Ecuador

Los proyectos de minería causan preocupación en el Austro

2 de febrero de 2017
Vecinos de Río Blanco piden que las vertientes de agua se protejan. Vecinos de Río Blanco piden que las vertientes de agua se protejan. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO

Lineida Castillo Cuenca y la cordillera del Cóndor, en Zamora Chinchipe, fueron declaradas por sus autoridades locales como territorios libres de minería metálica (extracción de oro, plata y cobre).

Sin embargo, cuatro de los cinco proyectos mineros estratégicos del Gobierno están en esas jurisdicciones. El otro está en Morona Santiago. El Concejo Cantonal de Cuenca aprobó la declaratoria el 22 de enero del 2017 y el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe lo hizo hace cuatro años. Las 16 302 hectáreas, que fueron concesionadas para los proyectos Loma Larga (Quimsacocha) y Río Blanco, están en el macizo del Cajas.

La mina de Río Blanco, en la parroquia cuencana de Molleturo, se construye desde agosto pasado. Los moradores de esa zona, Cristóbal Chuñir y Fernando Criollo, no se oponen al proyecto, pero quieren que no se afecte el agua. Por su parte, el proyecto Loma Larga está en la fase de exploración avanzada, según la web del Ministerio de Minería.

La Cámara Provincial de Azuay sesionó en octubre del 2016 en el páramo de Quimsacocha (proyecto Loma Larga), que fue declarado como fuente de agua, ecosistema frágil y libre de actividad minera. En la actualidad, la preocupación del alcalde cuencano, Marcelo Cabrera, es la existencia de nuevas solicitudes en la Agencia de Regulación y Control Minero para concesionar 60 913 hectáreas en las parroquias Chaucha, Molleturo y Sayausí, zonas aledañas a los proyectos mineros antes mencionados. Según Cabrera, si el Gobierno aprueba las nuevas solicitudes, cerca del 25% de las 312 000 hectáreas del cantón Cuenca estarían destinadas a la minería metálica para extraer oro, plata y cobre. “Eso representa 11 veces el tamaño del área urbana de la ciudad”. El ministro de Minería, Javier Córdova, en declaraciones a La Voz del Tomebamba de Cuenca, admitió la existencia de nuevas solicitudes porque la Agencia de Regulación abrió el catastro minero en marzo del 2016.

“Eso permite a los interesados señalar áreas de su interés y generar planteamientos, pero no significa que necesariamente vamos a entregar las concesiones”. Según Córdova, la anterior Ley de Minería establecía que cualquier persona podía pedir una concesión y el Estado estaba obligado a darla; no había soberanía para decidir. Aseguró que ahora hay un proceso exhaustivo de calificación de las capacidades técnicas y económicas de los solicitantes y se hace bajo una planificación. “El Estado no está obligado a entregar concesiones”. Para la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, María Caridad Vázquez, la declaratoria emitida por el Concejo Cantonal de Cuenca no tiene validez jurídica porque el artículo 261 de la Constitución establece que el Estado tiene la competencia exclusiva sobre las áreas naturales, recursos hídricos, energéticos y minerales, biodiversidad y recursos forestales.

El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, reconoció que no sirvió de mucho la declaratoria firmada hace cuatro años para la cordillera del Cóndor, como reserva de biológica y de agua, y territorio de sobrevivencia de los pueblos shuar. Según Quishpe, no sirvió porque el Gobierno central se amparó en la competencia que le otorga la Constitución. “No hizo caso y siguieron los proyectos mineros de Fruta del Norte y Mirador”, que tienen reservas de oro, plata y cobre. “No se respetó el ordenamiento territorial que es de competencia de los gobiernos seccionales y el Mandato Minero, que estableció que donde hay fuentes o nacimientos de agua no puede haber actividad minera o debe extinguirse las concesiones”, dijo Quishpe. Según él, toda la cordillera está concesionada para la minería metálica y “existen estudios técnicos que establecen que hay 227 fuentes de agua dentro de los dos proyectos”.

En Azuay se busca que la declaratoria sí sea considerada, aseguró la viceprefecta, María Cecilia Alvarado. Según ella, con las decisiones del Gobierno Provincial de Azuay y del Concejo Cantonal de Cuenca se busca consolidar una posición jurídica amparándose en normas y tratados internacionales de los derechos de la naturaleza y plantear procesos judiciales en el exterior. “El tema central es comprender que no se trata de un problema minero, sino proteger las fuentes de agua”, dijo Alvarado.Con ella coincidió el concejal de Cuenca, Iván Granda (independiente). Para él, los gobiernos seccionales tienen el deber y el derecho de garantizar la prestación de los servicios como el agua y el riego.

http://www.elcomercio.com/actualidad/mineria-preocupacion-austro-cuenca-agua.html

Internacional

Filipinas cerrará 21 empresas mineras

MANILA, Filipinas – El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) ordenó hoy el cierre de 21 empresas mineras después de que se descubrió que habían destruido severamente el medio ambiente de las comunidades locales donde operan.

Otras cinco compañías mineras también fueron suspendidas por diversas violaciones.

La auditoría minera de la DENR encontró que las mineras que operan en Zambales, Homonhon en Samar, Islas Dinagat y Surigao del Norte no debieron haber sido autorizadas a explotarlas porque se encontraban en cuencas hidrográficas funcionales.

