Si bien el panorama de inversiones parece alentador, para varios analistas, estos pueden truncarse por los conflictos sociales. El congresista Juan Carlos Eguren precisa que el gobierno no tiene la suficiente autoridad para hacer respetar los proyectos. Ante las primeras manifestaciones retrocede y eso genera un panorama de inestabilidad jurídica que ahuyenta las inversiones. Aunque habría que aclarar que los conflictos se originan por la desconfianza que generan los EIAs, los instrumentos para mitigar una posible contaminación ambiental; sin embargo, estos son diseñados a la medida de la empresa y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas que promueve la inversión.
Ante esa debilidad del Gobierno Central, Eguren sostiene que son los Gobiernos Regionales quienes tienen que crear una ambiente de paz social en sus jurisdicciones.
El pasado 18 de febrero de 2015 se celebró la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo en el Municipio de Xochitepec, Morelo, México. Entre los temas a tratar en el acta del día los proyectos mineros estuvieron presentes.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y la Asamblea de los Pueblos del Sur, con el apoyo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)se dirigieron a la Relatoría para la Ejecuciones Extrajudiciales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (HCHR), para exponer la situación de conflictividad social que vive el pueblo shuar, ubicado en la Amazonía ecuatoriana.
Su precupación dieron a conocer los integrantes de la Coordinadora de Demandantes del Caso de Desechos Mineros de Copaquilla por la la demora del fallo sobre los desechos mineros que se encuentran en el sector de Copaquilla de la precordillera, comuna de Putre, que debe emitir el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. 
Luis Sánchez, presidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social «Cordillera del Cóndor Mirador», CASCOMI fue entrevistado este 19 de febrero de 2015, en el noticiero Notihoy, de Radio Centro en la ciudad de Quito.
El pasado dos de febrero, las comunidades garifunas del municipio de iriona, en una asamblea comunitaria efectuada en Cusuna, rechazaron de forma categórica las concesiones mineras no metálicas Punta Piedra I y II, otorgadas por el estado de Honduras a la Corporación Minera Punta Caxina, con el propósito de explotar los yacimientos de óxido de hierro y otros minerales existente en la serranía de Payas.
En la cruzada emprendida por las autoridades -desde el gobierno a las locales con el apoyo del cuerpo de carabineros- en defensa del grupo económico más poderoso del país, Luksic, y por ende y sin remedio, en detrimento del pueblo, en lo que ahora nos ocupa del de la localidad de Caimanes, el Tribunal de Los Vilos decretó nuevos peritajes en relación al conflicto generado tras el incumplimiento del grupo, titular de Minera Los Pelambres, del mandato de la Corte Suprema, que el pasado mes de octubre les ordenó restituir las aguas del estero Pupío libres de contaminación y devolver parte de la vida -agua- robada a la comunidad de Caimanes.
La empresa Minera Yanacocha SRL ha sido notificada con la Resolución Directoral N°018-2014-OEFA/DS, de fecha 16 de diciembre de 2014. Entre otras cosas, el documento informa a la compañía que durante las acciones de supervisión que ha llevado a cabo el OEFA, se constató que por el lado sureste del depósito de desmonte San José – Parte Sur, existen filtraciones que eran descargadas directamente al suelo natural, con un pH de 4,12, de carácter ácido, que está en más de un 200% fuera de rango de los límites máximos permisibles, aprobado mediante Decreto Supremo N°010-2010-MINAM. Dichas filtraciones discurren sobre suelo natural, hasta llegar a la quebrada Quishuar, San José, cuya agua es captada por el canal San José Río Grande.
Hasta el mes de enero, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitarios (Cofepris) diagnosticó a 272 pacientes afectados en su salud por la contaminación del río Sonora a consecuencia del derrame tóxico de la minera Grupo México.
No es un hombre de muchas palabras, pero sí de palabras fuertes. Javier Ramírez lleva pocos días de libertad, luego de haber pasado 10 meses en prisión bajo el cargo de rebelión contra el Estado.