ALERTA
La Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CNRA) alerta a la población nacional e internacional sobre los últimos hechos denunciados por el Movimiento Indígena Lenca de La Paz (MILPA).
Este día, 3 de septiembre hombres fuertemente armados, acompañados por miembros de la corporación municipal de Santa Elena, La Paz, que preside el liberal Santos Victor Ventura, han atacado a balazos a un grupo campesino indígena que ha estado ocupando y trabajando tierras nacionales incultas en el caserío El Nazario, de la Aldea El Potrero, en el municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz.
Las víctimas han corrido para salvar sus vidas y han sido perseguidas por 12 policías y 8 civiles, entre los que se encontraban el señor Hernán Ventura y el presidente del patronato de El Potrero, señor Felipe López. Al no poder darles alcance los policías y civiles armados han quemado las chozas y casas de las víctimas arrasando con alimentos y enseres en general.
Comunidades Diaguitas y Organizaciones Sociales del Valle del Huasco también denunciarán el proceso irregular que ha consagrado dicho Memorándum encabezado por el abogado Lorenzo Soto. 
La zona conocida como El Fiscal en el distrito de Cocachacra, en la provincia arequipeña de Islay, es escenario de una protesta pacífica en la que participan pobladores del Valle de Tambo que se oponen a la ejecución del proyecto 
El Comité Cívico Potosinista presentará hoy a la Asamblea Legislativa Departamental una denuncia sobre el deterioro del Cerro Rico de Potosí buscando que desde esa instancia se definan acciones para detener el daño del cerro que ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Así lo hizo conocer el presidente de la entidad cívica, Jhonny Llally.
Los cultivos de hortalizas que fueron regados con las aguas contaminadas del río Pilcomayo, tras el colapso del dique de colas de la empresa minera Santiago de Apóstol de Potosí, empezaron a secarse en al menos siete comunidades del municipio de Betanzos del departamento de Chuquisaca, asentadas a orillas de ese afluente.
Luego de la exitosa jornada del Encuentro Internacional de los Guardianes del Agua, realizado en la comunidad hermana de El Tambo, el 6 de agosto los pueblos de Bambamarca, Cajamarca y Celendín nos dirigimos hacia la casa de Máxima Acuña que un día antes, en la provincia de Celendín, la justicia corrupta, la justicia minera, sentenció a Máxima y su familia como usurpadores de los supuestos terrenos de la minera Yanacocha. El juez pedía en su sentencia 2.8 años de cárcel suspendida y una reparación civil a la familia de Maxima por una suma de 5,500 soles a favor de la empresa minera Yanacocha.
El Comité de la 
Nacemos hoy como Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, en movilización permanente luego de un proceso iniciado hace dos años cuando comenzamos a visibilizar en marchas nuestras demandas. Y por eso tenemos que denunciar que nuestro grito expresado en reuniones y asambleas en los territorios, que exigía quitar las aguas de las bolsas de comercio y devolverlas a los ecosistemas, fue primero transformado por un grupo de senadores en renacionalización, luego reducido por Bachelet a un proyecto de ley que declare las aguas como bien nacional de uso público y ahora intenta ser ahogado por un conjunto de propuestas que no significan cambios estructurales en la propiedad del agua sino modificaciones en la gestión. El pie forzado de todos los anuncios es no cuestionar la propiedad de las aguas y evitar que una Asamblea Constituyente pueda instalar los derechos de todos y todas al agua y los bienes comunes.
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El pasado 4 de agosto del 2014 tuvimos la oportunidad de leer por varios medios de comunicación una entrevista a Beatriz Uribe, la destacada presidenta de Mineros S.A y también presidenta de la junta directiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI.