay avances convirtiéndose en un “espectáculo de destrucción para mantener el beneficio de la empresa”.

El caldo de cultivo: la ley de minas y la política de la UE

Pero todo este proceso, surgido por un lado al calor de la crisis financiera que se inició hace una década, tiene unas circunstancias beneficiosas que lo hacen posible en el Estado español en este momento. Por un lado, la ley de minas de 1973 y, por otro, la política estratégica de la Unión Europea con respecto a los recursos minerales.

La ley vigente en la actualidad se aprobó en los estertores del franquismo —es, por tanto, preconstitucional— y, según un informe publicado recientemente por SEO Birdlife, “es en realidad una herramienta de carácter técnico y existe una importante inercia que favorece su mantenimiento, tanto entre las empresas como entre las administraciones públicas”. Además,  es previa a la organización autonómica, que es sobre la que reposan buena parte de las competencias sobre minería, y “está lejos de incorporar criterios de sostenibilidad y no está adecuada a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que establece la normativa vigente”, según sostienen desde esta asociación dedicada a la conservación de la naturaleza.

Como ejemplo de este conflicto competencial entre ley estatal y normativas autonómicas, el senador Mulet nos cuenta el caso de Prat de Cabanes-Torreblanca, uno de los principales humedales de la Comunidad Valenciana. A pesar de estar protegido desde 1989, figurar en el listado Ramsar, ser Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y formar parte de la Red Natura 2000,  no se pudo impedir que se continuara con la práctica de la extracción de turba dentro de este humedal por primar la ley estatal sobre la protección autonómica.

La reforma se ha intentado en varias ocasiones, las más importantes en 2003 y 2015. Pero, según SEO Birdlife, hasta ahora ningún gobierno se ha esforzado realmente por cambiarla y el Partido Popular ni siquiera lo llevaba en su programa. Mulet explica cómo, dentro de los grupos políticos, todos están de acuerdo con la necesidad de cambio pero “nadie le pone el cascabel al gato” y observa que, al menos en el Senado, no hay debate global para el cambio de esta ley. A su juicio y el de su grupo parlamentario, es necesaria una reforma que dé como resultado “una ley que impida la especulación y que permita una explotación razonable que esté limitada desde una perspectiva medioambiental”.

Martínez Orio, del IGME, señala por su parte que la ley es muy antigua pero que se adelantó a su tiempo, y que el hecho de que haya durado tantos años prueba que era una buena herramienta legal. Reconoce sus carencias, ya señaladas anteriormente: no contempla la realidad autonómica y tiene grandes carencias en regulación ambiental y seguridad en el trabajo. Nos cuenta que, dentro del sector, hay diversidad de opiniones en cuanto a la necesidad de cambio legal, habiendo actores que temen que este cambio les pueda perjudicar al complicarse los procedimientos de explotación.

Mientras se produce este cambio, el actual marco legal permite, según Solís, que se desarrolle la “principal causa de la burbuja minera en España: la estrategia de materias ‘críticas’ de la UE”, que son “fundamentalmente metales, elementos metálicos y minerales industriales, como tierras raras, wolframio, litio, cobre, zinc, titanio, potasas o fosfatos”. La Unión Europea los considera fundamentales para el desarrollo económico y para la llamada “transición energética”, y, por ello, pretende extraerlas mayoritariamente de territorio comunitario, evitando así la importación de China.
Sin embargo, Solís afirma que esto es “una falacia”, puesto que “la demanda de estos metales ha caído porque la economía en China se ha ralentizado y habría que excavar toda Europa para conseguir la cantidad de metales que necesitamos”. Además, detrás de estos entramados empresariales especulativos se encuentran también involucradas, directa o indirectamente, empresas chinas, por lo que el mineral acabaría igualmente en sus manos.

Orio también señala como utópico el objetivo de un autoabastecimiento de materias primas en la industria europea, pero sí cree que es factible, al menos, tratar de ser menos dependientes en las que denomina como materias primas críticas, es decir, aquellas que están en manos de pocos productores mundiales, lo que puede poner en riesgo su suministro.

Por otra parte, Solís nos explica cómo la Comisión Europea lleva esta política a la práctica a través de acuerdos con las comunidades autónomas denominados planes estratégicos de recursos minerales no energéticos (PERMINE), fruto de los cuales, la mayoría de ellas han sacado estrategias incentivando la minería sin prácticamente ninguna información pública.

