La filial asturiana de la compañía minera canadiense Astur Gold ha demandado por más de 8,5 millones de euros al Principado por no haber autorizado la explotación de la mina de oro de Salave, en el concejo de Tapia de Casariego.
La empresa minera ya había anunciado el pasado mes de abril que iba a presentar un escrito de denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra la decisión adoptada el 10 de febrero por la Consejería de Economía y Empleo por la que se echó abajo el proyecto para explotar mediante una galería subterránea el yacimiento aurífero.
El Gobierno asturiano basó su decisión en los estudios e informes negativos que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico había realizado sobre el plan de Astur Gold y que establecían que los usos de la mina harían que el agua utilizada no cumpliese con los estándares de calidad.