Hace una semana, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes, presidida por el intendente Jorge Flies Añón en el salón Nelda Panicucci, dio a conocer su rechazo para que Mina Invierno (controlada por los grupos Angelini y Von Appen) pueda hacer uso del método de tronaduras para extraer carbón desde su yacimiento en isla Riesco.

Cabe recordar, que en este intenso y polémico “voto a voto”, quienes se inclinaron por la negativa a esta idea fueron los seremis de Agricultura, Elisabeth Muñoz; Desarrollo Social, Claudia Barrientos; Transportes, Gabriel Muñoz; Mop, Ricardo Haro; Salud, Oscar Vargas; Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez y el intendente Jorge Flies. Por contraparte, los votos a favor fueron expresados por el director regional (s) del  Servicio de Evaluación Ambiental, José Luis Riffo Fideli y las seremías de Minería (Manuel Aravena), Vivienda (s), Atircio Aguilera; Energía (Alejandro Fernández) y Economía (Christian García).

De igual manera, esta determinación tomó por sorpresa a la compañía en mención, toda vez que en la mesa que se conformó el 26 de julio de 2016, 9 votos estuvieron a favor de las tronaduras y dos en contra.

En su visita ayer a Punta Arenas, el presidente del directorio de Mina Invierno, Marcos Büchi Buc, en entrevista concedida a La Prensa Austral, lamentó el rechazo al mecanismo de tronaduras y adelantó que están estudiando la situación para poder apelar a nivel central y así ejecutar el tan ansiado método de extracción de carbón. En la misma línea, criticó con dureza al director de Greenpeace Chile, Matías Asún por señalar que si la Comisión hubiese aprobado el proyecto “iba a ir en contra de los acuerdos ambientales que ha firmado Chile en este último tiempo”, y también al seremi de Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez, quien manifestó en entrevista a este diario, que “estamos previniendo una eventual pérdida de patrimonio paleontológico único en Chile”.

– Hace una semana que la Comisión de Evaluación Ambiental rechazó el uso de tronaduras. ¿Cuál es su primera mirada sobre esta decisión?

– “Lo primero es que hay que reconocer que nos impactó que se tomara esa decisión. Nosotros creíamos, que dado que se hizo un trabajo de muy buena calidad, por parte de los servicios y la empresa, entregando respuestas a las inquietudes, nosotros dábamos casi por hecho que iba a haber una aprobación de esta declaración de impacto ambiental que entró el año 2015 como solicitud. Entonces nos impactó porque las consecuencias inmediatas son que esa actividad que es poder explotar hacia el mediano-largo plazo no lo podemos realizar. Por lo tanto, tenemos que afrontar esto de una manera distinta mediante se pueda aprobar esta operación. Cuando una empresa minera usa o plantea que va a contratar a cien personas de forma directa, se tiene que 2,5 veces hay empleo indirecto que se genera. Entonces para nosotros era una muy buena noticia para empresa y como región, porque íbamos a tener un crecimiento, de volver a cierta capacidad productiva que significaba contratar a cien personas adicionales y sin duda es uno de los impactos inmediatos”.

– Con respecto a la Comisión de 2016 que mantuvo otra postura, ¿qué cree que pasó en este lapso y cuál es su lectura sobre lo ocurrido?

– “Nosotros no tenemos la explicación. En este momento estamos tratando de analizar qué pudo haber ocurrido, porque el informe consolidado de evaluación que se presenta ante este comité, es un informe que es muy laborioso; recoge todas las opiniones y consultas de los servicios, fue resuelto favorablemente, entonces si horas antes del comité nos hubiesen preguntado qué iba a pasar, hubiésemos dicho que iba a ser igual a lo ocurrido en el año 2016; incluso 5 minutos antes de la votación hubiese dicho que sí se va a aprobar. Esto, porque se cumplió con todo tipo de regulación, incluso lo que solicitó la Corte Suprema, quien nos dijo que es necesario que haya una participación ciudadana la cual se hizo con toda rigurosidad. Si se tiene acceso a la presentación que hizo el director del Servicio Medio Ambiental regional, es una explicación en la que recomendó aprobar”.