Pero no solo las organizaciones ecologistas se hacen eco de esta política europea, hace unos meses aparecía un artículo en la web de la empresa que explota la mina sevillana de Las Cruces en el que se hablaba del programa de la Unión Europea denominado Horizonte-2020 que pretende, con un ambicioso presupuesto de 80.000 millones de euros, impulsar la revitalización de la industria minera en la Unión. En este mismo artículo se recoge cómo esta inversión se utilizará para “afianzar un modelo tecnológico avanzado de minería sostenible” para la faja pirítica ibérica, en la que se sitúan las explotaciones mineras más antiguas de la península, así como las minas de Aznalcóllar.

“Los políticos han vendido nuestro territorio sin consultarnos y la UE ejerce de celestina entre compañías mineras multinacionales, universidades y empresas pantalla locales que se supone que están innovando nuevas formas de extracción y concentración”, concluye Solís. En contraste con esta supuesta innovación, pone como ejemplo el caso de Torrenueva (Ciudad Real), donde un supuesto laboratorio de última tecnología promovido por la Escuela de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, Quantum Minerías y otros socios es, en realidad, un corral a las afueras del pueblo.

 

Fuente:https://www.elsaltodiario.com/mineria/organizaciones-ecologistas-denuncian-el-boom-de-la-mineria-especulativa

Chile

Fallo favorable a minera Dominga se convierte en “fierro caliente” para Piñera

El pronunciamiento del Primer Tribunal Ambiental retrotrae el debate al consejo de evaluación ambiental, una de las fases previas al Comité de Ministros. Ello implica que el gobierno de Sebastián Piñera deberá hacerse cargo de la tensión social y política que genera el debate por el proyecto. La empresa, además, contará con nuevos antecedentes para el debate, entre ellos la reciente aprobación de Cruz Grande, el proyecto de CAP a solo 10 kilómetros de Dominga que pone en riesgo una de las reservas ambientales más importantes del país. Mientras tanto los Pingüinos de Humboldt empiezan a mirar un cambio de casa a la Antártica.

Mientras algunos celebran otro sector va a tener que planear una estrategia política y comunicacional sopesando los bemoles. Esto porque este viernes Andes Iron, firma controladora del proyecto minero Dominga y de mayoritariamente de propiedad de Carlos Alberto Délano, consiguió un rotundo triunfo en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, luego que se pronunciara a favor del recurso de reclamación presentado por la compañía, para revertir el rechazo al controvertido proyecto, presentado el pasado 30 de noviembre en dicha instancia.

La estrategia legal de los asesores de Dominga se basó en debatir, por ahora, sobre la forma y no sobre el fondo del proyecto. Sin bien tardó en llegar -debía haberse hecho público el miércoles pasado- el fallo podría reactivar el polémico proyecto que se ubica en la zona de La Higuera, región de Coquimbo, tras varias semanas de incertidumbre.

Entre los detalles más relevantes de la decisión del tribunal, presidido por Daniel Guevara, se detalla que se retrotraerá el proceso a la Comisión de Evaluación Ambiental, por lo que se votará nuevamente la iniciativa a nivel regional. De paso, el dictamen anula el actuar del Comité de Ministros del gobierno de Michelle Bachelet, que rechazó el proyecto, y que de paso significó la salida en ese entonces de los ministros de Hacienda y Economía del gobierno anterior.

“Luego de un profundo análisis del extenso y complejo expediente el Tribunal determinó, entre otras cosas, que la votación de los Seremis para rechazar el proyecto en la COEVA, no habría estado debidamente motivada y fundada en sus aspectos técnicos, y por tanto el Comité de Ministros no se encontraba en situación de haber convalidado dicho vicio esencial sin vulnerar sustancialmente las reglas elementales del debido proceso desnaturalizando de esa manera la lógica y los fines del Sistema de Evaluación Ambiental”, detalló el tribunal.

Todos los ojos en La Moneda

Hasta el cierre de esta nota La Moneda aun no se pronunciaba sobre el tenor del fallo, pero a las 15:00 horas esta presupuestado que tome la posta la ministra e Medio Ambiente, Marcela Cubillos. El tenor con que el gobierno trate el tema será de especial atención.