La empresa Benguet Corp. de Zambales, Eramen Minerals, LNL Archipelago Mining y Zambales Diversified Metals Corp. estarán cerradas debido a la sedimentación de los ríos, el corte ilegal de árboles y la destrucción de las cuencas hidrográficas, informó la secretaria de DENR, Gina López. La sedimentación es un proceso de hacer aguas contaminadas debido al limo, o partículas minerales.

López calificó la situación minera en Zambales de «injusticia social».

En Samar, otras tres compañías mineras fueron suspendidas por López, quien mostró imágenes de aguas turbias y destruyó montañas al explicar la orden del departamento. Estas empresas son Mt. Sinai Mining Exploration and Development Corp., Emir Minerals Corp. y TechIron Mineral Resources Inc.
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López dijo que estas empresas causaron la sedimentación de aguas costeras y la destrucción de cuencas hidrográficas en sus áreas de operación.

En las islas Dinagat, que ha sido un área de reserva de minerales desde 1939, siete operaciones mineras están por cerrar debido a varias violaciones ambientales. Estos son: AAMPhil Exploración de Recursos Naturales, Kromico, Inc., SinoSteel Filipinas H.Y. Mining Corporation, Oriental Synergy Mining Corporation, Corporación Minera Wellex, Libjo Mining Corporation y Oriental Vision Mining Philippines Corp.

López dijo que a pesar de la presencia de nueve compañías mineras en las islas Dinagat, la provincia sigue siendo pobre, denigrando demandas de compañías mineras que ayudaron a desarrollar las comunidades donde operaban.

López dijo que hasta el 82 por ciento de los ingresos derivados de las operaciones mineras fueron a las propias empresas.

El jefe de DENR también culpó al gobierno por no desarrollar el potencial de ecoturismo de las Islas Dinagat a pesar de su hermoso entorno.

Siete compañías mineras también están por cerrar en Surigao del Norte. Se trata de ADNAMA Mining Resources Corp., Claver Mineral Development Corp., Platinum Development Corp., CTP Construction y Mining Corp., Carrascal Nickel Corp., Marcventures Mining and Development Corp. y Hinatuan Mining Corporation.

López también anunció que las operaciones de cuatro empresas fueron suspendidas por violaciones. Se les permitiría operar una vez que se abordaran estas cuestiones.

Se suspende la Operación Minera de Oro de Oceana en Nueva Vizcaya por causar una reducción en la producción agrícola de los agricultores de la zona, Citnickel Mines and Development Corporation en Narra, Palawan por la sedimentación de las tierras fluviales y agrícolas, Lepanto Mines and Development Corporation Y Ore Asia Mining and Development Corp por la sedimentación de los ríos.

López dijo que el DENR es «plenamente consciente» de que muchos trabajadores en las minas se verían afectados, pero el bienestar de la gente en estas áreas era más importante.

Ella cree que el mercado de valores y el PIB no son buenos indicadores del desarrollo económico. En cambio, lo que se necesita es el desarrollo del área, según López.

«Podemos deshacernos de la pobreza» a través del desarrollo del área, dijo López.
http://www.philstar.com/business/2017/02/02/1668370/denr-close-21-mining-firms

El Salvador

Abogado: Oceana Gold está renuente a retirarse del país

Luis Parada, defensor del Estado, pidió a funcionarios no dar esperanzas a empresa minera.
Por Rafael Mendoza López1.feb.2017

La empresa minera transnacional Oceana Gold no desiste de su interés en el país para extraer oro, pese a que el fallo de un tribunal internacional se lo prohibe.

El jefe del equipo de abogados defensores de El Salvador en el litigio con la compañía, Luis Parada, afirmó ayer que reuniones entre funcionarios y Oceana Gold estarían detrás de la renuencia de esta a dejar el país y pagar $8 millones de indemnización al Estado que estableció el Centro Internacional de Arbitrajes (CIADI).

Por eso el abogado hizo ayer un llamado a funcionarios estatales para que se abstengan de platicar con representantes de la compañía, pues el fallo del tribunal internacional, emitido el 14 de octubre de 2016, es contundente al afirmar que no se puede desarrollar actividad minera en el país. “Le haría un llamado a los funcionarios de gobierno que lean las declaraciones del Presidente de la República y que se dejen de reunir con la empresa y no le den esperanzas, eso es lo que ha complicado el cumplimiento del laudo (fallo internacional)”, sostuvo Parada.

El presidente Salvador Sánchez Cerén se comprometió ante la Mesa Nacional contra la Minería Metálica, el 25 de agosto de 2016, a que no permitiría la exploración ni extracción de metales preciosos durante su mandato.

Pese a ello, Parada aseguró que la empresa insiste ante pobladores de Cabañas, donde inició la actividad exploratoria, acerca de las bondades que podría traer a ese territorio la minería metálica.

“La actitud de la empresa pareciera sugerir que alguien les está dando esperanzas, sino no siguieran haciendo actividades en Cabañas, para tratar de ganarse a la población”, manifestó el abogado.

El Diario de Hoy contactó al representante de la empresa, Hugo Soto, pero este dijo que la vocera de Oceana Gold autorizada para hablar del tema es Ericka Colindres, quien se encuentra fuera del país.

Más allá de los intentos de la firma minera por quedarse en El Salvador, Parada no le augura esperanzas, pues no cuenta con los permisos ambientales ni con la propiedad de las zonas para ejercer su actividad, sumado a que no presentó el estudio de factibilidad que establece la legislación vigente.

