El estudio titulado “El crimen organizado y el oro ilegalmente extraído en América Latina” de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, asegura que las organizaciones delictivas que se dedican al narcotráfico, han incrementado la extorsión, robo y amenaza a empresas mineras que operan en el país, propagando así la violencia en contra de trabajadores y comunidades en donde se instalan los proyectos mineros.
El informe, explica que solo en 2013, doce empresas mineras del estado de Coahuila fueron investigadas por la posibilidad de tener vínculos con el narco, lavado de dinero, evasión de impuesto y nulo cumplimiento de regulaciones federales.
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La ministra de Industria, Carolina Cossente, informó que Aratirí presentó a una segunda empresa para que se haga cargo de la explotación minera en la zona de Valentines y el gobierno analizará si esa firma está en condiciones de llevar a cabo la iniciativa, aunque adelantó que no tiene antecedentes en el rubro.
Campesinos y activistas comenzaron una caravana para oponerse a los proyectos mineros y la construcción de plantas hidroeléctricas en la región. Hoy salieron de Cuetzalan para recorrer municipios de la zona hasta llegar a Teziutlán el próximo sábado, de ahí se unirán a una marcha nacional que se realizará el 11 y 12 de abril en la Ciudad de México.
Después de que la Corte Constitucional dictara un fallo a favor de una demanda interpuesta por congresistas del Polo Democrático, en la que se impide hacer minería en zonas de Páramos, la multinacional canadiense Eco Oro Minerals Corp, ha anunciado la intención de demandar a Colombia bajo el capítulo de inversión del TLC entre Canadá y Colombia. Asímismo, el pasado mes de febrero, Colombia fue notificada de una demanda interpuesta por la multinacional Tobie Mining Inc por 16 mil millones de dólares. Demanda interpuesta en el marco del TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos.
Más de nueve mil ciudadanos exigen a las autoridades del estado de Hidalgo frenar el ecocidio que se pretende llevar a cabo con el proyecto de movilización de los jales de la zona urbana de Pachuca al municipio de Epazoyucan.
El presidente Evo Morales indicó que la inversión para este proyecto es de 422 millones de dólares, de los cuales el 85% se financia con crédito chino, mientras que el restante 15% sale del tesoro boliviano.
El día de hoy, jueves 31 de marzo de 2016, el Juzgado Primero de Letras de Intibucá, Honduras, con instrucciones de la Jueza Victorina Flores Orellana, ha resuelto dejar sin valor y efecto la medida de prohibición para salir de ese país a Gustavo Castro Soto a la que estaba sometido desde el 7 de marzo.
Es una de las advertencias de un reporte oficial cajoneado por el Gobierno y filtrado a los medios. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Segio Bergman, aportó una versión más "light" al expediente de la justicia federal. El estudio completo incluye una larga lista de críticas a la minera por gravísimas falencias. Al pie del artículo se puede leer el informe técnico completo.
Ante la solicitud de los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz- FEDEPAZ, quienes representan a las víctimas, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba resolvió acumular en un solo proceso (acumular el Expediente No. 201-2013 al Expediente No. 30-2011) las dos investigaciones penales seguidas contra 17 efectivos policiales, entre ellos dos generales, como responsables de los actos de tortura y secuestro agravado que sufrieron 28 campesinos que se oponían al desarrollo del proyecto minero Río Blanco por afectar sus derechos fundamentales.
Varias fotografías que señalaban el inicio irregular de trabajos mineros en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna se filtraron. La Profepa sabía desde hace semanas. Sin embargo, ni una sola frase salió de la boca de Saúl Colín Ortiz, delegado de Profepa en BCS.Los Cardones no desiste, y como una fastidiosa tonadilla que se mete a la cabeza y nunca sale, así, la mina de oro de Desarrollo Zapal otra vez se convirtió en el estribillo incómodo de la protección del medio ambiente en Baja California Sur.