La plataforma unitaria contra las minas de potasa en La Bal d’Onsella y El Perdón ha denunciado la información que ofrece Geoalcali y algunos consistorios de la merindad de Sangüesa sobre la creación de puestos de trabajo y una explotación minera (proyecto Muga) para más de 40 años. Información “interesada con datos especulativos” que “incluso contradice lo que está escrito en el proyecto presentado en el Ministerio”. Así, recuerdan que el proyecto de explotación habla de una duración de 18 años, que los contratos de la empresa serán 50 y el resto serán subcontratados.
Entre las afecciones que atribuyen al proyecto, destacan “el peligro de terremotos con riesgo de desestabilización del pantano de Yesa, rotura del Canal de Bardenas, salinización de manantiales, ríos y campos, afecciones al riego de Cinco Villas y otros pueblos aguas abajo, contaminación, agresión al paisaje, hundimiendo de los campos, posibles grietas en casas de Undues y Javier, riesgo de hundimiento del castillo de San Francisco, colpaso de las carreteras”, crecimiento de población en más de 1.500 habitantes, etcétera.
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El último reporte de tendencias de inversión minera en exploraciones a nivel mundial (SNL Metals & Mining) señala que durante el 2015 hubo una caída de -19% de las inversiones globales respecto al 2014, con lo cual se produce una reducción por cuarto año consecutivo. Este nivel de inversión es el más bajo en los últimos seis años. De hecho, el retroceso de la inversión mundial en exploraciones ha sido abrupto desde el 2012 con una caída acumulada de -55% (ver gráfico).
“Todo lo que sucede en la cordillera, dónde está el emprendimiento, termina en el Atlántico”, señaló. Se estima que la rotura del caño generó cerca de un millón de litros de solución cianurada. La contaminación atravesaría varias provincias hasta llegar al río Colorado.
El alcalde enfatizó que no importa que sean empresas extranjeras o nacionales, deben acatar los ordenamientos legales del estado y municipio donde trabajan.
En total, 17 fuentes hídricas en La Guajira se han secado debido la actividad minera de la empresa El Cerrejón, según denuncia Angélica Ortíz, vocera de Fuerza Mujeres Wayúu. La combinación de las formas de privatización de las aguas, por apropiación y contaminación producto del modelo extractivo, son las principales causas por las cuales actualmente el pueblo indígena de la Guajira está muriendo de sed y hambre.
Las familias campesinas del municipio de Yunchará, El Puente y Las Carreras se encuentran en estado de emergencia por la contaminación de las aguas del río San Juan del Oro, a consecuencia de la actividad minera en los municipios de Tupiza y Villazón, por lo que piden a las autoridades a intervenir de inmediato.
La facilidad con que la empresa tuvo acceso a los tomadores de decisiones contrasta con la respuesta negativa que la autoridad ambiental diera a organizaciones eventualmente afectadas por el proyecto. Los nuevos antecedentes serán puestos a disposición de la Contraloría, sumándose así al requerimiento que en febrero presentaron contra Aurora Williams.
Un tribunal de Tanzania dictaminó que la filial africana de Barrick Gold Corp. está involucrada en un "sofisticado esquema de evasión de impuestos" para evitar el pago de más de 40 millones de dólares en impuestos corporativos.
La asamblea Jáchal "No se toca" consiguió pagarle un pasaje a Robert Moran, el hidrogeólogo y perito oficial contratado por la Comunidad Económica Europea en el caso de derrame de cianuro en Baia Maree, en Rumania; llega hoy al país para iniciar su tarea en el marco de la causa federal que investiga el derrame en la mina Veladero de Barrick Gold.
A través del presente comunicado las y los integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) queremos informar que los días 31 de marzo y 01 de abril del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitió dos comunicados -134/135-, en los cuales realiza afirmaciones sobre los resultados de su gestión vinculada al connacional Gustavo Castro Soto, integrante de REMA/Otros Mundos-Chiapas, quien fue retenido de forma innecesaria, ilegal e injusta en Honduras, aún y a pesar de ser víctima y haber recibido el estatus de testigo protegido, por la causa haber presenciado el cobarde asesinato de la compañera Berta Cáceres, además de salvar la vida del atetando que él mismo sufrió.