En conclusión, Parada señala que la forma más certera para que la empresa deje definitivamente el país es legislar en contra de la minería metálica.

“La única forma de convencerlos de que no tienen nada que hacer acá es que la Asamblea apruebe una ley para prohibir la minería metálica en El Salvador”, acotó.

Sigue sin pagar indemnización

Pero Oceana Gold, de acuerdo con el abogado, sigue sin pagar la indemnización al Estado salvadoreño por $8 millones, tal como lo estableció el tribunal internacional.

Parada explicó que se ha comunicado con los abogados de la compañía para saber si están dispuestos a cancelar lo adeudado, pero le respondieron que aún están analizando el fallo emitido por el tribunal.

“La respuesta es que estaban todavía revisando el laudo para decidir qué acciones iban a tomar, que se iban a tomar esos 120 días. Ellos parecen interpretar erróneamente que tienen 120 días para decir. Ese es el tiempo máximo para una parte del arbitraje que no esté conforme y que crea que hay alguna de las causales de nulidad de un laudo, pero no para cancelar la indemnización”, aseveró.

El abogado del Estado salvadoreño aseguró que se ha solicitado una cláusula para que se establezca el pago de intereses por cada mes que la empresa se atrase en el pago estipulado, pero aún no se ha definido qué monto se cobrará mensualmente.

Agregó que si Oceana Gold pide la anulación del fallo del tribunal, conllevaría otro gasto para El Salvador.

Colombia

Ordenan suspender títulos mineros para proteger las comunidades más antiguas del país

enero 30, 2017
Foto: Colprensa – El Colombiano
La Corte Constitucional ordenó suspender el otorgamiento de títulos mineros en varias zonas del departamento de Caldas, en donde se encuentran asentadas las comunidades Embera – Chamí considerada uno de los asentamientos indígenas más antiguos de Colombia.

De acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, es necesario que en los municipios de Riosucio y Supía sean adelantadas las acciones preventivas correspondientes para no vulnerar los derechos fundamentales de estas comunidades que se encuentran en los resguardos Cañamomo y Lomaprieta.

Para el alto tribunal, la Agencia Nacional de Tierras debe realizar en un término máximo de un año un proceso de delimitación y titulación de tierras de las comunidades étnicas asentadas y “a la Agencia Nacional de Minería (ANM) que suspenda los procesos de contratación, formalización e inscripción de títulos mineros dentro de la zona comprendida entre las coordenadas informadas a la Agencia por el Resguardo Cañamomo y Lomaprieta”.

De igual forma el Ministerio del Interior deberá expedir una circular para que los concesionarios mineros que están presentes, socialicen las actividades de exploración que pretenden realizar con el objetivo de evidenciar el impacto y afectaciones que las mismas pueden producir en estos territorios.

Dentro de la sentencia la Corte Constitucional ordenó a las Alcaldías de los municipios de Riosucio y Supía que, “procedan a iniciar los procedimientos policivos tendientes a clausurar aquellas minas que no se encuentran en proceso de formalización o titulación o que no hayan sido autorizadas por las autoridades indígenas, con observancia de las garantías procesales y del derecho fundamental al debido proceso”.

Mexico

Canadá se presume como “amigo” del mundo, pero las mineras han pisoteado a México

 Jueves, 02 Febrero 2017 Fuente: Sin Embargo
Un miembro del Gobierno canadiense declaró la semana pasada, en el marco del roce por el llamado del Presidente Donald Trump a la renegociación del TLCAN: “amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después”. De acuerdo con un informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Y, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, de norte a sur del país, al menos 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas.

Además de afectar su medio ambiente contaminando sus aguas, hay casos de tres asesinatos y diversas amenazas e intimidaciones contra los ejidatarios relacionados con estas firmas. ¿Cuál amistad? Los canadienses suelen venderse en el mundo como una nación defensora de los derechos de los más débiles, de una supuesta convicción igualitaria, de solidaridad con los pueblos. pero apenas tiene oportunidad o le llega alguna presión, y esos principios se los guarda para después.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).– Alrededor de cien elementos de la Policía Federal, del Ejército Mexicano y de la policía estatal de Durango, además de elementos de la policía del municipio de Mapimí, en agosto de 2012 intentaron disolver un campamento establecido frente a la mina La Platosa, de la empresa canadiense Excellon, la cual violó un contrato de renta de mil 100 hectáreas con la comunidad La Sierrita de Galeana. Dos meses después, un grupo de sujetos con palos y piedras desalojó la protesta a golpes.

“No hubo heridos, pero sí nos encañonaron. Nos ponían los cañones de las armas en el estómago”, afirmó el presidente del Comisariado Ejidal, Daniel Pacheco. “Cualquier movimiento en falso que nosotros hubiéramos hecho… el Ejército nos tenía rodeados”.

Un informe de las organizaciones Alerta Minera Canadá y United Steelworkers concluyó que aquella ocasión “las autoridades mexicanas, al ser presionadas con regularidad y constancia en el ámbito político, penetraron el plantón pacífico a favor de los intereses de Excellon”.

Daniel Pacheco contó a SinEmbargo que cuatro años después sigue recibiendo amenazas e intimidación. Le llegan mensajes de texto a su celular de ladas de Nayarit, Chihuahua y Nuevo León. “Ya déjense de chingaderas”, “dejen de estar molestando a Excellon, de todas formas van a perder”, dicen los textos.

El domingo pasado una patrulla de la Policía se estacionó frente a su casa durante la madrugada.

