Panamá

Panamá debe prescindir de la minería metálica a cielo abierto

Autor: Metro Libre con información de EFE

Panamá, un país que se caracteriza por sus abundantes precipitaciones, debe prescindir de la minería metálica a cielo abierto por los estragos que causa en los acuíferos la lluvia ácida, recomendó hoy el experto estadounidense Glenn Miller.

Catedrático de la Universidad de Nevada y químico, Miller participó este miércoles en un foro convocado por el no gubernamental Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá para analizar el caso de la concesión de Cerro Quema a una empresa canadiense para extraer oro, y que está sobre los principales acuíferos de la región de Azuero.

Miller fue el orador de fondo del encuentro, celebrado en la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, en la que expuso que la industria minera ha cambiado en los últimos años “de forma dramática”, porque está “preocupada por cómo son percibidos por el público”, dado que son relacionados con la contaminación.

Pero, advirtió, no es el caso de Panamá, “porque no tiene experiencia minera” y todavía tiene un marco legal “inadecuado” para el siglo XXI, contrario por ejemplo a Perú, Chile, Australia, Canadá o Estados Unidos. (…) Panamá registra precipitaciones “el doble o triple” de otros lugares dada su ubicación en la zona tropical, de manera que al extraerse con cianuro y agua el oro de los pozos de roca los minerales no útiles reaccionen expeliendo químicos tóxicos al ambiente que se mezclan con la lluvia y luego crean drenajes hídricos ácidos.

En Cerro Quema se tienen dos pozos y una tina de lixiviación con cianuro (…). Esa concesión se ubica en la cima del cerro del mismo nombre, ubicado a unos 300 kilómetros al suroeste de la capital panameña, y debajo de ella están los acuíferos de las 10 principales cuencas hidrográficas de la península de Azuero, que comprende las provincias centrales de Herrera, Los Santos y Veraguas. “Rebanar el cerro” aumentaría los perjuicios porque quedarían expuestos los canales subterráneos por donde discurre el agua de lluvia y aumentaría el deterioro de la cobertura vegetal al arrastrar las tierras cuesta abajo. En esas circunstancias, añadió, luego de 5 o 6 años de explotación minera ningún plan de remediación será útil, aseveró. “Y si descubren cobre será peor”, apuntó.

La empresa panameña MCQSA, responsable de la mina y subsidiaria de la canadiense Orla Mining Ltd., asegura en su página web que el origen del Proyecto Cerro Quema se remonta a finales de la década de 1980, y que “desde hace tres años se encarga de la exploración, evaluación, desarrollo y explotación de depósitos minerales de manera responsable, respetando el medio ambiente”.
“La superficie dedicada al Proyecto Cerro Quema ocupa el 6 % de las 768 hectáreas circundantes, y están siendo debidamente manejadas para la mitigación y compensación ambiental. El Proyecto Cerro Quema cuenta con la debida autorización del Gobierno de la República de Panamá para la extracción de material metálico (oro)”, añade.

El abogado Juan Antonio Tejada Mora, del Frente Santeño contra la minería, denunció en el mismo foro que la concesión de 15.000 hectáreas a Minera Cerro Quema S.A., de capital canadiense, “ya prescribió y no puede prorrogarse”, pues era por 20 años que se cumplieron en febrero pasado y la extensión se pidió “extemporáneamente”.

Basado en las leyes panameñas, Tejada dijo a Acan-Efe que en los 20 años transcurridos “no se sabe cuánto ha invertido la empresa, ni si ha extraído algo, lo que se sabe es que sus ganancias las ha obtenido con la venta y compra de sus propias acciones en la bolsa”. Agregó que “de boca”, el director nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, Temístocles Velarde, le dio permiso a la minera de continuar sus labores de exploración y explotación sin tener autorización para ello y desconociendo la legislación panameña.
“Presiones o percepciones”, mencionó Tejada en su exposición, reciben los funcionarios de las empresas mineras, reguladas por un código de 1963 que requiere “urgente actualización”, mientras lamentó que tampoco se refleje en la prensa la problemática.

Fuente: Metro Libre con información de EFE
http://movimientom4.org/2017/07/panama-debe-prescindir-de-la-mineria-metalica-a-cielo-abierto/

Ecuador

Postextractivismos en Ecuador: indultar a la Naturaleza

Autor: Eduardo Gudynas

Por Eduardo Gudynas

Bajo el gobierno de Rafael Correa recrudecieron los extractivismos, no sólo insistiendo en la explotación petrolera sino que también se buscó sumar la minería, y se mantuvieron otros muy conocidos como las plantaciones bananeras. Todo ello desencadenó fuertes resistencias ciudadanas, con muchas personas enfrentadas a procesos judiciales, algunos encarcelados, y una Naturaleza atrapada. En cambio, el gobierno de Lenin Moreno se presenta con otra actitud, y de la mano de diálogo ha otorgado indultos a líderes sociales que estaban en prisión por enfrentar a los extractivismos. Siguiendo ese espíritu, es el momento de pensar en los llamados postextractivismos, donde para romper con ese tipo de desarrollo un primer paso debe ser indultar a la Naturaleza.

Esta es una tarea urgente porque Ecuador es uno de los tres países sudamericanos que se pueden catalogar como hiper-extractivistas. Estas son las economías donde las materias primas (o sea, la venta de la Naturaleza) trepan al nivel del 90% del total de las exportaciones, y que además están concentradas en un producto (en este caso, los hidrocarburos). Las otras dos naciones hiper-extractivistas en el continente son Bolivia y Venezuela.

En este artículo se comparten algunas ideas sobre postextractivismos, que están lejos de agotar la cuestión pero sirven como aportes a un necesario debate. Son reflexiones que incluyen aportes que provienen de discusiones similares en países vecinos y que a la vez abordan algunas de particularidades de Ecuador.

Extractivismos en el medio del  mundo

Precisando los conceptos, recordemos que los extractivismos son apropiaciones de enormes volúmenes de recursos naturales (como ocurre con las petroleras o mineras convencionales) o por medio de muy alta intensidad (como sucede con la minería de oro aluvial que utiliza mercurio), y que son destinados sobre todo a la exportación hacia los mercados globales, como materias primas o commodities (1). Queda en claro que esta apropiación de recursos naturales no está enfocada en satisfacer necesidades de los ecuatorianos, sino que sirve a las demandas del consumo de otros continentes y sus otras sociedades.

En Ecuador hay todo tipo de extractivismos, como los basados en hidrocaburos o el banano, pero también minería, camaroneras, etc. Todos ellos desencadenan distintos impactos ambientales, como la contaminación por los derrames petroleros amazónicos, los desplazamientos mineros o la destrucción de manglares por las camaroneras. Se invade la selva y se pierde su biodiversidad, se desplaza a comunidades y se destruyen sus formas tradicionales de vida. Estos y otros son parte de los llamados impactos locales, que ocurren alrededor de los enclaves extractivos.

En paralelo se despliegan los llamados efectos derrame. En ellos las políticas públicas son modificadas para apoyar o promover algún emprendimiento extractivo, pero sus consecuencias se “derraman” en todos los demás sectores productivos y en todo el territorio nacional. Los derrames más conocidos son las rebajas en los controles ambientales para hacer viable algún emprendimiento, con lo cual se debilitan las exigencias ambientales pero en todo el país y en todos los sectores. O sea que esos cambios se “derraman” a otros sectores y al resto de la geografía nacional. Otros derrames importantes son la desterritorialización por la imposición de concesiones mineras o petroleras, o el debilitamiento de las salvaguardas de los derechos.

