Luego de observar en forma directa diferentes problemas derivados del nuevo modelo de extracción minera, llegué al municipio de Mazapil, al noroeste del estado de Zacatecas. Una zona semiárida localizada dentro del cinturón de plata del país, donde se manifiesta un capricho mineralógico que incluye oro, plata, cobre y zinc.

Desde los años 1540-1560, cuando tuvo sus primeros contactos con los colonizadores europeos, la región ha sido catalogada como una región de extracción de minerales de exportación. Por lo tanto, el saqueo y la destrucción del entorno natural no son fenómenos nuevos, tiene que ver con la colonización del poder económico y social, el ser y el saber; el control de los bienes naturales, el trabajo y los productos.

Un grave peligro se cierne sobre bahía Magdalena y el golfo de Ulloa, dos áreas mundialmente conocidas localizadas en la costa del Pacífico de Baja California Sur. Bahía Magdalena es famosa por ser una de las tres únicas lagunas de reproducción de la ballena gris (Eschrichtius robustus) en el mundo y es el sitio de mayor productividad pesquera del estado.

Por su parte, la costa del golfo de Ulloa (al norte de bahía Magdalena) alberga langostas, almejas y numerosas especies de peces comerciales; además, allí se genera una de las olas más largas del planeta, dándole fama entre la comunidad surfista. Por otro lado es hábitat crítico de desarrollo y alimentación de la tortuga caguama o amarilla (Caretta caretta), especie en peligro de extinción. Los habitantes locales de estos dos maravillosos ecosistemas costeros dependen enteramente de la pesca y el ecoturismo atraído por el avistamiento de ballenas y por las espectaculares olas.

El saqueo minero en México comenzó hace más de 500 años con la invasión de las potencias europeas a nuestro continente. Durante la época de la Colonia, se extrajeron del subsuelo mexicano más de 182 toneladas de oro y 53 mil 496 toneladas de plata. Después de la guerra de Independencia (1810-1821), durante la invasión norteamericana (1846-1848, con la pérdida de más de la mitad del territorio nacional), la guerra de Reforma (1857-1861) y la ocupación francesa (1862-1867) se produjeron alrededor de 64 toneladas de oro y 17 mil 095 de plata; esta vez a manos de capitales extranjeros en su mayoría ingleses y norteamericanos.

Al restaurarse la república en 1867, bajo el México gobernado por los liberales y a lo largo del Porfiriato (1876-1910), se extrajeron 507 toneladas de oro y 64 mil 739 de plata; era entonces la minería la principal fuente de riqueza del país.

Tras un fuerte rumor de que el Cabildo de La Paz habría aprobado el cambio de uso de suelo y con ello dar “luz verde” a la instalaciones de la minera “Los Cardones” en la Sierra de la Laguna, la ex Alcaldesa y actual Diputada federal, Esthela Ponce Beltrán, hace llegar un comunicado de prensa donde expresa su preocupación por esta suposición y hace un llamado a no aprobarlo, infiriendo que los integrantes del Ayuntamiento sí pretenderían hacerlo.

Con el sello de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, el comunicado de Ponce Beltrán dice textualmente que “He recibido con especial preocupación, el comentario de que en sesión de Cabildo del XIV Ayuntamiento de La Paz, se ha pretendido aprobar el cambio de uso de suelo, con el propósito de autorizar la instalación de las empresas que pretenden la explotación de MINERÍA EXTENSIVA Y TÓXICA, que va en contra del desarrollo sustentable de nuestro municipio”.

Las 99 concesiones mineras otorgadas por autoridades federales en el subsuelo de tierras campesinas y territorios indígenas, podrían incrementarse en los próximos años. En las últimas administraciones, los permisos para la exploración y explotación de minerales creció pese a los conflictos sociales, despojo e impactos a la salud de los pobladores.

Detrás de las concesiones se encuentran prestanombres y funcionarios federales. En Chiapas, Tristán Canales Reyna es uno de los concesionarios con mayor título. Está vinculado a la empresa Blackfire.

De ello da cuenta el informe La Minería en Chiapas 2015 realizada por Gustavo Castro, de la organización civil Otros Mundos es Posible, con sede en San Cristóbal de Las Casas, que llevó a cabo una radiografía por el territorio chiapaneco respecto al número de concesiones y hectáreas que permiten a las empresas mineras explorar y explotar los minerales que poseen las tierras.