“No hay una mina en toda Latinoamérica que se haya retirado por daños a las comunidades. Se retiran cuando se acaba el mineral porque son empresarios. El gobierno de Canadá lo que quiere es seguir sangrando a México llevándose los minerales”, aseguró.

Además de la violación a derechos humanos, la empresa canadiense ha contaminado con arsénico las aguas de La Sierrita, una zona desértica.

“Un estudio de la UNAM dice que hay arsénico en el agua y [que] está al límite para usarse en la agricultura. Para consumo humano está cinco veces arriba de la norma”, afirmó Pacheco. Para abastecerse, la comunidad recurre a un pozo establecido a unos 5 kilómetros de la mina.

Tras varios años de juicio por pisotear el contrato que disponía que a cambio del arrendamiento de los terrenos la empresa tenía que pagar y dar diversos apoyos económicos a la comunidad, en noviembre el Tribunal Unitario Agrario determinó cancelarlo.

La autoridad ordenó a la minera la devolución de las mil 100 hectáreas a los ejidatarios. Sin embargo, detalló el Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de la organización ProDESC, Juan Antonio López, esto sólo puede llevarse a cabo si la comunidad paga a la empresa 5 millones 612 mil pesos por haberle causado pérdidas de 90 millones de dólares al establecer el campamento durante tres meses. El abogado lo interpreta como una condicionante y un embargo a las tierras.

A su vez, ordenó el Tribunal, Excellon debe pagar a la Sierrita 5 millones 500 mil pesos por no haber cumplido con la construcción de una planta tratadora de agua como indicaba el contrato. Pero de acuerdo con López fueron también otras cláusulas las que la empresa violó. Esa cantidad de dinero no representa una compensación total si se toman en cuenta los daños a la comunidad y la falta del pago de becas, fondo social y renta por las tierras que han seguido utilizando durante tres años más sin pagar, dijo. Por cada año, la canadiense les debe 7 millones de pesos.

No es un caso aislado. De acuerdo con el informe del Instituto Fraser, el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Mientras, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha registrado, de norte a sur del país, que 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas, algunas de ellas con usos y costumbres propias.

Además de afectar su medio ambiente, se han documentado tres asesinatos, y diversas amenazas e intimidaciones contra los ejidatarios.

En México, el Observatorio de Conflictos Mineros ha detectado 37 casos, de los cuales la hoja de maple destaca en varios.

Estas son las mineras “amigas” señaladas por los comuneros de dañar su comunidad y cometer otros actos de agresión en su contra: Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Great Panther en Guanajuato; BlackFire en Chiapas; Torex Gold en Guerrero; Alamos Gold en Sonora; Vista Gold en Baja California Sur; Continnum Resosurces en Oaxaca, Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Fortuna Silver en Oaxaca; Araganout Gold en Baja California; Excellon en Durango; First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas; Gabfer en Colima y Samalayuca en Chihuahua.

De acuerdo con Juan Antonio López, para que una empresa minera pierda la concesión –otorgada por la Secretaría de Economía– debe haber incumplimientos a la Ley Minera: no haber cumplido con las labores de exploración o extracción; no pagar impuestos con base en sus ganancias; o emprender acciones contra la soberanía nacional, por ejemplo.

El Presidente Enrique Peña Nieto, con playera verde fosforescente y short negro, corrió “casi 5 kilómetros” en Canadá durante una mañana a finales de junio del año pasado junto al Primer Ministro de ese país, Justin Tradeau. Siete meses después, ya con Donald Trump como Presidente de Estados Unidos y la inminente desaparición del TLC, un miembro del gobierno canadiense declaró que sus intereses nacionales están primero y la amistad con México es secundaria.

“Amamos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales están primero y la amistad viene después”, dijo desde el anonimato.

Canadá le ha dado la espalda a México durante el tenso debate sobre el TLC iniciado por el republicano Donald Trump.

Desde la cancelación de la visa que había sido impuesta a los mexicanos para ingresar a ese país, ambas naciones no habían tenido roces.

Con un intercambio comercial bilateral que en 2015 alcanzó los 34 mil millones de dólares, Canadá y México se mantienen como el tercer socio comercial uno del otro. El país de la hoja de maple es el cuarto mayor inversionista de aquí. Entre el 200 y el 2014 inyectó más de 22 mil 780 millones de dólares, según cifras oficiales.

Pero no toda la inversión canadiense ha dejado a México un buen sabor de boca: el Observatorio de Conflictos Mineros ha detectado 37 disputas en territorio nacional, de las cuales, 17 empresas de Canadá destacan en 19 de ellos.

Argentina

Acreditan existencia de 46 glaciares en Famatina y la asamblea de Chilecito pedirá prohibir la minería

Fuente: Minuto de Cierre

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) documentó que existen 46 glaciares en el cordón del Famatina. A partir de este informe la Asamblea Ciudadana por la Vida de Chilecito pedirá a la Justicia riojana la “prohibición de todo emprendimiento minero en la zona” e impedir la minería a cielo abierto. Jenny Luján, integrante de la Asamblea, aclaró que si bien el instituto “no estudió las zonas periglaciares, ellas se constituyen en reservas fundamentales de agua dulce que llevaron millones de años en constituirse y que evidentemente cualquier alteración destruiría”.