– El voto del intendente Jorge Flies fue determinante en esta resolución, ¿qué opinión tiene sobre este pronunciamiento concreto? ¿Cree que fue un voto político?

– “Yo nunca califico ni descalifico la opinión de nadie. A mí no me gustaría referirme al voto de alguien específico, pero la votación de la comisión en su total a mí me sorprende y creo que está equivocada. Yo creo que no siguió la recomendación técnica que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental. El comité debió haber aprobado esto, porque el informe técnico así se lo decía y porque la empresa quiere cumplir hasta el más mínimo detalle que la regulación le impone ante cualquier elemento de actividad dentro de su proyecto”.

– Pero aquí hay una comisión que está designada para decidir la votación…

– “No hay una predefinición que las comisiones no deben seguir el informe o la recomendación técnica. Yo no conozco el número de hojas que generamos de preguntas y respuestas pero son miles. Al fin y al cabo, lo que estás haciendo es hacer que la institución ambiental por parte de la autoridad y la empresa ocupen años para no optimizarlo. Es decir, hay una atribución de ir más allá del informe, pero cuáles son las razones que justifican ir más allá del informe técnico. ¿Cuál es la razón?”.

Próximos pasos

– ¿Cuál será el proceso que llevará adelante Mina Invierno en base a esta determinación?

– “Las institucionalidades indican que podemos apelar y estamos estudiando los pasos a seguir. Existe el recurso de reclamación que se hace ante el director del Servicio de Evaluación Ambiental a nivel nacional. Tenemos que considerar e indudablemente es el recurso lógico y lo estamos verificando porque hay un plazo. Creemos que los argumentos técnicos una vez más avalan lo que estamos planteando. Como respuesta definitiva, esto está en proceso de análisis”.

– ¿Pretenden llegar hasta las últimas instancias?

“Nosotros y en caso de los empresarios que hay detrás, las palabras no son llegar hasta las últimas instancias. Yo lo invierto. Hay una convicción de que es una actividad que genera valor y genera beneficios para la región y el país; la voluntad es hacer que esa operación se mantenga, se expanda la forma que está considerada en el proyecto y de volver a los cauces de producción que había originalmente. La convicción es que este proyecto sea lo que se definió en su momento y para eso mismo vamos a estudiar los recursos que existen dentro de la regulación. Para nosotros no es un conflicto, queremos que la operación se proyecte al máximo al cual fue definido en su origen porque genera bienestar, proyección y es necesario para el país”.

Greenpeace

– Según el director de Greenpeace Chile, Matías Asún, además de valorar la decisión que se tomó, señaló que el hecho que si la Comisión hubiese aprobado las tronaduras, iba a ir en contra de los acuerdos ambientales que ha firmado Chile en este último tiempo. ¿Qué le parecen sus declaraciones?

– “No estoy de acuerdo por una razón muy simple: la generación termoeléctrica, usando en algunos casos combustibles fósiles como el gas, petróleo o carbón, por ahora y algunas décadas, uno sabe que son necesarias las generaciones a partir de centrales termoeléctricas, por lo tanto el gran triunfo que ahí se menciona, es decir, van a generar igual pero van a usar carbón importado. Ni siquiera entiendo cuál es el mensaje que hay de fondo, si la producción de carbono en Chile no es que disminuya las emisiones de CO2 las centrales termoeléctricas, lo que estamos haciendo es darle trabajo a chilenos. Matías Asún, si usa un auto que utiliza combustible líquido produce CO2, pero quizás utilice auto eléctrico, pero ese vehículo requiere que genere energía y la verdad que soy muy cercano de los métodos renovables; estos son un tremendo avance y van cumpliendo más necesidades, pero requieren un balance de energías de base y eso aún no está resuelto. Lo de él es un planteamiento dicho desde el vacío, es muy bonito decirlo pero se requiere esa energía de base y además si no se produce con el carbón chileno, es porque la estás trayendo de otra parte. Prefiero favorecer el trabajo a los chilenos”.

– En la pasada edición de La Prensa Austral, el seremi de Medio Ambiente, Juan Marcos Henríquez, planteó que se está previniendo una eventual pérdida de patrimonio paleontológico único en Chile.

