David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), demandó del Estado la prohibición total de la industria minera en el país, basado en el informe especial sobre el impacto ambiental de la explotación minera en el cantón San Sebastián, Santa Rosa de Lima, La Unión.
“Al Ejecutivo y Ministerio de Medio Ambiente, que conocen de este problema desde el 2013, les recomiendo empujar medidas paliativas, preventivas y eficaces a favor de la población”, pidió el procurador.
El funcionario señaló que la investigación demostró “una abrumadora presencia de metales pesados en el río y el medio ambiente en general” por lo que recomendó al Estado a realizar esfuerzos integrales encaminados en facilitar el acceso al agua potable a esta población.



El Tribunal Ambiental de Santiago, por la unanimidad de sus integrantes, rechazó las dos reclamaciones interpuestas por la Comunidad Indígena Colla Tata Inti Pueblo Los Loros y vecinos de la zona, contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por decisiones que esta tomó en el marco del procedimiento sancionatorio contra el proyecto minero Caserones, ubicado en la Región de Atacama.
Habitantes de los municipios de la Cuenca Libres-Oriental constituirán una organización regional para impedir que la zona se convierta en un desierto a causa de los megaproyectos y la privatización del agua y otros recursos naturales, durante el 1er Foro Regional en Defensa del Agua y la Tierra realizado en Ocotepec.
Se trata de un menor al que se le realizaron análisis de sangre y se le detectó arsénico y mercurio. El vertido de tóxicos en la mina Veladero sucedió entre los días 12 y 13 de setiembre de 2015. En octubre, según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se constató una grave contaminación con metales pesados en dosis de hasta un 1400% por encima de los valores tolerables en la cuenca del río Jachal. Aquel había provocado el despido de la cúpula de la sede de la minera Barrick en Argentina.
Las noticias que se van conociendo del proyecto que la empresa Grupo M-FM 2001 S.L tiene para la comarca de Bergantiños van dejando pequeño el frustrado proyecto minero de Corcoesto. Según denuncia el colectivo ecologista Salvemos Cabana, la firma dedicada a la exploración, extracción y beneficio de recursos metálicos tienen solicitados permisos de investigación para 318 cuadrículas – un total de 8.904 hectáreas – en varios municipios de la comarca.
Esta superficie corresponde al permiso de investigación «Isabela II» para 156 cuadrículas mineras, ya concedido, al que se suma «Livia», en tramitación, que añadiría otras 162 cuadrículas en los concellos de Zas, Santa Comba y Mazaricos y multiplicaría en la práctica por diez el área prevista inicialmente para el frustrado proyecto minero de Corcoesto.
La empresa, por su parte, ya ha indicado que no será hasta el segundo ejercicio de la fase de investigación cuando se reflejen las zonas de la campaña de sondeos, que se puede desarrollar en cualquiera de los ayutamientos afectados.
Fundamental alegar
Desde Salvemos Cabana inciden en que presentar alegaciones contra este nuevo proyecto, tanto a nivel personal como colectivo, es «fundamental». El expediente puede consultarse para tal fin hasta mediados de febrero en la sección de Minas de la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Empleo e Industria de A Coruña.
Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo concede recurso de queja contra disposición que archiva investigación por delito de tortura en agravio de Marco Antonio Arana Zegarra
En Boca del Cielo, Tonalá, autoridades comunitarias e integrantes de diversas organizaciones sociales que resisten y luchan contra mega proyectos como explotación minera y construcción de represas, ante el hostigamiento y represión que han sufrido, realizaron el “Encuentro Chiapaneco de Afectados por Represas y Minería”.
Comunidades afectadas por Pascua Lama: “La intencionalidad, dolo y mala fe de Barrick no está en duda”
Agua turbia y fétido olor se percibe en el río Álamos, a escasos kilómetros del Poblado Paso del Coyote en el municipio de San Juan de Sabinas.
“Una grave contaminación de este afluente ocurre y está relacionado con descargas de desechos de pozos y tajos de carbón activos en esta comunidad rural”, comentó Ignacio Castañeda Martínez, Juez Conciliador del poblado.
Desde el año pasado el río presenta un alto índice de contaminación producido por la actividad minera que se desarrolla en este ejido, según el Juez Conciliador; empresarios carboneros violaron el pacto con ejidatarios y avecinados para la protección ambiental.
¡Por temor a represalias! el entrevistado omitió nombres de empresas o concesionarios, debido que antes tuvo desagradables experiencias por denunciar en juzgados este delito.
Señaló que carboneros están desembocando desechos minerales en aguas del río Álamos, provocando la contaminación ambiental y en su efecto secundario a seres humanos que habitan en las márgenes del afluente en Nueva Rosita y comunidades circunvecinas.