Luján dijo que dada la publicación del informe del instituto Ianigla se presentarán en la Justicia cuando finalice la feria para “exigir que intervenga en la prohibición de todo emprendimiento minero en la zona” y advirtió que si no lo hace, denunciarán esa actuación.

El Ministerio de Ambiente de la Nación ya publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina el informe que elaboró el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales del CONICET (Ianigla) sobre su propio relevamiento de glaciares en la zona del cordón del Famatina, provincia de La Rioja.

“Es un aporte súper valioso. Si bien nosotros lo venimos diciendo desde que comenzó la lucha, hace ya más de 10 años, y lo tomamos de los saberes de nuestros abuelos, pero siempre se desestimaba porque no teníamos un respaldo científico”, destacó la asambleísta Luján.

Además, puntualizó que “este informe viene a confirmar la presencia de 46 glaciares en el cordón del Famatina, fuente hidrológica para la provincia”, por lo que concluyó que lo nuevo del informe del Ianigla “es que aporta a la certeza”.

Luján aclaró que si bien el instituto “no estudió las zonas periglaciares, ellas se constituyen en reservas fundamentales de agua dulce que llevaron millones de años en constituirse y que evidentemente cualquier alteración destruiría”. Al consultarla sobre si considerarían dar consenso social a la minería bajo controles estrictos, la asambleísta chileciteña expresó que “como asambleas políticamente descreemos de los mecanismos institucionales de protección del territorio, ya sea ambiental, cultural, etcétera”, no obstante señaló que “siempre hemos agotado esos mecanismos aunque mas no sea para desenmascarar las complicidades del Estado-gobierno con los emprendimientos extractivistas, en nuestro caso mineros”.

“No creemos en los controles institucionales, ni provinciales ni nacionales, ni de este ni de anteriores gobiernos”, agregó. En ese marco, sostuvo que una eventual prohibición judicial a todo emprendimiento minero en la zona “podría aportar, pero nuestra base política y de praxis es siempre organización, movilización y poder popular”.

Latinoamerica

​INDIGNACION POR EL ASESINATO DE DEFENSORAS DEL TERRITORIO Y HACEMOS ECO DEL RIESGO POLITICO DENUNCIADO POR LAS MUJERES EN GUATEMALA

El vacio que nos dejan Isidro Baldenegro (México), la ecologista Laura Vásquez (Guatemala) y la activista Emilsen Manyoma (Colombia) asesinados el 15, 16 y 17 de enero de este año, Yoryanis Isabel Bernal Varela (Colombia) asesinada el 27 de enero,  suman la larga lista de defensores y activistas que defienden el territorio colectivo y cuyas muertes quedan en impunidad con la complicidad de gobiernos e intereses perversos y poderosos.

Redes criminales aliadas a empresas extractivas utilizan la violencia patriarcal  para imponerse en los territorios, olvidando que matando físicamente a Defensores y Defensoras, no silencian sus voces de lucha, lejos de eso, se fortalece la resistencia en cada uno de los países, porque defender el agua, los bosques, la naturaleza, el territorio y el cuerpo son decisiones colectivas y como dijera Berta Caceres “La bala muere al detonarse…La palabra vive al replicarse”.

Homenajeamos la memoria y el camino recorrido por Isidro Beldenegro, galardonado en 2005 con el Premio Goldman Medioambiental por su lucha contra la tala de bosques (Mexico), a  Emilsen Manyoma activista por los Derecho Humanos, la líder de la red Comunidades Construyendo Paz en los  Territorios (CONPAZ), a Yoryanis Bernal líder indigena Wiwa (Colombia) destacada por su lucha en defensa de los derechos de las Mujeres .

En Guatemala, a Laura Vásquez, dirigente del Comité Local en Defensa de la Vida de San Rafael de Las Flores en Guatemala, que se oponía a la mina de El Escobal, un yacimiento de oro y plata de la minera canadiense, Tahoe Resources. La autorización minera ocasionó una  fuerte conflictividad social, pues  se dio sin que fueran escuchadas las alegaciones de la población, mayoritariamente contraria al proyecto.

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos sociales y  Ambientales, condena  esta perversa forma de imponerse en los territorios y exige se  detenga la violencia extractiva  que esta arrebatando la vida  de defensores y defensoras  que mueren en manos de asesinos  a  sueldo que pretenden intimidar  y silenciar  la lucha de los pueblos con estos hechos que  marcan de luto la  labor de  defensa y  sobre todo convocan a fortalecer los procesos de lucha y defensa de los territorios.

Hacemos Eco de la denuncia pública que hacen las defensoras ancestrales articuladas en la Red Vida en riesgo político por la Defensa de Territorio Cuerpo Tierra y de la cual nos sentimos identificadas en nuestras resistencias: Violencia patriarcal que va desde el amedrentamiento, desalojos, despojos de agua, ordenes de captura, desplazamientos, estigmatización, criminalización, hasta el femicidio territorial.

Ante  a arremetida de muerte, dolor y violencia,  que trae consigo  el modelo extractivo en Latinoamérica, se vuelve cada vez mas necesaria la articulación de los movimientos y redes de Defensoras y defensores que son el blanco de los criminales que no  toleran opositores a sus perversas intenciones,  basadas en el capitalismo extractivo.

Las mujeres defensoras nos pronunciamos, para que el silencio no justifique la repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos que forman parte de la  estrategia utilizada por este modelo capitalista, patriarcal, criminal y racial que invade como un cáncer los territorios sagrados, fuente de vida, que se seguirán defendiendo con firmeza para asegurar la estabilidad de la vida para las actuales y futuras generaciones.

