Ayer la Mesa Nacional Frente a la Minería (MNFM) dijo temer que el supuesto retraso en la publicación del laudo arbitral entre la minera OceanaGold -que en 2013 compró a Pacific Rim- sea por posibles negociaciones entre la empresa y el Centro de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal del Banco Mundial donde actualmente se dirime el caso.
Luis González, miembro de la MNFM, aseguró que ahora se espera que el resultado de la demanda se conozca a mediados de septiembre, y ya no a finales de este mes. El atraso temen que se deba a posibles negociaciones entre el CIADI y la empresa.
La Mesa indicó que independientemente el fallo sea o no favorable para el Estado salvadoreño, reafirman su posición de que no cedan el permiso para la explotación minera.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó a las 23.00 de este jueves que el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, fue asesinado brutalmente en Panduro.
Según informó la propia empresa, fueron 5 a 6 metros cúbicos los que se vertieron en la zona. Autoridades constataron que el material afectó las aguas del cauce y el suelo del camino del sector, y estudiarán eventuales sanciones.
El Gobierno regional de amazonas retrocedió y declaró nulo el permiso de minera Afrodita para explotación de oro en El Cenepa. Otras autorizaciones regionales irregulares siguen vigentes. El Gobierno regional de Amazonas inscribió territorio indígena como “propiedad regional”. Indígenas Awajun y Wampis exigen retiro definitivo de instalaciones mineras.
Si Minera San Jorge estuviera explotando el proyecto que el Ejecutivo aprobó el 28/1/2011, pero la Legislatura rechazó el 24/8/2011, a la cotización actual del cobre, oro, plata y molibdeno, debería pagar al Estado mendocino regalías por 98 millones de pesos/año (promedio durante 16 años de explotación).
La movilización cumplida el pasado fin de semana se realizó sin contratiempo alguno y dejando en claro la defensa del agua y del territorio.
La compañía minera ruso-canadiense Rusoro informó este martes que un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le otorgó una compensación de 967,77 millones de dólares por la expropiación de sus inversiones en Venezuela. El último fallo favorable para una empresa transnacional data del 2014, cuando el Ciadi determinó que Venezuela debía compensar a la empresa minera Gold Reserve por 744 millones de dólares.
Con esta iniciativa buscan que, al igual que en Ibagué, sean lo habitantes los que definan si sus territorios deben ser expuestos a la minería. El representante a la Cámara Harry González, promueve esta iniciativa para que sean los caqueteños quienes decidan si quieren o no explotación minera en esta zona del país.
“Organizándonos, masificándonos, manifestándonos podemos conseguir hasta lo imposible”
Dos décadas y media de expansión minera obligan a pensar en generar nuevas tendencias y verdaderos escenarios de transiciones que permitan salir del actual modelo extractivo exacerbado y depredador que afecta derechos y produce una fuerte y creciente conflictividad social a nivel global. En los países latinoamericanos, en casi todos los casos se apuesta por economías profundamente dependientes del sector extractivo a pesar de los distintos signos políticos u orientaciones. El peligro es seguir sin tomar en cuenta los mensajes que nos vienen dando tanto la naturaleza como las poblaciones en las zonas de influencia de los proyectos. Las poblaciones expresan una abierta defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, frente a la presión de los modelos extractivistas imperantes en los países: los intentos que apuntan a sostener el extractivismo minero son cada vez más criticados y deslegitimados por amplios sectores de la sociedad.