Esto pues el escenario más probable es que de avanzar, el proyecto, debido a la oposición de diferentes comunidades ambientales, llegué en última instancia nuevamente al Comité de Ministros. Las particularidades será la atención que se le pone a eventuales conflictos de interés del actual gabinete con el proyecto. ¿La razón? Uno de los accionistas de Dominga es el family office del empresario Carlos Alberto Délano y su familia. Este último tiene una amistad de años con Piñera.

Autoridades del gobierno anterior coinciden en que retrotraer el fallo pone a Piñera en una incómoda posición, pues el asunto se convertirá en un dolor de cabeza para La Moneda. Esto porque los mismos ministros del actual gabinete se ha mostrado, sin escatimar timidez, a favor de darle luz verde a la iniciativa.

El ministro de Economía, José Ramón Valente dijo en febrero que “ojalá que encontremos el camino para que Dominga cumpla con los principales requisitos ambientales”, y el ministro de Desarrollo Social, que no interviene en el Comité de Ministros pero es cercano a Piñera (y de paso también a Délano), dijo que no podía tildarse negativamente un proyecto que aporta a una zona de pobreza y de miles millones de dólares de inversión.

 

El debate ambiental que aún no llega

Nadie se ha acordado de los pingüinos en medio del debate sobre la reactivación de la viabilidad ambiental del proyecto Dominga. Esto pues todo el debate en torno a Dominga ha sido hasta ahora, la forma en que se gestó su rechazo: cómo se citó ala sesión, la forma en que los ministros se comunicaron y la aparente torpeza de los secretarios de estado en medio de diferencias irreconciliables por la iniciativa.

El proyecto, con un costo de US$ 2.500 millones y que contempla una mina de Dominga contempla la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre, como subproducto, además de un puerto, aledaño a la reserva de pingüinos de Humboldt, ha sido calificado por la comunidad ambiental como una “tragedia ambiental”,

“Lo que no incorpora el proyecto portuario en su análisis, como lo ha hecho saber la Conaf en numerosos oficios ordinarios al Servicio de Evaluación Ambiental de la Cuarta Región, es que en las cercanías del proyecto existen tres áreas bajo protección oficial y dos sitios prioritarios. Se trata de Punta Teatinos, hasta Quebrada Honda e incluyendo isla Pájaros, Área Marina Punta de Choros, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (RNPH), Reserva Marina Isla Choros-Damas e Isla Gaviota”, consignó una nota de El Mostrador. 

El pronunciamiento del Primer Tribunal Ambiental retrotrae el debate al consejo de evaluación ambiental, una de las fases previas al Comité de Ministros. Ello implica que el gobierno de Sebastián Piñera deberá hacerse cargo de la tensión social y política que genera el debate por el proyecto. La empresa, además, contará con nuevos antecedentes para el debate, entre ellos la reciente aprobación de Cruz Grande, el proyecto de CAP a solo 10 kilómetros de Dominga que pone en riesgo una de las reservas ambientales más importantes del país. Mientras tanto los Pingüinos de Humboldt empiezan a mirar un cambio de casa a la Antártica.

Fuente:http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/04/27/triunfo-de-dominga-tribunal-ambiental-revierte-rechazo-al-controvertido-proyecto-y-retrotrae-el-proceso-de-vuelta-a-evaluacion-regional/

 

 

Mexico

Dicen “no” a la minería en 40 comunidades de Oaxaca

Por no respetar el gobierno federal su derecho a la consulta libre, previa e informada durante la asignación de las concesiones a compañías canadienses y estadunidenses, al menos 40 comunidades indígenas de los Valles Centrales, Sierra Sur, Mixteca y el Istmo de Tehuantepec han declarado sus territorios libres de minería.

En algunos casos, esa disposición ha surgido de la decisión de la organización comunitaria, pero en otros, producto de la determinación del Cabildo o de los comisariados de bienes comunales, como en el caso de Ciudad Ixtepec, Santo Domingo Zanatepec, San Miguel Chimalapa, región del Istmo de Tehuantepec, así como en Santa María Zaniza, Santo Domingo Teojomulco, San Lorenzo Texmelucan, San Jacinto Tlacotepec, Santiago Minas, Santa Cruz Zenzontepec, San Mateo Yucutindoo, Santiago Textitlán y Santiago Amoltepec, región de la Sierra Sur.

