Comunicado de Uruguay Libre de Megaminería
ADÓNDE LLEVAN LOS NUEVOS PRIVILEGIOS CONCEDIDOS A ARATIRÍ
Una ley para prorrogar por un año la negociación del contrato con la minera Aratirí y la propuesta simultánea de su dueño Pramod Agarwal de un proyecto también a cielo abierto pero diez veces menor, son maniobras que conducen a un mismo fin, la entrega del territorio uruguayo a un proyecto de saqueo y destrucción de nuestras riquezas naturales al servicio de la especulación financiera internacional.
Luego de sostener que la modificación de la Ley de Minería de Gran Porte (N°19.126) era una iniciativa de carácter general, el oficialismo pasó a defender la prórroga del plazo de negociación alegando que es necesaria para evitar un juicio de Aratirí. A menos que existan documentos firmados por el Poder Ejecutivo que no se han dado a conocer a la población, esta argumentación carece de fundamento legal.
Rosa Quedena, abogada y coordinadora del área DESCA de Fedepaz, estuvo presente en la conferencia de prensa sobre los Proyectos de Derogatoria de la Ley 30230 y del Decreto Supremo 001-02015-EM, normas que son consideradas un Paquetazo Antiambiental con el que este gobierno atenta contra la seguridad territorial de las comunidades.
La década de los noventa fue de fundamental importancia para los territorios afrodescendientes y para los derechos de las comunidades negras. Esta década fue marcada por dos hitos trascendentales: el reconocimiento de la diversidad cultural en la Constitución de 1991 y la expedición de la Ley 70 de 1993 sobre los derechos colectivos territoriales y culturales de las comunidades afrodescendientes. Coincide esto con el surgimiento de una conciencia del valor de la región Pacífica en términos de diversidad.
El plan «piloto» que presentó Zamin Ferrous (Aratirí) al gobierno uruguayo, para empezar a extraer hierro a menor escala mientras tramita el mega proyecto de Valentines (Treinta y Tres), debe enfrentar obstáculos logísticos que implican inversiones millonarias en dólares, sin contar el aspecto ambiental, que ya le ha traído complicaciones a la firma. Pramod Agarwal, propietario de la minera de origen indio, se reunió el miércoles con el presidente José Mujica y jerarcas del Poder Ejecutivo y le propuso un nuevo emprendimiento “más chico” para sacar el mineral de hierro que se acumula en el subsuelo de varios departamentos del noreste.
Para la minería 2015 es un año mucho más complicado que en 2014.
La empresa minera de inversión canadiense Media Luna, asentada en la comunidad de Nuevo Balsas municipio de Cocula, pagaba un millón de pesos al mes al jefe de plaza de la organización delictiva La Familia Michoacana en los municipio de Cocula y Cuetzala, Uriel Vences Delgado, La Burra o El 50, para que permitiera los trabajos de la empresa y el libre tránsito de sus empleados.
Una de las últimas amenazas que recibieron los habitantes de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, Cauca, les llegó vía celular el pasado 8 de febrero. “Ya tenemos ubicados a todos los sapos de La Toma que se oponen al desarrollo de la comunidad, a que la gente trabaje. Hacen quemar las máquinas. Ya sabemos cómo se mueven las cabezas y sus familias. Tenemos órdenes del sur del Valle del Cauca de limpieza a los que cierran las vías”.
La Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México tiene registrados 28 “conflictos mineros” en 14 estados del país, y el número irá creciendo conforme las mineras comiencen a operar las miles de concesiones que tienen. Algunos de estos conflictos son relativamente recientes y otros llevan varios años sin resolverse. En la mayoría de ellos, las comunidades indígenas protestan porque no se ha llevado a cabo la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho.
La historia de Acuña, una campesina madre de cuatro hijos que nunca pudo aprender a leer ni a escribir y que ganó un juicio a la empresa minera que más oro produce en Sudamérica, saldrá publicada en el siguiente número de Etiqueta Verde, hermana de la revista 
Durante la primera década del siglo XXI, diversos organismos internacionales han manifestado su preocupación por el aumento de violaciones a derechos humanos relacionadas con la planeación y construcción de proyectos de desarrollo e infraestructura. En 2007, Miloon Kotari —entonces Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre una vivienda adecuada— presentó como parte de su informe anual, un documento cuyo objetivo fue orientar a los Estados sobre las medidas para evitar los desalojos forzosos provocados por proyectos de desarrollo. En éste subraya “aun reconociendo el gran número de contextos en que se producen los desalojos forzosos, las presentes directrices se centran en ofrecer orientación a los Estados sobre medidas y procedimientos que han de adoptarse para garantizar que los desalojos generados por el desarrollo no se efectúen en contravención a las normas internacionales de derechos humanos existentes y, por tanto, no constituyan «desalojos forzosos»“.