RED LATINOAMERICANA DE MUJERES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES

Acción Ecológica – Ecuador

Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales,  Colectivo CASA – Bolivia

Programa Democracia y Transformación Global,  PDGT- Perú

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, Grufides – Perú

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA – Chile

Asociación de Desarrollo Economico y Social, ADES – El Salvador

Ceiba,  Amigos de la Tierra – Guatemala

Asociación Censat Agua Viva – Colombia

Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA – Mexico

Colectivo Otras Voces por la Tierra – Uruguay

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Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales
www.redlatinoamericanademujeres.org

Mexico

Minera canadiense desaloja con armas a vecinos de Chalchihuites

Habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, y ex trabajadores de la minera canadiense Panamerican Silver fueron desalojados de sus viviendas el pasado 13 de enero por guardias privados armados. Según los afectados, la compañía explorará yacimientos en la zonaFoto Alfredo Valadez

Alfredo Valadez Rodríguez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 31 de enero de 2017, p. 25

Zacatecas, Zac.

Habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, y ex trabajadores de la minera canadiense Panamerican Silver denunciaron que esa compañía los desalojó ilegalmente de sus casas, después de acosarlos y amenazarlos durante dos años.

Con apoyo de guardias privados que portaban armas largas, Panamerican Silver obligó a 47 familias a dejar sus hogares –los cuales destruyó con maquinaria pesada– y los forzó a mudarse a una colonia construida por la empresa, también nombrada La Colorada, donde las viviendas son de lámina, y se les extendió un contrato de comodato que vence el 13 de febrero.

Los habitantes de la comunidad rural dijeron que la minera los expulsó para explotar yacimientos de oro, plata y cobre.

Panamerican Silver llegó en 1998 para explotar una mina en La Colorada, 235 kilómetros al poniente de la ciudad de Zacatecas, en los límites con Durango.

La compañía operó sin conflictos con los habitantes (unas 200 familias) y muchos lugareños trabajaron para la minera hasta mediados de 2014, cuando hubo cambios en la administración del complejo extractivo.

En su portal, Panamerican Silver (que explota minas en Estados Unidos, México, Perú, Bolivia y Argentina) presume de ser «la segunda empresa productora primaria de plata en el mundo, creando valor a través de la excelencia en el descubrimiento de yacimientos, la ingeniería, la innovación y el desarrollo sostenible».

El 13 de enero, con guardias armados, el corporativo canadiense desalojó a las 47 familias que permanecían en La Colorada, amparándose en un título de propiedad que, según los lugareños, es ilegal.

El jueves anterior los habitantes recibieron a una comitiva compuesta por los diputados locales María Elena Ortega y Santiago Domínguez; el dirigente campesino Cuauhtémoc Espinosa y Ricardo Bermeo, integrante del consejo consultivo de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (CDHZ), para escuchar sus testimonios.

El próximo miércoles habrá audiencia en tribunal agrario

Según ex trabajadores del corporativo canadiense y vecinos, hace dos años los nuevos administradores de Panamerican Silver comenzaron a despedir selectivamente a empleados que viven en la región.

La Colorada comenzó a vaciarse y la minera empezó a demoler las viviendas desocupadas (construidas, como en el poblado de Salaverna, municipio de Mazapil, en terrenos nacionales) y se apropió de los predios.

Las 47 familias desalojadas promovieron en mayo de 2016 un juicio ante el juzgado de distrito del Tribunal Agrario de Zacatecas (TAZ) para exigir que se les reconociera como legítimos posesionarios de las tierras.

El litigio sigue y el primero de febrero se realizará una audiencia en el TAZ. Los habitantes de La Colorada han demostrado que han vivido durante casi 100 años en esa zona y que en 1982 promovieron un juicio para que se les reconociera como ejido, pero las autoridades federales nunca lo resolvieron.

Moisés Guerrero, Alfonso Guerrero, José Francisco Ceballos y Salvador Rentería, representantes legales de La Colorada, así como Asdrúbal Sandoval, miembro de una familia ganadera que denunció haber sido despojada por Panamerican Silver de un predio de 20 hectáreas, denunciaron los abusos ante los diputados locales y la CDHZ.

Recordaron que el pasado 16 de diciembre se reunieron con el alcalde de Chalchihuites, Manuel Rosales, y con el gobernador Alejandro Tello, a quienes “se les pidió una reunión de alto nivel para que no se violen los derechos humanos.

«Nos dijeron que sería una prioridad gubernamental, pero no vimos respuesta. Lo que sí vimos fue el desalojo (el 23 de diciembre) en la comunidad de Salaverna. Entonces comprendimos que no se iba a atender el tema de La Colorada», comentó Guerrero.

«Aquí vivían más de 200 familias. En nuestro poblado había un campo de futbol y uno de beisbol. Contábamos con una escuela primaria y ya se estaba pensando en abrir una secundaria, cuando empezó el conflicto con la mina», subrayó.

Advirtió que la minera canadiense no los expulsará. «No somos sicarios ni guerrilleros; somos mexicanos que estamos defendiendo nuestro derecho. Hacemos responsable a la empresa de cualquier cosa que nos pase. Aquí nacimos, aquí hemos vivido y aquí vamos a morir».