Así como en San Jerónimo Silacayoapilla, San Juan Mixtepec y Buena Vista, Cañada de Galicia, Vergel, Primavera, Santa Catarina Cuanana, Huanacaxtle y Los Cuajilotes, perteneciente a Santiago Yosondúa, región de la Mixteca.

Además, en Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche y Cerro de las Huertas, correspondiente a Ejutla de Crespo, en Magdalena Teitipac y en San Matías Chilazoa, Ejutla de Crespo; Asunción Ocotlán; San Felipe Apóstol, Tejas de Morelos y San Jacinto, agencias municipales de Ocotlán de Morelos; San Antonino Catillo Velasco; El Porvenir y Maguey Largo, agencias del municipio de San José del Progreso; San Martín Tilcajete; San Pedro Apóstol; San Pedro Mártir; San Isidro Zegache, agencia municipal de Santa Ana Zegache; La Barda Paso de Piedra, agencia de Santa Gertrudis; San Sebastián Ocotlán y Santiago Apóstol, agencias del municipio de Santiago Apóstol Ocotlán –estas últimas, integrantes de la a Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda), en la región de Valles Centrales.

En las declaratorias, las comunidades manifiestan su rechazo total a los mineros por las afectaciones al medio ambiente que representa la extracción de minerales a cielo abierto y porque las concesiones fueron otorgadas a las empresas mineras de Canadá, Estados Unidos y Australia, sin sujetarse al proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado, como dispone la propia Constitución Política federal, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas.

De esta manera, prohibieron a dependencias, empresas, organizaciones civiles, investigadores y cualquier otra instancia de gobierno o privada, realizar estudios de prospección, exploración, explotación o aprovechamiento que tenga por objeto extraer minerales del subsuelo del territorio de sus comunidades.

De enero de 2002 a abril del 2016, la Secretaría de Economía del gobierno federal otorgó 972 concesiones mineras en comunidades de 90 municipios de Oaxaca por un plazo de 50 años, sobre una superficie 462 mil 974 hectáreas aproximadamente.
De estas, dos se encuentran en explotación, 29 en exploración, dos en desarrollo y dos más postergados.
De acuerdo con información de la administración estatal, las dos minas en explotación, El Águila en San José de Gracia, San Pedro Totolapan y La Trinidad en San José del Progreso, propiedad de las compañías estadunidense Don David Gold y canadiense Fortuna Silver Mines, generaron una inversión de seis mil 382 millones de pesos entre el 2011 y el 2015.
Fuente:http://www.nvinoticias.com/nota/91225/dicen-no-la-mineria-en-40-comunidades-de-oaxaca
Colombia

Consulta Popular contra represas y mega-minería en Oporapa no será financiada por el Estado

Así lo determinó el Tribunal Administrativo del Huila al fallar en segunda instancia una Acción de Tutela que el alcalde Pablo John Trujillo Motta había instaurado contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Luego de haberse destrabado la posibilidad de realizar en Oporapa una Consulta Popular en la que sus habitantes decidirían si se permitía o no la implementación de represas hidroeléctricas o proyectos de extracción minera, tras superar una serie de obstáculos de tipo legal, y tras la presentación de una Acción de Tutela en la que el alcalde de ese municipio solicitaba la financiación de ese ejercicio democrático por parte del gobierno nacional, el Tribunal Administrativo del Huila negó la pretensión y dejo sin la posibilidad de costear la elección con recursos oficiales.

Así se conoció en las últimas horas al ser notificado el alcalde oporapense a quien se le ratifica en la decisión que no es obligación del Estado costear por completo el despliegue logístico de ese mecanismo de participación ciudadana dado que la Ley 1757 de 20165 no impone esa obligatoriedad a las instituciones oficiales del nivel central.

La Acción de Tutela fue presentada por el alcalde Pablo John Trujillo Motta como apelación a la primera instancia fallada en contra de su pretensión por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, decisión que fue ratificada en el nuevo fallo.

Pese a que en diciembre pasado y tras superar varias dificultades para lograr la aprobación de la Consulta Popular en donde se había definido como fecha para el llamado a las urnas en Oporapa para el 25 de febrero de 2018, la Consulta Popular no se pudo realizar por falta de recursos económicos.

