Cientos de hombres y mujeres salieron a las calles del municipio de Pijijiapan para exigir al gobierno federal que cancele las concesiones a empresas mineras y también que frene la construcción de “minipresas hidroeléctricas” en la región.
Con consignas y pancartas, integrantes de la Unión de Campesinos y Pescadores de la Sierra y Costa de Chiapas, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa y Frente Cívico Tonalteco AC, se concentraron en la cabecera municipal y demandaron al alcalde Aristeo Trinidad Nolasco que firme un compromiso para no permitir el despojo de tierras en esa circunscripción.
“Somos organizaciones conformadas por ejidos, comunidades, rancherías, poblados de la ciudad de Pijijiapan, Chiapas, y hemos decidido luchar en contra de la imposición de los megaproyectos de minería, mini hidroeléctrica y el fracking”, destacaron en un pronunciamiento.
Hace algunos días una ruptura de dos diques con residuos mineros causó un torrente de lodo tóxico que arrasó el pueblo de Benito Rodríguez en el Estado de Minais Gerais en Brasil. Hubo 28 desaparecidos y el lodo avanzó en un radio de más de 100 kilómetros. La mina a cielo abierto pertenece a la firma Samarco, una filial de la minera Vale del Rio Doce.
Un estudio realizado por investigadores del Centro Polar y Climático (CPC) de Brasil descubrió la presencia de arsénico en el Monte Johns de la Antártica y estableció que provenía de la minería del cobre de Chile.
En la Sesión del jueves 3 de diciembre, se aprobó el proyecto en el que se prohíbe la Megaminería metalífera hidrocontaminante en el ejido municipal. Con esta ordenanza, presentada por Hermano Moreno del Partido Socialista, Zapala se suma a las muchas ciudades que le dicen “si a la vida, no a la Megaminería”.
Graves daños al medio ambiente, impactos negativos sobre las comunidades, desigualdad en el pago de salarios, confinamiento de trabajadores enfermos e insensibilidad frente a violaciones de derechos humanos son algunos de los señalamientos que acaban de lanzar dos ONG (una colombiana y otra colombo-suiza) contra la gigante de la minería Glencore. La empresa, poco publicitada, lleva 20 años extrayendo carbón en el departamento del Cesar y es la propietaria del grupo Prodeco, que aglutina las operaciones de Carbones de la Jagua, Consorcio Minero Unido y Carbones El Tesoro.
La tarde de este jueves, 40 campesinos del ejido Matamoros en el municipio de Melchor Ocampo se manifestaron en el vestíbulo del Congreso del estado.
De 7 a 15 minutos sería el tiempo que los casi 2 mil habitantes de Caimanes tendrían para evacuar el pueblo, en caso que el tranque relave El Mauro sufriera una ruptura. Según los expertos, de no demolerse a tiempo el tranque, perteneciente a Minera Los Pelambres, seguirá contaminando los afluentes del río Pupío. A pesar de que la Corte Suprema y el Tribunal de Los Vilos fallaran en 2013 a favor de la comunidad de Caimanes y ordenara la demolición del tranque, el proyecto minero, propiedad del Grupo Luksic, ha dilatado este proceso.
El abogado Rafael Maldonado, del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (Calas), denuncia la supuesta fuga del exjefe de Seguridad de la Mina San Rafael, Alberto Rotondo, de nacionalidad peruana.
El domingo 29 de noviembre, en el local comunal Túpac Amaru ubicado en Cocachacra, centro urbano del Valle de Tambo, se reunieron más de 120 ciudadanos y ciudadanas para participar en la presentación pública del texto “Aportes técnicos que cuestionan la viabilidad del Proyecto Minero Tía María en la Provincia de Islay, Arequipa”.
El 7 de noviembre, ingresó ante el juzgado de letras laboral de Santiago una demanda de Víctor Manuel Vega Rodríguez en contra de la Subsecretaría de Minería en la que se acusa vulneración de derecho fundamental y despido injustificado tras desempeñarse a honorarios en la repartición.