Aratirí poseía el título minero Permiso de Prospección, en busca de hierro, oro, plata, plomo, zinc, cromo, níquel, cobre, platinoides y paladio, afectando una superficie de 3.509 hectáreas en predios ubicados en la 3ª Sección Catastral del departamento de Florida.
La resolución señala que "el título minero fue otorgado por resolución de 10 de agosto de 2010 por el plazo de 24 meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución, lo que ocurrió el 30 de agosto de 2010". Agrega que "la Asesoría Jurídica entiende que, en virtud de lo expuesto, dado que ha vencido el plazo establecido, corresponde dictar resolución declarando la caducidad de conformidad". Cosse firmó la resolución en virtud de lo informado por la Dirección Nacional de Minería y Geología, y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
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Mujeres indígenas de Guatemala que se oponen a la presencia de proyectos mineros en sus comunidades denunciaron la situación de criminalización que afrontan por parte del Gobierno y empresas, así como la discriminación de la que son objeto al interior de sus comunidades.
Los efectos de la actividad minera sobre el agua son tan comprobados como devastadores. Una simple mirada a la actividad extractiva de minería de carbón a cielo abierto en La Guajira permite reconocer las dimensiones de la destrucción ambiental- territorial que la explotación conlleva.
En los años ’80, Manuel ingresó como empleado en el yacimiento de uranio al pie del macizo de Los Gigantes, cerca de Carlos Paz. Era la época de oro de la planta que llegó a tener 120 empleados, y que dejó de funcionar en 1989, con fuertes sospechas de contaminación de la cuenca del río San Antonio, uno de los principales afluentes del lago San Roque.
Después que la norteamericana South American Placer Inc. (SAPI) y la Comsur dejaran Teoponte en medio de montañas de piedra y aguas turbias, allá por la década del 70 y 80, esta población vuelve a sufrir una masiva destrucción ecológica, esta vez en manos de cooperativistas auríferos, que no dudan en “devorar” cerros enteros y perforar el área urbana, en busca del metal precioso. 
La minera Infinito Gold que pretendía explotar oro en Crucitas, al norte de Costa Rica, se declaró en quiebra y no pagará los daños ambientales. Se trata de una maniobra contable y legal que el sector minero realiza con frecuencia para diluir sus responsabilidades sociales, económicas, fiscales y económicas.
Su nuevo director ejecutivo en Chile, René Muga, aclaró que obedece a una decisión corporativa a nivel internacional de reducir los costos, plan que incluye la suspensión de Pascua Lama teniendo en cuenta que por año gasta US$ 200 millones en mantener las instalaciones y cumplir con las exigencias de la Resolución de Calificación Ambiental(RCA). El proyecto -ubicado en las altas cumbres de los Andes entre Chile y Argentina- está paralizado desde 2013 por las autoridades chilenas y el rechazo social.
El Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA alerta sobre la grave situación de derechos humanos y de vulnerabilidad en la que se encuentran líderes sociales y ambientalistas en la región sur del departamento del Cauca y norte de Nariño, a causa de su trabajo por la defensa del territorio y el impulso de acciones de protección contra los estragos ambientales y sociales del desarrollo de la minería criminal y trasnacional en la región. Situación que se agrava con recientes amenazas y el homicidio del líder FABIO HERNÁN TORRES CABRERA ocurrido en el corregimiento de Santa Marta, municipio de San Lorenzo - Nariño.
El 1 de Agosto de 2015 la organización Bios Iguana, A.C., miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), envía una petición de denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación a los derechos humanos de las y los defensores del ambiente y los recursos naturales miembros de la organización Bios Iguana, A.C., así como los actuales integrantes del Consejo Indígena por la Defensa de Territorio de Zacualpan, en Colima, México. La petición ha sido presentada con el auxilio de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).
El número de habitantes del río Sonora afectados en su salud por el derrame tóxico de la minera Grupo México continúa en franco incremento, reconoció la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, que ha documentado la existencia de 360 pacientes con padecimientos relacionados a la contaminación.