Según informó la propia empresa, fueron 5 a 6 metros cúbicos los que se vertieron en la zona. Autoridades constataron que el material afectó las aguas del cauce y el suelo del camino del sector, y estudiarán eventuales sanciones.
Luego que en febrero pasado ocurriera una situación similar, este miércoles las faenas de Codelco en la zona precordillerana de Los Andres protagonizaron un nuevo derrame de concentrado de cobre en el sector de río Blanco, cayendo además parte del material al camino industrial de Codelco División Andina.
Producto del hecho, el jefe de la oficina Aconcagua de la Seremi de Salud, Mario Méndez, detalló que se adoptó de manera inmediata un operativo de emergencia por parte de funcionarios de la Gobernación y equipos de especalistas de la propia Seremi.
El Gobierno regional de amazonas retrocedió y declaró nulo el permiso de minera Afrodita para explotación de oro en El Cenepa. Otras autorizaciones regionales irregulares siguen vigentes. El Gobierno regional de Amazonas inscribió territorio indígena como “propiedad regional”. Indígenas Awajun y Wampis exigen retiro definitivo de instalaciones mineras.
Si Minera San Jorge estuviera explotando el proyecto que el Ejecutivo aprobó el 28/1/2011, pero la Legislatura rechazó el 24/8/2011, a la cotización actual del cobre, oro, plata y molibdeno, debería pagar al Estado mendocino regalías por 98 millones de pesos/año (promedio durante 16 años de explotación).
La movilización cumplida el pasado fin de semana se realizó sin contratiempo alguno y dejando en claro la defensa del agua y del territorio.
La compañía minera ruso-canadiense Rusoro informó este martes que un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le otorgó una compensación de 967,77 millones de dólares por la expropiación de sus inversiones en Venezuela. El último fallo favorable para una empresa transnacional data del 2014, cuando el Ciadi determinó que Venezuela debía compensar a la empresa minera Gold Reserve por 744 millones de dólares.
Con esta iniciativa buscan que, al igual que en Ibagué, sean lo habitantes los que definan si sus territorios deben ser expuestos a la minería. El representante a la Cámara Harry González, promueve esta iniciativa para que sean los caqueteños quienes decidan si quieren o no explotación minera en esta zona del país.
“Organizándonos, masificándonos, manifestándonos podemos conseguir hasta lo imposible”
Dos décadas y media de expansión minera obligan a pensar en generar nuevas tendencias y verdaderos escenarios de transiciones que permitan salir del actual modelo extractivo exacerbado y depredador que afecta derechos y produce una fuerte y creciente conflictividad social a nivel global. En los países latinoamericanos, en casi todos los casos se apuesta por economías profundamente dependientes del sector extractivo a pesar de los distintos signos políticos u orientaciones. El peligro es seguir sin tomar en cuenta los mensajes que nos vienen dando tanto la naturaleza como las poblaciones en las zonas de influencia de los proyectos. Las poblaciones expresan una abierta defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, frente a la presión de los modelos extractivistas imperantes en los países: los intentos que apuntan a sostener el extractivismo minero son cada vez más criticados y deslegitimados por amplios sectores de la sociedad.
Un equipo de investigadores ha realizado un estudio, publicado en la revista especializada ‘Science of the Total Environment’, que alerta del peligro de que en el lago de la Corta Guadiana, en Puebla de Guzmán (Huelva, España), pueda llegar a producirse una erupción límnica, brotando así del agua una nube letal de CO2 que desplazaría al oxígeno y asfixiaría a todos a su paso. El lago, colmado de sustancias tóxicas mineras, ocupa casi dos hectáreas y llega los 68 metros de profundidad.
Dos de los tres fiscales involucrados en la causa de espionaje ilegal a vecinos del NO a la mina y de Pueblos Originarios, deberán comparecer este martes al Juzgado Federal de Esquel, donde fueron citados por el Juez Guido Otranto, para una declaración indagatoria. Se trata de los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini, imputados por la sospecha que han participado en la comisión del delito de presunto espionaje ilegal a vecinos del movimiento No a la Mina y referentes de Pueblos Originarios.