El largo historial de muerte del Grupo México empezó en 1908, cuando en la mina 3 Rosita, ubicada en la región carbonífera de Coahuila, murieron 200 mineros por una explosión de gas; mientras el rastro de la degradación ambiental dio inicio hace 60 años en la misma región, al abandonar los hornos de Cloete utilizados para coquizar el carbón.
“Grupo México es un asesino serial”, dice de manera tajante Cristina Auerbach Benavides, directora de la organización Familia Pasta de Conchos e integrante del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal). “Nunca ha reparado en el medio ambiente por donde ha pasado. Todo lo que toca Grupo México lo pudre”.
Ante el derrame de 40 mil metros cúbicos de arsénico, cadmio, cobre, cromo y mercurio en los ríos Sonora y Bacanuchi, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, del Grupo México, la organización en defensa de los mineros realizó el informe Una historia de muerte y desolación: la minería de Asacro-Grupo México –entregado a La Jornada–, donde da cuenta de manera detallada del camino de muerte y depredación ambiental que ha provocado esa empresa.
Los diversos rubros que integran a la sociedad organizada del municipio sostuvieron una reunión para unir esfuerzos en contra de los proyectos mineros que pretenden llegar a Baja California Sur. Estuvieron presentes las cámaras empresariales que integran al Coordinador Empresarial, colegios de ingenieros y arquitectos, asociaciones no gubernamentales como SOS y Añuití, integrantes del Ejido de Cabo San Lucas, productores orgánicos, transportistas y médicos. El principal acuerdo al que se llegó fue la conformación de una comisión jurídica, integrada por reconocidos abogados quienes iniciarán sus labores este viernes 22 de agosto. Enfatizaron que estos proyectos mineros ponen en peligro los recursos naturales y la salud de los habitantes del estado, así como la vocación turística del municipio, industria que genera más empleos que la minería.
Se constituyó en París el Comité por la recuperación del agua Chile-Francia
Durante la gira del trabajo del gobernador del estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, se manifiestan habitantes del Pueblo Mágico de «Todos Santos» en contra del proyecto minero Los Cardones, el cual pretende extraer en 10 años, poco más de 40 toneladas de oro, en la reserva de la biosfera de la Sierra de La Laguna.
En las últimas décadas se impuso un modelo primario exportador, similar al que conoció el país en la segunda mitad del siglo XIX, lo que ha venido acompañado de la desindustrialización, la penetración renovada del capital extranjero, principalmente de las multinacionales imperialistas, la expropiación de bienes comunes y la imposición del dogma de las ventajas comparativas, como criterio que justifica nuestra especialización en producir bienes primarios. Cada uno de estos aspectos ameritaría un análisis detallado, pero nos limitamos a mencionar los aspectos generales del capitalismo extractivista que se consolidó en el país, y que se constituye en un factor importante para explicar lo que acontece en Colombia en estos momentos.
Si bien conocemos los resultados macroeconómicos de la minería en Chile, poco sabemos sobre el impacto de esta actividad en territorios proveedores de minerales o que están involucrados directamente en la cadena de explotación y exportación. Estos territorios están sufriendo importantes transformaciones en sus economías, formas de vida y paisajes, siendo muchas veces escenarios de importantes conflictos dado que en ellos suelen concentrarse las principales externalidades negativas que genera la industria. Sin embargo, no conocemos con claridad cuáles han sido estos cambios y hacia dónde apuntan.
Johannes Kapelle toca el órgano en la iglesia protestante de Proschim desde que tenía 14 años. Ahora, a los 78 años, participa activamente en la comunidad, genera su propia energía solar y crió a tres hijos con su esposa en la granja familiar, en el pueblo de 360 habitantes de esta región de Alemania.
La empresa Aratirí presentó esta semana los estudios de impacto ambiental de su proyecto minero, en medio de una tensa negociación con el gobierno para cambiar la ubicación del puerto a fin de bajar sus costos.
La semana pasada leímos con estupefacción la denuncia del sindicato de mineros acerca del derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora desde la mina Buena Vista del Cobre, propiedad del Grupo México, la empresa que ha ganado presencia y notoriedad en los medios por otros desastres, como el ocurrido hace años en Pasta de Conchos, así como por la pugna permanente sostenida contra la organización que representa y defiende los intereses legales y profesionales de sus trabajadores.
Las consecuencias de la polución del Río Sonora empezaron a brotar entre los pobladores que viven aledaños al cauce. Luego que el pasado 6 de agosto se diera a conocer que el complejo minero Buenavista del Cobre, del Grupo México, derramara 40 mil metros cúbicos de químicos tóxicos al río Bacanuchi que llegaron el río Sonora, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó este viernes 22 de agosto que el afluente todavía tiene concentraciones de metales por arriba de la norma permitida y que se mantendrá la restricción en 250 kilómetros de dicho río, así como en los pozos dentro de la zona.