El gobierno guatemalteco está alimentando la llama del conflicto al no consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las empresas; de esa manera, en la práctica está incrementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre y está arrasando los derechos de su población. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El informe, titulado La minería en Guatemala: Derechos en peligro y publicado hoy, señala las importantes brechas en cuanto a la protección de las comunidades afectadas por proyectos mineros. La nueva legislación presentada por el gobierno guatemalteco no sólo no aborda la preocupación generalizada entre las comunidades indígenas y rurales por la falta de consulta, sino que incluye medidas que pueden agravar las tensiones existentes.
Asambleas de vecinos de la provincia se manifestaron en alerta por la idea de una firma canadiense de extraer cobre mediante el proyecto Cerro Amarillo, al que se siguen sumando ribetes, ya que se conoció que la empresa busca instalar una planta de tratamiento de este mineral a la vera del río Grande. Esto podría afectar los recursos del río más caudaloso de la provincia, que es parte de proyectos sumamente importantes para el futuro de Mendoza, como Portezuelo del Viento y el propio trasvase al Atuel, para mejorar el caudal del agua de este último.
En estos días la multinacional sacará con la fuerza del ESMAD a 64 familias Wayúu de terrenos que, según expertos, hacen parte de territorios ancestrales de los indígenas. La comunidad Wayúu, de Jamiche, ubicada en el área urbana del municipio de Barrancas, La Guajira, será expulsada de su territorio por la empresa de carbón Cerrejón. Pero los indígenas no tienen a donde ir.
Cuando hablamos de minería, nos acordamos del conflicto Conga en Cajamarca, quizás de la población campesina de Cocachacra que se opone al proyecto Tia Maria de Southern Copper, algunos recordaran a la comunidad indígena quechua hablante de Kañaris en Lambayeque que se opone a la exploración que quiere hacer Cañariaco Copper. Pero cuando hablamos de hidroeléctricas recordamos a Ruth Buendía de la Central Ashaninka del Rio Ene (CARE) demostrando como la hidroeléctrica Pakitzapango afectaría social y ambientalmente su zona, o la gente de Inambari que también tuvo que demostrar que no permitirían ser desplazado por el megaproyecto hidroenergéticas.
Vecinos de la comunidad de Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, denunciaron que la minera Metalúrgica del Boleo es la responsable de las inundaciones que afectaron la zona, tras el paso del huracán Odila, con la desviación del cauce de tres arroyos.
El grupo promotor nacional de “Agua Para Todos, Agua Para la Vida”, que se reunirá en Guadalajara el próximo dos de octubre, acompañará a los indígenas nahuas de Ayotitlán para exigir la suspensión judicial efectiva de las concesiones mineras a la empresa Peña Colorada dentro del polígono de dotación del ejido.
En días pasados se entregó a la Corte Nacional de Derechos Humanos de México una solicitud para establecer medidas cautelares para que se proteja la integridad de las y los defensores de derechos de la organización de Bios-Iguana, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, otras y otros comuneros de Zacualpan quienes en las últimas semanas han estado viviendo una alarmante y creciente situación de persecución, amenazas, desplazamiento, agresiones físicas, verbales y psicológicas y de desprestigio por parte de algunos pobladores, políticos municipales y estatales.
SE CONFORMA SALA Y COMIENZAN ALEGATOS POR CASACIÓN DE BARRICK EN CORTE SUPREMA POR CASO PASCUA LAMA 
En algunas de las tierras, que son ricas en oro, aún hay presencia de grupos armados al margen de la ley.
El Tribunal Superior de Antioquia tomó una histórica decisión que protege los derechos ancestrales de los indígenas Embera Katio del Chocó, cuyas tierras eran disputadas con empresas mineras que pretendían explotar esos predios.