Como los extractivismos involucran apropiaciones de enormes volúmenes de recursos y que afectan amplias zonas del país, despiertan múltiples resistencias ciudadanas. Muchas de ellas terminan en conflictos donde las comunidades locales enfrentan a petroleras o mineras, lo que lleva a que el Estado o las empresas respondan con más violencia. Allí anidan efectos derrame que hacen tolerable lo intolerable, como las violaciones de derechos, desde aquellos como los que aseguran el acceso a la información o la participación, a los que deberían brindar salvaguardas para la integridad y libertad de las personas. Se observa que los extractivismos se imponen debilitando o incumpliendo los derechos de las personas y la Naturaleza.

Los extractivismos dominan las exportaciones ecuatorianas. En tiempos recientes las materias primas representan aproximadamente el 90% del valor monetario de las ventas al exterior; durante varios años han estado concentradas en los hidrocarburos, y le siguen plátanos, camarones y pescado. En la medida que las ventas de petróleo han bajado desde 2013, su proporción se redujo y aumentó la presencia de otros (como camarones), mientras que el banano se mantiene más o menos constante.

Esto representa una economía muy simplificada. Es así que Ecuador ocupa un lugar muy bajo en el ranking de complejidad económica (puesto 96 en 141 países). Comparado con los demás países sudamericanos está en la penúltima ubicación, apenas por encima de Bolivia (sitio 116) (2).
Las aproximaciones más utilizadas siguen una mirada convencional basada en indicadores monetarios. Pero una mirada más rigurosa considera cuántas toneladas de recursos se exportan, lo que es un mejor indicador de la pérdida de patrimonio. Ecuador exportaba más de 10 millones toneladas al año hacia 1990, aumentando sustancialmente desde 2004, hasta estar un poco por debajo de 30 millones toneladas en 2012. O sea que ha tenido lugar una pérdida constante del patrimonio ecológico del país, especialmente en hidrocarburos, un recurso que no es renovable (3).
Además, el balance comercial físico (las toneladas de recursos exportadas contra las importadas)  deja todavía más en evidencia las graves implicancias de los extractivismos. En efecto, hay un déficit desde 1990, o sea que el país exporta muchos más recursos que los que importa. En 2012, el déficit neto superó los 12 millones toneladas. En general, por cada tonelada de bienes importados, Ecuador debe exportar dos toneladas de sus recursos naturales. Esta misma condición ocurre en los demás países latinoamericanos, ya que los déficits netos en las balanzas comerciales físicas no han dejado de crecer desde 1990.

Esta aguda dependencia en vender el patrimonio natural se repite desde la época de la colonia hasta el momento actual. Sin duda han ocurrido cambios en la canasta exportadora, ya que en el pasado de Ecuador tenía como producto estrella por ejemplo al cacao, y hoy lo es el petróleo, mientras otros permanecen como el banano. De un modo u otro, el país siempre descansa sobre los extractivismos, lo que a su vez implica que se repiten bajo diferentes ideologías políticas, desde conservadores a progresistas, desde militares a la Revolución Ciudadana. Las diferencias entre los gobiernos se basan en distintas formas de llevar a la práctica los extractivismos, pero cualquiera de ellos ha sido incapaz de promover alternativas.

La necesidad de los postextractivismos

Todo esto explica que se deben pensar y explorar alternativas a esta condición extractivista. No es posible seguir bajo los impactos de esas estrategias, ni resignarse a continuar siendo proveedores de materias primas. La Naturaleza ya no tolera más impactos, las comunidades locales están cansadas de toda esa problemática, generan conflictividad social, y brindan muchos flancos a la corrupción. Aún aquellos que carecen de una sensibilidad social y ambiental, deberían entender que en ellas no hay un futuro económico ya que buena parte se basa en recursos finitos como el petróleo o los minerales.

Bajo estas circunstancias surge el campo de los llamados postextractivismos: son exploraciones de alternativas para dejar de depender de esa apropiación masiva o intensa de los recursos naturales y de la inserción internacional subordinada que imponente. Son posturas con la particularidad de comprometerse con mandatos irrenunciables como la erradicación de la pobreza, la calidad de vida de las personas y la conservación de la naturaleza. Pero no se restringen a esas amplias metas, sino que a la vez presentan medidas que sean concretas, efectivas y replicables, tales como instrumentos económicos o reformas políticas (4). Los postextractivismos necesitan de esas precisiones porque debe convencer a muchos que sinceramente creen que no hay alternativas a ser mineros, petroleros o bananeros.

Los postextractivismos deben ser entendidos como un conjunto de transiciones con sucesivas medidas que permiten reducir los sectores extractivos mientras que fortalecen alternativas en otros sectores y otras políticas. Esos pasos se pueden dividir en dos grandes etapas. La primera, en el corto plazo, son acciones urgentes para detener los impactos más graves de los extractivismos, especialmente los que afectan directamente a la salud de las personas o están destruyendo la biodiversidad. La segunda fase, más amplia, es una sucesión de cambios que fortalecen otras opciones productivas y económicas y refuerzan las transformaciones políticas que permiten concretarlas.

El extractivismo petrolero brinda un ejemplo de cómo encadenar esas dos fases en las transiciones postextractivistas en Ecuador. Las medidas urgentes buscan detener el avance de nuevas perforaciones en la Amazonia, ya que violan los derechos de la Naturaleza por la contaminación y pérdida de biodiversidad, y afectan a la calidad de vida y la salud de las comunidades locales, especialmente indígenas. Las excusas de afectaciones del uno por mil o slogans análogos son un mito tecnológico que en la realidad no se cumplen.

Enseguida se debe revisar la situación de los pozos que están en explotación desde hace años. Los que no pueden ser reformulados tecnológicamente para evitar derrames y otros impactos, también deben ser clausurados. Aquellos que por ajustes y por su ubicación no generen impactos podrán seguir en operación. Pero en este punto aparecen los vínculos directos con las demás medidas postextractivistas.

En efecto, los pozos petroleros que sigan operativos deben servir en primer lugar a las necesidades del consumo nacional o de los países vecinos, y no a las demandas globales. La dependencia global significa extraer grandes volúmenes de crudo en poco tiempo. En cambio, las demandas nacionales y regionales son mucho menores, lo que permite un aprovechamiento durante un período de tiempo mucho mayor. Esto sirve para pasar a otra medida encadenada que es ganar tiempo para una reconversión energética del país, desmontando poco a poco los sectores que consumen hidrocarburos para fortalecer fuentes de energía alternativas, especialmente renovables.

No puede olvidarse que bajo el actual extractivismo, Ecuador corre el riesgo de agotar en poco tiempo sus campos petroleros antes de tener suficientes fuentes de energía alterna. Enfrenta además otro problema asociado, que es vender crudo para obtener financiamiento para importar combustibles refinados. Este es un círculo vicioso que debe cortarse. Por lo tanto, lo más inteligente es usar sus propios hidrocarburos para ganar tiempo (y financiamiento) para rediseñar todo el sector energético del país.

Estos primeros pasos deben apuntar a que el país deje de ser un ejemplo de hiper-extractivismo. La representación de materias primas en sus exportaciones debería ser menor al 50% del total, y a su vez, debería estar dividida en varios productos en lugar de concentrarse en uno solo. Esta es una posición muy distinta del plan de diversificación productiva bajo Correa, ya que ellos planteaban salir de los extractivismos por medio de más extractivismos, lo que evidentemente nada tiene de alternativo.