– “Hay que cuidar ese patrimonio y estoy de acuerdo. Ese patrimonio hay que entender dónde está y por qué se cree que la región que se está trabajando es privilegiada. El suelo vegetal, la zona más cercana en tiempos de antigüedad, es la que contiene los restos arqueológicos, es la zona que habitantes hace miles de años dejaron vestigios de su sociedad. La obligación que nosotros tenemos y que la seguiremos teniendo si es que hay tronaduras, es inspeccionar las zonas que serán desplazadas de tierra vegetal, porque se saca para volverse a usar. Entonces hay una obligación de supervisar y entender para usar nuevamente ese terreno. Por otra parte, la parte de más abajo, son capas más antiguas y después vienen las otras capas de donde está el carbón.

“Yo no entiendo bien lo que planteó el seremi, por si bien se va a lo que fue el oficio del Consejo de Monumentos Nacionales, que fue un oficio emitido el 15 de diciembre, ese documento dice que estamos conforme con lo que se ha planteado. Entonces no se qué cosa del punto arqueológico podría estar perdiéndose si están todas estas salvaguardas”.

– ¿Cuáles son sus conclusiones con respecto a lo sucedido?

– “Quiero rescatar cuatro ideas muy importantes. Lo primero es que creo que hay que entender que la energía en base a lo termoeléctrico es base por algún tiempo y ese tiempo puede ser algunas décadas. Si se ven las proyecciones de la Comisión Nacional de Energía o a nivel mundial, los fósiles son necesarios. Por lo tanto, si bien nos gustaría a todos que terminen mañana, hay que ser realistas, porque requieren plazos de tiempo. Lo segundo, ese carbón y esos combustibles fósiles, son necesarios en un país como el nuestro que está en desarrollo y tiene que tomar una decisión. Yo creo que esa actividad bien hecha, se realice aquí o si se quiere importar esos productos, si nuestras regulaciones es exigente y nos exige altos estándares de operación y medio ambiente, mi respuesta es categórica: hagamos esto aquí y démosle empleo a chilenos para que tengan un nivel socioeconómico que les permita proyectarse.

“Lo otro es entender que es una operación minera como lo hay en el norte. Tal vez en su origen se consideró que el tipo de capas iba a ser posible enfrentar de una manera distinta. Hoy en día que estamos con los frentes abiertos es claro que se necesitan tronaduras, las mismas que usa la minería pero con una capacidad de carga muy baja y por lo tanto es necesario incorporar; no es un capricho o una alternativa.

“Finalmente, nuestra propuesta a la comunidad magallánica y al país, es que nosotros queremos llevar el proyecto a nivel que se pensó principalmente, si no hay posibilidad de usar tronaduras, nos quedan pocos espacios para seguir produciendo. Entonces, cuando se habla de amenazas, hay un tiempo para enfrentar las areniscas o se deja de producir. Nosotros estamos convencidos que en un plazo más corto, seremos capaces de revertir esa decisión, porque es una empresa que tiene estándares altísimos a nivel ambiental, esto tiene un impacto medido por la autoridad y por lo tanto no se justifica rechazar el uso de tronaduras”.

Fuente:https://laprensaaustral.cl/cronica/presidente-del-directorio-de-minera-invierno-tras-rechazo-a-la-utilizacion-de-tronaduras-si-no-hay-posibilidad-de-usar-tronaduras-nos-quedan-pocos-espacios-para-seguir-produciendo/

También se resolvió aplicar una sanción de 12.360 UTA, equivalente a $7.000 millones aproximadamente, debido a múltiples incumplimientos relativos a descargas de aguas ácidas, destrucción de flora, monitoreos incompletos tanto sobre variables ambientales como sociales y daño ambiental provocado en zonas de vegas altoandinas, entre otros. Estas sanciones son el resultado de dos procedimientos sancionatorios (2013 y 2015), que fueron acumulados en un único expediente.