Ahora les corresponderá a los líderes y habitantes de ese municipio conseguir la financiación de la Consulta Popular si quieren que esta se realice pese a que, en otros municipios del país, se dio vía libre institucional a similares convocatorias ciudadanas, el mandato implica que sea el mismo ente territorial quien cubra ese emolumento.

En Oporapa la Multinacional Emgesa, tenía proyectado instalar una represa con capacidad de 280 megavatios, la cual impactaría comunidades como Alto San Francisco, Paraguay, San Ciro y La Maica sin embargo el gerente general de esa multinacional, anuncio que la solicitud de licencia ambiental presentada ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, fue retirada.

Los habitantes de Oporapa, temen también por la autorización a explotaciones mineras como se comprobó al existir en trámite solicitudes para la explotación de oro, materiales de construcción y agregados pétreos, así como el trámite del proyecto de perforación exploratoria San Gabriel.

Fuente:http://lavozdelaregion.co/consulta-popular-contra-represas-y-mega-mineria-en-oporapa-no-sera-financiada-por-el-estado/

Internacional

La Junta en Ávila rechaza el proyecto minero de feldespato en la Sierra de Ávila

La Comisión Provincial de Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Ávila ha rechazado por unanimidad el proyecto minero Leito, en la Sierra de Ávila, con informes contrarios al proyecto de investigación para extraer feldespato. La decisión se ha adoptado en la reunión de la comisión celebrada en la Delegación de la Junta en Ávila, ante la que se han concentrado integrantes de la Plataforma ‘No a la Mina’, que han manifestado su satisfacción al conocer la noticia.

La declaración de impacto ambiental ha sido negativa de forma “motivada y contundente”, según ha explicado el delegado territorial, José Francisco Hernández.

Para ello se han tenido en cuenta los informes en contra de la Confederación Hidrográfica del Duero y el Servicio Territorial de Urbanismo. El proyecto minero afectaba a las localidades de La Torre, Narrillos del Rebollar, Valdecasa y Sanchorreja.

La Plataforma se creó hace año y medio a raíz de conocerse que se había solicitado el permiso de investigación. Su portavoz, Sara de Paz, ha manifestado que esta jornada era “un día de satisfacción y alegría” para los pueblos de la zona, y ha recordado la “lucha mantenida contra el proyecto minero y los perjuicios que podría acarrear”.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/europa/item/40283-la-junta-en-avila-rechaza-el-proyecto-minero-de-feldespato-en-la-sierra-de-avila

Colombia

En El Peñón no permitirán que la minería destruya su territorio

Una Consulta Popular inconclusa por decisión del Ministerio de Hacienda, un acuerdo municipal que prohíbe actividades extractivas, movilizaciones dentro y fuera del municipio y una Consulta Pedagógica con menores de edad; son las acciones de El Peñón (Santander), una comunidad en pie de lucha por su territorio.

El municipio El Peñón es un lugar con gran riqueza hídrica, paisajística y con vocación agropecuaria. Sin embargo, se ha visto amenazado por intenciones de la empresa Geo-Cooper de hacer exploración y explotación de minería de cobre y otros minerales; sin tener en cuenta que la comunidad rechaza todo tipo de actividad extractiva y ha manifestado en múltiples ocasiones que no permitirán que terceros lleguen a destruir su patrimonio ecológico.

Este es uno de los muchos municipios que se quedó sin poder realizar la Consulta Popular ante la posición del Ministerio de Hacienda de no desembolsar los recursos para este mecanismo de participación, argumentando la falta de dinero.

Tal decisión ha llevado a que se generen múltiples acciones para hacerse escuchar del Gobierno Nacional respecto a su desinterés de convertirse en un municipio minero. Las y los habitantes de ese territorio se sienten orgullos de ser campesinos y campesinas.

El Peñón

“Soy un campesino del municipio de El Peñón en donde dependemos de los cultivos de mora, plátano, cacao. Y la verdad es que nosotros decimos no a la minería porque nuestra mayor riqueza son las fuentes hídricas y no queremos que se vean afectadas”, cuenta Danilo Mojica Vargas, habitante de la Vereda Robles.

En dicha vereda se encuentran las más de 1.000 hectáreas en las que se tiene previsto realizar la explotación de cobre.

Hace unas semanas la Administración municipal fue notificada por María Eugenia Coronado, titular minera y responsable del contrato de concesión No HGR-14171, sobre el próximo inicio de la exploración en las veredas de la parte alta del municipio (Robles, Tendidos y Hondura). Esta información causó gran indignación en la comunidad, que continúa esperando el momento de votar en la Consulta Popular.