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/31/estados/025n1est

Latinoamerica

Deuda de empresas mineras crece casi siete veces en los últimos once años

Autor: El Mercurio

Publicado el 30 de enero del 2017

Pese a la reducción de las inversiones desde 2012, el flujo de caja también bajó por lo que muchas de éstas se financiaron con endeudamiento, según el Boston Consulting Group.

(El Mercurio) El crecimiento de la deuda neta de las empresas mineras en el mundo ha tenido un crecimiento explosivo en los últimos años. Según datos del Boston Consulting Group (BCG), mientras en 2005 esta totalizaba unos US$ 35 mil millones, once años después -en 2016, según datos al primer semestre- sumaba US$ 231 mil millones, lo que se traduce en un alza de casi siete veces en el período. Lo anterior, aún cuando el valor de mercado de las firmas fue relativamente similar en ambos ejercicios.

El año pasado, el nivel de deuda mostró una leve reducción respecto de 2015, cuando fue de US$ 235 mil millones y alcanzó el récord de la década.

Gustavo Nieponice, socio y managing director de BCG, señala que esto se explica porque si bien a partir de 2012 las mineras definieron la disciplina en el uso del capital como una prioridad, la realidad es que en muchos casos esto no se llevó a la práctica en su totalidad. “Si bien el nivel de inversión se redujo a partir de 2012, el flujo de caja disponible para financiar las inversiones también cayó, y las inversiones se financiaron en muchos casos con deuda. Adicionalmente, los costos unitarios de inversión se mantuvieron altos, lo que hizo que la misma inversión absoluta generara menos producción adicional”, comentó el ejecutivo.

En paralelo, el valor de mercado de las mineras ha caído fuertemente, y entre 2010 y 2016 mostró una reducción de 51%.

Cambio urgente

Las mineras están haciendo esfuerzos por mejorar su situación en un escenario que no es fácil. Ejemplos claros de ello son Codelco y AngloAmerican, ambas empresas con altos niveles de deuda y con ambiciosas metas para mejorar sus balances.

Todo esto ante un panorama en donde el precio del cobre, aunque ha repuntado en el último tiempo, lo hace tras ir a la baja fuertemente en los últimos años. Eso sí, las perspectivas son mejores para este 2017.

Sin embargo, el desafío en el sector minero es inmenso. De partida, y tal como lo ha advertido Nieponice en otras oportunidades, las compañías deben concentrarse en recuperar la confianza de sus inversionistas, ya que si bien entre 2005 y 2010 la industria generaba retornos de 31%, entre ese último año y 2015 quienes apostaron por ella perdieron 17% de su valor anual, por lo que ha ido bajando su atractivo. Para que recuperen ese aspecto, Nieponice asegura que será necesario que cambien su estrategia.

Más que seguir recortando costos, la clave será implementar importantes mejoras en términos de productividad y buscar maneras para crear valor y atraer a los inversionistas.

El caso de Chile es complejo, porque la minería ya está muy avanzada y el territorio ha sido muy explorado por lo que es difícil encontrar yacimientos tan atractivos como en el pasado.

Las empresas que buscan crecer en el país en los próximos años deberán ser capaces de explotar activos de baja ley de mineral, entendiendo por ello la cantidad de mineral extraído por roca removida.

http://www.mch.cl/2017/01/30/deuda-empresas-mineras-crece-casi-siete-veces-los-ultimos-once-anos/

Argentina

El Gobierno argentino apuesta a duplicar la inversión en minería

Autor: La Nacion

Publicado el 30 de enero del 2017

Trabaja en un proyecto de ley para atraer a empresas del sector; hay preocupación entre los ambientalistas

(La Nación) Después de cuatro meses de intensas negociaciones con las provincias, el Gobierno ultima los detalles de un plan para relanzar la actividad minera en todo el país. La intención de la Casa Rosada es multiplicar los proyectos y duplicar las inversiones en el sector para que la Argentina se convierta en una potencia regional en ese rubro.

La herramienta central de esta política -considerada estratégica por el presidente Mauricio Macri y por el ministro de Energía, Juan José Aranguren- es un proyecto de ley para establecer un nuevo Acuerdo Federal Minero. Apunta a homogeneizar las legislaciones nacional y provinciales, para darles estabilidad impositiva a los inversores, evitar conflictos con los gobiernos locales y lograr el respaldo de las comunidades donde se desarrolle la actividad. Es algo similar a lo que hizo el gobierno anterior con la actividad petrolera.

La meta es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por US$ 25.000 millones. Es más del doble que los US$ 10.000 millones registrados entre 2007 y 2015, pero mucho menos que lo invertido en ese tiempo en Chile (US$ 80.000 millones) y Perú (US$ 52.000 millones).

Descubrieron que el Poder Ejecutivo prepara un decreto de reglamentación de la ley que podría flexibilizar los estudios destinados a delimitar las zonas prohibidas para la actividad minera. De hecho, dos tercios del monto de inversiones previsto hasta 2024 corresponden a emprendimientos con conflictos potenciales con la ley de glaciares (de lo que se informa por separado).

En cambio, los defensores de la iniciativa -impulsada por el secretario de Minería, Daniel Meilán- sostienen que se protegerá el ambiente y hacen foco principalmente en el enorme beneficio económico que podría traer consigo un eventual boom de la minería.

Los puestos de trabajo de la actividad, que en 2016 superaron los 80.000, entre empleos directos e indirectos, podrían multiplicarse, prometen los promotores del proyecto. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) aspira a alcanzar 130.000 puestos de trabajo para 2021.