Paralelamente, se deben fortalecer otros sectores productivos, donde las primeras prioridades están en la agricultura, ganadería y silvicultura. Estos demandan proporcionalmente más empleo, contribuyen a la autosuficiencia alimentaria, y hay varias opciones de procesos que utilicen menos materia, energía y agua. A más largo plazo se busca extraer del entorno lo que realmente se necesita para asegurar la calidad de vida.
Para alcanzar esas metas, a las medidas que se presentaron arriba se deben sumar otras. No es posible describirlas aquí en detalle, pero otros ejemplos son pertinentes. Se deben aplicar correcciones de los precios de las materias primas, para que integren los costos de los daños sociales y ambientales que generan y que actualmente son pagados por el resto de la sociedad. El aumento de los precios de venta redundará en una reducción de ingresos por exportación, pero esto a su vez se compensa parcialmente con los ahorros que hace el estado al dejar de pagar los costos en daños a la salud y el ambiente. Esas pueden ser cifras enormes, como ha dejado en claro el caso Chevron Texaco en amplias zonas de la Amazonia. También son necesarias reformas tributarias y ajustes en los gastos estatales, especialmente desmontando los subsidios que los gobiernos otorgan por vías directas o indirectas a los extractivismos.

Tampoco puede dejar de mencionarse el contexto internacional, ya que los extractivismos están encadenados a las demandas internacionales y los precios globales, como es muy claro en Ecuador. La caída de los ingresos por exportaciones petroleras, el déficit monetario en la balanza comercial entre 2009 y 2015, y factores similares explican que el gobierno Correa se volcara a los préstamos con China a cambio del petróleo. La consecuencia ha sido más subordinación, ya que el país está comprometido en exportar sus hidrocarburos a China por lo menos hasta el año 2024.

Los postextractivismos buscan romper con la subordinación a la globalización, por un lado apelando a mecanismos para regular los precios, stocks y comercio en materias primas (por ejemplo resucitando los convenios en esa materia en la UNCTAD), y por otro lado buscando complementaridades productivas con los países vecinos, especialmente en sectores manufactureros.

Ante medidas como estas no faltarán las réplicas convencionales, muy conocidas, que insisten en que, por ejemplo, no explotar petróleo es un “mal negocio” para el país. Sin embargo, Ecuador ya cuenta con estudios mas abarcadores que integran a la dimensión económica distintos aspectos sociales y ambientales (5). Estos concluyen que una economía extractivista típica, como la actual, tiene un horizonte temporal acotado y menor viabilidad económica en el mediano plazo en comparación con alternativas enmarcadas en la sustentabilidad ambiental.

Dolarización, autoritarismo y derechos de la Naturaleza

Los postextractivismos en Ecuador enfrentan varios desafíos que le son propios y no se repiten en otros países, y aquí se deben señalar al menos tres: la dolarización, el autoritarismo y el marco de derechos.

Ecuador es la única nación sudamericana que no tiene una moneda propia, y esa dolarización lo vuelve aún más dependiente de los extractivismos, con riesgos sociales y ambientales son todavía mayores. El país no cuenta con capacidades de actuar sobre la tasa de cambio de una moneda nacional para incidir en los costos de sus materias primas. A la vez, esto hace que una de las pocas vías que tiene para incidir sobre el “precio” de sus productos sea reduciendo los costos sociales (por ejemplo salarios) o ambientales (por ejemplo la remediación ambiental). Estos y otros mecanismos hacen que la dolarización por un lado refuerce los extractivismos como fuente dólares a costa de consideraciones sociales y ambientales, y por otro lado limita buscar alternativas. Es que cualquier alternativa real de cambio de ese tipo de desarrollo  requiere reconstruir una moneda propia; negarse a discutirlo es condenar al país al extractivismo perpetuo (6). Por todo esto, los postextractivismos en Ecuador deben considerar vías para la desdolarización.

La insistencia por promover nuevos extractivismos, especialmente en megaminería, acentuaron un sesgo autoritario que aunque se observa en varios países, en Ecuador alcanzó mucha intensidad. De desplegaron todo tipo de medidas para limitar los debates públicos, se impidió una consulta ciudadana sobre la suerte del Yasuní-ITT, se buscó anular a las ONG, se actuaba sobre las comunidades locales para dividirlas y allí donde la resistencia se mantuvo, se envió a fuerzas policiales o militares. El hostigamiento alcanzó ribetes extraños, como la batalla para impedir que se difundieran mapas que presentaran la ubicación de los pozos petroleros o la persecución policial a un destartalado vehículo de Yasunidos que se dirigía a un evento en cambio climático en Perú. Se cayó en una judicialización express, se criminalizó la protesta y se encarcelaron a varios líderes ciudadanos. Los extractivismos de mayor impacto, como la megaminería, necesitan de esos niveles de autoritarismo para poder imponerse contra la voluntad de las comunidades locales.

Bajo todas estas condiciones, los postextractivismos plantean tanto redemocratizar la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales, con adecuada información y consulta a las comunidades locales, como una plena vigencia de las salvaguardas que otorgan los derechos humanos.
Finalmente se debe abordar la cuestión de los derechos. Si bien en casi todos los países los extractivismos han proliferado bajo el debilitamiento o recorte de los derechos de las personas, problema que también se registra en Ecuador, hay de todos modos una particularidad clave que no se repite en ninguna nación. Es el único país donde se han reconocido los derechos de la Naturaleza o la Pachamama. Existe un mandato constitucional que obliga a preservar el entorno, una cuestión que las posiciones postextractivistas han hecho suyas (7).

Ecuador es también el único caso donde sabemos con bastante precisión la fecha y las circunstancias por las cuales los extractivismos se impusieron sobre esos derechos de la Naturaleza. Esto ocurrió en agosto de 2013, cuando el entonces presidente Correa anunció la suspensión de la moratoria petrolera en Yasuní-ITT y la apertura a su explotación. En ese discurso, Correa sostuvo que los derechos de la Naturaleza eran “derechos supuestos”, desvistiéndolos así de su relevancia. Para muchos esa sentencia pasó desapercibida, pero allí estaba la base conceptual que permitió la más reciente expansión petrolera en la Amazonia. Al despojarla de sus derechos, la Naturaleza quedó prisionera dentro de los extractivismos correístas.

Se llega así a una medida esencial para los postextractivismos, simple pero a la vez radical: indultar a la Naturaleza es liberarla de la prisión extractivista, es reimplantar la plena vigencia de los derechos de la Naturaleza y de las personas. Así como se están indultando a los líderes sociales que han sido encarcelados por resistirse a los extractivismos, lo mismo habría que hacer con la Naturaleza restituyéndose la plena vigencia de los derechos de la Pachamama que están en la constitución de Montecristi.

Desde la mira de los postextractivismos esto implica reconocer los límites ecológicos a la apropiación de recursos naturales. Esto no significa postular una Naturaleza intocable, sino que los ritmos e intensidades de su aprovechamiento deben estar dentro de las capacidades de cada ambiente en renovarse, reproducirse y lidiar con los efectos de los usos humanos. Esto permite dejar en claro que postextractivismo no es por ejemplo prohibir la minería, la agricultura, o extremos semejantes como muchas veces indebidamente se acusa.