Santiago, 17 de enero de 2018. La Superintendencia del Medio Ambiente finalizó el procedimiento sancionatorio y dictó sanción contra Compañía Minera Nevada SpA, titular de las RCA´s “Pascua Lama” (RCA N°39/2001) y “Modificaciones Proyecto Pascua Lama” (RCA N° 24/2006). El procedimiento sancionatorio comprende un total de 33 cargos, seis de ellos por infracciones gravísimas, catorce por infracciones graves y nueve por infracciones leves; cuatro cargos fueron absueltos debido a que no pudo determinarse su configuración con los antecedentes disponibles. Con respecto a las sanciones, cinco de los incumplimientos (dos de los cuales produjeron además daño ambiental irreparable) merecen la sanción de clausura total y definitiva. A su vez, se aplicaron diversas multas a un total de 24 infracciones, las que sumadas alcanzan a la cifra de 12.360 UTA, equivalentes a $ 6.973 millones.

Este procedimiento sancionatorio significó un enorme esfuerzo de investigación y análisis llevado adelante por un equipo multidisciplinario de la SMA, incluyendo la revisión de miles de páginas de documentación e informes, fiscalizaciones en terreno, visitas del fiscal instructor al sitio, solicitud de informes especializados a diversos peritos y solicitudes de información a servicios públicos tales como la DGA, Sernageomin y Conadi, entre otras diligencias.

Entre los incumplimientos que motivaron la aplicación de la clausura definitiva de la faena minera se encuentra la intervención de vegas altoandinas; la afectación de diversas especies de fauna y flora nativa (entre ellas, algunas protegidas por categorías de conservación), el monitoreo incompleto de glaciares y glaciaretes; la descarga de aguas ácidas al río Estrecho sin cumplir con las normas de calidad del agua, entre otros. Esta sanción toma en cuenta la importancia del daño causado, como también la criticidad, extensión y duración del efecto generado.

Historia del proceso sancionatorio

Cabe recordar que en junio de 2016 se acumularon en un único expediente dos procedimientos de sanción contra la minera. El primero, Rol A-002-2013, fue iniciado el año 2013 y concluyó con una sanción de 16.000 UTA, pero luego de reclamaciones ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, éste determinó que la resolución sancionatoria de la SMA del año 2013, adolecía de diversos vicios que la hacían ilegal y le ordenó dictar una nueva resolución sancionatoria que se ciñera estrictamente al marco legal. Entre las ilegalidades detectadas por el tribunal, se identificaron la falta de fundamentación de la sanción y la utilización de la figura del concurso infraccional, todo lo cual fue posteriormente ratificado por la Corte Suprema en diciembre de 2014.

De esta forma, la SMA reabrió el referido procedimiento en abril de 2015. El mismo mes, y producto de una serie de nuevas denuncias y fiscalizaciones se abrió un segundo proceso, Rol D- 011-2015, con cargos relacionados a incumplimientos a las obligaciones establecidas en las RCA del proyecto respecto de flora y vegetación, monitoreo de glaciares y monitoreo de variables socio-culturales, entre otros.

En junio de 2016 ambos procesos de sanción se agruparon en un único expediente, el cual incluyó a más de 100 interesados y/o denunciantes, entre los que se incluyen asociaciones de regantes, comunidades indígenas, personas naturales, ONG, además de la propia empresa minera.

Cabe mencionar que las partes interesadas en este proceso, realizaron todo tipo de presentaciones, solicitudes y requerimientos ante la SMA los cuales de acuerdo a la ley, obligaron a la institución a examinar y ponderar cada una de ellas en detalle y tener que pronunciarse pormenorizadamente a su respecto en la resolución sancionatoria que hoy se ha dictado.

El Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz afirmó que, “dada la naturaleza y envergadura de las infracciones cometidas por la empresa, y luego de un proceso altamente complejo, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, y en el cual se garantizó en todo momento los derechos de todas las partes intervinientes, se ha llegado a la convicción de que la clausura total y definitiva más la imposición de una multa en dinero, es la sanción más adecuada y proporcional en este caso”.

El Superintendente Franz subrayó además, que “esta resolución es el fruto del trabajo de un gran equipo de profesionales de distintas áreas, el cual con dedicación exclusiva durante muchos meses, examinó y analizó en detalle cada una de las infracciones, cada una de las pruebas y cada uno de los antecedentes recabados durante el proceso, para arribar, en definitiva, a una decisión contundente, pero sobretodo objetiva y proporcional, a los incumplimientos cometidos, tal y como ha sido la tónica de nuestra institución en estos años”.