Todavía con resistencia firme de algunas provincias, como Chubut, el proyecto para un nuevo acuerdo federal ya superó la instancia del Consejo Federal de Minería (Cofemin), integrado por representantes de todos los distritos. Tras una última ronda de negociaciones con los gobernadores, prevista para la semana que viene, será enviado al Congreso.

La idea de la Casa Rosada es que empiece a discutirse a partir de la reapertura de las sesiones ordinarias, el 1° de marzo.

“Estamos trabajando contra reloj. Necesitamos que salga rápido para aprovechar el viento a favor que sopla en la actividad, después de haber levantado el cepo cambiario y eliminado las retenciones”, dijo a LA NACION el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Eduardo Cáceres (Pro-San Juan).

El oficialismo parlamentario ya inició conversaciones con el sector más moderado de la oposición. Por tratarse de una ley-acuerdo, su texto puede ser aprobado o rechazado, pero no modificado. Después debe ser ratificado por las legislaturas provinciales.

La cuestión ambiental

El debate encenderá la polémica. Sobre todo por la cuestión ambiental. La ley de glaciares no es una norma turística. El ambiente glaciar y el periglaciar son considerados un reservorio estratégico de agua para el país.

En atención a esa resistencia, el borrador de la iniciativa, que ya circula entre diputados y senadores, hace hincapié en la factibilidad social de la actividad.

Entre las premisas de acuerdo se afirma que la política minera deberá incluir “mayores beneficios para las comunidades en las zonas” donde se desarrollan los proyectos de extracción, “mayor participación en los ingresos a las provincias” y “altos estándares de gestión y control ambiental”.

Respecto de este último punto, se dispone la creación de un equipo consultivo, con autonomía funcional e integrado por técnicos de “reconocida trayectoria”, con el objetivo de “generar y promover la adopción de las mejores políticas de la gestión ambiental minera”, entre otras cosas.

Para el desarrollo de las comunidades locales se propone crear un programa que capacite de manera anticipada a los pobladores para que puedan dar respuesta a las demandas productivas de las empresas mineras, tanto en la captación de empleos como en la contratación de servicios.

El proyecto tiene un apartado destinado al “empleo local”. Pero no se establecen cuotas mínimas, como se decidió el año pasado en la ley de inversión privada para el desarrollo de la obra pública. Se dispone, en cambio, “adoptar medidas de promoción tendientes a hacer atractiva a los empleadores la contratación” de trabajadores autóctonos. Respecto de los proveedores locales, se establece que “a igualdad de condiciones, en precios y plazos, tendrán preferencia” en las compras de las empresas mineras.

Otro capítulo importante es el impositivo. El acuerdo establece que las provincias no podrán cobrar más del 3% de regalías sobre el importe total de los ingresos de las empresas y que no se podrá aumentar el canon, fijado cada dos años por la Secretaría de Minería, mientras un emprendimiento minero se encuentre en actividad.

El proyecto se propone también garantizar un régimen promocional de inversiones y regular el funcionamiento de las empresas públicas provinciales, para evitar que compitan con ventaja respecto de las firmas privadas.

“El acuerdo perjudica a las provincias y el único beneficio sería para las empresas”, se quejó en diciembre el secretario de Minería de Santa Cruz, Guillermo Bilardo.

Consultado por LA NACION, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, recordó que en su provincia está prohibida la megaminería a cielo abierto y anticipó que sólo estaría dispuesto a revertir esa situación “si así lo decide el pueblo de Chubut, por medio de un plebiscito”. El debate se anticipa intenso y de resultado incierto.

Claves de un proyecto que promete generar polémica

Plan minero

Tras varios meses de negociaciones con las provincias, el Gobierno ultima los detalles de un plan para relanzar la actividad minera en todo el país con la intención de multiplicar los proyectos en operaciones y duplicar las inversiones en el sector

Acuerdo federal

La herramienta central de esta política, considerada estratégica por el presidente Mauricio Macri y por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, será la firma de un “Nuevo Acuerdo Federal Minero”, el cual espera ser sancionado mediante un proyecto que el Gobierno enviará en las próximas semanas al Congreso

Unificar legislaciones

El acuerdo comprenderá una homogeneización de las legislaciones provinciales y la ley nacional en materia minera, para garantizar estabilidad impositiva a las empresas que inviertan en el país y lograr el respaldo de las comunidades vecinas a los emprendimientos

Duplicar inversiones

La meta es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por US$ 25.000 millones. Es más del doble que los US$ 10.000 millones registrados entre 2007 y 2015, pero todavía mucho menos que lo invertido en los últimos ocho años en Chile (US$ 80.000 millones) y Perú (US$ 52.000 millones), las dos potencias mineras de América latina

Nuevos empleos

Los puestos de trabajo de la actividad, que en 2016 superaron los 80.000 entre empleos directos e indirectos, también podrían multiplicarse, prometen los promotores del proyecto. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) aspira a alcanzar los 130.000 puestos de trabajo para 2021

Rechazo ambientalista

El plan enfrenta un gran escollo: el rechazo de organizaciones ambientalistas y varias comunidades locales, en estado de alerta ante la posibilidad de que la minería siga avanzando sobre áreas protegidas por la ley de glaciares. Las organizaciones argumentan que el Poder Ejecutivo prepara un decreto de reglamentación de la ley, que podría flexibilizar los estudios destinados a delimitar las zonas prohibidas para la actividad minera