Esos límites ecológicos son diferentes en cada tipo de ambiente; por ejemplo, en la Amazonia no deberían iniciarse nuevas perforaciones petroleras pero se pueden promover cosechas sostenibles de productos forestales. De esta manera se puede ver que los postextractivismos no son deterministas, sino que se ajustan a las capacidades ecológicas de cada sitio y a distintos usos humanos.

Los postextractivismos son una búsqueda

La búsqueda de alternativas a los postextractivismos tiene muchos antecedentes en Ecuador, y de hecho podría decirse que fue en uno de los primeros países donde se manifestó. Por ejemplo, hace 17 años se propuso transitar a un Ecuador postpetrolero, un propósito que en aquellos tiempos por cierto sonaba como radical y recibía muchos menos apoyos que en la actualidad. En aquel tiempo se esgrimieron tres razones para abandonar el extractivismo petrolero: la primera es que los hidrocarburos son un recurso finito; la segunda es que se lo exporta a precios baratos y cuánto más se extrae más se contribuye a deprimir precios; la tercera, y seguramente la más relevante, son los impactos ambientales locales y globales de esa actividad. Todos ellos son argumentos postextractivistas, vigentes al día de hoy,  y responden a la pluma del economista catalán Joan Martínez Alier en su prólogo al libro El Ecuador post petrolero. En esa obra distintos autores del país ofrecen todo tipo de argumentos por alternativas a esos extractivismos (8).

No faltan intuiciones, ni ideas ni conceptos para promover los posextractivismos en Ecuador. Tampoco faltan ejemplos concretos. La propuesta de una moratoria petrolera en el Yasuní-ITT fue durante algunos años un ejemplo a nivel mundial de la posibilidad de una salida a los extractivismos petroleros (9).

Las nuevas circunstancias políticas permiten insistir con esta perspectiva. El desmontaje de los extractivismos no es una tarea sencilla, dada sus condicionalidades económicas pero también el profundo apego cultural de muchos sectores que creen que debe explotarse hasta el último recurso natural. Salir de los extractivismos del progresismo correista tampoco significa caer en un extractivismo con otro sentido político, enmarcado en una perspectiva conservadora que dejaría todo en manos del mercado y de las corporaciones. Es importante tener cuidado con esos “rebotes”, como por momentos ocurre en Argentina bajo el empuje extractivista, ahora de signo conservador, que impone la administración Macri.
Es por ello que los posextractivismos son de alguna manera un cambio de actitud, rompiendo con el fatalismo de seguir siendo exportadores de materias primas, y atreverse a pensar y ensayar otras opciones. Apuestan a redemocratizar estos debates, y en ellos es clave poder avanzar enregulaciones y controles ciudadanos tanto sobre el mercado como sobre el Estado.

Referencias
1. Una biblioteca con artículos, reportes y libros sobre extractivismos, incluyendo sus definiciones e impactos, se puede encontrar en: www.extractivismo.com
2. En el Economic Complexity Ranking 2015, Ecuador tiene un indicador negativo (- 0.61). El puesto 1 lo ocupa Japón (2.30); en el último sitio se encuentra Guinea-Bissau (- 2.10).  Observatory Economic Complexity, MIT, http://atlas.media.mit.edu/en/
3. Commercial and biophysical déficits in South America, 1990-2013, P. Samaniego y colaboradores, en Ecological Economics, 2017.
4. Una biblioteca con textos y otros recursos sobre postextractivismo está disponible en: www.transiciones.org
5. Yasuní desde una perspectiva multicriterial. M. C. Vallejo y colaboradores. Programa Conjunto Conservación Yasuní y PNUD, Quito, 2011.
6. Un ejemplo de argumentos contra la desdolarización ante el nuevo gobierno de Moreno es Walter Spurrier B., ¿Desdolarizar? Ni pensarlo, El Universo, 8 enero 2017.
7. Derechos de la Naturaleza. Etica biocéntrica y políticas ambientales, Eduardo Gudynas, AbyaYala, Quito, 2016.
8. El Ecuador post petrolero, varios autores, Acción Ecológica, Quito, 2000.
9. Es de la mayor justicia tener presente los innumerables aportes de Alberto Acosta en estos temas, desde su apoyo a la moratoria petrolera a las alertas sobre los impactos de los extractivismos. Por ejemplo, Las tribulaciones de la iniciativa Yasuní-ITT, Letras Verdes, FLACSO, No 5, 2010; La maldición de la abundancia, AbyaYala, Quito, 2009.
Eduardo Gudynas es investigador principal en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), en Montevideo. Este artículo es parte de una serie de textos sobre postextractivismos en distintos países sudamericanos. Twitter: @EGudynas
Fuente: http://www.planv.com.ec/historias/sociedad/postextractivismos-ecuador-indultar-la-naturaleza

Chile

Consejero del Consejo de Defensa del Estado es abogado de Barrick Gold en causa por contaminación de aguas

Autor: GUASCO ALTO COMUNICACIONES
Conflicto Relacionado: Pascua Lama-Barrick Gold

Abogado es el mismo que asesora a Javiera Blanco y comunidades exigen su salida

A la fecha, se encuentra vigente y esperando su fallo en la Tercera Sala de la Corte Suprema un recurso de protección interpuesto por las comunidades del Valle del Huasco en contra de Barrick Gold, la Superintendencia del Medio Ambiente y la Comisión de Evaluación de Atacama en lo principal por las nuevas contaminaciones producidas en las aguas (incluso hasta marzo de este año) tras la ruptura de la Planta de Tratamiento de aguas contaminadas producida en junio de 2016, así como por otras situaciones de contaminación que tuvieron que ver con derrames de sustancias peligrosas como aceites e hidrocarburos y riesgo de afectación de densímetros nucleares. Además en este recurso las comunidades han discernido con una serie de pruebas la imposibilidad que finalmente tiene el proyecto de tratar las aguas de contacto (contaminadas) y por tanto que le resulta imposible no contaminar finalmente este vital elemento, demostrándose con ello la inviabilidad del proyecto así como nuevos incumplimientos a la RCA que quedaron a la luz. Por último, como otro elemento importante en controversia ha sido la Resolución N°094 de la Comisión de Atacama que permitió elevar los límites autorizados de metales pesados en el río gracias a la cual todas las contaminaciones están quedando legalizadas y ocultas. Esta Resolución ha sido denunciada como ilegal y arbitraria la cual vulnero también el Convenio 169 de la OIT ya que no respeto la consulta indígena (ver detalle de recurso en : http://www.eldesconcierto.cl/2017/02/14/corte-de-apelaciones-de-antofagasta-acoge-tramite-recurso-de-proteccion-en-contra-de-pascua-lama/   y http://www.mapuexpress.org/?p=16729).

Es en este proceso judicial, que las comunidades se percataron de que el abogado contratado por la empresa,  Rodrigo Quintana Meléndez[1],  y quien con total ahincó y fuerza está defendiendo  los intereses de esta trasnacional reiteradamente infractora (con más multas en la historia de Chile), que ha violado todos los compromisos con la autoridad y el Estado de Chile, incluso que le ha mentido y desobedecido al mismo, y finalmente criminal, que comenzó sus faenas más altamente contaminantes sin tener los sistemas construidos para tratar la contaminación de las aguas que sabía generaría, no es nada más ni menos que uno de los doce abogados consejeros del Consejo del Estado (CDE). Quintana fue Jefe del Departamento Jurídico del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile entre 1992 y 1994, sin embargo lo más sórdido para las comunidades es que es este un fiel militante del PS quien ha llegado a sus cargos (Defensor de Estado (2002) y Consejero del CDE (2006)) nombrado por la mano de Ricardo Lagos[2], uno de los presidentes de la República que han permitido con más fuerza la implementación del proyecto Pascua Lama. Incluso fue asesor de Soledad Alvear, quien recordemos junto a Lagos firman las últimas disposiciones para viabilizar el Tratado de Integración minera Chile -Argentina redactado a puño por Barrick Gold y sin el cual no podían explotar el proyecto binacional en la naciente de las aguas. Y cómo si fuera poco es quién ha asesorado de manera irregular a Javiera Blanco[3], lo que ha sido denunciado recientemente.

