El pasado 5 de noviembre, del corriente año, se llevó a cabo en el Distrito de Minas Capillitas, en el Departamento Andalgalá, el Encuentro de la Mesa de Conducción y la mayoría de los Caciques de Comunidades que integran el Pueblo Diaguita de Andalgalá. además, una nutrida concurrencia bajo el lema: “Somos todos Originarios”. Entre las conclusiones señalan que las empresas desconocen la cultura y los derechos consuetudinarios y exigen al Gobierno la realización de una Consulta Popular porque las riquezas son propiedad de los Pueblos Originarios.
En una instancia previa al desarrollo del encuentro, mantuvieron una reunión con autoridades gubernamentales y directivos de las empresas mineras, para requerir explicaciones sobre cómo está previsto el desarrollo del Proyecto de Explotación Minera de Cerro Atajo, dado que sólo se escucharon promesas de dudosa credibilidad y la engañosa propuesta de satisfacer necesidades de las comunidades, para lo que se debe cumplir con un relevamiento poblacional y de necesidades; todo esto con el único propósito de obtener la Licencia Social.
Los 148 trabajadores de la mina de oro y plata de Andacollo están en alerta y denunciaron atrasos salariales. La situación laboral de los mineros es compleja, dado que no son trabajadores estatales pero sí reciben sus salarios, temporalmente, de la provincia. Por un lado piden al estado neuquino que sus sueldos se incrementen aumentos dados a los estatales descontento frente al rtetraso salarial y por otro advirtieron sobre la demora en la firma del contrato con la empresa Trident Southern Explorations, adjudicataria del proyecto.
El nuevo gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, frenó el proyecto para declarar 2 millones 577 mil 126 hectáreas del semidesierto como Área Natural Protegida (ANP) bajo la categoría de Reserva de la Biosfera. El Gobierno del estado argumentó que la intención es proteger la inversión minera en la entidad, cuya economía depende casi en su totalidad de esta actividad extractiva.
Oscar Vanegas y un grupo de ambientalistas protestó este fin de semana contra una multinacional minera en inmediaciones de la calle 22 con carrera 14 en el barrio Alarcón del centro de la ciudad. Durante siete años algunos habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga se han agrupado en el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán (CDAPS)para impedir que la Mega minería destruya aquella reserva acuífera de Santander.
VIGILANTE AMAZÓNICO: En ejercicio de su derecho al territorio y a la justicia indígena, el 14 de noviembre, apus indÍgenas awajún del Cenepa interceptaron a 3 hombres que habrían intentado ingresar sin autorización a la Cordillera del Cóndor, vía Puerto Mori, camino a la comunidad Shaim.
COMODORO RIVADAVIA (Por Raúl Figueroa / Especial para ADNSUR) – Según informan medios nacionales, el gobierno de Mauricio Macri volvió a poner en la mira esta semana el sistema de reembolsos a la exportación por puertos patagónicos. De acuerdo con la información divulgada a comienzos de esta semana, el Estado pagará este año un total de 110 millones de dólares por reembolsos al petróleo, al que se suman otros 150 a la minería, 80 a las exportaciones pesqueras y 42 millones de dólares a la venta externa de aluminio. Los datos fueron expuestos por el periodista Maximiliano Montenegro en el programa “Periodismo Para Todos”, que conduce Jorge Lanata.
Comunicado de Prensa
Tras 
El gobierno reivindica como política de seguridad oficial las prácticas ilegales contra comunidades indígenas. La administración anterior las atribuyó a actitudes individuales de un agente de la AFI, que está procesado por ello. La Corte Suprema había rechazado la aplicación de la ley antiterrorista a una agrupación mapuche, que mantiene un litigio con Benetton por la propiedad de sus tierras ancestrales. También la Corte Interamericana rechaza que se juzguen estos casos como terrorismo.
Hace unos días se inició el reclamo de los pobladores quienes radicalizaron su medida incendiado el campamento y vehículos. Los pobladores de los sectores de Quiñora, Coyana y Paipa Paipa intentaran tomar el campamento minero de dicha empresa luego que instalaran una planta de lixiviado en el cerro Quiñota, lugar donde hay una afluente que dota de agua a los comunidades. Tras los hechos, los comuneros de dichos sectores determinaron en una asamblea popular, iniciar una mesa de diálogo para solucionar los conflictos convocando al Presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, el Defensor del Pueblo y autoridades locales.