El expresidente Ricardo Martinelli “actuó más allá de las facultades otorgadas por la Constitución” al expedir el Decreto Ejecutivo No. 30 del 22 de febrero de 2011, que garantizó la no explotación y exploración de la mina de Cerro Colorado o de cualquier otro yacimiento dentro de la comarca Ngäbe Buglé.
Así lo concluyó el pleno de la Corte Suprema de Justicia en un fallo del 28 de octubre pasado, que declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 30 de 2011.
La sentencia resuelve una demanda de inconstitucionalidad presentada en 2011 por el abogado Miguel Antonio Bernal.
El decreto fue expedido y firmado por Martinelli en momentos cuando se dieron violentas protestas en Chiriquí, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé en contra de la ley minera.
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El trabajo del Dr Francisco Durand, Poder político y gobierno minero, considera doce proyectos de las mineras modernas y “se explica mejor recurriendo al concepto enclave, que permite conocer las posibilidades y limitaciones para permitir el desarrollo de la institucionalidad de la sociedad civil”.
Los grandes proyectos mineros no se concretaron y su futuro es incierto, pero en Cerro Chato y Valentines la vida ya no es la misma. Los vecinos aseguran que se deterioraron las relaciones entre conocidos de siempre e incluso familiares. Las diferencias están entre quienes tienen expectativas de progresar económicamente en el lugar y evitar la emigración, y quienes piensan que no es un buen negocio para el país.
La Ley de Glaciares del Ejecutivo no ha estado exenta de las críticas por su claro corte neoliberal. Desde diversos territorios se levantan serios cuestionamientos sobre su origen, su proceso y su finalidad. ¿A quién busca favorecer realmente el gobierno impulsando este proyecto? Cabe preguntarse lo anterior dadas las falsas ideas instaladas desde la trinchera del “progreso”. Preocupante resulta el devenir de los glaciares ante el avance de esta ley y es preciso cuestionarse sobre la responsabilidad que nos compete en tanto cohabitantes de una vasta cordillera, y con ella, de un incalculable patrimonio natural universal que es urgente proteger.
Capulálpam tiene una historia de más de dos siglos de minería de oro y plata. Saúl Aquino, líder indígena zapoteca y presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad, recuerda que los desechos químicos de la actividad minera devastaron los acuíferos y contaminaron el agua, las tierras comunales y el bosque. La mina pertenecía a una empresa mexicana, pero ahora es de propiedad de Sundance Minerals, con sede en Vancouver, Canadá. Los conflictos más graves en Oaxaca se produjeron en comunidades indígenas donde las corporaciones procedieron a explorar y explotar sin el consentimiento previo de las poblaciones indígenas. Capulálpam es el primer territorio reconocido libre de minería en México. En los últimos años, Capulálpam ha desarrollado su propio modelo basado en los bienes naturales de propiedad comunal.
Los trabajadores de la firma india Aratirí aceptaron la oferta del nuevo socio inversor Aurum Ventures, que se hará cargo de pagar los despidos a los 94 empleados que estaban en seguro de paro desde hace cuatro años porque el proyecto de minería a cielo abierto en la localidad de Valentines (Treinta y Tres) no llegó a concretarse.
Familiares de pessoas desaparecidas depois do rompimento a barragem de Fundão, de propriedade da Samarco (Vale/VHP-Billiton), se reuniram nessa segunda-feira (23) com membros do Movimento do Atingidos por Barragens (MAB) para discutir a sua pauta de reivindicações e sobre como se organizar para garantir seus direitos e buscar caminhos para reconstruir a vida.
El día 25 de Noviembre 2015 aparecieron 06 ovejas muertas en un paraje de la comunidad campesina de Fuerabamba, Apurímac. Como se recordará 23 familias de dicha comunidad aún permanecen en el terreno que anteriormente les pertenecía. Estas familias todavía no se han reubicado, alegando que la empresa no ha cumplido con todos sus compromisos.
Pobladores del ejido Nueva Francia en el municipio de Escuintla, alertaron sobre las detenciones arbitrarias y amenazas que han sufrido por pronunciarse contra la empresa minera Obras y Proyectos Mazapa S. A. de C. V. que opera en la zona.
Molestos se encuentran los pobladores de la comunidad de San Martín, Choluteca, ya que luego de la realización de un cabildo abierto, donde se votó en contra de la minería, la misma continúa y está dañando el ecosistema.