Esta es una nueva situación de conflicto de interés Barrick- Gobierno que enciende las alarmas en la comunidad y que sigue confirmando la falta de respeto de este Gobierno hacia las comunidades, así como el nivel de corrupción y falta de ética que ha identificado a este segundo gobierno de Bachelet. En el mismo sentido, confirma el apoyo irrestricto al proyecto Pascua Lama y a su viabilización.

Esta situación es de total gravedad, el Consejo del Estado es una institución del Estado que por ley debe ser un órgano independiente  “dotado de plena autonomía técnica y prescindencia política cuyo mandato es actuar al margen de toda consideración ajena al interés público”. A su cargo se encuentra la defensa judicial de los intereses del Estado para la que ejerce su acción  en extenso ámbito de asuntos de índole civil, contencioso administrativo, penal, tributario, laboral y Ambiental”[4].

Respecto de este último, “La Ley 19.300 otorgó al Consejo de Defensa del Estado el ejercicio de la acción de reparación ambiental y la indemnización de perjuicios derivada de dicho daño. (…) en el marco de la nueva institucionalidad ambiental, (…) ha mantenido su forma de trabajo ante tribunales ordinarios de justicia y, paralelamente, ha insertado sus competencias en el marco de la nueva institucionalidad ambiental, actuando particularmente coordinado con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Superintendencia, de modo de presentarse adecuadamente ante los tribunales especializados, cuyas resoluciones poseen un alto estándar técnico-jurídico”.

El conflicto de interés se constituye de diferentes y preocupantes formas en este caso. Por un lado, el recurso de protección en litigio denuncia afectación de patrimonio estatal, la contaminación de las aguas de todo un valle, o sea daño ambiental, y la continuidad de la afectación a la salud de sus habitantes y medio ambiente que ya ha sido confirmada por la Superintendencia de Medio Ambiente en estudio de 2015. Barrick y su proyecto Pascua Lama, tanto por estas afectaciones como por otras tantas podría prontamente – y si así lo estimarán las comunidades- ser denunciadas ante este Consejo exigiéndoseles medidas de reparación ambiental e indemnización. Por otro lado, como ya dijimos, en este recurso las comunidades se vieron obligadas ha denunciar la Resolución ilegal y arbitraria 094 que permite ocultar la contaminación, la cual en algún momento podría ser revisada la competencia de los funcionarios que la aprobaron y así como su legalidad por este Consejo. Por último, tal como se expresa en el sitio web de la institución, el Consejo del Estado está asesorando a la Superintendencia de Medio Ambiente y al Ministerio de Medio Ambiente, por tanto tenemos que al estar Quintana como abogado de la empresa, puede haber una estrategia conjunta entre el Estado y la empresa para defenderse de este Recurso de protección. En el fondo, hoy para el Estado, defender a la empresa en este recurso, significa defenderse a sí mismo, tal como se puede ver en los fuertes escritos de la Superintendencia del Medio Ambiente y Comisión de Evaluación de Atacama en donde tratan a las comunidades como sus enemigos más férreos con una falta de respeto impresionante, y a la empresa como su mejor aliado.

Por todo esto es que las comunidades expresan: “Es impresentable que este abogado pueda ser el defensor de la empresa, no descansaremos hasta lograr su desvinculación del Consejo de Defensa del Estado. Le exigimos a la Presidenta Bachelet que si algo de decencia le queda le termine sus funciones inmediatamente. Un abogado del Consejo de Defensa del Estado no puede ser el abogado de Barrick Gold, empresa criminal que ha devastado y contaminado patrimonio de todas y todas las chilenas”. Y nos preguntamos ¿Qué más queda después de esto? Este Gobierno no tiene límites”.

GUASCOALTOCOMUNICACIONES

Contacto: Contacto: Constanza San Juan  62413008 /guascoaltocomunicaciones@gmail.com

Internacional

Investigaciones revelan que, en todo el mundo, están asesinando más que nunca a los defensores del medio ambiente

El año pasado fue el más peligroso de la historia para las personas que defienden las tierras de su comunidad, los recursos naturales y la fauna; las últimas investigaciones revelan que cada semana mueren asesinados casi cuatro defensores del medio ambiente en todo el mundo.
En 2016 murieron 200 ecologistas, guardas forestales y dirigentes indígenas que intentaban defender sus tierras, según el grupo de vigilancia Global Witness, más del doble de los asesinados hace cinco años.

Además, las muertes son cada vez más frecuentes a medida que avanza 2017 según los datos proporcionados en exclusiva a The Guardian; en los cinco primeros meses del año se han confirmado 98 asesinatos.

John Knox, relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, dice: “Se desprecian los derechos humanos y, al mismo tiempo, se extiende una cultura de la impunidad”.

“Existe un incentivo insuperable para destruir el medio ambiente por motivos económicos. Los que corren más peligro son los que ya viven marginados y excluidos de la política y los mecanismos legales de compensación, que dependen del medio ambiente. Los países no respetan el principio de legalidad. Los defensores se están viendo amenazados en todo el mundo”.

“Nos enfrentamos a una epidemia, una cultura de la impunidad, la sensación de que cualquiera puede matar a los defensores del medio ambiente sin sufrir las consecuencias, eliminar a cualquiera que se atraviese en su camino. El peligro [procede de] la minería, la industria agropecuaria, las talas ilegales y la construcción de presas”.

Isidro Baldenegro López, líder indígena mexicano y combatiente contra la tala ilegal, murió asesinado en enero.
En mayo, en el estado brasileño de Marañón, unos campesinos atacaron un asentamiento indígena y cortaron las manos de sus víctimas a machetazos, en otra disputa de tierras que envió a más de una docena de personas al hospital. Desde que comenzó el año, también han atacado y asesinado a defensores del medio ambiente en Colombia, Honduras, México y muchos otros países.

La mayoría de los ecologistas mueren en bosques o pueblos remotos, que se han visto afectados por las explotaciones mineras, las presas, las talas ilegales y la industria agropecuaria. Muchos asesinos, al parecer, están a sueldo de empresas o el Estado. Pocos acaban detenidos o incluso identificados.

Ese es el motivo de que The Guardian ponga hoy en marcha un proyecto, en colaboración con Global Witness, para tratar de documentar las muertes de todos los que fallezcan durante el próximo año en defensa del medio ambiente. Informaremos, tanto desde los últimos espacios naturales del planeta como desde los países más industrializados, sobre la labor de los ecologistas y las agresiones que sufren.
Billy Kyte, jefe de esta campaña en Global Witness, dice que los asesinatos que figuran en la lista no son más que la punta del iceberg de una epidemia de violencia.

