A raíz de la sanción de OEFA ante la empresa minera Aruntani SAC, la población de la zona afectada (distritos de Ocuviri en Lampa, y Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri en Melgar), ratifica que el ente contaminador de la cuenca Jatun Ayllu y Llallimayo es la empresa Minera Aruntani.
El poblador de la comunidad de Túpac Amaru del distrito de Ocuviri, Santos Quispe, dijo que las pruebas son evidentes en la cuenca de Jatun Ayllu. “Si aducen los voceros de la empresa minera que no hay contaminación en los afluentes de esta cuenca, entonces por qué le sanciona OEFA a la minera, para mí es una muestra que si existe contaminación, a lo contrario la institución fiscalizadora debe sancionar de muchos incumplimientos con el medio ambiente a esta minera”, sostuvo.
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Sigue generando preocupación el otorgamiento de concesiones mineras en el entorno del Santuario de Qoyllorit’i, en la provincia de Quispicanchis en la región Cusco.
Compañeras y compañeros,
Según el Instituto de Defensa Legal (IDL), son cinco las concesiones mineras otorgadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).
Una mina en la costa sureste de Cuba significa un motor de ingresos para un gobierno carente de dinero, pero al mismo tiempo presenta desafíos para un país que se enorgullece de sus reservas ambientales.
Las palabras del alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, no dejan de ponerlo en graves aprietos. Tras varias idas y venidas sobre su posición ante el conflicto por Tía María, ahora trata de quedar bien con ambos lados: tanto con los pobladores del valle de Tambo (Islay) y con Southern, concesionaria del mencionado proyecto minero.
En 2015 más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas. En el informe En terreno peligroso, se documentan 185 muertes que se sabe que acaecieron el año pasado por todo el mundo, una cifra que supone, con mucho, la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada, y que representa más del doble del número de periodistas asesinados el año pasado. 
La Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó a la empresa Anglo American Sur S.A. a reparar el daño ambiental provocado en la quebrada El Gallo, ubicada en la comuna de Nogales, en la región de Valparaíso, y a pagar una indemnización de 600 millones de pesos por la extensión operativa de la mina El Soldado.
La explotación y exploración minera habría dejado rezagos nefastos para los recursos hídricos y para los páramos de Tasco, Boyacá. Así lo afirman los Campesinos y ambientalistas que se han enfrentado desde hace más de un año, con protestas simbólicas, a las multinacionales interesadas en sacar carbón y/o hierro en Tasco, Boyacá.
La minera Barrick Pueblo Viejo será el agente de ejecución de las obras, que incluye el cierre de la presa de Mejita, aportando US$75 millones. Pero el Estado dominicano también aportará alrededor de US$25 millones ocupándose de las labores de supervisión de personal, maquinarias herramientas, bienes intangibles y obras de infraestructura. Los trabajos abarcarán la remediación en la presa de colas de Mejita, rajo Cumba, Hondo Norte, Hondo Sur, reubicación y disposición de los suelos impactados con mercurio, intervención de la Cañada Honda, ríos Maguaca y Margajita, así como el reservorio Hatillo y las instalaciones para la disposiciones de sedimentos, entre otros.