Bajo el amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC), la minera canadiense Primero Mining emitió un aviso de intención de someter una reclamación de arbitraje internacional contra el Gobierno de México por el litigio que tiene con el Servicio de Administración Tributaria en la Suprema Corte.
La controversia se originó porque en octubre de 2012 el SAT autorizó a Primero Mining vender plata a precios muy inferiores a los del mercado, con lo que tuvo que devolver impuestos y dejó de percibir un monto de recursos aún no determinado.
Sin embargo, en agosto de 2015, el SAT se autodemandó mediante juicio de lesividad para anular la opinión favorable a la minera, un acto que la empresa criticó y calificó como sin precedentes.
La pugna por las aguas de río Silala no tendrá impacto en la minería privada local, aunque sí podría tenerlo, de manera indirecta, en Codelco.
Cajamarca, Ibagué y el Tolima se han convertido en referente nacional e internacional como estandartes de la defensa del ambiente sano, el territorio y el agua, en contra de la “locomotora minera” impulsada a raja tabla por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Se esparcieron 12 toneladas de cobre tras la volcadura de un camión que trasladó mineral de la mina Constancia, que explota la empresa Hudbay. El material no llegó al río pero afectó a los bofedales de la zona. Un volquete encapsulado de la empresa Iberoamericano, que presta servicios a la mina Constancia, volcó aparatosamente provocando el derrame de concentrado de cobre en el puente Kumihua II del distrito de Condoroma, provincia cusqueña de Espinar.
La bomba la destapó a fines del mes pasado el intendente Marcelo Marinero, jefe comunal de Iglesia, el departamento de San Juan en el que está la mina Veladero. Advirtió que en el municipio hay unos 3 mil desempleados sobre una población económicamente activa de 5 mil personas. Es decir que la desocupación trepa al 60%, lejos del discurso que reza que la megaminería genera prosperidad económica en las zonas en las que se desarrolla.
Una nutrida representación de los diferentes sectores que hacen vida en la Región Guayana, reunidos en la sede de la UCAB, han hecho circular un documento en donde razonan paso a paso su negativa a esta nueva imposición gubernamental. El decreto que firmó el presidente Nicolás Maduro se dirige directamente contra la sustentabilidad de la Región Guayana y contra los derechos fundamentales de los guayaneses. Y a favor, eso sí, de las trasnacionales de la minería.
En una marcha sin precedentes en Armenia, más de 10.000 personas recorrieron este viernes las calles de la ciudad con disfraces, pancartas y arengas en rechazo de la explotación minera en el departamento.
5 DE JUNIO DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE LA RED NACIONAL DE MUJERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA SE PRONUNCIA
Desde los años 90 se viene intensificando el desarrollo de la Mega-Minería en el mundo. En esa historia América latina tiene mucho que contar. Montañas desaparecidas, ríos contaminados, poblaciones desplazadas, miles de muertos por enfermedades, paisajes y reservas naturales completamente destruidas, pobreza y miseria; son algunas de las consecuencias de la minería a gran escala, muchas de las cuales se mantienen luego de abandonar la mina por la culminación de su vida útil.
En Perú existen al menos 145 conflictos socioambientales, lo que representa más de 68 por ciento de la totalidad de conflictos sociales en el país. Este alto índice está asociado a las tensiones abiertas por proyectos extractivos impuestos por el neoliberalismo. Diversas autorizaciones estatales, a favor de empresas transnacionales y locales, han sido otorgadas al margen de la voluntad de las comunidades y pueblos afectados, han determinado una expansión de concesiones mineras que alcanza 20% del territorio nacional. Sólo en Islay, provincia en la que se desarrolla el proyecto Tía María a cargo de Southern Copper-Grupo México, más de 85% del territorio está concesionado a privados.