“Las comunidades que se levantan contra la destrucción del medio ambiente están en la línea de fuego de los guardias de seguridad de las empresas privadas, las fuerzas del Estado y los asesinos a sueldo”, dice. “Por cada defensor de la tierra y el medio ambiente que muere, hay muchos más que sufren amenazas de muerte, expulsión y destrucción de sus recursos”.

“No son incidentes aislados. Son síntomas de un ataque sistemático de empresas y agentes estatales contra las comunidades indígenas y remotas”.
Está creciendo en todo el mundo el número y la intensidad de los conflictos medioambientales, dicen los investigadores. Un atlas de conflictos medioambientales financiado por la UE, realizado por profesores de 23 universidades, ha identificado más de 2.000 disputas por el uso del agua y de las tierras, la contaminación, los desalojos forzosos y la explotación minera.

“Y esos no son más que los que se conocen. Es posible que haya el triple. Ahora existe mucha más violencia”, dice el investigador de la escuela de negocios Cass Bobby Banerjee, que lleva 15 años estudiando la resistencia a los proyectos de desarrollo en el mundo.

“Ahora hay conflictos en todo el mundo debido a la globalización. El capitalismo es violento y las empresas multinacionales acuden a los países pobres en busca de tierras y recursos. Los países pobres son más susceptibles a la corrupción y un cumplimiento más incierto de las leyes. Y las empresas y los gobiernos están uniendo fuerzas para matar”, asegura.

Los datos de Global Witness para 2016 muestra que los sectores más involucrados en las disputas son la minería y el petróleo, que estuvieron relacionados con 33 asesinatos. El segundo puesto mundial lo ocupa la tala ilegal de árboles —con 23 muertes, frente a 15 del año anterior—, seguida de la agricultura. El orden puede variar. En los primeros cinco meses de este año, la tendencia más llamativa es que, por primera vez, el sector agropecuario está disputando a la minería el puesto de sector más letal, con 22 asesinatos en todo el mundo, uno menos que el número total del año pasado.

La situación ha empeorado en 2017 especialmente en Colombia. Brasil y Filipinas también están camino de alcanzar cifras sin precedentes, y el sufrimiento de los grupos indígenas sigue siendo desmesurado.

Por países, en 2016, Brasil volvió a ser el país más letal en cifras absolutas, con 49 asesinatos, muchos de ellos en la selva amazónica. La explotación maderera estuvo relacionada con 16 de los casos y la deforestación del país aumentó un 29%.

Más en general, América Latina siguió siendo la región más peligrosa para cualquiera que desee proteger los ríos, los bosques, las montañas y los océanos: en ella se cometieron 60 de los asesinatos de ecologistas en todo el mundo, a pesar de que no alberga más que la décima parte de la población mundial.

Dados los grandes intereses económicos en juego, no es extraño que las fuerzas de seguridad de arios Estados fueran responsables de un mínimo de 43 asesinatos en todo el mundo —33 a manos de la policía y 10 a manos del ejército—, mientras que los agentes privados, como los guardias de seguridad de las empresas y los asesinos a sueldo, mataron a 52 activistas.

El coste humano es terrible, dice Laura Cáceres, una de las hijas de la dirigente del grupo indígena lenca, la hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 después de resistirse a la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque.

Laura Cáceres, que ahora vive en el exilio después de recibir amenazas de muerte, estuvo hace poco en Oxford, Reino Unido, en una conferencia organizada por Not1More (N1M), un grupo fundado en 2016 en respuesta a la violencia que sufren los defensores del medio ambiente.

“Berta Cáceres era un estorbo para el sistema”, dijo. “[Honduras] está destrozado; el 30% de la tierra se ha entregado a empresas multinacionales. Las compañías se están adueñando de territorios ancestrales. Los bosques se están privatizando. Mi madre sentía pasión por su tierra y sus raíces, y le horrorizaban las formas de actuar del imperialismo, siniestras y violentas”.

Poco después de la conferencia, The Guardian informó de que otra hija de Cáceres, Berta Zúñiga, había sobrevivido a una agresión armada, después de que la designaran líder de la organización de los derechos de los indígenas que había dirigido antes su madre.

Los activistas dicen a menudo que no solo los gobiernos no les proporcionan ninguna ayuda, sino que es frecuente que los gobiernos corruptos estén implicados en los actos violentos.

Un activista de África occidental contra la tala ilegal, que ha pedido permanecer en el anonimato por miedo a las represalias, dice: “Sufro presiones y amenazas. Los bosques generan millones [de dólares] y, sin embargo, la gente no tiene nada: ni escuelas ni centros de salud. El dinero no va a parar al Estado, sino a intereses privados. Trabajamos sin recursos”.

“Mi familia ha recibido amenazas de muerte. Hemos tenido llamadas anónimas. Yo sigo trabajando con ayuda de mis colegas. Dimos información a la ONU y pedimos su ayuda, pero no conseguimos nada. Pueden matarnos en cualquier momento”.

Otro grupo que está cada vez más en el punto de mira es el de los defensores de la fauna salvaje. En los últimos 10 años, los cazadores furtivos con intereses comerciales y los grupos de milicias armadas han asesinado a más de 800 guardas forestales, según el grupo estadounidense Global Conservation.

“Los guardas forestales están expuestos a un grado terrible de violencia, y sus muertes por asesinato aumentan a un ritmo alarmante”, dice Sean Wilmore, presidente de la Federación Internacional de Guardas Forestales. “Casi el 60% de los asesinados en 2016 murió en Asia, la mayoría en India”.

La escritora estadounidense Olesia Plokhii, que presenció en 2012 el asesinato del camboyano Chut Wutty, un activista dedicado a la lucha contra la tala ilegal, escribió el mes pasado en The Ecologist: “Wutty tenía su propia organización ecologista, tenía apoyos económicos en Occidente, contaba con el respaldo de altos cargos del ejército de Camboya y cientos de seguidores locales que le protegían, y disponía de herramientas: varios teléfonos móviles, un localizador GPS. Aun así, le asesinaron.

“Otros activistas mucho menos organizados y preparados, personas que quizá se ven obligadas inesperadamente a proteger sus tierras por desalojos o por la construcción de grandes infraestructuras, se enfrentan a esa misma violencia”.

El informe de Global Witness sobre 2016 destaca también que se están reprimiendo las protestas medioambientales en todas partes —hasta en los países más ricos—, y menciona el caso de la campaña de Standing Rock contra la construcción de un oleoducto bajo el Lago Oahe, en Estados Unidos, para explicar que los miembros de la Asamblea de Dakota del Norte rechazaron por muy estrecho margen un proyecto de ley que habría permitido que los conductores atropellaran y mataran a los manifestantes sin sufrir penas de cárcel por ello.

La co-fundadora de N1M Fran Lambrick ha dicho a The Guardian: “Los activistas que están en primera línea de la defensa del medio ambiente son cruciales para luchar contra el cambio climático, proteger nuestros recursos naturales y garantizar el respeto a los derechos humanos y la identidad cultural. Pero se arriesgan a sufrir represalias violentas, amenazas y criminalización”.

