El día de ayer, martes 06 de mayo de 2014 la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) realizó una actividad cultural para manifestar su rechazo al proyecto minero San José en conmemoración del aniversario del desalojo forzoso ocurrido cinco años atrás, cuando la CPUVO mantenía bloqueados los accesos al proyecto minero para pedir información a los gobiernos municipal, estatal y federal sobre las afectaciones que produciría un proyecto de tal magnitud en los Valles Centrales de Oaxaca.
En la actividad participaron aproximadamente 250 personas de la comunidad de San José del Progreso, quienes continúan manifestando su preocupación por las afectaciones sociales y ambientales producidas por la empresa minera Fortuna Silver Mines; es importante mencionar que un mes atrás, dicha empresa dio a conocer su programa de expansión hacia el municipio vecino de Magdalena Ocotlán, esta situación favorece un clima de incertidumbre y falta de información sobre el proyecto para ambos municipios.



Al parecer las discrepancias entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) continúan. A los dimes y diretes entre el ministro Castilla y el presidente del BCRP, Julio Velarde, le ha seguido la publicación del Marco Macroeconómico Multianual (MEF) y del Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014-2015 (BCRP).
La minería a cielo abierto y a gran escala es una de las actividades económicas que más daño produce a los derechos de la madre naturaleza. Este tipo de minería, a diferencia de la explotación petrolera, no sólo crea pasivos ambientales que pueden durar miles de años, sino que también produce impactos de gran magnitud en los ecosistemas estratégicos. (Jennifer Moore)
Al medio día de este domingo fue rescatado el cuerpo de una mujer en la mina ilegal de Santander de Quilichao, con la cual aumentan a 12 las víctimas mortales de la tragedia ocurrida el pasado miércoles. Se estiman que aún habrían cuatro personas desaparecidas.
No hay experiencia exitosa de monitoreos participativos o exitosos. En el Perú los estados y gobiernos débiles o sumisos lo hacen imposible.
Comuneros de la provincia de Sucre se encuentran marchando rumbo al nevado Ccarhuarazo, en la provincia de Sucre, Ayacucho, en protesta por el intento de la minera australiana Laconia South America SAC, que pretende depredar dicho nevado, ícono mayor de la belleza del paisaje en esta provincia, además de una considerable extensión de tierras en el lugar. Las comunidades ya habían rechazado las operaciones de la empresa y denegaron la licencia social con un rotundo 90% de votos, perola minera cuenta con el respaldo del ministerio de Energía y Minas, que incluso gasta los recursos de todos los peruanos viajando a la zona intentando convencer de este atentado contra el paisaje y el ambiente.
La familia Callejas, ampliamente conocida en el mundo de la minería, tuvo que solicitar la quiebra de la Minera Cerro Dominador. El 28º Juzgado Civil de Santiago resolvió que el síndico de quiebras, Enrique Ortiz D’Amico se haga cargo de manera provisoria del proceso. De acuerdo a medios regionales, como El Mercurio de Calama, la deuda alcanzaría los US$ 30 millones.
Hace más de 2 años que el Valle de Elqui está en la mira de una de las mineras más grandes del mundo. La gigante canadiense Teck Cominco inició, en la más absoluta reserva, una serie de sondajes y exploraciones al interior de Cochiguaz.
Ayer, comunidades Diaguitas recurrieron a la Corte Suprema para revertir el rechazo que sufrieron en la Corte de Apelaciones de Copiapó que consignó que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero El Morro, de la firma canadiense Gold-corp, se realizó de acuerdo a la ley y respetando la normativa vigente, incluyendo el proceso de consulta indígena establecido por el Convenio 169 de la OIT.
“Aquí, cada tres días sale un viento horrible. La población se tapa con una nube de arena del relave y nosotros absorbemos todas esas partículas”, dice María Cortés en su casa del barrio Aeropuerto de Chañaral. Como ella, cientos de vecinos de la comuna de la Región de Atacama todavía sufren el impacto de la acumulación de relaves de cobre que por décadas fueron arrojados en la bahía.