El fiscal de la provincia Cornelio Saavedra, José Luis Ríos, pidió a la población que habita en comunidades cercanas al río Pilcomayo evitar el consumo del agua de la cuenca, después de que el pasado martes colapsó o «explotó» el dique de cola del ingenio minero Santiago Apóstol, ubicado en Canutillos, Tacobamba, departamento de Potosí, Bolivia. Ríos, en declaraciones a la Red ERBOL, dijo que los líquidos tóxicos llegaron hasta el río Pilcomayo e inevitablemente «esas aguas fuertes» contaminaron la cuenca –que abarca zonas de Bolivia, Argentina y Paraguay. Se trataría de efluentes tóxicos que contienen restos de cianuro y metales pesados.
«Eso puede causar daños irreversibles a nuestra sociedad, tomando en cuenta que las poblaciones aledañas a la cuenca Pilcomayo inclusive pueden consumir el agua, porque en las comunidades se carece de un sistema de agua potable, entonces hacer conocer a través de este medio a toda la población que evite consumir agua del río Pilcomayo y así evitar futuras enfermedades y hasta posibles muertes», dijo. Agregó que se conoció en pasados días que un ciudadano del lugar tomó sólo un sorbo de la sustancia, denominada cianuro de potasio, y la misma le causó la muerte inmediata.
El caso Doe Run Perú SRL servirá para enseñar en las facultades de Derecho cómo se engaña de manera eficiente a un país subdesarrollado. Ira Rennert, empresario norteamericano billetudo, poco escrupuloso y propenso a contaminar el ambiente, se adjudicó en 1997 –mediante una cadena de empresas ubicadas en paraísos financieros– las acciones de una sociedad propietaria del complejo metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza.
La empresa Zamin Ferrous que pretende extraer hierro en las zonas de Valentines y Cerro Chato con el proyecto Aratirí atraviesa problemas laborales en la mina que tiene en funcionamiento en América del Sur, ubicada en el estado brasileño de Amapá (norte).
Miembros del movimiento pacifista holandés PAX visitaron por primera vez el departamento del Cesar en el año 2009. Durante este viaje, las profundas cicatrices que la violencia paramilitar en el período 1996-2006 había dejado entre la población local pronto se hicieron evidente. Algunos de los residentes de la región minera todavía no tienen la sensación de seguridad. Los grupos que parecen extremadamente vulnerables fueron los que se pusieron de pie por la justicia de las víctimas, de los derechos humanos y son los que han estado activos en los sindicatos y han reanimado la discusión acerca de las consecuencias negativas ambientales y sociales de la minería del carbón.
Por más formal que sea una mina, es muy difícil controlar el impacto que genera sobre el ambiente, los ecosistemas y las comunidades que viven cerca a sus instalaciones. A 40 kilómetros de la ciudad de Cajamarca se encuentra la mina Yanacocha, la explotación de oro más grande de Sudamérica. Esta minera cuenta con dos diques, uno en el Río Grande y otro en el Río Rejo, los cuales fueron construidos originalmente para controlar los sedimentos producidos por los relaves de la mina. Actualmente, los diques sirven como reservorios de agua para las temporadas secas, permitiendo regar los campos de cultivo de la zona.
La ausencia de documentación que acredite el cumplimiento en términos de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, el uso irregular de un espacio de cuatro hectáreas para el confinamiento de mineral y la falta de informes sobre el proyecto Presa de Jales-El Risco, ocasionaron la clausura total temporal de cuatro hectáreas destinadas al confinamiento de mineral de la compañía minera El Baztán, en el municipio de Huetamo, de acuerdo con datos emitidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La industria minera formal en el estado y en el país aprovecha en una “mínima parte” los recursos metálicos y no metálicos con que cuenta México, lo que ha impedido que esta actividad económica genere el desarrollo y la riqueza que tiene el potencial de crear, aseveró Rogelio Guízar Pérez, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiemac).
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú (ONDS-PCM) reportó 41 conflictos sociales en junio, la mayoría vinculados a las actividades mineras e hidrocarburíferas, según informó hoy en Lima. La minería tiene el mayor número de conflictos (17), seguido por la actividad idrocarburífera (6).
Cientos de personas convocadas por sacerdotes católicos y grupos ambientalistas se manifestaron el miércoles frente al Congreso dominicano en demanda de que los legisladores declaren reserva natural una zona en la que la multinacional Glencore Xstrata tiene previsto extraer minerales. Los sacerdotes y demás manifestantes partieron en una caravana de vehículos de La Vega, 125 kilómetros al norte de Santo Domingo, hacia la sede del Congreso para protestar y entregar sus peticiones a representantes de ambas cámaras legislativas.
Ante la denuncia de un grupo de ambientalistas y al menos 20 comunidades del departamento de Cundinamarca sobre la posible intervención del Páramo de Sumapaz con fines mineros, el Ministerio de Minas y Energías negó explotación en la zona.