Cuando el 11 de febrero de 2011 el gobierno del presidente de Panamá Ricardo Martinelli reformó el Código de Recursos Naturales, los indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé lo vieron como la luz verde para la explotación del yacimiento de cobre del Cerro Colorado, ubicado en su territorio.
Durante cuatro días cerraron la carretera Interamericana, que atraviesa el país del norte a sur, conectando las fronteras con Costa Rica y Colombia. Denunciaban que la reforma retiraba a la autoridad de monitoreo ambiental la capacidad de realizar inspecciones. En paralelo, eliminaba la obligación de las empresas extranjeras a presentar su material y su equipo de uso minero. También suprimía la publicación en la gaceta oficial de los pagos y las condiciones en el otorgamiento de las concesiones mineras.
Las mujeres que sufrimos de forma directa los impactos de la actividad extractiva minera en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras comunidades, queremos expresar nuestra indignación por la ley minera consensuada entre mineros y presentada por el Presidente Evo Morales a la Asamblea Legislativa, olvidándose que nos encontramos en un estado Plurinacional donde deben velarse no solo los intereses mineros sino los derechos colectivos, el medio Ambiente y la Madre Tierra que es permanentemente pregonada en los discursos presidenciales y debería incorporar la visión de las comunidades y de todo el pueblo boliviano en su regulación.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, señaló que el gobierno peruano tiene la voluntad de llegar a un acuerdo con la minera canadiense Bear Creek para evitar llegar a un arbitraje internacional por la cancelación de sus derechos sobre el proyecto de plata «Santa Ana», ubicado en Puno.
Ante la denuncia de los representantes de la comunidad campesina La Unión, ubicada en el distrito de Sexi – Corral Viejo, en la provincia de Santa Cruz, región Cajamarca, de haber sido estafados por directivos de la empresa minera Troy SAC, quienes además de haberles invadido más de 9 mil hectáreas de tierra han logrado los permisos para explorar su territorio con documentación falsificada, Elmer Burga Mundaca, representante de la Asociación Protectora de la Vida (Asoprovida), advirtió que esta institución minera también viene contaminando el medio ambiente.
Mediante un comunicado público la organización internacional de conservación marina Oceana señaló que: “Así como hace 4 años el Presidente Piñera escuchó a la ciudadanía y detuvo las termoeléctricas a carbón en este excepcional lugar, esperamos que la Presidenta Bachelet y sus ministros cumplan con rechazar este proyecto minero que amenaza gravemente a este extraordinario ecosistema y la forma de vida de sus comunidades”, dijo Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana.
El director del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Marco Gandarillas, informó este domingo que en 2012 la minería exportó 3 mil millones de dólares, pero dejó al país sólo $us131 millones de regalías.
En México hay al menos 30 focos rojos por la disputa de terrenos entre comunidades indígenas y empresas mineras extranjeras que pueden representar un brote de “inestabilidad social” para algunas regiones del país, advirtió el comisionado nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz.
La disputa por la operación de la mina de San José «El Progreso», ha dejado un saldo de seis muertos, entre ellos el activista el líder opositor antiminas Bernardo Vásquez Sánchez por dos sujetos que le dispararon a distancia desde un vehículo en movimiento.
Dirigentes centroamericanas de los movimientos que se oponen a las compañías mineras advirtieron a sus pares mexicanos sobre la estrategia que las compañías promotoras de esos proyectos han seguido, intentando dividir a las comunidades, sembrando la discordia incluso entre las familias, con el contubernio de los gobiernos.
Ante la amenaza de instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos en la sierra nororiental del estado de Puebla, ayer domingo se llevó a cabo una importante reunión de los Comités de Agua de las diferentes comunidades del municipio de Cuetzalan, convocada y conducida coordinadamente con los comités locales y representantes del Órgano Ejecutivo del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC). En esta reunión, de gran representatividad y asistencia, se refrendaron los acuerdos llevados a cabo en cada una de sus localidades, en el sentido de reafirmar su rechazo a los proyectos hidroeléctricos y mineros que amenazan el territorio; asimismo, se pronunciaron por un “no rotundo a la privatización de sus sistemas de distribución de agua” y la entrada de empresas petroleras que buscan explotar el gas con el dañino método llamado fracking.