Más allá de los pronósticos en torno a un freno de la materialización de proyectos en distintos sectores productivos en los próximos años, debido a la acción de factores del entorno económico, regulatorio y social, lo cierto es que ésa es una situación que se manifiesta también en lo inmediato.
Es así que, según un reporte de la Corporación de Bienes de Capital, más del 30% de los proyectos cuya finalización estaba programada para este año podría verse desplazado.
Los datos de la entidad dan cuenta de un universo de 272 iniciativas, con inversiones desde US$ 5 millones y vinculadas a actividades como minería, energía, obras públicas, forestal, industrial, puertos y otros que, de acuerdo con los datos de la plataforma de la CBC, tienen previsto concluir su construcción, aunque no necesariamente su puesta en marcha, durante el ejercicio en curso. En el caso del rubro inmobiliario se consideran iniciativas con un piso de US$ 15 millones.



Por sexto año consecutivo, organizaciones sociales en al menos 15 países se manifiestan este 22 de julio en una edición más del Día Mundial contra la Megaminería Tóxica. Se trata de un creciente esfuerzo por consolidar un frente ciudadano global dirigido a detener el irracional modelo extractivista que impera en todo el mundo.
A poco de creada la Comisión Chilena del Litio ya empiezan las reuniones con los distintos actores interesados en el mineral, entre ellos la Cámara Chilena del Litio que llevaron sus propuestas a la autoridad de la cartera, Aurora Williams. Frente al tema de las concesiones pareciera haber un punto en común: la producción de valor agregado.
Los candidatos a la Presidencia de la República participarán el 29 de julio a partir de las 18 horas en un debate sobre la megaminería en el Paraninfo de la Universidad de la República invitados por el movimiento que está recolectando firmas para prohibir esa actividad extractiva a cielo abierto en el país.
El pasado 9 de julio con los votos del Frente Amplio y el Partido Independiente, la Cámara de Diputados declaro inconstitucional los Decretos aprobados por la Junta Departamental de Tacuarembó, que prohíbe la implementación de MEGAMINERIA METALIFERA A CIELO ABIERTO y la práctica de la técnica del fracking en la zona rural de nuestro Departamento.
La Alcaldía del municipio potosino de Puna emitió la Ley 015/2014 que prohíbe los asentamientos mineros y toda actividad que genere contaminación en el agua de las lagunas que sirven para el riego de la producción agrícola de la región, reportó radio Aclo de la Red ERBOL.
Damien Kingsbury es Profesor y periodista del Centro de Ciudadanía, Desarrollo y Derechos Humanos de Melbourne, Australia. Arribó a El Salvador con el objetivo de realizar una investigación sobre el impacto socioeconómico de la minería en ese país. Sus indagaciones están vinculadas al proyecto minero Oceana Gold, de origen australiano, que compró el año pasado a Pacific Rim, por lo que ésta ha heredado la disputa mercantil en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), contra el Estado salvadoreño.
Hoy, 22 de julio, se realizará una jornada internacional de lucha para denunciar las consecuencias contaminantes y predatorioas de este tipo de explotación. Habrá actividades en distintos puntos del país. En Chubut se prevén actos de difusión en Esquel, Trelew y Comodoro Rivadavia. El acto central será a las 17 frente al Congreso de la Nación.
La minería ha sido históricamente el principal foco de atracción de los inversionistas extranjeros que aterrizan en Chile, pero en 2013 dicha realidad cambió.
El 14° Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, elaborado por las organizaciones no gubernamentales Grufides, CooperAcción y Fedepaz, en esta edición hace un balance de los conflictos por macro regiones: sur, centro y norte. Si bien es cierto, es menor el número de conflictos así como su intensidad, pues los estallidos sociales del 2012 (Conga, Espinar y otros) no se han reproducido; la balanza ha girado hacia el sur andino, siendo además la región que concentra el 53% de inversiones mineras del país. Apurímac es el departamento que concentra este año el mayor número de conflictos sociales.