La Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH, Rocío Silva Santisteban, estuvo presente el viernes 12 de setiembre con la misión de expertas de ONU sobre discriminación contra las mujeres para informarles sobre el impacto de los conflictos sociales en las mujeres peruanas, incluyendo los casos de viudas, huérfanas y madres de personas que han muerto. De las 227 personas que han fallecido desde el año 2001, el 5.8% son mujeres, del cual, el 11.3% fueron niñas que murieron en circunstancias bastante confusas, incluyendo una bebita que se ahogo por los gases lacrimógenos de la PNP en una movilización de cocaleros.
Las mujeres que participan en protestas han sido golpeadas e incluso vejadas sexualmente (como en el caso Majaz), muchas de ellas son criminalizadas, pues tienen denuncias por diversos delitos incluyendo extorsión agravada. El caso más conocido es el de Máxima Acuña de Chaupe (uruspación agravada) en el contexto del conflicto en Cajamarca (Caso Conga), aunque a su vez, a Lizeth Vásquez (Cajamarca) quien fuera golpeada brutalmente por la policía durante una manifestación, se le denunció por “resistencia a la autoridad” (esta denuncia fue obviamente archivada).