El grupo promotor nacional de “Agua Para Todos, Agua Para la Vida”, que se reunirá en Guadalajara el próximo dos de octubre, acompañará a los indígenas nahuas de Ayotitlán para exigir la suspensión judicial efectiva de las concesiones mineras a la empresa Peña Colorada dentro del polígono de dotación del ejido.
Tras reconocer que es la principal explotación de hierro a nivel nacional, la presidente del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera, explicó que no son menos importantes los derechos humanos y agrarios que “sistemáticamente” a violado la minera en perjuicio de los aborígenes.
Puso en relieve que por tratarse de una ejecutoria emitida por un colegiado, no hay manera de dilatar su aplicación, de no hacerlo implicaría una omisión de faltas administrativas de hasta una infracción del orden penal.
El segundo tribunal colegiado de distrito del tercer circuito, de esta ciudad, a través del expediente de revisión 23172013, ordenó el pasado 19 de diciembre la suspensión de “plano” a favor del ejido Ayotitlán para efecto de no ser desposeído de sus tierras, sus bienes y sus derechos agrarios, como efecto del ejercicio de dos concesiones mineras al interior de su superficie de dotación; se trata de 1200 hectáreas que se encuentran en su plano definitivo y que ha explotado Peña Colorada en las últimas cuatro décadas, con entrega de recursos escasos como indemnización para el poblado Nahua.
Según Pedro León Corrales, asesor del grupo agrario, es cuestión de días para que el juzgado cuarto de distrito culmine las notificaciones a las distintas autoridades administrativas, las cuales deberán suspender la extracción del mineral y el uso de aguas nacionales dentro de las tierras del ejido.
Peña Colorada nació como paraestatal, pero actualmente pertenece a un grupo empresarial ligado a dos gigantes mineros mundiales: Ternium y Arcelor-Mittal. De capacidad de producir más de 8 millones de toneladas ferrosa por año, lo que si se compara con la producción nacional por año de 22 millones de toneladas, equivale a más de una tercera parte.
Entre la minera y el ejido existen convenios de ocupación de tierras para vertido de desechos inertes, los cuales también han quedado suspendidos como efecto de la suspensión de plano. Se deberá llegar al fondo de juicio de amparo (expediente 46272013), para determinar si esta suspensión se levanta o se eleva a sentencia.