El acuerdo entre el Gobierno de Brasil y las empresas responsables del derrame de 50 millones de toneladas de residuos de hierro en el sureño estado de Minas Gerais será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo a Sputnik Nóvosti la experta Camila Asano.
"El Estado está haciendo firmar un acuerdo que resulta inviable" porque agrava las violaciones causadas por el derrame, dijo Asano, coordinadora de política exterior de la organización Conectas Derechos Humanos, que presentará la denuncia junto a otras siete entidades en las sesiones extraordinarias que desarrolla esta semana la CIDH en Santiago de Chile.
El acuerdo entre el Gobierno, las autoridades de Minas Gerais y Espírito Santo y las empresas Vale, BHP Billiton y Samarco fue ratificado por un tribunal el 5 de mayo y establece un comité interfederal y una fundación privada que administrarán los proyectos y recursos destinados a la recuperación de la amplia cuenca hidrográfica afectada por el derrame, que se considera el peor desastre ambiental de la historia de Brasil.
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Se estrena video viral en contra de la MAL LLAMADA Ley de «Protección» Glaciar, que actualmente está siendo tramitada en la Cámara de Diputados. Esta ley, al aprobarse, legalizaría la intervención y destrucción de nuestros glaciares por parte de la megaminería, mediante engañosas y ambiguas categorías de protección.
La Primera Fiscalía Provincial Mixta de Huancabamba ha formulado acusación contra los efectivos policiales José Elgio Coba Requena, Carlos Edilberto Rosales Ruiz y Edgar Eduardo Torres Guzmán, por el asesinato de los campesinos Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama, y por el intento de asesinato de los campesinos Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez y José María Ramírez Guevara, ocurrido el 2 de diciembre de 2009 en el Sector Cajas Canchaque de la Comunidad Campesina Segunda y Cajas, provincia de Huancabamba, Región Piura. Dicha Fiscalía ha solicitado se imponga 25 años de pena privativa de la libertad para los tres policías implicados.
El agua, la tierra y la vida silvestre de Panamá se agotan y deterioran debido a la contaminación, concesiones y uso irracional de los recursos, afirman expertos en el medio ambiente.
Una alta concurrencia ha tenido el encuentro nacional sobre amenazas de la minería industrial que se realizó en Castro, Chiloé, entre el y el 4 de junio, destacándose participaciones de delegaciones de organizaciones defensoras de los territorios. El evento fue convocado por el Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH). La presencia de 310 concesiones mineras en Chiloé, 209 de exploración y 101 de explotación, podrían generar gravísimos impactos a nivel ambiental, social y económico debido a la destrucción territorial".
Campesinos, activistas y grupos indígenas sugieren suspender las licencias hídricas y mineras antes de que se deterioren los recursos naturales. Panamá tiene cerca de 75 mil 517 kilómetros cuadrados de extensión, y en 30 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional hay concesiones mineras en trámite u operación.
La llamada "minería ecológica" no existe ,y menos aún en ecosistemas frágiles como los ubicados al sur del río Orinoco, donde se encuentran las ultimas reservas de agua potable no contaminadas de Venezuela, así como bosques tropicales, protegidos por decretos de Parques Nacionales, Monumentos Naturales (tepuyes), reservas forestales como el Caura, La Paragua, Imataca, la cuenca estratégica del rio Caroní, de la cual dependen más del 65 por ciento de la energía eléctrica que surte a Venezuela, asociadas a las represas del Guri, Macagua I,II, III y Caruachi.
El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, le pidió al Gobierno nacional que se garanticen esquemas de seguridad para los líderes indígenas, sindicales, sociales y defensores de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente que han resultado amenazados en Tolima por oponerse a varios mega proyectos de minería en esa región.
En entrevista concedida a Cajamarca Reporteros, Fernando Chuquiruna, ex regidor del distrito de Baños del Inca, confirma que podría generarse un nuevo conflicto debido a que, en la zona de Shacsha, la empresa minera Yanacocha estaría drenando agua del subsuelo y descargando hacia los canales de riego de las zonas bajas de Baños del Inca. Esto habría producido una notable reducción del nivel del agua que abastece a las comunidades de la zona. Este sería un caso similar a lo ocurrido con el Centro Poblado de Huacataz, reportado la semana pasada.
El día 3 de junio en el departamento del Tolima nos movilizamos en la 8va versión de la Marcha Carnaval más de 120.000 personas. En el departamento del Quindío y Caquetá también se sumaron manifestaciones culturales contra la “locomotora” minero-energética.