Fuente:http://www.sma.gob.cl/index.php/noticias/comunicados/911-sma-sanciona-a-pascua-lama-2018

Como se ha hecho público en los medios, CORFO ha anunciado el fin del conflicto que desde 2014 mantiene con la minera no metálica SQM (Soquimich). Esto, a través de un convenio en el que, a cambio de la salida del accionista controlador Julio Ponce Lerou (ex-yerno de Pinochet, y quien dirigiera Soquimich cuando ésta pertenecía al Estado para luego adquirirla a un precio irrisorio en plena dictadura militar) se extendería el arrendamiento del Salar de Atacama en favor de la minera hasta 2030, lo que se traduciría a su vez en un aumento en la cuota de extracción del mineral equivalente a 180.000 toneladas anuales.

Los términos de este acuerdo se dan a conocer a la opinión pública sólo a pocos días de su firma, y en un contexto de dudas y desconfianzas respecto a los efectos que la extracción sistemática de salmuera (agua con alta concentración de sal) del Salar de Atacama, tendría sobre el ecosistema y las comunidades que en ella habitan. Estas dudas se fundan principalmente en los informes de la Comisión Investigadora del Litio y en una serie de trabajos académicos que dan cuenta de la falta de fiscalización tanto de las actividades extractivas como de los convenios firmados entre CORFO, Albemarle y la misma SQM. A lo anterior se suma el hecho de que la multinacional Albemarle, aún bajo el nombre de Rockwood Lithium, consiguió triplicar sus derechos de extracción de salmuera gracias a un convenio firmado con el Consejo de Pueblos Atacameños en 2016, y que, entre otras cláusulas, estipula una participación de las comunidades en las ventas de la empresa.

Adicionalmente, surgen dudas y cuestionamientos a la forma en que este “fin de conflicto” ha sido socializado al interior de las comunidades, toda vez que el propio Eduardo Bitrán habría sostenido reuniones por separado con algunas de las comunidades que se encuentran geográficamente más cercanas a las operaciones de SQM, para luego sostener reuniones con el Consejo de Pueblos Atacameños y el Municipio, como consta en la cuenta twitter de la CORFO. Los argumentos giran en torno al tono autoritario de las intervenciones de vicepresidente ejecutivo del organismo estatal, quien además habría comunicado a dirigentes sobre el proyecto de creación de una fundación que canalizaría los dineros que SQM pondría a disposición, como parte de una cláusula de “Responsabilidad Social Empresarial”, al más puro estilo BHP Billiton – Fundación Minera Escondida.

Esto pone en evidencia no sólo la urgencia con que el gobierno busca asegurar la salida de Ponce Lerou del control de SQM antes del fin de mandato de Bachelet, sino que también la nula consideración tanto del efecto que estas intervenciones están generando en el tejido social de las comunidades, como de las devastadoras consecuencias que la extensión de las operaciones de SQM tendrían sobre el frágil y ya amenazado ecosistema del Salar de Atacama. Al respecto cabe recordar que el turismo no regulado ya está generando desabastecimiento de agua entre la población, y que los ríos San Pedro y Vilama, principal fuente de agua para la agricultura, han sido declarados agotados.

Frente al anuncio de que la firma de este acuerdo se materializaría este miércoles 17 en las oficinas del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, las reacciones desde diversos sectores tanto del propio territorio como del resto del país no se han hecho esperar. Desde las propias comunidades, agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameños, a Organizaciones Socio-Ambientales del Salar y del Norte Grande, el rechazo es total, ya que para ellos este acuerdo redactado entre cuadro paredes estaría, una vez más, hipotecando la supervivencia del ecosistema de la Cuenca del Salar de Atacama.

Fuente:http://olca.cl/articulo/nota.php?id=107111#.Wl6OHiEwFFI.twitter&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=1a15f2fefa2d42f1829b3eed1dbb4d17&uid=576512048&nid=244+289476616