Asimismo, el Alcalde de El Peñón, Francisco Cruz Güiza, emitió un comunicado en el que le explicaba la situación y resaltaba que rechazaban la intención de Geo-Cooper de entrar al municipio desconociendo “que las y los peñoneros históricamente se han dedicado en su mayoría a la agricultura y actividades agropecuarias. Estas tierras tienen un potencial ecoturístico de talla mundial. Puede ofrecer actividades de espeleología por la gran cantidad de cuevas y cavernas con la que contamos, ya que El Peñón está conformado ecológicamente por ecosistemas cársicos que son únicos en el mundo y permite la existencia de especies endémicas”.

Nadie quiere que se realicen allí actividades extractivas pues conocen sus “efectos devastadores sobre el territorio”, afirma el Alcalde.

Es así como a inicios de abril se llevó a cabo una gran movilización convocada por el Comité Ambiental de El Peñón, en la que más de 1.000 habitantes de entre todas las edades se movilizaron por todo el municipio con el fin de mandarle un mensaje al Gobierno Nacional sobre el inconformismo que existe en la población por este tipo de actividades extractivistas.

Las y los campesinos denunciaron que el Gobierno, en vez de apoyar las tareas del campo, promueve su destrucción. Las actividades agrícolas son las que desde hace 25 años (momento en que se conforma este municipio) han existido. Allá se siembra mora, cacao, lulo y tomate, entre otros productos.

El Peñón se convirtió en la primera entidad territorial de Santander que prohibió, mediante Acuerdo Municipal 004 del 2018, “el desarrollo de: actividades mineras de metálicos y la gran y mediana minería de los demás minerales, actividades relacionadas con la exploración y explotación de hidrocarburos y las actividades relacionadas con la ejecución de proyectos de producción energética tales como centrales hidroeléctricas”. Quiso así garantizar la protección del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

Dicho acuerdo fue radicado por el Alcalde Francisco Cruz Güiza y aprobado por unanimidad por los nueve Concejales del municipio. Este territorio se unió a los más de 20 municipios que a nivel nacional (en los departamentos Tolima, Meta, Antioquia y Huila) que han protegido su riqueza ecológica y cultural mediante este mecanismo legal. Ya fue sancionado y está a la espera de ser revisado por la Gobernación de Santander.

Por esto, durante la movilización en El Peñón, la comunidad socializó, festejó y legitimó el Acuerdo ya que está pensado para la defensa de su vocación agrícola y busca salvaguardar también la riqueza paisajística que está haciendo del municipio un importante lugar turístico.

Las y los peñoneros consideran que su territorio tiene potencial para ser de “talla mundial” en cuanto a la actividad turística por la variedad en sus pisos térmicos, fuentes hídricas, cavernas y los recientes hallazgos arqueológicos en torno a ellas.

Asimismo, una comitiva del municipio estuvo participando del plantón que se realizó el pasado 12 de abril. En ese plantón, organizaciones ambientales de todo el país exigieron al Gobierno Nacional que se respete la decisión de las comunidades expresada a través de las Consultas Populares.

Consulta Pedagógica

Niños, niñas y adolescentes -de primero de primaria a once de bachillerato- votaron si desean o no que se realice exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. Esta es una actividad llamada Consulta Pedagógica que permitió conocer la posición de los menores de edad, quienes en muchas ocasiones no son tenidos en cuenta, y a su vez seguir trabajando en la concienciación del cuidado del agua y el territorio.

En total votaron 775 estudiantes, con un total de 764 votos que dejaron claro que NO quieren que se realicen actividades extractivas en su municipio; hubo 8 sufragios por el sí y 3 nulos. La actividad fue apoyada por miembros de la comunidad, Registraduría Nacional y Policía Nacional. Estuvo presidida por el Alcalde, funcionarios, rectores, docentes, concejales y Presidentes de Junta.

La actividad adelantada por la Administración municipal junto con el Comité Ambiental, se desarrolló en todos los 33 centros educativos del municipio. Estuvieron acompañando la actividad organizaciones departamentales como Ríos Vivos Santander y Vélez 500 Años, para evidenciar que el proceso se adelantara sin ningún inconveniente.