“Defendemos la vida”, dice Laura Cáceres. “Estamos dispuestos a hacer lo que sea para permitir que la vida siga adelante. No queremos perder nuestras vidas, ni a nuestras madres, ni a nuestras familias. Pero estamos dispuestos a asumir ese riesgo. Si son capaces de asesinar a alguien de tanto prestigio como mi madre, Berta, son capaces de asesinar a cualquiera”.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

Noticia original en inglés: https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/13/environmental-defenders-being-killed-in-record-numbers-globally-new-research-reveals

Argentina

Avanza la demanda contra minera en Andacollo

Autor: Rio Negro

La demanda de los trabajadores mineros que pertenecían a Andacollo Gold SA avanzó un paso en la instancia laboral, en donde buscan recuperar alrededor de 10 millones de pesos en concepto de salarios adeudados. La jueza Mónica Martens resolvió el lunes tener por no contestada la demanda contra la empresa, pues no compareció para presentar prueba o ejercer derecho a defensa. Desde que se inició el proceso contra la minera que tenía el usufructo del yacimiento metalífero del norte neuquino, nunca pudo encontrarse a los accionistas.

Según la resolución de Martens, Andacollo Gold no podrá contestar ni ofrecer prueba en lo sucesivo. La denuncia es contra la minera pero también contra Cormine SEP, la empresa estatal propietaria del yacimiento de oro y plata que otorgó la concesión en 1998.

El abogado Emmanuel Guagliardo indicó ahora deberá intervenir como responsable solidaria y contextualizó el vaciamiento ocurrido a fines del 2014 en un proceso donde el Estado provincial actuó en complicidad. “No tomó ningún recaudo ante el cambio societario, que traspasó las acciones de Andacollo Gold a tres monotributistas sin ningún tipo de respaldo para sostener el proyecto”, afirmó. La minera cambió de dueños varias veces, siendo la última en 2013 cuando adquirió la razón social un grupo encabezado por el mendocino Javier Maschke, supuestamente vinculado a la vitivinicultura y sin antecedentes conocidos en la minería.

Al contrato firmado con Cormine le quedaban 14 años de vida cuando la empresa abandonó la suerte del yacimiento, generando una crisis en el norte neuquino con la paralización de la explotación y la pérdida de 150 puestos de trabajo.

Según explicó ayer el abogado, la demanda de los trabajadores contra la empresa fue por 5 millones de pesos en concepto de salarios adeudados, que con intereses se elevó a unos 10 millones a valores actuales.

No contempla el pago de indemnizaciones porque el personal fue absorbido por Cormine, que se ocupó de pagar los sueldos hasta que adjudicó nuevamente el proyecto y transfirió los trabajadores a Trident Southern Explorations de Argentina SRL.

Si bien la nueva firma asumió compromisos millonarios de inversión y el mantenimiento de las condiciones laborales, actualmente se encuentra en conflicto. La Subsecretaría de Trabajo abrió una instancia de conciliación obligatoria tras el despido de un delegado y el reclamo de los obreros para que se les reconozcan sus años de antigüedad.

La instancia de conciliación obligatoria se abrió tras el despido de un delegado y el reclamo para que se les reconozca a los obreros la antigüedad.
El abogado de los trabajadores explicó que la denuncia por salarios adeudados no contempla el pago de las indemnizaciones por despidos.

Fuente: http://www.rionegro.com.ar/region/avanza-la-demanda-contra-minera-en-andacollo-LE3107962

Perú

Pueblos Wampís y Awajún expulsan a mineros ilegales

Autor: Vigilante Amazónico


Ante la ausencia de respuesta y accionar del gobierno central, frente a un conocido problema social y medio ambiental, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis desalojó campamentos mineros ilegales de la quebrada Pastacillo.

La movilización se dio durante la mañana del jueves 13 de julio de 2017. Sin embargo, la problemática viene de años atrás y esta no ha sido la primera intervención en la zona. El desalojo se dio de manera pacífica, sin embargo, mientras avanzaba el día, las represalias empezaron a llegar.
13 de julio, 2017. Quebrada Pastacillo.

Alrededor de 100 indígenas wampís, en coordinación con la municipalidad distrital de Río Santiago, se movilizaron durante la mañana hacia Pastacillo. Su misión era desalojar los asentamientos de minería ilegal y destruir las dragas. La ausencia de respuesta del gobierno central fue su motivación.

“Somos los wampís y la Municipalidad de Santiago los que nos hemos visto forzados a tomar estas acciones en nuestras manos, esta vez sin intervención de la Fiscalía, ni de la Policía Nacional, debido a la falta de interés del Estado de abordar esta problemática.”, indicó Wrays Pérez, presidente del GTA Wampís. A su vez, solicitó la pronta presencia de las fuerzas del orden para evitar represalias en contra de quienes “hemos hecho frente a los mineros en la defensa de nuestro territorio”.

Wampís y awajún de diversas comunidades entre ellas: Chosica y Huabal, se movilizaron hacia Pastacillo. Nuevamente los “soplos” parecieron no faltar y al llegar, la zona se encontraba sin mineros, solo llegaron a confiscar y destruir una draga. No hubo resistencia. No hubo enfrentamientos. La gente se movilizo hacia el puerto La Poza (Galilea), donde sospechaban podría encontrarse el resto de la maquinaria.

13 de julio, 2017. Puerto La Poza (Galilea)

Durante la tarde, luego de la intervención, wampis y awajún se reorganizaron en el puerto para retornar hacia sus comunidades. En ese momento, un peque-peque se aproxima: lo abordaban un grupo de personas con machetes, lanzas y piedras en las manos. El contraaataque de los mineros logró herir a cinco personas adultas wampis, entre hombres y mujeres pertenecientes a la comunidad de Huabal. Estas personas han sido atendidas en el centro de salud local. Por el momento, la población está calmada, pero la mayoría rechaza la minería.

Como siempre, el Estado ausente

Durante los últimos cinco años este territorio viene siendo deforestado por el avance de la minería ilegal. 20 hectáreas han sido arrasadas por el incesante avance de dragas en dos turnos de 12 horas, para “no desperdiciar el día”; con motores sin apagar operando en los cauces de los ríos las 24 horas, los 7 días. Barriles de mercurio adornan el deforestado escenario cada vez que las dragas avanzan a la siguiente hectárea.

La quebrada Pastacillo está dentro de los 1.3 millones de hectáreas que conforman el territorio Wampís, aunque una parte le pertenece a una comunidad Awajún, Yutupis.

La minería ilegal en Pastacillo no es nueva ni desconocida para el gobierno central. Tanto en el 2013 como en el 2015, la Marina de Guerra del Perú en coordinación con el Alto Comisionado en asuntos de minería ilegal que pertenecía a la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), entraron a la zona y destruyeron algunas maquinarias. Sin embargo, los mineros esconden y hunden sus motores y máquinas pues “el soplo” parece no faltar. Sólo tres días cesan los motores, solo tres días las dragas dejan de trabajar; luego del operativo, todo vuelve a continuar.

Ya el 7 de abril de 2016, autoridades del distrito de Río Santiago enviaron un oficio a Jorge Luis Trigoso Rodríguez, encargado de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Bagua. El oficio reportaba la actividad ilegal en la quebrada Pastacillo, su ubicación y la cantidad de dragas en la zona. Además, solicitaba una pronta intervención en el área.

Posteriormente, el 2 de noviembre del 2016, líderes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTA Wampís) se reunieron con representantes del Ministerio del Interior, el Jefe operaciones del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el Jefe de operaciones de la Policía Nacional del Perú, la DICAPI (Dirección general de capitanía y guardacostas), representantes de la PCM y el despacho del congresista Wilbert Rozas.

En esta reunión, el GTA Wampís buscaba hacer notar la necesidad de implementar Plataformas Itinerantes de Acción Social, gestionadas por las Fuerzas Armadas y encargadas de acercar los servicios del Estado a las comunidades, para fortalecer los Comités de Vigilancia Comunitarios ya organizados por los wampís (Acta de reunión PCM-ONDS 2016-11-02). Además, se acordó planificar y llevar a cabo un nuevo operativo de interdicción en la quebrada Pastacillo.

Desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna intervención por parte del Estado. Y el operativo previsto nunca salió del oficio. Frente a ello, los pueblos wampis y awajún decidieron defender su territorio de la minería ilegal.

(Con información de CAAP, Mongabay y Radio Bomba)

Foto: Jacob Balzani
Fuente: Vigilante Amazónico

Mexico

Generan empresas extractivas más daños que beneficios

Gran parte de las empresas mineras y de hidrocarburos que operan en México carecen de políticas de transparencia sobre sus beneficiarios, generan graves afectaciones sociales y medioambientales, y pagan una cantidad ínfima de impuestos, en comparación con las ganancias que obtienen, advirtió el Centro de Análisis e Investigación Fundar.

En el informe Las actividades extractivas en México: estado actual 2016, la organización advierte, en primer lugar, que la participación de algunas empresas trasnacionales “despierta preocupación, debido a sus historiales de corrupción, violaciones a los derechos humanos y degradación ambiental”.

Uno de los aspectos más destacados en el estudio es que tanto la minería como la extracción de hidrocarburos reciben trato de privilegio en las leyes mexicanas al ser consideradas actividades “de utilidad pública”, lo cual las pone por encima de otras labores económicas o sociales, e incluso del respeto a la naturaleza o los derechos humanos.

De esa forma, indican los autores del estudio, “los beneficios privados se hacen a costa de las poblaciones, los ecosistemas, el clima y el futuro de México, en un contexto donde, además, el Estado le apuesta a la extracción de gas y petróleo no convencional (…) a través de la peligrosa técnica de la fractura hidráulica” o fracking.

Este esquema de privilegios ha hecho que en la actualidad haya un total de 25 mil 178 concesiones otorgadas a empresas de hidrocarburos, que ocupan 21 millones de hectáreas del territorio nacional, así como 885 proyectos mineros, la mayoría de los cuales son de firmas canadienses (65.3 por ciento) y estadunidenses (13.2 por ciento).

Acerca de la aportación de este tipo de iniciativas a las arcas del país, el estudio de Fundar revela que la minería únicamente significó 0.32 por ciento de los ingresos del gobierno federal en 2016, a pesar de la inclusión de nuevos impuestos en la reforma hacendaria de 2013. En tanto, la explotación de hidrocarburos representó 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) del año pasado.
El informe señala también que la extracción de minerales e hidrocarburos “genera daños a las poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a los alimentos saludables”, al tiempo que genera gran cantidad de gases de efecto invernadero, lo cual hace aumentar los efectos del cambio climático.

De igual manera, Fundar destacó que la imposición de ese tipo de megaproyectos suele generar altos niveles conflictividad social en las comunidades donde se asientan, como lo demuestra el hecho de que en 2016 se documentaron 37 conflictos generados por la minería y al menos 11 más por la explotación de hidrocarburos.

Fuente: http://ljz.mx/2017/07/03/generan-empresas-extractivas-mas-danos-que-beneficios/

Colombia

Pijao y Arbeláez le dijeron no a la minería

Autor: El Tiempo

Dos victorias aplastantes del No en Arbeláez, Cundinamarca, y Pijao, Quindío, les cerraron las puertas a los proyectos mineros en sus municipios. 

Las calles de Pijao, en el sur del Quindío, se vistieron de fiesta desde el inicio de las votaciones. Ni siquiera en las festividades aniversarias del municipio se habían visto tantas personas en esta localidad. Pero es que ayer fue un día atípico en este tranquilo poblado, que forma parte de la red mundial Cittaslow o ciudades sin prisa.

La mayoría de los habitantes de este municipio esperaban ansiosos el día en que pudieran votar en contra de las actividades mineras en su territorio. Y ayer fue ese día, pues se llevó a cabo la primera consulta popular contra la minería en el Eje Cafetero. 

2.613 habitantes de este poblado le dijeron no a la pregunta ¿está de acuerdo con que en el municipio de Pijao se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales?
De los 6.073 habilitados para votar, 2.673 personas acudieron a las urnas. El umbral fue fijado en 2.025 votos. 26 personas votaron a favor de los proyectos mineros, ocho votos fueron anulados y 26, no marcados. En total, el 97,76 por ciento de los votos fue por el No.

“Simplemente, la ciudadanía fue respetuosa de la Constitución y de la ley, y hoy salió democráticamente a decir ‘Pijao quiere una vocación agrícola’”, sentenció la promotora de la consulta, Mónica Flórez, tras conocer el triunfo de las personas que estaban en contra de la minería en su territorio.

Autoridades y ambientalistas de diferentes organizaciones, e incluso de otras ciudades, se habían trasladado hasta el municipio desde el sábado pasado, y algunos desde hace semanas, para apoyar a la ciudadanía.

El ambientalista Néstor Ocampo señaló que “esto es un ejercicio mayor de la democracia; lo que ha sucedido en Pijao ha movilizado a mucha gente. Diversos sectores que han tenido diferencias estuvieron de la mano promoviendo la consulta popular, y grupos de jóvenes que llevan tres semanas visitando finca por finca haciendo pedagogía. Además, el espíritu de unidad departamental se dio aquí”.

De las 2.673 personas que votaron, la mayoría fueron mujeres y adultos mayores, según datos entregados por la coordinadora de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Quindío, Betty Martínez. “La gente de Pijao se ha comportado a la altura, ha habido gran participación; sin embargo, una de las quejas fue la disminución en el número de mesas de votación, lo que retrasó un poco la votación en esas mesas. Otra, que tampoco se dispuso una mesa para la población discapacitada”.

Leonilde Niño tiene 90 años y fue una de las primeras en acercarse a la mesa de votación en la institución educativa Santa Teresita, en el casco urbano de Pijao, Quindío. “Ave María, yo no me quedo en la cama para que Dios nos ayude, nos libre y nos favorezca; voté por el No, por el peligro que es la minería”.

Para esta consulta popular se instalaron nueve mesas de votación, seis de ellas en la institución educativa Santa Teresita en el área urbana y tres más en dos veredas y un corregimiento del área rural. Sin embargo, se presentaron varias denuncias por la reducción en el número de mesas, que para otras elecciones era de 18 en todo el municipio, el cual cuenta con 24 veredas.

Según el personero del pueblo Albert Quintero, las distancias entre las veredas son de más de 45 minutos, y desplazarse hasta las mesas de votación podría tardar toda una mañana o, incluso, el día. “Las veredas están a más de 45 minutos y las carreteras están en muy mal estado”, dijo.

Esta podría ser la razón de la abstención de más de 3.000 personas habilitadas para votar y que no asistieron a las urnas. Por eso, no obstante la celebración por el triunfo del No, quedó un sinsabor en el ambiente. Los promotores esperaban que por lo menos 3.000 personas votaran.

Ángel María Preciado, asesor del presidente del Consejo Nacional Electoral y delegado de esta institución en la jornada de ayer, informó que todo “se desarrolló en condiciones normales, lo único que se advirtió por parte de nosotros fue alguna publicidad que debió retirarse para el día de hoy, y se dejó constancia en los comités electorales y también la prohibición de los sitios de información”.

Fuente: http://www.eltiempo.com/colombia/gana-el-no-en-consulta-popular-minera-de-pijao-quindio-107212