El gobierno guatemalteco está alimentando la llama del conflicto al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las empresas; de esa manera, en la práctica está incrementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre y está arrasando los derechos de su población. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El informe, titulado La minería en Guatemala: Derechos en peligro y publicado hoy, señala las importantes brechas en cuanto a la protección de las comunidades afectadas por proyectos mineros. La nueva legislación presentada por el gobierno guatemalteco no sólo no aborda la preocupación generalizada entre las comunidades indígenas y rurales por la falta de consulta, sino que incluye medidas que pueden agravar las tensiones existentes.